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Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Revista Congreso y Publimetro A finales del año 2012, durante la Asamblea Nacional del Partido de la U, José Obdulio Gaviria le habló al oído una vez más a Álvaro Uribe Vélez. En ese momento el distanciamiento con el entonces presidente Juan Manuel Santos, tenía proporciones abismales. Ya era de conocimiento público que su gobierno se sentaría a negociar con las FARC, una vieja idea que nunca pudo concretar Uribe. El partido de la U estaba perdido. El consejo de José Obdulio era simple y a la vez rompedor: había que abrirse y fundar un partido centro en el “Puro centro democrático” que respetara el pensamiento del uribismo puro. En enero del 2013 se creaba el Centro Democrático. José Obdulio esperaba tener en este nuevo partido un papel protagónico. Así fue en los ocho años de la Seguridad Democrática. Es que hasta el 2002, para la mayoría del país José Obdulio era un ilustre desconocido. En los setenta y en los ochenta había sido un comunista duro, que organizó, como líder estudiantil, la primera y única huelga que ha tenido la Universidad Pontificia Bolivariana, se hizo amigo de Carlos Pizarro, quien con el tiempo sería el comandante máximo del M-19, militó en el Partido Comunista-Marxista-Leninista PCML e incluso ayudó, como abogado, a sacar de la cárcel a varios miembros de la guerrilla del EPL. Militó en varios movimientos de izquierda hasta que llegó a Firmes. Allí, el ex senador Gerardo Molina, le presentó al joven político Álvaro Uribe, quien estaba al frente a principios de los ochenta de la Aerocivil. Y algo sucedió en José Obdulio. Se convirtió en un mosquetero, en una segunda cabeza. Renunció por completo a tener cualquier aspiración política propia y se convirtió en asesor presidencial. Así lo encontramos en la gobernación de Antioquia entre los años 1995 y 1997, la sombra detrás de Álvaro Uribe, convirtiéndolo en el gobernador más popular del país, manejando ideas que se convertirían en verdaderas bombas que explotarían en el Tiempo como las Convivir. Los centenial no lo deben recordar, pero a comienzos del 2001, a meses de las elecciones presidenciales de ese año, Alvaro Uribe Vélez tenía 1% de intención de voto en unos comisos en donde, si no pasaba nada, el que arrasaría sería el político liberal Horacio Serpa. Pero pasó de todo. Las negociaciones del Caguan sostenidas por el gobierno Pastrana fueron un desastre que terminaron fortaleciendo a las FARC, Uribe -asesorado siempre por José Obdulio- resultó víctima de un atentado en Barranquilla en donde resultó completamente ileso y su imagen de héroe que se enfrentaba a los villanos insurgentes se fortaleció hasta el punto que fue presidente. Mientras tanto el poder de José Obdulio crecía. Dentro del gobierno fue un OVNI, un Objeto Volador no Identificado. Era difícil entender el cargo que tenía. Parecía más bien un visir de emperador, alguien que estaba siempre al lado suyo, como una sombra, con sus lentes transición, una versión moderna de los tétricos lentes oscuros que pusieron de moda los dictadores latinoamericanos en los setenta. Estaba claro que el asesor presidencial era el hombre que le escribía los discursos al presidente, y ayudó a convertir el uribismo en una ideología basada en un spot publicitario creado por Carlos Duque: Mano firme, corazón grande. Como denunció en su momento La Silla Vacía, aunque tenía su despacho en la Casa de Nariño el salario de él no salía de presidencia sino del Convenio Andrés Bello. Al no tener un cargo oficial estaba lejos del bien y del mal. ¿Quién podría juzgarlo, la Procuraduría, el Congreso, la Contraloría? En su defensa de que en Colombia no había conflicto interno sino que era atacado por una partida de bandoleros que se escudaban en los símbolos de las FARC y el ELN intensificó aún más la guerra. Fue un defensor a ultranza del fallido proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia que las fracciones en las cientos de bandas que hoy azotan al país. Pero la labor por la que José Obdulio se hizo más famoso fue usar los medios de comunicación para destruir a sus enemigos. Desde su columna de El Tiempo atacó directamente a Rodrigo Pardo y María Elvira Samper, los directores de Cambio, por haberle dado espacio al informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, de León Valencia, en donde se constataba que la tal Seguridad Democrática no era tan efectiva en las regiones más apartadas del país. José Obdulio, desde su procaz columna en El Tiempo, llamó a Rodrigo Pardo “Líder de la bigornia”, palabras más, palabras menos, se refería a él como una especie de barra brava antiuribista. Aunque la casa editorial El Tiempo afirmó que el cierre de la revista se debía a sus bajas ventas, el propio Rodrigo Pardo sabía de la amistad de José Obdulio con Francisco Solé uno de los directivos de Planeta, que acababa de comprar el periódico. En entrevista con José Alfredo Vargas del 2010 Pardo dice conocer rumores de que Gaviria pudo envenenar a Solé contra la revista. En su columna de El Tiempo José Obdulio, desesperado porque Nuevo Arco Iris había escrito un libro en donde se le quitaba el velo a la parapolítica, se despachó contra la joven investigadora Claudia López quien le dedicó un capítulo a la parapolítica en Antioquia. La llamó “La Torquemada del Siglo XXI” y le dedicó un capítulo en un libro que escribió con un conjunto de intelectuales para deslegitimar esa investigación. Mientras aparentemente le daba duro a los investigadores de Valencia, por debajo de cuerda lo llamaba a él y llegó a ofrecerle, incluso, el ministerio de cultura. Después de que terminaron los años de Uribe su poder fue menguando. Gaviria llegó a tener un programa de televisión en donde cargó durísimo en el 2011 contra la figura de las Reservas Campesinas, tratándolas de reductos guerrilleros. Después de lo que el uribismo puro y duro consideró la traición suprema de Santos por sentarse a hablar con las FARC, ayudó a crear el Centro Democrático en donde esperaba seguir teniendo un papel protagónico.  Nada de esto ocurrió. Incluso, lo dejaron solo. En las listas al congreso del 2014 José Obdulio ocupó el noveno puesto. Además un trino de Juan Carlos Pastrana, en donde mostraba una vieja foto del asesor presidencial al lado de su primo, Pablo Escobar Gaviria. Empezó una guerra en donde improperio iba y venía. Mientras Gaviria le decía “Violador” el hermano del expresidente Pastrana le ripostaba con otro improperio: “Narco”. Pero en ese ir y venir se dijeron verdades, por ejemplo, es fáctico que dos hermanos de José Obdulio Luis Mario y Jorge Fernando Gaviria Velez, habían sido detenidos en 1983 por su presunta participación en envíos de cocaína a los Estados Unidos. Cuando los hermanos quedaron en libertad aparecieron en la nómina de la Gobernación de Antioquia, cuando Uribe estaba al frente, ejerciendo labores de asesoría. Álvaro Uribe siempre se ha caracterizado por defender con ahínco a sus amigos. Esta vez dejaba solo a José Obdulio. A pesar de estar tan lejos en la lista llegó a ser senador. Con el tiempo ya perdió el peso que alguna vez llegó a tener. Los pesos pesados del uribismo simplemente le hacen el quite. Ahora está prácticamente retirado, dedicado a ser observador de carreras de ciclismo y a trinar contra el presidente Petro. Su figura, poco a poco, se va difuminando de la historia.