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Por: Redacción Pares Foto tomada de: el Espectador Desde 1978 ni las hojas de los árboles se mueven si no tienen el permiso del frente Domingo Laín. Después de una fallida implementación de una reforma agraria que arrancó en 1962 y que terminó con el éxodo de más de 5.000 familias condenadas al olvidado en el Sarare araucano. Conformado por dirigentes sociales recién llegados de Cuba, tomaron el nombre por uno de los sacerdotes españoles que más influyó en el ELN, al lado del famoso Manuel Pérez quien terminaría siendo el dirigente máximo de esta guerrilla. Con la creación en 1983 del oleoducto Caño-Limón Coveñas por parte de Ecopetrol y la empresa norteamericana Occidental Petroleum, una estructura de 773 kilómetros en donde la Domingo Laín vio una gran fuente de ingresos a punta de extorsión, secuestro de ingenieros de estas empresas y la voladura del oleoducto: en cerca de cuarenta años se han registrado 1500 atentados generando un derrame de 3.7 millones de barriles en suelos y cuerpos de agua de la región. Por su posición geográfica Arauca es un lugar estratégico, un corredor hacia Venezuela que ha sido dominado por la Domingo Laín y que les ha generado una independencia económica con respecto a los otros frentes del ELN. Es tanto el poder en Arauca que, se sabe, ha venido poniendo los gobernadores del departamento desde la década del noventa. Un experto en el tema, Luis Eduardo Celis, escribió para la Fundación Paz y Reconciliación un artículo llamado Arauca, Nuevo gobernador, misma inestabilidad política en donde Celis dice: “Con una importante presencia de las guerrillas de las FARC y el ELN, desde el inicio de los años ochenta, y que se mantiene hasta el presente, por lo menos en cuanto al ELN se refiere, toda acción política, llámese ejercicio de gobierno, gestión pública u oposición política, está mediada por la existencia del estado paralelo que han erigido las guerrillas y un eficiente sistema de control de todo lo que se mueve en la institucionalidad estatal a nivel departamental y municipal. Es cierto que esto ha ido al ritmo de la confrontación armada, pero siempre ha estado presente, bien sea en la modalidad de acuerdos de convivencia entre políticos y guerrillas, o por momentos de abiertas distancias con lo que ello ha significado de pugnacidad y retaliaciones”. En el informe de la línea de Democracia y Gobernabilidad que se publicará el próximo miércoles 10 de abril se hará un repaso de los problemas históricos que ha tenido ejercer el cargo en este departamento. En el año 2010 la Corte Suprema de Justicia condenó a quien fuera gobernador de Arauca entre los años 1995 y 1997, el liberal José Vicente Lozano y después representante a la cámara bajo las banderas de Convergencia Ciudadana, y que, como se comprobaría, le entregaría el presupuesto público al ELN para ayudar a su sostenibilidad. Luis Alfredo Colmenares Chía, quien fue el primer gobernador de Arauca elegido popularmente fue asesinado en el 2001 y, según miembros de esa organización, hacía parte de la estructura. Gustavo Carmelo Castellanos, gobernador entre 1998 y el año 2000, sería condenado en 2007 por la Corte Suprema de Justicia al probarse judicialmente la entrega de contratos al ELN y someter su gobierno a las instrucciones de esa guerrilla. Con la llegada al territorio del grupo paramilitar Vencedores de Arauca, la influencia del ELN cesó y en el 2004 se eligió a alguien que estaba en las antípodas de esta guerrilla, Luis Eduardo Ataya Arias de Cambio Radical. Incluso el ELN lo secuestraría años después y pretendería hacerle un juicio político. Después del interregno y la salida de los paras de Arauca se elegiría a José Facundo Castillo Cisneros para los periodos 2012 – 2015 y 2020 a 2023. Gobernó hasta el 20 de octubre de 2021 momento en que miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía lo capturó acusándolo de concierto para delinquir y financiamiento a estructuras terroristas y de delincuencia organizada. Era otro gobernador araucano procesado por financiar al ELN, habiendo llegado a un acuerdo con el frente Domingo Laín Sáenz para permitirles acciones delictivas a cambio de logística y protección militar. Ricardo Alvarado Bestene, gobernador entre los años 2016 al 2019 fue capturado. Se le acusaba también de tener vínculos con el ELN. Como se verá en el informe que saldrá el próximo miércoles ELN: Corrupción, crimen organizado e internacionalización, de la línea de gobernabilidad y democracia, en los últimos 33 años ha sido muy difícil ejercer un cargo público sin que esta guerrilla no se cruce en el camino. Espere el informe completo.

Por: Katerin Erazo, Periodista En la encrucijada de la inversión pública, el Gobierno se enfrenta a la difícil decisión de elegir entre priorizar la educación y la salud o dirigir sus recursos hacia la expansión de la infraestructura de vías 4G. Este debate trasciende lo financiero y plantea interrogantes fundamentales sobre las prioridades nacionales y el desarrollo a largo plazo. La educación se presenta como un pilar fundamental en la construcción del progreso de una sociedad. Más allá de ser una mera inversión, representa la clave para desbloquear el potencial humano y fomentar la equidad social. Invertir en educación no solo promueve la capacitación de una fuerza laboral competente, sino que también sienta las bases para una sociedad más justa e inclusiva. De manera similar, la salud emerge como un componente esencial del bienestar humano. La inversión en sistemas de salud sólidos no solo prolonga la esperanza de vida y reduce la carga de enfermedades, sino que también garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a la atención médica que merecen. Sin embargo, la expansión de la infraestructura de vías 4G representa una oportunidad para el desarrollo económico y la conectividad nacional. Estas inversiones pueden estimular el comercio, mejorar la movilidad y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en diversas regiones del país. En países en desarrollo, este dilema adquiere una dimensión aún más compleja. La inversión en educación y salud se convierte en un medio para romper el ciclo de pobreza y desigualdad, mientras que las obras de infraestructura pueden ser la clave para desbloquear el potencial económico de la nación. Para resolver este dilema, es esencial que el Gobierno realice un análisis exhaustivo de las necesidades y prioridades del país. La participación ciudadana y la consulta pública pueden enriquecer este proceso, asegurando que las decisiones reflejen verdaderamente los intereses y aspiraciones de la población en general. En última instancia, la clave para tomar una decisión informada reside en comprender que la inversión en educación, salud, programas sociales y grandes obras de infraestructura no son opciones excluyentes, sino complementarias. Un enfoque integral que aborde todas estas áreas puede sentar las bases para un futuro próspero y equitativo para todos los ciudadanos. En el caso de Colombia, el país tiene la capacidad de aplicar estas estrategias para equilibrar la asignación de recursos entre educación, salud, asuntos sociales e infraestructura. En los últimos años, Colombia ha avanzado significativamente en áreas como la reducción de la pobreza, la mejora de la educación y la atención médica, y el fortalecimiento de la infraestructura. Para lograr un equilibrio