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Por: Iván Gallo- Editor de Contenidos Fotos tomadas de: Universal y El Tiempo Campañas de gobernadores, congresistas y presidentes, fueron financiadas por la reina del chance, condenada por sus nexos con paramilitares y el homicidio de un vigilante. En su niñez fue empleada doméstica, leía la suerte y, a punta de triquiñuelas, logró amasar una fortuna. Murió el pasado 13 de enero en una clínica en Barranquilla. Sobre las 11 de la noche del sábado 13 de enero Enilce López murió en la clínica de La Costa en Barranquilla. Casi desde el mismo momento de su captura se hizo famosa su foto en una cama de hospital, respirando a través de una mascarilla y con la mirada perdida. Sus enemigos decían que sus supuestas enfermedades eran un pretexto para no ser trasladada a un penal común y pagar su condena en su casa, a donde fue trasladada en varias ocasiones. Pero, después de ser valorada por la Corte Suprema en el año 2013, se determinó que la chancera mayor sufría de desnutrición, un problema que podría ser tratado en la cárcel. Desde que fue capturada en el 2006 estuvo en el Buen Pastor y en la cárcel de Santa Marta. Fueron incontables sus traslados a centros de salud. En donde pasó mayor tiempo recuperándose fue en la ESE, el hospital universitario de Barranquilla. Su sepelio, el domingo 14 de enero, no dejó indiferente a nadie en la Arenosa. Una multitud la acompañó al parque cementerio Jardines de la eternidad. Incluso se llegó a ver en la despedida a un ídolo del vallenato. Uno de los asistentes al sepelio le dijo al diario El Tiempo “Si lloré a Diomedes Díaz, por qué no a ella, que era la reina del chance”. No importaba nada, ni siquiera que  la empresaria hubiera sido condenada a nueve años por sus nexos con los paramilitares y a 37 años de cárcel por el asesinato del vigilante Amaury Ochoa Torres, ocurrido el 12 de junio del año 2000. López se valió de varias piruetas jurídicas para encontrarse con la condena suspendida y en libertad en el momento de su muerte. Siempre tuvo la habilidad para sobrellevar lo peor.   La Gata hizo lo que pudo para convertirse en una especie de mito y su historia la sabía todo el mundo en lugares como Magangué, a donde llegó a los 10 años de edad, a limpiar inodoros y vender cigarrillos por unidad en el barrio Baracoa. No tuvo fiesta de quinceaños, a esa edad se decidió por ganarse la vida prediciendo el destino de los que quisieran creer. Tuvo un local pequeño frente a un teatro donde sólo pasaban las películas de charros como Vicente Fernández y Pedro Infante. Decían que era muy asertiva. Empezó a correr su fama. Un día entró un policía, se llamaba Hector Julio Pastrana.  Le gustó tanto lo que le dijo que terminó enamorado de ella, dejando un matrimonio de varios años. Saltó al vacío. Pastrana se retiró de la policía, le hace un préstamo al empresario Félix Butrón y según cuenta el periodista Lucio Tórres pusieron un negocio de discos llamado Discolombia y La enramada, una taberna en donde, en vez de salsa, porro y merengue, la música que mandaba los bailes en la década del setenta, ponían baladas románticas. En esa época se dejó correr el rumor que Hector Julio trabajaba para Gonzalo Rodríguez Gacha, el temible socio de Pablo Escobar y uno de los financiadores de las primeras autodefensas del Magdalena Medio. Cuando el miembro del Cartel de Medellín  fue abatido por el ejército en Tolú, en diciembre de 1989, empezó la bonanza económica para el matrimonio Pastrana-López. Cerraron su taberna y decidieron entrar en el negocio del chance. Primero fueron las apuestas el Gato – de donde viene su sobrenombre- y después empezó a extenderse, con la voracidad de una mancha, además de Bolívar, en los departamentos de Sucre, donde creó Aposucre y en Magdalena Aposmar. Su poder empezó a ser tan grande que las FARC se fijaron en ella. En 1995 secuestraron a su papá y a Hector Julio Pastrana. Además mataron a tres de sus hermanos. Según dijo la revista Semana en su momento uno de sus socios, Renato Pardo, acribillado en el año 2007, era el jefe de la banda de narcotraficantes Los Alcatraces. Informes de la DEA del año 2009 la acusan de haberle lavado dinero a Salvatore Mancuso. A cambio los paramilitares la ayudaron, a punta de votos, a cimentar su monopolio del chance. Según el portal Verdad Abierta el apoyo de los paras fue fundamental para lograr elegir, en el 2003, al gobernador de Bolívar Libardo Simanca Torres, condenado en el 2012 a tres años y siete meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, por haber recibido beneficios políticos y electorales de los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María. La Silla Vacía afirma: “A cambio del respaldo a Simancas, la chancera exigió que el gobernador le diera la licitación a Unicat, empresa con la cual unificó sus negocios de chance en Bolívar”. El poder era total. En el año 2005 la Gata estaba en la cúspide. Jorge Luis y Hector Julio -éste último procesado por parapolítica- fueron elegidos, en su orden, alcalde de Magangué y Representante a la Cámara. Enrique Prims, periodista quien en un principio apoyó la candidatura de Jorge Luis Alfonso López a la alcaldía de Magangué, decidió denunciar las irregularidades que veía en la alcaldía del “Gatico”. Antes de que lo asesinaran, el 19 de febrero del año 2005, cerca al Parque de la Energía en Magnagué, a 150 metros de la Estación Central de la Policía, dejó una nota “Tengo miedo de que me maten porque cuando perdí mi trabajo yo hablé por el periódico cosas que no debí haber dicho, tengo miedo porque esa gente es ignorante”.  Jorge Luis fue condenado por éste asesinato. William Montes, senador en el año 2002 -condenado por parapolítica-  y Nicolás Curi, alcalde de Cartagena en el 2005, a quien la propia Gata le salió a cobrar públicamente la financiación de su campaña. Curi murió en el 2018 a los 83 años. En el 2005 Gustavo Petro, en una encendida ponencia en el Senado, descubrió a todo el país a la “Gata”. El entonces senador demostró que la empresaria del chance le había aportado a la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe, en el 2002, 100 millones de pesos. Pocas horas después de la muerte de López, el expresidente publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje: “Reconocimos en su momento que Enilse López aportó dinero, a través de una sociedad, a nuestra primera campaña presidencial. Dicho aporte quedó registrado en las cuentas. Allí lo encontraron quienes me denunciaron como el actual Presidente Petro, entonces miembro del Congreso”. Uribe no sería el único presidente con el que la dura del chance tuvo contacto. El portal Las 2 orillas hizo públicas fotos de Enilce López con Andrés Pastrana, en la campaña presidencial de 1998, en donde le ganaría las elecciones al liberal Horacio Serpa, y con César Gaviria en la campaña de 1990 en donde se impondría a Álvaro Gómez Hurtado. La foto de Gavira fue en Magangué. No existen pruebas de que La Gata hubiera financia a Pastrana o Gaviria. Intentó salvarse de las acusaciones de haber recibido apoyo de los paras pero en el 2011 fue condenada a nueve años de prisión por ese delito. Después vendría la condena de 37 años por el asesinato, en un peaje del Carmen de Bolívar, de Amaury Ochoa Torres por parte de los paramilitares. Había sido señalado de ser colaborador de las FARC.  Las dolencias terminaron consumiendo a la empresaria del chance.  Durante todo el año pasado “La Gata” estuvo varias veces en el hospital. En el momento de su muerte tenía 17 enfermedades relacionadas con la presión arterial. Su hijo, Jorge Luis, a quien el IMPEC le dio un permiso de cinco horas, se mostró cabizbajo en el cementerio Jardines de la Eternidad. La muerte de su madre significa el fin de un imperio político en Magangué y en todo Bolívar.

