Search this site

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: AS Colombia y El Espectador La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se volvió a reunir para votar por quién será la próxima Fiscal General de la Nación. El resultado fue el esperado ya que en esta segunda ronda  ninguna de las tres ternadas (Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez) logró los 16 de los 23 votos que se requieren para ser elegida. Francisco Barbosa Delgado es, según su hoja de vida, abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Graduado en el 2000, desde esta época ha sido amigo personal de Iván Duque, pues estudiaron juntos. Barbosa se graduó de la universidad haciendo un manual de derecho civil. Posterior a ello, hizo una especialización en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Relaciones Internacionales, entre febrero y diciembre del año 2000. Realizó dos maestrías: la primera, en historia, en la Pontificia Universidad Javeriana; la segunda, en derecho público, en la Universidad Externado de Colombia. Cabe aclarar que en la hoja de vida de Barbosa se indica que ambas maestrías se realizaron al mismo tiempo, graduándose primero de la Javeriana y luego del Externado. Se graduó del doctorado en Derecho Público en la Universidad de Nantes. Su tesis doctoral giró alrededor de la libertad de expresión a nivel comparado entre el sistema interamericano y europeo de derechos humanos. Junto a ello, ha estado en múltiples seminarios, conferencias y tiene amplia experiencia como investigador en temas de derechos humanos, que es su principal campo de trabajo a nivel académico. En su hoja de vida sólo aparece reseñado que fue fiscal especializado de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación durante un año, entre septiembre de 2003 y agosto de 2004. Ha sido su único paso por la Fiscalía. Según su hoja de vida, no posee experiencia dentro de alguna de las corporaciones de la rama judicial. Tiene 19 años y 7 meses de experiencia profesional. La mayoría de esta experiencia ha estado relacionada con asesoría jurídica en diferentes ministerios y entidades distritales y nacionales, siendo reseñable los 5 años y medio de experiencia que tuvo en la Personería de Bogotá cómo asesor legal externo entre 2012 y 2018, del mismo modo que su paso como asesor legal dentro del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del distrito entre 2016 y 2017, y cómo asesor jurídico del Ministerio de Comunicaciones entre 2004 y 2007. Barbosa tiene una profusa cantidad de literatura tanto en libros cómo en capítulos de libros publicados. Publicó, de hecho, su tesis doctoral con la Universidad Externado en 2012, mismo que su manual de derecho civil, enfocado en bienes, que fue su tesis de grado en la Sergio Arboleda en 2003. Ha publicado un manual de derecho internacional humanitario con la Universidad de los Andes en 2004, y su último libro fue sobre derecho humanitario y acción discrecional del Estado en 2013, publicado por la Universidad Externado. También tiene una amplia producción de artículos académicos en revistas, siendo sus temas principales el derecho humanitario y la historia del derecho. El que será Fiscal General hasta el 12 de febrero ha sido docente universitario desde el 2000, cuando ingresó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano a dictar clases sobre derecho y litigio internacional. También ha sido docente en la Universidad de los Andes (2002; 2005 - 2007), docente invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar (2012), docente invitado de la Universidad Internacional de Quito (2013 - 2018), docente en la maestría de derecho constitucional de la Universidad de Especializaciones Espíritu Santo, de Guayaquil (Ecuador) (2013- 2018), y profesor invitado de la Universidad de Nantes sobre derecho público (2010 - 2018). La mayoría de su trayectoria docente la ha desarrollado en la Universidad Externado, donde ha dictado en varias áreas del derecho, desde 2010 hasta 2018. Para cuando Barbosa fue electo Fiscal General, había sido nombrado por Iván Duque como Alto Consejero Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales desde agosto de 2018. ¿Contra quiénes competía en ese momento Francisco Barbosa? Barbosa competía contra otros dos perfiles: Clara María González, secretaria jurídica de presidencia para ese momento de Iván Duque y figura cercana a Álvaro Uribe Vélez. Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado para el momento en que fue ternado, figura del expresidente Andrés Pastrana. Según su hoja de vida, Gómez fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Bogotá en 1990, superintendente de sociedades entre 1992 y 1994 y alto comisionado de paz, miembro del equipo negociador del gobierno Pastrana con las FARC y secretario privado del presidente entre 1998 y 2002. Posterior a ello, se dedicó de lleno al sector privado y a la docencia universitaria. En el sector privado se ha dedicado al derecho corporativo, tiene un bufete de abogados desde 2006 y hace parte de varias mesas directivas de empresas y organizaciones privadas, siendo la más reciente la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, AGREMGAS. En la docencia fue profesor invitado de la Universidad de Salamanca entre 2002 y 2004. Amelia Perez Parra: Según su hoja de vida es abogada de la Universidad Libre de Colombia, cuenta con una especialización en Criminología y derecho penal de la Universidad Externado de Colombia, su trayectoria en la Fiscalía comienza  Fiscal Seccional delegado ante los Jueces Penales del Circuito en 1992, Fiscal Regional en  1992- 1995,  Fiscal Especializado Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en 1995-2002 y Fiscal Especializada en la Unidad de Terrorismo 2002-2003 Dentro de la Rama judicial se ha desempeñado como Juez Promiscuo de Municipal en 1983, Juez Promiscuo de menores en 1984 , Juez Penal Municipal entre 1985 - 1986 y Juez de Instrucción Criminal entre 1987-1992. Ha investigado casos insignia de la guerra paramilitar y sus presuntos nexos con el Ejército Nacional en los años noventa. Por ejemplo, las masacres del Aro y Trujillo, además de los casos de desaparición forzada de Nidia Erika Bautista y Alirio de Jesús Pedraza Becerra, y es su despacho el que abrió la investigación contra el general retirado Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por la masacre de Mapiripán. Su esposo es Gregorio Oviedo, abogado que en la década de los noventa trabajó con el ministro Iván Velásquez, pues este último fungía como director regional de la Fiscalía de Antioquia. Además, a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido vínculos con relevantes funcionarios de la rama judicial como el ex jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Virgilio Hernández; y el actual magistrado de la JEP, Pedro Diaz. Luz Adriana Camargo: Según su hoja de vida es abogada  de la Universidad de la Sabana y especialista en Derecho Penal y  Criminología de la Universidad Libre de Colombia. Se ha desempeñado como Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en 2003, Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia en 1996, Fiscal Delegada ante los Jueces penales de Circuito en 1995. Dentro de la Rama Judicial se ha desempeñado como Juez 106 de Instrucción Criminal en 1988 y Oficial Mayor Juzgado 19 Superior de Bogotá en 1987. Asimismo, en el sector de Justicia ha sido Directora Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá, D.C. Cundinamarca en la Fiscalía General de la Nación en 1992, Asesora del director Seccional de Instrucción Criminal de Bogotá, D.C. en 1991 y litigante en asuntos penales. Ha peritado en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como fue el caso de “Leguizamón” contra la República de Paraguay en el 2022, caso “Herminio Deras García” contra la República de Honduras en el 2022 y el caso “Digna  Ochoa y  Plácido y  Familia” contra México. Luz Adriana ha sido consultora en proyectos asociados a estándares de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos, como fue en Consucol S.A.S, en el proyecto “Incidencia para la reforma de la Policía Nacional”,  líder de un equipo interdisciplinario en el análisis de los distintos casos violentos para la identificación de patrones, desde la firma del acuerdo de paz Estado-FARC y consultora de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión -RELE, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) en el 2021. En 2005 se conoció con el ministro de defensa, Ivan Velasquez, pues los dos asumen el cargo de magistrados auxiliares en la Corte Suprema de Justicia; de allí radica su estrecha cercanía, pese a las afirmaciones de Camargo de ser independiente. De hecho, fue Velásquez quien la convirtió en investigadora de la Comisión contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Precisamente este podría ser un factor que reduzca las posibilidades de Camargo para ser elegida. Ángela María Buitrago Ruiz: Según su hoja de vida, es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista y magíster en ciencias penales y criminológicas de la misma universidad, Especialista en derecho penal de la Universidad de Salamanca (España), Doctora en Derecho y sociología jurídica en la Universidad Externado, ha sido docente de pregrado en las materias de Derecho Penal, Procesal Penal y Penal Especial, y de posgrado en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos y Sociología Jurídica en esta misma universidad. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca del cual recibió distinción especial en 2002. Profesora invitada de la Universidad de Nariño, Universidad Libre de Cartagena y la Universidad de Cúcuta. Como parte de su quehacer académico cuenta con varias publicaciones como: Lecciones de Derecho Penal en 2019; Compendio de Derecho Procesal Civil en 2017; Lecciones de Derecho Penal: Parte Especial en 2015 y La Acusación en Colombia en 2011, La reforma a la Fiscalía. Aspectos procesales en 2003, entre muchas otras. En su carrera profesional, resalta experiencia específica en la fiscalía como ex fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia (2005-2010) investigando la toma y retoma al Palacio de Justicia, dando como resultado la resolución de acusación contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición forzada. Experiencia internacionalista en cargos como experta internacional en medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2015-2016) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa - México en 2014. Consultora de la OEA (2019 – 2020), consultora de la Oficina de Naciones Unidas Honduras (ONU) (2019 – 2020), experta para el mecanismo de Nicaragua por las Naciones Unidas desde 2022, además de su experiencia como abogada penalista litigante en firmas privadas. Trayectoria en la Rama de Justicia Colombiana, cuenta con sus prácticas penales realizadas en el año 1989 en el juzgado 107 de Instrucción criminal de Bogotá. Tiempos de interinidad Las demoras en los procesos de elección de Fiscal no es asunto de ahora, pues la tardanza en la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia los amplios tiempos de interinidad ha sido una constante al menos en la última década. De hecho, para el año 2012 el entonces presidente Juan Manuel Santos tuvo que cambiar la terna que había presentado previamente Alvaro Uribe. Así las cosas, fue evidente que no era del agrado de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior significó que, Guillermo Mendoza estuviera encargado del órgano por más de 15 meses. Tras la nueva propuesta presentada por Santos, compuesta por la exministra de Justicia, Mónica de Greiff; la abogada María Luisa Mesa y el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, siendo este último el finalmente elegido (2012-2016). Posterior a la salida de Montealegre, la situación se repitió. Durante 5 meses el vicefiscal Jorge Perdomo asumió la dirección de la Fiscalía de manera interina, hasta que resultó electo Nestor Humberto Martinez. A él lo prosiguió, el saliente fiscal Fransisco Barbosa, pero su elección tampoco fue inmediata, en tanto que Fabio Espitia estuvo provisionalmente al frente del órgano fiscal por al menos 8 meses.

Por: Sebastián Solano – Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La reciente incursión del expresidente Iván Duque en el mundo de la música bajo su nuevo nombre artístico "DJ Duq" y su lanzamiento del programa "Dreamers & Makers" a través de su Fundación I+D han sido tendencia en últimos días en la opinión pública. Estos intentos por presentarse como un líder político y empresarial cercano a la juventud pretenden eclipsar su legado como presidente, caracterizado por la represión sistemática y la falta de respuesta a las demandas sociales de los jóvenes. Los videos que se han hecho virales en los que Duque se encuentra mezclando en una consola de DJ en un evento con jóvenes empresarios en Cartagena, han abierto el debate sobre la autenticidad de sus esfuerzos por conectar con la juventud colombiana. Este evento, parte del congreso organizado por Global Leadership Community, reunió a aproximadamente 35,000 jóvenes empresarios de diversas partes del mundo, ofreciendo a Duque una plataforma para exhibir una faceta hasta ahora forzada de su personalidad pública. Sin embargo, la pregunta que surge de manera inevitable es si estos gestos son suficientes para redimir su historial de represión y violencia contra la juventud durante su mandato presidencial. El lanzamiento reciente del programa "Dreamers & Makers" a través de su Fundación I+D: Innovación para el Desarrollo, que tiene como objetivo apoyar a jóvenes emprendedores colombianos, añade una capa adicional a esta compleja narrativa. Si bien es necesario proporcionar oportunidades de desarrollo a la juventud, no se puede ignorar el contexto político y social en el que surgen estos esfuerzos. ¿Son estos programas genuinos intentos de apoyar a la juventud, o simplemente estrategias de relaciones públicas diseñadas para suavizar la imagen pública de un exmandatario cuestionado? Para comprender plenamente la paradoja de Duque, es crucial examinar su legado durante su gobierno. El año 2019 fue testigo de un Estallido Social sin precedentes en Colombia, motivado por la exacerbación de problemas sistémicos como la corrupción, la desigualdad y la violencia durante su administración. La juventud desempeñó un papel central en estas protestas, alzando sus voces en demanda de justicia y cambio. Sin embargo, en lugar de escuchar y responder a las preocupaciones legítimas de la juventud, el gobierno de Duque optó por una estrategia de estigmatización, criminalización, represión y persecución. Los informes de organizaciones de derechos humanos como Temblores ONG revelan un panorama desgarrador de abusos de poder y violaciones de derechos humanos perpetrados por la fuerza pública durante el gobierno de Duque. Las cifras son alarmantes: “Durante el 2021, registramos un total de 5808 casos de violencia policial, de los cuales 5048 ocurrieron en el Paro Nacional. Del total registrado, 80 casos corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual y 1991 a violencia física.” Temblores ONG, 2021 Casos como el de Dilan Cruz, Lucas Villa, Héctor Fabio Morales, Brian Rojas o la joven de 17 años que se quitó la vida luego de haber sido abusada sexualmente por miembros de la policía en Popayán en el marco de las manifestaciones, sucedieron en el gobierno de Iván Duque, quien dio la orden de tener “mano dura contra los manifestantes”. Muchos de estos casos quedaron impunes. En un intento desesperado y fallido por "conectar" con la juventud durante el Estallido Social, el gobierno de Duque lanzó lo que denominó la "Gran Conversación Nacional". Esta iniciativa pretendía ser un espacio inclusivo donde diversos sectores de la sociedad pudieran expresar sus preocupaciones y visiones para el futuro del país. Sin embargo, la realidad distó mucho de la retórica oficial. La mesa de conversación dedicada a los jóvenes fue un reflejo de la desconexión y la falta de representatividad que caracterizó a toda la iniciativa. A pesar de la retórica de inclusión, la composición de los participantes no reflejaba la diversidad y la amplitud de las voces juveniles presentes en las calles durante las protestas. Las voces de los manifestantes, que representaban la vanguardia del movimiento social, quedaron marginadas en favor de figuras menos contestatarias y más afines al gobierno. Además, la falta de compromiso real por parte del gobierno para abordar las demandas y preocupaciones planteadas por los jóvenes socavó aún más la credibilidad de la "Gran Conversación Nacional". En lugar de ser un espacio de diálogo genuino, se convirtió en un ejercicio superficial donde las voces disidentes fueron silenciadas o ignoradas. No podemos obviar el trágico episodio del 7 de noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Duque pronunció la controvertida frase "¿De qué me hablas, viejo?" en respuesta a una pregunta del periodista Jesús Blanquicet sobre el bombardeo en el Caguán, donde perdieron la vida ocho niños inocentes. Este incidente marcó un punto de inflexión en la percepción pública del gobierno de Duque y sus acciones en materia de seguridad y derechos humanos. El bombardeo en el Caguán fue el resultado de una operación militar contra uno de los campamentos de las FARC, llevada a cabo bajo la orden del exministro de Defensa, Guillermo Botero. La posterior destitución del exministro de Defensa, Guillermo Botero, por ocultar la verdad sobre la muerte de los menores, solo confirmó las fallas sistémicas y la falta de transparencia dentro del gobierno de Duque. La paradoja que encarna Iván Duque refleja las complejidades y ambigüedades inherentes a la política contemporánea. Su intento de proyectarse como un líder juvenil y emprendedor, con gestos como su participación en eventos con jóvenes empresarios y el lanzamiento de programas de apoyo a emprendedores, contrasta de manera llamativa con su historial de represión y violencia durante su mandato presidencial. Esta dicotomía pone de relieve las tensiones entre la imagen pública y la realidad política, entre la retórica de inclusión y la práctica autoritaria, que son cada vez más comunes en el escenario político global. Mientras Duque continúe buscando redimir su imagen sin abordar de manera significativa las injusticias del pasado, su credibilidad seguirá en entredicho y su legado permanecerá marcado por la sombra de la represión y el sufrimiento de la juventud colombiana.

