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Por: Redacción Pares Foto tomada de: Caracol Hace poco fui a la casa de Joe Broderick. Sonaba, tan débil como una telaraña, el piano de Satie. Hablamos del libro que lo volvió inmortal, Camilo, el cura guerrillero, y era inevitable no preguntarle por el proceso de paz entre el gobierno Petro y el ELN. Joe dio una carcajada enérgica. Murmuró algo en inglés y luego recordó que hace unos años, Antonio García, máximo comandante de esa guerrilla, le dedicó unos versos “Es increíble que, con ese discurso tan duro, tan radical, pueda escribir como una quinceañera enamorada”, dijo, burlón. Como tantos otros guerrilleros Antonio García llevó en sus años de guerra una agenda y un lápiz. No narró, como el Che en su diario, su desesperación asmática en la selva boliviana, o hicieron crónicas desde las mismas emboscadas como fue el caso en El Salvador de Jaime Suárez Quemain. No, Antonio García, como si fuera un Mario Benedetti en el monte, le hizo odas al amor. A simple vista Eliécer Erlinto Chamorro Acosta -ese es el nombre que le aparece en la cédula- parece un tipo duro. Al menos lo ha sido como negociador. La última vez que mostró su carácter fue hace dos semanas, justo al fin del VI Ciclo de negociación con el gobierno. Las tentativas de poder hablar con el Frente Comuneros Sur que se mueve en Nariño, desató la ira santa del COCE e incluso hubo tentativas de levantarse de la mesa. Pero García tiene mil caras, la de guerrero, negociador y también la de poeta y la de pintor. Fue estudiante del colegio Santander en plena calle novena del barrio San Alonso de Bucaramanga. Al lado quedaba la Universidad Industrial de Santander. Allí, a este muchacho que acababa de llegar de Mocoa, la ciudad donde nació, conoció en los pasillos de la UIS, a finales de la convulsionada década del setenta, a Pablo Beltrán -que está con él en la mesa de negociación- y a Pedro Cañas Serrano alias Oscar Santos. En esa época en la UIS el movimiento estudiantil era fuerte. Las confrontaciones con la fuerza pública eran frecuentes. Se quemaban llantas para cerrar calles, se usaban bombas aturdidas y cocteles Molotov. Pero Antonio García necesitaba más. Viajó a un congreso estudiantil en la Universidad Nacional de Bogotá. Era 1976 y se conmemoraban los 10 años de muerte de Camilo Torres, en una fallida emboscada en Patio Cemento, Zona Rural de San Vicente del Chucurí. En la Nacional había dejado su huella. No sólo era el capellán sino que dejó su legado al lado de Orlando Fals Borda en la creación de la facultad de Sociología que dentro de esa institución tantas batallas ha dado. Se pensaba homenajear al cura guerrillero y entonces surgió la idea de hacer un mural que aún hoy pervive. Pero esa no es la única actividad artística que ha hecho Antonio García. En la selva ya no podía hacer grandes murales de sus ídolos pero si podía escribir. Lo hacía en medio de fatigosas marchas, en los papeles mojados de sudor que podía encontrar en su camuflado o a la vera del camino. La historia del conflicto colombiano está por contar cómo intelectuales amantes de los libros que por azares de la guerra terminaron comandando bloques guerrilleros como Pablo Catatumbo, que hizo caletas en medio de la selva con bibliotecas enteras., intentaron proteger sus libros. Antonio García iba más ligero. Una de las ventajas de los poemas es que son como las canciones, caben en cualquier parte. Entre sus influencias se cuenta al irlandés Seamus Heaney, el antillano Derek Walcott. En 1995 publicó el primero de sus libros, Poemas imperfectos. Hasta el momento lleva tres libros. En una de las conversaciones que tuvo con Gabriel García Márquez en La Habana, Antonio García le contó al Nobel que él era poeta. Le entregó sus tres volúmenes de poemas. Siempre esperó el espaldarazo de Gabo pero él, nunca le devolvió crítica alguna. ¿Será que pensaba lo mismo de su obra que Walter Broderick? Acá está uno de sus poemas: Llegar primero nos detuvimos aquí en el último recodo de un instante en la noche transparente del destiempo en la lenta densidad de la ironía en el eco marginal del viento en su partida nos detuvimos aquípara preguntarnos si la suerte estará de nuestro lado para saber si llegaremos primero que el camino. Antonio García es uno de los miembros del Comando Central del ELN grupo guerrillero al que le han atribuido más de 16 mil crímenes por parte de la Fiscalía que incluyen secuestros y acciones terroristas.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas del: El País La polvareda empezó a finales de la semana pesada. Néstor Morales, Darcy Quinn, Vicky Dávila, estaban realmente encolerizados. No podía ser que Amelia Pérez, la más opcionada de la terna presentada por Petro a la Corte para ser Fiscal, tuviera a un esposo capaz de insultar a todos los periodistas sospechosos de ser pro-uribistas. Nadie se preocupó en su momento por saber cuál era el origen de la inquina de Gregorio Oviedo. La periodista e investigadora Andrea Aldana, desde su cuenta de X, contó la verdad. En un hilo que se hizo viral la cucuteña contó la historia: mientras Gregorio Oviedo era el director del CTI allanó, junto a otros 14 funcionarios, el parqueadero Padilla el 30 de abril de 1998. Consiguieron 100 hombres para la operación y entraron. Lo que encontraron los dejó fríos. En las paredes doble fondo donde estaban escondidos los libros donde los paramilitares tenían todas sus cuentas. Allí reposaban también los estatutos de las Autodefensas Unidas de Colombia que habían sido fundadas en 1995 por Carlos y Vicente Castaño. Según le contó el propio Oviedo a la revista Vorágine muchos años después, identificaron a 423 personas naturales y 58 jurídicas que hacían aportes a los paramilitares. Gracias a la acción de Oviedo las AUC quedaban desenmascaradas. Pero lo que debería haber sido un motivo de orgullo de Oviedo y sus hombres termino siendo una maldición tan mortal como la de los arqueólogos que abrieron la tumba de Tutankamón. No hubo exitinción de dominio al parqueadero Padilla ni se hizo investigación contra las personalidades que estaban en esos libros contables. Al contrario, Oviedo tuvo que ver como asesinaron a los hombres que lo acompañaron en ese operativo. La Fiscalía no investigó y en cambio los Paras actuaron. Según el trino de Andrea Aldana de los 14 funcionarios que investigaron el parqueadero Padilla sólo sobrevivió Oviedo. Uno a uno los fue matando en temible venganza. El que dio la orden y gestó la masacre de funcionarios fue Don Berna, amo y señor de Medellín y sus montañas. La impunidad campeó. Por esa época se sabía que la Fiscalía de Medellín estaba infiltrada por los paras. Llegó Álvaro Uribe como presidente en el 2002 y las cosas, por supuesto, estuvieron lejos de mejorar. Nombrar a Luis Camilo Osorio no fue la mejor opción. Fue ternado en el último año de la presidencia de Andrés Pastrana y respaldado por Uribe. El 18 de agosto del 2022, cuando el padre Francisco de Roux entregó su informe final de la Comisión de la Verdad, un capítulo estuvo dedicado a Osorio. Desde su Fiscalía se convirtió, con sus acciones, en lo más parecido a ser un aliado de los paramilitares: dio fallos favorables a sospechosos de paramilitarismo, persiguió a los funcionarios que desde su fiscalía quisieron desmontar el paramilitarismo, e invalidó a los testigos que querían acusar a los políticos en región que