Search this site

Por: Ivan Gallo Entrevista: Anderson Salinas Foto tomada de: Faceboo k Carmen García Carmen García nunca había visto un muerto hasta el 21 de agosto de 1999. Ese día, en la madrugada, todo el corregimiento de La Gabarra se levantó. Se había ido la luz. Era el presagio de lo peor. Un escuadrón de las AUC llamado “Los Azules” entró al poblado sin que el ejército hiciera algún tipo de retén. Con lista en mano fue sacando a personas de sus casas, los acostaban boca abajo en el suelo y disparaban. Las cifras oficiales hablaron de 39 muertos aunque en La Gabarra creen que son más. Muchos más. Carmen tenía 14 años y, con su familia, se tuvieron que ir a la brava, como tantas otras personas del Catatumbo. Llegaron a Cúcuta pero jamás se acomodaron al ajetreo de la ciudad. Cuatro años después, en el 2003, los paramilitares seguían reinando en La Gabarra. Ganarle el pulso a las FARC, el ELN y el EPL en el Catatumbo era uno de los objetivos que se habían trazado Carlos Castaño y Salvatore Mancuso con su Bloque Fronteras. La Gabarra era un punto estratégico, aln lado del Río Catatumbo, un corredor hacia Venezuela en donde se movían millones de dólares del narcotráfico. Nunca quedó un peso para la población civil. Lo único que recibían eran tortura, desapariciones, muerte. A ese territorio tuvo que volver Carmen García y su familia en el 2003. En La Gabarra el máximo comandante era Camilo. Despiadado, atroz, había asesinado a su esposa en su propia casa. Todo el mundo sufría en La Gabarra, pero las mujeres eran tratadas como un botín de guerra. Permanecían casi presas en sus casa. Carmen tenía 19 años y abrió una fuente de soda. Tenía en su sangre la determinación de los líderes. Ella veía como a las muchachas que trabajan en un bar cerca a la cancha central, una a una, iban desapareciendo, como si la manigua las devoraba. Los paras, quienes las sacaban del lugar, las asesinaban después de tener relaciones con ellas. Las AUC decían que estaban allí para sacar del corregimiento a la guerrilla pero no era más que una excusa para despojar, violar, masacrar y traquetear. Carmen se llenó de valor y convocó a un paro en La Gabarra. Convenció al comercio para que cerrara sus establecimientos y frenar los abusos. Duraron ocho días, firmes, a pesar de la amenaza de los fusiles y los gatillos fáciles de los asesinos. Los paras se la tomaron tan en serio que tuvieron que llamar a Salvatore Mancuso quien dejó su finca en Córdoba para hablar con la joven lideresa. Llegaron a acuerdos y Mancuso les dijo a sus hombres que no tocaran ni a Carmen ni a las mujeres que se habían levantado contra ellos pero todo fue mentira. Una a una fueron cayendo y antes de que la mataran Carmen se volvió a ir de su pueblo, esta vez acompañada de quien era su esposo, Javier Leonardo Franco. Llegaron a Yondó, Antioquia, trabajaron la tierra y esperaron. Los paras se fueron de La Gabarra hasta el 2004 y sólo dos años después pudieron regresar a su tierra. La pareja la guerreó. Compraron un carro y con él se pusieron a “piratear” en Cúcuta. Sólo quien ha vivido en Cúcuta o en zonas de frontera saben lo que significa esa palabra tan asociada al rebusque. Llevar y traer personas al otro lado de San Antonio del Táchira o Ureña, los primeros pueblos que están en Venezuela. El comercio, para este municipio, ha suplido durante años el abandono del Estado. En el 2006 Carmen quiere inscribir a sus dos hijos al programa de Familias en Acción. Les piden los registros de nacimientos originales y no los tienen a la mano. Están en Yondó. Javier Leonardo regresa a ese pueblo de Antioquia en su carro. De manera inexplicable el Ejército lo asesina y lo hace pasar como comandante de las FARC. Carmen no tarda mucho en comprobar que los uniformados han cometido un crimen. Ella piensa que su esposo fue el primero de la larga lista de falsos positivos que mancharía de sangre la Seguridad Democrática. Lejos de pedirle disculpas, de repararla, la declaran objetivo militar. En el 2008, una vez más, debe huir de La Gabarra. Se interna en una vereda, lejos del casco urbano. Se hace amiga de sus vecinos quienes la esconden cada vez que una tropa pasa cerca de ahí. Sólo hasta el 2011 Carmen puede regresar, una vez más, a su tierra. En ese momento, en pleno gobierno de Juan Manuel Santos, se instalan las mesas de Víctimas y ella poco a poco va contando su historia, su tragedia personal. Tiene tantos recursos interiores que, lejos de la autocompasión, empieza a ayudar a los que necesitan. En el 2018 vuelve a sentir la fría mano de la guerra en el hombro. Un comando del ELN va a la escuela donde estudia su hijo mayor, le mete una pistola en su morral y se lo quiere llevar. El profesor se le para de frente al guerrillero y le dice que no puede, porque es el hijo de Carmen. A ella le avisan y sin pensarlo se le planta a alias “El Abuelo” el comandante responsable del ELN en el Catatumbo. “A mi hijo no se lo va a llevar nadie” y el guerrillero, quien es el que tiene la fuerza de las armas, cede ante la fuerza de la razón que acompaña siempre a Carmen. Ella dimensiona el problema y se da cuenta que las madres están a merced de los caprichos de los grupos armados quienes siempre se llevarán a sus hijos a la guerra. Los breves años de paz que se vivieron después del acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC se rompieron en el 2018. Otra vez el ELN, y el EPL, compuesto de pelados de pueblos como La Gabarra, se mataban entre sí. Carmen, harta de tanta muerte, organiza junto con el alcalde de Tibú una marcha. Entre otros gestos simbólicos arman una bandera blanca de 500 metros. Se hace visible. Entonces se le ocurre organizar a las madres del Catatumbo para que nunca más vuelvan a perder un hijo en un combate, para que no los recluten, para que sus hijos tengan una niñez tranquila, sin fusiles. Tuvo que luchar para conseguir los recursos que cimentaron lo que hoy se conoce como la Asociación de madres del Catatumbo. En el 2019 empezaron 250 y ya son 850 los que están en la lucha. Ya sus brazos alcanzan otro de los departamentos más golpeados por la Guerra, Arauca. Allá en este momento hay 22 mujeres capacitándolas. Los resultados que ha obtenido en cinco años son impresionantes, han recuperado 42 niños del brazo armado de las guerrillas, y 814 que estaban en peligro de ser reclutados, además han rescatado a 72 mujeres del Catatumbo que corrían el riesgo de ser asesinadas. Cafam la nombró una de las mujeres del año, una distinción que le ha servido a Carmen García para renovarse. Dice que las atenciones que recibió en Bogotá la hacen sentir “como una reina, como si estuviera en Miss Universo”. Ser distinguida como Mujer Cafam es un premio no sólo para ella sino para un territorio en el que la guerra se ha encarnizado. A sus 40 años Carmen García está lista para devolver a la vida a tantos niños atrapados por los grupos armados. Las amenazas, los atentados que han sufrido, ya no la asustan. Hace rato que ya no lucha por sí misma. Hace rato que su vida le pertenece a las demás. Por eso no tiene tiempo para el miedo. Si quiere seguir salvando vidas debe hacer lo que siempre ha hecho: mirar pa’lante.