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Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Colombiano En la consulta realizada hace unas semanas Leopoldo Múnera era claramente el favorito por la población universitaria para ser el reemplazo de Dolly Montoya. En la consulta previa obtuvo el 34.3% de los votos seguido por Raúl Esteban Sastre con un 22%. El tercero en disputaba estaba lejos, José Ismael Peña con apenas el 8.3%. Leopoldo Múnera parecía, acaso, el rector idóneo. Profesor con largo recorrido en la facultad de derecho, doctor en Ciencias Políticas, Múnera tiene experiencia dentro de la universidad: vicerrector en la sede de Bogotá, decano de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, su votación tendría que ser ratificada en la votación del Consejo Superior Universitario (CSU) este 21 de marzo. Este está integrado por ocho miembros, la ministra Aurora Vergara, dos miembros designados por el presidente, un representante del Consejo Nacional de Educación Superior, un ex rector, un miembro del Consejo Académico, un representante elegido por los profesores y otro elegido por los estudiantes. Sobre las siete de la noche el estudiantado esperaba el resultado de las deliberaciones. Expertos, como Rodrigo Uprinmy, afirmaban que lo normal es que Múnera fuera el rector ya que, cuando hay tanta favorabilidad por parte de la comunidad estudiantil hacia un candidato, lo correcto es respetar esa voluntad y no entrar en conflicto. Se sorprendieron con el resultado. Se sorprendieron además de que la votación hubiera sido secreta y cuyos resultados se conocieron cerca de las diez de la noche.  El nuevo rector era José Ismael Peña, actual vicerrector de la sede de Bogotá. Es ingeniero de sistemas graduado de la misma institución, con especializaciones en Pedagogía, Filosofía de la Ciencia y Gestión ágil de proyectos de la Universidad de Ginebra en Suiza. Inmediatamente seiscientos estudiantes taparon la carrera 30 en señal de protesta por una decisión que, para Jennifer Pedraza, actual congresista y quien fuera la presidenta de los estudiantes de la U Nacional, ¿calificó de inadmisible “Cómo pueden pasarse por la faja la decisión contundente de la Universidad Nacional? ¡Señores CSU, respeten a estudiantes, profesores y egresados/as de la UN! ¿Cuál es el miedo a respetar la voz de la comunidad? Pudieron estar a la altura de la historia”. Las manifestaciones del pasado jueves 21 de marzo pueden ser apenas el comienzo de lo que se avizora como un gran paro universitario. La confrontación está abierta. El gobierno nacional,  a través del presidente Gustavo Petro, afirmó que sus dos miembros que estaban en el CSU votaron por Múnera. A través de la cuenta de X el presidente expresó su inconformidad con la decisión: “Se instituyó en la constitución la autonomía universitaria, pero la autonomía no ha sido acompañada de la democracia universitaria que debe ser constituida”. A pesar del revuelo que causó su elección, la Universidad Nacional presentó a su nuevo rector de la siguiente forma: "Su trayectoria, hoja de vida y su experiencia académica y administrativa fueron los parámetros para elegirlo en el cargo. Su nombre fue seleccionado dentro del grupo de cinco elegibles, entre los que también estaban los profesores: Leopoldo Múnera Ruiz, Raúl Sastre Cifuentes, Juan Pablo Duque Cañas y Germán Albeiro Castaño". A pesar de esta sorpresa para Alejandro Chalá, investigador de la línea de Gobernabilidad y Democracia, la elección de Peña no es extraño debido a que desde el 2012, cuando se elige a Ignacio Mantilla, la Nacional va a preferir a un rector con capacidad de gestionar recursos desde afuera que la misma gestión interna:  “La mayoría de las rectorías de la Nacional desde el 2012 han buscado elegir rectores que tengan capacidad de negociación con la burocracia y el legislativo, pasó con Dolly Montoya quien, a pesar de las cifras internas, generó un relacionamiento estratégico con la burocracia encargada del tema educativo. Principalmente se vuelven importantes este tipo de rectores más ligas al lobby porque su gestión se centra en la búsqueda de recursos más que en la gestión interna. Como mantilla ha estado presente desde el 2012 hasta ahora en el CSU, es el representante de los ex rectores, eso significa que ha habido el intento de mantener la línea de lobby que se gestionó con él”. Por eso la universidad ha tenido rectores que no son populares dentro de la institución como sucedió con Dolly Montoya. De Peña se espera que sea un puente con el congreso para la consecución de recursos.  La polémica apenas empieza.

Por: Guillermo Linero Montes La bandera principal del actual gobierno es el cambio. El cambio total, porque el país ha estado maniatado y lo sigue estando mientras el poder lo mantengan un régimen y una clase política indolentes, que sin ser sepultureros, ni forenses, ni tampoco agentes de pompas fúnebres, fueron capaces de enriquecerse por cuenta de la muerte de indefensos connacionales. Piensen, por ejemplo, en los políticos corruptos que raparon los dineros destinados para la alimentación infantil; o piensen en los empresarios de la salud que invirtieron el dinero destinado para curar a los enfermos, en sus negocios privados, sin importarles los miles de muertos ocasionados a la población. Piensen asimismo en la llamada narcocracia –una simbiosis entre políticos corruptos y criminales de la delincuencia organizada- productora de una cultura defectuosa, sin educación, sin pensamiento, sin arte, sin ética ni humanidad; la cultura traqueta: “Plata es plata y bala es lo que hay”. La Constitución del 91, así la hayan diseñado miembros del M19 y políticos representativos de los partidos Liberal y Conservador, fue una respuesta natural de la misma ciudadanía al desbarajuste social de aquellos días, y en buena parte fue por causa de la falta de contemporaneidad de la  constitución de 1886, que había traspasado los cien años de vigencia. En efecto, la Constitución del 91 fue una decidida apertura política y social, y el soporte del derecho a la denominada “participación política”. Un principio connatural a la democracia, monopolizado en Colombia por dos partidos políticos de distinto color emblemático e idéntico color ideológico, que conformaban la yunta de la derecha excluyente. Aun así, 33 años después de establecida aquella carta constitucional, resulta normal -teniendo en cuenta su condición de herramienta política y económica de naturaleza inamovible- su actualización con reformas, máxime si la función de las constituciones es determinar el comportamiento de una sociedad de espíritu cambiante. La constitución del 91, pese a su factura de nobles propósitos, pareciera en desuso, o tal vez inaplicable, porque las reformas que les han realizado la han convertido en algo que no merece respeto. Pese a ello, algunos politólogos y juristas, en una suerte de reflejo de su propia inercia, ven en las modificaciones y cambios a las constituciones, una dramática ruptura, una cruenta revolución, un desmerecido cambio de poder y, sobre todo, ven un modelo económico ajeno a las prácticas inescrupulosas que les son favorables; pero no ven la búsqueda del perfeccionamiento, ni perciben  la decisión de una sociedad de volcarse al progreso. Quienes se oponen a la modificación o cambio de las constituciones, olvidan que estas se congelan en el tiempo, pues no evolucionan por sí solas, como sí lo hacen las sociedades. Un día, quiérase o no, cualquiera que sea la constitución quedará para prestar servicios de valor historiográfico, como el estudio inequívoco de los momentos históricos –los hechos económicos, políticos y sociales- de las sociedades precedentes que, constitución tras constitución, nos han venido moldeando la conducta social. En este comienzo del siglo presente, existen muchas diferencias en los modos y maneras con el final del siglo pasado y, como en pocos estadios de la historia, la sociedad ha empezado a vivir cambios valiosos, no sólo por los avances de  las comunicaciones con la internet y sus redes sociales –de inefable importancia evolutiva- sino especialmente por el desarrollo de la autocrítica acerca de cómo debemos actuar en calidad de seres humanos habitantes de un planeta en riesgo. Si bien, en Colombia la conciencia de la comunión, no sólo entre humanos sino además con el medio ambiente, proviene de los tiempos de la constitución del 91, es también cierto que apenas se devela como una conciencia colectiva; y a esa nueva visión de la vida, humanizada por ser una visión de espejo, habrá que reacomodarle las reglas de juego sociales, las reglas económicas y políticas o, más exactamente, habrá que diseñarle una nueva carta política constitucional que le case. No en vano, la misma Constitución Política de Colombia, en su artículo  374, prevé que "podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo". Empero, de las numerosas reformas que se han hecho a la constitución del 91, ninguna ha sido a través de una asamblea constituyente, una sola fue por medio del referendo, y más de 40 veces lo fue por medio del Congreso. Lo grave de esto último, y por ello el país se encuentra destruido, es que el congreso (políticos y ex presidentes) únicamente intervenían la constitución para evitarla en su esencia, quitándole aquello que les menguaba el poder y agregándole mecanismos legales que se los blindara. Finalmente, cabe explicarle a quienes dicen que el presidente busca perpetuarse en el poder, que los tiempos establecidos para convocar a una asamblea nacional constituyente, los tiempos de su procedimiento, no caben en un período presidencial, al menos que haya sido un propósito previo de la campaña política de pre elección, como no fue el caso de la campaña de Gustavo Petro. Convocar una asamblea Nacional Constituyente, estando próximo a la mitad de su periodo de  gobierno, como lo ha hecho el presidente, devela su desinterés por una reelección y, al contrario, connota su coherencia en la misión de instaurar un modelo de Estado equitativo, que obligue a sus gobernantes a tener en cuenta a todas las personas y a buscar solución a los problemas que afectan, a la población connacional y a los cohabitantes del planeta entero. De modo que la respuesta a la pregunta que da título a esta nota, es muy proverbial: la constituyente del presidente Gustavo Petro, apunta hacia el futuro del progresismo y no hacia el futuro del petrismo.

