Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El presidente Gustavo Petro firmó el decreto con el que convoca a la Consulta Popular. Lo hizo varias horas antes de salir a dar un discurso frente a la gente movilizada en Cali —que tuvo que esperarlo varias horas para escucharlo hablar—, con Simón Bolívar y una pequeña bandera de la “guerra a muerte” de fondo. Lo hizo, de acuerdo con Armando Benedetti, ministro del Interior, porque el plazo de la convocatoria se vencía el 12 de junio a las 12:00 am. La mayoría de los ministros y ministras del gabinete firmaron el documento (aunque algunos lo hicieron a través de delegados, como es el caso del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, igual que la ministra de Exteriores, Laura Sarabia, y el ministro de Minas, Edwin Palma Egea), luego de que el presidente se los exigiera en días anteriores, antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Con la firma de este decreto, al presidente Petro se le suma un frente más de disputa a los dos que ya tenía abiertos desde el fin de semana pasado. Por ahora, debe enfrentar una batalla jurídica y legal  que se antoja larga por el concepto de la Consulta; debe confrontar al Congreso con el que se consolida el bloqueo institucional ; y debe afrontar un escenario de precampaña donde la mayoría de los partidos no lo reconoce como garante del proceso electoral . Así estarían los escenarios del gobierno, que lanza su declaración de intenciones con este llamado a la Consulta Popular. —Primer frente: el “decretazo” y la disputa jurídica que la abre Fuente: El Colombiano Finalmente, el gobierno dio el paso y decretó la Consulta Popular, en un momento de alta crispación política, en la que las tensiones entre las tres ramas del poder público están en un punto bastante álgido. Aun cuando continua el debate jurídico sobre la legalidad de la votación de la plenaria del Senado que terminó hundiendo la primera convocatoria, el gobierno decidió arriesgarse a firmarlo, bajo el argumento de que hoy se vencía el plazo por el cual el presidente podía convocar este mecanismo de participación ciudadana. La respuesta — esperable y cantada desde días atrás — por parte del Congreso y de algunas figuras políticas fue demandar el decreto ante el Consejo de Estado, mientras que el gobierno, aventajándose a la respuesta jurídica, envió el mismo documento a control por parte de la Corte Constitucional. La figura con la cual expidió el decreto se concentró en la excepción de inconstitucionalidad, el cuál es un mecanismo jurídico por el que una autoridad judicial o administrativa puede dejar de aplicar, en un caso concreto, una norma de rango legal, reglamentario o de cualquier otra índole, por considerarla contraria a la Constitución Política. La movida que hizo el gobierno Petro se basó en una lectura del hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre , en la que señaló que el trámite de la votación de la Consulta Popular en el Senado tuvo vicios de forma y de fondo, por lo que su efecto jurídico como norma es inaplicable, pues viola la Constitución. Esto es importante porque a partir de esa lectura jurídica es que empieza la batalla legal por lograr que la Consulta Popular sea votada o no el 7 de agosto, fecha en la que el presidente la convocó en el decreto firmado este 11 de junio, y que se dará en varios escenarios: a). Por un lado, en la determinación jurídica si la votación en el Senado fue irregular o no . Frente a esto, ya hay un auto del Consejo de Estado  que indicó que la votación fue legal y que el proceso de convocatoria de la Consulta debió cerrarse tras el hundimiento. No obstante, con el concepto de excepción de inconstitucionalidad, es claro que la Corte Constitucional tendrá que entrar a estudiar, como tribunal de última instancia, si esa votación fue irregular o no. b).   Mientras tanto, la lluvia de demandas ( que comenzó inmediatamente después de anunciarse la firma del decreto ) llegarán potencialmente a la Sección Quinta del Consejo de Estado (que dirime asuntos electorales y que, como lo señalamos en este artículo , ha sido el mismo lugar donde se han hundido las personerías jurídicas de algunos partidos jurídicos cercanos al bloque de gobierno, como Soy porque Somos, Fuerza Ciudadana, Independientes y Todos somos Colombia, así como también ha sido el tribunal donde se han perdido las investiduras de Roy Barreras, César Pachón y Alexander López). Junto con su arribo a esta sección, las demandas buscarán que se impongan medidas cautelares hasta que el Consejo de Estado tome una decisión y falle, con la finalidad de que se suspenda todo el proceso de la Consulta hasta nuevo aviso. Para ello, el gobierno también se aventajó esta vez y, al enviar a control de constitucionalidad la medida, salvaguarda que toda decisión de fondo de la Corte se tome una vez realizados los comicios. Al mismo tiempo, adelantándose a la lluvia de demandas ante el Consejo de Estado, buscarán apelar a la existencia de un conflicto de competencias entre las cortes para dejar sin efecto las medidas cautelares hasta que se decida de fondo qué tribunal debe estudiar el caso. c). Lo que conlleva a que, en últimas, en medio de la disputa jurídica, el siguiente paso recaiga en el Registrador Nacional, Hernán Penagos . En este caso, esta figura termina siendo importante porque en sus manos tiene la decisión de reconocer el decreto y dar inicio al proceso, o abstenerse.  La primera salida, según La Silla Vacía , implicaría que, si Penagos acepta de inmediato el decreto, debe solicitar la financiación y asignación de recursos del proceso electoral al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, para luego, por urgencia manifiesta, abrir un proceso de licitación para la logística del evento, y luego hacer público el calendario electoral. No obstante, Penagos puede abstenerse de tomar una decisión, aduciendo que, con las demandas existentes y el control de constitucionalidad en ciernes, prefiere esperar un fallo de fondo, o puede apelar al mismo concepto jurídico del decreto, la excepción de inconstitucionalidad, para curarse en salud y esperar a que sea la Corte quien tome la decisión de si la Consulta finalmente es legal o no. Lo que sí queda de manifiesto es que es probable que la disputa jurídica y legal sea larga, y que al final la Consulta, antes que caerse, termine siendo aplazada mientras las cortes resuelven sus diferencias y toman una decisión de fondo. —Segundo frente: las tensiones con el Congreso y la discusión de la Reforma Laboral Fuente: Canal del Congreso Mientras la plenaria del Senado de la República comenzaba la discusión de la revivida reforma laboral, luego de haber suspendido la sesión del pasado lunes 9 de junio tras el atentado al senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro firmaba el decreto de convocatoria a la Consulta Popular, cerca de las 4:15 pm. Tras la firma, el mismo presidente, desde su cuenta de X, indicó que sólo retiraría la Consulta si el Congreso cumplía con su deber constitucional  y aprobaba el texto que ya venía concertado desde Cámara, mismo que era la base de la ponencia alternativa propuesta por Aída Avella, senadora del Pacto Histórico, y que se sometió a votación en primer lugar en esa corporación. No obstante, esta ponencia fue negada con 57 votos contra 32 . La respuesta del Pacto Histórico vino luego con la votación de la ponencia mayoritaria aprobada en la Comisión Cuarta de Senado el pasado 27 de mayo, en la que votaron negativo al proyecto. Aun así, la ponencia de la revivida reforma laboral fue aprobada con 67 votos por el SÍ y 25 por el NO . Ante la negativa del Senado por no mantener el texto en Cámara y tras la firma del decreto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, declaró ante la plenaria del Senado que el gobierno seguiría acompañando hasta el último instante  y agotando todas las instancias restantes el debate sobre la reforma laboral. Esto se manifestó luego en la votación del primer bloque de artículos , en la que la mayoría de los partidos del Congreso tuvieron unanimidad y que quedó 85 votos por el SÍ y 5 por el NO. Finalmente, y ante la avalancha de proposiciones a los puntos más álgidos de esta reforma (como el recargo nocturno, la jornada dominical y otros temas), el Senado votó en su mayoría por conformar una subcomisión que reconciliara y articulara la mayor parte de las propuestas de modificación al articulado, para consolidar un solo bloque este jueves 12 de Junio, y evacuar lo más pronto la reforma. La apuesta del Congreso para detener la convocatoria de la Consulta (tanto de la primera, decretada, como de la segunda, en trámite para ser discutida el mismo jueves o el próximo lunes) es aprobar en poco tiempo la reforma y disputarla a voto limpio en el escenario de conciliación en Cámara, para quitarles razón de ser a ambas convocatorias y dejarlas inviables en la práctica porque el argumento por el que