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. La reciente captura de alias "Nacho", hermano menor del líder principal de la banda delictiva "La Inmaculada" o "La Oficina" en Tuluá, Valle, produjo más hechos violentos en el municipio, propios de su accionar en los últimos años, y que recuerdan el estilo de Culiacán durante la captura del hijo del Chapo en México. Frente a esto, es importante reconocer que, a diferencia de lo ocurrido en México, las autoridades nacionales no cedieron ante las presiones criminales. Sin embargo, surge el interrogante: ¿Qué pasa con el Estado que ha permitido que se llegué a este nivel en Tuluá? Tras la detención de Mauricio Marín, alias “Nacho”, uno de los principales líderes de la banda "La Inmaculada", el pasado 10 de febrero, se desataron unos hechos violentos que, según lo registrado por Pares, resultó en "Siete taxis y dos vehículos particulares incendiados, dos ataques dirigidos a agentes de tránsito y un supermercado consumido por las llamas". Estos incidentes fueron advertidos por la dicha banda, quienes declararon que no van a parar hasta conseguir la liberación de sus líderes. Presiones que me llevaron a recordar los hechos violentos que sacudieron Culiacán, Sinaloa, en 2019, cuando la detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante "El Chapo", encarcelado en Estados Unidos, provocó una serie de actos violentos para presionar a las autoridades. Logrando que el presidente de México, Manuel López Obrador, anunciara la liberación de Ovidio con el fin de proteger la vida de los civiles. Lo cual fue un peligroso precedente que atenta contra la autoridad del Estado y que se consolidó como un referente criminal en la región. Pero vale la pena resaltar que, la crisis de seguridad que enfrenta este municipio no es nueva. En los últimos años la crisis institucional ha sido de tal gravedad que se han podido registrar noticias como el asesinato del parapentista que aterrizó con propaganda política, atentados y asesinatos a varios agentes y funcionarias de la secretaría de tránsito, las constantes amenazas candidatos en temporada de campaña, el hallazgo de cuerpos decapitados; además de hechos trágicos como motín en la cárcel en el que, tras un incendio en 2022, murieron 49 privados de la libertad. Si bien en Tuluá no se repitió exactamente el escenario de Culiacán, los hechos recientes sirven como un recordatorio de los desafíos continuos que enfrenta la región en términos de seguridad, especialmente en estas ciudades intermedias, en donde el Estado ha perdido (o cedido) parte del control. Estos eventos resaltan la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Aunque la gobernadora del Valle anunció la militarización del municipio y se produjo una respuesta relativamente rápida, es importante recordar que "Nacho" ya había sido capturado y posteriormente liberado en 2022 debido al vencimiento de términos. Las acusaciones en su contra abarcan desde concierto para delinquir hasta tráfico de estupefacientes y homicidios. Demostrando una falla de grave en el sistema judicial. Frente a lo anterior, el expersonero de Tuluá, Rubén Benitez, resalta que, por un lado, la falta de políticas públicas sociales reales dirigidas a jóvenes de los sectores vulnerables, especialmente en sectores como el Barrio La Inmaculada, profundiza la complejidad de la situación, evidenciada desde la desmovilización del Bloque Calima de las AUC en la región y la creación de organizaciones sucesoras del paramilitarismo y, por otro lado, en cuanto al gobierno local anterior, Benitez considera que hubo permisividad frente al accionar de ese grupo delincuencial, lo cual facilitó su crecimiento. Aunque la militarización y el refuerzo policial son medidas necesarias, no son suficientes para contener la violencia a mediano y largo plazo. Los últimos hechos demuestran la magnitud de la crisis en el municipio y la incapacidad de las autoridades locales para enfrentarla por sí solas. Es evidente que esta situación requiere una respuesta más ágil por parte del Estado, que incluya medidas tanto de prevención como de contención del delito. Así como también, se fortalezca a las instituciones encargadas de administrar seguridad y justicia, y se atienda la posible corrupción en las cárceles, dado que las denuncias también señalan que desde estos lugares se coordinan acciones delictivas. Además, es central la cooperación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales para enfrentar este desafío. Se requiere un enfoque que aborde las causas de la violencia desde una mirada regional, y promueva la participación activa de la comunidad en la construcción de entornos seguros.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Caracol Radio En un comunicado emitido este 14 de febrero, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia enfatizó la importancia crucial de elegir pronto al próximo Fiscal General de la Nación. Destacando el papel fundamental que desempeña la Fiscalía en la garantía del acceso a la justicia, la consolidación democrática y el Estado de Derecho, la ONU instó a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección en el menor tiempo posible. La inclusión del enfoque de género en la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro también recibió elogios por parte de la ONU, que reconoció a las candidatas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra como idóneas para el cargo. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, se sumó al llamado, advirtiendo que la falta de designación de un Fiscal General podría debilitar el sistema de justicia colombiano. La CIDH instó tanto a la Corte Suprema como al poder Ejecutivo a garantizar un proceso transparente y libre de interferencias. Estos pronunciamientos internacionales se dan en medio de la tensión política en Colombia, especialmente tras el final del periodo del Fiscal General Francisco Barbosa el pasado 12 de febrero. El presidente Petro, quien ha sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía, acogió positivamente el respaldo de la comunidad internacional a la elección del nuevo fiscal, subrayando la importancia de cumplir con la Constitución y los estándares de decencia. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la ONU ha instado a tomar medidas similares a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos del sistema internacional, respecto a la actual situación de tensión en Colombia. Se hace énfasis en la urgencia de elegir rápidamente al nuevo fiscal, considerando que las hojas de vida y las ternas están disponibles desde hace algún tiempo. Pérez mencionó que la Corte ya ha evaluado y aprobado esta terna, por lo que se solicita una elección expedita, dada la creciente tensión en el país. Se insta al Gobierno a llevar a cabo este proceso con calma y respeto por los procedimientos institucionales establecidos. Esta petición es común en otros países y es parte del proceder normal tras la salida del fiscal en turno. Además, también señaló que el término del fiscal es de cuatro años, contados a partir de su posesión. El fiscal Francisco Barbosa cumplió su mandato de cuatro años el pasado lunes. El investigador de Pares explicó que la Corte puede tomarse un tiempo considerable, incluso hasta un año y medio, para evaluar candidatos en múltiples sesiones plenarias. Esto se evidenció en el período de interinidad de 16 meses antes de la elección de Vivian Morales, durante un cambio de Gobierno de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos. Aunque este proceso fue prolongado, el promedio suele ser de aproximadamente 5 o 6 sesiones plenarias. Ya se han realizado dos sesiones plenarias, y la próxima está programada para el 22 de febrero. Es de esperar que durante alguna de estas sesiones la Corte tome una decisión respecto a la elección del nuevo fiscal. La selección del Fiscal General de la Nación en Colombia es un proceso de gran relevancia, crucial para el funcionamiento del sistema de justicia y el fortalecimiento de la democracia en el país. La figura del Fiscal General desempeña un papel fundamental en la garantía del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. El Fiscal General es el máximo representante del Ministerio Público en Colombia y tiene la responsabilidad de dirigir la Fiscalía General de la Nación, una institución clave en el sistema de administración de justicia del país. Entre las principales funciones del Fiscal General se encuentran las siguientes: Investigación y persecución del delito: Una de las responsabilidades más importantes del Fiscal  es dirigir las investigaciones y la persecución penal de los delitos cometidos en Colombia. Esto incluye desde delitos menores hasta crímenes graves como homicidios, corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Fiscalización de la legalidad: El Fiscal General tiene la facultad de ejercer el control de la legalidad en el sistema de justicia colombiano. Esto implica supervisar el cumplimiento de las leyes y garantizar que los procedimientos judiciales se realicen de acuerdo con los principios del debido proceso y los derechos fundamentales de las personas. Protección de los derechos humanos: Como máximo representante del Ministerio Público, el Fiscal General tiene la responsabilidad