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: El Tiempo Una de las decisiones que tranquilizó al país, incluso hasta los que no habían votado por Gustavo Petro, fue anunciar, poco después de ganarle a Rodolfo Hernández la segunda vuelta en las elecciones, que José Antonio Ocampo sería su ministro de Economía. Independientemente de sus posiciones políticas, Ocampo era un experto en la materia. Su currículo hablaba por si mismo: Director Ejecutivo de la CEPAL, Secretario General Adjunto de Naciones Unidas, profesor de universidades tan prestigiosas como la de Columbia, su nombramiento acalló las voces alarmistas que presagiaban el desastre que le traería a la economía colombiana el mandato de Petro. Muy al contrario de lo que pensaban los que compraron dólares pensando que se iba a disparar a los 5.000 pesos, la economía colombiana, comparada con otros países de la región, goza de buena salud. El dólar está estancado y la inflación y el desempleo han bajado. La salida de Ocampo no constituyó ninguna debacle. Sin embargo, la clase política se ha ensañado contra Petro y sus últimos nombramientos alegando que la única cualidad que se necesita en este gobierno es ser un petrista barrabrava. Todo un debate se ha abierto en el país sobre la necesidad o no de nombrar tecnócratas en ministerios o puestos claves del gobierno. Leí un trino de León Valencia y lo voy a parafrasear. A lo largo de la historia republicana las élites clientelistas colombianas han llenado la administración pública de técnicos y “corbatas”, o como le llaman ahora, activistas. Es comprensible que Gustavo Petro quiera rodearse de funcionarios a fines a su ideología. Los cambios que está proponiendo necesitan de personas que entiendan como se está moviendo el ajedrez político. En un momento en el que reformas tan importantes como la de la Salud están empantanadas, necesita gente de su entraña ideológica. Es obvio que los expertos son importantes y están en cargos secundarios en este gobierno pero, ¿de verdad tienen autoridad moral caciques como César Gaviria de criticar a Petro por creer en lealtades personales a la hora de nombrar a alguien en un cargo público? En su última columna en El Espectador,  titulada El buen gobierno, como la vida buena, necesita tanto activistas como técnicos, Rodrigo Uprimny, a propósito del debate sobre tecnócratas y activistas, cita a Bertrand Russel “ni el amor sin conocimiento ni el conocimiento sin amor pueden producir una vida buena”, y remarca que es necesario mantener el equilibrio entre lo técnico y lo político a la hora de escoger los funcionarios de gobierno. Está muy bienintencionada la columna, pero debe saber que Petro en este momento está en un tránsito. Sus reformas están en vilo y necesita lealtades. Si, han aparecido los Gustavo Bolívar, los Alexander López, los Carlos Carrillo, pero el presidente, en horas tan cruciales, necesita también de mosqueteros que le cuiden las espaldas. ¿O es que Uribe no los tuvo? Daniel Palacios, quien fuera ministro del interior de Duque, se hizo carrera gracias a cargarle la maleta a Uribe durante veinte años. Él mismo dice que es como si fuera un hijo suyo. ¿Por qué lo técnico sólo se lo están exigiendo a la izquierda? Había una consigna en los tiempos de la China de Mao que rezaba: los funcionarios deben ser rojos y calificados. Es decir, para su caso, buenos comunistas y a la vez con alta calificación técnica. El presidente está en todo su derecho de escoger a personas afines a su proyecto, al cambio. Se gobierna desde lo técnico y también desde lo político. Petro tiene derecho a no traicionarse.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae y Radio Nacional de Colombia Desde los noventa la paz se rompió en el puerto de Buenaventura. Las siete plagas de Egipto se han ensañado contra él. Guerrillas, Paras, bandas criminales y corrupción son los componentes del remolino que amenaza con tragársela. En 1999 las FARC se tomaron la hidroeléctrica de Achincayá con 200 empleados adentro. La noticia incluso le dio la vuelta al mundo. Fue un secuestro espectáculo, algo parecido a las tomas simbólicas que hacían el M-19 o el mismo ELN en los noventa. Lo que pedían, con la toma, era una rebaja del 30% a las tarifas de energía. Pero igual no dejó de ser violento. Además de ser un punto de inflexión. Según el informe de la Comisión de la Verdad la primera masacre que se cometió en Buenaventura data de 1995 en el sector de las Zabaletas. Las Farc ejecutaron a cinco jóvenes acusados de haber robado a turistas. Desde entonces la violencia no ha parado. En 1998, según lo afirma El Espectador, llegó el frente urbano Manuel Cepeda al mando de Milton Sierra. Se instalaron en los barrios de la ciudad y empezaron a reclutar jóvenes. Los fueron metiendo en la guerra y de eso se acostumbraron a vivir. Porque la desigualdad siempre va a ser la explosión que enciende todo. El Puerto de Buenaventura mueve el 44% del comercio exterior del país. Moviliza hasta 18 millones de toneladas al año. Además el 90% de la carga que llega de Asia al país ingresa por este puerto. Y nada de esto queda para sus habitantes. Las cifras de pobreza de Buenaventura son poco menos que desgarradoras. En el casco urbano el 63.5% son pobres pero la cifra se dispara aún más en lo rural en donde el 91.6% de los hogares viven en situación de pobreza. Por acá, en la primera década de este siglo, se establecieron los paras. En el año 2000 hubo una reunión entre Vicente Castaño y comerciantes del puerto quienes estaban hartos de la presencia de las FARC. Hicieron la fácil, al no confiar en la fuerza pública decidieron financiar a los paracos y así llegó el Bloque Calima, comandando por el despiadado Ever Veloza, alias H.H. En el informe de la Comisión de la Verdad se dejan ver los nombres de los comerciantes que estuvieron de acuerdo con el aterrizaje de los paras: Julio Martínez, Julio Aristizabal, Stewart y Jessica Armitage. No sabían que estaban alimentando un monstruo. Entonces, en la guerra por el control del puerto entre Farc y paras, ocurrieron 19 masacres entre los años 2000 y 2003. 