fueron convocadas se habría resuelto al aprobarse la reforma. No obstante, esa disputa no será fácil, más sabiendo que el escenario del gobierno en la plenaria de la Cámara es bastante más favorable. Aun cuando algunos de los partidos pueden apelar a la Ley de Bancadas para frenar a los bloques cercanos al gobierno al interior de sus propias estructuras, lo cierto es que el riesgo de que la discusión se quede en un punto muerto y el plazo para aprobar la reforma pase, sigue siendo bastante alto. —Tercer frente: la campaña (pre)electoral de cara a 2026 y la disputa con los partidos políticos Fuente: Radio Magdalena Tras el atentado del 7 de junio, el presidente convocó, a través de su ministro del Interior, Armando Benedetti, a la Comisión de Garantías Electorales, con el objetivo de establecer lineamientos de seguridad y protección para los precandidatos presidenciales en el inicio de campaña hacia 2026. La invitación se realizó luego de un consejo de seguridad y de varios llamados del gobierno a la concordia , además de que insistió en que el encuentro era de carácter institucional y no político, enfocado exclusivamente en discutir garantías electorales y condiciones de seguridad para los aspirantes. A esta comisión solo asistió el Partido Verde, el Pacto Histórico, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General. No obstante, 9 partidos políticos , los de oposición y los partidos independientes de origen tradicional, junto con los partidos cristianos (Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, La U, MIRA, ASI, Colombia Justa y Libres, y la Liga de Gobernantes Anticorrupción) rechazaron la convocatoria del presidente, argumentando falta de garantías para un proceso transparente y denunciando “evidentes sesgos” del gobierno contra la oposición, señalando un clima de hostilidad por parte del Ejecutivo. Los partidos manifestaron que no reconocen ni a Gustavo Petro ni a Armando Benedetti como garantes del proceso electoral, por lo que le solicitaron al procurador general, Gregorio Eljach , que liderara la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral. Esta fue activada luego, el martes 10 de junio, luego de que Eljach convocara una Comisión de Seguimiento , a la que asistieron 14 partidos: todos los de la oposición y todos los independientes (Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, Centro Democrático, ASI, MIRA, Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Colombia Justa y Libres, LIGA, Dignidad y Compromiso y AICO). Luego, los partidos políticos, bajo la vocería de Efraín Cepeda, declararon que tampoco reconocían seguridad en el ejercicio prelectoral por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) , por lo que esperaban, bajo la coordinación de este sistema de vigilancia y control, reunirse por su parte con las Fuerzas Militares y la Policía para coordinar estrategias de seguridad futuras. Esto, luego de que el mismo presidente y Augusto Rodríguez, director de la entidad, reconocieron irregularidades en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay antes del atentado. Las declaraciones no cayeron bien en el gobierno. El presidente Petro, a través de su cuenta de X, señaló que él era el comandante supremo en jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y que no podían solicitar una reunión sin tener en cuenta a él. La tesis luego cayó sobre sus bases políticas y sociales como una insinuación a un potencial “golpe de Estado” y desconocimiento de las instituciones. —A modo de cierre: ¿existe o no una ruptura institucional? Con la reciente firma del decreto de la Consulta Popular y el llamado de los partidos a reunirse de manera particular con la Fuerza Pública, las acusaciones por considerar que el gobierno o el Congreso han dado un “golpe de Estado” han crecido como espuma en las redes sociales y han tenido eco en la mayoría de los medios de comunicación del país. No obstante, siguiendo la posición de varios teóricos de las ciencias políticas, como Giovanni Sartori o Juan Linz, la comprensión de la idea de una “ruptura institucional” en estos momentos también dependerá del lugar ideológico y la posición política desde donde se enuncie y se lea esta coyuntura. Desde una perspectiva institucionalista y liberal, el gobierno ha cometido una ruptura institucional en tanto transgredió las reglas fundamentales que rigen al sistema político, al abrir una disputa jurídica sobre una decisión que el Senado votó, de alguna u otra forma, conforme a lo establecido en la Ley Quinta, para justificar el decreto de una Consulta Popular que fue negada por el Senado. No obstante, desde una lectura alternativa, el decreto de la Consulta no rompería ese marco institucional porque aún responde a un esquema jurídico e institucional que no desconoce ni los marcos de legalidad en sí. Es decir, que el gobierno apele a una narrativa jurídica para defender el decreto hablaría de que no desconoce el marco institucional en el que se encuentra establecido. Es la misma lectura en la que se sustenta Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, para indicar que no es irregular ni ilegal las acciones que el gobierno está tomando a cabo para realizar la Consulta.

Por: John Correa La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) acaba de anunciar un cambio estructural en las reglas que rigen la comercialización de energía eléctrica en Colombia. Aunque puede parecer un tema lejano o excesivamente técnico, esta decisión tiene implicaciones directas para millones de usuarios que mes a mes enfrentan tarifas elevadas y poco comprensibles. El interrogante es simple: ¿este ajuste realmente hará más justo y eficiente el mercado eléctrico colombiano? Desde 2014, la fórmula utilizada para calcular el componente de comercialización en la tarifa eléctrica ha operado bajo un esquema generalizado: un margen estándar fijo que se aplica a todos los comercializadores, sin importar su desempeño, tamaño o eficiencia. Esta fórmula, lejos de fomentar la competencia, terminó favoreciendo a quienes menos invirtieron en mejorar sus procesos, permitiendo que los sobrecostos fueran asumidos por el usuario final. El resultado: márgenes opacos, rentas poco justificadas y una factura que crece sin explicación clara. Frente a esto, la nueva regulación rompe el molde. Ahora, los comercializadores deberán presentar información contable detallada y verificable, con el objetivo de que sus costos reales sean la base del cálculo tarifario. En otras palabras, se pone el foco en la eficiencia individual y en la transparencia, no en los promedios que premian la ineficiencia. ¿Qué cambia para el mercado? El impacto de esta medida va más allá de una simple fórmula contable. Estamos ante una apuesta por una mayor eficiencia asignativa , es decir, por una estructura de tarifas que se ajuste mejor a los costos reales de cada agente. Esto favorece a las empresas eficientes —que podrán competir con tarifas más bajas— y presiona a las ineficientes a mejorar o desaparecer. Además, se fortalece la transparencia. La trazabilidad contable permitirá detectar prácticas abusivas y márgenes excesivos, y hará posible que el Estado —a través de la Superintendencia de Industria y Comercio— intervenga con conocimiento de causa. Es también un paso hacia una mayor competencia estructural  en el segmento de comercialización, históricamente dominado por pocos actores que, al operar con escasa supervisión y bajo incentivos reales, han gozado de una posición cómoda y rentable. ón transformadora enfrenta riesgos. Uno de ellos es la capacidad técnica de la regulación . Si la CREG no establece con claridad cómo se evaluará la eficiencia de cada agente, el sistema puede volverse discrecional o incluso injusto. Otro riesgo es que este nuevo modelo termine siendo un obstáculo para pequeños comercializadores, que podrían carecer de la infraestructura administrativa para cumplir con los nuevos requerimientos. Además, se requiere un seguimiento riguroso y constante . De nada servirá tener más datos si no se utilizan para corregir distorsiones. Y, lo más importante: los usuarios deben poder entender cómo se compone su tarifa, exigir cuentas y tener voz en el debate público sobre el servicio eléctrico. La eficiencia no es una promesa: debe ser verificable Este nuevo paso de la CREG, si se implementa con firmeza y transparencia, tiene el potencial de mejorar el mercado. Pero no será automático ni mágico. La eficiencia no se decreta: se construye. Y para construirla, se necesita regulación inteligente, vigilancia activa y una ciudadanía informada. Por ahora, el país está ante una ventana de oportunidad. Que esta se convierta en una reducción real de tarifas dependerá no solo de la norma, sino de cómo el Estado haga valer su capacidad de regular con justicia y el mercado responda con responsabilidad. El tiempo dirá si este es el inicio de una verdadera democratización del servicio eléctrico en Colombia.