Po: Guillermo Linero A propósito de las manifestaciones realizadas este pasado 8 de febrero en apoyo al presidente Gustavo Petro y como respuesta a la ruptura institucional que vienen provocando con sus burdas maneras, tanto la procuradora Cabello como el fiscal Barbosa y, por qué no decirlo, también los magistrados de la Corte Suprema, es pertinente precisar cuál de esas fuerzas -ahora en una suerte de choque de trenes- detenta en verdad el poder supremo del estado, si la rama ejecutiva o si la judicial. No obstante, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 115, dice con mucha concreción y elementalidad comunicativa que: “El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”. Como vemos, según nuestra carta constitucional, el presidente  es el jefe del “conjunto –así define la RAE al Estado- de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y de los órganos de gobierno de un país soberano”. En consecuencia lógica, el presidente es el jefe de las tres ramas del poder, por mucha autonomía que tengan cada una de ellas y sus dependencias institucionales. Es precisamente por esa concentración de poder en la rama ejecutiva, que a nuestro régimen de gobierno se le denomina “presidencialismo” y no fiscalismo. Aun así, a muchos ciudadanos y ciudadanas, les cuesta entender que el presidente ejerza plenamente su jefatura de estado. Es algo tan inocente como no comprender, por ejemplo, que el dueño de un carro al entregarle las llaves a su conductor para que lo lleve a una dirección determinada, no puede interrumpirle durante el trayecto su autonomía con el timón; pues esa potestad le permite a su chofer resolver problemas con la inmediatez que no tendría de preguntarle a su jefe cómo y hacia dónde girar ante una eventualidad que exija un acto reflejo. Con todo, pese a dicha autonomía inviolable, tampoco el conductor puede negarle a su jefe, su calidad de dueño del carro, como al presidente no puede negársele, por ejemplo, su jefatura sobre el fiscal, la procuradora y los magistrados de la Corte Suprema, así estos jerarcas actúen con plena autonomía. De manera que las discusiones entre las ramas del poder, realmente casi siempre resultan innecesarias, cuando no maquiavélicas, porque el verdadero y único poder –y eso deben saberlo sus representantes legales- lo tiene estrictamente el pueblo. Los historiadores, los filósofos y los estudiosos e investigadores de la política, le llaman poder popular, que es un poder preexistente al orden social. El origen del poder popular es el caos, y gracias a los contratos sociales, gracias a la creación de unas instituciones para que trabajen en armonía y conduzcan el carro del estado, ese poder popular no sólo ha creado las constituciones para garantizar la organización política, sino además elige a los gobernantes y, especialmente, es el único control sobre todas las ramas del poder; porque el pueblo es el directo benefactor de sus aciertos y la única víctima de sus desaciertos. La interrelación entre el poder popular -que no es un ente abstracto sino un grupo grande de personas- y su gobernante elegido, se desdibuja cuando la democracia funciona bien, cuando los entes de control hacen su tarea con decencia; pero, si ello no es así, como la misma historia nos lo ha demostrado, el pueblo se manifiesta, y lo hace bien con los mecanismos democráticos de presión, o lo hace mal, con violencia de turba multa, cuando dichos mecanismos han fracasado. A esto último, a la violencia de turba multa causada por pugnas políticas irresolubles por las vías del derecho, hemos estado acostumbrados los seres humanos, La historia está llena de dictadores y de opresores de muchas pelambres, frente a los cuales los pueblos se han visto en la obligación de levantarse, una y otra vez, para exigirles que cumplan con lo prometido en sus programas de gobierno. Esa ha sido la historia corriente, y por eso les cuesta a muchos opositores del gobierno de Gustavo Petro, entender que en su caso, las manifestaciones de ese poder popular -no los plantones de grupos minúsculos anti petristas- se levanten para demostrarle su incondicional apoyo, como lo hicieron el pasado 8 de febrero luego de que el presidente -en un acto de singularidad apreciable- haya advertido una ruptura institucional que no le permite cumplir debidamente con el mandato del pueblo, o lo que es lo mismo, con la aplicación y buen desarrollo de su programa de gobierno.

Por: Álvaro Martínez Foto tomada de: La Republica En el marco de la coyuntura del Día sin Carro en Bogotá, los altos niveles de temperatura registrados y los incendios forestales de las últimas semanas producidos por causa de El Fenómeno de El Niño, Ecopetrol reportó resultados favorables para hacer frente al cambio climático y a diferentes problemáticas ambientales. A través de un comunicado, Ecopetrol anunció al país los resultados de cierre para el año 2023, entre los cuales se destaca: Un ahorro energético de 3,89 petajulios durante 2023 (el mejor resultado obtenido desde el año 2018) Una reducción de 274 mil toneladas de CO2 en el año 2023 Un ahorro energético acumulado de 10,86 petajulios entre 2018 y 2023 Una reducción en emisión de gases acumulada (2018-2023) de 708 mil toneladas Un compromiso con la optimización de consumos de energía eléctrica, gas natural y energía térmica Es de resaltar que, con los resultados obtenidos, 2023 puede considerarse como el año con mayor ahorro de energía en la historia reciente, lo cual (de acuerdo con la empresa) es atribuible a la ejecución rigurosa del programa de eficiencia energética por parte del Grupo Ecopetrol. Como marco de referencia, se indica que el ahorro energético acumulado es equivalente al 4% de la demanda anual de energía del país en el último quinquenio y que la reducción de emisiones registrada es similar al efecto de captura de carbono que producirían 4,5 millones de árboles o 197 días sin carro en Bogotá. El reporte de resultados estaría directamente relacionado con acciones de impacto para el cumplimiento de objetivos de descarbonización, la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la mitigación del calentamiento global. Ecopetrol, la empresa más importante del país en materia económica, evidenciar así un giro hacia el cumplimiento de objetivos no sólo económicos, sino también medioambientales. El reporte de resultados reafirma el compromiso de la empresa con la eficiencia energética y la transición hacia fuentes de energía renovables y no convencionales. En palabras del presidente de Ecopetrol, "La eficiencia energética y las energías renovables son las mayores impulsoras de la reducción de emisiones en el mundo, y Ecopetrol está comprometida con seguir avanzando en estas iniciativas con metas retadoras a 2030".