de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos en Colombia. Esto incluye investigar y sancionar los casos de violaciones de derechos humanos, así como promover acciones para prevenir su comisión. Cooperación internacional: El Fiscal también juega un papel importante en la cooperación judicial internacional, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción transnacional. Esto implica colaborar con otros países en la investigación y persecución de delitos que trascienden las fronteras nacionales. La elección del Fiscal General de la Nación es un proceso que debe llevarse a cabo con total transparencia, garantizando la independencia y la imparcialidad del candidato seleccionado. La persona designada para este cargo debe tener una sólida formación jurídica, experiencia en el campo de la justicia y un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho. En el contexto actual de Colombia, la elección del nuevo Fiscal General cobra una importancia especial, ya que se espera que desempeñe un papel clave en la consolidación de la paz, la reconciliación y la justicia transicional en el país. Por lo tanto, es fundamental que el proceso de selección se realice de manera diligente y respetando los más altos estándares de integridad y transparencia. Tanto la ONU como la CIDH enfatizan la necesidad urgente de elegir al próximo Fiscal General de manera transparente, garantizando la independencia y la integridad del proceso, para fortalecer así el Estado de Derecho y la democracia en Colombia.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Portafolio Aún hoy existe un desprecio absoluto hacia las tribus indígenas del Amazonas. La periodista Eliane Blum cuenta que, hasta hace unos años, los grandes señores del Brasil arrojaban desde los aviones ropa y juguetes infectados de viruela para exterminar tribus y quedarse con sus tierras. Porque el Amazonas está más amenazado que nunca. Se estima que cerca del 47% ya está intervenido por el hombre. El ataque al pulmón del mundo arrancó en 1881, al menos en Colombia. Fue la fiebre por el líquido que contenía un árbol bautizado como Hevea lo que trajo a los primeros hombres de empresa. Los echados pa’lante. El líquido que contenía el Hevea era el caucho, y de caucho estaba hecha la Revolución Industrial. Las llantas de los vehículos, de las bicicletas, de algunas casas, el mundo se movía gracias al caucho. Las grandes potencias querían plástico. Lo necesitaban. La demanda era altísima y un empresario y senador peruano, Julio César Arana, lo escuchó. El Amazonas ya había sentido el bramido de la bestia con la explotación de quina de mediados del siglo XIX pero nadie estaba preparado para lo que vendría con el caucho. El epicentro fue la localidad de La Chorrera, al pie del rio Igaraparanay. En este lugar, hace 120 años, en plena explosión cauchera, habitaban sesenta mil personas. Hoy, apenas llegan a cuatro mil. El lugar donde sucedió todo se llamó la Casa Arana. Su belleza confunde al que la visita. No hay que dejarse engañar por sus formas exuberantes. Acá todavía se escucha la agonía del esclavo, porque en eso se convirtieron los indígenas que la habitaron, en esclavos. Los indígenas creyeron que eso era el progreso. Perder su libertad a cambio de un paraíso que nunca existió. Arana contrató a capataces poderosos, despiadados y contó además con el apoyo del ejército peruano. La casa arrancó operaciones en 1901. Les exigían a los indios una cuota mínima del líquido que botaban los árboles. Nunca era suficiente. Desprotegidos les soltaban machetazos, les quitaban orejas, los encerraban en cuartos minúsculos hasta que morían de desesperación. De física desesperación. Los rumores de que acá se mataba indígenas a mansalva llegaron hasta Bogotá. Al entonces presidente de Colombia, Rafael Reyes, le pareció un detalle menor. Lo que le impresionó fue la organización que tuvo Arana para conectar una red de caminos y sacar la materia prima. Nadie contó los árboles que este hombre asesinó. Muchos años después alguien muy parecido a él, Jair Bolsonaro, taló dos mil millones de árboles en su cuatrenio. A él le parecía un muy buen negocio que las empresas de los países industrializados vinieran a “violar” la selva brasilera. La Casa Arana prosperó hasta convertirse en una empresa poderosa, la Peruvian Amazon Company. Un ingeniero norteamericano, llamado Walter Hardenburg, presenció el infierno y denunció todo en un artículo publicado en un periódico llamado The Truth. El cónsul inglés en Perú Roger Casement, quien hizo una inspección al lugar publicó un informe llamado El paraíso del diablo. Sin embargo la denuncia más poderosa y que más ha perdurado en el tiempo la escribió un huilense. José Eustasio Rivera vivía en Nueva York cuando publicó La vorágine. Al ser impuesta en el colegio como lectura obligatoria la prohíben. Pocas veces se ha escrito una aventura más potente y también más infernal como ésta odisea que cumple 100 años. La fiebre que da perderse en la selva está descrita como uno de los círculos del infierno de Dante, hombres que le disparan a simios imaginarios colgado de árboles de 20 metros, hormigas que arrasan todo a su paso y que hacen temblar la tierra antes de ir a morir al río, el calor, la sed, las sanguijuelas de las aguas estancadas. Pero entre todos los horrores que azotan al protagonista de la historia, Arturo Cova, y a sus acompañantes, ninguno es peor que el que desata Arana con su empresa. No fueron las denuncias sobre el exterminio de los indígenas sino el crack de Nueva York lo que acabó con la Casa Arana en 1932. Su creador, Julio César Arana del Águila, murió a los noventa años lejos del oprobio. Fue enterrado con los honores de un padre fundador. En Iquitos aún se le recuerda con respeto. Al fin y al cabo ¿Qué son cincuenta mil indios asesinados si lograste formar una empresa tan próspera como Peruvian Amazon Company? El exterminio cultural y físico, nunca se ha detenido en el Amazonas.

Por: Redacción Pares Semana del 12 al 16 de febrero 2024. Terminado el VI Ciclo de diálogos y negociaciones y hechos públicos los acuerdos, hay debate público e interrogantes por resolver del curso de este proceso. Dos puntos han concentrado el debate público: el acuerdo sobre suspensión del secuestro, lo que esto implica, la situación de las personas secuestradas, su liberación, el por que es solamente por seis meses, estos son algunas de las aristas del debate público y el segundo tema, quizás el de mayor controversia es lo acordado como "Fondo Multidonante", para que es este fondo, quien lo maneja, para que, como se nutre, estos son los dos temas que siguen siendo centrales en el debate que genera este proceso y sobre el cual el gobierno nacional desde la delegación de que lidera el proceso de paz con el ELN, debe realizar pedagogía, precisar los puntos y aclarar las dudas que ante temas tan delicados se manifiestan desde una diversidad de actores sociales y posturas políticas, asumir que es importante precisar, informar, ampliar donde sea pertinente. Vera Grabe, como jefa de la delegación del Gobierno, ha dicho que el "Fondo Multidonante", es para financiar el proceso de paz, que no es para financiar el alzamiento armado del ELN, este es un punto central, la financiación es para la construcción de paz, no para la guerra, sobre este punto se requiere más ampliaciones, pedagogía y comunicación desde el gobierno, es un punto clave, donde hay mucho por precisar. El haber logrado una suspensión del secuestro de manera unilateral por parte del ELN, es un importante logro de este proceso, es un punto sobre el cual no se ha hecho una adecuada comunicación, la suspensión del secuestro no es un acuerdo entre Gobierno y el ELN, es una decisión unilateral del ELN, que se da por supuesto en el marco de un proceso de diálogos y negociaciones con el gobierno colombiano, pero no fue un punto sometido a negociaciones, fue un reclamo social y del gobierno, ante el cual el ELN asume una decisión. Sin duda que el VI ciclo muestra un proceso dinámico, con logros importantes: prórroga del cese bilateral por seis meses, suspensión del secuestro, definición del "Fondo Multidonante", reactivación del proceso de formulación del Plan Nacional de Participación, reafirmación del proceso