Por: Redacción Pares Este 21 de marzo la Corte Suprema de Justicia condenó a Luis Alberto Monsalvo Gnecco a 21 años y 8 meses de prisión por irregularidades con el Programa de Alimentación Escolar, PAE. La Corte además le cerro la puerta en la cara de una posible prisión domiciliaria. Fue la Fundación Paz y Reconciliación y la Veeduría ciudadana, quienes pusieron la lupa sobre el caso y lograron que en agosto del 2021 el tribunal superior de Bogotá impusiera una medida de aseguramiento sobre quien fuera el gobernador del Cesar. El contrato en cuestión se celebró entre el departamento del César y el Consorcio de Alimentación Escolar A Salvo, y en dicho documento se establecía un plazo de 59 días de operación con una inversión de $17.140 millones. Este contrato, como estableció la Fiscalía, no cumplía con lo legalmente establecido, por lo que a Monsalvo se le imputaron los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Los entes de control lograron hallar que hubo una presunta malversación de los fondos públicos por cerca de $3.000 millones, lo cual se habría dado a través de posibles sobrecostos en productos alimenticios. Por ejemplo, se habla de que cada kilogramo de hígado se había pasado por un valor de $65.406, un precio mucho mayor al regular. Adicionalmente, desde la Fiscalía se aseguró que en las verificaciones que hicieron se identificaron, por lo menos, nueve inconsistencias entre las que están: falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. En esta infografía, publicada hace dos años, queda claro como el Clan Gnecco movió sus fichas para realizar uno de los crímenes más atroces: robar al más pobre.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: El Tiempo Fue Eduardo Umaña Luna, mítico profesor de la universidad Nacional, quien les aconsejó a los jóvenes alumnos que empezaban a componer un colectivo de abogados, atraídos a defender las causas justas, que le hicieran un homenaje a un defensor de campesinos en los Llanos Orientales quien en 1953, mientras iba en su balsa por uno de esos indómitos ríos, se hundió para siempre. Como tumba tuvo una cruz de palo, nada más. Habría que llegar alguien tan memorioso como este profesor, fundador junto con Fals Borda de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional, pare resucitarlo con sólo nombrarlo. El abogado se llamaba José Alvear. Era el agitado e infausto año de 1980, tenían encima el yunque del Estatuto de Seguridad del entonces presidente Julio César Turbay Ayala, en la que se obsesionaba, con consentimiento de la ley, con impedir que el germen de cualquier tipo de revolución entrara en Colombia. Una vez más los militares poblaban América, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, el Brasil del general Baptista, la Bolivia de la Junta de los Comandantes. Turbay, más que un presidente, parecía una caricatura. Su corbatín y su voz aflautada eran una invitación a la burla, a las imitaciones. El M-19 se ensañó contra su gobierno haciéndolo quedar en ridículo con golpes demoledores de publicidad como el robo de armas del Cantón Norte o la toma a la Embajada de República Dominicana. La manera que encontró él y sus generales de desquitarse fue reprimiendo. En esa época este colectivo de abogados se llamaba la Asociación Nacional de Profesores, Asonalpro. La orden de allanamiento incluyó destrucción de documentos, de objetos, una intimidación total y absoluta. El faro de pensamiento es el profesor Eduardo Umaña Luna pero lo siguen jóvenes abogados como su hijo, Eduardo Umaña Mendoza, quien sería abaleado en su despacho por órdenes de los paracos 18 años después, Eduardo Carreño Wilches, hijo de una familia campesina que llegó desplaza de Boyacá en plena época de la violencia, Daniel Medina, Luis Castro Murcia, Rafael Soto Beltrán. Hay dos personajes que posteriormente se unirían al colectivo y que tienen historias muy atractivas. Uno de ellos es Rafael Barrios Mendivil, barranquillero que renunció de un cargo que le daba lustre y buen sueldo, el de ser asesor del director de control del Banco de la República, pero ante la amenaza de la instauración de un régimen con visos de dictadura, era mejor abandonar lo que tenía y ponerlo todo. El otro gran personaje se llama Alirio Uribe Muñoz, nacido en Aratoca Santander y que debutaría en el fragor de las luchas sociales durante el gran paro de 1977 mientras apenas era un estudiante de bachillerato. Alirio tiene la energía fulgurante de los 17 años, así que mientras de día estudia en la Facultad de Sociología de la Nacional, de noche lo hace en la Universidad Católica con su carrera de derecho. Así que más que un abogado es un humanista. Eran 12 los abogados que estaban en esa época. Estaban en la mira del ejército por un hecho muy concreto, buscaban que los civiles no fueran juzgado por tribunales. Turbay, dando palos de ciego, detuvo a 1.200 personas a las que encerró en las caballerizas del Cantón Norte y algunas fueron sometidas incluso a tortura acusadas de pertenecer al M-19. Allí entran en contacto con comandantes del M que después pasarían a ser parte de la leyenda nacional como Iván Marino Ospina o Carlos Pizarro. El Colectivo José Alvear pasó a ser la inspiración de jóvenes estudiantes de derecho que querían defender las causas justas. Uno de los lemas de una organización que ya tiene 44 años de existencia es la de no defender a nadie que esté procesado ni por narcotráfico, i por delitos sexuales, ni por secuestro de niños, ancianos o mujeres embarazadas”. Pero han defendido las causas sociales que generaron atropellos del Estado tan devastadores como la retoma del Palacio de Justicia, una estrategia urdida por la propia cúpula del Ejército para dejar entrar al M-19 al lugar y luego tener la excusa perfecta de contraatacar con fuerza desmedida. La retoma dejó desaparecidos, personas calcinadas y, lo más grave, acabó con los 11 magistrados de una de las Cortes Supremas de Justicia más intachables y prestigiosas de la historia. Para la historia quedaron las trémulas palabras del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien suplicó por el cese del fuego que generaba la retoma con estas palabras dichas desde el baño de Palacio donde perdería la vida : “Estamos en trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos, tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el ejército y la policía se detengan…Ellos no entienden, nos apuntan con sus armas. Yo les ruego: detengan el fuego porque están dispuestos a todo….Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes…he tratado de hablar con las autoridades. He intentado comunicarme con el señor presidente, pero él no está. No he podido hablar con él…” El colectivo José Alvear tiene entre sus causas el de los desaparecidos de Palacio. Así como también han estado en el del asesinato del alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra a mediados de los años ochenta por parte de los MASETOS. El MAS, Muerte a Secuestradores, fue creado en una cumbre que organizó el Cartel de Medellín después de que ordenaran el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana menor del clan Ochoa, los hermanos socios de Pablo Escobar. Se crea un fondo común y se empieza a darle duro al M-19 y hasta a organizaciones estudiantiles. Si bien el modelo de autodefensa ya se había desplegado en Magdalena Medio, el MAS puede leerse como la semilla del paramilitarismo que vendría a sembrar el terror unos pocos años después. Los abogados emprendieron la tarea de darle asesoramiento jurídico y defender casos emblemáticos como los asesinatos selectivos a miembros y líderes de la UP, como fue el caso de Álvaro Garcés Parra, alcalde de Sabana de Torres, en una combinación armada por miembros del ejército y del MAS. En algunos de los más de 100 casos que han afrontado han demostrado que los militares tienen las manos untadas de sangre. Los casos más emblemáticos han sido el del líder indígena Germán Escue, el de Wilson Gutiérrez Soler que fue torturado; el bombardeo de Santo Domingo, en Arauca,  el crimen de Manuel Cepeda, y las masacres de La Rochela y Mapiripán. Vinieron los gobiernos, los abusos y, después de casi tres décadas de fundados, los integrantes del Alvear sintieron en la nuca la mano gélida de un gobierno autoritario. Así fue en los ocho años que duró la Seguridad Democrática. ¿Se acuerdan de las famosas chuzadas que ordenaban Jorge Noguera y la famosa Maria del Pilar Hurtado en el DAS? Buena parte de ella iban destinadas a sus líderes, los abogados Alirio Uribe y Reynaldo Villalba. Al primero incluso llegaban a esculcarle la basura para ver con qué debilidad personal podrían intimidarlo. Las amenazas, la persecución, volvieron, sobre todo entre los años 2003 y 2005. Y casi veinte años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha dado la razón. Determinó, ojo a la gravedad de la sentencia, que varias entidades estatales hicieron actividades de inteligencia contra los integrantes del CAJAR y entregaron esa información a grupos paramilitares que luego amenazaron a los defensores de derechos humanos. “El Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas”. Es decir, en vez de cuidarlos, el Estado les servía en bandeja de plata a los paramilitares a estos abogados para asesinarlos o amendrentarlos. La sentencia determinó que el Estado violó 14 derechos entre los que se incluye el de la vida la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión. El Estado está en la obligación no sólo de pedir disculpas sino de hacer un acto reparador como el de crear un documental en donde se honre su memoria, sus luchas. Con esto, sólo en parte, se verá restituida la vida y la honra de tantos defensores de derechos humanos que lo dieron todo para defender al que no tenía nada de la furia y poder del Estado.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. La invitación a “calmarnos” que hizo la congresista Katherine Miranda es atrevida y grosera y no puede ser aceptada. Se da en el contexto de la solicitud en las redes sociales de expulsar del Partido Verde al congresista JP Hernández, quien ha demostrado un constante comportamiento misógino y ejerció violencia política de género contra la senadora María José Pizarro durante el debate de la moción de censura contra el ministro de defensa. Dicha declaración está sustentada en el estigma de que las feministas somos "histéricas" y constituye un grave error que desacredita la seriedad de nuestras demandas y busca silenciar y minimizar la importancia de nuestras reivindicaciones. Ella enumera cinco puntos en los que explica su “invitación” a calmarnos. Voy a responder punto por punto: 1.     En el primer punto ella afirma que "El partido verde jamás ha expulsado a alguien y no lo hará nunca". Al decir que "no lo hará nunca", revela que es un partido permisivo con respecto a las conductas violentas. Esta declaración sugiere de antemano que el partido está dispuesto a tolerar cualquier conducta. Si bien en otra publicación, ella "aclara" que existe un comité de ética y que todo sigue un debido proceso, esto no concuerda con lo expresado en la publicación inicial. ¿Realmente el partido verde está dispuesto a nunca expulsar a alguien? 2.     En el segundo punto ella dice que "jamás hemos usado la ley de bancadas porque respetamos el pensamiento diferente, aquí no imponemos". Si bien es democrático no esperar que toda la bancada se comporte de manera idéntica, no tolerar la violencia política de género no es únicamente un dilema ético. De hecho, hace apenas un año se debatió en la Cámara de Representantes el proyecto para prevenir la violencia política contra las mujeres, propuesto precisamente por Pizarro, quien ahora nuevamente es víctima de violencia política debido a su género. 3.     En el tercer punto ella argumenta que "Lo lindo del verde es que siempre construimos en la diferencia". Aunque construir desde la diversidad es valioso para cualquier partido político, se debe reconocer que esta diversidad no puede ser excusa para tolerar comportamientos violentos. En el caso del congresista JP, sus acciones han traspasado los límites de lo aceptable, recordemos que él respondió de manera violenta cuando dejaron en evidencia argumentos amañados en el debate de moción de censura contra el ministro de defensa. 4.     En el cuarto punto, ella afirma que "Por encima de las personas están los principios." Sin embargo, me surge la duda sobre cuáles son realmente los principios del Partido Verde. Porque en lugar de reconocer públicamente el error de haber avalado al congresista JP, la congresista Miranda opta por llamar a la calma a quienes exigimos que se aborde su comportamiento. Debería ser motivo de preocupación que una conducta tan reprobable no esté siendo rechazada de manera unánime por toda la corporación. Esto plantea dudas sobre si los principios del partido realmente priorizan el respeto o si se anteponen consideraciones políticas a la ética. 5.     Finalmente, en el quinto punto, ella afirma que "Aquí cabemos todos", lo cual resulta verdaderamente preocupante. ¿Significa esto que caben todos sin importar sus comportamientos? Esta declaración plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza democrática del partido y sus congresistas. ¿Cómo puede considerarse democrático un partido que está dispuesto a tolerar comportamientos como los de JP? Y más cuando el congresista aún no ha reconocido que su actuar fue violento, y, al contrario, ha posado de víctima de persecución política. JP está tranquilo, sabe que no leva a pasar nada. Él mismo anunció que el partido le abriría un proceso disciplinario por sus acciones y continúa posando de víctima. Sin embargo, con la respuesta que dio Miranda, podemos ver qué es lo que verdaderamente representa ese partido. Es crucial observar cómo se manejará este proceso disciplinario y si el partido tomará medidas efectivas para abordar y condenar la violencia política de género. Este será un momento para evaluar si el partido Verde está realmente comprometido con la protección de los derechos de las mujeres.

