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Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Investigador Programático de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. La última semana de febrero de 2024, varios medios de comunicación dieron a conocer el que sería un proyecto de Acto Legislativo de un solo artículo que permitiría el transfuguismo. El proyecto sería iniciativa de los congresistas del Pacto Histórico por MAIS, María José Pizarro y David Racero, con la intención de reestructurar las fuerzas dentro de Pacto a costa del sistema político colombiano, el cual cada vez es más personalista. Historia del sistema político colombiano En la democracia representativa los partidos políticos son, en teoría, la unidad fundamental, pues son los encargados de representar de la mejor manera sectores y agendas específicas. En Colombia durante casi siglo y medio se contó con dos únicos partidos (Liberal y Conservador) con facciones internas pero que excluían del sistema político a otras fuerzas y maneras de pensarse el país. Para la década de los 80´s con las desmovilizaciones de sectores de las FARC y con la firma del Acuerdo de Paz con el M-19 entraron nuevos actores políticos, entre esos la Unión Patriótica y el AD-M19, los cuales aglutinaron fuerzas de izquierda. Para finales de siglo, luego de la Constituyente del 91 surgieron otros partidos y estos presentaron varias listas en elecciones (Operación Avispa). A inicios del Siglo XXI para las elecciones del 2002, partidos como el Conservador, el Liberal y el recién fundado, Cambio Radical, presentaron varias listas de las cuales muchas obedecían a políticos asociados a proyectos paramilitares y no a proyectos de representación de agendas de la población. En investigaciones de la Fundación Nuevo Arco Iris se encontró que al menos el 30% de esos congresistas obtuvieron su curul con apoyo paramilitar (parapolítica). Mientras estos parapolíticos estaban en el Congreso, en el 2003 se aprobó el Acto Legislativo 01 de 2003 el cual prohibió la presentación de varias listas para cargos plurinominales (Congreso, concejos, asambleas) y se pasó a listas únicas por partidos, algo que se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, para el 2009, a finales del Gobierno de Álvaro Uribe se aprobó un proyecto de Acto Legislativo (Acto Legislativo 01 de 2009) muy parecido al que pueden presentar los congresistas del Pacto Histórico, el cual permitió a los políticos el renunciar a un partido y/o saltar a otro sin castigo alguno (perdida de la curul). Desde el 2009 hasta el 2022 el sistema político colombiano no había presentado tantos cambios y, por el contrario, se había logrado consolidar un sistema multipartidista. Con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc y la entrega de una personería jurídica a los desmovilizados, las sentencias de la Corte Constitucional de cara a la reparación política para partidos como el Nuevo Liberalismo, Comunista, Salvación Nacional y Verde Oxígeno a partir de la sentencia del Consejo de Estado del 2014 que le devolvió la personería a la Unión Patriótica y la llegada de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) el sistema de partidos viene siendo víctima de una contrarreforma. Para las elecciones legislativas del 2022 había 22 personerías jurídicas, de las cuales 4 fueron entregadas en el marco de reparación política un año antes. Luego de la posesión del Congreso el 20 de julio de 2022 y la elección del nuevo CNE por parte del legislativo, este, que está compuesto por políticos, ha entregado en el último año y medio 15 personerías jurídicas. La gran cantidad de partidos que existen ahora obedecen a personalismo y se transitado de partidos como instituciones de representación a simplemente máquinas de avales. ¿Qué busca el Pacto con el transfuguismo? El Pacto Histórico, que es una coalición de partidos políticos que se unieron para presentar una lista única a Congreso en el 2022 a la par que apoyaba la aspiración presidencial de Gustavo Petro, desde el inicio de su campaña ha presentado problemas internos, especialmente con líderes políticos como Paulino Riascos y Martha Peralta. Para 2022 el Pacto estaba compuesto por 6 partidos (Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica, Alianza Democrática Amplia, Comunista y Movimiento Alternativo Indígena y Social). Para el 2024 el Pacto ha presentado fragmentaciones, pues el CNE, con interpretaciones de la ley cada vez más absurdas, ha entregado 4 personerías adicionales a proyectos unipersonales (Independientes, Fuerza de la Paz, Todos Somos Colombia y Soy Porque Somos). Adicional a esto en el 2023 Comunes entró oficialmente a dicha coalición. Ante la negativa de varios jefes de partidos como Daniel Quintero (Independientes) o Martha Peralta (MAIS) de que el Pacto Histórico se convierta en un partido únicos y problemas con personajes como Paulino Riascos (ADA), personas cercanas al proyecto de la Colombia Humana, pero que están en otros partidos, como David Racero y María José Pizarro, vienen impulsado la idea del transfuguismo sin consecuencias. La idea de estos congresistas es depurar y reestructurar el Pacto de cara a las elecciones del 2026. No son los únicos que están de acuerdo con el proyecto, pues más de 100 congresistas de diferentes bancadas ya habrían firmado para su presentación. Si bien este proyecto, que requiere de ocho debates para su aprobación, buscaría la reestructuración de las fuerzas políticas, afianzaría también el poder de ciertas personas sobre algunas colectividades. Por ejemplo, para MAIS, en caso de la salida de María José Pizarro y David Racero, quien aumentaría su poder en esta colectividad sin problema alguno sería la senadora Martha Peralta. Muchos congresistas que apoyan el proyecto justifican que sus partidos son “cárceles”. Sobre ello hay que exigirles a estos congresistas, a estos políticos, que sean responsables también con la entrada a estos partidos. Ellos también son responsables de entrar en esa “cárcel”, nadie los obliga, si entran a una colectividad deben saber bajo qué condiciones entran y cómo se maneja internamente. No se puede permitir, de una u otra manera, el “engaño al elector”, el cual vota por el político perteneciente a una lista-partido (lista abierta) o solo por un partido o coalición (lista cerrada). En vez de estar hablando del transfuguismo el Congreso debería estar debatiendo una reforma política que consolide, de nuevo, un sistema multipartidista con partidos fuertes que representen colectividades y que logre blindar al órgano electoral independencia. Como diría el entonces senador Gustavo Petro “La reforma política debe asegurar que la política no sea individual, sino que represente sectores colectivos de la sociedad colombiana”. Colombia no puede cada cierto tiempo, como pasó en el 2009, estar aprobando el transfuguismo porque hay políticos que no son responsables con las decisiones que toman y solo ven en los partidos políticos la oportunidad de un aval. Si se les exige a los partidos políticos responsabilidad sobre los avales que entregan y sus mecanismos de democracia interna también se le debe exigir a los políticos responsabilidad sobre la entrada a algún partido.