territorial en las "Zonas críticas", el importante acuerdo de agrupación de trescientos prisioneros y prisioneras del ELN en ocho puntos, una medida de confianza que se pudo tomar hace meses, ya acordado, es importante ponerlo en marcha, como viene sucediendo. Pareciera ser una constante en este proceso que ante cada acuerdo y finalización de los ciclos de diálogos y negociaciones, el Frente de Guerra Occidental del ELN, toma la decisión de adelantar paros armados y este ciclo no es la excepción, hay en desarrollo un "paro armado" en las regiones del San Juan y el Baudó, en el departamento del Chocó, lo cual trae zozobra, sufrimiento en las comunidades que ven limitada su movilidad y  el subsiguiente debate sobre la voluntad del ELN, de comprometerse con procesos de distensión y respeto a los derechos de las comunidades y la contra argumentación del ELN, de la continuidad de los conflictos y las violencias en los territorios y la acción coordinada entre AGC y agentes estatales, misma situación se presenta en el Sur de Bolívar. Si bien hay un proceso andando, hay dudas de fondo: el manejo de los tiempos, pasa el tiempo y de fondo no se avanza, se requiere darle mayor ritmo al proceso, desarrollar la participación y acordar las transformaciones, iniciando por las de corto plazo, para llevarlas adelante en este 2024 o sino cuando?. Sin plan nacional de participación, construido y acordado en la mesa Gobierno-ELN, no podremos tener proceso de concertación de transformaciones y esto será luego de mayo y nuevamente viene la preocupación por el tiempo, que es una variable finita para el gobierno, tema muy delicado. Si bien hay un proceso andando, los desafíos para un proceso de paz con ritmo y eficacia, sigue siendo un reto presente, la delegación de gobierno tiene enormes retos, en tanto que es el gobierno el que tiene más recursos y mandato para avanzar en un acuerdo de paz, en el marco de la política de Paz Total. https://cambiocolombia.com/poder/ivan-cepeda-explica-avances-negociacion-eln El senador Iván Cepeda explica los avances de la negociación con el ELN Vera Grabe: fondo multidonante “no financiará la actividad armada del ELN” Gobierno y ELN acordaron crear fondo multidonante para proceso de paz https://razonpublica.com/va-proceso-paz-eln-retos-oportunidades-2024/?s=09 ¿En qué va el proceso de paz con el ELN? Retos y oportunidades para el 2024 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/eln-decreto-paro-armado-en-tres-rios-del-choco-gobernadora-pide-medidas-del-gobierno-853655 Gobernadora del Chocó pide ayuda al Gobierno tras paro armado del Eln en tres ríos. https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/los-inconvenientes-en-el-proceso-de-paz-con-el-eln-IH23710686 Los inconvenientes en el proceso de paz. https://www.elpais.com.co/colombia/paro-armado-del-eln-tiene-a-30000-personas-confinadas-en-el-choco-1038.html Paro armado del ELN tiene a 30.000 personas confinadas en el Chocó. José Felix Lafaurie: "El #ELN debe decir cuántos y quiénes son los secuestrados. 180 días después no basta dejar de reclutar menores, sino devolver los reclutados a sus familias". ¿Qué dicen en mesa de negociación sobre el paro armado del ELN que tiene confinadas a comunidades?. https://www.elnuevosiglo.com.co/columnistas/eln-cediendo Eln, ¿cediendo? - Columna de Fernando Cepeda Ulloa. Entrevista CM& El excomandante del ELN, Carlos Arturo Velandia

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: France24 y Revista Diners Desde el 2019 el gobierno del entonces presidente Iván Duque le dio vía libre a construir un muelle de 132 metros para darle accesibilidad al parque natural de Gorgona. Los materiales para levantarlo estaban en un hangar en Buenaventura desde el 2022, el costo del arriendo por cuidar estos materiales era de diez mil dólares mensuales. Ante las críticas de ambientalistas, preocupados por lo que le podría suceder a este paraíso natural, a sus corales, y su vida marítima, además de los coletazos que ésta decisión podría traerle a las comunidades que viven cerca de la isla, el gobierno actual, el de Gustavo Petro, mantenía congelada la obra. Sin embargo, el pasado 12 de febrero, en una rueda de prensa en donde estaban los ministros de defensa, Iván Velásquez, la ministra de medio ambiente, Susana Muhamad, el de comercio Germán Umaña y el director de Parques Nacionales, Luis Olmedo, se anunció que el proyecto ya no tenía reversa. Además de la construcción del muelle se instalará en este lugar del Pacífico un radar para frenar las cada vez más crecientes rutas del narco que pasan por esta zona. En el 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se otorgó una licencia ambiental para construir un muelle. Estas obras ayudarían a promover la investigación científica con varias universidades, se instalará una estación fotovoltaica para proveer a la isla de energía 100% renovable. Las obras se suspenderán entre los meses de julio y diciembre, temporada en donde llegan las ballenas jorobadas, para no causarles ningún tipo de perturbación. Los radares y la estación de guardacostas que se instalarán en el cerro de la Trinidad, además de atajar las lanchas rápidas del clan del golfo cargadas de cocaína, servirán para ponerle freno a la caza de tiburones y delfines. Figuras cercanas al gobierno como el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, han divulgado estos puntos a través de sus redes sociales. Igual la preocupación existe. A pesar de la narrativa antimperialista implícita en este gobierno, el muelle no deja de ser una iniciativa norteamericana para poner una base militar en este lugar. Dicha instalación podría violar uno de los bastiones de este gobierno, el Acuerdo de Escazú. La ministra de Medio Ambiente afirmó que ya se había instalado mesas de diálogo con comunidades negras del Pacífico que serían las directamente afectadas por esta decisión. Desde noviembre se han realizado 36 reuniones, casi todas en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Las voces que están en contra del proyecto afirman que este muelle podría afectar los arrecifes coralinos, los litorales rocosos, y especies marinas y terrestres que viven en Gorgona. La isla, bautizada así por Diego de Almagro en 1525, el aventurero que la descubrió, deslumbrado por la cantidad de serpientes que la poblaban, fue durante décadas refugio de piratas hasta que Simón Bolívar se la cedió, a principios del siglo XIX, a un inglés que apoyó las guerras de Independencia. El Estado la expropio a comienzos del siglo XX. Con sus islas cercanas, las imponentes Malpelo y Galapagos, forma un corredor para la vida marina único en el mundo. Fue, como muchos saben, durante dos décadas, una cárcel inexpugnable. La intervención de Cecilia Castillo de Robledo fue fundamental para que este presidio terrorífico se cerrara. Ella escuchó los testimonios de algunos reclusos que le contaban de las torturas que tenían que sobrellevar desde que la isla fue transformada en cárcel en 1960. Eran tan terrible el trato que muchos de los reclusos se suicidaron. Se estima que el número de muertos que tuvo la cárcel, en los 24 años que estuvo abierta, ascendió a 220. Una de las causas de muerte también era la picadura de serpientes. En 1985 el entonces presidente Belisario Betancur escuchó los ruegos de Doña Cecilia -madre del ex senador Jorge Enrique Robledo- y cerró el presidio. Siete años después fue César Gaviria Trujillo quien decidió convertirla en un parque natural. Uno de los argumentos de lo que apoyan la iniciativa del gobierno de construir el muelle es la licencia ambiental que fue otorgada en el 2015. Sin embargo, según declaró a Infobae el ex ministro de ambiente Manuel Rodríguez, dicha licencia “tiene una cantidad de vacíos y aberraciones, porque no se hizo un estudio ambiental de alternativa, no se hizo consulta previa y la licencia se otorgó en 29 días y un 31 de diciembre, eso nunca se había visto y menos con un asunto tan delicado”. Sólo el tiempo dirá si un gobierno tan comprometido con el cuidado del medio ambiente como el Gustavo Petro tomó a la ligera las recomendaciones de decenas de expertos que afirman que el paraíso natural de Gorgona no debe ser intervenido por las obras de los hombres.