adecuado, Colombia puede considerar acciones como realizar evaluaciones periódicas de las necesidades del país en cada una de estas áreas, involucrar a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, priorizar inversiones sostenibles a largo plazo, buscar cooperación internacional y establecer mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación. Según Diana Herrera, Líder del equipo de Tecnologías de la Información de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), existen posiciones totalmente contradictorias a la afirmación del Gobierno. En realidad, nos encontramos en un país donde se respetan los rubros presupuestales y las obras en marcha. Herrera explicó que el Gobierno se enfrenta a una difícil decisión: elegir entre invertir en educación y salud o destinar recursos a las vías 4G. Esto ocurre en un contexto en el que ya se ha asignado un presupuesto para salud y educación. Sin embargo ese presupuesto aún no es suficiente para responder a las necesidades de la población y responder a las demandas de la sociedad. Esta disyuntiva subraya la necesidad de encontrar un equilibrio financiero que permita satisfacer las demandas de infraestructura sin descuidar aspectos fundamentales como la salud y la educación de la población. También mencionó que es crucial que Colombia realice un análisis exhaustivo de sus necesidades en cada una de estas áreas para poder asignar los recursos de manera efectiva y equitativa. Esto implica evaluar periódicamente las demandas y prioridades del país, utilizando esta información como guía para la toma de decisiones en materia de inversión. La participación ciudadana también desempeña un papel fundamental en este proceso. Involucrar a la sociedad civil y a las comunidades locales en la toma de decisiones garantiza que las inversiones se alineen con las necesidades reales de la población. Además, es necesario priorizar inversiones sostenibles a largo plazo, considerando no solo los costos inmediatos, sino también los beneficios a largo plazo para la sociedad y el medio ambiente. En este sentido, la cooperación internacional puede ser clave para complementar los recursos nacionales y apoyar iniciativas clave en áreas prioritarias. Además, establecer mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación es fundamental para seguir de cerca el progreso y ajustar las estrategias según sea necesario, garantizando así que se logren los objetivos establecidos en cada una de estas áreas.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Publimetro y El Espectador Sobre el mediodía de este nueve de abril, mientras el país recuerda los 75 años del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, la Fiscalía llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los delitos que caen sobre él son el de soborno a testigos y fraude procesal. En las primeras horas en las que fue notificado no emitió ningún comunicado a través de la red social X. La historia del llamado a juicio del expresidente está entrelazada con el senador Iván Cepeda. Hijo del senador asesinado por la extrema derecha colombiana, Manuel Cepeda, miembro de la UP, desde su juventud militó en causas de izquierda, fue miembro de la JUCO a los 13 años y creó el MOVICE, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Mientras todo el país estaba volcado en aplaudir a Uribe en los años en los que fue presidente, Cepeda fue un duro crítico de sus políticas y se plantó el día en el que los paras entraron al congreso invitados por las Representantes Rocío Arias y Eleonora Pineda. Cepeda siempre fue un crítico del gobierno Uribe y, sobre todo, del proceso de paz con las AUC. Ha visitado, incluso en sus celdas en Estados Unidos,  a comandantes paracos que quieren contar su versión de lo que pasó, pero que fueron extraditados para callarlos. Entonces Cepeda le descubrió los pies de barro al ídolo de Uribe. Se lanzó a la Cámara en el 2009, armaba los debates en el congreso más documentados y sacó investigaciones como el libro A las puertas del Uberrimo capaz de mostrar el pasado de Uribe que él guardaba con celo y descubre cómo empieza a volverse poderoso a partir de todas las irregularidades de lo que sucedía en Córdoba, uno de los departamentos más golpeados por el fenómeno paramilitar. El despojo, la usurpación de tierras, las desapariciones rodeaban el Ubérrimo. Incluso en el centro de la ciudad de Montería, como le recordó en una conversación Iván Cepeda a María Jimena Duzán, había una escultura en honor a los paramilitares. Entre sus descubrimientos estuvo la de que se habían hecho reformas arquitectónicas en el Ubérrimo con platas públicas, algo que siempre negó Uribe. En su investigación Cepeda descubrió, en la sección de sociales del periódico El meridiano de Córdoba, fotos de los hijos de Uribe con mafiosos. Incluso en su investigación Cepeda les pidió a las directivas del periódico las fotos para publicarlas en el libro pero no lo permitieron. A pesar de todas las revelaciones contra el hoy expresidente, jamás le llegó una denuncia por calumnia. Desde entonces Uribe lo ha tenido en la mira. Cepeda no se calla. Hace debates memorables sobre la relación de Alvaro y Santiago Uribe con el Bloque Metro de las AUC. Pone en el ojo público la palabra Guacharacas, propiedad de los Uribe. Fue en ese lugar en donde el papá de ellos fue asesinado en 1983. Cepeda se adentra en la investigación de cómo se había legalizado la tierra que fue despojada a sangre y fuego por parte de los paramilitares en Montes de María, en Antioquia. En su investigación hace correrías por las cárceles y conoce a dos presos, dos exparas, Juan Guillermo Monsalve y el Tuso Sierra, quienes le cuentan el surgimiento del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas, una investigación que además complementó la periodista Olga Behar en su libro Los doce apóstoles. La memoria es frágil, pero pocos recuerdan lo difícil que fue para Cepeda hacerle un debate a Uribe quien acaso cometiera un error al haberse lanzado en el año 2014 como senador. Lo protegían. Uribe lo demanda en el 2014 por injuria y calumnia. La Corte le da la razón y empieza una investigación contra el senador de izquierda por presunta manipulación de testigos. Alvaro Uribe afirma que Cepeda le dio dádivas a los paras para que hablaran contra él. Monsalve y Sierra se desdicen. El viejo luchador comunista empieza a darse cuenta de la magnitud del monstruo que se debe enfrentar. Vienen años duros, cruzados incluso por una enfermedad a la que pocos sobreviven. En el 2018 el efecto boomerang termina afectando a Uribe. Se le devuelve la denuncia. La Corte le cerró la investigación a Cepeda y anuncia que le abrirá uno a Uribe por presentar falsos testigos. El 20 de agosto del 2020, en plena pandemia, Álvaro Uribe Vélez es detenido. La Corte encontró pruebas suficientes para demostrar que Diego Cadena, el extravagante abogado del expresidente, había intentado sobornar a testigos como Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su versión e incriminara al senador de izquierda. Varios testigos también hicieron la misma acusación contra Cadena. Este reconoció haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como "ayuda humanitaria". Cadena fue detenido en el 2022 acusado de fraude procesal. La salida de Barbosa de la Fiscalía le quitó a Uribe su última oportunidad para salir a flote. Su llamado a juicio podría ser el principio de un naufragio definitivo.