estaban colaborando abiertamente con las AUC. Como bien dice Andrea Aldana en su trino, archivó las investigaciones de dos personas que después serían condenados por sus nexos con los paras: el general Rito Alejo del Río y el ex gobernador Salvador Arana. Con Osorio al frente de la Fiscalía a fiscales honestos como Amelia Pérez y  a su esposo, no les quedó otro camino que el exilio. A Pérez la enredó en un supuesto apoyo a las FARC desde la investigación que realizaba sobre el atentado del club el Nogal. Aldana no es la única periodista que ha recordado el infierno que vivió Amelia Pérez y su esposo. La escritora y abogada María McFarland publicó en el 2018 su libro Aquí no ha habido muertos donde narra, según sus palabras, “el ciclo de terror, corrupción y tragedia impulsado por las drogas en Colombia no terminó con la muerte de Pablo Escobar en 1993. Justo cuando los colombianos estaban listos para dejar atrás el legado asesino de los cárteles del país, se desarrolló un nuevo y sangriento capítulo. A fines de la década de 1990, los grupos paramilitares de derecha con estrechos vínculos con el negocio de la cocaína llevaron a cabo una campaña de expansión violenta, masacrando, violando y torturando a miles de personas” Allí cuenta como a Amelia Pérez y a Gregorio Oviedo les tocó exiliarse al sentirse desprotegidos, “Gregorio Oviedo y Amelia Pérez tuvieron que salir del país en 2002 por la falta de protección y amenazas. En la administración de Luis Camilo Osorio en la Fiscalía no tuvieron garantías. El libro ‘Aquí no ha habido muertos’ habla de las personas que hicieron todo por destapar la verdad sobre el paramilitarismo”. Oviedo y su esposa fueron sobrevivientes del momento aciago de la historia del país en donde los paras quisieron “refundar la patria”. Los medios de los poderosos han cerrado fila, la causa está clara: Amelia Pérez no puede ser Fiscal del país. Su rectitud, su berraquera y decisión podría hundir a más de un “hombre de empresa exitoso”.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: UTadeo La historiadora Diana Uribe en uno de sus programas de divulgación afirmó que una de las claves por las que Suecia ha podido cimentar su largo periodo de estabilidad y ofrecerles a sus ciudadanos un seguro estado de Bienestar es el no haberse metido en ninguna guerra en el Siglo XX. De hecho, la última guerra en la que participó fue en 1814 contra Noruega. Cuando en 1995 se adhirió a la Unión Europea uno de los compromisos fue ayudar a consolidar procesos de paz en África, Asia y América Latina. A través de la Agencia Sueca Internacional para el desarrollo, creada en los años sesenta, ha podido ser un faro para intentar erradicar el hambre, la pobreza, en el mundo. Otro de los secretos de la cultura nórdica ha sido la constante y profunda relación entre sus gobiernos y la sociedad civil. Suecia tiene uno de los modelos sindicales más estables y cooperativos del mundo, parte de la organización de las escuelas y del cuidado la tienen asociaciones de padres de familia y en gran parte del país es común que las personas estén en uno o dos voluntariados adicionales a sus trabajos formales. Fue uno de los primeros países en implementar una política exterior feminista y orientada a la construcción de paz en el mundo, y nadie hoy puede negar su rol en la lucha contra el cambio climático. En Colombia, Suecia ha ayudado al intento de consolidar la paz y el cumplimiento de los Derechos Humanos desde hace más de tres décadas a través de diversas estrategias de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el desarrollo, ASDI y de otros instrumentos de cooperación bilateral, desde la creación de su primera embajada en 1957. Gracias a esto se apoyó a la Defensoría del Pueblo, creada en la constitución de 1991, brindando recursos y capacidad técnica para la protección de los Derechos Humanos. En el 2003, según la investigación de Guillermo Martínez para la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en el año 2017, la cooperación entre Suecia y Colombia en la búsqueda de la paz se solidificó en el año 2003 con la financiación y elaboración del informe Colombia, callejón sin salida, que estableció en que se enfocaría la colaboración de Suecia en Colombia: buscar una salida negociada al conflicto. Desde entonces los esfuerzos tanto diplomáticos como de cooperación han sido coherentes. Fue con apoyo de la cooperación sueca que la Corporación Nuevo Arcoiris, a través de su director León Valencia y de sus investigadores, Laura Bonilla, Mauricio Romero y Claudia López, hizo la investigación que develó el tamaño y complejidad de los nexos entre paramilitares y políticos. Esta investigación fue insumo para que la justicia colombiana terminara condenando a 86 congresistas. En el prólogo del libro Parapolítica, la ruta de la expansión militar y los acuerdos políticos, publicado en el 2007, el director de Nuevo Arco Iris agradece el auspicio de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ASDI para realizar esta ambiciosa y fructífera investigación. En el mismo período de tiempo se apoyó la reconstrucción del tejido social en lugares tan devastados como Montes de María y se aportó a instrumentos internacionales como la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas en esfuerzos orientados a conseguir la paz. Durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, cuando arrancaron las conversaciones de paz con las FARC, el gobierno sueco aumentó la ayuda a Colombia de US$25 millones a US$34 millones. Con su programa Suecia, un socio para la paz en Colombia”, hizo más viable la posibilidad de terminar de manera pacífica el conflicto con las FARC.  En el año 2016 Margot Wallström, ministra de relaciones exteriores, aplaudía el final feliz que tuvieron los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Además anunciaba un paquete de ayuda para implementación de los acuerdos que alcanzaba los USD$ 112 millones que tendrían que aplicarse en los siguientes rubros: restitución de tierras, la reparación a las víctimas, las mujeres como actoras de paz, la promoción de la inversión de empresas en paz, la gobernabilidad y la anticorrupción, los esquemas nacientes de justicia transicional, las estrategias de reconciliación, la protección de los defensores de derechos humanos, las iniciativas de jóvenes para transformar entornos, las redes locales de paz hoy proactivas en la paz de los territorios y la pedagogía para la paz y la convivencia. La Cooperación Sueca continúa apoyando los esfuerzos de paz del país.  En el 2023 Per Olsson, director de la Agencia Sueca para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo visitó Colombia y ratificó el compromiso con la implementación del acuerdo de paz del 2016 y también de la inclusión del enfoque de género en la actual política de seguridad. Así mismo, en esta nueva estrategia para Colombia se intuye que el país nórdico seguirá apoyando los esfuerzos de Paz en el país, lo que se percibe en la participación de Suecia como país acompañante del proceso de paz con el ELN. Este año se cumplen 150 de historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países. ¡Qué difícil hubiera sido acercarse a la paz sin el apoyo de éste y otros países que se han mantenido al lado de la promoción de la paz! La continuidad de su apoyo será fundamental si en los próximos años aspiramos al definitivo y total silencio de los fusiles.