Por: Katerin Erazo Foto tomada de: Radio y Central dede información PDET El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un paro armado en el departamento de Chocó, sumiendo a la región en una preocupante tensión y planteando un desafío directo a los acuerdos de extensión del cese al fuego recientemente firmados entre el Gobierno y la guerrilla en La Habana, Cuba. La declaración fue hecha por el frente de Guerra Occidental Omar Gómez a través de un comunicado fechado el 8 de febrero. En este comunicado, el ELN argumenta que el paro, que entrará en vigor a partir de la medianoche del sábado 10 de febrero en el Medio San Juan, es una respuesta a lo que denominan "la presencia del paramilitarismo que arrecia contra la población humilde de este territorio". Según el ELN, la región de Chocó ha sido azotada por la violencia perpetrada por grupos paramilitares, lo que ha generado una situación humanitaria precaria. Alegan que estos grupos han establecido retenes ilegales en varios ríos de la región, incluyendo el San Juan, Sipí, Cajón, Baudó y Bojayá, lo que impide la libre circulación de las personas y restringe el acceso a alimentos. Además, acusan a los paramilitares de utilizar a los habitantes como escudos humanos para protegerse de las acciones de la guerrilla. En vista de esta situación, el ELN anunció el paro armado con el supuesto objetivo de salvaguardar la vida e integridad de la población no combatiente. Sin embargo, esta medida representa un desafío directo al reciente acuerdo de extensión del cese al fuego, el cual se había prolongado por 180 días y había incluido el compromiso del ELN de suspender el secuestro. La declaración del paro armado ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de que los enfrentamientos del ELN en la región no son directamente con el Ejército. Este anuncio llega poco después de la prórroga del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN por seis meses más, en un intento por avanzar hacia la paz en el país. Sin embargo, la persistente presencia de grupos armados ilegales en la región, incluyendo el Clan del Golfo y los Autodefensas Gaitanistas, complica significativamente los esfuerzos por establecer la estabilidad y seguridad necesarias para consolidar la paz. Según Camila Fernández, investigadora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este no es el primer paro armado que el ELN decreta durante las negociaciones con el Gobierno, incluso en medio del cese al fuego. Estos paros armados tienden a ocurrir con frecuencia en Chocó. Es crucial comprender por qué Chocó es el epicentro de estas acciones. La razón principal radica en la confrontación entre el ELN y otros grupos armados, particularmente el Clan del Golfo. Este último tiene una presencia significativa en el departamento, buscando expandirse desde Lurabá hacia el sur y controlar las rutas del Pacífico Chocuano. Por lo tanto, el ELN se enfrenta especialmente en Chocó a conflictos que implican enfrentamientos, confinamientos, desplazamientos y paros armados. En los ciclos recientes de negociación, se acordó la apertura de un observatorio para monitorear el paramilitarismo. Se espera que este observatorio permita una respuesta más efectiva a las confrontaciones con grupos armados ilegales, como el paramilitarismo, que representa una de las mayores amenazas para el ELN en la actualidad. Sin embargo, es importante reconocer que simplemente analizar y observar estas dinámicas no es suficiente para reducir el impacto en las comunidades afectadas. Por tanto, es crucial que dentro de los Compromisos Éticos y Comunitarios, como se ha mencionado anteriormente en Pares, se aborde también la confrontación con otros grupos armados ilegales. La decisión de llevar a cabo un paro armado en un territorio tan golpeado como Chocó, justo después de cerrar un ciclo de negociaciones y anunciar la extensión del proceso por otros seis meses, debilita el proceso de paz y socava la credibilidad del cese. Esto afecta especialmente a la población civil, en particular a las comunidades históricamente más afectadas como las del Chocó. La situación en Chocó ha sido durante mucho tiempo una de las más complejas y violentas del país, con una larga historia de conflicto armado y violencia perpetrada por diferentes grupos. El ELN ha sido uno de los actores principales en esta área, enfrentándose tanto a otros grupos armados como al propio Ejército colombiano. El paro armado anunciado por el ELN representa un desafío significativo para el proceso de paz en Colombia. A pesar de los avances logrados en las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla, la persistente violencia en regiones como Chocó demuestra que aún queda un largo camino por recorrer hacia la paz verdadera y duradera en el país.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador El 17 de diciembre de 1986 Gabriel García Márquez disfrutaba de una fiesta en La Habana cuando la joven periodista María Jimena Duzán lo encontró. Gabo, al verla con los ojos hundidos, supo que no le tenía buenas noticias. En Colombia un sicario acababa de asesinar a Guillermo Cano al frente de El Espectador mientras esperaba en su auto a que cambiara un semáforo. El Nobel sintió que un hueco se abría en la tierra y se lo tragaba. Desde que el periódico había sacado una vieja foto de Pablo Escobar con una placa policial, el capo le juró la guerra. Era 1984 y Escobar había llegado a la cumbre gracias a sus conexiones políticas y empresariales. Había limpiado de tal manera su reputación que llegó a ser suplente en la Cámara de Representantes. Su sueño de verse con la franja presidencial no estaba muy lejano. Pero la coherencia de El Espectador, de su director Guillermo Cano, quien fue uno de esos periodistas que no se dejó tentar por la plata del capo, echó por la borda sus intenciones. Escobar era desenmascarado, avergonzado delante de todo el país. Entonces, en una de esas decisiones de sicópata, ordenó quemar todas las ediciones del periódico de ese día. Ocultar la verdad ya le era imposible. Desde entonces se juró venganza. Cano sentía el gélido aliento de la muerte en su nuca. Las amenazas obligaron a irse del país a periodistas de su círculo, como la aguerrida María Jimena Duzán, quien fue la que encontró en un archivo la foto que desenmascaró a Escobar. Su larga mano alcanzaría a Guillermo Cano en diciembre del 86. Los detalles de lo que encontró la policía en el lugar del homicidio se los contó María Jimena a Gabo. Lo que más dolió al escritor fue saber que, en la parte trasera del auto, venían, empacados, los regalos que Don Guillermo había comprado para sus nietos. Nunca se los dio. Gabo, periodista hasta los huesos, reconocía a Cano como uno de sus maestros, al lado de José Salgar. Sus columnas en El Espectador cuando era un muchacho de la Costa, que burlaba el hambre a punta de cigarrillos y café, le empezaron a dar notoriedad. Era una pérdida irreparable. Gabriel García Márquez pensó que este país jamás se iba a levantar de este golpe. La guerra de Escobar al periódico no se detendría allí. Un par de años después mandó a volar la sede. Esa persecución le pasó factura a la familia Cano. Al final de los años noventa, por problemas financieros, El Espectador dejó de ser diario. Se levantaron a pulso y haciendo un periodismo independiente y sólido, dos atributos que no suelen encontrarse en el país. La reparación a los Cano ha sido lenta pero este 8 de febrero se ha dado un paso importantísimo. Según declaró la nieta del periodista, María José Medellín, el Estado colombiano está listo para pedir perdón por el asesinato de Guillermo Cano. Por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reconocerá la no protección al derecho de vida del director de El Espectador, la negligencia judicial que hubo en la investigación de este crimen y la no protección a su familia y a los investigadores que indagaron el caso. La familia Cano recibirá una compensación económica que será destinada a fortalecer el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano, que se entrega anualmente. El maestro de Gabo y de tantos grandes periodistas en este país, por fin empezará a descansar en paz.