Por: Katerin Erazo, Periodista Como todos los años, durante este 2023 la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se destacó por ofrecer análisis y reflexiones profundas sobre temas relevantes que afectan a la sociedad en formato de opinión. A continuación, les contamos cuáles fueron las cinco columnas de opinión más leídos en este 2023, abordando cuestiones que van desde el cambio climático hasta la seguridad en Buenaventura. 1. El berenjenal del presidente Petro, por Guillermo Linero Montes Esta columna publicada el pasado 26 de mayo, escrita por Guillermo Linero, utiliza la metáfora de la berenjena para describir la complejidad y las dificultades que enfrentaba el presidente Gustavo Petro en su gestión por aquella época. La berenjena, considerada una joya en la cocina mediterránea, contrasta con la planta que la produce, cuyo tallo es áspero y espinoso, dando origen a la expresión "meterse en un berenjenal" para describir situaciones enredadas y difíciles de resolver. El autor sostenía que ser presidente implica enfrentarse a un entorno político y social complejo, requiriendo responsabilidad, capacidad de servicio y respeto por los demás. Linero Montes compara la gestión de Petro con la de presidentes anteriores, destacando la diferencia en la estrategia del actual mandatario, quien busca desmontar vicios y promover cambios estructurales, a pesar de las resistencias de aquellos acostumbrados a políticas injustas. Se aborda la resistencia a los cambios estructurales, especialmente por parte de familias de expresidentes, altos mandos militares, jerarcas de la iglesia y empresarios que han construido fortunas ligadas a actividades cuestionables. El autor destaca la necesidad de buscar un equilibrio entre todos los bandos existentes y critica la resistencia de los medios de comunicación poderosos, que malversan noticias para desacreditar al gobierno de Petro. Linero Montes concluye mencionando la importancia de desmentir las malversaciones de los medios de comunicación y la necesidad de que Petro se defienda de las estrategias políticas y noticias engañosas que buscan desacreditar su gobierno. Lea la columna aquí 2. Revista Semana plagia a la Fundación Paz & Reconciliación en nota sobre Alcaldía de Buenaventura, por Ghina Castrillón El 5 de octubre, Ghina Castrillón publicó un artículo de opinión sobre el plagio que realizó la Revista Semana a la Oficina Pares Pacifico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) sobre un informe que hablaba de la candidata a la alcaldía de Buenaventura de ese entonces, Ligia del Carmen Córdoba, en el cual se reveló que la publicación había plagiado varios párrafos completos del escrito por Pares. Este acto de copia se llevó a cabo sin otorgar el crédito debido al autor original, subrayando así los persistentes cuestionamientos sobre la integridad periodística de Semana. La falta de reconocimiento hacia el trabajo investigativo de la Fundación Paz & Reconciliación generó críticas adicionales y resaltó la falta de ética en el periodismo de la reconocida revista. El descubrimiento del plagio tuvo lugar durante la investigación para la columna de Ghina Castrillón Torres, una politóloga feminista, quien, aunque planeaba abordar otro tema, no pudo pasar por alto esta clara violación ética. En un momento en el que la precisión y la confiabilidad de la información son más cruciales que nunca. La Revista Semana, según el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, es uno de los medios más consultados en Colombia, lo que destaca la responsabilidad que tiene con la información que difunde. A pesar de haber sido considerada en el pasado un referente de periodismo de calidad, la revista ha sido objeto de críticas por su cambio en la dirección editorial. Lea aquí el artículo 3. La disputa espuria por las cifras de violencia, por Laura Bonilla En esta columna publicada el 10 de julio por la subdirectora de Pares, Laura Bonilla, se critica la interpretación simplista de las cifras de violencia y conflictos en Colombia. La autora argumenta que la obsesión por los números carece de solidez y a menudo se basa en una lectura superficial de los datos, sin considerar la complejidad de las situaciones. Bonilla destaca que la falta de credibilidad en las víctimas contribuye a la fetichización de los números, relegando las historias detrás de las estadísticas. Señala que tanto el gobierno como la oposición seleccionan datos según sus intereses, generando disputas infundadas que afectan directamente a las personas que viven en entornos violentos. En primer lugar, Bonilla argumenta que los grupos armados no tienen un comportamiento estático, y sus acciones varían según las decisiones que tomen. Ejemplifica cómo cambios en el comportamiento de estos grupos pueden generar diferentes formas de violencia, como ocurrió en el Urabá Antioqueño y la guerra entre las FARC y el ELN en Arauca. En segundo lugar, critica el desprecio sistemático a la fuente primaria de información, contribuyendo a la desconfianza hacia aquellos que han sido victimizados. Destaca que esta desconfianza puede ser el origen de nuevas violencias organizadas y obstaculizar las soluciones. Finalmente, resalta que la interpretación de los datos es subjetiva y puede conducir a errores si no se considera el contexto completo. La autora aboga por abandonar la obsesión numérica y enfocarse en una evaluación más honesta de las acciones emprendidas para abordar la violencia en Colombia. Propone menos fetichismo numérico y más confianza en las personas como una fórmula para lograr el éxito en la construcción de la paz en el país. Lea aquí el artículo de opinión. 4. ¿Qué proponen los precandidatos a la Alcaldía de Buenaventura en materia de seguridad?, por Ghina Castrillón Torres La columna de opinión de Ghina Castrillón, publicada el 19 de julio, abordaba la crisis de seguridad en Buenaventura y examinaba las propuestas de los precandidatos a la Alcaldía para abordar este desafío. La ciudad experimentaba por entonces un aumento en la violencia en los últimos meses, evidenciado por balaceras y enfrentamientos, lo que generaba gran preocupación. El canal de televisión local Telemar organizó un conversatorio con los precandidatos, destacando a Ligia del Carmen Córdoba como líder en intención de voto. Johan Valencia, Libia Mosquera, Jaime Marinez y Javier Torres, quienes asistieron al evento, presentaron propuestas centradas en mejorar la seguridad, aunque las críticas señalaban que sus enfoques eran superficiales y carecían de propuestas concretas para abordar las desigualdades y generar oportunidades. Castrillón destacaba la falta de una estrategia multidimensional que abordara las causas fundamentales de la inseguridad y la ausencia de un enfoque transversal de género y diversidad. Además, se cuestionaba cuándo los candidatos iban a presentar propuestas con respuestas concretas a las problemáticas de seguridad en la ciudad. La autora también mencionó la importancia de hacer un seguimiento constante a los Acuerdos del Paro Cívico y critica la falta de compromiso en este aspecto. Lea aquí la columna. 5. El día más caluroso de la historia será mañana, por Germán Valencia Este artículo, publicado el 01 de agosto, revela un impactante aumento de la temperatura global, marcando un récord histórico en el calentamiento del océano Pacífico. Esta noticia alarmante, respaldada por organizaciones dedicadas al seguimiento del cambio climático, destaca que en menos de una semana se rompieron tres veces los registros del día más caluroso en la historia de la humanidad. El autor, German Valencia, destacó en su artículo de opinión que las consecuencias de este aumento de temperatura son evidentes en todo el mundo, desde incendios forestales en España, Italia, Grecia y Estados Unidos, hasta sequías y pérdida de cultivos en África y Asia. Valencia mencionó que el deshielo de glaciares en Rusia y la Antártida también se ha vuelto más visible, con efectos perjudiciales en la liberación de CO2 y la proliferación de microorganismos. En el ámbito local, Valencia destacaba los impactos de la sequía en el norte de países como Colombia, específicamente en La Guajira y el Magdalena, donde la escasez de agua y problemas alimentarios se agravan. El artículo subraya la responsabilidad colectiva de no naturalizar este fenómeno climático y la necesidad urgente de tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El autor aborda las causas del fenómeno, señalando la confluencia del fenómeno de El Niño y el cambio climático, este último intensificado desde la Revolución Industrial. La temperatura media de la Tierra ha aumentado en 2ºC por década desde 1980, y la falta de acciones concretas implica un futuro donde cada período registrará temperaturas aún más elevadas. Lea toda la columna aquí.