Por: Katerin Erazo, Periodista Arenal, un municipio estratégicamente ubicado en el departamento de Bolívar, se enfrenta a una serie de desafíos en términos de conectividad y energía mientras busca avanzar hacia un futuro digitalmente inclusivo. En el año 2023, la Línea de Jóvenes de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) realizó un informe sobre comunidades de conectividad, dentro del cual se caracterizaron diez municipios pertenecientes al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), siendo Arenal uno de ellos, caracterizado por el investigador Néstor Sánchez. Según este informe, con una extensión de 534 km² y una población de 19,743 habitantes, según datos ajustados al 2020, Arenal enfrenta retos significativos en su proceso de modernización y en el acceso equitativo a los servicios básicos. Situado entre los municipios de Río Viejo, Monte Cristo y Morales, Arenal abarca desde la majestuosa Serranía de San Lucas hasta la zona pantanosa de Cerro de Gómez, ofreciendo un paisaje diverso pero desafiante. A pesar de su riqueza natural, la conectividad y la energía siguen siendo esquivas para gran parte de sus habitantes, especialmente aquellos que residen en las veredas más alejadas. La cabecera municipal, situada a 400 km de la bulliciosa ciudad de Cartagena de Indias, enfrenta su propio conjunto de desafíos. Aunque cuenta con una altura moderada de 65 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 29°C, la falta de infraestructura tecnológica ha dejado a muchos de sus residentes desconectados en la era digital. La situación se complica aún más al considerar el conflicto armado que aflige la región. Con la presencia de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la seguridad territorial se ha convertido en una preocupación primordial. Las extorsiones y las amenazas acechan a las comunidades, obstaculizando cualquier intento de progreso y desarrollo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el municipio de Arenal también alberga un espíritu de resistencia y colaboración. Con 64 grupos de interés identificados, incluidas organizaciones de mujeres, LGTBIQ+, consejos de juventudes y cooperativas, la comunidad está lista para enfrentar los retos que se le presenten. La participación comunitaria es fundamental para superar las barreras que impiden el acceso a la conectividad y la energía. En este contexto, el programa "Comunidades de Conectividad" se presenta como una oportunidad para impulsar el desarrollo y la inclusión digital en el municipio. Sin embargo, la falta de infraestructura tecnológica, la brecha digital y las preocupaciones de seguridad plantean desafíos significativos en su implementación. La accesibilidad geográfica ofrece una luz de esperanza, con una comunicación relativamente fluida entre la cabecera municipal y los corregimientos cercanos. Sin embargo, el camino hacia una conectividad completa y sostenible aún está por ser trazado. Según Sebastián Solano, coordinador de la Línea Jóvenes de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en 2023, la Línea llevó a cabo una caracterización integral del municipio Arenal, Bolívar, en tres corregimientos para identificar las condiciones socioeconómicas, de acceso a servicios y conectividad. Los hallazgos principales de esta investigación fueron los siguientes: En el análisis de las condiciones económicas y el acceso a servicios en el Municipio de Arenal, se destaca la predominancia de actividades agrícolas y la generalizada disponibilidad de servicios básicos como energía y agua. Sin embargo, la evaluación de la calidad del servicio eléctrico se pondera como regular y deficiente. En los tres corregimientos se evidencia una carencia de infraestructura tecnológica, lo cual a su vez repercute en la prestación de un servicio eléctrico de calidad y, en consecuencia, en la ausencia de redes de internet y telecomunicaciones en el territorio. En cuanto a las condiciones de conectividad y acceso a tecnologías en el Municipio de Arenal, Solano mencionó que se caracterizan por desafíos evidentes. A pesar de su proximidad a la cabecera municipal, la limitada estabilidad en el suministro eléctrico limita la prestación y el acceso a servicios de telecomunicaciones. En términos de acceso a internet fijo, el coordinador de la Línea Jóvenes de Pares, el 95% de los hogares encuestados manifestaron que no cuentan con este servicio, y solo un hogar tiene acceso a internet con baja velocidad y conexión inestable, sugiriendo limitaciones significativas en la infraestructura y red de la zona. Informe “Comunidades de Conectividad (2023)” Respecto al acceso a internet móvil en teléfonos celulares, el 50% de los encuestados tiene acceso, pero la conexión es baja e inestable, mientras que el otro 50% no tiene acceso, posiblemente debido a la mala calidad del servicio o señal débil. Existe una brecha digital muy amplia en el municipio, especialmente en sus zonas rurales, debido a la regular y deficiente calidad del servicio de energía eléctrica, la escasa infraestructura tecnológica y el limitado acceso a las TIC para el desarrollo personal y comunitario. Informe “Comunidades de Conectividad (2023)” Sebastián Solano explicó que el municipio enfrenta diversos desafíos y oportunidades. El principal desafío reside en la carencia de infraestructura tecnológica, lo que dificulta la implementación eficaz de servicios digitales. Por ende, se recomienda realizar inversiones sustanciales en la infraestructura eléctrica para asegurar la estabilidad de estos servicios en los corregimientos. La amplia brecha digital, causada por la falta de redes de conectividad digital, representa otro desafío crucial. No obstante, esta situación también abre la oportunidad de implementar programas de formación que capaciten a la comunidad en el uso de dispositivos digitales, proporcionando acceso a información valiosa en internet. La seguridad territorial, afectada por conflictos armados en la región, se posiciona como un desafío significativo que requiere una evaluación cuidadosa de su viabilidad y seguridad en colaboración con las autoridades competentes. La presencia de procesos comunitarios en la región se revela como una oportunidad valiosa para facilitar la participación de la comunidad en programas, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo. A pesar de las dificultades para acceder al municipio, la comunicación efectiva entre la cabecera municipal y los corregimientos presenta una oportunidad para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en la región.