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Universal El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, Brian A. Nichols, ha expresado su profunda preocupación frente a la violencia que azota Colombia. A través de sus redes sociales, el alto funcionario denunció el secuestro del líder afrocolombiano John Jairo Jiménez Cuesta, ocurrido el 16 de enero de 2024. Jiménez Cuesta, reconocido líder social y miembro fundador de la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), fue secuestrado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras mediaba en un conflicto entre una comunidad de mineros desplazados y la guerrilla, en la zona rural del municipio de Morales, ubicado en el sur de Bolívar. Este acto de violencia tuvo lugar justo antes del inicio del sexto ciclo de conversaciones entre el ELN y el Gobierno de Gustavo Petro, en el cual se acordó prorrogar por seis meses más el cese al fuego y renunciar a la práctica del secuestro. Sin embargo, el secuestro de Jiménez Cuesta ha desatado una ola de indignación en la región. El subsecretario Nichols hizo un llamado urgente a los responsables del secuestro para que liberen al líder afrocolombiano y a todos los secuestrados que se encuentran en manos del ELN. Además, instó a respetar los derechos humanos como un requisito fundamental para avanzar en el proceso de paz en Colombia. Organizaciones internacionales también han reaccionado con repudio ante este acto de violencia. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Witness For Peace, la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, entre otras, han exigido la liberación inmediata de Jiménez Cuesta y han pedido garantías para la integridad física y psicológica de todos los secuestrados. Además, estas organizaciones han llamado tanto al ELN como al Gobierno colombiano a priorizar el caso de Jiménez Cuesta en las negociaciones de paz, recordando el compromiso de ambas partes en erradicar la práctica del secuestro. La Defensoría del Pueblo de Colombia también ha instado al ELN a informar sobre el número de personas que tienen en su poder y ha ofrecido su colaboración para facilitar la liberación de los secuestrados. Según cifras de esta entidad, durante el 2023 se reportaron alrededor de 110 personas secuestradas en el país, y en 2024 se han registrado 12 casos, siete de los cuales ocurrieron en Arauca y se atribuyen al ELN y a facciones disidentes de las FARC. Un informe reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló que el ELN ha llevado a cabo al menos 59 acciones violentas desde el inicio del cese al fuego en agosto de 2023, incluyendo 33 ataques directos a la población civil. Ante este panorama, la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado urgente a todas las partes involucradas para que redoblen sus esfuerzos en busca de una paz duradera en Colombia, donde se respeten los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. La situación de violencia en Colombia, especialmente los secuestros perpetrados por grupos armados como el ELN, representa un obstáculo significativo para el proceso de paz en el país. El secuestro de líderes sociales como John Jairo Jiménez Cuesta no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también socava la confianza en las negociaciones de paz. Es fundamental que todas las partes involucradas en el conflicto colombiano cumplan con sus compromisos de respetar los derechos humanos y buscar soluciones pacíficas a través del diálogo y la negociación. El secuestro y la violencia solo perpetúan el ciclo de sufrimiento y conflicto en el país, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para poner fin a esta tragedia. En medio de esta difícil situación, la comunidad internacional sigue comprometida a apoyar los esfuerzos de Colombia para alcanzar una paz duradera y sostenible. Es hora de que el ELN y otros grupos armados renuncien a la violencia y se comprometan sinceramente con el proceso de paz, respetando los derechos humanos y buscando soluciones pacíficas a través del diálogo y la negociación.

Por: Redacción Pares Fotos Tomadas de: El Espectador y Momento24 Desde hace por lo menos 14 años reposaban en la Fiscalía procesos judiciales contra Juan Carlos Abadía, ex gobernador del Valle. Éste, por el que lo detuvieron el pasado martes 6 de febrero, es por irregularidades en un contrato de 1.072 millones de pesos con el que buscaban dotar a cuarenta establecimientos educativos en 10 municipios de ese departamento. El proceso no se había desarrollado porque, tal y como lo acusó la Fiscalía, Abadía le habría entregado cerca de 400 millones de pesos al ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para archivarle su caso. Palabras más, palabras menos, pertenecía, al parecer, al escándalo que se conoció como “El cartel de la toga”. Abadía estaba campante en su casa, en el momento de su captura. Ahora deberán probar si esto es o no cierto. Abadía es hijo de Carlos Herney Abadía, ex senador, condenado por el proceso 8000 a 50 meses de cárcel por haber recibido dineros del Cartel de Cali y quien creó a monstruos de la política regional como Juan Carlos Martínez y su propio hijo Juan Carlos. Carlos Herney era un experto creador de partidos. El PIN, por ejemplo, fue obra suya. Pasó de ser de exconvicto a “Titiritero” como lo llamó en su momento en una columna Daniel Coronell. Le encanta mandar en cuerpo ajeno. En el año 2010 el Partido de Integración Nacional, el PIN, que cobijaba a Juan Carlos Abadía, entonces gobernador del Valle, tuvo casi un millón de votos. En esas elecciones sacó ocho senadores y doce Representantes a la Cámara. Este partido estaba hecho de los retazos de los movimientos que en las elecciones del 2002 y el 2006 hicieron temblar al país con el escándalo de la parapolítica. El PIN tenía la piel de Colombia Viva, grupo político creado en el 2003 y cuyo presidente era Dieb Maloof, un médico barranquillero que obtuvo apoyo de Jorge 40 para llegar al congreso. En el año 2007 fue condenado a siete años por los delitos de los delitos de concierto para delinquir agravado, organizar grupos armados ilegales, fraude electoral y constreñimiento al elector. Acá también estaba el partido Colombia Democrática, que tenía como una de sus cabezas más visibles a Mario Uribe Escobar, condenado en el 2011 por el apoyo que recibió de los paramilitares para llegar al Congreso. Otro de los retazos con los que se había tejido el PIN era Apertura Liberal. El PIN había surgido después de que su primera piel, Alianza Democrática Nacional, se hubiera deshecho al perder la personería jurídica por tener adentro personajes como Vicente Blel y Habib Merheg y Juan Carlos Martínez congresistas condenados por alianzas con paras. No importaba que sobre la hora de las elecciones el ADN no pudiera participar en política, de la nada surgió el PIN y todas las calles de Cali resultaron empapelada con sus candidatos. ¿De dónde habían salido los recursos para tan espontánea campaña publicitaria? El Pin tenía a candidatos al senado como Juan Carlos Martínez, nacido en Timbiquí y cuyos nexos con el Bloque Calima de las AUC le dio votos en Buenaventura. Fue condenado por este hecho. Se rumoraba sobre la participación en política del entonces gobernador del Valle. Nunca pagó por este delito. Nunca se le pudo comprobar nada aunque el país sabía. En el 2010el analista León Valencia afirmó sobre Juan Carlos Abadía: "la parapolítica lleva diez años de evolución. Ya no son los mismos politiqueros sin mayor formación ni carisma, hay personas como Juan Carlos Abadía que es un joven inteligente, carismático, con formación académica, muy audaz políticamente, con discurso y capacidad de producir publicidad". Juan Carlos Abadía no escondía su relación con el “Negro” Martínez quien era cercano a Olmes Durán Ibarguen, el Señor del Puerto, narco extraditado a los Estados Unidos. El entonces senador Rodrigo Lara dijo sobre él: "la gobernación del Valle personifica, tal vez, la penetración más clara del narcotráfico en la política y de un grupo mafioso en