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Finalizó febrero y la tasa de intervención de la economía siguió igual. Marzo de 2024 comienza con una tasa de referencia de 12.75% —la misma que la Junta Directiva del Banco de la República estableció desde finales de enero de este año—. Sin embargo, se espera que al finalizar el mes —en la reunión del 22 de marzo, antes de Semana Santa— este organismo reduzca en, por lo menos, 100 puntos la tasa de interés de la economía colombiana. Como recordarán, la tasa de intervención del banco central tuvo un comportamiento de crecimiento constante desde septiembre de 2021, cuando se ubicó en la cifra de 1.75% —la más baja en los últimos tres lustros— y comenzó a subir hasta el primero de abril de 2023, ubicándose en la altísima cifra de 13.25%, la cual se mantuvo constante diciembre, donde cayó 25 puntos —a 13%—. Este comportamiento ha tenido serías y muy dañinas consecuencias en algunas variables de la economía nacional. La más importante ha sido la reducción abrupta de la solicitud de créditos para el consumo: las familias han soportado tasas de usura —en las tarjetas de crédito— superiores al 40% en 2023, lo que llevó a una caída en la demanda de bienes y servicios de los hogares. También, las altas tasas de interés han afectado fuertemente la inversión, en especial, en los préstamos para vivienda. El incremento en casi un año de más de 11 000 puntos en la tasa de intervención elevó para las familias y empresas el costo de compra de vivienda. Afectando negativamente a los más de 50 actividades que están asociados al sector de la construcción en el país. El resultado, como lo ha advertido el Gobierno nacional, ha sido una reducción paulatina del producto interno bruto (PIB). El cual cayó de un nivel altísimo postpandemia, de cerca del 19% en el segundo trimestre de 2021, a uno negativo de -0.3 en el último trimestre de 2023. Lo que significó una disminución de la tasa anual del PIB de 11% a 7,5% y a 0.6% del 2021 al 2023, respectivamente. Situación que ha llevado a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público prenda las alarmas y ruegue a la Junta Directiva del Banco de la República que comience a bajar más decididamente la tasa de referencia de la economía. Para el Gobierno está sería una sensata decisión para que la economía nacional no siga el camino de estanflación y se alegre de una fase probable de recesión. La principal razón que ha tenido la Junta Directiva del Banco de la República para comportarse de esta forma ha sido el control de la dinámica general de los precios de la economía. La Constitución Política de 1991 le estableció a este organismo estatal la prioridad en controlar la inflación. Pasando a un segundo o tercer plano, el fomento del crecimiento de la economía. De allí que cuando comenzó a ver cómo, desde el 1 de marzo de 2021, comenzó a crecer el Índice de Precios al Consumidor de 1.51% a la alta cifra de 13.28% en enero de 2023, el camino que adoptó el ente regulador fue subir de manera sistemática las tasas de interés de referencia. Logrando, finalmente, a partir de marzo del anterior año, tener un comportamiento decreciente en la inflación (ver gráfico). Gráfico 1. Evolución de la inflación y la tasa de intervención en Colombia, 2014-2024 Esto significa que la receta que sugiere la política monetaria tuvo buenos resultados. La tarea de controlar y reducir el nivel de inflación la ha cumplido el Banco de la República a cabalidad. Hoy el país cuenta con un comportamiento del nivel de precios en caída: pasó de 13.34%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo del año anterior —el nivel más alto desde 1999—, a uno de 8.35%, en enero de este año, y se espera que esté siga cayendo hasta niveles cercanos a 6% al finalizar el año. Por eso, la insistencia del Gobierno sobre la necesidad de cambiar el ritmo que se trae con las tasas de intervención. Para el ministro Ricardo Bonilla, al igual que múltiples analistas económicos, la Junta Directiva del Banco de la República está abusando del poder que tiene para controlar la inflación. Para ellos es tiempo ya de que se tome la decisión de bajar en varios puntos porcentuales la tasa. Es exagerado la lentitud con que opera el Banco. Pasarón nueve meses —del comienzo de marzo al comienzo de diciembre de 2023— para bajar en tan sólo 0.25% la tasa de interés, sabiendo que la curva de inflación había presentado una caída sostenida desde aquel mes. Medida tibia que se repitió en enero de 2024, donde la tasa se ubicó en el nivel actual del 12.75%. Afectando seriamente, como vemos, el crecimiento económico vía reducción de la inversión. Una decisión que ha generado también graves problemas para el Gobierno. Este actor ha visto como el papel keynesiano que le asigna al gobierno de fomentar el crecimiento económico no lo ha podido cumplir. El encarecimiento del crédito ha provocado tanto una caída permanente en la producción como una transferencia de dinero al sector privado —vía pago de intereses por deuda pública—, poniendo en peligro las finanzas públicas. En síntesis, contamos con una Junta Directiva del Banco de la República que ha logrado controlar, vía política monetaria contractiva, el nivel de inflación, pero esta medida se está presentando como una gran amenaza para la economía. La medida de control inflacionario está teniendo efectos negativos sobre el crecimiento económico, afectando todo el cuerpo social, incluido el Gobierno nacional. Y, aunque es cierto la tasa de interés no es la única variable responsable de la caída en el crecimiento económico del país —pues existen otros factores como la incertidumbre política, la desconfianza de los inversionistas y la baja gestión inversora del Gobierno—, es claro que esta variable pesa mucho en los bajos resultados actuales. De allí que se espera que, a finales de marzo, definitivamente, el organismo emisor tome la decisión de bajar con firmeza las tasas de intervención. La Junta Directiva del Banco de la República tiene un margen de, por lo menos, 440 puntos de tasa real para cambiar el rumbo de la economía e impulsar un crecimiento económico. La decisión debe ser invertir la tendencia negativa del PIB de -0.3, en el último semestre de 2023, a niveles positivos del 2%, en el cuarto semestre de este año. *Este artículo es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: La X - Víctor Ballestas El 13 de mayo del 2019 el entonces presidente Iván Duque se reunió con Mark A Green, quien en ese momento era director general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, para oficializar la enmienda al Acuerdo Bilateral entre los dos gobiernos en donde adicionaban 160 millones de dólares para implementar actividades de desarrollo económico para Colombia. Durante los cuatro años en los que fue presidente Duque condecoró en dos ocasiones a Green mientras estaba al frente en ese momento de la USAID. Green, poco tiempo después, el 15 de noviembre del 2021, pasó a dirigir el Centro de Pensamiento Woodrow Wilson. Sus visitas a Colombia a visitar a su amigo Duque eran constantes. Incluso la última la hizo en julio del 2022, a semanas de que el político del Centro Democrático dejara de ser presidente de la República. Pocas horas después de que Iván Duque le cediera la banda presidencial a Gustavo Petro, el 9 de agosto del 2022, Iván Duque anunciaba con bombos y platillos su nuevo trabajo: haría parte del Woodrow Wilson Center, uno de los tanques de pensamiento más importantes de los Estados Unidos. Esta distinción se la había ganado según el Wilson Center, por su liderazgo en frentes como la defensa a la democracia, protección a la biodiversidad, lucha contra el cambio climático y apoyo migrantes a migrantes venezolanos. Año y medio después los consentimientos del Wilson con Duque avanzaron. El pasado 28 de febrero el Woodrow Wilson anunció la creación del Iván Duque Center for Prosperity and Freedom', esta iniciativa refleja el compromiso de fortalecer la relevancia estratégica del hemisferio occidental para impulsar el desarrollo económico y defender los valores democráticos a nivel mundial". Mientras medios cercanos al Centro Democrática como la Revista