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Semana Petro lo señaló en Twitter: José Antonio Salazar era un traidor. El secretario general de la cancillería, aprovechó la ausencia de Álvaro Leyva y del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien se encuentra en Ginebra, Suiza, para entregarle el contrato de los pasaportes, que tiene un costo de $599.000 millones, a la firma Thomas Greg & Sons. El gobierno se había trasado, desde hacía más de un año, romper un monopolio de más de 25 años de la firma, cuya filial en Colombia es propiedad de la controvertida familia Bautista. La decisión de Salazar tomó por sorpresa a todo el mundo, sobre todo al gobierno. Salazar era de absoluta confianza de Álvaro Leyva. Se conocieron durante la campaña presidencial de Belisario Betancur en 1978, las que perdió con el liberal Julio César Turbay Ayala. Leyva y Salazar pertenecían a esa ala progresista del partido Conservador, partidaria de cambios sociales y de una salida negociada con las guerrillas. Belisario ganaría las elecciones de 1982. Salazar ha estado con Leyva desde su primer paso por el senado en 1982 y mientras el actual canciller fue nombrado ministro de Minas y Energía en 1984. Esa amistad, de 46 años, se rompió con una firma. La furia de Petro se expresó en su cuenta de X, en donde de un trinazo lo echó de la cancillería: “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”. Salazar se ha defendido diciendo que él lo que hacía era cumplir con su deber. La licitación para valorar oferentes que pusieran fin al monopolio de Thomas Greg & Sons en el manejo de los pasaportes arrancó en diciembre del 2022, en ese mes se publicó la necesidad de un requerimiento y en mayo del 2023 se abrió el proceso. Había unos requisitos de ley que sólo los cumplía un proponente, Thomas Greg & Sons. “El señor presidente está equivocado, yo soy un hombre leal, entiendo que el presidente está mal informado”. Le dijo Salazar a Julio Sánchez Cristo en una entrevista en W Radio después de ser declarado insubsistente en el cargo por Petro. En muchas oportunidades el presidente le pidió a Salazar cambiar el pliego de requisitos para abrir el abanico y que otras firmas pudieran cumplir ese servicio. Desde mayo empezaron las intervenciones e intereses manifiestos. “En la secretaría jurídica de la presidencia empezaron a hacerle un seguimiento al proceso licitatorio, se respondieron todas las observaciones. Llegó al punto a una reunión citada con Vladimir Fernández, una reunión con 25 personas, estaba la secretaría de presidencia con el doctor Idárraga y hasta un delegado del ministerio de transporte. En esa reunión se tomó nota y se ajustaron los pliegos de requisitos” Dijo en la misma entrevista Salazar. Los pliegos se publicaron en el SECOP. Salazar fue el encargado de esa licitación hasta que el 23 de septiembre Alvaro Leyva declaró el proceso desierto algo que podría causarle una multa millonaria al Estado. Salazar le recordó los riesgos que asumía al tomar esa decisión. Entre los argumentos del canciller para no conceder la licitación estaban la violación “de la igualdad y la equidad en la participación de todos los oferentes”. Es que Thomas Greg, de todos los aspirantes, es el único que tiene una fábrica de pasaportes en Bogotá. Luis Gilberto Murillo, quien tenía en carpeta pedirle la renuncia a Salazar, le habría dicho que le iba a solicitar al presidente una conciliación con Thomas Greg & Sons. Murillo, quien todo indica será el próximo canciller, llegó a pedirle renuncias a todo el circulo de confianza de Álvaro Leyva. Salazar estaría salpicado en varios escándalos que lo habrían distanciado de su íntimo amigo Álvaro Leyva. Según la revista Cambio en la cancillería habrían personajes, liderados por el secretario Salazar manejando la contratación “de forma dudosa”. Incluso el propio canciller afirmó que iba a sacar “el cartel público y privado”. Mientras muchos periodistas, contrarios a Petro, se refieren a Salazar como un héroe, Paola Herrera de la W Radio afirmó que Salazar tiene una denuncia penal por haber direccionado los pliegos a favor de Thomas Greg & Sons. “Todo el problema empezó ahí, en la estructuración y él extrañamente se salvó de la Procuradora .Además hay otras denuncias por entregar más contratos a dedo” Afirmó la acuciosa investigadora. Por ahora, mientras Petro, Leyva y Murillo están furiosos, Thomas Greg & Sons se frotan las manos. Ganan siempre, ya sea que la moneda caiga en cara o en sello.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional podría estar pasando en estos momentos —la tercera y cuarta semana de febrero de 2024— de una fase de negociación a una de congelamiento. Así lo anunció el Comando Central del ELN (COCE), en un comunicado del 19 de febrero, donde acusa al Estado de estar “adelantando acciones violatorias a lo pactado en la Mesa de Conversaciones” y, por tanto, llama “a consultas” a su delegación. La organización guerrillera recrimina al Comisionado de Paz, a las Fuerzas Armadas y a la Policía de estar orquestando una iniciativa de diálogo regional con el Frente Comuneros del Sur del ELN. Lo que significa estar iniciando otro proceso paralelo de paz con una fracción de está guerrilla. Encendiendo las alarmas del COCE, pues lo consideran una clara violación del Gobierno nacional a los acuerdos firmados recientemente con ellos en las ciudades de México, La Habana, Caracas y Bogotá. En el comunicado, el COCE le recuerda al Gobierno que existe un Comité Nacional de Participación, acordado en la Mesa de Conversaciones, encargado específicamente de estructurar, motivar y atender a la sociedad civil para que participe en este proceso de paz. Labor que viene cumpliendo a cabalidad, pues, durante el segundo semestre de 2023 y lo que lleva de este, el Comité ha realizado 53 encuentros de 77 en total, logrando vincular a muy diversos actores en todo el territorio nacional. El objetivo del COCE, al igual que del Comité Nacional de Participación, es que este año y el próximo esta dinámica con la sociedad civil se mantenga y amplíe. Desean que la ciudadanía se vincule a este proceso, para que ayuden a identificar los problemas que requieren ser atendidos en el país; además que se logre proponer las transformaciones que se imaginan para la paz. En breve, se desea una sociedad participativa y propositiva en el proceso de paz. Sin embargo, para el COCE, con la autorización del Gobierno nacional de realizar los diálogos regionales, las dinámicas planteadas en la Mesa están cambiando. Este está autorizando a un mandatario regional —al gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar— a que a partir de la primera semana de marzo explore con un frente del ELN una salida negociada al conflicto. Abriendo con ello una puerta muy problemática tanto para la dirección central de está guerrilla como para el mismo Gobierno. Para el ELN es problemático, porque el Gobierno le está abriendo puertas a que, si así lo desean, otras fracciones de esta organización guerrillera —de manera autónoma y con deseos manifiestos de querer negociar la paz— exploren salidas al conflicto en diversos lugares del territorio nacional. Lo que provocaría un debilitamiento del COCE como organización y pone en evidencia una posible crisis interna que ellos podrían manejar. Para el Gobierno abrir está puerta significa poner a funcionar otro frente de la Paz Total, uno que hasta ahora ha explorado poco. Aquel que la Ley 2272 de 2022 le han llamado “diálogos regionales vinculantes”, con el que se buscaría  la  resolución  de  las  