Por: Redacción Pares Un día de horror vivió el occidente de Colombia por culpa de las disidencias de las Farc. Fueron por lo menos 15 atentados reflejados en bombas, ataques sicariales contra la población en los departamentos del Valle y Cauca. Uno de los fines con estas acciones era crear un corredor entre Cauca y Huila, para eso estaba encomendado el insurgente conocido como alias Chilonga. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo describió así: “Este individuo había sido designado para consolidar un corredor de movilidad entre Cauca y Huila, clave para el accionar delictivo de esa estructura. Era uno de los mayores articuladores de terror en el suroccidente del país”. Iván Mordisco está desatado y en este momento se constituye como uno de los mayores peligros que sufre la democracia colombiana. Chilonga era uno de sus hombres más fieles. Las acciones que terminaron con su muerte fueron dirigidas por la policía y el ejército. Era el cabecilla de uno de los bloques móviles llamado Isaías Pardo. Las labores de Chilonga tenían que ver con extorsión, reclutamiento de menores, operaciones logísticas del narcotráfico e intimidación de las comunidades. Porque uno de los principales objetivos de las disidencias es el ensañamiento contra firmantes de paz, exFarc que se han mantenido fieles a los compromisos adquiridos desde noviembre de 2016, cuando firmaron los acuerdos con el presidente Juan Manuel Santos. El verdadero nombre de este insurgente era Wilmar Pazu Rivera, tenía más de dos décadas dentro de la organización y después de los acuerdos de paz ganó importancia. El lugar donde cayó, según relató el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, CCOES, fue en el municipio de Páez, específicamente en el caserío de Las Dalias. Durante la ola de terrorismo que han activado las disidencias han muerto ocho personas. Se repite que se suman 19 acciones terroristas en apenas un día. Sumado al atentado contra el candidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, la última semana que ha vivido el país pone en entredicho una de las políticas banderas del presidente Gustavo Petro. La gente cada vez cree menos en la posibilidad de una paz total, el máximo anhelo que debemos tener como colombianos. Pero, viendo este tsunami de violencia, las condiciones aún no están debidamente establecidas para conseguirlo.

Por: Redacción Pares En los años ochenta crecimos viendo películas e historias sobre lo que sería la segunda década del siglo XXI. Algunas de estas películas eran apocalípticas, como Terminator II , en donde se mostraba cómo la inteligencia artificial terminaba con cualquier tipo de esperanza. No, no era la guerra nuclear entre dos superpotencias lo que nos destruiría: eran las máquinas, que se rebelaban contra la especie, y la exterminaban. Blade Runner , la adaptación que hizo Ridley Scott sobre la novela de Philip K. Dick, también hablaba de una especie de rebelión por parte de los replicantes, criaturas creadas por el hombre que tenían una conciencia, un alma. Pero, al constatar que hasta sus recuerdos eran impostados, decidieron rebelarse ante el creador. El debate sobre los peligros que puede traer la IA está en boga. Es algo demasiado nuevo y que, hasta cierto punto, fue profetizado por los novelistas de la ciencia ficción por una razón: los magos de Silicon Valley crearon sus avances tecnológicos inspirados directamente por estas novelas de ciencia ficción. Un ejemplo claro es Elon Musk, quien, desde joven, imaginó un futuro a partir de Fundación , la trilogía creada por Isaac Asimov. Musk está obsesionado por sacar a la especie humana de la Tierra y regar su semilla por la galaxia. Para él, el mundo es sólo un cascarón del alma humana. Por eso está obsesionado perfeccionando la inteligencia artificial y con el desarrollo de la tecnología, por eso, desde este 22 de junio, sacará en Texas su línea de Robotaxis. Vehículos sin conductor que reemplazarán otro de los trabajos centenarios del hombre, el de conducir. La compañía Tesla advirtió que podría modificarse esta fecha debido a lo “paraonicos” que son los creadores de Tesla por la seguridad y la protección. Según ha explicado Musk en entrevistas a medios de comunicación, los taxis serán monitoreados de manera remota, geolocalizados y en un principio se sacarán apenas diez taxis. Pero ese número crecerá rápidamente y cumplirá funciones en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Antonio. Musk está peleando con quien fuera su socio y su amigo más poderoso: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto se debió a la caída de las acciones de Tesla. Su intervención en política le salió bastante caro al magnate de los autos eléctricos. Los robotaxis serán una manera de revertir esa caída.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Colombia está pasando en el último semestre por un incremento alarmante de violencia. Desde mediados de enero de 2025, las noticias sobre los enfrentamientos entre los diversos actores armados, incluyendo la Fuerza Pública, es la constante. Este incremento en la violencia ha provocado también que el número de víctimas, asesinatos, masacres, desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades se haya multiplicado.   En el reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas sobre el país se evidencia esta realidad trágica. Al finalizar el primer cautrimestre de 2025 este organismo mostró como el número de afectados por el conflicto armado se ubicó en 700 mil personas. Siendo los territorios del Catatumbo, Chocó, Cauca y norte de Antioquia los lugares donde mayor número de víctimas se presentan. Debido, precisamente, a los enfrentamientos entre organizaciones armadas como el Clan del Golfo, el ELN o las disidencias de las FARC.   Desafortunadamente estas cifras serán aún mayores cuando se haga el cierre del primer semestre de 2025. Pues en la primera quincena de junio, el país esta viviendo una escalada terrorista a causa de la guerra que tienen el Estado colombiano contra las disidencias de alias Iván Mordisco y que dejaron, en tan solo un día (el 10 de junio), 8 muertos y 62 heridos, en 24 ataques en los departamentos de Valle y Cauca.   Este incremento en la violencia, aunque lamentable, ya se dejaba predecir al final del año anterior. En el libro, ¿Plomo es lo que viene?, elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) en 2024, mostró que la probabilidad de aumentar la violencia en el país, en 2025 y 2026, es alta. En el balance preliminar que realizan a la política pública de Paz Total mostró que la capacidad militar y la presencia armada de las diversas agrupaciones políticas y criminales en el país viene aumentando en los últimos años.   El informe insistíó que grupos como el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC o Estado Mayor Central están presentando un incremento en hombres armados y expansión territorial. Sin embargo, también adviertieron, que este crecimiento no corresponde con el potencial número de acciones criminales que podrían causar. Es decir, que las acciones violentas no crecieron con el mismo dinamismo con que lo hizo las estructuras ilegales.   ¿Cuál es la razón de este dinamismo dispar? Según el informe de la PARES es a la contención que ha generado la implementación de la política pública de Paz Total. Si comparamos y analizamos la situación del primer semestre de 2024, frente al mismo período en 2025, encontraremos diferencias que explican con claridad qué esta pasando.   El año anterior estaba en pleno vigor la estrategia de negociar la paz con diversos actores armados. En la Mesa de Negociación con el ELN se había acordado un cese al fuego por 180 días, que finalizó en febrero de 2024, y que se renovó por seis meses más hasta agosto de ese mismo año. Algo similar ocurría con las disidencias de las FARC o fracciones del Estado Mayor Central.   Además, se estaba dialogando con la Segunda Marquetalia y el Frente Comuneros del Sur en Nariño. Incluso, como muestra de querer vincularse a la Paz Total, las diversas estructuras armadas criminales de alto impacto presentes en el Valle de Aburrá en Antioquia, en Buenaventura en el Valle y en Quido en Chocó, realizaron pactos de no agresión y prometieron reduccir de manera autónoma e independiente los crímenes en sus territorios.   Estas negociaciones de paz y las conversaciones con las estructuras armadas ilegales de alto impacto provocaron que, a pesar del crecimiento en las estructuras, en hombres y armas, además de la presencia territorial, no se convirtiera en un aumento mayor de la violencia en el país. La ciudadanía y la Fuerza Pública estaban disfrutando de las mieles de la Paz Total.   