Por: Redacción Pares Todo cambió para el ELN a finales de 1999. La elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela le permitió a esta guerrilla aumentar la porosidad en la extensa frontera. El frente que tiene más poder de esa guerrilla es el Domingo Laín, creado en 1980 por líderes que llegaron al Sarare desde 1962 después de que ocurriera la fallida Reforma Agraria. Como en el cuento de Juan Rulfo, Nos han dado la tierra, campesinos de todas partes del país a este lugar estrellándose contra la realidad: la tierra era prácticamente roca. Olvidados, despreciados, se organizaron y empezaron a formar lo que se degeneraría en los años en un grupo armado radical, extorsivo y violento. El cabecilla máximo es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía que con el alias de “Pablito” ha logrado construir una operación criminal compleja, binacional y sofisticada basada en acuerdos con competidores y aniquilación física del enemigo. Pablito y sus hombres han encontrado en Venezuela un verdadero refugio para asentarse. Ahora es mucho más que un lugar de descanso. Están desarrollando y expandiéndose en ese país. Había tenido presencia en los estados de Apure, Zulia, Táchira y Amazonas pero ahora se han adentrado en Bolívar, Delta Amacuro y Barinas. El ELN maneja un corredor con Venezuela en donde son los amos y señores del contrabando tanto de víveres como de gasolina. En el informe del área de Democracia y Gobernabilidad de la fundación Paz y Reconciliación titulado ELN: Corrupción, crimen organizado e internacionalización, se denuncia que, por lo menos, desde el año 2007 el ELN participa presionando al electorado en las elecciones venezolanas. En un aparte del informe se afirma que: “Los reportes existentes permiten afirmar esa relación funcional y sistemática del régimen venezolano de valerse de grupos armados foráneos que usan como refuerzo para la obediencia del electorado en regiones apartadas y marginadas del desarrollo nacional, sitio adecuado para el florecimiento de organizaciones como el ELN”. Este informe devela porque esta organización guerrillera se ha hecho fuerte en Venezuela y devela tres factores: la identificación ideológica con el régimen de Nicolás Maduro, la existencia de corrupción dentro del mismo gobierno que ha permitido la existencia de carteles como el de los soles, y la desmovilización de las FARC después del exitoso proceso con el gobierno de Juan Manuel Santos que les quitó de encima uno de sus principales enemigos. Son casi 1.000 hombres los que tiene el ELN repartidos en siete estados venezolanos y lo hace con estas tres estructuras: el Frente de Guerra Norte que opera en Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, con presencia en los estados de Zulia y Táchira; el Frente de Guerra Nororiental en Norte de Santander, con operación en la región del Catatumbo y en control de ese tramo de la frontera, y el Frente de Guerra Oriental que opera en Arauca, Boyacá y Casanare, las estructuras se dividen a la vez en subdivisiones que responden a sus jefes de área. De estas organizaciones es el Frente de Guerra Oriental la máquina de guerra mejor preparada y con amplia experiencia en el control militar y de rentas criminales. Se dedican al contrabando, a la extorsión y así lo hayan negado en sus casi sesenta años de existencia, también al narcotráfico. A uno de los comerciantes entrevistados para este informe en el estado de Apuré confesó que “Acá paga vacuna hasta Dios”. Los Elenos se presentan en Venezuela como amigos de la Revolución Bolivariana e indígenas de la etnia “Jivi” se han visto afectados por su accionar. Se estima que el ELN tenga presencia en un 30% de Venezuela y en lugares como Apure se han atrevido incluso a hacer asesinatos selectivos o como ellos lo llaman, “Limpieza social” no sólo para ejercer un control en la población sino para manejar el tráfico de drogas. Este descarnado informe pone sobre la mesa una verdad de apuño y es que en los últimos años y con anuencia de funcionarios del régimen bolivariano, ELN se hace cada vez más fuerte en Venezuela.

Por: Fundación Paz y Reconciliación En alianza con Alianza Rebelde Investiga (ARI), en el marco de la Alianza Democralat. La llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez en 1999 fue un factor determinante para la expansión del ELN, además de la desaparición de las FARC como gran grupo armado en el año 2016, después de concretar los acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. La frontera con Venezuela le permite tener el control del tráfico ilegal de mercancías y estupefacientes entre los dos países. La fallida reforma agraria iniciada en 1962 provocó un éxodo de 5.000 familias al Sarare, y el olvido que les impusieron se convirtió en la semilla para que campesinos con formación política empezaran a organizarse. Así, se levantaría el Frente Domingo Laín en 1983, cuyo nombre es un reconocimiento a un sacerdote que murió defendiendo las ideas del ELN en la década de los setenta. Desde 1983, con la apertura del oleoducto Caño Limón-Coveñas, el ELN les sumó a sus finanzas la continua extorsión a Ecopetrol y sus respectivos atentados. hasta la fecha, se han registrado más de 1500 ataques contra el oleoducto, generando un derrame de 3.7 millones de barriles en suelos y cuerpos de agua de la región. Con la renta del petróleo, el Frente Domingo Laín se pudo consolidar como un grupo independiente del resto de la organización, y con el poder económico subyacente a sus actividades permeó la política regional. Una sucesión de gobernadores desde la década del noventa le han rendido cuentas. Su máximo rival en la zona fue la llegada de las FARC y, posteriormente, el aterrizaje de las AUC con el grupo “Vencedores de Arauca”. Una vez “Los mellizos” —cabecillas de esta estructura— caen, la organización es desmantelada. Con los paramilitares fuera de juego, las FARC y el ELN se repartieron ese departamento. Después de los acuerdos de paz de las FARC con el gobierno Santos, el ELN ha tenido como mayor enemigo a las disidencias, quienes siguen buscando la manera de convertir a Arauca en un fortín cocalero. Desde 1999, con la victoria electoral de Hugo Chávez, el frente de guerra Oriental, al mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, se ha beneficiado de la tolerancia de ese gobierno con esa organización guerrillera. Organizaciones sociales en Venezuela han evidenciado la protección que han recibido de ese gobierno guerrillas como el ELN o las FARC. En esta investigación de la fundación PARES se muestra cómo, incluso, han ejercido presión en votaciones a la población en varios estados de ese país. El gobierno venezolano, además, se habría beneficiado de las rentas ilegales del ELN y de las extintas FARC. Esta investigación pone el dedo en la llaga a partir de testimonios de comerciantes en el Estado Apure de Venezuela, en donde afirman que allí paga extorsiones “hasta Dios”. En el trabajo de campo realizado para este informe se destacan algunas particularidades, como la expansión del ELN en nuevos territorios en Venezuela. Este es el caso de Táchira, Zulia y Apure, donde su presencia y control territorial han ido aumentando en el último año y medio, según algunos entrevistados para este informe y reportes de prensa. El ELN en algunos municipios de estados en la frontera, imponen extorsiones y hasta hacen el control del orden público. Realizan toques de queda y crean planes de limpieza. También se han apoderado del negocio de la minería ilegal. Por otra parte, los casos penales relacionados con la guerrilla carecen de justicia. Las autoridades venezolanas no investigan estos casos y en las minutas policiales omiten incluso identificar a los involucrados. En el Estado del Táchira, estratégicamente vital por su ubicación geográfica, los elenos, junto con el Tren de Aragua, controlan las trochas, los pasos fronterizos ilegales cobrando a las personas por pasar. En municipios cercanos a Cúcuta, como San Antonio, el ELN cobra extorsión a los comerciantes. En sectores fronterizos como el barrio La Parada de Villa del Rosario, ha sido inevitable la confrontación del ELN con el grupo criminal Tren de Aragua. Por sus acciones, el 2021, el ELN fue considerado el grupo armado más letal en ese Estado. En municipios del estado Zulia, como Jesús María Semprún, los elenos ponen hasta alcaldes e incluso están reclutando a sus filas a ciudadanos venezolanos. El ELN incluso no respeta a etnias y se ha metido de frente y duro contra comunidades indígenas del Amazonas venezolano. En uno de los santuarios ecológicos de Venezuela, el parque nacional Yapacana, les dijeron a los investigadores de este informe que incluso podrían encontrarse fosas comunes. Este informe llega a conclusiones preocupantes, como que el ELN al menos, 38 municipios y más de 40 parroquias de cuatro estados fronterizos con Colombia: Zulia, Táchira, Amazonas y Apure. Además, se tiene conocimiento de que el grupo guerrillero también opera en otros 3 estados de Venezuela que son Bolívar, Delta Amacuro y Barinas. Además, pueden tener 1.000 hombres en el vecino país. Lo preocupante es que el ELN llega a territorios presentándose como auténticos defensores de la “Revolución bolivariana” y que, según reporte de la sociedad civil, opera en Venezuela más bien como un grupo paramilitar, que cuenta con el respaldo y la simpatía de algunas instituciones del gobierno de Nicolás Maduro. Este es el informe completo titulado ELN: Corrupción, crimen organizado e internacionalización.