conflictividades  sociales en los territorios. Este frente propone a las autoridades municipales y departamentales que sean ellas las encargadas de convocar a la sociedad para que se vinculen en la soluciones de problemas de seguridad comunitaria. Este es un frente de trabajo que para el Gobierno, como se advierte, tiene varios problemas, entre ellos la poca claridad que hay en cuánto al poder que tiene el Ejecutivo para delegar a los entes territoriales el tema de negociar la seguridad y la paz, pues está es una responsabilidad constitucional del Estado central. También, en el debilitamiento que podría generar a la Mesa de Conversaciones con el ELN, lo que le quitaría fuerza al proceso y causaría confusión entre la ciudadanía al ver tantos frentes de trabajo con la misma guerrilla. Y, finalmente, en el envío de un mensaje contradictorio al ELN y la pérdida de confianza en el adversario. Pues, por un lado, le piden y exigen unidad de mando a la guerrilla, para que controle sus tropas y pueda cumplir a cabalidad los acuerdos pactados —como la implementación de las ayudas humanitarias y del cese al fuego—, pero por el otro, están autorizando los diálogos regionales con fracciones del mismo ELN, lo que significa está atacando la imagen de unidad que ella estaba logrando. En síntesis, la autorización que el Gobierno nacional le está dando al gobernador del departamento de Nariño de realizar diálogos regionales con fracciones del ELN está poniendo en riesgo de parálisis y debilitamiento el proceso de paz con esta guerrilla. Además de poner en tela de juicio la unidad de mando de esta agrupación y evidenciar los probables problemas internos, crea desconfianza entre las partes y permite que reduzca ritmo un proceso que mostraba avances significativos. A pesar de estos problemas, y de que el COCE haya decidido llamar a sus representantes en la Mesa de Negociaciones a “que paren el proceso mientras resuelven un problema fundamental”, es importante guardar la esperanza de que esta nueva piedra en el camino se supere pronto. Estamos frente a un proceso que ha logrado avanzar considerablemente, son varios los acuerdos firmados en estas seis rondas de negociaciones que lleva, entre ellos, uno donde se renovó un cese al fuego por 180 días —que apenas cumple un mes próximamente—. Además se cuenta con el acompañamiento de una serie de países amigos —en cabeza de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, que con su experiencia y conocimiento, sabrán proponer a las partes una salida a esta nueva fricción. En este sentido, esperemos que está fase de congelamiento, de iniciarse, dure poco. Y que las dificultades se conviertan de nuevo en una oportunidad para aprender y avanzar de manera más segura en el camino de la paz. *Este artículo es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Investigador Programático de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Foto tomada de: El Colombiano El Gobierno Nacional, al cual muchos analistas dieron por muerto en su relación con el Congreso, luego de la primera legislatura ha logrado adaptarse a los retos que le presentan los partidos tradicionales y ha encontrado en las bancadas de Cámara de estos partidos a sus mejores aliados. El 21 de febrero de 2024 se conoció que Luz Cristina López reemplazaría a la saliente ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. La noticia puso la lupa sobre el Partido Conservador, pues López, pese a tener una hoja de vida relacionada con la cartera ministerial, es cercana al representante conservador del Cesar, Alfredo Ape Cuello. La jugada de Cuello también le permite crecer políticamente por si algún momento necesita desligarse completamente del clan todo poderoso allí, el clan Gnecco. Al conocerse la noticia el primero en reaccionar fue el senador y presidente de la colectividad, Efraín “Fincho” Cepeda. Cepeda negó cualquier relación directa de la ministra con el partido. A las pocas horas, presentó su renuncia como presidente ante el Comité Nacional, la cual fue negada el 22 de febrero. Todo este remolino de hechos tiene que leerse con calma. El Gobierno Nacional, en su estrategia de negociación uno a uno no excluyente, es decir la negociación con un congresista puede atraer y formar minibancadas en los partidos, ha encontrado en los representantes a la Cámara, en este caso en el Partido Conservador, una manera de aceitar mayorías para las reformas y tratar de implosionar poderes como el de Fincho Cepeda. Aun así, el siempre hábil Cepeda al presentar su renuncia y ser confirmado al día siguiente por el Comité Nacional Conservador le mandó un mensaje claro al Gobierno: quien manda en el partido es él y toda negociación para llevar al Conservador a votar las reformas debe ser con él. Pese a este mensaje de Cepeda y su poder, especialmente en la bancada del Senado, Ape Cuello no es el único representante que ha logrado negociar con el Gobierno. Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, habría logrado poner la persona a cargo del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. La estrategia de negociar con representantes a la Cámara no es nueva, ya pasó con el Partido Liberal. Estrategia en el Partido Liberal El Gobierno Nacional a inicios de su mandato trató de implosionar al Partido Liberal y en especial la presidencia de César Gaviria. Esto trató de hacerlo con figuras aliadas como Julián Bedoya, el exsenador liberal cuestionado por la obtención de su título como abogado y jefe de su propio clan político. Pese a ello, César Gaviria, quien nunca pone candidato presidencial porque ha logrado siempre tener juego político al negociar con los gobiernos de turno por su presencia en el Congreso, consiguió mantener la presidencia Liberal. El Gobierno al ver que su estrategia no funcionó, pasó a buscar aliados en la Cámara de Representantes y logró en el 2023, por ejemplo, 18 de los 33 integrantes de la bancada de Cámara le pidiera en una carta a César Gaviria discutir internamente el voto a la reforma a Salud. Los grandes aliados en esa bancada han sido María Eugenia Lopera, presidenta de la Comisión Séptima e integrante del clan de Julián Bedoya, Andrés Calle, del clan Calle y presidente de la Cámara y Dolcey Torres, hermano de Euclides Torres, jefe del clan Torres del Atlántico. El último nombramiento que favorecería a integrantes de ese liberalismo afín al Gobierno sería el de Ana Cecilia Valencia Aguirre. Según Cuestión Pública, Valencia, quien fue financiadora de campañas de Julián Bedoya, sería la nueva subdirectora de Talento Humano en el ICFES. Como se dijo anteriormente María Eugenia Lopera, fundamental en Cámara para el trámite de las reformas sociales, es parte del clan de Julián Bedoya. En Senado Bedoya también tiene su ficha y es el exalcalde de La Estrella, Juan Diego Echavarría. ¿Y el Partido de La U? A diferencia del Partido Conservador y el Partido Liberal, donde el Gobierno ha buscado implosionarlos y a sus direcciones, primero con cabezas del senado como Carlos Andrés Trujillo en el Conservador, y luego con representantes