Pero al iniciar el 2025 la situación fue cambiando. Los diálogos de paz con el ELN se paralizaron completamente. Las mesas con con el EMC y la Segunda Marquetalia se transformaron negativamente. Los acuerdos del cese al fuego se fueron acabando y en junio de 2025 ya no se tiene vigente ningún pacto con estos grupos para desescalar conjuntamente el conflicto.   El Gobierno nacional ni la ciudadanía tiene hoy instrumentos para exigir paz, como la firma de acuerdos de cese al fuego. Ya no tenemos textos y firmas para decir a los armados ilegales que expliquen porqué están atentando contra la Fuerza Pública o la población civil. Nos encontramos en una situación de guerra, donde el Gobierno ha declarado como objetivos militares a todos estos grupos armados ilegales. Los ocho conflictos armados que reconoce la Cruz Roja Internacional están activos.   Es precisamente, en este momento, cuando podemos poner la vista atrás, cuando se evidencia los efectos positivos que tuvo la implementación de la política de Paz Total en el país. Una política que se valora muy poco hoy, incluso se le cuestiona demasiado por su improvisación y poca claridad. Sin embargo, la situación actual de violencia y barbarie del conflicto armado evidencia que la Paz Total tuvo efectividad. Esto hace que sea conveniente pensar, en el futuro próximo, en continuar con la implementación de esta política pública, como estrategia para reducir la violencia y como acción para convertirla en política de Estado.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones El 3 de marzo de 1989 Ernesto Samper Pizano se encontraba en el aeropuerto El Dorado esperando un vuelo para Cúcuta. Estaba en plena campaña para las presidenciales de 1990. Visitaría la frontera de la mano de Jorge Cristo, senador y cacique liberal. Lo acompañaba su esposa, Jacquin Strouss. Antes de abordar el avión, se encontró con el líder de la Unión Patriótica José Antequera. Samper sabía de la persecución a los dirigentes de ese partido político y le preocupaba el aniquilamiento del que eran víctimas. Al verlo se sorprendió. “¿Tu qué haces aquí?” Le preguntó el entonces candidato, y Antequera le respondió que se iba para la ciudad donde había nacido: Barranquilla, estaría una temporada en la casa de su mamá; “allá no me va a pasar nada”, le dijo, confiado. Mientras se estrechaban la mano sucedió: dos sicarios le descargaron sus ráfagas de mini Uzi a Antequera, quien moriría en el atentado. Samper estaba en el lugar y el momento equivocado, recibió trece disparos. Mientras los escoltas de ambos políticos respondían el ataque Jacquin arrastró a su esposo hasta el counter de Avianca, lo puso en una banda transportadora de maletas, lo metió, con la ayuda de unos oficiales, a un bus de Satena y de ahí lo llevaron a una Caja de Previsión que estaba a 17 minutos del Dorado. Trece tiros tenía en el cuerpo. No se necesitaba ser un especialista en medicina para saber que, sobrevivir a ese ataque, equivale a un milagro médico. En ese momento, ni Ernesto ni Jacquin sospechaban que esa no sería la prueba más dura de sus vidas. Treinta años después, Samper se convirtió en el primer expresidente de Colombia en comparecer ante la Comisión de la Verdad. Cobijado por el sarcasmo y la brutal franqueza que lo ha caracterizado en 43 años de vida pública, le dio la cara al padre Francisco de Roux y a sus comisionados. Tenía que dar su versión sobre el conflicto en los tormentosos años en los que fue presidente. Se reconoció como un traidor de clase. Samper no desconoce los ilustres orígenes de su apellido. Incluso en la sala de juntas de la fundación que creó en 2001, Vivamos Humanos, luce un portentoso escudo de armas familiar. Esa consecuencia le saldría muy cara. Desde el día que ganó las elecciones, en junio de 1994, tuvo que soportar la inquina de un candidato que no supo perder: Andrés Pastrana, y responder por los dineros calientes que entraron a su campaña por parte del Cartel de Cali. La ligereza de sus asesores, y directamente de quien fuera su ministro de Defensa: Fernando Botero Zea, lo metieron en el lío descomunal que significó el Proceso 8000. Y, sin embargo, ante la Comisión de la verdad, Samper no dio excusas obvias como el tan mentado “es que a mí no me permitieron gobernar”. Era un momento de la historia colombiana de extrema complejidad. Seis meses antes de su elección, cayó abaleado en una casa en Medellín Pablo Escobar Gaviria. El problema del narcotráfico, lejos de amainar, crecía como un incendio. Al Cartel de Cali se le sumaban los PEPES, la organización que se formó con enemigos de Escobar para derrotarlo. Estrictamente fue una organización paramilitar que, según lo confesaría años después Hugo Aguilar, uno de los comandantes del Bloque de Búsqueda, pactó alianzas con la fuerza pública para vencerlo. En 1994, la Casa Castaño ya estaba plenamente establecida en el Bajo Sinú. Al constante aleteo de las guerrillas se tenía que sumar ahora el de las Autodefensas Unidas de Colombia. Samper tenía claro que había dos factores que hacían imposible la paz en Colombia: la guerra contra las drogas y la determinación de las élites a negarse a hacer una reforma agraria. Si no se repartía la tierra, cualquier proceso de paz estaba destinado a fracasar. Marcado por el Proceso 8000, el gobierno Clinton veía con malos ojos la decisión que tenía Samper de plantear una reformulación de la guerra contra las drogas. Treinta años después, la historia le ha dado la razón al expresidente: en ocho estados de EE. UU. la marihuana está despenalizada. La guerra contra las drogas atacaba solo la parte más débil de la cadena, los campesinos que cultivaban, mientras los grandes distribuidores solo se hacían ricos, ellos y sus socios políticos. Despenalizar la dosis mínima solo afectaba a los grandes narcotraficantes. Al despenalizar el precio bajaba. Eso lo entendía Samper en la ya lejana década de los noventa. Y se intentó la salida negociada. El ELN y, sobre todo las Farc, vivieron una expansión desde finales de los años ochenta. Este último grupo se sirvió de la asociación con carteles de la droga. El hundimiento de la URSS fue contrastado con la alianza con el narco. Custodiar laboratorios de coca era una de las formas de lucha. Aun así, Samper intentó llegar a acuerdos con el ELN en Maguncia, Alemania. Tener en contra al establecimiento y a los Estados Unidos hizo que los diálogos terminaran empantanados y con el escándalo que significó la detención del negociador alemán Werner Mauss. Durante sus cuatro años de gobierno el país estuvo en un riesgo constante de caer en una dictadura militar. Comandantes del ejército como Harold Bedoya estaban metidos de lleno en una conspiración oscura para derrocarlo. El asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, quien a pesar de su militancia conservadora era cercano a Samper, enrareció aún más el ambiente. Pocos presidentes han podido resistir una embestida más salvaje de los medios de comunicación. Años después, en una entrevista con el periodista José Gabriel Ortiz, confesó que hubo momentos en 1996, cuando el gobierno norteamericano le quitó la visa y descertificó a Colombia, coletazos del Proceso 8000, en que imaginó a su esposa Jacquin siendo llevada al cadalso como si fuera María Antonieta. Solo un mandatario con un humor tan negro como Samper pudo salir vivo y sobre todo lúcido después de haber desafiado a las oligarquías colombianas y, también, a los Estados Unidos. La lucha que no cesó y en la que siempre estuvo fue en la de lograr el silencio definitivo de los fusiles. Desde la fundación que creó en 2001, Vivamos Humanos, ha fortalecido más de setenta mesas de negociación en los lugares donde el conflicto colombiano arrecia. Ante un reto como el que planteó el actual gobierno, el de la paz total, su fundación ha monitoreado las nueve mesas de negociación que tiene este gobierno con los principales grupos armados rurales y urbanos. Más allá de señalar los evidentes lunares que ha tenido el planteamiento de la paz, Samper no ha cavado trincheras en la crítica, sino que sigue desde defendiendo una idea que, independientemente de su ejecución, sigue siendo la esperanza máxima de un país que se desangra desde hace 65 años: lograr la paz total. Samper aún tiene las balas que entraron en su cuerpo ese 3 de marzo de 1989. Aprendió a vivir con ellas. Las heridas que le dejaron las persecuciones que soportó siendo presidente, intentando hacer un gobierno para la gente, hace rato están cerradas. Se convirtió en el símbolo de una palabra que de tanto que ha sido dicha ya perdió su sentido, su grandeza, la de la resiliencia. A sus 79 años ha dejado de ser un político para convertirse en un símbolo. El próximo informe que sacará su fundación Vivamos Humanos, junto a la fundación Paz y Reconciliación de León Valencia, mostrará que no todo está perdido en el viejo sueño de la paz total. Que falta es creer y apoyar. Es el único camino que queda si pretendemos ver el final de esta guerra.