Por: Redacción Pares Este año la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) publicó 34 informes de interés nacional e internacional producto de la investigación de sus diversas líneas de acción. A continuación, les presentamos los 5 informes más leídos de Pares en 2023, con un breve resumen y un enlace a estos: 1.Precandidatos cuestionados elecciones regionales – Junio 2023 Sin duda nuestro informe más consultado del año, producto de la coyuntura de las elecciones regionales en Colombia del mes de octubre. Este informe, ya tradicional en la organización, le presenta a la opinión pública la lista de los precandidatos cuestionados que había en el mes de junio, que sumaban 294. Esto a manera de advertencia a la opinión pública y a los partidos políticos, y por supuesto a los y las votantes. A pesar de todas nuestras advertencias, en el mes de julio se inscribieron las candidaturas, y publicamos otro informe de candidatos cuestionados en el que informábamos que se inscribieron 96 candidaturas cuestionadas para las elecciones. Finalmente, luego de las elecciones publicamos un tercer informe sobre cuestionados, en el que denunciamos que de estos 96 candidatos, 30 cuestionados fueron elegidos. 2. Faro del Catatumbo: indicios de un negocio político-familiar en la Gobernación de Norte de Santander La Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares, además de hacer seguimiento a elecciones y actividad política colombiana, también denuncia hechos de corrupción. De ahí nuestro segundo informe más leído del año que trata sobre La Empresa Industrial y Comercial del Estado (E.I.C.E.) Faro del Catatumbo, la cual es una sociedad mixta que se encuentra excluida de la obligación de rendir cuentas públicas, lo que le permite tener una estructura de contratación gris que sería aprovechada por los grandes poderes políticos del departamento de Norte de Santander para la clientela. Entre los políticos involucrados en este caso investigado por Pares estarían el nuevo gobernador William Villamizar y el cuestionado y condenado Ramiro Suárez Coro. 3. Vivir Sin Miedo – Informe de Violencias Basadas en Género 2021-2022 El 08 de marzo de 2023, en conmemoración del día internacional contra la violencia machista, la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares publicó su ya también tradicional informe Vivir Sin Miedo que cubre y denuncia las violencias basadas en género (VGB) en base a los datos de la Policía Nacional. Este informe hacía un comparativo de las VGB entre 2021 y 2022 con el objetivo de hacer consciencia en la opinión sobre este tipo de violencia que no merma en nuestro país. Algunos de los datos clave que se publicaron en el informe, fueron: En 2021 hubo 185 feminicidios, en 2022, 167, esto es una disminución del 9,7% de los casos. El 47% de los feminicidios suceden en casas de habitación, y entre las víctimas el 34,7% son mujeres entre los 31 y 40 años, y el 27,5% entre los 41 y 50 años. Los delitos sexuales aumentaron en un10,44% de 2021 a 2022, 25.151 a 27.285 casos. El 52,84% de las víctimas corresponden a personas entre los 11 y 20 años, y el 15,3% a niños y niñas entre los 0 y 10 años. Para el año 2022 se reportaron, a nivel nacional, un total de 133.965 casos de violencia intrafamiliar, lo cual significó un aumento de un 14,3% con respecto al 2021, en el que la cifra de casos fue de 117.142. El 72,8% de las víctimas fueron mujeres en 2022. 4. Mitos y realidades de la Paz Total Pares ha sido una de las organizaciones que más ha intentado comprender en tiempo real el impacto de la política de Paz Total del gobierno Petro sobre la realidad del conflicto colombiano y de los territorios afectados por este. Es por esto que en respuesta a la matriz mediática que estaba girando alrededor de la idea de una crisis de seguridad nacional por allá en el mes de abril, la Línea Paz Territorial y Derechos Humanos de Pares publicó este informe con datos y tendencias sobre la violencia en Colombia desde el año 2019 hasta la actualidad, analizando las cifras de violencia homicida y otros repertorios de violencia asociados al conflicto armado, como el desplazamiento forzado, el confinamiento, los homicidios de líderes y lideresas sociales, las minas antipersona y los eventos de restricciones a la asistencia humanitaria. 5. Informe de veeduría a la obra de remodelación y adecuación del CAIJU en Buenaventura Este año Pares se estrenó en un interesante ejercicio de veeduría ciudadana en Buenaventura, a través de su Oficina Pares Pacífico, como socio local del programa Juntos por la Transparencia (JxT), la organización acompañó la veeduría del grupo Soy Joven de Buenaventura, la Plataforma Distrital de Juventudes y el Consejo Distrital de Juventudes, quienes hicieron hizo seguimiento a las obras de remodelación del Centro Integral para la Juventud en Buenaventura, un espacio con el que los jóvenes bonaverenses sueñan para poder desarrollar sus agendas y convertirlo en nodo de actividades políticas, sociales, culturales y deportivas de la juventud de la ciudad. Un ejercicio crucial que instó a los contratistas y la administración de Buenaventura a ejecutar el proyecto de la mejor manera posible, aunque no con el resultado esperado inicialmente. Como resultado de este ejercicio se produjo este informe de veeduría que servirá a las organizaciones que acompañan este proceso para montar un antecedente sobre la obra. Como dijimos al inicio, este año publicó 34 informes de interés y relevancia para nuestro país. Consúltelos todos, aquí.

Por: Katerin Erazo, Periodista Durante la semana del 20 al 24 de noviembre, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) llevó a cabo una serie de eventos conmemorativos enmarcado a la Semana Pares y también a su décimo aniversario, marcando así una década de contribuciones significativas al fortalecimiento de la democracia y los procesos de paz en Colombia. Las diferentes actividades realizadas durante esta semana incluyeron la presentación del informe "Sin Paz no hay Paz Total"; un conversatorio virtual sobre la Paz Total en las regiones; un evento privado sobre transición energética; el lanzamiento del informe "Vivir para defender la vida"; la publicación de los retos para fortalecer la paz en la frontera; una radiografía de la paz urbana en Buenaventura. También se cerró el proyecto de Canal 13 sobre emisoras comunitarias; se lanzó el informe de consejos de paz y se concluyó con un cóctel de clausura con cooperantes y enlaces aliados. “Sin Paz Urbana no hay Paz Total” El informe lanzado el 20 de noviembre por la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Pares abordó la complejidad de alcanzar la Paz Total sin incluir a todos los actores generadores de violencia en el país. Se destacó la importancia de considerar no solo a los grupos armados organizados de carácter político, sino también a las estructuras criminales en las ciudades, las cuales afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. El lanzamiento incluyó un evento cerrado en las oficinas de Open Society Foundation para aclarar dudas y arrojar luz sobre la paz urbana. Este informe intentó responder la pregunta sobre ¿Qué es la paz urbana? en términos conceptuales e institucionales, así como diagnosticar las áreas metropolitanas del país en las que el Gobierno Nacional estuvo llevando a cabo conversaciones con estructuras criminales, a saber: Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín y Quibdó. “¿Cómo va la Paz Total en las regiones?” El 20 de noviembre, a través de un X Space, se llevó a cabo un conversatorio con el equipo de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, ofreciendo un balance sobre la paz total a nivel territorial en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Arauca, así como los desafíos locales para el 2024. Escuche el balance completo aquí “Transición energética” El 21 de noviembre, la Línea de Empresas y Paz organizó un evento cerrado en el marco de la semana Pares. Expertos en tarifas justas se reunieron para analizar los agentes que regulan y controlan los precios del mercado energético. Los participantes concluyeron la importancia de la complementariedad de las fuentes de energía para reducir costos, ofreciendo sugerencias que serán publicadas próximamente desde el Centro de Pensamiento de Transición Energética “Vivir para defender la vida” El 21 de noviembre, a través de un X Space, se presentó el informe sobre la violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia, Venezuela y Perú. En este espacio se contextualizó la información según la realidad local de cada país, destacando hallazgos relevantes y los desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos. Para escuchar el espacio de conversación ingrese aquí “10 retos para que la Paz Total llegue a la frontera” El 22 de noviembre, la Línea de Migración, Región y Frontera publicó un escrito que ofreció 10 recomendaciones para lograr la Paz Total en la frontera colombo-venezolana en Norte de Santander. Entre las propuestas se destacó el fortalecimiento de los puestos de control migratorio y la regularización migratoria de la población venezolana. Dicho escrito también abordó la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, instando a diálogos entre el sector privado, la institucionalidad y la sociedad civil. Se destacó la importancia de atender la violencia con enfoque diferencial y de género, considerando el impacto significativo en mujeres, migrantes y personas LGTBIQ. Para conocer los 10 retos para fortalecer la paz ingrese aquí “Cierre de la escuela de comunicación radial para la paz” El 22 de noviembre, se cerró el proyecto del Canal 13, llevado a cabo por la Línea de Jóvenes de la Fundación Pares. La Escuela de Comunicación Radial para la Paz buscó potenciar las capacidades de emisoras y medios comunitarios en municipios afectados por la violencia, transformando actores clave de la comunidad en agentes de cambio a través de la comunicación radial. “Almuerzo de rendición de cuentas” Este evento privado con cooperantes tuvo como objetivo que cada Línea