Por: Sebastián Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil En un esfuerzo por fortalecer y posicionar nuevos liderazgos desde los territorios para la construcción de paz, la Fundación Paz y Reconciliación – PARES inaugura la nueva versión del Programa de Escuelas de Liderazgo Juvenil para la Participación e Incidencia en la Construcción de Paz Territorial en Buenaventura, Tumaco, Cúcuta y Tibú. Una vez más con con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID. Las Escuelas de Liderazgo Juvenil es un programa diseñado para empoderar a jóvenes líderes y miembros de organizaciones de la sociedad civil en comunidades afectadas por conflictos, brindándoles herramientas, conocimientos y habilidades para participar activamente en la construcción de paz en sus territorios. Estas escuelas se centran en fortalecer el liderazgo juvenil, promover la participación ciudadana, y fomentar la incidencia en políticas públicas orientadas a la paz y la reconciliación. A través de un enfoque pedagógico participativo y contextualizado, las escuelas buscan potenciar el papel de los jóvenes como agentes de cambio positivo en sus comunidades, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y la construcción de una cultura de paz sostenible. Este programa se originó en año 2018 con la creación de la Caja de Herramientas "Se Juega la Vida" en colaboración con Colombia Joven, promoviendo la cultura de paz y el cambio social a través del juego y la aplicación de metodologías de innovación social. En 2021, se estableció la Escuela de Liderazgo Juvenil "Jóvenes Liderando la Reconciliación" en Risaralda, sentando las bases para futuras ediciones. Más adelante, en el año 2022, con el respaldo de AECID, se expandió a Buenaventura y Cúcuta, fortaleciendo las capacidades de 645 jóvenes en ambos territorios. También se estableció la escuela “Urakubú” en Pueblo Rico, Risaralda, con el apoyo de Diakonía, respaldando 11 proyectos productivos. En el 2023, con un enfoque especializado en la comunicación para la incidencia y el desarrollo comunitario se desarrolló la primera versión de la Escuela de Comunicación Radial para la Paz, en convenio con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – MINTIC y el Canal 13. En este programa fortaleció las capacidades de capacidades de liderazgo y comunicación de más de 180 personas de 12 emisoras comunitarias en los municipios de Mosquera, Olaya Herrera y Francisco Pizarro en Nariño; Guapi, Villa Rica, López de Micay en Cauca; Buenaventura en Valle del Cauca; Condoto en Chocó; Agustín Codazzi en Cesar; Puerto Carreño en Vichada, Apartadó en Antioquia y Arenal en Bolívar. Como resultado de las versiones previas de las Escuelas de Liderazgo Juvenil, en el mismo año se realizó el Encuentro Nacional de Juventudes por la Paz en Buenaventura, reuniendo a más de 250 activistas y líder juveniles de todo el territorio nacional. Allí se abordó la construcción de una agenda juvenil por la paz, la participación y la inclusión que daría paso a integrar nuevos enfoques en los programas de fortalecimiento de capacidades e incidencia de la Fundación PARES. En esta nueva versión, el programa alcanzará áreas gran interés para la Fundación PARES; Buenaventura, Tumaco, Tibú y Cúcuta, territorios en los que persisten dinámicas de violencia, la presencia de actores armados ilegítimos y economías ilegales. En estos contextos, la participación juvenil desempeñará un papel crucial en la prevención y protección. Según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, estos municipios cuenta con una alta población en riesgo de reclutamiento forzado y vinculación a prácticas delincuenciales (aproximadamente un 10% de la población juvenil). Se estima que actualmente hay alrededor de 30.000 jóvenes en riesgo en Buenaventura, 10.000 en Tibú, 6.000 en Tumaco y 15.000 en Cúcuta. Por esta razón la Fundación PARES busca impactar al menos a 6.000 beneficiarios finales, a través de el apoyo y desarrollo de 20 iniciativas comunitarias en materia de incidencia, construcción de paz y resolución de conflictos locales bajo el liderazgo de los 64 jóvenes becarios del programa. La ruta formativa del programa se desarrolla a lo largo de 5 módulos, cada uno diseñado para fortalecer las capacidades de los becarios y empoderarlos como agentes de cambio en sus comunidades. Esta ruta formativa, distribuida en un total de 170 horas, incluye sesiones de capacitación, comunidades prácticas, salidas de campo, encuentros ciudadanos y la implementación de acciones transformadoras. Se espera que los becarios logren incluir sus propuestas en los planes de desarrollo locales y departamentales, fortalezcan sus organizaciones para acceder a financiamiento externo, y lideren procesos de resolución pacífica de conflictos en sus comunidades. Paso a paso del proceso de inscripción Paso 1: Lectura del Manual Antes de iniciar el proceso de inscripción, se recomienda leer detenidamente este manual de la convocatoria para comprender los requisitos y el proceso de selección. Paso 2: Diligenciamiento del Formulario Accede al formulario de inscripción aquí y completa todas las secciones del formulario con la información solicitada. Se recomienda diligenciar este formulario de manera conjunta con las candidaturas postuladas. Paso 3: Envío del Formulario. Asegúrate de enviar el formulario antes de la fecha límite de cierre de convocatoria. (viernes 22 de marzo) Paso 3: Confirmación de Recepción Una vez enviado el formulario, recibirás una confirmación de recepción en la dirección de correo electrónico proporcionada. Guarda esta confirmación como comprobante de su inscripción. Paso 4: Anuncio de Candidaturas Seleccionadas El lunes 1 de abril de 2023, se publicarán las candidaturas seleccionadas en el sitio web oficial de la Fundación Pares. Además, se enviará un correo electrónico a los representantes legales de las organizaciones con las candidaturas seleccionadas. Paso 5: Inicio del Programa La Escuela de Liderazgo Juvenil dará inicio el viernes 5 de abril en el municipio de Tibú, y el día sábado 6 de abril en Cúcuta, Tumaco y Buenaventura de manera presencial.

Por: Oficina Pares Pacífico Foto tomada de: Alcaldía Distrital de Buenaventura En el contexto actual, abordar las violencias basadas en género debe ser una prioridad en la agenda política y social. En sintonía con esta urgencia, el actual Plan de Desarrollo Nacional declaró la emergencia por violencias de género, reconociendo la necesidad de acciones concretas para combatir este flagelo. En este sentido, es importante realizar una evaluación de cómo se presentaron dichas violencias en Buenaventura durante los últimos cuatro años de gobierno local, que corresponde a la saliente alcaldía de Víctor Hugo Vidal 2020-2023. Analizar los indicadores relacionados con la violencia de género, permitirá comprender su impacto y proyectar acciones futuras para la erradicación de estas violencias. Cifras de Violencias Basadas en Género en Buenaventura: Según las cifras reportadas por la Policía Nacional, en el periodo 2020 - 2023, se registró el asesinato de 26 mujeres en Buenaventura, lo que corresponde al 4,7% del total de homicidios, que fue un de 552. Adicionalmente, según datos de la Secretaría de las Mujeres de los 26 casos alrededor de 8 han sido reconocidos y/o investigados como feminicidios. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Vale la pena resaltar que organizaciones como Feminicidios Colombia, que hace un seguimiento continuo a los casos de feminicidios, constantemente eleva una alerta dado que el número de casos no siempre coinciden con los reportados por la Policía Nacional o el Instituto Nacional de Medicina legal, situación que en años anteriores ha sido expuesta por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, lo que significa que no hay certeza sobre el número de casos real de feminicidios en el país. Para el número de casos reportados de violencia intrafamiliar en Buenaventura, sigue existiendo una afectación específica a las mujeres, las cuales representan más del 84% de las víctimas, destacando que el año 2020, que fue en el que más se presentaron casos, se atravesaban las restricciones de movilidad debido a la pandemia. Si bien los dos años siguientes se presentó una disminución significativa, para el año 2023 esta cifra volvió a presentar un incremento. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva A diferencia de los reportes de violencia intrafamiliar, el número de casos de delitos sexuales, en los últimos años no presentan una disminución significativa en Buenaventura. No obstante, al igual que con la violencia intrafamiliar, las víctimas de los delitos sexuales son en su mayoría mujeres, que representan aproximadamente un 80% de las víctimas. Esta situación resalta la urgencia de abordar adecuadamente la violencia de género y la necesidad de implementar estrategias efectivas para prevenir y responder a estos delitos. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Acciones realizadas para abordar las Violencias Basadas en Género en Buenaventura: Durante la administración del alcalde Víctor Hugo Vidal 2020-2023, se llevaron a cabo diversas acciones en el ámbito de los derechos de las mujeres y la diversidad que merecen ser reconocidas. Lideradas por la Secretaría de las Mujeres, Equidad de Género e Igualdad de Derechos del Distrito de Buenaventura, Urbano y Rural, estas iniciativas abarcaron desde programas de prevención de la violencia de género hasta políticas públicas. Las acciones demostradas por la administración anterior en este sentido fueron fundamentales para visibilizar y abordar las múltiples formas de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres y personas diversas en la ciudad, de las cuales se resaltan las siguientes: Socialización de la política pública LGBTIQ+ para la conformación de la mesa de participación y concertación LGBTI. Instalación de la Red Distrital de Mujeres con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas. Acciones de fortalecimiento en el espacio en el que quedará la Casa de la mujer manglar de vida y paz. Espacios formativos en masculinidades no violentas para la prevención de las violencias en el Distrito Especial de Buenaventura. Asistencia técnica en Masculinidades Corresponsables y no Violentas, dirigido a docentes y psico orientadores de Instituciones Educativas del Distrito. A pesar de las acciones implementadas en relación con el tema de mujeres y diversidades, se observaron algunos avances, las cifras de violencia de género continuaron siendo altas y se mantuvieron de manera desproporcionada concentradas en las mujeres. Esto sugiere que, si bien se emprendieron esfuerzos, no fueron suficientes para abordar de manera efectiva los desafíos para abordar estas problemáticas en la ciudad. Acciones para enfrentar las Violencias Basadas en Género en Buenaventura: Si bien se han presentado algunos avances en el tratamiento de dichas violencias, de cara a la administración distrital entrante, liderada por la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, es importante insistir y fortalecer el trabajo articulado para lograr que la reducción de los casos sea una tendencia significativa y constante. Con especial atención en los casos que están relacionados con el la presencia de los grupos armados ilegales, que, según denuncian algunas organizaciones de mujeres, hay victimarios de estas violencias que hacen parte de estas estructuras armadas, lo que complejiza la posibilidad de que la víctima denuncie y de que pueda ser atendida. Pese a que en mayo del año 2022 se marcó un hito en el distrito al presentar el primer informe de Violencias Basadas en Género durante un Consejo de Seguridad, logrando posicionar el tema en la agenda pública, es fundamental hacer un llamado a las autoridades locales y regionales. Se espera que se tomen medidas concretas y se implementen ajustes a fin de abordar esta situación y proteger a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad, para ello se recomienda: Establecer protocolos de comunicación efectivos y coordinación interinstitucional para proporcionar una atención integral a las víctimas de Violencias Basadas en Género, especialmente en los casos relacionados el accionar de grupos armados ilegales. Fortalecer las campañas de sensibilización en la comunidad para que las personas puedan identificar las Violencias Basadas en Género y conozcan los canales de denuncia disponibles y a su vez facilitar el acceso de las víctimas a dichos canales, garantizando su confidencialidad y seguridad. Proporcionar capacitación continua en temas de género a los y las funcionarias encargadas de recibir denuncias, con el objetivo de eliminar los hechos revictimizantes en el proceso. Revisar y perfeccionar los mecanismos de registro y caracterización de los delitos, particularmente en casos de feminicidios, con el fin de corregir inconsistencias en los datos presentados por las autoridades locales y regionales. Establecer lineamientos de género y enfoque diferencial en todas las acciones de gobierno, para así lograr una real transversalización de este enfoque.

Por: Michel Levien Especialista en anticorrupción y director para México en Pares No sé por quién voy a votar en estas elecciones. Nunca sé, realmente; siempre me decido hacia los últimos días de las campañas y siempre —sin falta— me queda un sabor de boca muy feo. ¿Como cuando uno se tarda mucho y duda para tomarse una medicina? Así. Ahora —con los dos pies 100 % plantados en medio de las campañas— esta conversación se está teniendo cada vez más. Una de esas pláticas fue así: -        ¿Por quién vas a votar? -        Todavía no sé. -        Y, ¿cómo vas a decidir? -        Todavía no sé. Un demóstenes, yo, como pueden ver. Pero la plática me hizo pensar en cómo hacemos para tomar esa decisión cuando no queremos tomarla a la ligera. Porque —claro— siempre va a estar quien diga que nuestro voto no cambia nada (falso) y nunca va a faltar quien asegure que debemos salir a votar porque cada voto cuenta (tampoco muy cierto, que digamos). En especial la pregunta es interesante en los zapatos de alguien que no sabe cómo escoger, pero que tampoco quiere ser mal ciudadano. ¿Cómo decido por quién votar? Mi abuela —una mujer que creció sin estudios y con pocas oportunidades— lo tenía muy claro; ella siempre votaba por el PRI porque mi abuelo —un hombre que creció sin estudios y con poca visión— le ordenaba «Tú siempre vota por el PRI». Un método fácil, pero incompatible con la civilización que queremos en el siglo XXI. En generaciones más recientes era también común escuchar «Vota por el que —aunque robe— haga algo». Un método pragmático y realista, pero totalmente contrario a la decencia que las candidatas nos deben a la ciudadanía. Yo mismo pensé en, al menos, dos elecciones presidenciales «voy a votar por el[1] menos peor; ninguno1 es bueno, pero al menos por el “menos peor”». Este método —además de ser un cliché feo y chafa— es irresponsable (y también fácil). Es irresponsable porque el voto se delibera un ratito antes de la elección y se regala con resignación quien da menos señales malas que buenas. Y ya. ¡Y ya; nos vemos en seis años! ¿No nos merecemos algo más que un voto resignado? ¿No nos merecemos una ciudadanía que vote, pero que le dé seguimiento a su voto? Es que en realidad —y esto es lo que me hace torcer la boca— no es cómodo votar y dar seguimiento a mi voto. Es más cómodo votar y fingir que, solo por eso, ya me merezco los beneficios de ser un ciudadano responsable. Pero, como todos entendemos en algún momento de la vida, eso no es compatible con la realidad. No es compatible con la realidad —en especial, la realidad de México en 2024— alzar los hombros, mover la cabeza de lado a lado y decir «esto no es lo que votamos». O, al menos, no es compatible con la realidad de una democracia que ya no es adolescente. Votar por «el menos peor» es aceptar —en lo más íntimo de nuestra mente y de nuestro corazón— una verdad horrible: el sistema de partidos escoge qué nos sirve de comer y nosotros solo escogemos lo que nos parece menos repugnante. Si nosotros mandamos un mensaje diferente, los partidos no van a tener otra opción más que escucharnos y empezar a subir el nivel de sus candidatas. Así fue como caí en esto de votar por «la más gobernable». Tratando de sacarle jugo a las colegiaturas del pasado intenté imaginarme cómo puedo votar y darle seguimiento a mi voto. ¿Cómo darle seguimiento al voto en un gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo en uno de Xóchitl Gálvez? ¿Cómo en uno de José Antonio Meade; de Ricardo Anaya; de Josefina Vázquez Mota; de Gabriel Quadri; de Roberto Madrazo; de Patricia Mercado? Con las instituciones que rodean a la presidencia. Me tardé, pero me quedó clarísimo que son políticas y políticos y eso, naturalmente y sin excepción alguna, significa que son reptiles oportunistas e inescrupulosos. Repito para disipar dudas: Los políticos son reptiles oportunistas e inescrupulosos. Pero hay más y menos oportunistas. Hay más y menos inescrupulosos. Hay más y menos controlables; y —aquí mi superdescubrimiento— hay más y menos gobernables. No es necesario decidir cuál es menos peor; es mucho mejor encontrar cuál de las candidatas será la más respetuosa de todas las instituciones que rodean a la presidencia. Si Xóchitl Gálvez es presidente, ¿va a escuchar a las organizaciones internacionales? ¿Qué tal a los tribunales internacionales, los nacionales y los estatales? ¿A las diputadas y senadoras? Si Claudia Sheinbaum es presidente, ¿va a respetar los compromisos que México tiene con la comunidad internacional? ¿Va a escuchar recomendaciones de cuerpos intergubernamentales? ¿Va a oír a los congresos federal y locales? Cuando Claudia o Xóchitl se encuentren con un amparo[2] o una sentencia de una juez, ¿la van a obedecer? Cuando se crucen con una decisión o una orden del INAI (transparencia y datos personales); del IFETEL (comunicaciones); de la COFECE (antimonopolio); de la CRE (energía); o del INE (elecciones), ¿van a ser respetuosas de los límites que fija la ley o van a ser ingobernables? Esto es exactamente lo que necesitamos descubrir. Arriba escribí «votar y darle seguimiento a mi voto». En acciones y realidades eso significa que, una vez elegida la presidente, será nuestro trabajo acercarnos a nuestras diputadas y senadoras; a las fundaciones, asociaciones civiles y ONG que se dedican a cuestionar el poder; a las jueces y tribunales que pueden poner límites legales a las funcionarias públicas, incluyendo a la presidente;  y a los medios de comunicación y de información que vive —o deberían— de reportar cada detalle de la vida pública. Votar y dar seguimiento a mi voto significa que, una vez que tú y yo decidamos quién es la próxima presidente de México, nos toca hacer lo que tengamos que hacer para asegurar que haga su trabajo y lo haga bien. Podemos hacer esto con sentencias, con recomendaciones, con reportajes, con iniciativas, con manifestaciones y, sí, hasta con periodicazos. En realidad ese fue mi gran superdescubrimiento; hay un montón de instituciones que pueden ayudar a la ciudadanía a vigilar al gobierno, pero para eso hay que escoger a una gobernante que sepa respetar estas instituciones. La verdadera pregunta es «¿Cuál de las dos candidatas es #LaMasGobernable?» Vota por esa; así le voy a hacer yo. [1] «El» y «ninguno» porque, claro, las candidaturas que, según yo, tenían posibilidades «reales» eran de señores; todos hemos hecho cosas penosas. [2] Yo sé que, en realidad, se llaman «suspensiones provisionales/definitivas» dictadas dentro de juicios de amparo, pero ustedes me entienden.