117 personas asesinadas. Se desplazaron 36.154 personas según el informe de la Comisión de la Verdad. Los paras fueron volteando, a punta de sueldos más altos, a los propios pelados que formaban parte de la milicia de las FARC. Una vez más, como ha sucedido en la guerra colombiana, un muchacho sólo se cambiaba de uniforme a cambio de más billete. Las convicciones políticas no existen. Cuando los paras se desmovilizaron quedaron sus rezagos, las esquirlas de la guerra. En Colombia cuando un grupo armado muere parecen renacer en su lugar varios más. A casi veinte años de este hecho, según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación Mapa del delito: inventario de organizaciones delincuenciales en aglomeraciones urbanas en 2023, en la actualidad existen tres guerras en curso en Buenaventura: la primera es entre Shottas y Espartanos quienes se eternizaron en la disputa por diferentes zonas de la ciudad. Viven de la extorsión y del microtráfico. En la zona rural del Bajo Calima el Clan del Golfo y el ELN viven en constante enfrentamientos. En la zona rural del sureste de Buenaventura el EMC tiene combates con el ELN y un remanente de la Segunda Marquetalia. Los integrantes de los Shottas y de los Espartanos, en su gran mayoría, han pasado por todos estos procesos de violencia, vienen de las viejas estructuras de las FARC que luego pasaron a ser del Bloque Calima y luego, después de la desmovilización, se transformaron en bandas como la Local, La Empresa y los Rastrojos. Cuando estas se disuelven se crean estas dos organizaciones que hasta el miércoles 6 de marzo se habían sentado a conversar sobre sus diferencias, interesadas en ingresar en la Paz Total que les proponía el gobierno colombiano. Según el Informe Colombia 2020 de El Espectador, el delegado de los Shottas para hablar con el gobierno, Wilmer Carvajal Ortegon, apodado Tocayo, perteneció al frente 30 de las extintas FARC. El otro vocero de esta organización, José Jimmy Rivas García, incluso tuvo intenciones políticas al lanzarse a las elecciones de Juntas Administrativas Locales por el partido de la U en el año 2011. Entre los seis negociadores que llegaron a reconocerse de los Espartanos ninguno perteneció a las guerrillas y todos eran sobrevivientes de bandas como La Local o La empresa. Según el ya mencionado informe de la Fundación Paz y Reconciliación, los Shottas surgen como una escisión de la banda La Local que desde el 2019 venía fracturándose luego de la llegada de su nuevo cabecilla Diego Optra que empezó a crear rencillas dentro de la misma organización. Luego de varios atentados y un robo fallido a un barco con coca, se dividió la banda entre Shottas y Espartanos. Los primeros son más cercanos a Diego Optra. Shottas fue el nombre que se le dio a la banda a raíz de una película jamaiquina. En ese país ese es el nombre que se le da a los delincuentes. Actualmente mantiene presencia y control de territorial en las comunas 5, 7, 8, 11 y 12 del Distrito de Buenaventura, donde desarrolla actividades extorsivas, incluyendo el control de precios de productos de la canasta básica y de uso diario, así como el tráfico de estupefacientes. Cuenta con una cantidad de integrantes de entre 600 y 1.000, principalmente jóvenes, que han mantenido una disputa con Los Espartanos, y más recientemente con una facción de la antigua banda La Empresa llamada Los Chiquillos, aliados de Los Espartanos. Según las fuerzas de inteligencia, mantendría alianzas con la Columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia, disidencias que operan en zona rural de Buenaventura. Se ha identificado que sus principales cabecillas son Diego Fernando Bustamante Segura, alias “Diego Optra”, Wilber Andrés Valencia Cuero, alias “Cachetes”, Jairo Gamboa Viáfara, alias “La Garra” y alias “Andrés”. Los Espartanos están encabezados por alias Mapaya, personaje que protagonizó la disputa con Diego Optra por el control de La Local. El número de integrantes de esta organización también podría llegar a 1.000. Amenazas, homicidios y desapariciones son la marca con la que se mueven los espartanos. La tregua que tenían Shottas y Espartanos era una esperanza para la martirizada población de Buenaventura. Pensaron por un momento que sería el fin de una guerra que arrancó en 1995. Pero, al final, se levantaron de la mesa. Otra vez las fronteras invisibles, los homicidios, las balaceras y la extorsión será la ley en el puerto donde se mueven las riquezas de Colombia.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador 150 años de historia. 11 edificios declarados monumento nacional, una población de 56.106 estudiantes, casi 10 mil profesores, la mayoría con doctorados. La Universidad Nacional es la posibilidad para millones de muchachos que no tienen nada para poder tener una educación de calidad sin tener que arruinar financieramente a su familia. Cuando la universidad arrancó tenía estas carreras: Artes y Oficios, Derecho, Medicina, Literatura y Filosofía, Ciencias Naturales e Ingeniería. Su campus tenía apenas estos lujos: el Observatorio Astronómico, el Museo Nacional, el Laboratorio Químico Nacional, la Biblioteca Nacional, el Hospital de la Caridad y el Militar. La historia está llena de muchachos de provincia que se venían enruanados, muertos de frío, venían a cumplir sus sueños en la ciudad blanca. Sus paredes guardan los rugidos del estudiantado que protestó contra el régimen establecido. Allí formó estudiantes Camilo Torres, Fals Borda, Eduardo Umaña Luna. En sus 157 años de historia hubo una serie de rectores que ayudaron a modernizarla. Antanas Mockus, Guillermo Páramo, Marco Palacios y Moisés Wasserman, lograron que los tiempos de crisis impuestos por gobiernos que despreciaron la universidad pública como Andrés Pastrana, la universidad soportara los sucesivos huracanes. El próximo 25 de marzo se escogerá el reemplazo de la doctora Dolly Montoya. Sin embargo, este 12 de marzo se depuró la lista de 10 aspirantes a cinco. Había polémica. Uno de los candidatos tenía denuncias de acoso sexual y, lo peor, no había una sola mujer. Los que votaron fueron los profesores, cuyos votos valen un 60% (participaron 2.321), los estudiantes (votaron 24.669)  con el 30% y los egresados (Votaron 9.617) el 10%. Estos fueron los escogidos: Leopoldo Múnera: Tiene experiencia, es el favorito y por eso obtuvo el 34% de la votación. Ya fue vicerrector de la sede en Bogotá, en donde trabaja desde 1987. Ya ha sido decano de las carreras d Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales. Raúl Esteban Sastre: presentó el segundo ponderado más alto de votación con el 22.6%. Fue decano de la prestigiosa facultad de medicina. Es médico, cirujano plástico, especialista en los problemas de la mano. Fue director científico del Hospital Universitario Nacional. José Ismael Peña: Tuvo el 8.3% del ponderado. Dos títulos universitarios, ocho posgrados, algunos, según el diario El Portafolio, tan rutilantes como el que hizo en Ginebra en Suiza sobre ciencias de gestión. En cuatro oportunidades ha sido rector encargado en la sede de Bogotá, donde es actual vicerrector. Juan Pablo Duque: Obtuvo el 7.5%. Fue decano y ahora profesor de arquitectura de la sede en Medellín. Además es doctor en la historia de la Universidad Nacional. Llama la atención que el voto en blanco obtuvo el 6.9% de la votación. En una parte de los electores había un mal sabor de boca. No habría posibilidad alguna que la sucesora de la doctora Dolly Montoya fuera una mujer. Sacó más que el quinto elegido, Germán Albeiro Castaño, Economista de la Universidad de Manizales. Es investigador asociado a la universidad de ciencias. El próximo paso lo dará el Consejo Superior Universitario que está compuesto -datos de El Espectador- por la ministra de educación Aurora Vergara, dos miembros de la universidad designados por el presidente, una persona designada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU); un exrector de la institución; un integrante designado por el Consejo Académico; un representante elegido por los profesores y otro elegido por los estudiantes. Dolly Montoya tendrá voz pero no voto. Mientras el país se centraba en la elección de la nueva Fisca la Universidad más querida del país definía su futuro que no tendrá nombre de mujer.