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Cambio Colombia Desde las nueve de la mañana asociaciones de víctimas se dieron cita en puntos estratégicos de Bogotá para conmemorar otro nueve de abril. Se conmemoraba el Día Nacional para la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. La fecha tiene un significado poderoso: hace 75 años, mientras Jorge Eliecer Gaitán salía del edificio donde tenía su oficina de abogado, Roa Sierra le disparó. La caída del líder significó la respuesta de sus seguidores que eran legión. La ciudad quedó destruida y muchos estudiosos creen que este fue el origen del encarnizado conflicto colombiano que aún continúa y que ha dejado nueve millones de víctimas. Justo en un día como hoy se descubrió una terrible verdad: después de un riguroso informe la Unidad de Víctimas reveló las presuntas irregularidades que hubo durante el gobierno de Iván Duque en el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Según W Radio “Dentro de los hallazgos se encontró que el detrimento patrimonial producto de malos manejos y administraciones de los bienes habría superado los $4.200 millones, particularmente $3.786 millones producto de alquileres por debajo del precio debido”. Senadoras como Paloma Valencia aprovecharon este nueve de abril para hablar con las víctimas que dejaron las FARC, que resultan siendo una minoría con las que ha dejado el Estado y los grupos paramilitares. La marcha, que llegó a la Plaza de Bolívar. La convocatoria fue criticada por senadores como Jota Pe Hernández quienes se quejaron de una desproporción atención a las víctimas por las estructuras que pusieron en la Plaza de Bolívar en donde las marchas serían recibidas por orquestas y grupos de baile. La hora en la que el senador publicó su trino no coincidía con la llegada de las movilizaciones. Sobre el mediodía, en medio de las marchas, se supo, además, que la Fiscalía había llamado a juicio a Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. Esto sorprendió a buena parte de la manifestación. Bogotá se preparó para esta marcha. la restricción de pico y placa para vehículos particulares aplica para las placas que terminen en los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0. Los carros no podrán circular desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. En cuanto a los taxis, estos tienen un horario de restricción que va desde las 5:30 a.m. hasta las 9 p.m. Así las cosas, los taxis con placas terminadas en 3 y 4 deberán abstenerse de circular por la capital del país. Bogotá no fue la única ciudad del país en donde se dieron estas movilizaciones. Cali y Medellín también tuvieron presencia de las víctimas en la calle. El informe de la Unidad de Víctimas sobre el detrimento del fondo durante el gobierno de Duque hizo que más gente saliera a la calle y en que, de cierta manera, se transformara en una marcha de indignación contra las políticas del expresidente.

Por: León Valencia Fotos tomadas de: W Radio y El Colombiano En la próxima Feria del Libro de Bogotá, el 20 de abril del 2024 a las cinco de la tarde en el Gran Salón C, se llevará a cabo el lanzamiento del libro Parapolítica, Historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, un estudio editado por Planeta y liderado por León Valencia que aborda los últimos 20 años después de que estallara el escándalo que terminó con 86 congresistas condenados y por el que las AUC intentaron legitimarse como un actor político. Éste es, en exclusiva, un aparte del libro que describe el momento en el que Álvaro Uribe fue detenido en el 2020 culpado de haber manipulado testigos para que incriminaran a uno de sus enemigos políticos, el senador Iván Cepeda. IVÁN CEPEDA LLEVA A URIBE A PRISIÓN Iván Cepeda Castro siguió la senda de Gustavo Petro en el Congreso de la República. Llegó a la Cámara de Representantes en el 2010 en las listas del Polo Democrático Alternativo; luego, en 2014, saltó al Senado donde se mantiene hasta hoy. En ambas cámaras ha dedicado sus esfuerzos a buscar protección para las víctimas del conflicto armado, a investigar las andanzas de los paramilitares y los desmanes de la fuerza pública; y, al mismo tiempo, ha buscado con afán la paz del país. En cumplimiento de esas tareas ha adelantado vibrantes debates en el Congreso, ha incubado procesos judiciales de gran alcance y ha contribuido de manera especial a los acuerdos de paz con las Farc y el ELN. Se vinculó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y en esas funciones empezó a visitar las cárceles del país para indagar sobre la crisis carcelaria y la grave situación que viven la mayoría de las personas privadas de la libertad. En 2011 se entrevistó con Juan Guillermo Monsalve y con Pablo Hernán Sierra en las cárceles de Itagüí y Cómbita. Eran reconocidos paramilitares que querían dar testimonio sobre lo acontecido en Antioquia. Fueron ellos los que pidieron la entrevista. Cepeda acudió con todas las precauciones legales y éticas. Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, antiguo administrador de la hacienda Las Guacharacas, contó cómo Álvaro Uribe Vélez, junto con sus socios Gallón Henao y Villegas Uribe, habían conformado el grupo paramilitar Bloque Metro, autor de masacres y asesinatos en el municipio de San Roque, Antioquia. Pablo Hernán Sierra, jefe del Bloque Cacique Pipintá, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que hizo presencia en algunas regiones de Antioquia, Risaralda y Caldas, también aseguró que Álvaro Uribe había contribuido a la fundación de las autodefensas y presentó pruebas de esta acusación. Con esas declaraciones Cepeda se fue a la Fiscalía General de la Nación y le pidió a la fiscal Viviane Morales que investigará la verdad sobre estas afirmaciones. Morales inició las indagaciones, pero a los pocos meses renunció a su cargo y estas investigaciones quedaron en suspenso. También propició los primeros debates en la Cámara dándole mayor vuelo y veracidad a todas las acusaciones que había realizado Gustavo Petro en 2007. Muy pronto empezaron las presiones sobre estos dos testigos y se produjo el primer atentado contra Juan Guillermo Monsalve. Cepeda se puso en la tarea de buscar el traslado de Monsalve a la Cárcel La Picota de Bogotá donde se produjeron una diversidad de acontecimientos que convirtieron a este reo en el hombre clave de las enormes dificultades judiciales que ha vivido Álvaro Uribe en los últimos años. Se supo también que Uribe estaba muy inquieto con las declaraciones de Monsalve y Sierra y que se estaba moviendo para conseguir testigos que desvirtuaran las afirmaciones de estos dos paramilitares o, incluso, encontraran la manera de que ellos se desdijeran de sus afirmaciones. Logró lo primero, pero no lo segundo. A lo largo de diez años Uribe le ha encomendado su defensa a una variedad de abogados entre los más hábiles y astutos del país, y ha presentado cerca de veinte testigos para echar al suelo los testimonios presentados por Iván Cepeda. Cepeda tuvo sus dos mejores momentos en 2014 y en 2018. En septiembre de 2014 organizó un potente debate en el Senado. Lo que había denunciado Petro adquirió un nuevo sentido con las múltiples declaraciones de los paramilitares en los proceso de Justicia y Paz; con las condenas a decenas de líderes políticos y funcionarios públicos cercanos al expresidente; con la aparición de Monsalve y de Sierra como testigos estelares; y con un extraño hallazgo en el allanamiento al llamado “Parqueadero Padilla” en la ciudad de Medellín. Las denuncias sobre las fincas Guacharacas y La Carolina; las acusaciones sobre las responsabilidades en las masacres de La