El caso del joven que atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay Por: Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave [1] Un dedo acusador y cuatro que nos cuestionan “El crimen no es un tumor, ni una epidemia, sino un doloroso "problema" interpersonal y comunitario. Una realidad próxima, cotidiana, casi doméstica: un problema "de" la comunidad, que nace "en" la comunidad y ha de resolverse "'por" ésta. Un "problema social", en definitiva, con todo lo que tal caracterización implica en orden a su diagnóstico y tratamiento”  García-Pablos [1]   Colombia está consternada, indignada y dolida, por el atentado contra la vida del precandidato presidencial del Sector Democrático, Miguel Uribe Turbay (nieto del expresidente liberal Julio Cesar Turbay e hijo de Diana Turbay asesinada por Pablo Escobar el 25 de enero de 1991), en el momento en que se dirigía a un grupo de seguidores en un barrio de Bogotá, a plena luz del día, a manos de un menor de 14 años, quien les disparó a pocos metros varios tiros en la cabeza. El joven fue detenido, cuando trataba de huir a pie, de la escena del crimen. El precandidato se debate entre la vida y la muerte. La noticia ha sido cubierta, día y noche, por todos los medios y las redes sociales, quienes en su mayoría apuntan a esclarecer el crimen , con un tufillo amarillista y morboso que preocupa, porque, entre otras, puede afectar la investigación que están llevando adelante las autoridades judiciales competentes para ello. Las noticias tratan de cómo llegó el joven al lugar de los hechos, qué ropa vestía, con quién hablo, quiénes, en el mitin, se miraban, hasta la grabación de la persecución y el momento de su aprehensión, donde se ve cuando él viéndose reducido, ofrece hablar, pero los golpes que le propinaron lo acallan y posiblemente con ellos la verdad de lo sucedido. Terminando la escena de la detención con la llegada de la policía, quien le quita el arma con la que había atentado minutos antes contra la vida de Miguel Uribe, y sin ningún rigor técnico, como es lo usual en estos casos, coge el arma en sus manos, le saca la bala que quedaba y se la guarda en su chaleco, perdiéndose con ello las evidencias necesarias para un proceso judicial legal y justo, que evite nulidades e impunidad a futuro. Los efectos políticos del atentado, también han sido y siguen siendo utilizados como confrontación política, alimentándose aún más la polarización que vive el país en los últimos tiempos a raíz, entre otras, de las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el 2026, y donde se definirá la continuidad o no de un partido de izquierda en Colombia. Todo lo anterior, ha dejado de lado, como siempre se ha hecho, el buscar nuestra responsabilidad social en lo sucedido, y por eso estamos de nuevo, reviviendo la época de Pablo Escobar cuando nacieron los primeros sicarios adolescentes al servicio del Cartel de Medellín, pues nos dedicamos, solo, a la represión del delito, a buscar al sicario para matarlo o meterlo a la cárcel, y no hicimos nada por prevenir ese mal. Antes de reprimir, castigar, debemos de prevenir para evitar el delito o el hecho conflictivo, antes de señalar con el dedo acusador, todos los que lo señalan con sevicia y morbo al que atentó contra la vida del precandidato, también, deben preguntarse qué estamos haciendo como sociedad para evitar que hecho criminales como este se vuelvan a repetir, y es ahí donde el dedo acusador se nos devuelve cuatro veces en forma de cuestionamiento cada vez que señalamos a este joven y otros muchos que por desgracia tenemos en nuestro país.   Prevenir, significa intervenir en la etiología del problema criminal, neutralizando sus causas . (García-Pablos) El delito se previene de tres maneras: [2] La prevención primaria , que atiende las causas mismas del delito, va a la raíz del conflicto criminal, buscando neutralizarlo antes de que el delito se produzca. Se manifiesta a través de estrategias de política cultural, económica y social, cuyo objetivo último es dotar a los ciudadanos de capacidad social para superar de forma productiva eventuales conflictos  (Lüderssen). [3] Con prevención secundaria,  está dirigida a los grupos vulnerables y sectores donde la criminalidad se puede dar más fácilmente. Esta prevención se traduce en políticas legislativas penales y en las acciones de organismos de seguridad policial. Ejemplo legislación sobre porte de armas, parrilleros, cámaras de videovigilancia, ley seca, toque de queda, etc. Con la prevención terciaria,  es el último eslabón de la prevención y está dirigida a la población reclusa, penada; y un objetivo preciso: evitar la reincidencia. De esta prevención se ocupan los programas tendientes a la resocialización o rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Del caso que nos ocupamos tristemente en este escrito, y fracasamos en la prevención primaria, pues el adolescente sicario de 14 años, hacía parte de una familia desestructurada, huérfano de madre, con un padre que lo abandonó por buscar mejor futuro como mercenario en otros países. La prevención secundaria fracaso también, pues las políticas de inclusión social, del ICBF y el Distrito de Bogotá, dirigidas al menor, indican que fracasaron, y de otro lado, no se protegió como debía ser, a un precandidato de la oposición, que estaba expuesto en pleno espacio público, hechos que le hacían altamente vulnerables. De la prevención terciaria, que solo se dará cuando se compruebe legalmente la responsabilidad penal, tiene un carácter pedagógico/restaurativo:  “Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño”.   Ley 1098 de 2006 en su Art. 140.   El atentado contra Uribe Turbay en manos de un adolescente, a más de un delito reprochable, que debe ser investigado y castigado por los funcionarios competentes para ello, como la policía, fiscales y jueces de menores, es un PROBLEMA en mayúsculas, que debemos resolver entre todos, pero no con “ paloterapia ”. [4] Es un problema cercano , que nos toca a todos ; también es un problema familiar y comunitario que afecta a los barrios y la convivencia comunitaria ; es un problema social  que nos compete a todos. Es el momento de asumir responsabilidades, pues sino seguiremos echándole la culpa eternamente a Pablo Escobar y continuaremos caminando como el rey desnudo  de Hans Christian Andersen, buscando dar el abrigo que no tenemos, ocultado una verdad evidente que incomoda, dentro de un negacionismo histórico, que ve en la represión la única salida a la superación de la violencia, producto de la sociedad punitiva en la que hemos nacido y vivimos.   Finalmente, y recurriendo a ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA [5] , unas recomendaciones finales: La prevención del delito pasa por la “reestructura ción de  la convivencia”, y esto solo se logra desde enfoques positivos, que unamos aportes y esfuerzos solidarios, que reemplacen la prevención puramente “negativa” del prohibicionismo. La prevención, antes que otras prevenciones debe ser social //comunitaria, precisamente porque el crimen es un problema social y comunitario. Por último, todos los colombianos debemos preocuparnos por producir menos criminalidad, y así tendremos menos que prevenir y reprimir. Somos una sociedad productora antivalores, de rabia y odio  históricos…de delitos. Matamos con los gestos, la mirada y la palabra.     !!PAREMOS YA!!   [1]  Juan Guillermo Sepúlveda A, es criminólogo crítico, fue secretario del Grupo de Criminología Crítica  de América Latina y director del I Seminario Internacional de Criminología Crítica  en Colombia. [2]  Vid,. GARCÍA ·PABLOS, A, Policía y criminalidad en el Estado de Derecho en; Policía y Sociedad. Ministerio del Interior, 1990 {obra colectiva ), págs. 54 a 57. [3]  ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA. La prevención del delito en un estado social y democrático de derecho. Páginas 5 y siguientes. [4]  LÜDERSSEN, Krinúnologie, 1984 págs, 151 y ss. Cfr,, KAfSER, G,, Jutroduccíón a la ('rin1ono!ogía., cit., púg, 126. [5]  La “Paloterapia”,  que pena tener que explicarlo a las personas que lean este artículo que no sean de Colombia, son golpizas colectivas-brutales, ejecutados por personas del común, que se les propinan a los presuntos responsables de un delito, generalmente de robos en la vía pública, donde se ejerce justicia por la propia mano, aduciendo que la justicia no opera.  [6]  ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA. La prevención del delito en un estado social y democrático de derecho.