Por: Sergio Salazar Dinamizador de la Escuela de Comunicación Radial para la Paz. Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La radio sigue siendo un instrumento valioso para las comunidades en Colombia, no solo para informar y conectar a las personas en las regiones, sino que también es ese canal de comunicación capaz de unir, pese a las dificultades que presenta la geografía colombiana para integrar a través de vías y puentes nuestros territorios, y a sus gentes con sus regiones y el resto del país. He allí, uno de los grandes aciertos de la Escuela de comunicación Radial para la Paz, una apuesta que desde la Fundación Paz y reconciliación junto a MinTIC y Canal 13 brindó a integrantes de la comunidad y las emisoras comunitarias, herramientas para fortalecer sus medios de comunicación locales, y mecanismos de participación que empoderen a la comunidad, con el fin de afinar su voz pública, y hacerlos protagonistas en la resolución de los conflictos que aquejan a sus comunidades. Ahora bien, como parte del equipo que tuvo la oportunidad de viajar a los territorios PDET para fortalecer estos escenarios comunitarios, soy testigo de la importancia que han tenido los medios de comunicación locales en la construcción de paz, ya que si nos permitimos entender de una forma diferente el concepto tan manoseado de la paz, ese del que los políticos hablan todos los días en los grandes medios, y los ciudadanos no entendemos muy bien de que se trata, uno podría abrirse a entender que la paz son acciones de cambio, de muchos lideres, muchos anónimos tristemente, que en las orillas de Colombia son las voces que resuenan por sacar adelante lo mejor de sus territorios. Precisamente, esas acciones son potenciadas por las emisoras comunitarias que se vuelven grandes aliadas para ejecutar cambios en pro del desarrollo, porque en su naturaleza son escenarios de participación. Es decir, para y con la comunidad, sin animo de lucro y con el fin de satisfacer las necesidades de comunicación de los distintos grupos sociales y étnicos reconocidos por la constitución en nuestro país. Como consecuencia, muchas de estas se encargan de preservar y promover expresiones ancestrales, valores culturales, sociales, religiosos, espirituales, económicos, así como sus tradiciones propias como mecanismo de integración y convivencia para fomentar la paz y reconciliación. Así pues, comparto con ustedes, una de las muchas anécdotas que me sirve para ilustrar la manera en que en los territorios la labor de las emisoras comunitarias toma un rol decisivo. Esta transcurre en el marco de la Escuela de comunicación Radial para la paz, en Condoto, municipio del departamento de Chocó. Un lugar lleno de personas encantadoras, fieles retratos de la chispa alegre y viva de los primeros cimarrones que en su tiempo colonizaron estas ricas tierras en busca de libertad. Cuando llegamos a este municipio el tema del que todos hablaban y que incluso fue una dificultad para el acceso al mismo territorio, era el del colapso del puente de la encharcación en abril del 2023, puente que une los municipios del rio Iro, Istmina, Medio San Juan, Novita, Sipí y el municipio de Condoto, y que al mes de octubre no había sido reparado. Calamidad que desde ese día en palabras de don Gerardo Mosquera director de la emisora comunitaria Sonar Stereo de Condoto, fue la causa de todo tipo de dificultades, entre ellas cruzar ambulancias, y enfermos, alza en los costos de transporte y de alimentos. Ante esta situación, la emisora fue ese canal por el que toda la comunidad estuvo pendiente de la noticia, sobre los avaneces, sobre las reuniones con los dirigentes políticos, y sobre todo un instrumento de la comunidad para hacer control social, y de comunicación para la incidencia. De comunicación porque elevo el malestar de la comunidad por un problema público, y de incidencia porque fue uno de los mecanismos que presiono y organizo a la comunidad para exigir soluciones eficientes durante todo el proceso. Por supuesto, no fue la emisora actuando sola, sino que como he expuesto se convierte en una herramienta que usan las diferentes formas de organización de la comunidad para unirse y enfrentarse a problemáticas comunes. Afortunadamente para esta región de Chocó, en el ultimó día de nuestra estadía en Condoto, don Gerardo nos despide con la noticia de que el batallón de ingenieros hizo presencia para la reparación de la estructura. Noticia que obtuvo como primicia y que informó con emoción en su programa diario sobre la cotidianidad de la región. Programa en el que la comunidad no solo de Condoto, sino a nivel regional tiene gran acogida y participación por parte de la comunidad y para muchos es una voz de esperanza ante el abandono institucional. En definitiva, las emisoras son un puente que integra y da esperanza a las comunidades más alejadas de nuestro país, esto pese a las dificultades geográficas y el abandono estatal, apoyar su fortalecimiento es apostarles a las voces de la gente en las regiones. Es por eso que iniciativas como la Escuela de comunicación radial para la paz de PARES deben tener continuidad en el tiempo porque nos permiten fortalecer estas instancias para cambio, y su relación con la comunidad, aportarle a la radio es apostarle a la paz y al desarrollo de nuestro país.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: Corte Suprema de Justicia Sobre el mediodía del pasado martes 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro dio a conocer un cambio en la terna para la elección del nuevo Fiscal General de la Nación. El mandatario colombiano acudió a la Corte Suprema de Justicia para presentar dicha modificación. Este cambio generó discusión en la política colombiana y puso en el centro de atención a Luz Adriana Camargo Garzón, una figura destacada en el ámbito legal y cercana colaboradora del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. La modificación realizada por el presidente Petro consistió en la integración de Luz Adriana Camargo a la terna, reemplazando a Amparo Cerón. Esta decisión no fue tomada a la ligera, ya que se habían ventilado preocupaciones sobre la relación cercana de Cerón con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha sido un adversario político de Petro. Además, las críticas hacia la gestión de Cerón en casos de corrupción, particularmente el escándalo de Odebrecht y la Ruta del Sol II, habían generado inconformidad en diversos sectores. ¿Quién es Luz Adriana Camargo? Luz Adriana Camargo es una abogada colombiana con una destacada trayectoria en el ámbito legal y político. Su vínculo más notorio es con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con quien ha colaborado estrechamente durante más de dos décadas en diferentes roles y estamentos. Uno de los momentos más notables de su carrera fue su participación como jefa de Investigación y Litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 3 de septiembre de 2019. Durante su tiempo en este cargo, Camargo desempeñó un papel fundamental en las investigaciones de alto perfil relacionadas con la corrupción y la "parapolítica" en Guatemala. Estas investigaciones llevaron al desmantelamiento de numerosas estructuras de corrupción y a la condena de más de 50 congresistas, lo que la convierte en una figura influyente en la lucha contra la corrupción en la región. Además de su experiencia en Guatemala, Camargo es reconocida por su labor en la investigación del fenómeno de la "parapolítica" en Colombia, cuando ella y el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, ejercieron como magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia. Esta investigación resultó en la implicación y condena de numerosos congresistas colombianos. En cuanto a su formación académica, Luz Adriana Camargo es abogada titulada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Además, cuenta con un título de posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Especialidad de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España). El nombramiento de Luz Adriana Camargo en la terna para el cargo de Fiscal General de Colombia marca un punto de inflexión en el proceso de selección. Su amplia experiencia en la lucha contra la corrupción y su estrecha colaboración con Iván Velásquez generan expectativas y también interrogantes sobre el rumbo que tomará la Fiscalía General de la Nación bajo su liderazgo potencial. A medida que se desarrollen los acontecimientos y se lleve a cabo el proceso de selección, será interesante observar cómo se perfila el futuro de Luz Adriana Camargo en el ámbito judicial y político de Colombia. Su trayectoria sugiere que podría ser una figura clave en la lucha contra la corrupción en el país en los próximos años, pero solo el tiempo dirá cuál será su impacto real en esta importante institución. Esta inesperada modificación en la terna para Fiscal General de la Nación ha puesto en el centro de atención a Luz Adriana Camargo, una abogada con una destacada trayectoria en la lucha contra la corrupción en Colombia y en Guatemala.