Por: Katerin Erazo Foto tomada de: Minciencias En un esfuerzo por impulsar el desarrollo tecnológico y garantizar una adopción ética y sostenible de la Inteligencia Artificial (IA) en Colombia, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, presentó el día de hoy la 'Hoja de Ruta para garantizar la adopción ética y sostenible de la Inteligencia Artificial en Colombia'. Este documento, elaborado en colaboración con diversos actores del ámbito gubernamental, académico y empresarial, establece los lineamientos para avanzar hacia políticas y estrategias que potencien el uso de esta tecnología en beneficio del país. El lanzamiento de la hoja de ruta tuvo lugar en el Foro denominado "Lanzamiento de la hoja de ruta en inteligencia artificial: una apuesta de país", celebrado en las instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. El evento reunió a representantes del Gobierno Nacional, expertos en el campo de la IA, académicos, investigadores científicos y líderes del sector productivo. La hoja de ruta se estructura en torno a cinco ejes temáticos fundamentales: Ética y gobernanza de la IA; Educación e innovación en IA; Industria 4.0 y el futuro de la IA; Datos y empresa en IA; y Seguridad ciudadana y defensa en IA. Estos ejes proporcionan un marco integral para abordar los desafíos y oportunidades que presenta la IA en diversos ámbitos de la sociedad colombiana. El compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con el desarrollo tecnológico y la inclusión ha sido fundamental para impulsar esta iniciativa. Colombia ha sido seleccionada por la Unesco para participar en un proyecto sobre ética de la IA, en colaboración con la Comisión Europea, lo que demuestra el reconocimiento internacional del potencial del país en este campo. Además, se está trabajando en la creación del primer Comité de Expertos de Alto Nivel en Inteligencia Artificial, que asesorará al Gobierno Nacional en la formulación de políticas y estrategias para impulsar la investigación científica y el avance tecnológico en este ámbito. En el ámbito práctico, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha anunciado el Programa ColombIA Inteligente, que tiene como objetivo fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en IA para contribuir al desarrollo social y económico de las regiones del país. Durante el evento de lanzamiento, la ministra Yesenia Olaya destacó el potencial transformador de la IA para Colombia: "La IA puede ser un elemento catalizador para la transformación de Colombia. Nos motiva el poder de la innovación y la tecnología para abordar los desafíos estructurales a los que se enfrenta el país, desde la reducción de la brecha digital hasta la adaptación al cambio climático". Por su parte, representantes de la Universidad Nacional enfatizaron la importancia de enfrentar los desafíos que plantea la cuarta revolución industrial, incluida la necesidad de invertir en formación y proyectos de investigación, así como garantizar la equidad y el respeto de los derechos humanos en el uso de la IA. El lanzamiento de la hoja de ruta también estuvo marcado por acuerdos internacionales para promover el desarrollo de la IA en Colombia. El ministro TIC, Mauricio Lizcano, firmó dos Memorandos de Entendimiento con el ministro de Estado para Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de convertir a Colombia en un Hub de Inteligencia Artificial para América Latina. Estos acuerdos promoverán la cooperación en investigación, educación digital y desarrollo de capacidades en el campo de la IA. Según Diana Herrera, líder del equipo de Tecnologías de la Información de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la integración de la inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de transformar significativamente la realidad de Colombia en diversos aspectos: En el ámbito económico, la adopción de la IA puede impulsar la productividad y la competitividad de las empresas colombianas, permitiéndoles optimizar procesos, reducir costos y desarrollar productos y servicios innovadores. Esto, a su vez, podría contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo en el país. En el sector de la salud, la IA podría mejorar el acceso y la calidad de los servicios médicos en Colombia. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden asistir en el diagnóstico médico, la gestión de registros electrónicos de pacientes, la logística hospitalaria y la personalización de tratamientos, mejorando así la atención médica. En educación, la implementación de la IA puede elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en Colombia. Mediante herramientas de IA, es posible adaptar los contenidos educativos a las necesidades individuales de los estudiantes, brindar retroalimentación personalizada y facilitar el acceso a recursos educativos en línea. En el sector agrícola, puede aumentar la productividad y la eficiencia. Por ejemplo, sistemas de IA pueden ayudar en el monitoreo de cultivos, la predicción de cosechas, la gestión de recursos hídricos y la optimización de la distribución de insumos agrícolas. En cuanto a la seguridad ciudadana, Diana Herrera explica que la IA puede jugar un papel importante mediante la implementación de sistemas de vigilancia inteligente, análisis de datos para la prevención del delito y detección de comportamientos sospechosos. Sin embargo, es crucial considerar que la implementación de la IA también presenta desafíos, como la necesidad de establecer políticas y regulaciones adecuadas para garantizar su uso ético y responsable, así como asegurar que beneficie a todos los sectores de la sociedad colombiana, incluidos los más vulnerables. Herrera mencionó que Colombia ha estado trabajando en la implementación de la inteligencia artificial (IA) en varios sectores, aunque el nivel de adopción y aplicación puede variar. Algunas formas en las que Colombia ha implementado la IA son: En el sector de la salud, se han desarrollado proyectos y aplicaciones de IA para mejorar el diagnóstico médico, la gestión de historias clínicas electrónicas y la optimización de los servicios de salud en general. Por ejemplo, se están utilizando algoritmos de IA para ayudar en la detección temprana de enfermedades como el cáncer y en la interpretación de imágenes médicas. En educación, se han implementado sistemas de IA para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Esto puede incluir plataformas de aprendizaje en línea que utilizan algoritmos de IA para adaptar el contenido educativo a las necesidades individuales de los estudiantes. En el sector financiero, las instituciones financieras en Colombia están utilizando la IA para mejorar la seguridad de las transacciones, prevenir el fraude y personalizar las recomendaciones de productos financieros para los clientes. En agricultura, se han desarrollado soluciones de IA para ayudar a los agricultores colombianos a aumentar la productividad y la eficiencia en la gestión de sus cultivos. Esto puede incluir sistemas de monitoreo de cultivos basados en imágenes satelitales y análisis de datos para predecir cosechas y optimizar el uso de recursos agrícolas. Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno colombiano está explorando formas de utilizar la IA para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y la toma de decisiones gubernamentales. Un ejemplo sobre esto es que se están implementando sistemas de IA para analizar grandes volúmenes de datos y generar insights que puedan utilizarse para mejorar la planificación urbana, la gestión de tráfico y otros aspectos de la vida urbana. Por tal motivo que el lanzamiento de la Hoja de Ruta para la Inteligencia Artificial en Colombia marca un paso crucial hacia el futuro digital del país. Con un enfoque en la ética, la innovación y la colaboración internacional, Colombia está posicionándose como un actor clave en el escenario global de la IA, con el potencial de generar beneficios significativos para la sociedad y la economía. Vea el lanzamiento completo aquí