Por: Santiago Medina, Nataly Páez, Paola Marín. La mañana del 10 de junio fue sacudida por una serie de atentados desplegados en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca, protagonizados por la facción disidente de las FARC-EP, Estado Mayor Central (EMC) al mando de “Iván Mordisco”. Con un aproximado de 18 acciones desplegadas en diferentes zonas de estos departamentos, se estima que, de acuerdo con el último reporte de la Policía Nacional, hay 7 personas muertas (5 civiles); y al menos 28 personas heridas (19 civiles, 7 policías y 2 militares). ¿Qué ocurrió?  De acuerdo con la información disponible, el primer atentado se perpetró sobre las cinco de la mañana frente a la Secretaría de Tránsito del Bordo (ubicado en el municipio de Patía, Cauca) cerca de la vía Panamericana que conecta al Cauca con Nariño, cuando un carro bomba explotó. En medio de este ataque, no se registraron heridos, ni víctimas mortales, sin embargo, se reportaron daños materiales graves en la alcaldía, viviendas y comercios cercanos. Poco después del ataque del Bordo, otro carro bomba detonó en Corinto, Cauca, afectando las instalaciones de la administración municipal y causando daños materiales en la alcaldía, viviendas y comercios cercanos. A diferencia del Bordo, se reportó la muerte de un policía. Posterior a los dos primeros ataques, se registró el tercero en Villa Rica, Cauca, donde un autobús con explosivos detonó en el peaje del mencionado municipio, dejando a un policía muerto y varios heridos según reportes premilitares. Allí en adelante, continuaron los ataques de manera casi simultánea. En el municipio de Timbiquí, Cauca, explotaron dos cilindros bomba contra la base de la Armada Nacional, a pesar de ello, no se reportaron víctimas fatales. De la misma manera, en Buenos Aires, Cauca, detonó un artefacto tipo granada contra la estación de policía, sin víctimas reportadas. En Caloto, Cauca, fue asesinado un patrullero de 24 años por parte de un francotirador, tras producirse el ataque, se reportó la presencia irregular de grupos armados en las vías de la región. Asimismo, en Toribío, Cauca, se registró un hostigamiento con ráfagas de fusil contra la estación de policía y en Morales y Miranda se registraron otros hostigamientos contra la Fuerza Pública, mientras que en Patía se perpetró otro ataque, esta vez con un dron el cual no dejo víctimas ni daños materiales. Por otra parte, en Valle del Cauca se reportaron otros ataques. En Buenaventura, un artefacto explosivo detonó en el CAI de Policía del barrio El Pailón. En Jamundí, se localizó un cilindro con carga explosiva en la Avenida Sachamate y en la vía que comunica con el corregimiento de Guachinte, los cuales fueron detonados controladamente. Sin embargo, se registraron explosiones en los sectores de Potrerito, La Playita y barrio el Rodeo. De igual forma, en la vía Jamundí-Timba y Cali-Palmira se desactivaron un total de siete cilindros bomba. En Cali, se registraron varios ataques contra las estaciones de policía de la ciudad, en los barrios Meléndez y los Mangos, se reportaron dos personas muertas y cinco heridas según reportes preliminares. También se perpetró un atentado con moto bomba contra el CAI del barrio Manuela Beltrán, donde resultaron dos personas heridas. Mientras que en el sector Cuatro Esquinas y en el sector Tequendama se desactivaron dos artefactos explosivos.   Escalada de violencia en el Valle y el Cauca. Esta escalada de violencia perpetrada por del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura perteneciente al EMC, evidencia el control y la capacidad de acción, que este grupo tiene en el suroccidente del país. De acuerdo con el monitoreo realizado por Pares, para el año 2025, el EMC tiene influencia en un aproximado de 23 municipios de los 40 municipios que conforman el departamento del Valle del Cauca y en el Cauca en un aproximado de 40 municipios de los 42 que lo conforman. En estos departamentos, operan estructuras como el Frente Jaime Martínez, el Frente Carlos Patiño y el Frente Dagoberto Ramos, todos pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas; y el Frente Adán Izquierdo, que actúa en coordinación con el Bloque Central Isaías Pardo, el cual tiene el objetivo de articular acciones para consolidar corredores con el centro del país, en los departamentos del Huila, Tolima y Quindío. Inicialmente se conoció que las acciones de la mañana del 10 junio se realizaron en el marco del aniversario de la muerte de alias ‘Mayimbú’. Sin embargo, estos ataques, que incluyen emboscadas con francotiradores, uso de artefactos explosivos, drones y carros bomba, no solo son muestra de la capacidad de coordinación de estas estructuras, sino de la relación de poder que se teje en estas zonas de retaguardia, en donde constantemente refuerzan su presencia en los corredores y enclaves económicos. Frente a este punto, es importante mencionar que, en el marco de la ruptura del cese al fuego con esta facción disidente en marzo del 2024, especialmente en estos departamentos y tras el ingreso del Gobierno Nacional a zonas como el Cañón del Micay, el EMC ha intensificado los ataques a la fuerza pública y ha reafirmado su control sobre la sociedad civil, a través del aumento de reclutamiento y la imposición de normas y reglas en estas zonas. ¿Cuál es el panorama de seguridad? Las acciones realizadas en los departamentos del Cauca y el Valle plantean un escenario de riesgo frente a las movilizaciones convocadas para el jueves 11 de junio por parte de las centrales sindicales en respaldo de la Consulta Popular del gobierno de Gustavo Petro. Si bien no se han conocido referencias directas por parte del grupo armado hacia las movilizaciones del 11 de junio, en el último comunicado que emitió se desliga de cualquier afectación a la población civil tras enumerar una serie de recomendaciones en el marco de sus acciones contra la Fuerza Pública, que se resumen en no estar cerca de instalaciones, vehículos ni personal militar y policial. Además, en el marco de esas movilizaciones, el presidente Petro tenía agendado viajar a Cali y, en medio de un acto público, poner la última firma en el decreto que convoca la Consulta Popular. Sin embargo, el ministro del Interior Armando Benedetti ha comunicado que, tras los ataques terroristas perpetrados el día de hoy, aún no está confirmada  la presencia del presidente en Cali para las movilizaciones, pues es necesario evaluar las condiciones de seguridad. No es la primera vez que la seguridad en Cali y sus zonas aledañas es puesta en riesgo por parte de las disidencias de las FARC, pues en la realización de la cumbre COP16  en octubre del año pasado, también se generaron advertencias por posibles acciones por parte de este grupo armado, tras una escalada violenta en el norte del Cauca. Frente a este punto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, en declaraciones públicas , informó que, tras mantener comunicaciones con el Ministro de Defensa, se ha convocado un Consejo de Seguridad para el miércoles 11 de junio, en el cual se espera la participación del presidente Petro, coincidiendo con su visita a Cali. Según Toro, este espacio es fundamental para que el Ejecutivo escuche de manera directa a las autoridades locales y se articule a los esfuerzos institucionales para contener la escalada violenta. Así, se anunció la implementación de corredores seguros en la capital del Valle y sus alrededores, incluyendo zonas estratégicas como el aeropuerto, Cañasgordas y Jamundí. Durante el Consejo Extraordinario de Seguridad se reiteró la necesidad de reforzar de manera sostenida la presencia de la Fuerza Pública, en especial en zonas afectadas por el accionar del Frente Jaime Martínez, como Suárez (Cauca) y el corregimiento La Liberia en Jamundí, donde se ha evidenciado una intensificación del control armado ejercido por esta estructura disidente. Ante esto, es importante advertir que la ciudad de Cali, que es uno de los centros urbanos más importantes del suroccidente del país, junto con municipios de Jamundí y Palmira, que son puntos estratégicos por su conexión con el Eje Cafetero, Cauca, Nariño y el pacífico colombiano, son cada vez más afectados por la presencia y el accionar de las disidencias de las FARC. Como ha sido mencionado anteriormente por Pares (2024) , en esta zona se ha registrado presencia por parte del Frente Jaime Martínez, principalmente con el objetivo de realizar atentados y ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, con casos registrados en 2024 y 2023. Si bien esta presencia se considera esporádica, pues no implica una presencia armada constante por parte de los grupos armados en estos puntos, es preocupante la capacidad que estos han adquirido para ejecutar acciones coordinadas en zonas urbanas, principalmente barrios populares, y zonas rurales periféricas, que además generan graves afectaciones para la población civil. Esto, sumado a la situación de presencia y acciones armadas que se viene consolidando en el departamento del Cauca, hace necesario la puesta en marcha de acciones integrales en los territorios, tanto rurales como urbanos, que permitan proteger a la población civil y evitar la expansión de los actores armados.