todos los municipios costeros del Pacífico, en sus corporaciones autónomas". Quien fuera hasta el 2022 director de El País de Calí, Diego Martínez Lloreda, intentó comprobarle sus presuntos vínculos con la mafia pero jamás pudo. En un perfil que aparece en la revista Don Juan dijo sobre esto: "demostrarle irregularidades a Abadía es muy difícil porque está muy bien asesorado, es la primera vez que en la gobernación del Valle el jefe jurídico, Raymundo Tello, no es administrativo sino penal. Y jurídicamente es impecable". En ese momento Abadía tenía 32 años y su imagen aparecía en todas partes de Cali y el Valle. Tenía un 81% por ciento de aprobación pero, en parte, se lo debía a su afán de estar saliendo en medios. Decía cosas que eran profundamente aplaudidas como que “Mi papá es un gran papá, a cada hijo le tiene una madre”. Desde que Carlos Herney Abadía fue detenido decidió no mostrarse en público. En un artículo publicado en La Silla Vacía en el 2010, hacen un reconteo de todos los cuerpos ajenos en los que hizo política “En el 98 puso a su esposa, Esperanza Muñoz, a reemplazarlo en la curul del Senado. En el 2000 consolidó el Movimiento Popular Unido, MPU. Su f Dilian Franciscaamilia Toro, fue candidata a la gobernación del Valle, pero finalmente se decidió a apoyar a German Villegas, quien ganó esa elección. En el 2000 eligió a su hijo de sangre, Juan Carlos Abadía, y a su hijo político, Juan Carlos Martínez, como diputados de la Asamblea del Valle.” El MPU fue el infausto partido que promovió la candidatura de Eleonora Pineda, uno de los bastiones de la parapolítica. A estos desafueros se suma el que protagonizó en el 2009 cuando su familia recibió 800 millones de pesos del programa Agro Ingreso Seguro. Según el portal la Silla Vacía con estos recursos financió una parte de su campaña a la gobernación. El haber sido detenido por un contrato de 1.000 millones de pesos durante su gobernación es apenas la punta del iceberg. ¿se animarán a descubrilo?

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Foto tomada de: Radio Nacional Joe Broderick se ríe cuando la gente le pregunta sobre su amistad con Camilo Torres. El biógrafo más notable que tiene el cura guerrillero jamás lo conoció personalmente. Esto fue lo mejor, piensa Joe, por eso tuvo la distancia requerida para que su libro no se convirtiera en una hagiografía, en la vida de un santo. La primera vez que escuchó hablar de Camilo fue en Melbourne, el lugar donde nació. Había regresado de un largo viaje que lo llevó desde Karachi, en Pakistán, hasta Santo Domingo pasando por las barriadas de Lima, acompañando, como secretario personal, a un Nuncio apostólico. En 1966, a sus 31 años, este joven sacerdote australiano había vuelto a la casa paterna, un lugar amplio, que tenía abetos en el jardín y canchas de tenis, comprado por su papá a principios de esa década gracias a su negocio, la venta de comida para animales. Camilo acababa de morir abatido por el ejército en el área rural del municipio de San Vicente del Chucurri en Santander. La noticia la escuchó por radio. Le interesó saber más de ese niño bien, hijo de Calixto Torres, el primer pediatra que había tenido Colombia, y de una mujer tan cosmopolita como Isabel Restrepo. Camilo estaba lejos de ser un curita loco que se había metido de guerrillero afiebrado por la teología de la liberación. Era un intelectual, un sociólogo. La pregunta que rondó a Broderick fue ¿Cómo se pudo haber metido en esta aventura quijotesca, suicida? Inquieto volvió a Latinoamérica. Se fue primero a Cuernavaca, a un monasterio en un monte, al lado de un obispo de pensamiento libre que lo miró a los ojos y le dijo que buscara su camino, que no confundiera el amor a ayudar a los demás con el amor a Cristo. Así que emprendió la aventura. Recorrió el continente hasta que llegó, en un barquito que surcaba el Magdalena, a Bogotá. El mito de Camilo se agitaba en el mundo y hervía en Colombia. Los estudiantes de la Nacional, poseídos por el espíritu de la revolución, flipaban con el ELN. Admiraban no sólo a Camilo sino a su creador, Fabio Vásquez. Vásquez se hacía llamar con el alias de Alejandro, por eso de parecerse, según él, a Alejandro Magno. Así que las universitarias bautizaban a sus hijos con el nombre de Alejandro o Alejandra. Desconocían el carácter despótico, la paranoia que lo impulsaba a fusilar a todos los que supieran más que él, a todos los que constituyeran una amenaza para imponer su autoridad. Nada de eso sabían de Vásquez ni de su régimen dentro del ELN. Era inevitable que Broderick no terminara empapado de Camilo. En Sasaima conocería al grupo de sacerdotes que le cambió la vida. Se hacían llamar Golconda, por el nombre de la finca donde se reunían. En un principio su objetivo era estudiar y profundizar la encíclica Populorum Progresum que en 1967 había publicado el papa Pablo VI. Con el tiempo fueron conocidos como Los curas rojos y se fueron radicalizando hasta el punto que varios de sus integrantes, como Domingo Laín o Manuel Pérez, terminaron siendo comandantes en el ELN. Walter Joe Broderick tenía un alma demasiado libre como para abrazarse a un dogma. En 1969 viajó a México. Se quedó en la casa de Iván Illich, un célebre revolucionario, un pensador de izquierdas hoy parcialmente olvidado. Allí también estaba hospedado un editor de New York bastante conocido en ese tiempo, Walter Bradbury. Representaba al sello Doubleday que estaba esperando encontrar un escritor que se le midiera a la biografía de Camilo Torres. En esos años convulsos los jóvenes en Estados Unidos y en Europa esperaban leer la historia del nuevo Salvador. Broderick dudó pero Illich le aconsejó sentarse a escribir el libro “Vas de un lado a otro, tu vida está vacía, es hora de ponerle un objetivo”. Duró cinco años escribiéndolo. Habló con todas las fuentes que pudo, incluso con los soldados que mataron en la fallida emboscada a Camilo. Uno de ellos le contó que los uniformados iban caminando cuando vieron un plátano en el suelo. Tenían hambre, le pidieron permiso al oficial al mando para recogerlo cuando sintió “la quemazón”. La guerrilla del ELN los había emboscado. La confrontación duró tres cuartos de hora. Cuando fueron a reconocer los muertos vieron a uno que no se parecía al resto. Era alto y blanco, tenía sus años y una barba incipiente. Al esculcarle los bolsillos descubrieron una pipa, tabaco, una carta en inglés y otra en español que iba dirigida a su mamá, Isabel Restrepo. Era Camilo. El general Álvaro Valencia Tovar, que comandaba la operación, le describió en un croquis a Broderick cómo habían ocurrido los hechos. Habló con estudiantes de la Nacional, con los compañeros del sacerdote en la ESAP, con su media hermana quien le dio incluso un diario en donde relataba el momento en el que Camilo Torres llegó al mundo. Habló con todos menos con el ELN. Si, el ejército desconfiaba de él. Incluso le pusieron un espía del DAS que le seguía los pasos. Era común verlo leer el periódico mientras, con disimulo, escuchaba las conversaciones de Broderick en un café en el centro de Bogotá. Pero era peor la desconfianza del ELN. ¿Qué hacía ese gringo preguntando por Camilo Torres? ¿Era de la CIA? Muchos años después supo que incluso intentaron matarlo. El libro fue un suceso y cincuenta años después lo sigue siendo. Ya lleva 10 ediciones. Se vende bien en Argentina y Chile. A sus 89 años Walter Broderick se siente justificado al ver que son cada vez más los jóvenes que le piden una foto. Con el tiempo aceptó hacer otra biografía de un insurgente, Manuel Pérez. Al contrario de Camilo este personaje no lo movía. Pero las finanzas estaban mal y aceptó. Ahora cree que el Guerrillero invisible, nombre que le puso a esta biografía, es el mejor de sus libros. Broderick ha vivido como ha querido. Es un anarquista, un tipo al que su dios no es Marx sino James Joyce. Sus cursos sobre el Ulises son uno de los sucesos de alta estima en la Candelaria. Se mantiene erguido y claro, y con un sentido del humor que raya en lo diabólico. Gracias a este australiano el mito de Camilo Torres se convirtió en algo eterno.