a la Cámara, en el Partido de La U esto no ha pasado. El Partido de la U, el cual tiene una codirección conformada por los senadores Juan Carlos Garcés, Juan Felipe Lemus y Alfredo Rafael Deluque y los representantes Víctor Manuel Salcedo, Hernando Guida Ponce y Wilmer Carrillo, pese a declararse en abril del 2023 como independiente no ha sido un gran problema para el Gobierno. Esto tiene una explicitación y nombre propio, Dilian Francisca Toro. La antigua presidenta de La U y ahora Gobernadora del Valle logró en el 2023, antes de lanzarse a la Gobernación del Valle, que su partido mayoritariamente se alineara con algunas banderas del Gobierno, como pasó y pasa actualmente con la reforma pensional. Norma Hurtado, integrante del clan de Dilian Francisca Toro y presidenta de la Comisión Séptima del Senado ayudó al Gobierno a que se debatiera y aprobara la reforma pensional. Ahora la ponencia sustitutiva de Hurtado en plenaria de Senado podría salvar, de nuevo, la reforma pensional y sacar la reforma de Senado y pasarla a Cámara, donde los números son más favorables para el Gobierno. En contraprestación a esto La U tendría puestos en el ejecutivo. Según la periodista Paola Herrera para el 2023 desde el Ministerio de las TIC´s, dirigido por Mauricio Lizcano, antiguo senador del partido, se le habrían abierto espacios a congresistas de esta colectividad tanto en el ministerio como en entidades adscritas como la Agencia Nacional del Espectro y a la Agencia Nacional Digital. El Conservador, el Liberal y La U son fundamentales en los números del Gobierno, pues en Cámara tienen 27 (14,43%), 33 (17,64%) y 15 (8,021%) y en Senado son 15 (14,28%), 13 (12,38%) y 8 (7,61%), respectivamente. Sin duda alguna el Gobierno Nacional ha logrado mantenerse vivo en el Congreso con su estrategia uno a uno, pese a ser, per se, bastante costosa. Ha logrado que en partidos como el Liberal y el Conservador se discutan tanto política e ideológicamente las reformas. Mientras que logró que el Partido de La U se adaptara y se volviera en algunos momentos su gran aliado, como la reforma pensional.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Vanguardia, Ambito Jurídico y El Colombiano En los últimos años la acuciosa periodista María Isabel Rueda convirtió su espacio de opinión en el diario El Tiempo en una trinchera antipetrista. No obstante, en su última columna, Rueda reconoce la importancia de la doctora Amelia Pérez, una de las ternadas por Gustavo Petro y, quizás, la más opcionada para ser el reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación. Sin abandonar su maso, cuestionando los desafortunados trinos contra periodistas críticos del presidente Petro que hizo su esposo, Gregorio Oviedo, Rueda resalta una hoja de vida intachable. Y además su valentía. Rueda no sólo recuerda que Amelia Pérez, en mayo del 2003, tuvo que salir exiliada a Canadá mientras investigaba la bomba que puso las FARC al club el Nogal que dejó 36 muertos, sino que se desempeñó como fiscal y juez en lugares tan peligrosos como Puerto Boyacá -fortín del paramilitarismo en los noventa- y Pacho, Cundinamarca, la tierra de Gonzalo Rodríguez Gacha. A Amelia Pérez hace veinte años nadie la pudo cuidar. Su jefe -tal y como lo reseña el Colombiano en un perfil- el entonces fiscal Luis Camilo Osorio, habló con ella y le dijo que le quitaría su esquema de seguridad. Tenía encima a todos los grupos armados, fueran de izquierda o de derecha. Las amenazas eran una constante. Siempre habían sido una constante. En 1983, con el cartón de abogada de la Universidad Libre recién impreso, se fue a impartir justicia en Puerto Boyacá. En esa época la ciudad tenía un letrero en su entrada: Bienvenidos a la capital antisubversiva de Colombia. Ubicada en el corazón del Magdalena Medio, tenía políticos que respaldaban la creación de grupos de autodefensa supuestamente para contrarrestar a las guerrillas. Así hizo campaña el congresista Pablo Emilio Guarín, quién tenía entre sus asesores a Iván Roberto Duque, mejor conocido como Ernesto Báez, fogoso ideólogo del Bloque Central Bolívar de las AUC. Allí también pastaba Henry Pérez, el hombre que organizó el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 y tenía propiedades Pablo Escobar Gaviria. En una época en donde a los jueces les daban dos opciones, o plata o plomo, Amelia Pérez escogió la de la dignidad. Empapeló a los hermanos Vicente y Fidel Castaño, en 1986 fue trasladada a Pacho Cundinamarca. Este municipio cercano a Bogotá vivía una extraña bonanza manchada de sangre. Era la tierra de Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, una de las cabezas del Cartel de Medellín. En algunas ocasiones se ha llegado a afirmar que este capo de la mafia llegó a contar con un ejército de 10 mil sicarios. Así lo afirma José Leonardo Gallego, comandante de la operación que terminó con su muerte en diciembre de 1989 cerca a Cartagena. Gacha tenía en Pacho su hacienda favorita, la Chihuahua, en donde tenía, entre otras excentricidades, un pequeño palacio para Tupac Amarú, su caballo favorito. Gacha ordenó el asesinato de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la UP en 1986. Como se comprobaría en investigaciones posteriores, le ordenó a William Infante, uno de sus hombres de confianza, contratar un grupo de seis sicarios y pagarle a cada uno de ellos 30 millones de pesos por el asesinato del líder de izquierda. Amelia Pérez se le paró de frente al temible asesino y lo señaló de ese crimen y de muchos otros más. No la detenían ni los amigos poderosos ni mucho menos las amenazas. En los noventa investigó las masacres del Aro, Trujillo y Pichilín. Pérez además investigaría a uno de los generales consentidos del uribismo, Rito Alejo del Río, en 1995, cuando era considerado “el pacificador de Urabá”. Rito Alejo, quien fue homenajeado por Álvaro Uribe en 1999, durante una ceremonia en el Hotel Tequendama de Bogotá, fue condenado por su colaboración con las AUC en Urabá. A pesar de esos enemigos tan poderosos, a Amelia Pérez la dejaron sola en el 2003. La medida de quitarle el esquema de seguridad fue una afrenta de su jefe, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio quien consideraba que ella llevaba la investigación del Nogal “de manera irregular”. A Canadá se fue con ella su marido, Gregorio Oviedo, ex director del CTI en Antioquia, sus dos hijos y su mamá.  En el 2012 regresó a Colombia y en el 2020 la Comisión de la Verdad recibió su testimonio como exiliada del conflicto. En la votación de la Corte Suprema del pasado jueves 22 de febrero Amelia Pérez estuvo muy cerca de alcanzar los 16 votos que necesita para ser elegida. De la terna presentada por Petro es la más opcionada. En una cruzada que arrancaron los medios críticos del gobierno, están intentando descalificarla por una serie de trinos que ha puesto en el pasado su esposo. Según Darcy Quinn esto la habría sacado de la contienda ya que quedaría inhabilitada. Se perdería entonces la oportunidad de tener a una verdadera Dama de Hierro al frente de la Fiscalía.