Granja y El Aro; las “chuzadas del DAS”; y el enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia; todo tenía una nueva lectura. Lo encontrado en el Parqueadero Padilla. En 1998 hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, bajo el mando de Iván Velásquez, allanaron un parqueadero de motos esperando encontrar en sus instalaciones una fábrica de uniformes camuflados para los paramilitares. Los funcionarios recibieron una enorme sorpresa. No había uniformes. En su lugar encontraron una variedad de documentos comprometedores. Jacinto Alberto Soto Toro, conocido con el alias de Lucas, en compañía de varias mujeres, destruía presuroso toda clase de papeles y disquetes con información y evidencia del manejo financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, también los listados de contactos de los grupos paramilitares con miembros de las fuerzas armadas y políticos. Encontraron cerca de 500 cuentas de banco y evidencias de 40.000 transacciones, así como un listado de empresas privadas que financiaban el paramilitarismo. Allí estaban registrados los dineros con los que se financiaron las masacres de La Granja y El Aro y los que sirvieron para dar vida al Bloque Metro de las Autodefensas. El hombre que trataba de destruir afanosamente las pruebas era, de acuerdo con los documentos, el “comandante financiero”, un poderoso paramilitar. Esa contabilidad registraba que el periodo de mayor movimiento se ubicaba claramente en los años en que Álvaro Uribe se desempañaba como gobernador de Antioquia y alias Lucas, el financiero, presuntamente, sostenía una relación estrecha con el mandatario. En los expedientes de Justicia y Paz se registra el testimonio de Hébert Veloza, alias HH, quien dice lo siguiente sobre Jacinto Alberto Toro, alias Lucas: “Para el año de 1995 manejaba todas las relaciones en Medellín, él cargaba un beeper y decía que era el beeper del gobernador, que en ese momento era Álvaro Uribe. Alias Lucas era la persona que manejaba las relaciones con políticos, empresarios y fuerza pública, cuando ellos querían montar un grupo, él manejaba las finanzas de los Castaño en Medellín”. Iván Cepeda lleva en su corazón el dolor de las víctimas. Esa ha sido la motivación principal de su vida pública. Cuando apenas tenía tres años salió del país con su familia huyendo de las persecuciones que se desataron a mediados de los años sesenta del siglo pasado. Volvió al país en la adolescencia y salió de nuevo en la juventud a estudiar su carrera de Filosofía en Bulgaria. En 1994 fue asesinado su padre, Manuel Cepeda Vargas, en las calles de Bogotá, pero antes había visto caer a Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, con quien había librado sus primeras batallas políticas y a miles de miembros de ese partido en acciones que han sido calificadas por los organismos internacionales como un pavoroso genocidio. Con esa angustia a cuestas participó primero en la creación de la Fundación Manuel Cepeda Vargas para esclarecer el crimen de su padre y buscar justicia; y luego, en junio de 2005, en el Segundo Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos, se puso a la cabeza del Móvice, Movimiento de Crímenes de Estado. Después, cuando empezó el acoso judicial, buscó el amparo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el más avezado equipo jurídico en el campo de la defensa de los derechos humanos. De esos movimientos ha sacado la fuerza y la entereza para acudir a los debates, pero también la copiosa información con la que se ha ganado un puesto de honor en el Congreso y en los estrados judiciales. En el debate de septiembre de 2014 dio, además, muestras de enorme paciencia y de una probada serenidad. El expresidente Uribe había llegado al Senado a la cabeza de una gran bancada y movió cielo y tierra para impedir que Cepeda presentara ante el Congreso y ante el país las numerosas pruebas de las alianzas del uribismo con los paramilitares. El Centro Democrático no pudo impedir el debate, pero logró que la Comisión de Ética interviniera para ponerle límites a los temas y a las alusiones al uribismo. Aun así, la bancada uribista se retiró del recinto apenas empezaron las disertaciones. De otro lado, los encargados de llevar al recinto y a la transmisión pública las imágenes y las palabras de los testigos y de notas de los medios de comunicación, se dedicaron a sabotear la tarea. Entre tanto el presidente del Congreso, Jimmy Chamarro, interrumpió frecuentemente a Cepeda para recordarle lo dicho por la Comisión de Ética. En ese ambiente confuso y crispado, Cepeda, con la calma de un monje tibetano, fue desgranado datos y testimonios sobre el grave daño que le había hecho y le seguía haciendo la parapolítica a la democracia colombiana. Álvaro Uribe salió furioso del recinto y se fue a la Corte Suprema a mover las cartas y las grabaciones recolectadas por sus abogados que señalaban a Iván Cepeda de acciones ilegales para obtener los testimonios de los paramilitares Monsalve y Sierra. Sus gestiones ante la Corte habían empezado en 2012, con ocasión del primer debate en la Cámara de Representantes, donde Uribe acusó a Cepeda de los delitos de abuso de la función pública, calumnia, fraude procesal y falso testimonio en calidad de determinador. La Corte, avisada de graves irregularidades en la acción de los abogados de Uribe, empezó a indagar a doble vía. Por un lado, a buscar la verdad de las acusaciones sobre Cepeda y, por otro lado, a verificar la autenticidad de los testigos del expresidente y en ese momento senador. La acusación de Uribe se convirtió en un búmeran. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación penal en contra del senador Iván Cepeda Castro. La Corte encontró que no había mérito para investigar al senador Cepeda por tales delitos, y que, en cambio, sí lo había para ordenar la investigación contra al senador Álvaro Uribe Vélez por, presuntamente, haber manipulado testigos contra Cepeda. De igual forma solicitó al magistrado ponente un informe sobre los avances en la investigación del caso sobre la masacre de La Granja, en el cual se investigan las actuaciones de Uribe Vélez cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia, y que se encuentra engavetada en el despacho del magistrado Malo Fernández desde el 2014, quien fue condenado posteriormente por corrupción. En la mañana del jueves 1 de febrero de 2024 llamé a Iván Cepeda, estaba en La Habana en uno de los ciclos de negociación con el ELN, quería saludarlo, reiterarle mi agradecimiento por los esfuerzos que hace por la paz del país y preguntarle algunos detalles de lo que ha sido su larga batalla por esclarecer muchos de los episodios oscuros de la parapolítica. Aludí al sacrificio y al riesgo que había implicado su dedicación. “Sí, amigo León”, me dijo, “ha sido duro. Pero también ha tenido muchas satisfacciones y alegrías. Debe saber que, en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigarme y abrió la indagación sobre las acciones de Uribe en mi contra, estaba en el momento más difícil del cáncer que afrontaba, la noticia fue como un extraño remedio, empecé a mejorar a pasos acelerados”. Me conmovió saber estas intimidades de su lucha. Uribe, por primera vez, sintió pasos de animal grande. En este caso la Corte contaba no solo con testimonios sino con pruebas fotográficas y audios que lo comprometían, obtenidos mediante la sala de interceptaciones Esperanza de la Fiscalía General de la Nación a paramilitares involucrados en el montaje. Por otra parte, la orden de investigación no se dirigía a la Comisión de Acusaciones donde reposan sin resultado alguno cientos de órdenes similares, sino a la misma Corte, dado que se trata de actuaciones de Uribe Vélez como senador y no como presidente. En efecto, el 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó la detención de Álvaro Uribe y le concedió el beneficio de domicilio por cárcel. Lo acusa de los delitos de soborno, manipulación de testigos y fraude procesal. El 18 de agosto el senador Uribe renunció al Congreso para evadir el proceso ante la Corte Suprema de Justicia y pedir el paso de su expediente a la Fiscalía General de la Nación. Así empezó el tortuoso camino de investigar y juzgar a Uribe en la justicia ordinaria. En el momento en que escribimos este libro asistimos a una de las tantas dilaciones y maniobras del proceso. No sabemos cómo terminará este proceso contra Uribe. Lo que sí sabemos es que en estos doce años Iván Cepeda ha brillado por su transparencia, su tenacidad y su capacidad para acopiar información cierta sobre la parapolítica.