de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentará su gestión de proyectos. Además, se anunció la apertura de la oficina en México. “Paz territorial para la Paz Total ¿Cómo les fue a los consejos de paz en 2023?” El 23 de noviembre, la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos llevó a cabo un evento virtual por X Space sobre los consejos de paz en 2023, explorando procesos de participación y reflexionando sobre la pertinencia de estos consejos en el contexto de la Paz Total. Durante el espacio, se abordaron la esencia de los retos que enfrentan estas instancias en los próximos años, especialmente en el contexto de la Paz Total. Cabe añadir que este Space estuvo vinculado al informe que se publicó sobre consejos de paz, reconciliación y convivencia, en el que se examinó las continuidades y retos dentro del marco de la Paz Total. De click aquí para volver a escuchar este Space “Radiografía de la Paz Urbana en Buenaventura: 10 hitos del proceso en la ciudad puerto” El 24 de noviembre, Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Pares, publicó un análisis sobre la situación de Paz Urbana en Buenaventura en medio de tres guerras. A pesar de los desafíos, se destacaron hitos importantes y se enfatizó la necesidad de sostenibilidad y la participación de la sociedad civil. Además, destacó que Buenaventura, entre las 50 ciudades más violentas del mundo, enfrenta tres guerras: la primera en el casco urbano entre Shottas y Spartanos, la segunda en el Bajo Calima con ELN y Autodefensas Gaitanistas, y la tercera en la ruralidad suroriental con la columna móvil Jaime Martínez de las FARC. Conoce esta radiografía aquí “Coctel de cierre” En el cierre de la semana Pares y la celebración de los 10 años de la Fundación, se llevó a cabo un evento cerrado en el Hotel Suites Jones. Coordinadores, cooperantes y financiadores compartieron este espacio, agradeciendo lo que fue del año y vislumbrando el 2024. Fue un año intenso para la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), y aunque aún no ha concluido, la organización continúa trabajando incansablemente para cerrarlo con ejercicios de incidencia que posicionarán agendas y políticas públicas, manteniéndose como una voz crítica en la sociedad colombiana.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Reconozco que hacer un balance económico de un año que aún no termina y del que las cifras oficiales solo se conocerán varios meses después, es atrevido. Y resulta aún más arriesgado hacer proyecciones sobre un período que aún no ha iniciado y frente al que existen grandes riesgos e incertidumbres, además cuando las expectativas de los agentes podrían cambiar los resultados. Aun así, considero que es necesario realizar esta tarea. A pesar de la gran cantidad de temas económicos que abordaré en esta columna –lo que hace que se vea como muy pretencioso hacer un balance general del sector económico–, la invitación es a que coloquemos la mira sólo en unos cuantos temas que considero son valiosos para la mayoría de los lectores. Se trata de los temas del crecimiento económico, el empleo, el consumo de las familias y la inflación. Cuatro variables cuyas dinámicas están íntimamente atadas en el período a analizar, a un momento de “rebote” de postpandemia –que sufre Colombia como todo el mundo– y al que el Banco de la República –un organismo que en este 2023 cumplió sus primeros cien años de vida– viene tratando de controlar con una política monetaria contraccionista. Como para ser críticos en este país resulta más que suficiente contar la realidad –como le diría a una amiga–, partamos diciendo que 2023 cerrará, lo más probable, con un crecimiento del último trimestre negativo. Esto basado en la tendencia del último período –julio-septiembre–, que fue del -0,3%, según la última cifra dada por el DANE. Fuente: La República Esta cifra negativa hará que, finalmente, la economía nacional, al cerrar diciembre, se ubique alrededor del 1,2%. Una cifra baja, si la comparamos con un crecimiento anual de 11% en 2021 o del 7,3% en 2022. Lo que muestra que nuestra economía va en caída. Repercutiendo este comportamiento en el nivel de empleo, en el ingreso de los hogares y en el bienestar general de los colombianos. Para la mayoría de los economistas esta situación era de esperarse. Estamos en un momento duro para la economía nacional y mundial. Pasamos por un período de “rebote” en el que, luego de una caída de la economía colombiana del -7% en 2020, resulta relativamente fácil pararse. Sin embargo, quedarse en pie por un tiempo está resultando muy difícil. Una de las razones que explica esta caída –o mareo– en la producción son las medidas contraccionistas que viene tomando la banca central. Este organismo, que es el encargado de cuidarnos del mal de la inflación y de tomar las decisiones en materia monetaria, ha decidido tomar acciones contra-cíclicas para los precios. Recordemos que la crisis de la pandemia provocó un aumento del gasto del Estado y de las familias –reduciendo el ahorro y elevando el consumo de los hogares–, mientras la producción real de la economía caía. Lo que conllevó a un rebrote inflacionario, que se extendió hasta hoy, pasando por un nivel de inflación que llegó en febrero de 2023 a más del 13%. Además, como sabemos, la inflación es una enfermedad que afecta especialmente a los pobres. Estos ven cómo los bienes y servicios que compran suben cada día; en especial preocupa los que no se pueden dejar de consumir, como la educación o los servicios públicos domiciliarios, que en 2023 subieron, en promedio, el doble de los demás bienes de la economía. Ante esta situación –de aumento generalizado de los precios por encima de los dos dígitos– el organismo responsable de la política monetaria tomó la decisión de aumentar las tasas de interés de referencia. El Banco de la República viene, desde 2021, subiendo dichas tasas: pasamos en noviembre de 2021 del 2,5% al 11% en 2022, y hoy las tenemos en 13,25%. Fuente: La República Una decisión con la que el centenario Banco de la República ha logrado bajarle la temperatura al paciente. La inflación ha caído de la asombrosa cifra del 13,34% en marzo de 2023 a una del 10,99% en septiembre del mismo año, y se espera que cierre el año con una cercana al 9,5%. Cayendo el dato de la inflación a menos de un dígito y esperanzado en que el próximo año se ubique en un 5%, y en 2025 en 3,8%. Sin embargo, casi toda medida económica tiene efectos negativos para otras variables. En este caso, el aumento de las tasas de interés ha frenado el consumo de los hogares, al igual que la inversión de las empresas. Para la gente resulta muy costoso pagar un crédito de consumo, cuando la tasa de usura –que es la máxima que se puede cobrar a los prestamistas en Colombia– subió del 26,5% en enero de 2022 a 47% en abril de 2023 y actualmente está en 38,3%. Lo mismo pasa para las empresas. Los créditos de inversión están muy elevados y aunque el nivel de cobro no es tan alto como el del 47% para los consumidores, este se mantiene por las nubes. Algunos bancos cobran por sus préstamos para vivienda cifras superiores al 20%, lo que resulta muy oneroso para las inversiones. De allí que esté siendo mejor alquilar una casa que comprarla. Está dinámica en la caída en el consumo y la inversión ha provocado que sectores de la economía, tan importantes como la industria manufacturera, la construcción o el comercio, caigan en ventas. Según las cifras del DANE estos sectores para el tercer trimestre cayeron, en el mismo orden, un -6,2%, un -8% y un -3,5%. Lo malo de este decaimiento es que las actividades –la de la manufactura, construcción y comercio– de estos sectores son las que más empleo generan. Lo que explica que el empleo en el país, que venía cayendo de forma continua desde el fin del confinamiento social a causa de la pandemia, haya llegado a su límite inferior –cayendo de una tasa de desempleo del 13,7% en enero de 2023 a 9,2% en octubre– y dé signos ahora de querer volver subir. Fuente: Tyba.com En síntesis, tenemos una economía colombiana en 2023 resentida, luego de la caída en pandemia. Logramos pararnos después de la crisis de la salud, pero el mantenernos en pie está resultando muy difícil. Este año la actividad económica no dio para ser negativa –creceremos un 1,2%–, pero sectores tan dinámicos para el empleo –como la industria manufacturera, la construcción y el comercio– se han resentido a causa de la caída en el consumo y la inversión. El reto que tiene el país para la economía en 2024 es grande. Esperamos que el Banco de la República comience a bajar las tasas de interés desde enero y que el gasto público aumente tanto en la ejecución del presupuesto como en las inversiones que se proponen en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto generaría un aumento en la inversión pública y privada en vivienda –en especial de interés social– y los niveles de consumo comenzarían nuevamente a levantarse, aunque lentamente por la expectativa en la reducción aún mayor de las tasas. Recordemos que tenemos un país muy atractivo para el sector externo –de allí, en parte, el buen comportamiento de la tasa de cambio o TRM que pasó de 4.810 pesos en enero de 2023 a ubicarse por debajo de 4 mil en este momento–. Esperemos que el turismo, las exportaciones de productos no tradicionales, las actividades artísticas, la explotación minera y también la inversión en proyectos de energía renovable, le den un mayor dinamismo al crecimiento de nuestra economía. Fuente: La República De esta manera estaremos, al finalizar el 2024 –a un año de esta columna–, hablando de un comportamiento positivo y una tendencia de la economía muy distinta a 2023. Que digamos –de nuevo fundamentados en las cifras– que pasamos de un período de desaceleración, como el que vivimos este año, a uno de crecimiento, como el que estaremos disfrutando desde junio de 2024, que, aunque sea leve –del 1,5%–, nos prometa elevarnos a una cifra cercana al 3% en 2025. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista En el transcurso del año 2023, el portal web de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha sido testigo de informaciones y difusor de una serie de contenidos que han capturado la atención de nuestra audiencia interesada en la actualidad política colombiana. Desde análisis político, notas sobre coyuntura e informes detallados sobre un tema en específico, la plataforma ha servido como un faro de conocimientos. Por tal motivo, como en todos los años, Pares señala a continuación las notas más leídas en este 2023. 1.Ya van cinco feminicidios en 2023, para 2022 fueron 258, por Katerin Erazo Esta nota publicada el 26 de enero informó sobre el quinto feminicidio registrado en 2023 en Colombia, comparándolo con los 258 casos reportados en 2022. Valentina Trespalacios, una joven DJ influencer de 23 años, fue encontrada sin vida en un basurero en Bogotá el 22 de enero, siendo asfixiada mecánicamente. Su pareja, John Poulos, principal sospechoso, fue capturado en Panamá mientras intentaba volar a Turquía, con pruebas que lo señalaron como el presunto asesino. La actitud posesiva de Poulos y sus heridas sugieren un control sobre la vida de Trespalacios. A pesar de las evidencias, algunas organizaciones feministas instaron, para ese entonces, a las autoridades a investigar el caso como feminicidio, destacando el contexto de dominación o subordinación de la mujer según la Ley Rosa Elvira Cely. Mónica Godoy Ferro, antropóloga, respaldó esta perspectiva, subrayando la importancia de reconocer el control sobre el cuerpo de la mujer como un elemento clave en este tipo de crímenes. El feminicidio de Trespalacios fue parte de una alarmante tendencia en 2023, sumándose a otros casos en diferentes regiones del país. La Fundación Feminicidios Colombia registró para esa fecha más de cinco casos en lo que iba del año, mientras que el año anterior se contabilizaron 258 feminicidios, destacando los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá como los más afectados. Lea la noticia completa aquí. 2. La corrupción en Colombia: un problema sistémico que requiere soluciones inmediatas, por Katerin Erazo Publicada el 06 de marzo, la nota aborda la problemática de la corrupción en Colombia, evidenciada por el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, que otorga al país 39 puntos sobre 100. Destacando la necesidad de medidas gubernamentales contundentes, se resaltó la postura del presidente Gustavo Petro, quien generó indignación al no asistir a las altas cortes en la Casa de Nariño en noviembre pasado. A pesar de la complejidad del problema, se subrayó la importancia de que el gobierno fortaleciera la justicia, los procesos de investigación y la transparencia para prevenir y abordar la corrupción. El senador Iván Cepeda respaldó propuestas para enfrentar esta problemática histórica en Colombia, que generan brechas de desigualdad y pobreza. El artículo presentó varios casos de corrupción que han sacudido al país en los últimos años, incluyendo Odebrecht, Reficar, AIS, Corte Suprema de Justicia y el Carrusel de la contratación. Lea la nota completa aquí. 3. La carrera electoral en Buenaventura: 16 candidaturas se disputan la Alcaldía, por Dennis Huffington El 22 de agosto se publicó una nota sobre la intensa carrera electoral en Buenaventura, donde 16 candidaturas buscaban liderar el Distrito Especial. En medio de desafíos sociales, económicos y de seguridad, así como el descontento ciudadano con la administración de ese entonces, 541 candidatos se habrían inscrito para diversos cargos. Tres opciones destacaban en ese momento: Ligia del Carmen Córdoba de La U, Jaime Marinez del Partido Verde y Libia Mosquera de En Marcha, configurando las principales fuerzas políticas de la región. En dicha nota se menciona que Ligia del Carmen Córdoba, representante de la derecha, contaba con respaldo de figuras como Dilian Francisca Toro y Jhon Arley Murillo. Sin embargo, su conexión con cuestionados clanes políticos regionales generaba críticas. Jaime Marinez, en el espectro de la centroizquierda, tenía el apoyo de la Alianza Social Independiente y enfrentaba cuestionamientos por su relación con un exalcalde capturado por peculado. Por último, Libia Mosquera, de En Marcha, quien fue respaldada por Juan Fernando Cristo y Tulio Gómez, enfrentaba críticas por su afiliación política durante las elecciones presidenciales. Además de estos tres candidatos, otras 13 aspiraciones políticas se sumaron a la contienda, con diversas alianzas y postulaciones independientes. La contienda electoral estaba en su inicio, con más de dos meses por delante y la expectativa de cambios en el panorama político, incluyendo posibles alianzas y el anuncio pendiente de apoyos de partidos como Conservador, Cambio Radical, el sector Liberal y Centro Democrático. Lea la nota completa aquí. 4. Entre el Pacto, las familias y los clanes: así va la puja por Sucre y Sincelejo, por Mónica Castillo La nota, publicada el 23 de agosto, detalla la disputa en esa fecha por los cargos principales en el departamento de Sucre, evidenciando que solo algunos candidatos lograron cooptar a los sectores políticos más relevantes y a los votantes. A pesar de los desacuerdos en sectores alternativos como el Pacto Histórico, se identificaron rostros y banderas visibles en la carrera por la Gobernación de Sucre, con 11 candidatos, y la Alcaldía de Sincelejo, con 15 candidatos. La multiplicidad de candidatos resultó de la falta de acuerdo en el "frente amplio" del Pacto Histórico, que no logró consolidarse para las elecciones regionales. Se destacó la fractura dentro del Pacto Histórico debido a desacuerdos sobre el apoyo a Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama. La campaña política se vio marcada por maquinarias, alianzas y candidatos cuestionados. Se presentó en la nota a candidatos cuestionados para la Gobernación, como Mario Fernández Alcocer y Lucy García Montes, así como para la Alcaldía de Sincelejo, como Yahir Acuña y Jacobo Quessep. Se detallaron los señalamientos y procesos legales que pesan sobre cada uno de ellos, relacionados con vínculos familiares, presuntos nexos paramilitares y responsabilidad fiscal. Lee la nota completa aquí 5. La posible llegada del temido clan Merheg a la Gobernación de Risaralda, por Línea Democracia y Gobernabilidad La nota, publicada el pasado 13 de octubre, reveló la preocupación en Risaralda debido a las elecciones para la Gobernación, donde dos clanes políticos poderosos, el del senador Juan Pablo Gallo y el temido clan Merheg, se disputaban el poder. A tan solo dos semanas de los comicios, las encuestas indicaron un empate técnico entre los candidatos de ambos clanes, lo que añadió tensión al proceso electoral. Los candidatos en cuestión fueron Juan Diego Patiño Ochoa, quien fue respaldado por el senador Juan Pablo Gallo, y Juliana Enciso, apoyada por el clan Merheg. La nota destacó la vinculación de Enciso a su esposo, Habib Merheg, senador previamente relacionado con investigaciones por parapolítica y titulación de tierras. A pesar de los cuestionamientos y procesos legales, el clan Merheg se mantuvo activo en la política regional. El artículo señaló la herencia política de Habib Merheg a su hermano Samy Merheg, actual senador por el Partido Conservador. Samy también respaldó figuras políticas investigadas o encarceladas, que generó dudas sobre su participación. Se mencionaron casos como el del exalcalde Luis Alejandro Martínez Tabares y el alcalde Fernando Muñoz, vinculados al Partido Conservador y al congresista Samy Merheg. El prontuario familiar de los Merheg incluyó denuncias sobre presunto constreñimiento a funcionarios y contratistas en elecciones anteriores, así como la desviación de fondos hacia municipios vinculados al Clan del Golfo. La nota resaltó la complejidad y la sombra de irregularidades que rodearon a Juliana Enciso y su conexión con el clan Merheg, lo que generó incertidumbre sobre su idoneidad para la Gobernación de Risaralda. Lea la nota completa aquí

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana  La Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación, en su priorización de siete aglomeraciones urbanas (Bogotá, Valle de Aburrá, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Buenaventura y Quibdó), logró identificar 196 organizaciones criminales, de las cuales 5 (3%) son Grupos Armados Organizados (GAO), 61 (31%) son Grupos de Delincuencia Organizada (GAO) y 130 (66%) son Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO).  Bogotá  Identificamos más de 50 organizaciones que han hecho presencia y tenido injerencia en la regulación de los mercados de la criminalidad y el control social y territorial en la aglomeración. De estos grupos: 3 corresponden a GAO que incluyen columnas del EMC de las FARC y el ELN, así como también presencia del Clan del Golfo, identificada especialmente a través de alianzas con otros grupos locales a través del outsourcing  o subcontratación criminal; 11 GDO entre los que destacan organizaciones como ‘Los Paisas’, ‘Los Camilos’, ‘Satanás’ y ‘Tren de Aragua’; y 41 GDCO que son bandas o pandillas que desarrollan actividades delictivas a nivel barrial especialmente relacionadas con el hurto y el microtráfico.   Consulte el mapa de presencia territorial de estas organizaciones en Bogotá, aquí .  Valle de Aburrá  Hay cerca de 50 organizaciones que hacen presencia y tienen injerencia en la regulación de los mercados de la criminalidad y el control social y territorial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. De estos grupos: 1 corresponden a GAO, el Clan del Golfo, que a pesar de haber perdido incidencia en la ciudad de los últimos años todavía cuenta con presencia a través de alianzas con importantes grupos, lo que configuran como un actor que podría llegar a desestabilizar la dinámica criminal en la ciudad y su área metropolitana; 20 GDO entre los que destacan organizaciones como La Oficina, y otras de mediano nivel como Los Pachelly, Los Pesebreros, Los Mesa, La Terraza, Los Chatas y La Sierra; y 23 GDCO que funcionan a nivel microterritorial en asocio con las estructuras de mediano nivel.  Consulte el mapa de presencia territorial de estas organizaciones en Medellín, aquí .  