Por: Isabela Puyana En el marco de la Reunión Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebrada en la Ciudad de Punta Cana, líderes y representantes de América Latina se unieron para abordar la apremiante necesidad de acelerar la Transición Energética en la región. La creciente conciencia sobre la importancia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y combatir el cambio climático ha llevado a que la Transición Energética se posicione como una prioridad clave en la agenda de desarrollo sostenible para los países latinoamericanos. En este contexto, el BID ha destacado la necesidad de inversiones significativas para impulsar proyectos que impulsen el uso de fuentes de energía renovable y que promuevan la eficiencia energética. “Vemos que América Latina es un líder indiscutible en la generación de energía eléctrica, con fuentes renovables. Tenemos un 60% de penetración de fuentes renovables en la región. Esto es el doble de la media mundial que únicamente es el 30% y es porque está impulsada por la hidroenergía que ha sido durante años el pilar del sector eléctrico en Latinoamérica. Igualmente vemos un liderazgo de América Latina en el uso de biocombustibles para el transporte donde Brasil tiene un rol fundamental y, de nuevo, el uso de estos biocombustibles es el doble de la media mundial. Si lo quieren revisar en carbón, vemos que la participación es muy pequeña. Esto le da una ventaja a América Latina. Al momento de descarbonizar sus industrias, solo tenemos un 5% frente a un 25% a nivel mundial” Asegura Alejandra Bernal-Guzman, oficial de programa de Latinoamérica de la Agencia Internacional de Energíaquien expuso el panorama actual de América Latina como posible generador de nuevas energías renovables. Adicionalmente comentó que en algunos casos para generación y para industria, es en el petróleo donde se ve una mayor dependencia: “Hay un 40% de penetración del petróleo en la matriz energética de la región y esto es un 10% más que en el resto del mundo, entonces es importante entender cuál es el desafío al que nos estamos enfrentando”. Durante la inauguración de la Reunión Anual, el vicepresidente ejecutivo del BID,Jordan Schwartz, subrayó la urgencia de abordar los desafíos energéticos en la región y destacó la importancia de movilizar recursos financieros para apoyar la infraestructura necesaria en el sector energético. Señaló que la inversión en energías limpias no solo contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también generará oportunidades económicas y fomentará la innovación en la región. En este contexto, diversos líderes latinoamericanos presentaron planes y estrategias para promover la Transición Energética en sus respectivos países. El enfoque se centró en la diversificación de la matriz energética, la implementación de tecnologías limpias y la mejora de la eficiencia en el consumo de energía. Lo cierto es que los vastos recursos renovables que América Latina ofrece para avanzar rápidamente en las transiciones energéticas, los recursos eólicos y solares, tienen enorme potencial de ser más aprovechados en la región. Gabriel Melguizo, presidente de ISA Group, uno de los principales grupos de transmisión de la región, quien durante su exposición en el seminario Acelerando la Transición Energética en América Latina, ha señalado que “la transmisión es la gran habilitadora de la transición energética”. “Necesitamos más redes, el mundo va a tener que duplicar el tamaño de sus redes a 2,5 veces porque cada vez va a ser más eléctrico”, explicó. El problema es que el retraso de los proyectos está frenando este avance. “La disminución del tiempo de ejecución de los proyectos es necesario, introduciendo metodologías de digitalización, con el uso de regulación existente que de paso a nuevas tecnologías puede hacer que se avance más rápidamente, porque cada proyecto está tomando 12 años y los tiempos son muy prolongados para avanzar” El BID durante la reunión promovió duplicar la inversión anual en energía para lograr la transición energética a 2030 Se espera el respaldo por aportaciones de los países miembros y otros socios internacionales para que se facilite el acceso a recursos financieros para proyectos innovadores y sostenibles en el sector energético. “Quiero dejarles algunos mensajes sobre cuáles vemos que son las grandes oportunidades en este reporte que tiene la transición energética en Latinoamérica y dos de los varios retos que tiene esta transición para implementarse. La primera es que una transición energética acelerada con cumplimiento de estas metas climáticas al 2030 va a permitirnos avanzar en una transición centrada en las personas, en una transición inclusiva y justa” Afirma Bernal Guzman. Al cierre de su presentación concluyó: “Nos va a permitir el cierre de brechas de 10 millones de personas. Estas podrían obtener acceso a la electricidad. Recordemos que América Latina tiene todavía una brecha de 17 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y que en un escenario de Business action únicamente al 2030 un millón de personas más tendrían acceso a electricidad”. La Reunión Anual de Gobernadores del BID en Punta Cana ha demostrado ser un escenario propicio para fortalecer el compromiso de América Latina con la Transición Energética y ha subrayado la importancia de la colaboración internacional y la inversión para lograr un futuro más sostenible en la región.

Por: Laura Bonilla América Latina tiene relativamente bien identificados cuatro mercados que contribuyen a que seamos la región más violenta del mundo hoy.  El primero es el consabido narcotráfico con el que el mundo ha emprendido una guerra completamente perdida. Aunque ha disminuido su peso, la producción y tráfico de estupefacientes sigue siendo uno de esos mercados con capacidad de conectar el espacio más local, con el más global. Sin embardo, desde México hasta Bolivia la región vive una sobreoferta en hoja de coca y precios muy bajos que contrastan con la bonanza vivida en los años noventa y dos miles. En parte por esta razón estamos viendo auges de otros delitos “compensatorios” de las rentas que se disminuyeron para aquellos grupos que prestaban (aún prestan) servicios de violencia para los narcos. El segundo mercado es la trata de personas y la explotación de migrantes, de las cuáles se calcula que generan unos 150 mil millones de dólares al año, de los cuáles un 8% proviene de América Latina y el Caribe según un estudio de la OIT en el 2014. Un 50% de las personas que sufren trata son niñas y mujeres sometidas a explotación sexual. Hoy puede ser muchísimo más que eso. El tercero es la extracción de recursos y su correspondiente tráfico. Por ejemplo, uno de los más comunes es la minería ilegal, su lavado y tráfico en toda la zona del Amazonas, especialmente en Venezuela, Perú y Colombia. También la tala de madera y su exportación ilegal se ha convertido en uno de los mercados más atractivos para los grupos armados, que bien pueden hacer inversiones directas en estos negocios o a través de créditos, maquinarias o incluso de forzar la contratación de terceros. El cuarto es bien conocido por todos los latinoamericanos y es la extorsión a la economía local. No importa si es legal, ilegal o informal. Para ello lo importante es que haya cierto control del grupo que le permita disciplinar violentamente a cualquiera que ose por no pagar, o por denunciar. Es tan común que haya zonas urbanas enteras bajo la lógica de “todos pagan”.  No hay una sola policía en la región que haya sido capaz de contener o controlar este fenómeno. Pero hay una quinta economía, que es a mi juicio muy particular de la sociedad latinoamericana, y es la corrupción, pero particularmente la profunda relación de la criminalidad con la clase política sea directa o indirecta y a través de la cual se están extrayendo rentas públicas a través de mecanismos tradicionales del clientelismo en Perú y en Colombia. La presencia de grupos armados en la frontera ecuatoriana, pero también en el Perú se habla de que cuesta un kilo de oro estar en la lista de algunos partidos. Incluso ya es frecuente que se hable de los congresistas de la tala ilegal y los congresistas de la minería. En el Sur de Bolívar colombiano hemos recibido denuncias que aseguran que el Clan del Golfo está imponiendo contratistas a las empresas mineras de la zona. La fundación Pares lleva años denunciando a los clanes políticos y casas que han estado aliadas con la ilegalidad. Así que lo que hoy estamos viviendo en la región es mucho más que un problema local. La corrupción hay que empezar a verla como un problema de mercado, cuyas raíces están profundamente incrustadas en la intermediación política, que a su vez es una de las bases de los otros mercados criminales que soportan la violencia de la región. Nada más explica que América Latina siga siendo la región más violenta del mundo. Ñapa: Al cierre de esta columna, Luz Adriana Camargo fue elegida Fiscal General de la Nación. Su compromiso anti-corrupción es conocido en Colombia y América Latina. No la va a tener nada fácil.