Por: Guillermo Lineros Hace pocos días, fue víctima de un atentado criminal el cura Ramiro Arango Escobar, por ser un acérrimo y sensato petrista; es decir, por visualizar las mismas inequidades y corruptelas que son causas motivadoras del gobierno del cambio. Luego de ello, tanto la policía como las agencias de inteligencia y seguridad del estado, se ofrecieron para darle protección. Con todo, pese a la gravedad del hecho delincuencial, el cura las rechazó aduciendo que no creía ni en la policía, ni en el ejército, ni en la fiscalía, ni tampoco en las cortes. Según el cura Arango, esta decisión la funda en su experiencia de vida ciudadana, que para quienes tenemos aproximadamente su edad, está marcada por las malas maneras de los últimos gobernantes, que lograron forjar con paciencia de mentes criminales, una narcocracia. De hecho, lo peor de nuestra historia política comenzaría por ahí, con la trasmisión de un poder soportado en el egoísmo y la aporofobia, y tradicionalmente en manos de unas pocas familias (podríamos decir que clanes) a otro nuevo poder, el traquetismo, soportado en su connatural preferencia por la incultura o, lo que es peor, por los crímenes y la corruptela. La primera fase –correspondiente a la narcocracia- la iniciarían –tal vez inadvertidamente- los ex presidentes César Gaviria y Ernesto Samper, y serviría de base, para una segunda fase con la cual buscarían la construcción de un narco estado, como lo hicieron -sin lograrlo plenamente- los ex presidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. Por fortuna, esta última fase no alcanzaron a consolidarla, porque los estados no son propiedad de los gobernantes, ni de los grupos de poder económico (el llamado régimen), ni tampoco de la delincuencia organizada; y no lo son, porque estos mentados sectores sociales no conforman la mayoría popular. Quienes tienen la edad del padre Arango, e incluso los jóvenes atentos a la realidad política –los protagonistas del llamado “estallido social-, son conscientes de esta vergonzosa realidad: en Colombia, antes del presidente Gustavo Petro, ningún gobernante, ninguna institución judicial, y ni siquiera los humildes agentes de la policía, eran dignos de credibilidad. Algo que, si bien no ha cambiado totalmente, su avance es perceptible a pasos agigantados. Por todo esto, me pregunto y les pregunto a mis lectores ¿qué tanta razón hay en la decisión del cura Arango para no creer en los administradores de la justicia? Según la Real Academia Española, creer es tener algo por cierto, como que los magistrados de la Corte Suprema son impolutos y conocen y respetan perfectamente la Constitución y las leyes. Y creer es confiar en los demás, sin conocerlos de manera directa, sin tener pruebas de su buena o mala conducta, sin saber cómo se comportan en sus cotidianidades, y sin tener la menor idea de sus valores morales, éticos y cívicos. En tal suerte, creemos de buena fe en los magistrados de la Corte y evitamos preguntar, y aún menos indagar –pues no somos detectives judiciales ni periodistas investigadores- si en efecto estos magistrados están haciendo las cosas bien. Al menos nada distinto nos dicta la constitución, el respeto por las personas y la puesta en práctica del principio de buena fe cuando se trata de calificarlas sin tener por cierta nuestra acusación. Sin embargo, la misma RAE, describe o define esta actitud del padre Arango Escobar, como un descreimiento –descreer es el verbo- como algo demostrativo de que una vez se creyó en las instituciones, en las cortes y en los gobernantes. Pero, descreer es también desconfiar de algo (de la narcocracia) o de alguien (de los magistrados de la Corte con familiares empleados en la fiscalía). Es muy  difícil creer en los magistrados, como es difícil creer en los políticos, pues en la historia poco hay memoria de sus logros y aportes; mientras que sí tenemos claro en nuestra memoria, lo que además es un hecho difundido ampliamente por los medios de comunicación: que en las altas cortes –no importa sin en manos de ex magistrados- regía un cartel de corrupción judicial (el cartel de la toga). El sólo hecho de reconocer que los altos magistrados de la corte suprema, tuvieron de negocio la promoción y venta de injusticias, así como sus lazos de consanguinidad con empleados de la actual fiscalía, bastan para que ahora las colombianas y los colombianos desconfiemos de ellos. Si embargo, esa pérdida de confianza puede revertirse, sólo y únicamente, con la buena conducta de los magistrados. Si demuestran, por ejemplo, que en verdad conocen la Constitución y las leyes –especialmente la Ley estatutaria de la administración de justicia y su artículo 54- y cumplen con el deber de elegir a una fiscal entre las ternadas, que por haber sido validadas por ellos se concluye objetivamente que deben votar sí o sí, al menos por aquella de las tres aspirantes que menos les disguste.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae Dicen que los Muiscas, hace muchos años, subían hasta una laguna cristalina en el páramo de Guacheneque, en Villapinzón. Ellos creían que este sitio era uno de los sitios más puros de su territorio. Hoy en día, en este lugar, nace el río Bogotá, uno de los más contaminados del mundo. Desde los años ochenta se han publicado notas en diferentes medios sobre el ecocidio que significa para esta ciudad que sus aguas se hayan convertido en el vertedero de residuos tóxicos de muchas empresas. La espuma radioactiva recuerda a un holocausto nuclear. Pensar que a pocos kilómetros de Bogotá el río que lleva su nombre aún conserva la pureza que alguna vez honraron los Muiscas. Uno de los sectores más problemáticos del río ocurre en el barrio San Benito, en una de las entradas a la capital. El olor se siente a un par de kilómetros. El olor de la carne en descomposición. Es que hasta acá llegan camiones con pieles de reces a los diferentes talleres que los transforman en coloridos cueros para hacer zapatos o bolsos. Son las famosas curtiembres del barrio San Benito. Todo ese desperdicio va a parar al río Tunjuelito, uno de los afluentes más fieles que tiene río Bogotá. La gente que vive en el San Benito ha tenido que sufrir inundaciones por culpa de la intervención humana. El Tunjuelito se ha desbordado varias veces, la más trágica de todas fue en 1995 en donde dejó a 1.200 personas damnificadas. En este lugar funcionan cerca de 250 curtiembres. Sin embargo, la contaminación del Rio Bogotá empieza mucho más atrás, en las poblaciones de Villapinzón y Chocontá. Las curtiembres una a una van arrojando sus deshechos al río. Luego pasa por Chía, con una población de 133 mil personas, Cajicá con 59 mil, conta con 32 mil y el monstruo de Bogotá con sus casi 8 millones de habitantes. A esto habría que sumarle la contaminación de los carros, las toneladas de escombros y hasta cadáveres que se van sumando en los 347 kilómetros de recorrido que tiene el río Bogotá. Según el portal A.A “Al salir de Soacha, los parámetros fisicoquímicos del río son alarmantes. El oxígeno disuelto del río se encuentra en 3.8 miligramos por litro (mg/L) al llegar a la cascada del Salto del Tequendama. El cauce recupera una pequeña cantidad de oxígeno hasta llegar a un indicador de 7.8 mg/L luego de su paso por el Salto del Tequendama, un respiro que en su cuenca baja se desvanece cuando el dato llega a los 0,6 mg/L”. Los niveles de oxígeno registrados en el río indican que está prácticamente muerto. El río Bogotá recibe al día 800 toneladas diarias de residuos y 16 mil litros de aguas residuales. Una de las soluciones que se tienen para recuperar el río Bogotá es crear la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas en Soacha, una obra que debería estar lista para el 2025. La CAR aportará el 50% de la construcción de la obra, la Secretaría de Hacienda de Bogotá el 29%, el Acueducto de Bogotá el 19% y la Gobernación de Cundinamarca el 2%. Las dudas que tuvo en su momento sobre el modelo de contratación por parte del ministerio de Hacienda, demoraron su construcción. Con esta PTAR se podría recuperar el 70% del río Bogotá, pero, si no se regulan los riesgos ambientales y las pocas medidas para frenarla por parte de las curtiembres y fábricas que rodean la capital, el río estará condenado

Por: Katerin Erazo, Periodista La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se encuentra actualmente en Arauca, del 22 al 25 de febrero, como parte de los proyectos en colaboración entre Canadá y Diakonía. Esta iniciativa conjunta busca fortalecer los esfuerzos y el trabajo conjunto en la región. En esta ocasión, se están llevando a cabo dos talleres de formación en comunicación para la incidencia, como parte de un proceso más amplio de apoyo a la construcción de la paz en la zona. El primer taller de formación se llevó a cabo en Arauquita, y está programado que el segundo taller se realice el próximo sábado 24 en Tame, Arauca. Estos talleres tienen como objetivo principal abrir el campo de acción de Pares en Arauca y comenzar a articularse con organizaciones sociales locales. Uno de los propósitos fundamentales de estos talleres es construir una agenda de paz fronteriza que resalte la importancia de Arauca y Norte de Santander en el proceso de construcción de la paz nacional. Esto cobra relevancia en el contexto de los diálogos en curso con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC. Los proyectos trabajan específicamente con jóvenes y mujeres de ambos departamentos, buscando crear espacios de incidencia y construcción de paz donde puedan participar activamente en estos diálogos. Desde Canadá, se enfatiza en la investigación como base para estas acciones, mientras que desde Diakonía se destaca la comunicación para la incidencia. Esta comunicación se entiende no solo en términos de medios de prensa y redes sociales, sino también como la construcción de puentes con actores institucionales y tomadores de decisiones, para facilitar una interlocución directa entre las organizaciones locales y las instituciones gubernamentales. Los talleres de formación involucran a organizaciones de mujeres y jóvenes, pero también incorporan un enfoque intergeneracional que incluye a otras iniciativas de paz lideradas por personas mayores. Esto refleja la diversidad de actores y enfoques presentes en la región, que van desde la agroecología hasta la promoción del cacao como alternativa a los cultivos de coca. El proceso de formación y articulación en Arauca es solo el comienzo. En los próximos meses, se espera organizar un encuentro fronterizo en Bucaramanga, donde convergerán organizaciones de Catatumbo y Arauca para desarrollar una agenda de paz conjunta. Además, se planifican acciones comunitarias financiadas por Canadá y Diakonía, que permitirán la implementación de una ruta de incidencia liderada por mujeres y jóvenes. Esta ruta incluirá a través de la implementación de distintas narrativas audiovisuales actividades como podría ser grafitis, documentales o espacios de diálogo directo con autoridades, con el objetivo de promover la participación activa de la comunidad en la construcción de la paz en la región fronteriza.