Alternativa celebraban lo consideran un logro, otros cuestionaban las dádivas que Duque y Green se habían dado en torno a su amistad. Los números son fríos y no dan para pensar que Iván Duque sea un adalid de la defensa a la democracia, la protección a la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y el apoyo a migrantes venezolanos. Fueron precisamente los excesos de su gobierno, la brutalidad policial, una de las razones por las que la gente votó contra Uribe y decidió apoyar en las urnas a Gustavo Petro. Los escándalos se sucedieron una tras otro además de la protesta social. La gente salió a la calle como nunca antes en la historia a demostrar el hastío que le producía ese gobierno. El 11 de noviembre del 2019 ocurrió La marcha de las linternas, una movilización contra el entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez y su renuencia a no investigar a los poderosos detrás de los sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht. La sospechosa muerte de Jorge Enrique Pizano, auditor de Corficolombiana, empresa propiedad de Sarmiento Angulo y de la que Martínez era abogado, alborotó aún más los ánimos. Los bombardeos del ejército contra la población civil en San Vicente del Caguán bajo la anuencia del ministro de defensa Guillermo Botero, sumado a la corrupción campeante del gobierno Duque, sintetizada en el caso de los 70 mil millones que se perdieron desde el Ministerio de las TIC y que estaban destinados a la conectividad rural, fueron el detonante del paro del 21 de febrero del 2019, un paro que duró hasta marzo del 2020 y que fue apagado sólo por la pandemia. Ese 21 de noviembre del 2019 un policía del ESMAD disparó y provocó la muerte del joven Dylan Cruz. Sólo la pandemia guardó a la gente a la calle. Pero en abril del 2021 volverían a salir las masas escandalizadas por la propuesta de Reforma Tributaria que el entonces ministro de hacienda Alberto Carrasquilla le pasó al Congreso y que condenaba a la clase media a pagar unos impuestos leoninos. Un trino del director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, podría resumir la indignación que produce esta distinción a Duque desde Estados Unidos: “Estoy francamente desconcertado con la decisión de Woodrow Wilson Center -un tanque de pensamiento respetable- de crear el Centro Iván Duque para la Libertad. Quizás ignoran que su gobierno en la protesta social de 2021 produjo 89 asesinatos y 1.100 heridos, la mayoría jóvenes”. Las cifras desde el 28 de abril y el 5 de mayo del 2021 son aterradoras, se reportaron 1.181 casos de violencia policial, 92 víctimas de abuso de fuerza, cuatro víctimas de agresión sexual, 672 detenciones arbitrarias, 12 víctimas de agresiones a los ojos. La distinción a Duque como un adalid de los Derechos Humanos no se puede interpretar de otra manera que el favor de un amigo a otro en su afán por limpiarle la cara, las manos llenas de sangre. La única explicación es la amistad con Mark Green. Esto es una afrenta a las víctimas que murieron, fueron torturados, violados y heridos durante la represión policial que ordenó el gobierno Duque en los meses que duró el Estallido Social.

Por: Fundación Pares Foto tomada por: Verónica Londoño A las 2:30 de la tarde, con una puntualidad forjada a pulso en Londres, Juan Manuel Santos empezó su charla. En una hora contó de manera detallada, escrupulosa, su último periodo político, que arrancó desde el 2005, cuando aceptó ser el ministro de Defensa de Álvaro Uribe y terminó en el 2018 cuando le deja la banda presidencial a Iván Duque. El expresidente hizo por supuesto énfasis en lo logrado en sus años de gobierno y al igual que lo ha hecho en otras ocasiones expresó su desazón por las falencias en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Pero en su discurso llamó la atención la manera cómo resaltó el fracaso de la lucha contra las drogas y la afirmación de que el crimen organizado es el principal reto en América Latina. No le falta razón. Santos era uno de los personajes más rutilantes entre otras figuras de la política continental en el evento organizado por la Fundación Paz y Reconciliación, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia y Chile21 titulado Reconstruyendo estados de bienestar en las Américas. El panorama que dio el expresidente Santos no invita al optimismo. Latinoamérica pasa por un momento crítico sobre todo en materia de seguridad. La extorsión, el secuestro, el narcotráfico azotan a lugares naturalmente tranquilos como Uruguay y se ha convertido en un problema mayúsculo en Argentina y Chile, pasando por Perú, Ecuador, México y Colombia. El evento lo facilitaron Jorge Castañeda, excanciller mexicano y el ex ministro de finanzas de Chile, Carlos Ominami y Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares. El ascenso de soluciones populistas a la inseguridad fue una preocupación permanente entre los asistentes, porque es una realidad y también una tendencia. Las cifras no son alentadoras y el crimen organizado tiene un crecimiento mucho mayor que la capacidad de los Estados para responder. Y en medio de todo, las soluciones anti-Estado y en muchos casos antidemocracia parecen estar en ascenso. Es que no existe un caldo de cultivo que alimente mejor a los populistas que la inseguridad. Por eso han llegado a la Argentina figuras inclasificables como Javier Milei, en el Salvador Nayib Bukele y las nubes se aglutinan y anuncia tormenta en Estados Unidos. Invitados que vinieron desde ese país como Eduardo Porter, periodista económico del Washington Post, expusieron los temores que en este momento embargan a la sociedad civil en ese país: una victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre de este año. Las acusaciones en contra suyo no hacen suficiente peso y la debilidad física del actual presidente Biden, le abren el camino a un personaje que inspiró a otros políticos de claro tinte autoritario como los fue Bolsonaro en Brasil y lo es Milei en Argentina. El evento contó con la participación del intendente de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, que está en las antípodas de Milei y, con cifras, demostró que el autoproclamado primer presidente libertario de la humanidad no las tiene todas consigo y podrían empantanarse los cambios que había prometido, como dolarizar la economía o quitarle poder al Banco Central. No cuenta con mayorías en el Senado y lo que es peor, de todos los intendentes que están en Argentina, sólo dos pertenecen a su partido. México tiene elecciones en los próximos meses y presenta un contraste bastante particular según contaron los invitados. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador es querido por la gente y mantiene niveles de popularidad altos, existe una reprobación general a su gobierno. La seguridad sigue siendo su talón de Aquiles. La cifra de más de 90 asesinatos al día pone los pelos de punta. Uno de los asistentes al evento fue José Miguel Vivanco, el abogado chileno que hasta febrero del 2022 fue el director de la división de las Américas de derechos humanos quien atentamente escuchó el sombrío panorama que se vive en el Perú desde el golpe de estado que tumbó, el 7 de diciembre del 2022, al presidente Pedro Castillo. Una de las voces que más retumbó en la sala del hotel Rosales Plaza, sede del evento, fue la de la senadora Susel Paredes, reconocida líder LGBTIQ+ quien denunció el crimen que se está carcomiendo la Amazonía peruana, la minería ilegal y la aparición de grupos transnacionales como el Comando Vermelho y el propio Tren de Aragua. Brasil mostró los resultados que en materia social ha traído el regreso de Lula pero los años del Bolsonarismo es una herida que continúa abierta. Uruguay ve con estupor como el puerto de Montevideo poco a poco es permeado por la mafia continental. Laura Bonilla dio un balance sobre las principales cifras de seguridad y las distintas narrativas alrededor de la paz total, con sus luces y también sus sombras. Pocas veces en el país se puede dar un encuentro con tantas figuras continentales. Este es un espacio necesario para tratar temas y preocupaciones que hermanan a nuestros países, como el de la ola de inseguridad que parece convertirse en Tsunami. Fotos tomadas por: Verónica Londoño Día 1 Video tomado por:Verónica Londoño *Este evento se realizó por las organizaciones Pares, Chile 21 y FESCOL con el apoyo del PNUD y Open Society