De: Juan Alejandro Pérez Montañez, Investigador Programático de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Foto tomada de: Corte Suprema de Justicia Luz Adriana Camargo fue elegida por la Corte Suprema de Justicia como la nueva Fiscal General de la Nación. Luego de cinco rondas de votación la egresada de la Universidad de la Sabana será la sucesora de Francisco Barbosa, que deja la imagen de la Fiscalía como una entidad politizada. Uno de los principales retos de Camargo será devolverle legitimidad al ente acusador. ¿Quién es Luz Adriana Camargo? La nueva Fiscal General de la Nación es abogada de la Universidad de la Sabana y especialista en Derecho Penal y  Criminología de la Universidad Libre de Colombia. Camargo ha sido Oficial Mayor Juzgado 19 Superior de Bogotá en 1987 y Juez 106 de Instrucción Criminal en 1988. Para 1991 fue asesora del director Seccional de Instrucción Criminal de Bogotá, D.C. Después de ello en 1992 fue Directora Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá, D.C. en la Fiscalía General de la Nación. En 1995 pasó a ser Fiscal Delegada ante los Jueces penales de Circuito. Allí duró apenas un año, pues saltó en 1996 a ser Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia en 1996. Luego en el 2003 fue Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Además de su carrera al interior de la Fiscalía y la Rama Judicial, Camargo ha sido litigante en Colombia y a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera se ha desempeñado como consultora en temas de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos. Ha pasado como consultora en Consucol S.A.S y también por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión -RELE, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) en el 2021. A Camargo se le recuerda especialmente por su paso como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en 2005, periodo en el que acompañó al entonces también magistrado auxiliar, hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, en las investigaciones de parapolítica al interior de la Sala Penal de la Corte. Luego del proceso de parapolítica, en 2013 Iván Velásquez es nombrado jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En 2014 Camargo es nombrada por Velásquez como Jefe del Departamento de Investigación y Litigio de esta comisión internacional. Cargo que ocupó hasta 2017. Luz Adriana Camargo fue la última ternada, después de que Gustavo Petro modificará la lista, cambiando a la cuestionada Amparo Cerón por Camargo. La hoy nueva Fiscal General de la Nación no se perfilaba como favorita por su cercanía con el actual Ministro de Defensa. La imagen de Velásquez al interior de la actual Corte no es la mejor, pues en 2020 el ex jefe de la CICG demandó ante el Consejo de Estado la elección de siete magistrados. Pese a ello y tras la polémica que desataron los trinos en contra de la Corte de Gregorio Oviedo, esposo de la hasta hace un par de semanas favorita, Amelia Pérez, Camargo logró repuntar y ser elegida. ¿Qué buscaría priorizar Camargo? En el proceso de selección, la Corte realiza entrevistas a los y las ternadas. Para el caso de Camargo, centró sus respuestas en el cómo perseguir eficientemente la criminalidad en el país. Camargo desarrolló en la entrevista también 5 líneas, que son: rediseño metodológico de los indicadores de gestión internos de la fiscalía; Priorización de enfoque territorial; Análisis Criminal con apoyo de herramientas tecnológicas; fortalecimiento de rutas de atención a víctimas; y aumento en el uso de herramientas y mecanismos de justicia y mejorar en la calidad de los fiscales a la hora de los juicios. Son líneas de trabajo fundamentales para fortalecer al ente acusador en un país donde, por ejemplo, se ha presentado una disminución en los últimos años en la tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes. En 2022 había 4.707 fiscales, lo que significa una tasa de 9,1 fiscales por cada 100 mil habitantes. Es necesario que la nueva fiscal pueda aumentar el número de fiscales en terreno. De igual manera estas medidas tienen que ir en vía de reducir la impunidad. En 2022 un total de 749.484 casos fueron archivados por la Fiscalía debido a que no fue posible por parte de los funcionarios judiciales encontrar o establecer la o las personas responsables del delito en cada hecho. Esto representó el 55,2 % de los casos archivados en el país. En el mismo año 5.691personas quedaron libres por vencimientos de términos. ¿Qué retos tendrá Camargo al interior de la Fiscalía? Además de las tareas ya mencionadas a partir de cómo recibe la Fiscalía, Camargo tiene retos y casos emblemáticos que pondrán a prueba su independencia y capacidad. El primero de ellos es el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente. La Fiscalía lo investiga por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, apropiación de interviniente, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y celebración de contratos sin lleno de requisitos. Es un caso que estará en la lupa de la opinión pública tanto por ser el hijo del presidente como por el hecho de la independencia de la Fiscalía en el caso. También Camargo deberá sortear con las declaraciones de Salvatore Mancuso y la posibilidad que salpique a terceros, reviviendo la parapolítica en el ojo público, y de igual manera dando nombres de la paraeconomía. Otro caso emblemático que tendrá en sus manos será el del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal. Aquí deberá garantizar independencia de la Fiscalía que, en estos años de proceso, ha sido parte de la defensa del expresidente. Camargo tendrá a su cargo la decisión de si levanta y suspende ordenes de captura de cabezas de estructuras armadas en caso de que el Gobierno nacional le solicite. Deberá darles trámite a las investigaciones de “Las Marionetas”, que sigue salpicando a congresistas y que ya deja un saldo de dos sillas vacías en el actual Congreso (Mario Castaño-Liberal, Ciro Ramírez-Centro Democrático). Este caso y el avance en sus investigaciones es fundamental para un país que se siguen robando y donde la Fiscalía, encargada de investigar y acusar, cada vez tiene tasas de gestión más bajas. Camargo tendrá que, además de ajustar la manera en cómo se mide, mejorar los resultados respecto a la lucha contra la corrupción.  Por ejemplo, las tasas de gestión en el componente de corrupción en el periodo 2020-2023 de las seccionales de Quindío, Amazonas, Sucre, Chocó, Cauca, Cundinamarca, Cesar, Bolívar, Nariño, Tolima, Norte de Santander, Córdoba y Magdalena disminuyeron respecto a las reportadas en el periodo 2016-2018. Sin duda alguna la nueva Fiscal recibe una institución golpeada en su imagen, con tasas de gestión muy bajas, con índices de impunidad muy altos. La primera tarea será devolverle legitimidad a un ente golpeado por un exfiscal que le usó como catapulta política.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Publimetro El 13% de la energía que se genera en Inírida nace en los paneles solares. Los caminos hacia la transición energética en el Guainía están despejados. Sin embargo el actual gobernador del departamento, Arnulfo Rivera, lejos de estar conforme, quiere resultados inmediatos. Desde hace dos años se instaló en el municipio de Barrancominas una granja solar que en un principio benefició a 400 familias. Este mismo modelo se ampliará a partir de julio al municipio de San Felipe. Guainía es un municipio clave para el actual gobierno. Desde allí el presidente sancionó, el 19 de mayo del 2023, el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida. En ese momento el gobierno se comprometió, en materia de transición energética, agregar 2.000 MW de capacidad en operación comercial de la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energía renovable, según el Plan de Desarrollo. Guainía no guarda sólo secretos milenarios, misteriosos como los cerros de Mavecure, o algunos hechos por el hombre como el hasta ahora desconocido fuerte de San Felipe, construido a orillas del Rio Negro en 1755 y que aún está en pie, sino que es uno de los departamentos que con sus espejos de agua, sus frondosos bosques, nos da el oxígeno que necesitamos. Pero, la mano del hombre se ha constituido en una amenaza. La fiebre del oro acecha a los cerros de Mavecure. Además corre peligro la estrella fluvial que los rodea. En noviembre del 2022 las autoridades aprobaron 13 propuestas de contrato de concesión minera para extraer oro y sus concentrados. Además está el coltán que está siendo explotado cerca al río Orinoco generando daños irreversibles en uno de los afluentes de agua más poderosos de la Orinoquía. Los grupos ilegales incluso están usando a la población para conseguir sus fines. La situación se agravó desde la pandemia. El actual gobernador quiere parar este mal. Para el 2021 en el departamento de Guainía se contaba con 30 títulos mineros que abarcaban un total de territorio de 70.484 hectáreas. Arnulfo Rivera cree que a la transición energética y a la lucha contra la minería ilegal se deben contraponer otras formas de obtener recursos. Uno de ellos es el turismo ecológico, por eso cada vez más se están preparando personas expertas en avistamiento de aves, en bogas que sepan hacer bien su trabajo por sus caudalosos ríos y lleven a la gente a conocer los espejos de agua, las islas que pululan en la estrella fluvial y los delfines rosados, siempre amenazados por la contaminación. Potenciar de manera agroindustrial responsable el azai, uno de los frutos con los que la naturaleza bendijo este lugar, es otro de los objetivos que se tiene para salvar al Guainía. Los Puinave, que son una de las etnias que han estado allí desde el comienzo de los tiempos, guardan secretos que podrían servir para mantener intacta uno de los tesoros naturales más importantes del continente. Un paso ejemplarizante es el interés de este gobernador por dar el paso a la transición energética. Cuenta la ayuda con el gobierno Petro para hacer sus parques solares y, además, hacer sin traumatismos el paso a la conectividad a internet. Guanía sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de este país. Poco a poco y de manera responsable tiene que ir abriéndose sin que esa apertura termine siendo su destrucción. Este es uno de los grandes retos de este gobierno.