Por: Ghina Castrillón Torres - Politóloga feminista La gravedad de las denuncias por presunta agresión sexual en contra del abogado Juan Camilo Castilla Ospina, ahora exasesor del alcalde de Cali Alejandro Éder, deben abordarse con seriedad y demanda una reflexión sobre la ética periodística en la exposición de estos casos. La falta de un tratamiento apropiado pone en riesgo la integridad de las personas involucradas. Y esto es lo que, de forma irresponsable, hace Camilo Chará, el periodista que publica las denuncias, quien revictimiza a las mujeres, instrumentalizando su dolor. Esta situación es delicada y el periodista Chará debió actuar con mayor rigurosidad, profesionalismo, respeto y empatía por las que serían las víctimas. Como lo he comentado en columnas anteriores, es necesario que periodistas y medios de comunicación se especialicen en estos temas, y esta importancia radica en su papel fundamental en la formación de la opinión pública. O que, al menos, previamente identifiquen actores relevantes para consultar sobre el abordaje adecuado de los mismos. Durante la semana pasada, desde su cuenta de X, el periodista Chará hizo varias publicaciones en dónde expone al abogado Castilla por varias razones, una de las cuales corresponde a las denuncias en su contra que reposan en la Fiscalía por presuntamente haber cometido agresiones sexuales. Para este caso específicamente, si bien el periodista Chará no comparte los nombres de las presuntas víctimas, sí expone sus relatos y las somete a posibles represalias, dado que, a las fuentes y víctimas, en estos casos, no sólo se les protege omitiendo sus nombres. Además, revictimiza a las mujeres al negarse ante la petición explícita de no hablar de uno de los casos, y de eliminar parte de la publicación, adicionalmente la juzga, desafía e infantiliza, como se muestra en los pantallazos de la conversación, relacionados a continuación: Según me comparte la mujer, esta es la primera vez que se comunicaba con el periodista y le manifiesta que la publicación que él hace es confusa, se presta para malas interpretaciones, a lo que ella insiste en que no está autorizando el uso de su historia. Si bien Chará le dice a la mujer que va a editar la publicación, veo que esa edición no se ha llevado a cabo; por el contrario, y como se muestra en la conversación, él decide priorizar la publicación por encima de la petición de ella, tratando de desviar la atención y culpabilizarla posando de aliado, llevando a cabo una clara acción con daño. Es supremamente delicado la forma cómo el periodista se enuncia como un colaborador y un apoyo, pero al mismo tiempo la trata de esta forma tan indiferente y egoísta, y más cuando ella insiste en que varios fragmentos de su publicación no corresponden a la verdad. Según ella me cuenta, después de su insistencia para que Chará editara parte de la publicación por no ser autorizada por ella, finalmente el periodista optó por bloquearla del whatsapp. La negativa del periodista a respetar esta solicitud, una vez más demuestra cómo las víctimas, o presuntas víctimas, lejos de ser tratadas con la sensibilidad que merecen, son instrumentalizadas demostrando que no le interesa respetarla, como él dice. Dejando en evidencia su nulo conocimiento en el tratamiento de casos de esta magnitud. Es clave resaltar que se debe respetar la decisión de las víctimas en cada uno de sus casos. Las denuncias públicas y señalamientos deben hacerse con su consentimiento, respetando su dolor y forma de tramitar la situación por la que están pasando, acompañarlas y brindar las garantías para que se sientan seguras. Exponer públicamente a presuntos agresores debe ser un acto consentido. Por otro lado, quiero resaltar que: Además de la revictimización cometida por el periodista hacia las mujeres en su tratamiento de la denuncia, quiero abordar otras dos razones que motivan esta columna: Primero, tiene que ver con las declaraciones del abogado Castilla en la W Radio, cuando anunció la renuncia al cargo de asesor del alcalde Éder después de que se publicaran las primeras denuncias en su contra. Castilla dice que no tiene conocimiento del proceso, dado que no ha sido llamado a comparecer por parte de las instituciones encargadas, y que esto parece ser una intensión de dañar el buen nombre del alcalde, no obstante, y sin conocer las intenciones del periodista Chará, me parece importante recalcar que según me comunican la presunta víctima y otras personas cercanas, Castilla sí conocía de las denuncias en su contra. De hecho, ya había sido confrontado fuertemente en eventos políticos públicos. La segunda razón, es el silencio de varias y varios dirigentes y colectivos políticos locales, dado que, como líderes, su responsabilidad es mayor. En este punto, quiero destacar que varias personas de los sectores alternativos de Cali estábamos al tanto de las denuncias contra Castilla. Algunas guardamos silencio en correspondencia con el respeto a la privacidad de las mujeres y su derecho a tramitar la situación como mejor se sintieran, mientras que otros optaron por el silencio en conformidad con el pacto patriarcal, intentando proteger sus organizaciones, evadiendo tener las conversaciones incómodas pero importantes que debieron dar. Aunque las presuntas víctimas optaron por presentar la denuncia ante la Fiscalía sin hacerla pública, los colectivos políticos las ignoraron internamente, evidenciando la falta de atención a un tema para el cual, en sus organizaciones, deberían existir protocolos establecidos. La atención a los casos de violencias basadas en género no solo debe centrarse en las víctimas, sino también abordar la situación de los presuntos agresores, especialmente cuando son ellos los que pertenecen a dichas organizaciones. Finalmente, frente a todo lo anterior, aprovecho para pedirles: A la Fiscalía que a realice una investigación exhaustiva de las denuncias contra el abogado Juan Camilo Castilla Ospina, porque hasta el momento se ha caracterizado por su lentitud y negligencia. Al periodista Camilo Chará que reconozca sus errores, se disculpe y mejore su enfoque al tratar con presuntas víctimas de violencia basada en género, considerando el trato perjudicial que les ha dado en este caso. A los liderazgos y organizaciones políticas de Cali, especialmente las organizaciones alternativas de las cuales Castilla hizo o hace parte, elaboren y/o mejoren sus protocolos para atender los casos de violencias basadas en género, porque han fallado terriblemente. Finalmente, y aún más importante, a todas las presuntas y/o confirmadas víctimas de violencias basadas en género, recuerden que: NO ESTÁN SOLAS. *La información compartida en esta columna cuenta con la autorización la mujer vinculada al caso, con quien tuve comunicación. Reitero: a ella y a todas las mujeres relacionadas a este caso es fundamental que se les proteja tanto en su identidad como en su historia.