De: Juan Alejandro Pérez Montañez, investigador programático de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Foto tomada de: Semana La primera semana de abril del 2024 el Gobierno Nacional sufrió un nuevo golpe dentro del Congreso de la República, el hundimiento de su reforma a la salud. Pese a esto le quedan aún varios frentes por abordar en su relación con el legislativo, pero el tiempo y el presidente del Senado no son sus mejores aliados. El camino que transitó la reforma a la salud El proyecto de reforma a la salud hundido en su tercer debate era del paquete de reformas sociales el que iba más adelantado dentro del legislativo. Esta reforma del Gobierno Nacional, radicada el 13 de febrero de 2023 por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, durante su trámite en el Congreso pasó por cualquier tipo de polémicas. El Gobierno Nacional citó en febrero del 2023 a sesiones extraordinarias para que las Comisiones Económicas empezaran a debatir el Plan Nacional de Desarrollo, pero también para que se empezara el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Cámara. Pese a su temprana presentación el proyecto no llevaba un buen ritmo en su debate y el Gobierno Nacional buscó acelerarlo a finales de abril del 2023 con la salida de la ministra Corcho y la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, en comparación de la entonces ministra, cuenta con una trayectoria política más amplia. Antes de la salida de Corcho, Alejandro Gaviria, ministro de Educación y opositor de la reforma al interior fue reemplazado por Aurora Vergara a finales de febrero del 2023. También se dio la salida de los partidos de La U y el Conservador de la coalición de Gobierno semanas antes del gran remezón ministerial en que salió Corcho, pero también ministros más de centro como Alfonso Prada (Interior), José Antonio Ocampo (Hacienda) y Cecilia López (Agricultura), estos dos últimos, al igual que Gaviria, opositores de la reforma. Con la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo a la cartera de Salud y Luis Fernando Velasco a Interior, la Comisión Séptima de Cámara logró aprobar en mayo de 2023 la reforma en su primer debate, siendo una de las grandes victorias del Gobierno a finales de la primera legislatura. La cual estuvo también marcada por derrotas para el Gobierno con el archivo de proyectos como el de humanización carcelaria, el de sometimiento a la justicia o el de reforma laboral. Para inicios de la segunda legislatura, el segundo debate de la reforma en Plenaria de Cámara se dio sino hasta después de elecciones locales del 29 de octubre del 2023. De julio del 2023 hasta octubre del mismo año los congresistas estuvieron concentrados en que sus candidatos en todo el país ganaran elecciones. Las elecciones retrasaron no solo el debate de la salud sino de todo tipo de proyectos. Fue de noviembre del 2023 al 5 de diciembre de ese año que se logró aprobar en segundo debate el proyecto con mayorías sólidas en Plenaria de Cámara, pasando el proyecto a Senado. En Senado, como ha advertido la Fundación Paz y Reconciliación, los números no favorecen al Gobierno Nacional. El tercer debate a la reforma a la salud lo mostró así, pese a que en febrero el Congreso retomó sesiones fue hasta abril que la reforma se agendó en el orden del día y no por el Gobierno, que dilató hasta que pudo el debate, sino en el marco del estatuto de la oposición por el Centro Democrático. En la Comisión Séptima de Senado con una votación de 9 por el archivó y 5 en contra el 3 de abril del 2024 la reforma se hundió luego de desgastar parte del capital político del Gobierno, romper su coalición y generar cambios en el gabinete. ¿Cuál es el panorama de las otras reformas? Aún quedan tres reformas sociales en el Congreso: pensional, laboral y educación. También proyectos como la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria. La reforma laboral no ha superado su primer debate y tiene lo que resta de esta segunda legislatura para hacerlo, sino lo hace, se archivará como sucedió durante la primera legislatura. Pese a que en la Comisión Séptima de Cámara el Gobierno tiene a la presidenta María Eugenia Lopera, integrante del clan de Julián Bedoya, como una aliada, parece que no hay afán de continuar el debate que desde finales del año 2023 no se reanuda. Pensional, educación y Jurisdicción Agraria tienen esta legislatura para ser aprobadas. Educación y Jurisdicción Agraria, que son proyectos de ley estatutaria, tiene hasta el 20 de junio de 2024 para su aprobación, cuando acaban las sesiones ordinarias de la segunda legislatura. Mientras que pensional puede discutirse en sesiones extraordinarias de la segunda legislatura, podría tener unas cuantas sesiones más de debates. Jurisdicción Agraria se encuentra en Comisión Primera de Cámara, donde espera superar su tercer debate y luego superar su cuarto debate para su aprobación. Los números favorecen al Gobierno en Cámara. El proyecto de ley estatutaria de la educación debe superar tres debates en dos meses y medio, lo que reduce las posibilidades de aprobarlo. Quedan los debates de Plenaria de Cámara y los dos de Senado (Comisión Séptima y Plenaria). En Plenaria de Cámara ya se logró abrir la votación del articulado, pero maniobras con el uso de la palabra de algunos congresistas de la oposición han ralentizado el debate. Por otro lado, la reforma pensional, estuvo a punto de archivarse en su segundo debate en la Plenaria de Senado el mismo día que se archivó la reforma a la salud. Durante la votación de la ponencia de archivo de la senadora de Colombia Justa Libres, Beatriz Lorena Ríos, en un momento de la votación el proyecto estuvo virtualmente hundido, pues no estaban todos los votos de quien apoyan la iniciativa o al menos quieren que se discuta, mientras que los integrantes de la oposición estaban todos. Todo parece indicar que la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, del Partido de La U y quien votó el archivo de la reforma a la salud, será la ponencia mayoritaria y en la que el Gobierno, al parecer, puede ceder. Siendo así es una reforma que, al contrario de salud, lograría algún nivel de consensos, pero que tiene dos enemigos principales: el tiempo y el presidente del Senado. Iván Name, quien pese a ser del Partido Verde, partido de Gobierno, es el principal enemigo del Gobierno teniendo al tiempo de aliado. Como prometió en su discurso de posesión el 20 de julio de 2023, ha dado la palabra con un tiempo superior a los cinco minutos, contrario a lo que establece la ley 5 de 1992. Pero también ha hecho, por ejemplo, que la votación de los últimos impedimentos que se votaron de la reforma pensional se hicieran de manera separada y no por bloques, como sucede usualmente. Name también ha sido quien ha acelerado la votación de la primera ponencia de archivo de la reforma pensional y ha ayudado a romper quorum junto con los partidos de oposición y algunos senadores de partidos independientes, por eso se ha visto presidir a la primera vicepresidenta, María José Pizarro, las plenarias con mayor frecuencia. Name no ha ocultado su oposición al Gobierno como con la propuesta de Constituyente. Todas las “jugadas” del Name tienen un impacto directo sobre la agenda legislativa del Gobierno, pues proyectos como Pensional se ven afectados en sus tiempos de aprobación. Igual puede pasar con Educación que, si continúa avanzando en su trámite, debería tener su último debate antes del 20 de junio de 2024 en Plenaria de Senado. Aun así, el Gobierno parece que no cederá, de hecho, Gustavo Petro se muestra políticamente más cómodo en la confrontación y en la constante imposición de la agenda pública, sin necesidad de contar con operadores políticos. Pese a que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien lleva varias derrotas dentro del Congreso, diga lo contrario, acciones del Gobierno han llevado a que se reduzcan las posibilidades de construcción de consensos, pues ninguna parte cede y hay una oposición más organizada y fuerte que, poco a poco, logra victorias que le suman capital político de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso del 2026.