Por: Redacción Pares Fotos Tomadas de: América Economía y Control Ciudadano Hasta el 12 de marzo del 2004 Rocío San Miguel trabajó para el gobierno de Hugo Chávez. El haber firmado, un año antes, el referendo revocatorio contra Hugo Chávez, le costó su salida del Consejo Nacional de Fronteras. En ese momento el chavismo apretaba clavijas después de lo que se conocería como el golpe petrolero, el paro de abril del 2002 en donde Hugo Chávez salió por 48 horas de la presidencia, siendo reemplazado por la cabeza de Fedecamaras Pedro Carmona. En el 2003 se realizó un referendo revocatorio contra Chávez. Luis Tascón, diputado chavista, hizo pública una lista donde aparecían lo funcionarios que habían votado a favor de la salida de Chávez. El castigo fue despedirlos inmediatamente de sus cargos. San Miguel fue una de ellas. Desde entonces se ha dedicado a luchar contra el régimen a través de Control Ciudadano, la ONG que fundó. Le ha ganado varios pulsos a Maduro, algo que él no olvida. En el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en la demanda que interpuso por su despido injustificado.  El Estado venezolano tenía hasta el 6 de mayo del 2024 para presentar el informe donde constatara que le había cumplido a San Miguel su reparación. A sus 57 años Rocío San Miguel ya sentía el cerco. Por eso, el pasado 9 de febrero, decidió irse al extranjero. Estaba lista para partir en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas cuando fue apresada. Se le acusaba de pertenecer a la operación Brazalete Blanco. Según la narrativa del gobierno bolivariano, el plan era organizar un ataque a una base militar en Táchira, estado limítrofe con Colombia, tomar armas y asesinar a dirigentes chavistas. Su objetivo principal era asesinar a Nicolás Maduro. En las últimas horas el gobierno de Maduro ya ha detenido a 36 personas, implicadas en su magnicidio, 12 de ellas supuestamente implicadas en dicha operación que lideraría San Miguel. La paranoia es una de las características del régimen. Ella es experta en temas militares y de seguridad nacional por eso el régimen le colgó el letrero de conspiradora sin tener pruebas. Desde ese día no se sabe nada de la activista. Su paradero es desconocido, lo que ha causado la denuncia de Amnistía Internacional. El panorama se agrava con el correr de las horas. Su abogado, Juan González, ha hecho un recorrido por centros carcelarios intentando encontrarla, pero ha sido imposible. Lo único que se sabe es que fue llevada por funcionarios del SEBIN a una cárcel. Ya se refieren a su caso como de “desaparición forzada”. El mismo abogado confirmó que Miranda Díaz, la hija de Rocío, también está desaparecida. “Ella es quien informa, aparentemente habló del Sebin que se acercaban, ella nos ratifica la situación; hace más de 48 horas que no sabemos nada de ella, aquí detienen a una persona y a su entorno, tenemos más de 48 horas que no sabemos nada, sabemos que le llegan los mensajes, pero no contestan”. Además de su hija cuatro de sus hermanos también han desaparecido. Los ojos del mundo están preocupados por la situación de Roció San Miguel y su familia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Este 9 de febrero de 2024 —en un comunicado que tiene como fecha del primero de febrero— el Consejero Comisionado de Paz Otty Patiño informó a la opinión pública que a partir de esta fecha, el Gobierno Nacional retomará los diálogos y la negociación con la organización armada rebelde Segunda Marquetalia; una de las disidencia que quedó en el país luego del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep). Este anuncio es una decisión esperada y coherente del gobierno Petro. Pues en su política pública de seguridad ha quedado claro que este buscará mejorar el orden público recurriendo a los acercamientos y negociaciones con los diversos actores del conflicto interno armado. Siendo la Segunda Marquetalia un grupo independiente que, aunque pequeño, opera en el país y afecta la seguridad en varios territorios, en especial, los de frontera. La Segunda Marquetalia, como recordarán, tiene su origen en agosto de 2019, cuando el exjefe negociador de la desmovilizada guerrilla de las antiguas Farc-ep, Iván Márquez, tomó la decisión  de retomar el uso de las armas junto a otros compañeros de lucha —El Paisa, Romaña y Jesús Santrich, entre otros—. Una decisión que se explica por los problemas que se tenían algunos de estos exjefes con el sistema de justicia transicional y ante el riesgo de ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Dado que la Ley 2272 de 2022 de Paz Total abrió las posibilidades de negociar con todos los actores armados del conflicto interno, en febrero de 2023 el Gobierno colombiano firmó con Dirección Nacional de la Segunda Marquetalia unos acuerdos donde se comprometía a iniciar formalmente un proceso de diálogos sociopolíticos conducentes a la firma de un acuerdo de paz. Proceso en el que se avanzó poco debido a muchas razones, entre ellas el estado de salud de su principal líder alias Iván Márquez. En la nueva declaración conjunta, compuesta por 11 puntos, las partes reafirman su intención de negociar la paz, como lo hicieron el año pasado, a desescalar el conflicto armado y a buscar los buenos oficios de otros países —como Cuba, Noruega y Venezuela— y otros actores —como la Conferencia Episcopal de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas— para desarrollar apropiada el proceso (punto 3). La novedad en este nuevo acuerdo está, primero, en los elementos iniciales que presenta para la construcción de una agenda. Allí se ponen varios temas en discusión: como los de dignificar la vida, contribuir a resolver problemas que afectan la existencia, mitigar impactos del cambio climático y la forma como nos relacionamos con la naturaleza. Lo que significa que se buscará avanzar en otros temas que no se discutieron en La Habana. Adicionalmente, insisten en “impulsar la conformación de zonas fronterizas de paz” con las que se buscará “garantizar los derechos de la población” que habitan en las fronteras (punto 5). Es decir, se buscará fortalecer el componente étnico de la paz y además atender los problemas de frontera, como las economías ilegales, las migraciones y el abandono estatal de estos territorios. Segundo, el énfasis que tienen de involucrar a otros actores en el proceso. En el comunicado se habla de “priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y demás gente pudiente del país” (punto 6). Lo que significa que se desea tener una mesa amplia, donde, además de representantes del Gobierno y del grupo rebelde, puedan hacer presencia otros actores, y que como se anota, hacen parte de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Y la tercera novedad, es que se comprometen a construir un proceso de paz “ordenado, ágil, riguroso y respetuoso”. Desean las partes firmantes que el país tenga “la tranquilidad y la seguridad” de que este será un proceso que cuente con un “compromiso genuino de la solución política y la construcción de la paz” (punto 7). Promesa que significa todo un reto para las partes, pues la desconfianza de la ciudadanía frente a esta agrupación es evidente, sobre todo por el escándalo que rodea a su líder Iván Márquez. A pesar de las dudas que se puedan tener con este componente de la paz total, el proceso con la Segunda Marquetalia podría dar resultados positivos. Pues, por un lado, se cuenta con la experiencia de un proceso de paz exitoso —el que vivimos en el gobierno de Juan Manuel Santos y que tuvo resultado la firma de un acuerdo final en noviembre de 2016—. Sin duda en esta nueva mesa se buscará aprovechar los conocimientos acumulados para no repetir problemas y ser más eficiente. Por el otro, al ser un grupo rebelde bastante golpeado por la guerra y donde la mayoría de sus líderes han desaparecido. Esta situación hace que se cuente con una madurez del conflicto que permitirá avanzar con rapidez en un acuerdo de paz, tal como lo advierten en el comunicado conjunto —ordenado y ágil—. Además, tienen a favor la disposición de un gobierno que quiere la salida negociada y la premura de negociar y mostrar resultados en menos de dos años, antes de agosto de 2026. De allí que sea necesario avanzar, con prontitud, en definir una agenda clara, acotada y en la que se logre avanzar y llegar a acuerdos con celeridad. En establecer unos protocolos de negociación que le den seguridad a los negociadores, donde se les respete su integridad. Finalmente, en que se instale una Mesa de Diálogos de Paz en los territorios fronterizos para vincular a países amigos y que también protejan en proceso. En conclusión, estamos frente a una nueva oportunidad de sacar del conflicto interno a un número importante de actores armados. Una organización rebelde con la que tenemos muchas prevenciones, pero que está dispuesta a negociar la paz y promete ser seria en esta ocasión. Un grupo que es consciente que la guerra ha madurado las condiciones para que se dé un proceso exitoso y que se está comprometiendo con reducir la confrontación armada y discutir unos temas que aportarán al desarrollo del país. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla - Subdirectora de Pares En un acto supremo de machismo, Jaime Arrubla comentó sobre la terna de candidatas a Fiscal presentada por el presidente, insinuando que el problema de su preparación radicaba en que solo sabían "llevar expedientes". Prácticamente dio a entender que les faltaba mundo, finura y habilidad política. Esto representa una mezcla impresentable de machismo y clasismo. Cuando hombres como Arrubla expresan que a una mujer le falta mundo, en realidad están indicando que no están dispuestos a abrir espacio a mujeres que no "sigan órdenes". El temor a tener una Fiscal independiente está presente en la Corte. Por supuesto, rechazo firmemente cualquier forma de presión violenta o desmedida contra ella, pero me niego a callar frente a un asunto vital para el país. La presentación de una terna de candidatas fue un acto disruptivo por parte de Gustavo Petro. Pero también lo fue presentar mujeres que no se han caracterizado por ser de su misma línea política o sus amigas personales, como sí lo hizo Iván Duque con Francisco Barbosa. Esto es doblemente disruptivo. Me atrevería a decir que, a diferencia de otros nombramientos, en este caso Petro privilegió la experiencia y la trayectoria, no solo en papel, sino también con resultados concretos, que es lo que se necesita en los desafíos actuales para la lucha contra el crimen organizado. Pero volvamos al machismo en la corte. Once votos en blanco entre tres mujeres sumamente capaces y preparadas. Según algunas fuentes cercanas a la justicia, una de las razones es que ellas carecen de contacto político o experiencia parlamentaria. La verdad es que esta explicación no me sorprendió. En Colombia, donde en los altos cargos se utiliza la expresión "manejo político" para disfrazar el clientelismo arraigado, parece que algunos magistrados están más preocupados por mantener sus relaciones y cuotas con los congresistas y políticos a los que deben su elección, que por ofrecer una buena opción al país. No es solo machismo, me dirán varios. Es también clasismo, clientelismo o cualquier otro "ismo". Pero también es cierto que hay rechazo a que estas tres mujeres ocupen roles que históricamente han sido ocupados casi exclusivamente por hombres. La gente entiende erróneamente que la equidad de género consiste en igualar numéricamente hombres y mujeres en los cargos, pero no es así. Tiene mucho más que ver con incorporar a las mujeres en roles diferentes y romper los techos de cristal que parecen de titanio. Si las mujeres que están nominadas se caracterizaran por tener personalidades más sumisas o una fuerte recomendación masculina, o si su trayectoria no fuera tan "sólida", sería más probable que obtuvieran los votos. Lo que molesta es precisamente su tono y su carácter. Otro aspecto es el mal llamado capital social y político. Una mujer, por más capaz y preparada que sea, no tiene el mismo acceso a dicho capital que normalmente se reproduce en espacios muy masculinos, entre cócteles y reuniones políticas. A menudo, cuando se permite a las mujeres ingresar a estos escenarios, o bien debe haber mediación masculina o se les exigen ciertos códigos de conducta que no se aplican a los hombres. Es perfectamente normal que las mejores y más preparadas mujeres en la rama judicial, con todos los estudios y credenciales, se encuentren bloqueadas cuando se trata de obtener el respaldo de los parlamentarios, congresistas y políticos. Por eso, a pesar de que a nivel municipal y local la rama judicial está llena de mujeres capaces y competentes, la paridad en la rama judicial colombiana es escasa. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado ostentan los peores indicadores en este sentido. De hecho, según un estudio detallado de la Corporación Excelencia en la Justicia, desde 1991 hasta 2021, solo el 15% de los magistrados que se han posesionado en la CSJ han sido mujeres. En un país con una impunidad rampante, donde muy pocos delitos, especialmente aquellos que afectan a la ciudadanía común, son castigados, la eficacia de la justicia depende en gran medida de una lucha efectiva contra la corrupción. En una Fiscalía permeada por las peores prácticas de nuestro sistema político, donde el Fiscal saliente ha utilizado los recursos públicos para inflar su ego, sería importante avanzar en el combate de las prácticas políticas que la han convertido en un fortín del clientelismo y no en una entidad al servicio del país. Cualquiera de las mujeres candidatas tiene las mejores credenciales para avanzar en este aspecto. Un poco de generosidad y menos machismo les ayudaría, señores magistrados.

Por Iván Gallo - Editor de Contenidos Foto Tomada por: Isabela Puyana Fidelia Gonzalez bajó desde El Paraíso, el barrio donde vive en Ciudad Bolívar, hasta la calle 24 con carrera 52, sede del búnker de la Fiscalía, a las cuatro de la mañana. Entre las pocas cosas que llevó estaba un megáfono, el mismo que ha usado desde hace dos décadas. Pertenece a una asociación de mujeres y está acostumbrada a la lucha en las calles. A sus 62 años no hay cansancio que la supere. Así que se plantó contra el granito de la Fiscalía y ante unos funcionarios que se reían socarrones empezó a gritar “Barbosa, mafioso, tu tiempo ha terminado”. Con la rabia saliéndole a trompicones intentó gritar el viejo coro creado por Quilapayún “El pueblo, unido, jamás será vencido” pero la emoción la traicionó y aunque arrancó la frase la terminó con un ininteligible hijueputazo. Si, Fecode convocó al plantón frente al edificio de la Fiscalía este 8 de febrero. Los señalamientos sobre una posible financiación por parte del sindicato de los profesores a la campaña Petro han avivado aún más la hoguera contra el Fiscal. Un allanamiento, ordenado por la Fiscalía, en los últimos días exasperó aún más los ánimos. Si, Fecode convocó, pero entre los asistentes al plantón había gente de otros sindicatos, o ciudadanos común y corrientes que han entendido la situación y han explotado contra el Fiscal. Desde que fue elegido, a comienzos del 2020, se le ha cuestionado. Entre sus pocos méritos está el de haber sido compañero de clase en la Universidad Sergio Arboleda de su amigo y escudero, el expresidente Iván Duque. Eso no le toca el ego, ni el ánimo de reconocerse como el mejor Fiscal desde que este organismo fue creado en 1992, por orden de la nueva Constitución que ayudó a forjar Gustavo Petro, su principal enemigo. Su viaje a San Andrés en marzo del 2020, usando el avión de la institución, junto con su hija y una amiga, violó las más elementales reglas de la cuarentena. Y él salió con la cabeza alta, a decir que, antes que Fiscal, era el mejor padre. Parece un mal chiste, pero, como denunció Yohir Akerman en una de sus columnas en Cambio, Barbosa estima más a los funcionarios que le sacan el perrito al parque que a los valientes que persiguen criminales en lugares tan complicados como el puerto de Buenaventura. Le gusta que se refieran a él como Señor Fiscal, sus escoltas se prestan para hacerle fila en un banco a su papá y ha puesto placas en la Fiscalía hasta para inaugurar baños. Como está empeñado en pasar a la Historia pagó 180 millones para imprimir 5.500 libros donde queda inmortalizada su gestión. Todo eso lo sabían las más de 700 personas que se plantaron frente al búnker. Gente que llevaba banderas del Maís, del M-19, de decenas de sindicatos, o personas como Fidelia que está cansada de que funcionarios con viejas mañas como Barbosa quieran eternizarse en sus cargos. Los ánimos se caldearon aún más sobre el mediodía cuando la Corte Suprema rechazó una vez más la terna que presentó el presidente, tres candidatas cuya trayectoria ha sido aprobada por especialistas, Angela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Arango, pero que para los 23 magistrados que conforman la Corte no reúnen las cualidades que debería tener el sucesor de Francisco Barbosa. Si la Corte sigue rechazando la terna el reemplazo de Barbosa sería Martha Mancera, su vicefiscal. Entre los cánticos que proponían desde una tribuna la plana mayor de FECODE, estaba el de “Mancera mafiosa”. La gente se había esmerado. Habían creado carteles, pancartas, cánticos contra la Vicefiscal. En los últimos días su nombre ha sido tendencia. Según un artículo publicado en la Revista Raya, Mancera, íntima de Barbosa, habría engavetado una