Por: Redacción Pares Foto tomadas de: andresjulian.com y casadenariño El pasado 18 de marzo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se encontró con Gustavo Petro en Apartadó. En la reunión le pidió que se levantara el cese al fuego en Antioquia con el EMC y el ELN. Su argumento fue el siguiente: “lo hemos visto en regiones como la del Nordeste de Antioquia, unos posando de insurgentes, otros de contrainsurgentes, pero todos detrás del botín del narcotráfico y de capturas de rentas como la extorsión”. La relación entre Rendón y Petro ha sido, por lo menos, tirante. Ambos están en las antípodas. Pocos días después de su elección como gobernador asistió a una reunión en el Palacio de Nariño con otros 18 gobernadores. Rendón fue el más crítico. Acusó al presidente de tratar de crear un “imperio de la paz” a través de su propuesta de negociación con los grupos armados que, buena parte de ellos, se han establecido en Antioquia. La confrontación entre gobernación y presidente se trasladó al campus de la universidad de Antioquia en donde ambos tienen sus fichas para ser el nuevo rector y, sobre todo, a la asignación de los 4 billones de pesos que necesita Antioquia para terminar sus vías 4G. Ante la renuencia del gobierno para dar esos recursos -las carreteras no son la prioridad en el país sino la necesidad de calmar la sed de poblaciones que no tienen agua en La Guajira- Rendón insinuó incluso hacer un referendo para descentralizar el país y que cada región pueda tener autonomía presupuestal. Incluso, volvió a aparecer en la agenda pública una idea que viene desde la Constitución de Rionegro en el siglo XIX, la de Antioquia Federal. Ante la renuencia de Petro para la asignación de los recursos Álvaro Uribe apareció en la escena proponiendo hacer una vaca para financiar las vías de Antioquia. El cálculo que hizo el expresidente fue el de que, entre un millón de antioqueños casa uno pusiera un millón de pesos para concluir la obra que está obsesionado al gobernador de Antioquia: concluir el túnel del Toyo que serviría para comunicar a Medellín con Urabá. La idea fue abrazada con fervor por el propio Rendón que incluso habló de crear un fondo para que los antioqueños aporten a la causa. La historia de Rendón y de Uribe se remonta a la primera década de este siglo. Con apenas 25 años fue nombrado asesor del ministro de Hacienda Roberto Junguito Bonet. Después Uribe le daría un cargo muy importante, el de ser el delegado del gobierno en la Federación Colombiana de Cafeteros. Su hombre de absoluta confianza en ese momento, Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura y quien apuntaba a ser su sucesor en la presidencia, le hablaba maravillas de su desempeño. Andrés Felipe Rendón no esconde su fervor por el expresidente. Mientras fue alcalde de Rionegro en el 2015 -avalado por el Centro Democrático- se inspiró en Uribe para dos de sus programas bandera: asignar una pequeña pensión a 3.500 adultos mayores en el municipio, a través del modelo de programa de beneficios económicos periódicos que usó el propio Uribe en su segundo gobierno. Liquidó el hospital Gilberto Mejía Mejía y lo unificó con el San Juan de Dios. En septiembre del 2023, en un programa de televisión retransmitido en Youtube, en plena campaña a la gobernación, Uribe aplaudió esa medida diciendo que admiraba la austeridad en su administración “al unificar la gerencia de los dos hospitales estos rindieron mucho más”. Pero en lo que más se ha inspirado Rendón es en el tema de la seguridad. Sin empacho el actual gobernador de Antioquia ha felicitado públicamente a Uribe por sus años como presidente: “Usted nos enseñó a que la seguridad no es sólo de la fuerza pública sino algo que debe asumir la autoridad civil” y en plena campaña le aseguró, en una conversación en donde también participó Luis Guillermo Vélez, que en ese momento era cabeza de lista del Centro Democrático al Consejo de Medellín que iba a manejar la seguridad de Antioquia como él la condujo mientras fue gobernador de Antioquia. Incluso yendo en contravía de lo que piensa el propio presidente Petro en materia de Paz Total. Su propuesta de frentes de cooperación ciudadana, que implementó durante su alcaldía en Rionegro, hacía recordar peligrosamente a las CONVIVIR de Uribe, cooperativas de seguridad que se convirtieron en el caldo de cultivo para el surgimiento y auge de los grupos paramilitares a comienzos de este siglo en el país. Mientras fue alcalde de Rionegro la Procuraduría le abrió una investigación por presuntas irregularidades en la contratación del Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo de Rionegro (Sitirio). En su equipo de campaña cuenta con pesos pesados del uribismo como la senadora Paola Holguín y el representante Hernán Cadavid. Mientras una parte de los antioqueños ve como una necesidad la inversión en infraestructura vial hay otra que recuerda las desigualdades que atacan al departamento. En su última columna en el portal de Paz y Reconciliación el profesor de la Universidad de Antioquia recuerda estos datos:  “De allí que cabe la pregunta a los proponentes del millón de pesos para la vías 4G: ¿de dónde sacarán los donantes? Pues restando los 5 millones de personas que aguantan hambre en el departamento —con los cuales sería injusto contar en esta propuesta—, quedan menos de dos millones de antioqueñas y antioqueños que, aunque no están en situación de inseguridad alimentaria, muchos de ellos se caracterizan por tener empleos precarios, con ingresos cercanos al salario mínimo y con bajos estándares en calidad de vida”. Mientras tanto Uribe ya empieza a mover sus fichas para un posible retorno a la Casa de Nariño. En Rendón encuentra la ilusión de un nuevo “uribito”, alguien formado políticamente en su entraña, en su tierra y que posee una de las cualidades que él más valora: la lealtad. La vaca que propone el expresidente y que su pupilo el gobernador a abrazado con absoluto convencimiento será una encuesta, una toma de pulso sobre cómo están las cosas de cara las presidenciales del 2026 y una de mantener a la masa del Centro Democrática unida de cara a los próximos años. La campaña la arrancó Uribe ya.