Por: Guillermo Linero Si bien es cierto que Benjamín Netanyahu –primer ministro de Israel- tal vez no empuñe en sus manos un fusil y tal vez tampoco sepa accionar una bomba, un mortero o un cohete y, pese a que poderosos Estados lo justifican y lo aúpan y, aun sabiendo que a todos nos consta que en la Franja de Gaza son muchos los israelíes que disparan fusiles y accionan sus bombas y cohetes contra la población civil, pese a todo eso, también es cierto que dichos soldados actúan apartados de sus criterios éticos unipersonales y de sus objeciones de conciencia, y lo hacen en cumplimiento del deber, obedeciendo con patriotismo las órdenes de Netanyahu. Desde tal realidad, es fácil entender que si bien Netanyahu no es quien acciona directamente las bombas, ni los morteros ni los cohetes, ni es quien dispara con pistolas y fusiles contra la población (tampoco Hitler entregaba de su propia mano los dulces envenenados a los niños judíos) Netanyahu sí es quien al levantar su dedo índice de gobernante puede provocar que miles de soldados israelíes asesinen “a nombre del pueblo” a individuos, digámoslo así, de la misma especie. En tal suerte, no es descabellado hacer de Netanyahu –que no del pueblo de Israel- target de nuestra crítica en calidad de responsable del genocidio contra la población palestina, e incluso, por intermedio suyo, hacernos nosotros igualmente blanco de la autocrítica, si consideramos una corresponsabilidad de la especie por cuenta del respaldo de poderosos gobernantes que pueden disuadirlo y por culpa del silencio e inacción oportunista de muchos otros. El trasunto de esta anomalía, y esto hay que reconocerlo si deseamos cambiar la recurrente tradición de auto eliminarnos por una conducta social de preservación de la especie, es que la humanidad todavía no ha podido concretar un orden social donde quien administre sea en verdad el poseedor de la voluntad popular. Y mientras eso no ocurra los pueblos seguirán inmersos en elecciones azarosas, cuyos resultados –no importando si en regímenes parlamentarios o presidencialistas- han sido en su mayoría negativos: la historia nos ha demostrado la dificultad de los pueblos para elegir personas interesadas en trabajar en beneficio de todos y no para sí mismos, ni para sus familiares y vecinos, ni para sus copartidarios o correligionarios. Lamentablemente, la habilidad para escoger buenos gobernantes es un asunto de cultura política de la población, y eso no hemos podido alcanzarlo. A lo largo de la historia los pueblos han tenido que soportar con estoicismo a gobernantes que han sido enemigos de la especie, como a Pinochet y a Uribe en Latinoamérica, o como a Nerón, a Gengis Kan, a Stalin y a Hitelr en otros hemisferios. No obstante, en el presente ya no es un pueblo, sino la humanidad entera la que resiste con vergonzante estoicismo los genocidios de Netanyahu. Y no hay otra verdad: al pueblo de Israel -por causa del azaroso juego democrático de la elección de los gobernantes- le ha tocado en suerte una persona que piensa nada más en sí misma, en su familia y en sus copartidarios y correligionarios; una persona preocupada solamente por sus connacionales y capaz de irse -con los modos de la barbarie más atroz- lanza en ristre contra la misma especie. Y lo digo así, “contra la misma especie”, pensando en la famosa frase de Hobbes “el hombre es un lobo para el hombre”, palabras que connotan la crueldad humana y el hecho de que en ocasiones nuestros peores enemigos sean nuestros semejantes; pero lo digo, especialmente, pensando en que los niños –hoy target de la barbarie de Netanyahu, del ejército israelí y de los gobernantes poderosos que se han callado con hipócrita complicidad- no son propiedad de ningún Estado, ni de ningún grupo armado. Los niños asesinados cruelmente en la Franja de Gaza eran, aparte de naturales palestinos, esencialmente humanos. Los niños de Palestina, como los de Israel y los de cualquier lugar del mundo, al nacer ni siquiera pertenecen a ninguna lengua; no están comprometidos con ideologías, ni saben lo que es pensar mal. Los niños son inocentes, pero también son inocentes la mayoría de los civiles que por cuenta de esa falta de la referida “cultura política de la población”, nada de nada entienden o los han pervertido.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: La Voz de América El 20 de febrero de 2024 la sesión plenaria de la Cámara de Representantes se decantó por aplazar la aprobación del acuerdo binacional de seguridad jurídica a las inversiones de Colombia y Venezuela, que cursa su último debate. La justificación de esta iniciativa, impulsada por la oposición en cabeza del representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, es no aprobar ningún acuerdo hasta que se haya aclarado la situación política de María Corina Machado y existan garantías para las próximas elecciones en Venezuela, que aún no poseen un calendario claro. Este acuerdo, que fue suscrito el 3 de febrero de 2023 entre los gobiernos de Venezuela y Colombia y que debe ser aprobado por el legislativo de cada país, ya se venía cocinando desde diciembre de 2022 cuando el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez, adelantó que existía un trabajo técnico alrededor de potenciales modificaciones sobre el Acuerdo de Alcance Parcial de naturaleza Comercial, firmado en 2011 y que ha buscado regular de manera normativa las relaciones comerciales entre ambos países. Esto posterior a la denuncia del tratado constitutivo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por parte de Hugo Chávez en 2006 y pasado el plazo de 5 años en los que cesaban las obligaciones de la CAN en Venezuela. Este acuerdo es importante porque es uno de los esfuerzos del Gobierno nacional para la reactivación económica y comercial entre los dos países, posterior a la apertura comercial de la frontera en septiembre de 2023, y a la apertura peatonal de la misma, ocurrida en enero de 2023. Además, ha sido uno de los caballitos de batalla del ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, dentro del Congreso. El acuerdo lleva 3 debates. El primero se realizó en la Comisión Segunda del Senado, donde fue aprobado por unanimidad el 1 de marzo de 2023. Luego llegó a plenaria del Senado, donde fue aprobado el 8 de octubre de 2023 con 63 votos a favor y 6 en contra. Tras ello, siguió su curso en la Comisión Segunda de la Cámara, en la que fue aprobado con 13 votos a favor y 1 en contra. Finalmente, llegó a la plenaria de la misma corporación, en la que se estancó debido a la iniciativa de aplazamiento de la oposición. José Jaime Uscátegui se la jugó con la carta del silencio del gobierno ante las inhabilitaciones de María Corina Machado para motivar los votos que llevaron al aplazamiento. La tesis de la ruptura democrática que vive Venezuela —argumento esgrimido por los congresistas del Centro Democrático, de Cambio Radical y otros opositores en los debates anteriores— no movió los suficientes apoyos en ambas cámaras para tumbar la iniciativa. Sin