Por: Iván Gallo Seleccionando a los prisioneras y prisioneras a la llegada al campo de concentración de Auschwitz. Fotografía: AP 1944 A Hedwig Hensel le gustaba la ropa que sus sirvientes le traían de los barracones de Auschwitz. En sus tardes de ocio se probaba frente al espejo los abrigos de piel que se acumulaban sobre su cama. A veces le preocupaba que su cuerpo grueso no encajara en algún vestido. Sabía de dónde venían esos trajes. Sabía a quién se los arrancaban. En sus diez años de matrimonio Hedwig nunca había sido más feliz. Tenía lo que quería. Una casa de tres plantas, dos sirvientes, un jardín esplendoroso, cuidado con escrúpulo marcial por dos hombres vestidos con trajes a rallas, una piscina y, a diferencia de la mayoría de familias alemanas durante la II Guerra Mundial, comidas y bebidas sin restricciones. La felicidad era tan grande que los gritos de horror, la fumarola perpetua, los disparos que pudieran surgir detrás del muro del patio no la perturbaban. Estaba orgulloso de su esposo. Su esposo se llamaba Rudolf Hoss. La historia lo reconocería con un sobrenombre poco amable “El animal de Auschwitz”. Amaba su trabajo. Fue el hombre que se inventó las cámaras de gas para aniquilar judíos. A veces, cuando lo invitaban a los fastuosos bailes que hacía en su nube de opio el Tercer Reich, podría imaginarse cuanto veneno necesitaría para aniquilar a todos los danzarines que sonreían en la sala. Era el supremo comandante de Auschwitz. Para hacer más eficiente su trabajo el Fuhrer ordenó que viviera en una casa al lado del campo. A muchas familias de comandantes SS les molestaba encontrar, en el río contiguo a las casas, maxilares, costillares, cráneos humanos. No podían vivir con la tos que generaban los hornos crematorios donde se incineraron millones de cuerpos. Les aterraba tener que escupir, entre la ceniza, vértebras humanas que se les habían colado en ese aire viciado. Ni Rudolf ni Hedwig padecían resquemor alguno. Tenían la consciencia tranquila. Todos los días apagaban las luces de su casa como si nada pasaba. Cerraban la ventana y las cortinas para no escuchar el llano, las súplicas, el crepitar de las llamas. A Hedwig lo único que le daba miedo es que, después de la guerra, en donde Alemania sería el único e incontrastable imperio, los reubicaran en una casa más modesta. Amaba su hogar. En julio de 1944, cuando todo el mundo sabía que la guerra estaba perdida para el Reich, cuando incluso unos oficiales valientes quisieron asesinar en su propio búnker a Hitler con una bomba que sólo le causó rasguños al monstruos, Rudolf y Hedwig vivían su propio delirio. En ese mes se ordenó el traslado de 300 mil húngaros al campo de concentración de Auschwitz. La orden era aniquilarlos. Hoss nunca estuvo tan ocupado. A Auschwitz llegaban trenes todos los días. Trenes cargados de prisioneros que no sabían su destino. Aunque en el viaje lo podían intuir. Eran viajes que duraban dos, tres semanas. Los vagones atestados de gente. Era tal el hacinamiento que muchos morían de pie. Los cuerpos ni si quiera caían al suelo. Se pasaba hambre, sed, frío o calor. A veces los trenes se detenían durante horas, a la vera del camino. El viaje era el primer filtro para determinar quien moría y quien seguía. Las mujeres, los niños y los viejos que llegaban al campo de concentración eran puestos en una fila diferente. La banda que los esperaba en la estación del tren, tocando marchas militares y el letrero de la entrada El trabajo los hará libre, no era más que un poco de humor negro alemán. Para muchos de los judíos que llegaban era una razón para creer que no todo estaría mal, que no era un infierno, que sobrevivirían, que si a los niños, a las mujeres y a los viejos se los llevaban era para reubicarlos en lugares más cómodos. Trato diferencial. Sólo hasta el final, cuando los rusos los liberaron, se enteraron de la verdad. En enero del 2015 Auschwitz fue liberado. Los rusos no podían creer lo que vieron. Montañas de cadáveres, una infraestructura creada para destruir vidas. Cuando todo estaba perdido Hoss intentó escapar de la justicia vestido de jardinero. La propia Hedwig, su esposa, lo denunció. Fue juzgado en Nuremberg en donde intentó escapar de su destino tomándose una pastilla de cianuro. No murió. Durante el juicio le recordaron los elogios que le hizo Hitler al ser el gran arquitecto del asesinato en masa, según el Fuhrer él era un "verdadero pionero en esta área debido a sus nuevas ideas y métodos educativos". Su cinismo durante el juicio llegó al momento cumbre cuando el juez lo acusó de haber matado a tres millones de personas. Él lo corrigió diciéndole lo siguiente: “Solo fueron dos millones y medio, los demás murieron de hambre, agotamiento o enfermedad". Rudolf Hoss fue condenado a muerte. En 1947 el tribunal de Nuremberg se lo entregó a los polacos quienes decidieron ahorcarlo en el campo de Auschwitz. Su esposa Hedwig escapó a Canadá donde vivió hasta 1989. Esta pareja, que resume la banalidad del mal, es la protagonista de la película Zona de interés, una de las mejores del año y que competirá próximamente por el premio Oscar.