Por: Redacción Pares Lo que le sucedió a Miguel Uribe Turbay ha despertado viejos fantasmas en Colombia, uno de ellos es la violencia política. En los ochenta el país vivió capítulos sangrientos, el asesinato del líder de la UP Jaime Pardo Leal, en 1987, luego los magnicidios de tres candidatos presidenciales en medio año: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, en 1989, extremaron una situación de caos y guerra en el país. Pero también se vivió el exterminio político de una idea, la de la Unión Patriótica. Cinco mil de sus miembros fueron exterminados por las fuerzas más oscuras de la derecha colombiana. Los paramilitares del Magdalena Medio cometieron, en 1988, una de las peores masacres políticas que recuerde país alguno. El grupo se llamaba Muerte a revolucionarios del nordeste, y había sido creado por Carlos Castaño, quien usó el asesinato de su papá en el caballito de batalla de su propia guerra contrainsurgente, que fue una excusa para apoderarse de tierras y fortunas de campesinos inocentes. Esta masacre ocurrió el 11 de noviembre de 1988, en Segovia, Antioquia. Este pueblo cometió lo que la extrema derecha consideró un pecado imperdonable: votar por la candidata de la Unión Patriótica, en marzo desde ese año. Los sobrevivientes a la tragedia recuerdan que el ejército, desde que ganó la candidata de la UP, dejó simplemente de patrullar cerca al municipio, abandonándolos a la buena de Dios, dejándolos a merced de los violentos. El 11 de noviembre los paras, encabezados por quien era conocido como el Negro Vladimir, entraron y arrasaron con todo. Es bueno recordar quién era el Negro Vladimir. El Bajo Cauca antioqueño lleva la maldición de la riqueza, como tantas otras regiones colombianas. La minería ha estado allí, desde la época de la conquista. Segovia tiene un corazón lleno de oro. Las multinacionales y los mineros artesanales han juntado su hambre para acabar no solo con su paisaje, sino con el tejido social. El 11 de noviembre de 1988 era un viernes. Los mineros copaban los bares del municipio celebrando la paga. Lo que entraba por un bolsillo se salía por el otro. Era la economía minera. Unos meses atrás, el pueblo había cometido un error: haber elegido un alcalde de la UP. Había que darles una lección. En esa época, estaba recién desembarcado en Colombia el temible mercenario israelí Yahir Klein, importado por el clan Castaño, con ayuda de Henry Pérez, amo y señor del Magdalena Medio, para entrenar paramilitares. La excusa fue contrarrestar el avance de la insurgencia. La razón era quedarse con las tierras. Con la riqueza de los campesinos. Para esto, tenían sus propios perros de presa. Alonso de Jesús Baquero era uno de ellos. Le decían el Negro Vladimir, y si el genocidio de la UP tiene un rostro sería el de él. Nacido en el Magdalena Medio, paradójicamente Baquero fue miembro de las Juventudes Comunistas a los 13 años, luego se uniría a las FARC. Después se saldría de esa organización guerrillera, y en los ochenta, como tantos otros, cambiaría de bando por conveniencia económica. Sería paramilitar. El más encarnizado de todos. Cumplía varias funciones para la casa Castaño, era patrulla, guardia, conductor y coordinador de tortura. Le gustaba la sangre. Además de torturar, picaba cadáveres. A esta práctica él la bautizó como la picalesca. En una entrevista con el periodista Steven Dudley describió su oficio dentro de los paras:   “Cuando uno está con los paramilitares mata a mucha gente. Cada día traían cinco, diez, veinte personas al centro de detención que teníamos, dependiendo del lugar donde estuviéramos. Algunas de estas eran torturadas tan cruelmente que ni siquiera podían pensar, se enloquecían. Algunas tenían medio brazo, las rodillas convertidas en pedazos. A veces les hacía un favor cuando las mataba”. Vladimir perpetró masacres terribles. Una de ellas acaba de cumplir el pasado 11 de noviembre 36 años: la de Segovia. Allí murieron, en ese viernes, 46 personas. Se suponía que Vladimir, quien estaba al mando de ese comando paramilitar, siempre recibiendo órdenes del clan Castaño, tenía lista en mano para aniquilar solo a los miembros de la Unión Patriótica. Pero nada de esto pasó. Las ráfagas no perdonaron ni a niños ni ancianos. Después vendrían otras masacres como la de la Rochela, Puerto Araújo y, además, 19 comerciantes. Pero se le atribuye el asesinato, con sus propias manos, de más de 100 miembros de la Unión Patriótica, el partido político creado en 1985 después de que Belisario Betancur y el secretariado de las FARC intentaran lograr un diálogo de paz. Se suponía que iba a ser la salida negociada al conflicto. Pero todo terminaría en una carnicería. Yahir Klein vivía orgulloso del negro Vladimir. Decía que era su alumno más aventajado. Pero en una entrevista que le hizo la revista Semana en 2002 se muestra modesto y señala a alias Ponzoña y alias Henry, de quienes dijo Vladimir: “eran mejores que yo en el polígono”. Vladimir fue de los primeros paramilitares que reconoció la colaboración que tenían con las Fuerzas Armadas. Señaló, por ejemplo, al reconocido general Farouk Yanine quien, según su versión, les habría prestado colaboración a los paras en el Magdalena Medio. Sobre su relación con Díaz dijo en la citada entrevista con Semana : “Él está diciendo mentiras porque sí nos conocimos personalmente. A él lo vi por primera vez en Bogotá en el Batallón de Artillería. Ese día yo les estaba dando una conferencia a unos subtenientes que hacían curso para tenientes efectivos. A mí me llevó el coronel Dionisio Vergara. En la charla les dije que el Ejército estaba equivocado en la forma como se desplazaba en las zonas campesinas y que por eso era por lo que caía tan fácilmente en las emboscadas. Después de eso, volví a ver al general Yanine en la escuela 01 cerca de Puerto Boyacá. Él fue personalmente con el coronel Dávila, comandante del Batallón Bárbula, y un sargento de apellido Campaz. De esa reunión con las autodefensas salió la instrucción de que debíamos pasar de la defensiva a la ofensiva. El mismo general Yanine llevó la iniciativa con el argumento de que nosotros debíamos hacer lo que el Ejército no podía hacer”. Yanine negó lo anterior. El Negro Vladimir ha sido condenado varias veces por estas masacres. Su testimonio sería fundamental para saber aún más detalles sobre la estrecha colaboración entre fuerza pública y paramilitares. Es nuestro deber recordar a los caídos en la masacre de Segovia, una región que sigue sufriendo los rigores de la violencia.

Por: Redacción Pares Augusto Rodríguez no debe dormir tranquilo. El senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón y ahora lucha por su vida en las urgencias de la Fundación Santa Fe, le había pedido a la UNP, veinte veces, el poder ampliar su círculo de seguridad. Veinte veces le dijeron que no. Por eso Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, deberá responder por su ineficiencia. Ya el abogado del senador del Centro Democrático anunció demandas en su contra, e incluso la Procuraduría lo investigará. El funcionario, autocrítico, reconoció que hubo insuficiencia por parte del organismo que dirige; así se lo hizo saber a La W Radio en una entrevista. Es que en el momento en el que el sicario disparó sobre Uribe Turbay, al senador del Centro Democrático solo lo acompañaban dos escoltas cerca a la tarima improvisada donde dio el discurso, y uno más se quedó en el carro blindado que tiene el precandidato uribista. En otra declaración aclaró que el esquema de seguridad de Uribe Turbay está enmarcado en la modalidad mixta: “Son tres personas de la Unidad Nacional de Protección y cuatro personas de la Policía Nacional. El esquema funciona de manera mixta, las dos entidades se coordinan. El coordinador del esquema es un miembro de la policía, es un vicecomisario, y orientó y dispuso el esquema de esa manera”. Durante tres días el precandidato presidencial se ha debatido entre la vida y la muerte. Su padre, el pasado 9 de junio, se acercó a los medios de comunicación y expresó su preocupación por la salud de su hijo. Las críticas llegan sobre la UNP y la lentitud a la hora de cuidar a un hombre que estaba amenazado. Lo que se ha reconocido, incluso por el propio presidente, fue que le quitaron cuatro personas que estaban destinadas a cuidarlo. Las cuatro personas que faltan son de la policía. Rodríguez afirma que hubo un relevo porque había una recarga laboral de alguno de los hombres, esto lo ha dicho en varias intervenciones en medios de comunicación. Por eso, en el momento del atentado, solo había tres personas. Dentro del equipo político de Miguel Uribe desmienten a Rodríguez, ya que afirmó que siempre tuvo solo tres personas y que las otras cuatro eran agregadas de la policía. Petro dijo: “Averigüé quién tomaba las decisiones del esquema de seguridad, aún no sé si fue la UNP o la policía, si fue la policía hay que establecer responsabilidades, ya que la policía está altamente infiltrada”. Aún no está claro quién tiene la responsabilidad en un caso de omisión. Hubo denuncia por parte de la familia a la UNP, por la falta de responsabilidad a la hora de cuidar a Miguel Uribe Turbay. El presidente Petro está revisando los esquemas de seguridad de sus opositores, después de este atentado y de que Álvaro Uribe denunciara un plan para asesinarlo.

Por: Redacción Pares El pasado día 9 de junio se supo la noticia: Diego Marín, alias Papá Pitufo, acusado de haber infiltrado dineros no solo en esta campaña presidencial sino en las anteriores cuatro, quedó libre en Portugal. El presente gobierno tenía todo el interés en que el considerado zar del contrabando regresara al país y contara toda la verdad. La gestión para que volviera al país la empezó Petro desde enero, cuando se enteró de que este hombre había sido apresado en Portugal después de haber quedado libre en España. La idea era que llegara extraditado. Pero esto no será posible. Marín fue liberado en Portugal, después de haber sido aceptado su habeas corpus . El argumento que dio el tribunal en ese país fue que “su detención era ilegal debido a que ya había vencido el plazo para ejecutar su extradición a Colombia y esta no podía concretarse mientras estuviera pendiente una decisión definitiva sobre su solicitud de asilo”. Esto generó malestar en el presidente Gustavo Petro, quien era uno de los más interesados porque Marín regresara al país y contara la verdad. A través de la red social X se lamentó porque duró meses intentando capturar y traer el país al mayor contrabandista, incluso habló con el presidente español y el portugués, pero todo fue en vano. “Es un hecho que Colombia vive los ‘Cien años de soledad’. Rechazo esta conducta de los magistrados del tribunal de Portugal. No sé si no se les entregaron todas las pruebas que muestran las actividades ilícitas del contrabandista”. Fue tanta la amargura que el presidente apuntó sobre el gobierno norteamericano que pidió en extradición a Marín y a un sector de la política colombiano que al parecer no está interesado en que regrese al país. La Fiscalía, mientras tanto, le puso una serie de medidas a Papá Pitufo, para que no huya de Portugal, entre las que se cuentan vigilancia personal y brazalete electrónico. Papá Pitufo estaba preso en ese país desde el pasado 3 de diciembre. Fue capturado haciendo efectiva una orden del gobierno colombiano por los crímenes que Marín había cometido en este país. Pero el máximo tribunal portugués, para dejarlo libre, concluyó que la detención excedió los plazos establecidos por la legislación portuguesa y la normativa internacional sobre extradición. La información oficial apunta a que Papá Pitufo estaría vinculado a una red transnacional de contrabando de textiles y calzado que operaba entre Asia y Colombia, a través de empresas fachada. Las estrellas en este caso fueron los abogados de Marín, quienes consiguieron liberar a su cliente y, además, evitar que purgara sus culpas en este país. Aún falta el último envión, el último esfuerzo para traer a Marín al país. Es importante poder traerlo, para saber la verdad no solo sobre la entrada de dineros en esta campaña sino de las anteriores. Por ahora, esta verdad se empantanó.