embargo, el recrudecimiento de las sanciones, la incertidumbre frente a las fechas concretas del proceso electoral, junto con la posibilidad de ampliar las elecciones a cargos legislativos (propuesto por Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional en los últimos meses) terminó inclinando la balanza frente al apoyo que tenía el acuerdo en ambas cámaras, enviando una voz de protesta contra el gobierno. Intercambio comercial entre Venezuela y Colombia Lo que se encuentra en juego con el acuerdo de promoción y protección de inversiones, en parte, es el incremento de las cifras de exportación e importación en el comercio entre Colombia y Venezuela, que sigue siendo frágil ante estas coyunturas. Según la Cámara Colombo-Venezolana, este intercambio creció en un total del 9,3%, pasando de USD $650 millones FOB a USD $710,5 millones FOB en noviembre de 2023. Aunque las cifras no alcanzaron las proyecciones estimadas por el gobierno de USD $800 millones, el incremento plantea que existe cierta recuperación económica desde que se abrió la frontera en enero de 2023. Este incremento se ha visto reflejado tanto en las importaciones como en las exportaciones, siendo ambas cifras favorables para Colombia. En términos de importaciones, el incremento fue del 31%, pasando de USD $81 millones FOB a USD $108 millones FOB entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023. De entre los productos más importados hacia Colombia, se encuentran abonos, maquinaria industrial, hierro, acero y material eléctrico. Del mismo modo, las exportaciones crecieron un 6% en el mismo período evaluado, incrementándose de USD $568 millones FOB a USD $602 millones FOB. Frente a la balanza comercial entre Colombia y Venezuela, existe superávit que favorece a nuestro país en más de USD $495 millones FOB. De entre los productos con mayor índice de exportación hacia Venezuela se encuentran alimentos y bebidas, productos químicos, plástico y tabaco. En la frontera las cifras del comercio también han aumentado en los últimos meses. Según cifras del Ministerio de Comercio, la actividad comercial de los 3 puentes habilitados para el transporte de carga entre ambos países (Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot), sumó en total USD $310,5 millones, con un paso de 301.527 toneladas de carga entre ambos países. De ellos, USD $276,3 millones fueron exportaciones, y USD $34,1 millones fueron importaciones.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: 360 Radio En una mañana cargada de expectativas, la Presidencia anunció oficialmente que Gustavo Bolívar será el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), una de las entidades de mayor relevancia en la burocracia del Gobierno colombiano. El nombramiento de Bolívar llega tras intensas especulaciones y rumores que lo situaban como el principal candidato para suceder a Laura Sarabia, quien estuvo al frente del DPS durante cinco meses. La confirmación de su designación marca un hito en su trayectoria política, al ser su primer cargo como funcionario público. Con una experiencia diversificada que abarca desde su destacado rol como libretista y novelista hasta su paso por el Senado y el Concejo de Bogotá, Bolívar emerge como una figura relevante en el ámbito político nacional. Su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su participación activa en el Pacto Histórico consolidan su perfil como un actor clave en la escena política contemporánea. La trayectoria de Bolívar estuvo marcada por su incursión en la coalición conocida como la lista de los decentes, que lo llevó al Congreso en 2018. Sin embargo, su renuncia en 2022 debido a razones económicas lo condujo hacia nuevos horizontes, incluyendo una breve incursión en la arena electoral como candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2023. A pesar de no contar con estudios académicos formales, Bolívar cumple con los requisitos legales para asumir el cargo, según lo establecido en la Resolución 04420 del 31 de diciembre de 2015 y la Constitución Política de Colombia. Su designación ha generado cierto debate respecto a su capacidad para manejar un presupuesto anual de 10,7 billones de pesos, pero legalmente está habilitado para ello. El nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) asume el desafío de liderar políticas y programas destinados a combatir la pobreza, promover la inclusión social, atender a las víctimas del conflicto armado y dirigir la actividad administrativa de la entidad. Su gestión estará marcada por el compromiso de impulsar el bienestar de los sectores más vulnerables del país. El presupuesto asignado a Prosperidad Social para el año 2024, que asciende a 10,7 billones de pesos, representa una oportunidad para Bolívar de materializar sus objetivos y apoyar a los líderes de base del Pacto Histórico que respaldaron la campaña presidencial de Gustavo Petro. Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señaló que Bolívar asume la responsabilidad de dirigir la política social del Gobierno Nacional. Este hecho confirma la hipótesis sobre la radicalización democrática. Pérez mencionó que Petro se rodea de sus aliados y designa a un individuo de su confianza para liderar la entidad pública encargada de gestionar los programas sociales, que maneja una considerable cantidad de recursos públicos. El investigador también destacó que Gustavo Bolívar, quien conoce a Petro a la perfección, será el encargado de focalizar los programas sociales y de interpretar las políticas sociales según los deseos del mandatario. Designar a alguien tan familiarizado con sus propósitos en una posición tan crucial para la implementación de programas sociales y políticas de este tipo es un claro indicador de la radicalización democrática de Petro. Con este nombramiento, Gustavo Bolívar emerge como una figura política de peso, consolidando su influencia dentro del Pacto Histórico y ganando un pulso político frente a figuras como el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Su llegada al Departamento de Prosperidad Social (DPS) marca el inicio de una nueva etapa en la lucha por la prosperidad y la inclusión social en Colombia.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El País En la madrugada del 21 de septiembre del 2010, en su búnker en la Serranía de La Macarena, Jorge Briceño, comandante del Bloque Oriental de las FARC, se disponía a dar su última lectura a sus guerrilleros. La diabetes lo había diezmado. Las largas caminatas escapando del cerco que le había puesto el entrante presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lo obligaba a tener unas botas especiales. Sin que él supiera, el Ejército logró infiltrarle un médico que le dio unas botas nuevas que tenía un chip geolocalizador adentro. Cuando los guerrilleros sintieron el bombazo ya era muy tarde. Caía el sanguinario miembro del Secretariado de las FARC. Dentro de la organización El Mono Jojoy era uno de los líderes más carismáticos, a pesar del odio que buena parte de la población colombiana le tenía. Al hombre que escogieron para reemplazarlo fue José Aldinever Sierra Sabogal. Él ha sido señalado como el máximo comandante de la Segunda Marquetalia después de que Iván Márquez sufriera un atentado que lo mantiene en una situación complicada de salud. Es uno de los delegados por este grupo insurgente para sentarse a dialogar con el gobierno. A través de la resolución 065 del miércoles 28 de febrero, se dieron a conocer los nombres de los miembros de la Segunda Marquetalia que se sentarán a dialogar con el gobierno. Uno de ellos es el Zarco Aldinever quien tiene, entre otros crímenes, el de la muerte y desaparición de James Silva Duque, funcionario de la Fiscalía en Villavicencio. En su campamento, del Frente 53 de las FARC, habrían asesinado a Silva Duque. Aldinever tiene en la mesa de negociación a uno de sus hombres de confianza, alias Gerson. Aunque firmó el acuerdo de paz, e incluso participó junto a otros 500 excombatientes en proyectos productivos ubicados en Mesetas, la JEP empezó a abrirle un expediente en abril del 2019, empezó a citarlo sin éxito. Aldinever nunca cumplió una cita, alegaba motivos de seguridad. Poco se sabía de él. Había ingresado a las FARC a los 15 años, nació en Villavicencio, no terminó la primaria y en esa guerrilla cumplía tareas extorsivas.  