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Laregional.Net y El Espectador Ya quisiera llegar uno a los 87 años moviéndose como lo hace Gloria Gaitán. La última vez que la vi me llevó a su casa paterna en el barrio Santa Isabel de Bogotá y se movía por los corredores con la seguridad de una gacela experimentada. Me mostró el saqueo sistemático que ha llevado a cabo la Universidad Nacional, encargada de la protección de la casa. Lo que debería ser un museo terminó siendo un depósito de muebles viejos. Aún está su cuarto, el mismo donde recibió la noticia hace 75 años de que su padre había sido asesinado mientras salía de su oficina en plena carrera séptima de Bogotá, la habitación de su mamá, el piso de parqué, el estudio y la cama de asceta en la que dormía un hombre que trabajaba de manera compulsiva. Pero, a medida que visitaba los cuartos, Gloria Gaitán iba echando en falta objetos que, sin que exista ningún responsable, han desaparecido en los últimos años. En ese momento yo trabajaba para un medio y Gloria quería hacer una denuncia de cómo la Universidad -acaso deliberadamente- estaba descuidando sus funciones de custodia del legado de Gaitán. En el 2005, cuando Uribe era presidente, le dieron esa responsabilidad, pero las diferentes administraciones han mostrado la misma desidia. Es tanta la desinformación que, frente a la casa, funciona una empresa de taxis. Casi ninguno de los conductores sabía que era lo que escondían los muros que rodean el predio. Pocos, incluso, habían escuchado hablar de Gaitán. Al lado de la casa está la tumba del líder. Lo rodea una de las obras arquitectónicas más fascinantes de Colombia. Los trazos vanguardistas de Rogelio Salmona, sus círculos, sus techos altísimos, sus ramplas, sus ángulos imposibles se ven en el Exploratorio Nacional, una de sus construcciones más ambiciosas y también más de conocidas. En vez de construir una gran estatua del líder caído se ideó, por medio de la ley 425 de 1998, terminar la construcción del Exploratorio en donde se honraría no sólo la memoria de Gaitán sino el sueño de construir una democracia realmente participativa. Acá funcionaría un Museo de las luchas populares, una biblioteca interactiva y varios espacios complementarios de investigación, estudio y aplicación. La construcción empezó a principios de los años setenta pero poco a poco el proyecto fue languideciendo. En el 2016 Roy Barreras, como senador, quiso impulsar su conclusión, pero sólo se quedó en palabras. Gustavo Petro, al llegar a la presidencia, también prometió terminarla pero hasta el momento no ha dejado de ser una promesa. La estructura aguantará siglos pero ya la maleza empieza a devorar el Exploratorio que se convierte en una metáfora de lo que está pasando con el legado de Gaitán. Pensar que ya hasta ni circulan billetes de mil pesos con su rostro. Todo eso le preocupa a su hija. Gloria sabe del plan de asesinar por segunda vez a su papá: sacarlo de la historia. Permitir que un grupo armado, como el Clan del Golfo, se hayan autoproclamado en su momento como “Gaitanista” es cambiar la verdad desde la misma historia. No tener entre los programas de historia de los colegios un momento para reflexionar en una fecha clave como el 9 de abril y las connotaciones devastadoras que tuvo el Bogotazo en el inicio de un nuevo capítulo de la guerra en Colombia, es memoricidio. Gloria Gaitán no se agota. Sigue teniendo días que a cualquier persona joven podría extenuar. Participa activamente de la política, ya sea en reuniones presenciales o a través de sus escritos que mueve en redes sociales. Tiene proyectos y desde que se tenga proyectos nadie podrá envejecer. Ella y nosotros hemos visto como cada 9 de abril el fulgor del pueblo se va apagando. Sí, hoy en día es el momento en el que se conmemora a las más de 8 millones de víctimas que dejó el conflicto, pero ya no es la manifestación espontánea de un pueblo que le reclamaba a las familias que tradicionalmente han manejado al país por el asesinato del hombre que representaba la esperanza. Ya los niños no saben quién es Gaitán. Ya líderes mundiales como Fidel Castro, que sabían de la importancia de su pensamiento, han desaparecido. Entiendo la desesperación, la rabia de Gloria Gaitán. No he visto la prensa hoy, no he visto las editoriales, sus columnas, pero creo que ya se volvió un lugar común decidir pasar de agache. A lo sumo El Tiempo publicó una nota de color “La casa donde nació Gaitán es un restaurante en donde venden almuerzos a 6.000 pesos”. Es un tema despreciado en consejos de redacción por “lo trillado”. Claro que entiendo la impotencia de Gloria. Ha vivido lo suficiente para ver como lo que su papá llamaba “La oligarquía” ha salido impune no sólo de la desaparición física del líder, sino que le ha salido a la perfección el plan de borrar de la historia a Gaitán. Este gobierno tiene la responsabilidad de devolverlo a las primeras planas de los libros de historia, de mantener vivo su legado. Si Petro no lo hace se perderá, acaso, la última oportunidad. Terminar el Exploratorio Nacional sería un paso decisivo para que la maleza del olvido no devore a Gaitán.

Por: Redacción Pares Foto tomada del: El Colombiano Su sonrisa le dio la vuelta al mundo. El 23 de octubre del 2021 Otoniel caía por fin. Más de cinco años siendo perseguido. Su cadena de informantes en Urabá le permitió ser uno de los señores de la guerra en Colombia. Se necesitaron cerca de tres mil hombres para acorralarlo. Lo encontraron en Necoclí, uno de los municipios del Urabá Antioqueño que había convertido en su casa. Juan Manuel Santos había lanzado en el 2016 las Armagedón I y Armagedón II. Su sucesor, Iván Duque, continuó la operación. El cerco se fue cerrando sobre él. Cayeron sus subalternos, alias Gavilán, alias Inglaterra, hermanas, primos, la gente de confianza. Cayó y, casi tres años después, su estructura está viva. Según Verdad Abierta Dairo Antonio Úsuga vivió tres guerras: la que sostuvo en el EPL a mediados de los años ochenta, ingresando en esta guerrilla maoísta con su hermano Juan de Dios. Al principio, además de exigirle pagos a los empresarios del banano en Urabá, se dieron plomos con los que serían después sus socios: las incipientes huestes paramilitares de los hermanos Castaño. Por su eficiencia en la parte militar los hermanos Úsuga eran mucho más que guerrillos rasos en el EPL. Mandaban. Tenían poder. El 1 de marzo de 1991, ya con el gobierno de César Gaviria, dos mil guerrilleros del EPL se desmovilizaron. Pero Úsuga está en el grupo de los que no quieren soltar el arma, de los que creen que fue una traición de sus altos mandos. Siguen en la selva, entran en confrontación con las FARC y cuando ven que los están matando no les queda de otro que de abrazarse a la causa de los hermanos Castaños y hacerse paramilitar. No era cuestión de ideas, era cuestión de billete. Siete años al servicio de los Castaños hasta que en el año 2003 Álvaro Uribe Vélez les ofrece a los paramilitares una salida negociada. Los Úsuga pasan por el segundo no a una desmovilización. Los Úsuga cambian por tercera vez en la guerra. Esta vez defenderían una estructura que se llamaría “Los héroes de Castaño” liderada por Daniel Rendón Herrera, “Alias Don Mario”. Esa organización, cuando cayó Don Mario,  pasó a llamarse las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y luego simplemente los Usuga, los Urabeños o el Clan del Golfo. En la celebración del año nuevo del 2012 su hermano Juan de Dios, mejor conocido con su alias de Giovanny, cayó mientras fue sorprendido por fuerzas especiales del ejército. Una vez muere se destapa una red de tráfico de niñas. Otoniel se hace conocido en todo el país por el plan pistola que desplegó contra la policía por el asesinato de su hermano. La Fiscalía le tenía 122 órdenes de captura, 7 medidas de aseguramiento, 6 sentencias condenatorias de más de 40 años. En Estados Unidos era requerido por las cortes de la Florida y de Nueva York por la que fue extraditado en el 2022. Intentó acogerse a la JEP pero ésta no la aceptó. Aun así habló y desde Estados Unidos seguirá hablando. Desde este 9 de abril y hasta el día 11, Otoniel hablará desde el centro de detención de Florence, Colorado, donde abordará dos puntos relacionados con los macrocasos 03, que investiga los Falsos Positivos, y el macrocaso 06 relacionado con la persecución a miembros de la Unión Patriótica. Se estima que más de cinco mil miembros de este partido político fueron asesinados por fuerzas paramilitares y de ultraderecha por considerarlos el brazo armado de las FARC. El testimonio de Otoniel será vital para conocer el grado de participación que tuvo el poder político y el militar en la orden de exterminio hacia la UP.