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Hace 50 años Altamira era un tranquilo y pequeño poblado del Amazonas brasilero. La mayoría de sus habitantes no conocía la pobreza. Si tenían hambre comían lo que les ofrecía la naturaleza. Si querían bañarse en el río que los surca, el Xingú, lo hacían. Ese concepto occidental del tiempo no era problema de ellos. Entonces los alcanzó la frontera económica y con ellos llegaron los desforestadores, los caucheros, los constructores de carreteras, los que buscaban fortuna torturando montañas en busca de oro. Su población se ha engordado hasta los 100 mil habitantes y la violencia ha aparecido con toda su furia. Hasta acá se han trasladado miembros del Comando Vermelho, traídos por los grandes hacendados que, atraídos por las proclamas de Jair Bolsonaro  mientras fue presidente, eso de que había que “tomar” la selva virgen para llegar al progreso, se han apropiado de miles de hectáreas de la Amazonía brasilera. Pero lo que más duele en Altamira es que el rio Xingú cada vez pierde más vida. La construcción de la represa de Belo Monte, en el 2010, aprobado durante el gobierno de Lula Da Silva, inundó islas y condenó a tribus indígenas completas a vivir en la ciudad, a ser pobres. Preocupada por lo que es una hecatombe -en donde el hombre será el primer afectado- la periodista Eliane Brum dejó su vida confortable en la siempre complicada Sao Paulo y se fue a vivir a Altamira en el año 2017. Este municipio tiene 159.533 kilómetros cuadrados, el equivalente al área conjunto de Irlanda y Portugal. En pleno Amazonas las casas de esta ciudad no tienen patio. Para sus habitantes el progreso significa paletadas de arena. Así que para ellos es un orgullo extirpar cualquier vestigio de verdor. Hay niños que viven a 500 metros de la orilla del Xingú y no conocen el río. La tasa de asesinatos es diez veces más terrible que las que se viven en las favelas de Rio de Janeiro: 133 por cada 100 mil habitantes. Los jóvenes, desesperanzados, se están suicidando. La única riqueza a la que se puede aspirar es acabando con el pulmón del planeta, dedicarse a la minería, a la caza de animales, a talar árboles. En los últimos cuarenta años el 47% del Amazonas ha sido afectada por la actividad humana. Sin embargo en estos últimos años, tal vez desde el 2018, cuando Jair Bolsonaro es elegido presidente del Brasil, se aceleró el apocalipsis: se estima que desde ese año han sido destruidos 2.000 millones de árboles, son incalculables el número de monos, aves y otros animales que han sido arrasados. Altamira se hizo famosa en todo el mundo por ser el centro de los incendios que devoraron una parte del Amazonas brasilero en agosto del 2019. Se ubicaron cerca de 10 mil puntos de fuegos, se sospechaba que fueran provocados por los hacendados que esperan convertir el pulmón del mundo en una fábrica inmensa. Elaine Blum vive en Altamira con su pareja, el también periodista Jonathan Watts, autor de un artículo maravilloso en donde señalaba que la gran batalla de este siglo XXI va a ser recuperar el Amazonas. Ambos han adelantado iniciativas como plantar miles de árboles y crear una plataforma iniciativa enfocada al cuidado de la selva. Se han enfrentado a los grandes terratenientes que ven en el enemigo a cualquiera que denuncie la hecatombe. Ha señalado a Bolsonaro y a sus seguidores como los grandes devastadores de vida. El ex presidente -que está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 2030- celebró la deforestación del Amazonas con una frase que aún crispa los nervios “cada vez más los indios se están volviendo seres humanos como nosotros”. Altamira es el epicentro del apocalipsis, una ciudad monstruosa en donde las camionetas 4x4 acostumbraban hasta hace muy pocos años atropellar indios en la calle por gusto. Un lugar en donde el hacinamiento carcelario dejó 67 muertos en una tarde del 2017. Blum afirma que el coronavirus es apenas uno de los efectos que está causando la desforestación en el Amazonas. El regreso de Lula y el nombramiento de Marina Silva, la mundialmente famosa líder ambiental, como ministra del medio ambiente y cambio climático, es positivo pero no decisivo. Hay que tomar medidas radicales como la que hizo ella, Amazonisarse, irse a vivir a la selva, ser parte de ella, porque es el centro del mundo. En este momento el Amazonas tiene la importancia de Nueva York, Shanghái, Berlín. Su libro, recién publicado en Colombia por Penguin Random House, es un grito desesperado que alerta sobre un problema que nos afecta a todos. Porque el apocalipsis ha comenzado y, al parecer, no nos hemos dado cuenta.

Por: Redacción Pares Semana del 5 al 9 de febrero Este martes 6 de febrero ha concluido en La Habana el VI ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, las dos partes han anunciado la prórroga por seis meses del cese bilateral vigente desde el pasado 3 de agosto, este cese irá hasta la primera semana de agosto de este 2024, con lo cual completaremos un año sin hostilidades, con un ELN, que el proximo 4 de julio cumplira seis decadas de existencia y en ninguna de los 59 años anteriores hemos tenido esta distención que se cuenta en vidas humanas. Otros puntos trabajados en este VI ciclo tienen que ver con dinámicas humanitarias ya acordadas y que aún están por ser implementadas para proteger comunidades que siguen sufriendo los rigores de múltiples violencias, el crucial tema de la participación y el delicado tema de la financiación del proceso de paz, todos temas claves para que esta negociación vaya hacia adelante. Hecho trascendental es el compromiso unilateral del ELN, de suspender la práctica del secuestro, tema reclamado durante décadas por la sociedad colombiana. Sin duda que son buenas noticias las que han presentado hoy Gobierno colombiano y el ELN, ahora el reto está en implementar los acuerdos y utilizar de manera eficiente el tiempo que corre. No hay información pública sobre el próximo ciclo, el VII y su lugar de realización. * "Conoce el listado de documentos del Sexto Ciclo de Diálogos para la Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional" –#ELN *  "La Mesa de Diálogos para la Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN han acordado prorrogar el cese al fuego bilateral, nacional y temporal durante 180 días. Consulta el documento": https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-prorroga-Cese-al-Fuego-Bilateral-Nacional-Temporal-con-el-ELN-240206.aspx Gobierno prorroga Cese al Fuego Bilateral, Nacional Temporal con el ELN El ELN pacta cese al fuego y fin de secuestros con fines económicos por 6 meses | Canal 1 Balance del cese al fuego en el último año no evidencia verdaderos gestos de paz | El Tiempo https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/eln-se-comprometio-a-dejar-el-secuestro-extorsivo-AA23675757 Tras extensión al cese al fuego, ELN se comprometió a dejar el secuestro extorsivo https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/gobierno-y-eln-acordaron-crear-un-fondo-multidonante-para-su-proceso-de-paz/ Gobierno y ELN acordaron crear un fondo multidonante para su proceso de paz https://razonpublica.com/va-proceso-paz-eln-retos-oportunidades-2024/ ¿En qué va el proceso de paz con el ELN? Retos y oportunidades para el 2024 https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/dialogos-con-el-eln-ojala-se-prolongue-el-cese-DB23667664 Diálogos con el ELN: ojalá se prolongue el cese - Columna de Alejo Vargas Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.