Por: Línea de Paz, Seguridad y DDHH.   La negociación que el Gobierno Nacional viene adelantando con Comuneros del Sur (CDS) desde agosto de 2024, en la Mesa de Diálogos Regionales de Paz, sigue avanzando por etapas, en coherencia con la apuesta del gobierno nacional de implementar acuerdos parciales en vía de la consecución de un acuerdo integral.   En septiembre de 2024 se trazó la ruta de acción hacia la consecución de la paz en el territorio ocupado por CDS, en dicha ruta se incluyó en primera instancia la creación de una mesa técnica integrada por delegados del gobierno y del grupo armado y el cese definitivo y bilateral de hostilidades, la suspensión de secuestros, reclutamiento de menores e instalación de minas antipersonal como requisito para avanzar en el diálogo, la destrucción de armas y la creación de zonas temporales para el paso a la vida civil, el desminado humanitario y la reparación a las víctimas, se acordó además crear un mecanismo de monitoreo para garantizar la transparencia a través de la veeduría de la MAPP-OEA, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Conferencia Episcopal.   En abril de 2025, CDS y el Gobierno Nacional con ayuda de los organismos veedores del proceso, logran establecer un acuerdo resumido en un protocolo de entrega y destrucción de armas, una vez celebrado dicho acuerdo, el grupo armado entregó al Ejército Nacional más de 500 artefactos de guerra, entre explosivos y armamento, hecho que aporta significativamente al des escalamiento de la violencia en el territorio. Se firmaron acuerdos claves entre Comuneros del Sur y el gobierno, enfocados en la transformación social del territorio. En este mismo escenario se acordó la sustitución de 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la reincorporación social y económica de 100 integrantes del grupo, con una inversión estatal de 45.000 millones de pesos (aproximadamente 12 millones de dólares). Esta inversión financiará mejoras en infraestructura médica, incluyendo la adquisición de 109 equipos médicos, la construcción de cuatro centros de salud y la entrega de seis ambulancias para los municipios de influencia de CDS. Por su parte CDS se comprometió a entregar el resto de su material bélico en los próximos tres meses. El gobierno, junto a organizaciones locales, llevará a cabo un proceso de desminado humanitario en tres áreas periféricas de Samaniego, que incluirá la capacitación de miembros de la comunidad y el entrenamiento de equipos especializados en el desminado.   Tras la suspensión de la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, comandante de CDS, solicitado por la justicia estadounidense por delitos asociados al narcotráfico, se reanudó el proceso de diálogo, para el 10 de junio y tras dos días de negociación se logró establecer los detalles para la creación de una zona de ubicación temporal (ZUT) en el municipio de Mallama, donde los miembros de este grupo iniciarán su transición hacia la vida civil. Esta zona será la tercera bajo la política de "Paz Total", luego de las acordadas con el frente 33 y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y se prevee que tendrá una duración de un año, el propósito de estas ZUT es garantizar la transformación territorial y la reincorporación de los combatientes. En esta zona, que estará bajo el estado social de derecho, se llevarán a cabo actividades de reincorporación, con el objetivo de que los miembros de CDS  puedan incorporarse paulatinamente a la vida civil, establecer una economía legal y aportar a la transformación del territorio. Uno de los puntos clave dentro de la ruta de creación de esta ZUT es la realización de una consulta previa con las autoridades étnicas locales, entendiendo que la zona en cuestión es habitada por grupos indígenas como el pueblo Awá que ha sufrido se forma significativa los embates de la guerra.   Según Royer Garzón, vocero de CDS para la mesa de diálogos, inicialmente el 30% de las tropas se alojarán en la zona y paulatinamente ingresará el resto de los combatientes. También se acordó que la Agencia de Reincorporación y Normalización presentará, en un plazo de 60 días, un plan de reintegración colectiva para los miembros del grupo.   A pesar de los avances en las negociaciones con Comuneros del Sur, persisten desafíos significativos. La implementación de los acuerdos alcanzados requiere de un compromiso continuo por parte del grupo armado y del Gobierno. La suspensión de la extradición de "HH" también plantea interrogantes sobre la eficacia de la política de Paz Total. Si bien ha facilitado avances en las negociaciones con el Frente Comuneros del Sur, su aplicación genera cuestionamientos profundos y desafíos para la concepción de justicia y la justicia transicional. Negociar las relaciones sociales, políticas y económicas que constituyen el control de un territorio, implica tomar decisiones controversiales, en tanto parecen cuestionar la esencia misma de la justicia y el acuerdo social. Además, la presencia de otros grupos armados en los municipios de influencia de CDS representa un riesgo significativo para el avance de los diálogos y el éxito de la transformación territorial hacia la paz, un ejemplo de ello son las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), un grupo armado que a través de videos en redes sociales, como TikTok, ha mostrado su presencia en el territorio. El surgimiento de las AUN ha levantado sospechas sobre una posible alianza con los Comuneros del Sur  y la Segunda Marquetalia , aunque hay versiones contradictorias. Algunos sugieren que las AUN podrían ser un grupo independiente que lucha contra el Estado Mayor Central (EMC) , mientras otros piensan que fue creado por Comuneros del Sur y la Segunda Marquetalia para enfrentar al EMC. Desde su aparición, las AUN han incursionado en varios municipios y cometido actos violentos, incluidos secuestros y amenazas. Este comportamiento ha sembrado el temor de que, en lugar de acercarse a la paz, los territorios puedan ser tomados por nuevos actores armados. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre esta situación, pidiendo que las AUN sean incluidas en las mesas de negociación. En respuesta, los líderes de Comuneros del Sur  han rechazado cualquier vínculo con las AUN, afirmando que operan de manera independiente y que su objetivo es la paz y la reincorporación social, sin interés en continuar en el conflicto armado. El ciclo de negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Comuneros del Sur ha mostrado avances significativos en la desescalada del conflicto armado en Nariño. La suspensión de la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias "HH", fue una decisión estratégica para fortalecer el proceso de paz. Sin embargo, esta medida ha generado controversia y plantea desafíos en términos de justicia y relaciones internacionales. El éxito de la política de "paz total" dependerá de la capacidad del Gobierno para equilibrar los intereses en términos de seguridad, justicia y reparación, y de garantizar que los avances en las negociaciones se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades afectadas por el conflicto.     Referencias. Asuntos Legales. (2023, mayo 24). Corte avaló la extradición a EE. UU. de la organización criminal Los Comuneros del Sur . Asuntos Legales . https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/corte-avalo-la-extradicion-a-ee-uu-de-la-organizacion-criminal-los-comuneros-del-sur-4110661   Cambio Colombia. (2023, mayo 17). ¿Quién es alias ‘HH’, jefe de los Comuneros del Sur , y por qué no será extraditado? Cambio Colombia . https://cambiocolombia.com/pais/quien-es-alias-hh-jefe-comuneros-sur-no-sera-extraditado-decision-petro     Colombia Global News. (2023, junio 9). Comuneros del Sur entrega armas y sella el primer acuerdo de la paz total de Petro . Colombia Global News . https://www.colglobalnews.com/noticias/comuneros-del-sur-entrega-armas-y-sella-el-primer-acuerdo-de-la-paz-total-de-petro     La Hora. (2025, abril 6). Destruyen material bélico de Comuneros del Sur tras dos acuerdos de paz . La Hora . https://www.lahora.com.ec/mundo/Destruyen-material-belico-de-Comuneros-del-Sur-tras-dos-acuerdos-de-paz-20250406-0014.html     Sánchez Arévalo, N. (2024, noviembre 24). El oscuro grupo de autodefensa que opaca los diálogos de paz en Nariño . Vóragine . https://voragine.co/historias/reportaje/el-oscuro-grupo-de-autodefensa-que-opaca-los-dialogos-de-paz-en-narino/