Por: Fredy Chaverra Operativo en el que fue asesinado el minero Dario Arnulfo Ospina - Foto cortesía policía Se cumple un año del Paro Minero que sacudió los cimientos del Bajo Cauca antioqueño. El Paro Minero que se dio hace un año evidenció la problemática socioambiental asociada a los precarios niveles de formalización en uno de los territorios con mayor potencial aurífero del país, así como la baja implementación de la reforma rural del Acuerdo de Paz y la capacidad de infiltración de los actores armados ilegales con presencia en la subregión, entre ellos el ELN y las disidencias de las Farc. Después del primer año del Paro Minero y como muestra de rechazo al asesinato del minero Darío Arnulfo Ospina el pasado 24 de marzo en medio de un operativo de la Fuerza Pública contra la minería ilegal en zonal rural de El Bagre, cerca de 5.000 mineros de todos los municipios de la subregión, se reunieron el jueves 4 de abril para avanzar en una movilización pacífica. Aunque desde el Comité por la vida y formalización minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba se planteó la convocatoria como una movilización pacífica y no como la antesala a un nuevo Paro minero, los ecos del Paro Minero de marzo de 2023, caracterizado por algunas expresiones de violencia y bloqueos que no solo paralizaron la actividad económica del Bajo Cauca y el Nordeste por cerca de un mes; sino que, además, evidenciaron el poder de instrumentalización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, permanecían en el aire como un factor a repetirse en una movilización considerada como “conmemorativa”. De ahí que las alcaldías de Nechí, Cáceres, Tarazá, Zaragoza y El Bagre, ante la amenaza de nuevos bloqueos y actos violentos, hayan publicado decretos de Ley seca y de restricción del parrillero con la finalidad de: “prevenir eventuales situaciones de alteración del orden público”. En Caucasia el comercio no abrió sus puertas y las clases fueron interrumpidas. Sin embargo, ese temor rápidamente se disipó ante la petición del Comité promotor y a lo largo del 4 de abril la movilización transcurrió pacíficamente. No se registró una infiltración violenta por parte del Ejército Gaitanista. A Caucasia llegaron delegaciones de asociaciones mineras de toda la subregión para rechazar la violencia de la Fuerza Pública en los operativos contra la minería “ilegal”-como el operativo que le costó la vida a Darío Arnulfo Ospina-, también para exigir el cumplimiento de los acuerdos logrados con el Gobierno Nacional entre marzo y abril del 2023. Entre las peticiones de las asociaciones mineras se encuentran rechazo a los operativos contra la minería en zonas rurales de Cáceres y El Bagre, avanzar en los procesos de formalización minera y consolidación del Distrito Minero del Bajo Cauca y el Nordeste. Para avanzar en el cumplimiento de estos acuerdos y así evitar movilizaciones que escalen en acciones violentas, el próximo 11 y 12 de abril, en el marco de la apertura de la oficina regional de la Agencia Nacional Minera en Caucasia, se instalarán mesas para acelerar los procesos de formalización en la subregión.

Por: Redacción Pares Desde la semana pasada, justo cuando se hundió en el senado la Reforma a la Salud, el gobierno Petro entró en confrontación con las EPS. Primero intervino a Sanitas. Las deudas de la empresa, cuya máxima cabeza es el español Joseba Grajales, ascienden a dos billones de pesos al sistema público a pesar de los recursos que les envía el gobierno que fueron, entre el 2019 y el 2023 los gobiernos de Iván Duque y Petro le entregaron a Sanitas $31 billones de pesos, y aún así los incumplimientos persisten. Sanitas tiene más de cinco millones de afiliados. Una vez la Superintendencia interviene se le quita el velo corporativo y se puede investigar con más libertad. La misma dosis se le aplicó a la Nueva EPS, en donde están afiliados 10.8 millones de colombianos, las intervenciones tienen como meta saber qué hacen las EPS con los recursos que el gobierno le entrega a la salud. Según Félix Martínez, director de la ADRES, entre enero y julio del 2023 se le han entregado a estas empresas 46,5 billones de pesos. Algunos medios han considerado esta medida como una retaliación del gobierno Petro ante las EPS después de que se hundiera en el senado la Reforma a la Salud e incluso algunos senadores del Pacto Histórico, como Wilson Arias, se refirieron a ellas como “máquinas de muerte” y afirmaron que hubo partidos a los que las EPS apoyaron económicamente en sus campañas. Compensar, con dos millones de usuarios, le pidió al gobierno ser liquidada también por su situación económica. Su gerente, en entrevista con W Radio, le dio la razón al presidente Petro y sostuvo que el modelo de salud del país en este momento es insostenible. Esta mañana el contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo; la procuradora general, Margarita Cabello Blanco; y el defensor del pueblo, Carlos Camargo, tuvieron una reunión que se llamó “La cumbre de las Ías” que tenía como fin revisar el informe que hizo la contraloría sobre las Entidades Prestadoras de Salud en el cual se probaría los malos manejos que han hecho las mismas. El informe fue revelado primero por Daniel Coronell en su Reporte en la W Radio y luego por la revista Cambio. En él se concluye que en plena pandemia, entre 2020-2021, las EPS desviaron 9 billones de pesos de las UPC, que es lo que paga el gobierno a cada entidad dependiendo de sus afiliados. En el informe la deuda de las 26 EPS con las IPS y con los proveedores de medicamentos y tecnología. Fueron más de 9 billones de pesos los que serían destinadas a compras de inmuebles con los fondos destinados a atender a los pacientes, autoaprobación de multimillonarios adelantos, pago de multas, y pagos que exceden los topes. Congresistas como María José Pizarro le han pedido a la Procuraduría y la Fiscalía investigar a la mayor brevedad lo que está sucediendo con estos recursos. Aún no se sabe cuáles son las EPS enredadas en este despilfarro.