Por: Iván Gallo Fotos tomadas de: Publimetro y El Tiempo El año 2006 Álvaro Uribe Vélez estaba en el pico de su popularidad. Ese año se convertía en el primer político en la historia del país en ser reelegido por un periodo de cuatro años más por medio del voto popular. El congreso, un año antes, había aprobado de manera inmediata la reelección y fue declarada constitucional en octubre del 2005. Uribe, a través de su partido, Primero Colombia , obtuvo 7.397.835 votos. Ganó de manera aplastante en primera vuelta. El segundo lugar de la votación fue para Carlos Gaviria. Jamás en la historia del país un candidato que representara a la izquierda había obtenido 2.613.157 votos en unas presidenciales. Esto marcaba una tendencia, mientras había una mayoría que creía en Uribe hasta el punto de convertirlo casi en una religión, crecía el número de descontentos que se empezaban a aterrar ante los rumores que salían de su gestión. Desde las elecciones legislativas del 2002 estaban prendidas las alarmas. En zonas de alta influencia paramilitar habían salido congresistas con votaciones extrañamente altas. Los casos de Eleonora Pineda y Rocío Arias fueron los más representativos. A partir de ese momento los investigadores de la Fundación Arco Iris empiezan a investigar el fenómeno. La Corte Suprema de justicia les pide datos a León Valencia, entonces presidente de la Fundación. La Corte crea una unidad especial para desarrollar la investigación. Era la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal. El hombre a cargo era Iván Velásquez. Velásquez era un viejo conocido de Uribe. En 1997 fue nombrado director de Fiscalías en Medellín. En esa época Uribe era gobernador de Antioquia. Su modelo de CONVIVIR, las cooperativas de civiles armados que se habían formado con la excusa de defenderse de los ataques de las guerrillas, había sido duramente criticada. Las CONVIVIR se convirtieron en el caldo de cultivo para que los paramilitares se expandieran en Antioquia. Velásquez tuvo que investigar las masacres de La Granja, Ituango y el Aro. Esta última había sido alertada por el defensor de derechos humanos José María Valle pero nadie de la gobernación quiso escuchar. Velásquez fue el hombre que ordenó el allanamiento del parqueadero Padilla, en Medellín, en donde se descubrió por primera vez los nombres de los comandantes máximos de las AUC: Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Desde esa época Velásquez se convirtió en un vidrio en la media para Uribe. En la Comisión de Apoyo Velásquez iba a las cárceles del país, a hablar con los paramilitares que recién se habían desmovilizado acogiéndose a la ley de Justicia y Paz implementada por el gobierno Uribe. Lo acompañaba Luz Adriana Camargo quien será en las próximas horas la nueva fiscal de la nación. Fueron recolectando pruebas y nombres. La captura de Don Antonio, mano derecha de Jorge 40 y su computador fue vital para obtener pruebas y además ordenar la detención de Jorge Noguera, director del DAS y uno de los niños consentidos de Álvaro Uribe, además de poder cercar a políticos poderosos de la Costa como los senadores Álvaro García Romero, Eric Morris y Jairo Merlano. Pero Velásquez y su comisión fue más allá. En febrero del 2007, mientras caminaba por un centro comercial, fue detenido Álvaro Araujo, perteneciente a uno de los clanes más poderosos de la Costa y hermano de la que era canciller de Uribe, María Consuelo Araujo. El chubasco dentro del gobierno de Uribe empezaba a convertirse en tormenta. Cayó la canciller, además las investigaciones se encausaron ya contra el primo del presidente, Mario Uribe y sus nexos con grupos paramilitares. Uribe, con la sangre en el ojo, empieza a ripostar. Según Verdad Abierta “Ahora se sabe que desde 2006 el DAS, en cabeza de Andrés Peñate, tenía orden de hacer inteligencia sobre la Corte. Pero fue  luego de la renuncia de Araújo que se ordena toda una operación de infiltración a través de una “Mata Hari”, que instala grabadoras en las oficinas y salas de deliberación privada de los magistrados”. En el 2020 el entonces presidente Iván Duque pidió excusas públicas a Velásquez por estas interceptaciones. La investigación desembocó en la condena de unos cincuenta congresistas. Uribe iría por más. Jorge Orlando Moncada, alias Tasmania, en un momento se ofreció a hablar con Velásquez y ayudarlo en la investigación sobre la parapolítica, en especial sobre Mario Uribe. Pero Tasmania lo piensa mejor. Se reúne en la cárcel de Itagui con el “Tuso” Sierra. Lo convence de que cambie su versión y afirme que Velásquez le habría ofrecido beneficios para enlodar a Uribe. Según Verdad Abierta el Tuso, que buscaba quedar bien con el entonces presidente, le ofreció a Tasmania una casa para su mamá, le darían el beneficio de entrar como paramilitar al proceso de Justicia y Paz. Vinieron las intimidaciones para Velásquez, incluso una llamada del propio Uribe. Después vendrían otras llamadas advirtiéndole que era mejor no meterse con el primo del presidente, con Mario, que si renunciaba a la Corte el propio Álvaro Uribe le buscaría un cupo como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Como no consiguen ablandar a Velásquez sobrevino entonces la estrategia de enlodarlo por el lado de Tasmania. Todo el mundo le creyó a Uribe. Se le abrió incluso un proceso disciplinario a Velásquez. El tiempo estuvo a su favor y pudo comprobar que todo se trató de una infamia. Velásquez estuvo investigando en la corte hasta el 2012. Un año después la ONU, para furia de Uribe, lo nombró Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y comprobó la corrupción del entonces presidente Jimmy Morales. Desde Colombia Uribe y sus seguidores le lanzaban dardos. Regresó al país y el 22 de junio del 2022, dos días después de haber sido elegido en primera ronda como el primer presidente de izquierda de este país, anunció que sería su ministro de defensa. Su pasado intachable le sigue trayendo problemas por parte de los adeptos al expresidente Uribe. El senador Jota Pe Hernández lo citó este martes 12 de marzo a una moción de censura por los problemas de orden público. Según Hernández, quien hasta hace poco era un reconocido youtuber, y una parte de la oposición, el gobierno está de brazos cruzados con el problema de la delincuencia. Velásquez fue convocado a la moción de censura por los senadores Ferney Pulido Hernández, Guido Echeverri Piedrahita, Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, David Luna Sánchez, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Enrique Cabrales Baquero, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Esteban Quintero Cardona, Carlos Manuel Meisel Vergara, Antonio Luis Zabaraín Guevara y Edgar de Jesús Díaz Contreras, todos adeptos a Álvaro Uribe. Se nota que el expresidente aún tiene la sangre en el ojo.