Después de la muerte del Mono Jojoy y ya establecido como su reemplazo se hizo muy amigo de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa. Junto con él se evadió del espacio territorial donde estaba desde agosto del 2019. Aparecería unos meses después, junto a Iván Márquez, Romaña, El paisa en un video donde se anunciaba el inicio de la Segunda Marquetalia. Uno de los que aparecía en el video era José Vicentes Lesmes, alias Walter Mendoza. Pragmático, frentero, los que lo conocieron en los breves años en los que cayó su fusil recuerdan su desazón y desconfianza con el recién firmado acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Entró a las FARC en la década del setenta. Creador de las columnas móviles del Bloque Occidental, entre sus crímenes está el de poner una moto con explosivos que mató a una persona y dejó heridas a 56. Durante el proceso de paz fue el encargado para hacer pedagogía sobre el proceso en su tierra, en el Cauca -incluso quería ponerse a exportar café y hasta tuvo en mente dirigir un equipo de fútbol con ex combatientes-  pero poco a poco la desilusión y la desconfianza sobre la seguridad que tendrían los guerrilleros después de la firma, fueron minando su decisión hasta volver a alzarse en armas en la Segunda Marquetalia. Es uno de los ideólogos más formados con los que cuenta esta organización. Enrique Marulanda, uno de los trece hijos que tuvo Petro Antonio Marín, el legendario comandante supremo de las FARC, se hizo conocido cuando fue el designado por Iván Márquez para leer uno de los comunicados con los que la Segunda Marquetalia puso su posición sobre la mesa. Además fue él quien leyó el comunicado en el 2022 donde afirmaba que Iván Márquez, contrario a la chiva periodística que dio en su momento el periodista Yamid Amat, seguía vivo. Aunque firmó el acuerdo de Paz con el gobierno Santos y alcanzó a participar de proyectos productivos en Mesetas, su decisión fue volverse a armar. Estará en la mesa con el gobierno. Otro de los que negociarán, Luis Andrés Figueroa, tiene un historial de crimen que abarca 28 homicidios y 60 secuestros. Una de las manos derechas de Iván Márquez, André Perilla Sandoval, alias Allende, también estará sentado en esa mesa. Los otros guerrilleros que conformarán la delegación de paz de la Segunda Marquetalia son Henry Quiñones Angulo, alias Tocayo, José Darley Malagón, alias poco pelo, Luis André Figueroa Marín, conocido como Popeye, y el jefe de los Comandos Frontera que operan al sur del país y que en las últimas semanas han desplazado con sus combates a cientos de familias en Nariño y Putumayo, Geovanny Andrés Rojas, alias La Araña. En las últimas horas se supo que el gobierno había dispuesto al experimentado Armando Novoa para que estuviera al frente de esa mesa de negociación con la Segunda Marquetalia.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Opinión Caribe Todo este artículo se lo debo a Guillermo Angulo, el amigo íntimo de Gabo, el que conoció en Roma en 1955, cuando era un estudiante de cine que a veces tenía que rebuscarse entre la basura algún sándwich a medio comer, que lo disfrutó en la cumbre, en diciembre de 1982, fecha en la que los suecos le entregaron el Nobel en Estocolmo y que lo vio apagarse en la primera década de este siglo. La primera laguna mental de Gabo fue en una feria del libro de Guadalajara. Todos tenemos lagunas breves, en donde no podemos encontrar las llaves del carro o no sabemos por qué tenemos dos vasos de agua idénticos en la mesa de noche. Pero esa primera señal de la enfermedad en Gabo fue serio, asustador. Estaba en una mesa, hablando de su obra, cuando de repente no supo qué estaba haciendo ahí ni quienes eran las personas que estaban al frente suyo. Fiel a Fidel Castro los primeros especialistas que vio fueron los doctores de La Habana. Le dieron una palmadita en la espalda “No es nada, a los genios no les pasa estas cosas” y le hicieron un tratamiento que no ayudó. Porque la enfermedad del olvido se comió muy rápido a Gabriel García Márquez. Él, que tanto miedo le tenía a esa vaina, terminó siendo una víctima más de las que cayeron en la peste del olvido que arrasó a Macondo. Lo sorprendió justo cuando estaba escribiendo sus memorias. Sólo escribió una parte de la que tenía pactada con la editorial Norma. Igual, fue la parte más importante. Le decía a su hijo Rodrigo que las cosas más importantes de su vida le habían pasado hasta los ocho años. A esa edad perdió al hombre que más lo influyó, su abuelo, el general Nicolás Márquez, el viejo guerrero que se encerraba en un taller de orfebrería a hacer pescaditos de oro. No quería que Vivir para la contarla se convirtiera en una sucesión de relatos sobre los pormenores de cenas con Muhammad Alí, Robert de Niro y Sergio Leone en Italia o la tarde que fue a Madrid a ver toros con Roman Polanski. Vivir para contarla , fue la última obra que escribió antes de que la enfermedad lo borrara. Guillermo Angulo lo vio en el 2009, cinco años antes de su muerte, en Cartagena. Ya sabía de sus lagunas mentales pero no sabía que su amigo estaba tan enfermo hasta que le hizo cinco veces la misma pregunta ¿Cuándo llegaste? Sus hijos y Mercedes Barcha cuidaron bien que la escabrosa prensa mexicana y colombiana no supiera de las angustias del genio. Unos pocos buenos amigos conservaron ese secreto. Poco después de ganar las elecciones presidenciales del 2010, Juan Manuel Santos y su asistente Cristina Plazas, fueron hasta la casa del escritor en Jardines del Pedregal, en Ciudad de México. La idea era grabar un video, el encuentro entre los dos amigos. Pero Gabo ya estaba ausente, silencioso, triste. Ya no era el gozador que sabía, como nadie, atender en su casa a los amigos que él quería ver. Ante los primeros síntomas Gabo se asustó. La memoria es la materia prima con la que trabaja un escritor. No recordar es no escribir más. Se necesita de memoria para ordenar los pensamientos, los datos. Tenía 75 años y la fuerza suficiente para poder escribir sus memorias y cinco libros más. Su acto reflejo fue hacer lo que nunca había hecho: leer su obra. Creía que si releía uno de sus libros podría encontrar tantos errores que ya no volvería a escribir más. Cuando ya había perdido la batalla leía asombrado párrafos enteros del Otoño del patriarca y murmuraba : “este carajo sí que sabe escribir”. Poco después de su cumpleaños 87 Gabo fue avasallado por una pulmonía. Los médicos que lo atendieron le dijeron a Mercedes y a Rodrigo, su hijo mayor, que podrían alargar su vida sólo con tratamientos tan agresivos como la quimioterapia, porque lo más seguro es que tuviera cáncer de pulmón. Lo mejor sería que se fuera a su casa, a estar cómodo y en paz. Gabo lo olvidó todo menos los poemas del Siglo de Oro español y las canciones de Leandro Díaz y Rafael Escalona, que retumbaban a todo volumen en su cuarto. Rodrigo llamó a Guillermo Angulo el 15 de abril del 2014. “Está muy mal”- le dijo. Era semana santa plena. El cineasta Alessandro Angulo le consiguió los pasajes para México. “Vete a despedirte de tu amigo”. Cuando Angulo llegó a la casa del Nobel, muy temprano el 17 de abril, Viernes Santo, Rodrigo le abrió la puerta y le dijo que su amigo había partido. “Qué bueno que llegaste Anguleto, que así la tristeza está más repartida”. Gabo dejó este mundo ese día pero sin memoria había partido hace rato. Fue muy duro esos últimos años en donde no pudo escribir. La tristeza es un escritor que no pueda contar sus historias.