investigación donde estaba salpicado el director del CTI de Buenaventura, quien, a su vez, habría encubierto las actividades del quien es considerado el zar del contrabando en ese puerto, Diego Marín. Con Mancera de Fiscal, Barbosa seguirá mandando, esta vez en cuerpo ajeno. Furtivamente salían a la terraza del búnker de la Fiscalía funcionarios. Traje, corbata y peinado perfectamente marcado. Algunos salían con un café, con la tranquilidad de los que ven desde su balcón el mar. Se reían, desafiantes. Se reían de los saltimbanquis que estaban al frente de la tarima, de las mamás que llevaban los retratos de sus hijos desaparecidos, de las banderas de Palestina que llevó el sindicato. De las arengas. Lo que no saben es que adentro, en la Fiscalía, hay gente que está harta de Barbosa y su ineficiencia. Los medios que acompañan a Barbosa han sido el altavoz de sus supuestos logros. Uno de ellos es haber resuelto, en tiempo record, el asesinado del estilista Mauricio Leal. Sin embargo, en temas como el de Odebrecht, que está engavetado, o el del asesinato de firmantes del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno Santos, que registra un 95% de impunidad, ha mostrado una vez más su ineficiencia. Las nubes se cernían amenazantes sobre Bogotá. Una rapera ensamblaba en versos una diatriba contra Barbosa. Su apellido es un deleite para los trovadores. La gente la tenía clara, en un país donde un tipo como Andrés Escobar, quien salió a disparar a una marcha pacífica durante el estallido social en Cali, consigue los votos para llegar al consejo de su ciudad, alguien tan ladino con el poder como Barbosa puede llegar a ser presidente. Así lo quieren los más distinguidos cacaos, quienes lo invitan constantemente a cenas donde él es la estrella. Con la oposición desarticulada, Barbosa puede ser una alternativa. “Por eso quiere que Mancera sea su sucesora, una de las ternadas con Petro podría investigarlo y meterlo preso” afirma un sindicalista de Fecode que prefiere guardar su nombre. Al otro lado de la ciudad, frente al palacio de Justicia y en la plaza de Bolívar, otra multitud presionaba a la Corte Suprema para que acelerara su decisión de nombrar algunas de las ternadas por el presidente. Pero la estrategia no había cambiado, y la espera se alargaba aún más. Mientras tanto, al frente de la Fiscalía, Fecode y espontáneos que no tienen nada que ver con sindicato alguno, se cruzaban de brazos, decididos a no moverse de ahí hasta que Barbosa se fuera completamente, sin dejar títeres. Las nubes y la lluvia inminente no desanimaban a gente como Fidelia. Bastante calle tenía como para dejarse amedrentar por un aguacero más. Es que el pueblo no se rinde carajo. Y eso lo tiene que empezar a saber Barbosa.

Por: Isabela Puyana Foto tomada de: Mundo Eléctrico Democratizar la energía es el propósito central de la figura de las Comunidades Energéticas, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y reglamentada desde el pasado 22 de diciembre, cuando el Ministerio de Minas y Energía (MME) expidió el Decreto 2236 de 2023. La norma define la posibilidad para la participación de los usuarios en la generación, almacenamiento y consumo de energía eléctrica en los territorios. Según Maria Victoria Ramírez, directora de energías del Ministerio, esta es una oportunidad desde lo social y lo ambiental para el aprovechamiento eficiente y responsable de los potenciales energéticos renovables en cada región, en el marco de la transición energética justa. Ya son más de 7.000 grupos organizados que se han postulado en poco más de un mes para ser reconocidas como comunidades energéticas, principalmente en las regiones Andina, el Caribe y el Pacífico, que buscan aprovechar los beneficios de este nuevo modelo orientado a reconfigurar la matriz energética en el país a partir de sus proyectos de generación a través de fuentes de energía renovables. El PND estableció que “los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”. Por su parte, el Ministerio de Minas reglamentó con el decreto que estas comunidades “están constituidas por personas naturales o jurídicas que cooperan entre sí, a través de un contrato de derecho privado. Su objetivo fundamental es la generación, comercialización y uso eficiente de la energía”. El Ministerio definió que actuarán como agentes autogeneradores colectivos —concepto que se refiere a producir energía para las necesidades de la comunidad y poder vender electricidad si se genera más de lo que se consume— o como generadores distribuidos colectivos —dedicados a la producción de energía eléctrica para vender mediante la conexión a un sistema de distribución local o una microrred—. Esta figura, que convoca a la postulación de comunidades organizadas, asociaciones de derecho, en contraposición a la búsqueda de ganancias económicas, apunta a proyectos de generación a partir de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, de la energía eólica, solar, geotérmica, biomasa o la proveniente de las mareas, según el potencial local. El camino para las comunidades energéticas La postulación para constituir comunidades energéticas es el primer paso para la participación de los usuarios en la cadena de la energía eléctrica. Según el esquema trazado por el MME, durante el primer trimestre de 2024 se definirá quiénes pueden recibir recursos, los criterios de priorización de los proyectos y de focalización, el mecanismo para recibir los recursos y un modelo de incubadora, que hará parte de la siguiente fase del proceso, a través del fortalecimiento de las comunidades energéticas y el desarrollo de sus proyectos de generación, antes de su operación efectiva. Sin embargo, el proceso requerirá todavía acciones del Ministerio, así como de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). “La definición de criterios de focalización para la asignación de recursos públicos es un paso crítico”, señala  el Centro de Pensamiento Polen Transiciones Justas. “Es imperativo que el MME defina estos criterios con transparencia y sin ambigüedades, priorizando de manera efectiva (no solo formal) a las comunidades vulnerables”. La definición precisa de los "combustibles renovables" y la reglamentación del Registro de Comunidades Energéticas son otros aspectos entre las observaciones de la entidad, que tiene entre sus líneas de trabajo la descarbonización del sector eléctrico, la democratización energética, la reconversión laboral y reorientación económica y la eliminación progresiva de los extractivismos fósiles. “Es importante que el MME, la CREG y la UPME (cada una en lo de sus competencias) tomen medidas tendientes a evitar que los propósitos de las Comunidades Energéticas se desdibujen, y/o que el esquema sea utilizado para disfrazar esquemas de negocio de empresas y agentes con mero ánimo de lucro”, advierte Polen. Las primeras comunidades energéticas En noviembre de 2023, nuestro coordinador de la línea Gobernanza, Transición Energética y Paz, Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, explicó en un artículo que ya desde ese año el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) priorizó las primeras Comunidades Energéticas en los departamentos de La Guajira, Nariño y Valle del Cauca para desarrollar proyectos que aportarán al Sistema Interconectado Nacional, y en los que las comunidades participarán de toda la cadena de generación con energías limpias. Destacó que en Medellín ya existe un trabajo de comunidad energética, apoyado por EPM y el Reino Unido. En el barrio El Salvador y que 24 familias participan en la generación de energía a través de 43 paneles solares que generan aproximadamente 3.000 kWh por mes, según la Alcaldía de Medellín. Las familias involucradas tienen la posibilidad de autogestionar su consumo y acumular puntos que representan incentivos económicos, además de consolidar un tejido social alrededor de la energía: “Este caso se convierte en un referente para los desafíos que se tienen en la implementación de las comunidades energéticas en Colombia. Retos que pasan por barreras de conocimiento técnico, normatividades claras, los incentivos económicos y ayudas; y el cómo entran a participar las grandes empresas generadoras de energía”, subrayó Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, para quien las desigualdades socioeconómicas, sobre todo en las comunidades rurales y marginadas que tienen poco acceso a la energía plantean otro importante desafío en el camino de la democratización energética propuesta por el Gobierno.