La revista RAYA y la Fundación Pares  tuvieron acceso a nueve resoluciones que expidió un mismo día y en tiempo récord la fiscal general encargada, Martha Janeth Mancera. Las mismas reforman el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), le entrega un poder sin precedentes a la vicefiscalía y se lo arrebata a la nueva Fiscal General en propiedad que elegiría la Corte Suprema este martes. ¿Qué hay detrás? Por: Unidad Investigativa Revista RAYA con apoyo de la Fundación Paz y Reconciliación Foto tomada de: Semana Faltando menos de 24 horas para que la Corte Suprema de Justicia se reúna en pleno para elegir a la nueva Fiscal General de la Nación, la revista RAYA tuvo acceso a nueve resoluciones que reestructuraron de un plumazo el ente rector de la investigación y la acusación en Colombia. Lo hizo la misma fiscal encargada, cuestionada por favorecer a señalados narcofiscales, Martha Janeth Mancera, quien firmó los nueve documentos el pasado 26 de febrero, es decir, 13 días después de que quedara encargada del alto cargo. Lo grave del asunto, según los análisis de exfiscales delegados, como Elmer Montaña, es que le confiere un poder excesivo y misterioso a la vicefiscalía, lo que se interpreta como una “jugada” para dejar amarrada de pies y manos a la nueva fiscal general. “En apariencia, esto parece ser fruto de un pequeño grupo de funcionarios de la fiscalía liderados por Mancera, digo en apariencia, por que resulta imposible que en tan poco tiempo, un grupo reducido de personas hubiera diseñado una reforma de tal magnitud. Es muy probable que la misma provenga de fuera de la Fiscalía y el autor o autores tengan interés en minar el poder de la próxima fiscal, dejándola bajo el control de unas estructuras paralelas, integradas por funcionarios que seguramente Mancera dejará nombrados y en funciones”, dijo el exfiscal seccional del Valle del Cauca, Elmer Montaña, quien advirtió las dificultades que tendría la nueva fiscal al encontrar estas estructuras establecidas. Una de las reestructuraciones más importantes tiene que ver con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), mediante la resolución 0081 del 26 de febrero de 2024, a través de la cual la fiscal Mancera modificó la organización interna de este organismo, estableciendo que quien le hará seguimiento y evaluación a los resultados de la Policía Judicial del país ya no será la Fiscalía General sino la Vicefiscalía. “Vaciando las competencias y el poder de la próxima Fiscal que designe la Corte Suprema”, advirtió el exfiscal Eduardo Montealegre al reaccionar sobre estas resoluciones. De esta manera, la o el vicefiscal tendrá el control absoluto de la policía judicial, es decir, CTI, SIJIN, DIJIN, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Migración Colombia, entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, alcaldes e inspectores de Policía, autoridades de tránsito, los Directores Nacional y Regional del INPEC, y los Directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia. Resoluciones del 26 de febrero firmadas por la Fiscal encargada Marta Mancera Descargue aquí las resoluciones: Facsímil resolución 081 A través de esta resolución, la vice fiscal modificó el artículo 200 de la Ley 906 de 2004, según el cual los órganos de policía judicial dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación, entregando dicha función a la vicefiscalía, sin ningún motivo fundado. “La resolución que modifica el CTI es abiertamente ilegal porque un acto administrativo de esta naturaleza no puede modificar la Ley, por eso surge la duda sobre las motivaciones que tuvo Mancera para cometer este despropósito”, expresó el exfiscal Montaña. Facsímil resolución 087 La otra resolución de Mancera es la 0087 igualmente del 26 de febrero de 2024. Por medio de ella, la Fiscal General de la Nación (encargada) delegó en la vicefiscalía, nuevamente, la facultad de crear, conformar, modificar y suprimir grupos internos interdisciplinarios para el desarrollo de lo que denomina “estrategia de analítica geoespacial especializadas para la lucha contra fenómenos criminales y/o situaciones que hayan sido priorizadas”.  De esta manera, la vicefiscalía tendrá acceso y control de toda la información recaudada por los fiscales delegados del país, respecto a las organizaciones criminales y así como de aquellos casos que se consideren prioritarios, lo que en poco tiempo le daría a este despacho un enorme poder, por encima de quien asuma como Fiscal General de la Nación. Un hecho que llama la atención, pues esta revista también ha denunciado cómo en regiones como Risaralda los mismos fiscales regionales han denunciado favorecimientos de esa entidad a cabecillas de organizaciones criminales como La Cordillera. Facsímil resolución 083 En este mismo sentido Mancera expidió la resolución 0083 también el 26 de febrero de 2024, a través de la cual “estableció” la organización interna de la Dirección de Apoyo a la Investigación y análisis contra la criminalidad organizada y reglamentó sus funciones. En realidad se trata de una mega estructura, que tendrá un director, un “grupo de trabajo de arquitectos de la transformación”, grupos de trabajo para el apoyo de las labores de la dirección de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad organizada, (apoyo al apoyo), grupos de trabajo de policía judicial. El autor o quien proyectó esta resolución, que tendrá un enorme impacto en el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, fue Mauricio Andrés Morales Hurtado, director de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad organizada, el mismo funcionario que también es el autor del proyecto que crea un Centro de Acopio de Información con vocación probatoria para actuaciones relacionadas con estructuras criminales, al que hace referencia la resolución 0086 también del 26 de febrero de 2024. Otra mega estructura creada en tiempo record, al igual que la organización de la dirección de apoyo a la investigación y análisis para la seguridad, creada con la resolución 0084 también en la misma fecha. Facsimil resolución 086 y 084 “Como sea, estas estructuras creadas por la fiscal Mancera, aparte de tener nombres rimbombantes, nada aportan al funcionamiento eficiente y eficaz de la Fiscalía General de la Nación, que dicho sea de paso desde hace mucho tiempo enfrenta dificultades debido a la carencia de fiscales, en unidades que investigan homicidios, delitos sexuales, bandas criminales, etc., así como de investigadores judiciales. En muchas seccionales los fiscales deben compartir un mismo investigador. Muchos de estos investigadores tienen una carga laboral imposible de cumplir lo que contribuye a la lentitud de la administración de justicia y explica, en buena parte, los altos índices de impunidad”, advirtió el exfiscal Montaña. Para la Fundación Paz y Reconciliación, esta reestructuración exprés de la Fiscalía tiene el objetivo de manejar la entidad a pesar de que la Corte Suprema elija este martes a la nueva Fiscal General. “Una de las hipótesis acerca de la creación de nuevas direcciones es que de alguna forma Martha Mancera está haciendo planes para permanecer largo tiempo en la entidad, lo que se ratificaría mañana si la Corte Suprema sigue dilatando la elección de Fiscal. La otra hipótesis es que la fiscal encargada esté aprovechando su período o bien para crear más burocracia o garantizar que hayan fichas cercanas a ella cuando la nueva Fiscal llegue a ejercer. En pocas palabras, crear una Fiscalía paralela con lealtades individuales que le hagan más difícil la labor a su sucesora”. Una vez examinadas estas resoluciones hay que resaltar que las mismas se suscribieron de forma veloz, en pocos días, lo cual no tiene antecedentes en la historia de la institución. No obstante, lo más preocupante es que no obedece a una necesidad de la Fiscalía que haya sido detectada a través de un trabajo serio y riguroso, no se sabe de la conformación de mesas técnicas o estudios previos que justificaran los cambios, tampoco se advierte en las mismas resoluciones que sea el resultado de una minuciosa planeación que tenga en cuenta el impacto fiscal que tendrá en el organismo la nueva planta de personal que integre estas nuevas dependencias. Finalmente, la fiscal Mancera creó el remedio para los conflictos que podrían generar la duplicación de funciones que ya ejercen fiscales o funcionarios de esta institución tras la creación de nuevos cargos por medio de estas resoluciones. Según la resolución 079 del mismo 26 de febrero de 2024, en caso de conflictos entre fiscalías delegadas y adscritas a la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), decidirá la vicefiscalía, lo que traduce nuevamente el poder que le está confiriendo la fiscal Mancera a la quien vaya a hacer las veces de vicefiscal. El exfiscal Montealegre denunció que es ilegal esta reestructuración de la Fiscalía, pues la fiscal Mancera actualmente está siendo investigada en la Comisión de Acusaciones por presuntamente encubrir a organizaciones criminales. Es claro que la permanencia de Martha Mancera en la Fiscalía puede continuar ocasionando graves problemas a la entidad que no serán fáciles de deshacer por la nueva Fiscal. Llama la atención que una persona con tanta experiencia en la entidad tenga tal nivel de confianza para realizar reestructuraciones express, crear burocracia innecesaria y concentrar poder. Los Magistrados de la Corte Suprema tendrán mañana en sus manos el destino de una entidad que cada vez más entra al huracán del desprestigio y la desconfianza que genera hoy en la ciudadanía.