Por: Isabela Puyana Foto tomada de: Infobae Buscando un avance hacia la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica, Colombia introdujo el primer bus de hidrógeno. Este proyecto, según afirman sus inversores, Ecopetrol, Fanalca, la Federación Nacional de Gestores Energéticos (Fenoge) y Green Móvil, busca marcar un hito en el camino hacia la descarbonización del transporte público en el país, al tiempo que demostrar un compromiso con la adopción de energías limpias y renovables. El bus de hidrógeno funciona mediante la conversión de energía química en electricidad a través de una reacción electroquímica entre el hidrógeno y el oxígeno, produciendo como único subproducto vapor de agua. Esta tecnología busca ofrecer una alternativa limpia, a diferencia de los vehículos convencionales que funcionan con combustibles fósiles. Aunque el proyecto del primer bus de hidrógeno representa un avance significativo hacia la sostenibilidad en términos de planeación y diseño, también plantea desafíos y consideraciones. “Este proyecto costó alrededor de 7 millones de dólares. Desde el montaje, el electrolizador, el bus, el parque solar de donde va a provenir la energía y la generación del hidrógeno. Ha sido un proyecto costoso, pero adicional a eso, si uno quiere masificar los buses, necesitaría un suministro de hidrógeno permanente con el cual no se cuenta en este momento en Bogotá.” Afirma Fernando Cardona, experto en Hidrógeno Verde y Minería, Asesor del Centro de Pensamiento de Transición Energética de Pares. Cardona, quien analizó las condiciones actuales del bus y quien ha formulado distintos proyectos a base de hidrógeno verde en otras zonas del país, asegura que el bus no cuenta con las condiciones naturales más prácticas para la generación hidrógeno o para la producción de energía renovable que alimente el electrolizador. Los inversores de los buses de hidrógeno aseguran que tienen costos iniciales altos debido a la infraestructura necesaria para su producción, almacenamiento y distribución y argumentan que los costos operativos a largo plazo podrían ser más bajos, especialmente si se tienen en cuenta los beneficios ambientales y la posibilidad de utilizar fuentes de energía renovable para producir el hidrógeno. El éxito a largo plazo del proyecto dependerá de la disponibilidad de una infraestructura adecuada de hidrógeno, incluida la capacidad de producir y almacenar hidrógeno de manera segura y eficiente, así como la instalación de estaciones de carga adecuadas en todo el país, sin embargo, es un proyecto que, por sus condiciones se prolongará en el tiempo. Otro desafío importante es la capacitación y la adaptación de los operadores y técnicos de mantenimiento para trabajar con esta nueva tecnología, así como la educación y concienciación del público sobre los beneficios de los vehículos de hidrógeno y la necesidad de adoptar un enfoque más sostenible hacia el transporte. Así mismo, Santiago Aldana, Experto en Hidrógeno verde de la Fundación Polen Transiciones Justas, quien ha analizado el sector en países como Alemania, asegura:“Si bien el transporte es un sector muy chiquito, no es tan fácil que en términos de instalaciones o mantenimiento sobre la tecnología actual, no cualquier persona domina, todos los vehículos. Ni siquiera Alemania que tiene grandes ingenieros tendría esta capacidad”. A pesar de estos desafíos, el lanzamiento del primer bus de hidrógeno en Colombia representa un paso importante hacia un futuro más limpio y sostenible. Aún así, existen otros escenarios que se consideran viables para el uso de hidrógeno verde que según estos expertos, pueden ser más rentables y que podrían llevarse a cabo más rápidamente. “Otro sector que eventualmente podría ser interesante para la implementación de hidrógeno verde son los trenes, aprovechando que en Colombia actualmente está en auge revivir estas líneas y construir nuevas alrededor de las ciudades principales en cercanías, todo esto podría ser interesante de contemplar para hacer la implementación del hidrógeno a partir de diferentes fuentes”. explica Cardona. También argumenta que de acuerdo a las condiciones económicas que tenemos en Colombia, a la infraestructura y la tecnología, podría iniciarse un proceso de dualización para la movilización en el que haya reemplazo parcial de Diesel por hidrógeno. Esto se trata de tener la opción de implementar el hidrógeno con un vehículo, pero en si se necesita que haya repostaje con combustible Diésel, poder hacerlo.

Por: Juan Manuel Velandia, Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad y Daniel Casallas, pasante de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Poll Mx El Estado de Jalisco es uno de los nueve estados que renovará la gubernatura en elecciones de este 2 de junio de 2024. Alrededor de 6 millones de personas saldrán a ejercer su derecho al voto para elegir al sucesor del actual gobernador Enrique Alfaro y a los nuevos sucesores de las 125 presidencias municipales que componen al Estado, además de 38 diputados estatales. Mapa Político 2018-2024 En la actualidad, la distribución política se encuentra de la siguiente manera. En primer lugar, el control político de Jalisco lo mantiene el partido Movimiento Ciudadano, quienes desde los comicios electorales por la gobernación de 2018 se consolidaron como los grandes vencedores con Enrique Alfaro como candidato ganador a la gubernatura. Posteriormente, en las elecciones locales de 2021, obtuvieron 47 presidencias municipales, incluyendo la capital Guadalajara. Este poderío se evidencia también en la conformación del Congreso del Estado, donde lograron sacar 16 diputados de los 38 que se escogen; es decir, 42% de la cámara. El segundo partido con mayor presencia electoral en el estado es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, en 2021, logró consolidar (25) presidencias municipales, en tercer lugar se encuentra el Partido Acción Nacional (PAN) con (19), en cuarto lugar aparece Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con (13),  en quinto lugar se encuentran los partidos Hagamos Jalisco (Partido Estatal)  y Verde Ecologista de México (PVEM) con (5) presidencias municipales cada uno, en sexto lugar el Partido Encuentro Solidario (PES) con (3), en séptimo lugar el Partido local Fuerza Méxicocon (2) y, por último, los  Partido del Trabajo (PT); Partido de la Revolución Democrática (PRD); y los partidos estatales Futuro y Somos cuentan con (1) presidencia municipal cada uno. Mapa Electoral para la Gobernación En la carrera por la Gobernación participan tres personas:  1) Pablo Lemus Navarro, avalado por el partido del gobernador Movimiento Ciudadano; 2) Claudia Delgadillo por la Coalición Sigamos Haciendo Historia integrada por los partidos que ostentan el gobierno federal Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT); y, 3) Laura Haro quien se presenta por la Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolución Democrática (PRD), la coalición de oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con las preferencias electorales, la pelea está entre los dos primeros para quedarse con el primer cargo del Estado. Así van las encuestas Según la última encuesta electoral realizada por Destino 24, con corte al 19 de febrero de 2024, muestra dos mediciones distintas que evidencia como la carrera para la Gobernación se encuentra abierta entre Pablo Lemus Navarro y Claudia Delgadillo. De los resultados de la primera medición se resaltó que la afinidad de la población de Jalisco a únicamente un partido político se concentra en Morena con un (41%) y en Movimiento Ciudadano con un (36%), seguido del PAN y el PRI con el (9%), respectivamente. Estos resultados evidencian la imagen favorable del presidente AMLO, que transmite a su movimiento político. Esta imagen se ha traducido también en apoyo a su gobierno nacional y ha logrado ganar los 22 gobiernos estatales que retienen actualmente. Por otro lado, en los resultados de la segunda medición se resaltó  la afinidad de la población de Jalisco por los candidatos que actualmente compiten por la Gobernación. Estos posicionan a Lemus (MC) como el favorito en la intención de voto con el (48%), con una diferencia considerable sobre Delgadillo con el (37%), dejando relegada en tercer lugar a la candidata Haro con el (11%). En el último sondeo electoral realizado por Polls.MX actualizado igualmente el 19 de febrero, se muestra lo apretado que se encuentra la contienda. MC se posiciona con (45%) en el primer lugar, la Coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM) con (40%) está en el segundo lugar, y en tercero está la Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco (PAN, PRI, PRD) con (14%). Así las cosas, estas encuestas muestran como el capital político de Movimiento Ciudadano, y el fortín electoral que consolida en el Estado podría rendir frutos en las próximas elecciones, en uno de los dos estados donde tiene mayor fuerza política, y en donde pretende mantener el control de la Gobernación (como en Nuevo León). Cabe resaltar que tienen encima el peso de la gestión pública del gobierno estatal en el último periodo. La gestión del saliente gobernador  Enrique Alfaro no ha estado exenta de críticas por parte de la ciudadanía y tiene un  porcentaje de aprobación de apenas al 39%. Por otra parte, no se puede dejar de lado la influencia que puede llegar a tener la popularidad de AMLO y su partido Morena en Jalisco, que pretende mantener sus 22 gobiernos estales y ampliar su poderío a nuevas regiones como este Estado. Se espera que sus candidatos regionales den la disputa mostrándose cercanos al saliente presidente o a su candidata presidencial Claudia Sheinbaum, como lo ha hecho Delgadillo, alimentándose de alguna manera de la buena acogida con la que deja su mandato como jefa de gobierno de la capital nacional, la Ciudad de México. No es menor el hito político que significó López Obrador para la política mexicana. El poderío con el que logra dejar  a su movimiento político y la favorabilidad con la que deja el cargo será de gran importancia para las elecciones nacionales de este año y para las nueve elecciones de gobernaciones como el Estado de Jalisco. Retos a los que se enfrentan El principal reto que tiene el nuevo gobernador o gobernadora de Jalisco es en materia de seguridad, donde la situación no es diferente a la del resto del país. Actualmente, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuenta con fuerte presencia en este territorio, siendo protagonistas de varios actos violentos en el último mes, como asesinatos y desapariciones. Igualmente, Jalisco enfrenta el sexenio con mayor cantidad de asesinatos: de diciembre de 2018 a diciembre de 2023 se han presentado 11.927 asesinatos, siendo una estadística creciente en los últimos 18 años. Este mismo Cartel controla el tráfico de drogas y el flujo de migrantes además de una amplia gama de negocios ilícitos. Es posible esperar que en la contienda electoral busque perfilarse en el mapa político de la mano de la violencia, para mantener el control territorial. Es notable también el incremento en los asesinatos en las primeras semanas del 2024, siendo la primera del mes de enero la más crítica para el país. En apenas 7 días se presentaron más de 300 homicidios en todo el territorio nacional, de los cuales 25 ocurrieron en el Estado de Jalisco. Asimismo, la violencia política electoral no se queda atrás.  A inicios del mes de febrero fue asesinado un precandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Mascota, lo que devela la falta de garantías electorales y el poder del crimen organizado en el territorio. Con todo esto, es insoslayable el papel protagónico que jugarán las organizaciones de la delincuencia organizada en las elecciones del 2 de Junio.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: X-historia de Colombia Hasta hace muy pocos años Antonio Navarro Wolff no había cambiado de muebles desde 1991. Poco antes de firmar, como uno de sus tres presidentes, la nueva Constituyente, el dueño de una mueblería decidió regalarle a Álvaro Gómez, a Horacio Serpa y a él un juego de muebles. Nunca los cambió. Siempre ha estado muy ocupado como para pensar en la cotidianidad. Esa rutina le ayuda a no pensar demasiado en su propia vida. Cuando en 1974 Antonio Navarro decide entrar a la guerrilla, no era ningún estudiante o profesor varado sino que estaba en el curubito. Ya se había especializado en ingeniería del Medio Ambiente en Loughnoroug University en Inglaterra, ya había sido asesor del Departamento de Medicina Social en la Universidad del Valle y hasta director del plan de Estudios de Ingeniería Sanitaria en la U del Valle. Tenía apenas 26 años. Pero no quería simplemente vivir bien. Quería ser consecuente. Formaba parte del cada vez más numeroso grupo de colombianos indignados por el claro fraude que sufrió el general Gustavo Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970 durante las elecciones presidenciales. Su respuesta fue responder al llamado que hacían revolucionarios como Jaime Bateman. El M-19 no se parecía a nada. Sigue teniendo una rutina de monje benedictino. Se levanta mucho antes que el alba, a las tres y media de la mañana y como lo dijo hace unos años a la revista Bocas, “Dios no existe, pero ayuda” y por eso madruga. Madruga desde la época en que era guerrillero. Los parches en el M-19 eran generacionales. Bateman tenía en Iván Marino Ospina a su mejor amigo, Navarro y Pizarro, eran los parceros. Petro venía atrás de él. Lo definió, en esa misma entrevista de Bocas como “un muchacho inquieto”. Lo conoció Bogotá, antes de 1985, cuando arrancaron los diálogos de paz. Petro, recuerda Navarro, alguna incluso en el colegio de él en Zipaquirá. Después la política los juntó. El primer golpe del que se tuvo que levantar fue en mayo de 1985. Estaban desayunando en una cafetería en Cali. Lo acompañaba Carlos Alonso Lucio, que en ese momento hacía parte del M-19. Aunque estaban en francos diálogos con el gobierno Betancur, un sector de la ultra derecha no quería ver a guerrilleros sentados en una mesa de negociación. Así que había amenazas. Navarro no vio al hombre que los rondaba y les lanzó la granada. Lo que recuerda fue la explosión. Afirma que la mesa de gruesa madera en la que estaba sentado lo salvó de morir. Igual se le incrustaron 136 esquirlas. Cuando despertó la pierna se le sostenía sólo por un tendón. Tenía una herida en la garganta. No podía hablar. Estaba el rumor de que los querían rematar. Había que sacarlos inmediatamente del país. Periodistas preocupados e influyentes como Juan Gossain, Laura Restrepo, Yamid Amat y aupado por el propio Gabriel García Márquez, consiguieron que fueran recibidos en México. Allí Navarro fue operado de su pierna. Recuerda que la anestesia que le dieron mientras le amputaban la pierna era la raquídea. Eso quiere decir que aunque no sentía dolor, si era consciente de todo lo que estaba pasando. Fue un recuerdo que lo acompañará hasta el final. Igual estaba acostumbrado al dolor. En 1982, cuando lo capturaron después de la fallida toma guerrillera en Flandes, lo llevaron al Canton Norte y lo torturaron. Nunca quiso saber quien lo torturó. Se conformó con saber que habían sido parte del batallón Charry. Regresó a Colombia con el perdón en el corazón. Acompañó a Pizarro en la aventura que lo llevaría a la muerte, la paz con el gobierno de Virgilio Barco. Cuando Pizarro era candidato presidencial lo mataron en un avión y lejos de abjurar del proceso exitoso que había llevado a deponer las armas dijo en televisión esta frase que quedó grabada en hilos de oro en la historia del país “Vamos a enterrar a Carlos en Paz”. Lo reemplazó en el tarjetón presidencial y obtuvo una histórica votación que lo hizo superar al candidato conservador Rodrigo Lloreda Caicedo. Fue tercero, superado por César Gaviria y Álvaro Gómez. Gaviria escuchó el clamor de los jóvenes que sacaron la tercera papeleta y convocó una nueva constituyente. La Alianza Democrática M-19 se convirtió en la tercera fuerza política y participó activamente en la creación de la Nueva Constitución. Para la historia quedaría la foto de Álvaro Gómez, Horacio Serpa y el propio Navarro Wolff firmándola. Una foto tomada el 4 de julio de 1991. Fue uno de los tres presidentes de la Nueva Constitución y el único que queda vivo. Navarro hizo una exitosa carrera política, en donde fue alcalde de Pasto, senador y trabajó de la mano de Petro en la alcaldía de este en el 2011. La relación se rompería un año después. Vinieron años muy duros que incluyeron la pérdida de un hijo de 18 años. En el 2022 intentó ser el empalme en el sector de minas y energías del gobierno Petro, pero renunció a último momento alegando motivos de salud. Su relación con Petro, es acaso, por lo mismo, tensa. En trino en los últimos días, después de que Petro sondeara la posibilidad de una nueva Constitución para que fueran aprobadas sus ambiciosas reformas, Navarro fue escueto: “no luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos”. Con su habitual discreción Navarro, con 77 años está en sus cuarteles de invierno, con la agridulce sensación de que debería disfrutar mucho más el hecho de que uno de los hombres del grupo guerrillero del que fue parte hasta 1990, sea el presidente de la República. Pero tantas cosas han pasado que ya es difícil tener alegrías.