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista El consentimiento es un acuerdo y punto. Muchos hombres se resisten a entenderlo, pero en la condena contra el exfutbolista Daniel Alves da Silva por violación se evidencian unos elementos clave para comprender qué es el consentimiento sexual. La sentencia es clara: “Debe señalarse que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, o que incluso haya podido abrazarse al acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir”. La discusión sobre el consentimiento sexual debe ser seria. Esto no trata de mujeres coquetas, confundidas o arrepentidas, NO. El consentimiento sexual tiene varias características: debe ser libre, es decir que, de ninguna manera, me presiones o me manipules, o que esté drogada o borracha para acceder a la actividad sexual, porque bajo estas situaciones mi decisión no será autónoma; informado, es decir que pueda tener la información completa sobre la situación, porque puedo querer que me penetres usando condón, pero si te lo quitas sin decírmelo no hubo un consentimiento total; específico es decir que diga “Sí” a cada acción, porque puedo acceder a besarnos y tocarnos, pero eso no significa que quiera acceder a la penetración; y es reversible, es decir que, aun cuando ya estemos en el acto sexual, diga que ya no quiero continuar. Como dice la sentencia: “el consentimiento en las relaciones sexuales debe prestarse siempre antes e incluso durante la práctica del sexo”. La situación de las violencias basadas en género es tan impresionante que, según las cifras oficiales del INML, mientras escribo esta columna, en Colombia, en promedio, cada 8 horas una mujer es asesinada y 8 mujeres cada hora son víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, y cada hora 2 niños o niñas son víctimas de abuso sexual. Esto es un asunto muy grave que requiere atención urgente. Es alarmante cómo el sistema patriarcal no permite que se comprenda lo que implica el consentimiento, porque históricamente, a las mujeres, nos han visto como objetos y no como sujetas de deseo. Esto perpetúa un ciclo de violencia en el que las víctimas son revictimizadas y los perpetradores, en lugar de ser responsabilizados, a menudo son protegidos, especialmente por su estatus social, y esto profundiza la cultura del abuso. La educación sexual y el acceso a recursos para el apoyo a las víctimas son fundamentales para crear entornos seguros y respetuosos. Vivimos en culturas que minimizan y normalizan la violencia sexual y esta mentalidad hace que no se respeten los límites y el consentimiento. Es responsabilidad de los Estados implementar estrategias educativas efectivas, creativas y masivas que promuevan el respeto, la igualdad de género y la precisa comprensión del consentimiento sexual. Por ejemplo, si los hombres no lo entienden leyendo, tal vez lo entiendan cantando. Como lo dice Ivy Queen en su canción: “Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo: "sí, tú me puedes provocar" eso no quiere decir que pa' la cama voy”.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Colombiano Todo lo que supo de Justicia José Alberto Tejada lo aprendió de su maestro, el sacerdote belga Daniel Gillard. Sí, desde sus años de estudiante en el Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco, de la mano de los salesianos, fue despertando su consciencia política. Tuvo profesores como Gustavo Álvarez Gardazeabal que lo incentivaron a leer, a saber que la vida era mucho más allá que despertar, comer y dormir. Desde esa época arrancó su labor como periodista. Fundó la emisora del colegio. Terminando el bachillerato se involucró en el grupo Cristianos por el Socialismo, grupo que lo llevó a los barrios, a tener contacto con la gente real. Mientas tanto iba estudiando Contaduría Pública porque de algo había que vivir. Este tulueño de nacimiento se consiguió un empleo normal en el Banco Social Hipotecario, sin embargo el sentido de justicia jamás lo abandonó, se destacó como líder sindical, lo botan por sus posturas y ahí no se quedó con los brazos cruzados. Trabajó con Grupos Campesinos y con grupos de solidaridad de presos políticos, en ese proceso, en 1984, conoce al sacerdote Daniel Gillard. Más que un amigo fue una inspiración. Había llegado a Colombia en 1965 y desde entonces se había comprometido a trabajar de la mano de los que más lo necesitaran en el Distritito de Aguablanca en Cali, un lugar en donde siempre se ha anidado la pobreza. El 10 de abril de 1985 Gillard se desplazaba en el barrio Vergel en un campero Nissan Rojo. Iba hacia la parroquia del Señor de los Milagros, que estaba construyendo con recursos conseguidos en la comunidad cuando le dispararon cinco veces. Duró un tiempo en estado de coma antes de morir. El Estado estuvo detrás del asesinato y después se reconocería que sus asesinos pertenecieron al ejército. José Alberto se convirtió entonces en la cabeza del CECAN, la Corporación Cívica Daniel Gillard que le ha devuelto la esperanza a tantos jóvenes que no tenían motivos para estar ilusionados gracias a sus talleres formativos. Cuando fue elegido Representante a la Cámara muchos se preguntaban ¿De dónde había salido? ¿Quién era ese don Nadie? En Aguablanca hace casi cuarenta años que sabían quien era José Alberto. En el 2005, después de una crisis económica que casi acaba con la corporación, decidieron ponerle la ficha a la creación del Canal 2 de Cali. Si en Colombia es difícil hacer periodismo independiente, el periodismo combativo, el que intenta cambiar, formar, puede costar la vida. Mantenerlo al aire fue la lucha de la vida de José Alberto. Se preocupaba demasiado por los demás como para pensar en el reconocimiento propio. Y este llegó en el 2021 sin que él lo pidiera. Cansados de abusos como la Reforma Tributaria que el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla pasó al congreso, que empobrecería aún mas a los que tienen nada, hastiados de un sistema de salud que dejaba morir a los más pobres, la gente salió a la calle y no se volvió a entrar. Se conoció como el estallido social y arrancó el 26 de abril del 2021. Mientras los medios tradicionales casi que ponen sobre la mesa el término “Toma Guerrillera” y tildaban a los grupos de resistencia como La Primera Línea, de terroristas, pocos medios, algunos comunitarios como el Canal 2, salieron a mostrar la verdad, bien a costa de su vida. A José Alberto, durante el estallido social, le llovieron amenazas. Algunas directas. Una de esas tardes pasó por el lado de un CAI en el Paseo del Comercio y un policía, entre risas, le dijo “Cucho, te vamos a picar”. Ya su rostro se había hecho conocido no sólo en la ciudad sino en el país. Algunas de sus transmisiones fueron icónicas. Tenía 64 años y estaba demasiado joven para morir cuando, el 1 de mayo del 2021, día internacional del trabajo, estuvo adentro de una de las protestas más efusivas y más brutalmente reprimida durante el estallido. Con su Sancho Panza, su infatigable y valiente camarógrafo, Johan Buitrago, se metieron al sector de la Luna. Constataron que la policía realizaba disparos a diestra y siniestra contra los manifestantes, estaba a tres metros del lugar donde un joven cayó inconsciente. Una bala le había atravesado el pecho. Todo lo mostró a partir de su narración y del ojo que no se apagaba de Buitrago. Si El Cucho transmitía las posibilidades de que la policía matara a jóvenes se reducían. El ojo que no se apagaba era la denuncia constante, el señalamiento al opresor. ¿Cuántas vidas no habrá salvado con sus despliegues digno del más valiente de los reporteros de guerra en Libia? Estuvo así tres meses. Sus lives en redes sociales duraban horas. Pocos sabían su nombre. En esa época era conocido como “El Cucho del Canal 2”. En plena manifestación cumplió años y los muchachos de la Primera Línea se lo celebraron en Vivo. Mientras desconfiaban de todos los medios tradicionales, al Cucho lo trataban como un hermano. Era el legado no sólo del padre Gillard sino de San Juan Bosco, su santo favorito. El contacto con los muchachos que lo dan todo porque no tienen nada. Mientras los grandes periodistas de Bogotá lo miraban con desconfianza e incluso algunos insinuaban que hacía todo esto por conseguir fama, José Alberto vivía una crisis económica fuerte. Los patrocinadores del canal, uno a uno, se iban bajando del bus. Le quitaron la pauta. Su militancia, su decisión de apoyar las causas justas por las que se luchaba le generó problemas con sus anunciantes. Y no cerró. Desde que tuviera ganas, una cámara e internet, seguiría llevando en vivo y en directo la verdad. Al final valió la pena. Ganó un candidato que representaba el cambio y él consiguió un escaño en el Congreso, gracias, en parte, a la fe de esos jóvenes que vieron como se jugó la vida durante meses para contar la verdad. Lo que pocos sabían era que un cáncer le estaba quitando la posibilidad de disfrutar su más rutilante victoria. Igual, ¿Qué estoy diciendo? Para los hombres acostumbrados a dar la vida por los demás no existe mayor gloria que morir cuando se está en la cima. Es la forma más segura de dejar legado.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada del: El Tiempo En el Congreso de la República, se avecina un intenso debate en torno a un proyecto de ley que ha desatadopolémica y generado opiniones encontradas entre legisladores y ciudadanos por igual. La propuesta en cuestión busca revivir el fenómeno del ‘transfuguismo’ político, permitiendo a los miembros de corporaciones públicas electas por voto popular cambiar de partido político sin necesidad de renunciar a su cargo, una práctica actualmente prohibida por la Constitución Política de Colombia. El proyecto de ley estatutaria, que consta de un único artículo, tiene como objetivo principal modificar el artículo 107 de la Carta Magna, el cual prohíbe expresamente esta práctica política. La iniciativa, liderada por los congresistas María José Pizarro y David Racero, ha logrado reunir cerca de un centenar de firmas y cuenta con el respaldo en bloque de al menos cuatro partidos políticos: Pacto Histórico, Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal. Una de las principales defensoras de esta medida es la representante Marelen Castillo, quien ha enfrentado dificultades dentro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, liderada por el ingeniero Rodolfo Hernández. El proyecto, aunque aún no ha sido radicado formalmente, contempla un período de dos meses para que los miembros de cuerpos colegiados de elección popular puedan cambiar de afiliación partidista sin renunciar a su curul ni incurrir en doble militancia. La propuesta ha generado un amplio espectro de opiniones y controversia, especialmente entre algunos legisladores de partidos tradicionales como el Partido Liberal, quienes han expresado sentirse "encarcelados" al no poder alinearse con las posturas políticas de sus líderes, en particular las del influyente César Gaviria. El proyecto, aunque aún en fase de recolección de apoyos, ya ha comenzado a circular por las oficinas del Congreso en búsqueda del respaldo necesario para ser sometido a ocho debates, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Se espera que el Pacto Histórico y otros partidos lideren este esfuerzo legislativo para aprobar por una única vez el transfuguismo, permitiendo a los congresistas cambiar de partido sin incurrir en doble militancia y evitando así su inhabilitación para aspirar en futuras elecciones. El representante David Racero, del Pacto Histórico, lidera este proyecto y ha estado activamente recabando firmas en su favor. Además, cuenta con el respaldo de otros congresistas que buscan cambiar de colectividad debido a divergencias ideológicas dentro de sus partidos de origen. El transfuguismo ha sido un tema recurrente desde el inicio del actual Gobierno. En la reforma política presentada por el Ejecutivo, liderada en su momento por Roy Barreras, se incluyó este tema como parte de un extenso articulado. Para varios congresistas, la posibilidad de cambiar de partido por una única vez sin incurrir en doble militancia es crucial, ya que les permitiría alinearse con nuevas corrientes políticas sin perder la posibilidad de ser reelegidos en futuros comicios. Un caso emblemático es el del propio Barreras, quien, a pesar de ser expulsado de su partido en 2020, el Partido de la U, no pudo aspirar por el Pacto Histórico debido a las restricciones constitucionales sobre la doble militancia. Este proyecto de ley representaría una oportunidad para el Pacto Histórico de consolidarse como un solo partido, permitiendo a legisladores como la senadora María José Pizarro, quien llegó al Congreso por el MAIS pero no puede unirse al Pacto como partido único debido a las restricciones de su colectividad de origen, participar plenamente en la nueva coalición política. Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que la Reforma política, la cual fue archivada el año pasado debido a las controversias que generó, constaba de varios artículos. En contraste, la actual propuesta legislativa es un único artículo que permitiría el transfugismo. Pérez señaló la importancia de observar cuándo se presente y cómo reaccionará la sociedad ante esta medida. Para el investigador, si el documento presentado se limita únicamente al tema del transfugismo, constituiría un asunto sumamente grave. Esto se debe a que al unirse a un partido político, se aceptan implícitamente ciertas normas y principios internos. Por lo tanto, que un político, particularmente uno asociado al Pacto Histórico, sugiera esta posibilidad mientras está bajo arresto, es desconocer todo el sistema político colombiano. Esta situación subraya la urgente necesidad de fortalecer las normativas internas de los partidos y de exigir responsabilidad a los políticos respecto a sus decisiones. Pérez enfatizó que la cuestión está siendo tratada con una superficialidad preocupante. La propuesta no ofrece una solución efectiva a los problemas del sistema político colombiano; en cambio, los agrava. Los partidos políticos, ya debilitados, enfrentan una mayor erosión institucional. Con 37 partidos en la actualidad, y con la posibilidad de que aumenten bajo el actual Consejo Nacional Electoral, el transfugismo no hace más que agravar la situación. En democracia, se espera que los partidos políticos sirvan como instituciones para canalizar las preocupaciones, intenciones y propuestas de la ciudadanía a través de sus representantes políticos. Sin embargo, esta medida solo contribuye a socavar aún más estas instituciones y debilitar el sistema político colombiano. El debate en torno al proyecto de ley para revivir el transfuguismo político en Colombia promete ser intenso y lleno de argumentos a favor y en contra. Mientras algunos ven en esta medida una oportunidad para la renovación política y la libertad de expresión dentro de los partidos, otros la consideran una amenaza para la estabilidad institucional y la fidelidad partidista.