Cali  Se han identificado cerca de 40 organizaciones que hacen presencia en la aglomeración. De estos grupos: 4 corresponden a GAO entre los que se encuentran la Columna Jaime Martínez del EMC, Segunda Marquetalia, Clan del Golfo y el ELN; 6 GDO entre los que destacan organizaciones como Los del Hueco, La 40 y El Platanal; y 32 GDCO encargados del control microterritorial, en particular de ejecutar actividades relacionadas con la extorsión, las amenazas, el microtráfico y el sicariato.  Consulte el mapa de presencia territorial de estas organizaciones en Cali, aquí .  Barranquilla  Hay 35 organizaciones que hacen presencia y tienen injerencia en la regulación de los mercados de la criminalidad y el control social y territorial en Barranquilla y su área metropolitana. De estos grupos: 2 corresponden a GAO, el Clan del Golfo y Los Pachenca, que hacen presencia principalmente a través de alianzas con grupos locales; 12 GDO entre los que destacan organizaciones como Los Costeños, Los Rastrojos Costeños, Los Papalópez, Los Pepes y Los Vega Daza; y 21 GDCO que funcionan a nivel microterritorial, principalmente, en asocio con los GDO mencionados.  Consulte el mapa de presencia territorial de estas organizaciones en Barranquilla, aquí .   Cúcuta  Se han identificado cerca de 20 organizaciones que hacen presencia y tienen injerencia en la regulación de los mercados de la criminalidad y el control social y territorial en la aglomeración. De estos grupos: 3 corresponden a GAO, precisamente las tres organizaciones más fuertes a nivel nacional, ELN, Clan del Golfo y EMC; 6 GDO, entre los que destacan organizaciones como Los Pelusos, AK-47 y Los Porras; y 11 GDCO que funcionan y que tienen un alcance barrial.  Consulte el mapa de presencia territorial de estas organizaciones en Cúcuta, aquí .  Buenaventura  Desde la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares se han identificado cerca de 7 organizaciones que hacen presencia y tienen injerencia en la regulación de los mercados de la criminalidad y el control social y territorial en el municipio. De estos grupos: 4 corresponden a GAO, que incluye al Clan del Golfo, el EMC, el ELN y la Segunda Marquetalia; 2 GDO: Shottas y Espartanos, actualmente sentados en diálogos de Paz Urbana; y 1 GDCO Los Chiquillos, que es una escisión de la organización de la antigua La Local que pasaron a aliarse con Los Espartanos y actualmente se ven representados en los diálogos que mantiene este grupo con el Gobierno Nacional.  Consulte el mapa de presencia territorial de estas organizaciones en Buenaventura , aquí .  Quibdó  Estimamos que en Quibdó hay 7 organizaciones que hacen presencia y tienen injerencia en la regulación de los mercados de la criminalidad y el control social y territorial. De estos grupos: 2 corresponden a GAO, Clan del Golfo y ELN; 4 son GDO; y 1 es un GDCO, Los Palmeños, que tienen una influencia menor en el casco urbano.  Consulte el mapa de presencia territorial de estas organizaciones en Quibdó, aquí .  Navegue las siguientes infografías con información detallada de las principales organizaciones delincuenciales que operan en cada una de las siete aglomeraciones urbanas:  Lea el informe completo, aquí:  Consulte el siguiente Excel con toda la información de cada una de las 196 bandas identificadas por aglomeración urbana:

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La periodista Vicky Dávila, a propósito de la caída del proyecto que buscaba regular el consumo recreativo del cannabis, ha dicho en su espacio de X, plegándose a un concepto generalizado y en parte cierto, que quienes consumen marihuana con adicción son unos enfermos. Una aseveración que sería incuestionable de no ser porque al carecer de claridad sobre el cuadro clínico que denota la enfermedad del adicto, mete en el mismo costal, o no los discrimina, a quienes la consumen como estilo de vida. La aseveración de la periodista me suscitó la necesidad de realizar un examen de autocrítica y he encontrado, sólo a vuelo de pájaro, que Colombia está llena de enfermos; en general de enfermos de la salud por gracia de las empresas malversadoras de los recursos que el estado aporta para ella; pero, principalmente, llena de enfermos sociales; o mejor, como los califican los nuevos psicólogos: de personas con necesidades o problemas en el ejercicio de la buena interacción social. De hecho, en Colombia hay bastantes personas y sectores sociales, cargados de odios, venganzas y resentimientos, casi siempre justificados, pues por culpa de gobernantes insensatos han sido víctimas de una cultura educacional, más que mediocre, concebida con perversidad para mantener al pueblo iletrado; es decir, sumido en la irrealidad. En efecto, si fuéramos gente sana, no seríamos uno de los países más violentos del mundo, ni morirían nuestros niños y niñas por desnutrición, habiendo tanta riqueza en nuestro territorio. En Colombia, por ejemplo, los contratistas del Estado han sido capaces hasta de robarse la “bienestarina”, que el Estado proveía como asistencia infantil, y venderla clandestinamente para alimentar cerdos y llenar sus bolsillos. En Colombia somos enfermos mentales, si en vez de proporcionar una comida sana,  equivalente al precio que el Estado invirtió por ella para la asistencia de los niños y niñas pobres, hacemos uso de nuestra potestad en los contratos de aprovisionamiento de alimentos, y les damos comida podrida y productos con fechas vencidas. Todo por la ambición unipersonal y por las anómalas convicciones de un sector social excluyente. Somos enfermos mentales, si los funcionarios de la justicia son capaces de cohibir las actuaciones de un presidente que pretende asistir con medidas de urgencia a la población más necesitada. Ni siquiera me atrevo a decir en este espacio el adjetivo que se merecen los magistrados de la Corte Constitucional que prohibieron, en un acto poseso, el suministro de agua y alimentos a la población de La Guajira, tal y como si estuvieran acostumbrados a que allá, como un lujo de la barbarie, mueran los niños y las niñas por desnutrición, o quizás porque le sacan provecho a la inequidad. Si no padeciéramos alguna locura, a 6.402  jóvenes, deseosos de conseguir empleo, no se les hubiera engañado y conducido a escenarios de guerra para exterminarlos a mansalva y con la mayor cobardía que puede existir en un conflicto bélico, como es, que a falta de capacidad para vencer al enemigo, se asesine a civiles inocentes para no perder la oportunidad de mostrarse como héroes y cobrar por ello. Colombia está llena de enfermos mentales, porque el feminicidio, otro delito de cobardes, ocurre cotidianamente y a las mujeres se les desestima sin aspavientos como acaba de hacerlo el iletrado senador JP Hernández, al promover la misoginia y la patanería contra la senadora María José Pizarro, proponente del proyecto de ley que buscaba la regulación del consumo recreativo de la marihuana. Enfermos mentales los que piensan que los títulos profesionales los hacen más sabios, desconociendo que los títulos se adquieren con mucho dinero y estamos en una sociedad donde el dinero lo atesoran los políticos corruptos, los empresarios inescrupulosos y quienes practican el capitalismo salvaje; es decir, la gente a la cual no le gusta la educación ni la asimila. La prueba de esto son los numerosos casos por falsificación de títulos, entre quienes tienen cómo comprarlos, precisamente para cumplir con las reglas que ellos mismos  impusieron y así ocupar los altos cargos. En Colombia somos enfermos mentales, si los pobres se levantan contra los mismos pobres para gritar arengas que les han sido dictadas por sus victimarios, y los seguiremos siendo mientras los empleados sean esclavos de los empleadores, no sólo porque les explotan su fuerza de trabajo y les pagan muy mal, sino también porque los manejan a su antojo, moral y políticamente. Enfermos estamos todos, en un Estado donde las ramas del poder se creen supremas y hacen de las suyas de malas maneras, y en el que la institución encargada de investigar delitos, señalar y acusar a los posibles responsables, es liderada, no se sabe todavía si directa o indirectamente, por los mismos criminales; y en el que el Congreso, que es un corral de ineptos, cuando se trata de aprobar o desaprobar proyectos del gobierno, decide a rajatabla, de manera burda y mafiosa. Esto que digo sobre los congresistas es tan cierto que puede comprobarse respondiendo estas dos preguntas: ¿por qué los proyectos en favor de las mayorías –de los menos favorecidos– son desaprobados?,  y ¿por qué pasan expeditos los proyectos cuando  están preconcebidos para favorecer a la banca, a los empresarios y a los mismos políticos? En Colombia estamos llenos de enfermos y no es descabellado decir que sería mejor que estuviéramos llenos de marihuaneros; porque el reconocimiento de las bondades de la marihuana y su consumo se hizo universal como bandera de paz de un movimiento social juvenil cansado de la barbarie de las dos grandes guerras del siglo XX. Los llamados hippies, que fueron una generación de cambio social abrupto, desmontaron la mentalidad mercantilista, desmontaron el odio y el aprovechamiento al prójimo, y lucharon por implantar a través de la música y de su arte, y desde sus expresiones sociológicas y filosóficas, cómo vivir en paz con los otros. Colombia sería un mejor país si en vez de consumir lo que consume la autodenominada “gente de bien” –que tienen bienes y practican el mal– se consumiera la marihuana, pues los numerosos estudios que se han realizado en el mundo para limitar o prohibir su consumo, han concluido unánimemente que la marihuana es benéfica, porque su principal componente químico activo –el tetrahidrocannabinol (THC)– puede inducir relajamiento, en un tiempo donde reina el estrés sicológico, y puede elevar las percepciones sensoriales, en un tiempo donde reina la insensibilidad. No obstante, y por eso escribo estas líneas, la periodista Vicky Dávila –que en calidad de colombiana padece varias de estas enfermedades citadas–, se atreve a decir desde su ignorancia que los consumidores de marihuana son enfermos. Enfermos los periodistas que actúan en contravía de lo que éticamente les corresponde, exceptuando, por supuesto, a los buenos periodistas, que sin fumarse un solo cacho de marihuana, actúan o piensan como marihuaneros: priorizando el amor al prójimo y profesando el respeto por la verdad. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ana Cristina Salcedo Oviedo, Practicante Foto tomada de: Pulzo Abordar el tema de la democracia en Colombia implica analizar dos conceptos clave que son cruciales para comprender la dinámica política como una práctica electoral: la participación y la representación. En una democracia participativa, el ciudadano se involucra directamente en la toma de decisiones. En cambio, en la democracia representativa, se encuentran dos principios fundamentales: la autorización y la rendición de cuentas. En un escenario ideal, se autoriza a través del voto una representación y, a cambio, se rinden cuentas sobre las responsabilidades adquiridas por el poder otorgado en las urnas. Sin embargo, en el modelo colombiano persiste la autorización, pero no la rendición de cuentas, dando lugar a fenómenos más complejos como la corrupción, la demagogia y la falsa representación. Esta última ha desencadenado una crisis a nivel interno en el sistema de partidos colombiano, situación que se evidenció durante las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. La crisis de los partidos políticos en Colombia no nace con la coyuntura electoral más reciente. Los fenómenos que explican la aparición de esta crisis se observan en la cotidianidad del ejercicio político del sistema de partidos en el país. Estos son, en primer lugar, la fragmentación interna producto de las alianzas entre facciones dentro de los mismos partidos que muchas veces están fuertemente personalizados por un clan político determinado, por lo que en un departamento puede observarse la cercanía entre facciones de un partido, pero estas a su vez pueden distar considerablemente en otro departamento. En segundo lugar, la polarización a falta de una cohesión ideológica entre los militantes de menor o mayor jerarquía, por lo que es común la recurrencia sobre casos de doble militancia. No hay un código leal o principios a respetar cuando candidatos de un mismo partido apoyan abiertamente a candidatos de otros espectros o colectivos, asunto que resulta contraproducente en el marco del ejercicio político, ya que debe existir una correlación y apoyo entre aspirantes a distintos cargos de elección popular que sean del mismo partido atendiendo a cómo funciona el sistema político electoral. Si un partido en determinado departamento lleva un candidato a la gobernación, y en ese sentido lleva también un candidato a la alcaldía, es menester que exista una coherencia entre estos en campaña y que compartan los principios del partido. Ejemplo de este segundo fenómeno fue el caso de Andrés Gómez Martínez en Sincelejo, quien fue destituido de su cargo a cinco meses de finalizar el período 2020-2023 por su hallazgo de culpabilidad de doble militancia, específicamente por no respaldar al candidato de su propio partido en las elecciones para la Gobernación de Sucre en 2019. Gómez contó con el aval de Cambio Radical, Partido de La U, Conservador y Centro Democrático, los cuales se unieron en 2019 para impulsar su candidatura a la Alcaldía de Sincelejo, empero, este apoyó a un candidato cuyo partido distaba del cuarteto. La remoción de Andrés Gómez de su cargo como alcalde de Sincelejo constituye un momento destacado en la esfera política a nivel local, señalando el desenlace de un prolongado conflicto jurídico que muchas veces se ha intentado en el país desde que se contempló su figura, pero no presume de éxito. Resulta sumamente interesante analizar lo que el desenlace de este proceso significó para todos aquellos que fueron candidatos de cara a las pasadas elecciones y resultaron electos, no solo en el departamento, sino a nivel regional, ya que, a pesar de ello, el apoyo abierto de candidatos de partidos políticos a candidatos de otros partidos fue el común denominador en estas campañas. Los avales se recibieron para la respectiva inscripción, pero se dejó de lado la representación. El tercer fenómeno que explica la crisis de partidos en Colombia es la presencia de redes clientelistas a través de las cuales se tejen importantes relaciones capaces de consolidar masas electorales y que, en épocas de campaña, resultan valiosas para los líderes que ostentan el mando de dichas redes. Aunado a esto la corrupción que ha obligado a los partidos a enfrentar escándalos que minan la confianza pública, puesto que la percepción de que los partidos están más interesados ​​en el beneficio personal que en el servicio público socava su legitimidad. Se observa también la presencia de “clanes políticos”, que son por lo general grupos de familias que logran consolidar un emporio económico/político para hacerse con el poder de los cargos políticos más importantes en un determinado municipio o departamento y cuentan con un líder, miembros y aliados. A la vez que ejercen control y dominancia político electoral de forma interrumpida e ininterrumpida en un territorio, suponen un riesgo para la democracia en la medida en que privan a otros ciudadanos de participar en política y estimulan la corrupción electoral a través de las redes clientelistas que construyen con el tiempo para monopolizar el ejercicio electoral y utilizar los medios y la burocracia del Estado para su propia conveniencia. Además de la compra de votos, práctica realizada sobre todo en las zonas periféricas del país donde los patrones políticos aún fungen como conexión entre el ciudadano y el Estado. En cuanto a la crisis de partidos, se observa que la naturaleza intrínseca del sistema puede arrojar luz sobre las problemáticas que obstaculizan su funcionamiento adecuado. En primer lugar, en Colombia se presenta un sistema multipartidista, lo que implica la existencia de diversos partidos políticos en competencia por el poder. Además, se suman a esta dinámica los movimientos independientes, grupos significativos y coaliciones. La disparidad ideológica que surge de esta diversidad divide al electorado, generando un escenario propicio para el ascenso de candidatos cuestionados que, a pesar de las críticas, logran ser elegidos para aspirar a cargos públicos. Esto se debe a que la presencia de múltiples opciones disminuye la capacidad de oposición frente al candidato considerado como menos viable. En ese orden, también se identifica la dominancia de partidos principales o de los que obedecen a corrientes políticas tradicionales, y que han logrado tejer grandes redes en todo el territorio nacional para posicionar gobernaciones, alcaldías, concejo y asambleas manteniéndose en el tiempo: los partidos Liberal y Conservador -cuyas raíces históricas aún tienen peso en regiones específicas-; el Partido de la U en el Valle del Cauc; Cambio Radical en la Costa; Partido Centro Democrático en Antioquia, entre otros. El último fenómeno, las coaliciones, a partir de las cuales los partidos se valen para aumentar su influencia y mejorar sus posibilidades electorales. Para las elecciones del pasado 29 de octubre, muchos candidatos contaban con varios coavales además del aval de su partido. Por ejemplo: Lucy García, gobernadora electa del Departamento de Sucre, fue avalada por el Partido Liberal, Fuerza de la Paz, La U, Centro Democrático y Colombia Justa Libre. Estas coaliciones pueden ser temporales y basarse en acuerdos estratégicos para alcanzar objetivos comunes.  Ahora bien, la mayoría de alianzas y coaliciones son divergentes, los partidos que son aliados en unos departamentos son rivales o competidores en otros. En ese sentido, es menester mencionar lo que ocurre cuando se da la destitución del funcionario público. El partido que hace parte de la coalición que avaló al candidato en el periodo de campaña debe afrontar cierta responsabilidad de cara a la efectividad del mecanismo de participación, sin embargo, no se observan pronunciamientos o medidas congruentes sobre cómo un candidato salta de un espectro político a otro sin atender a los compromisos o principios del partido al que inicialmente pertenece o milita. Y esa responsabilidad tampoco se identifica en el proceso de entrega de avales, no hay filtros o procesos transparentes para ello, el candidato ve la entrega del aval como un simple protocolo y el partido suma números para el tarjetón electoral. Por otra parte, las coaliciones suponen también un riesgo porque atomizan el sistema de partidos. Si es un reto para la democracia la presencia de más de 30 partido políticos, las coaliciones y entregas de coavales producen en el electorado desidia por el ejercicio democrático, la percepción de que los partidos políticos no son más que redes de corrupción. La representación se desdibuja entonces y los partidos terminan siendo una mera formalidad para la entrega de credenciales, y sin una debida representación, el principio de autoridad a cambio de la rendición de cuentas no se configura como una obligación o deber público por parte del representante. La gravedad de esta situación deja entrever en qué términos quienes cuentan con los medios para “hacer política”, manejan estas instituciones desvirtuando su función principal, la representación. Todo esto conduce al dualismo de conceptos que se plantea al inicio, la representación entra en crisis debido a que la autorización se convierte en algo simbólico para el funcionario, por lo tanto, la ciudadanía no se siente representada por sus representantes y la participación es cada vez menor a causa del abstencionismo. Es decir, si no se confía en los candidatos para llegar a los cargos públicos, ejercer el derecho al voto deja de ser un atractivo para el electorado. Asunto identificado en las Elecciones Regionales del presente año, según los resultados expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la abstención electoral se incrementó, pues pasó del 39,44% hace cuatro años a 40,91% en estos comicios. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario resaltar la importancia de la estabilidad para un sistema de partidos, es decir, su capacidad para mantenerse funcional y resistir perturbaciones o crisis que puedan surgir. Algunos elementos clave que contribuyen a la estabilidad de los sistemas políticos incluyen: la legitimidad del sistema político para que los ciudadanos puedan percibir que el gobierno tiene el derecho y la autoridad para gobernar. La presencia de instituciones políticas fuertes y eficaces que puedan garantizar de manera correcta la entrada y salida de demandas hacia el Estado con sus respectivas soluciones. Esto incluye a los partidos políticos, cada vez más ineficientes y sin carácter en las regiones del país donde la democracia funciona a partir de la compra de votos y las directrices de los clanes políticos. Además, la participación ciudadana, esta debe ser activa y significativa, puesto que, cuando los ciudadanos sienten que tienen la oportunidad de influir en las decisiones políticas, es más probable que respalden el sistema. En concordancia con lo anterior, para mitigar la crisis del sistema de partidos, será necesario partir de los preceptos ya expuestos y direccionar el funcionamiento de estos hacia la estabilidad, porque actualmente con las características del sistema, la crisis se fortalecerá. La confluencia de distintas ideologías y corrientes representadas por los partidos tradicionales que no agrupan a todos los colectivos, el dinamismo de los líderes pululando de un sector político a otro, la corrupción, el clientelismo, la sectorización del poder a través de los clanes políticos, actúan como herramientas para la fragmentación de los partidos a nivel interno y a la vez generan una falsa lealtad al partido como institución al punto de pasar de un espectro político a otro sin repercusiones o sin dimensionar las afecciones que le provoque a la democracia.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista El mismo Petro ha manifestado que "la oposición tiene que ser un poquito más inteligente", pero al ver ciertas estrategias empleadas por la oposición a este gobierno, más allá de cuestionar su inteligencia, pienso es en lo profundamente manipuladores y oportunistas que son. La oposición cada día perfecciona el uso de la manipulación política. Se vale de diversas formas y canales, y su objetivo es claro: controlar a las personas, incluso si esto implica basar sus posturas en mentiras y usar argumentos poco inteligentes. Uno de los tantos ejemplos de esto es el choque de trinos entre el presidente Petro y el columnista Diego Santos, quien, con un sarcasmo irresponsable, hizo la ridícula pregunta de si podía vender drogas, a lo que Petro respondió: "Vas preso". Un intercambio que, a primera vista, puede parecer un juego de palabras, pero que en realidad pone de manifiesto la estrategia (a veces no tan coordinada) de la oposición de distorsionar la información sobre las decisiones del gobierno y así generar confusión y malas interpretaciones en la opinión pública. No solo se han atrevido a tergiversar la información sobre temas como el porte y consumo de la dosis personal, la solicitud de crédito de vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez, sino que también han especulado sobre la salud del presidente: que, si tiene asperger, depresión, que tiene problemas de consumo, insinúan alcoholismo y drogadicción. Y no conformes con eso, añaden discusiones cero relevantes como que si la primera dama baila o no en los eventos públicos, o si las ministras usan tenis o que cuánto cuesta la ropa de la hija del presidente. No podemos negarlo, la desinformación es un arma política de gran poder. Se juega con las emociones de las personas, como el enojo, pero sobre todo genera miedo, y las redes sociales son el campo de batalla ideal. La base de esta táctica es la existencia de una ciudadanía desinformada e indiferente que, desafortunadamente, encuentra más fácil creer que cuestionar. Recordemos lo que significó a nivel internacional el escándalo de Cambridge Analytica y sus formas para interferir y cambiar el comportamiento de las audiencias, con especiales consecuencias en escenarios electorales. Pero a nivel nacional, estos sectores, que además son profundamente conservadores, con las mismas estrategias han hecho oposición a importantes agendas públicas desde hace años. Baste recordar los argumentos en los que se sustentó que ganara el NO en el plebiscito por la paz, o las grandes movilizaciones “por la familia” en contra de las cartillas sobre educación sexual y no discriminación en los colegios alegando la existencia de una promoción de la homosexualidad. Los medios de comunicación son grandes protagonistas en esta manipulación. Orientan informaciones y las sesgan, claramente para favorecerse. Afirman imparcialidad y objetividad, pero la realidad es que su contenido está lejos de ser neutral. La oposición al gobierno actual tiene un poder de influencia masiva respaldado por quienes históricamente han ostentado el poder. Su función de comunicar se mezcla con la de influir y crear opiniones, resaltando que las fake news no solo se refieren a falsedades, sino también a noticias sacadas de contexto. La población confía en los medios como fuente de información, y desde ahí, caras visibles como la de Diego Santos, Vicky Dávila, Camila Zuluaga y otras, contribuyen a crear una realidad sesgada e imprecisa. La falta de acceso a información completa y la precaria cultura de verificación mantienen a la ciudadanía en el desconocimiento. Enfrentar a una oposición manipuladora, que utiliza estrategias que no parecen ser inteligentes, es un desafío enorme para el gobierno de Petro, lo que implica seguir defendiendo de las agendas del cambio con argumentos de forma insistente. La verdad y la transparencia deben continuar siendo las aliadas más importantes de este gobierno. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Semana del 05 al 11 de diciembre Siguen las sesiones del Quinto Ciclo de Diálogos y Negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN en México como país anfitrión. Las deliberaciones son confidenciales y solo sabremos los resultados al final del ciclo, lo cual puede ser entre el 15 y el 20 de diciembre. Esperamos buenos resultados. La deliberación pública sobre el secuestro ha seguido. El Ministro de la Defensa Iván Velásquez ha dicho que el ELN permanece en esta condenable práctica y que debe suspender. En igual sentido se pronunció el recién posesionado Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, y el Defensor del Pueblo en comunicación pública. Antonio García, primer comandante del ELN, ha mantenido la defensa pública de las razones que según él respalda el proceder del ELN frente a la práctica del secuestro y ha insistido en que es un tema que el ELN está dispuesto a discutir en la mesa con el Gobierno. Se designó como nueva jefa de la delegación del gobierno a Vera Grabe, antropóloga, política, exsenadora y ex M-19. Las confrontaciones regionales de las que participa el ELN siguen su curso, de manera particular en el Chocó y en el sur de Bolívar y nordeste, con las afectaciones a las comunidades. 1.“Una persona retenida contra su voluntad para beneficio económico ‘es un secuestrado’”, Otty Patiño: 2. ELN tiene 38 secuestrados, aseguró el ministro de Defensa: 3. Defensoría del Pueblo señala que más de 90 personas están secuestradas en Colombia: 4. El cinismo del ELN: ¡El Mane Díaz nunca estuvo secuestrado!, opinión de María Isabel Rueda: 5. El secuestro, en eso estamos, columna de José Félix Lafaurie: https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/jose-felix-lafaurie/el-secuestro-en-eso-estamos-columna-de-jose-felix-lafaurie 6. Defendemos la institucionalidad de la mesa, columna de Antonio García: https://telegra.ph/DEFENDEMOS-LA-INSTITUCIONALIDAD-DE-LA-MESA-12-11 Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Línea Paz Territorial y Derechos Humanos   Aunque luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016 se vio una disminución significativa del fenómeno del secuestro, a partir de 2019 se ha registrado un incremento sustancial en sus cifras, que para el 2020 fue del 75% (92 casos en 2019 vs. 162 casos en 2020), según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO).    Este aumento está directamente relacionado con la ploriferación de Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Organizada (GAO y GDO) que se dio durante 2020 en el gobierno Duque, producto de la pandemia y de la desatención del gobierno frente a los territorios anteriormente controlados por las extintas FARC-EP -recordemos que según nuestros cálculos, Colombia pasó de tener 18 grupos armados en 2018 a 43 en 2022 - . Esto, sumado a la caída del precio de la coca que se siente en algunos territorios del país y el aumento del costo de los insumos, podría haber llevado a los grupos armados y delincuenciales a ver el secuestro como una fuente de renta rápida y a bajo costo [1] .    Según el SIEDCO, la cifra de secuestros en 2021 fue de 160, 2 menos que en 2020; pero en 2022 aumentó de nuevo, sumando 223 casos; y creció dramáticamente en 2023, sumando 287 casos hasta octubre. A fecha de diciembre, es muy posible que el año cierre con el pico más alto desde el año 2016.     Muchos se preguntarán cuál ha sido el impacto de la política de Paz Total del gobierno Petro -que arrancó en agosto de 2022- sobre este delito, frente a lo que hay que decir que las negociaciones con GAO y con la guerrilla del ELN no han tenido efectos positivos en la reducción de la práctica. Entre agosto 2022 (fecha de inicio del gobierno Petro) y octubre de 2023, se registran 411 eventos de secuestro según el SIEDCO de la Policía Nacional.    Sin embargo, es fundamental resaltar que así como el delito del secuestro no ha disminuido con la política de Paz Total, no son los grupos con los que el gobierno mantiene actualmente negociaciones políticas los que más secuestran, como pareciera ser producto del ambiente mediático y de opinión. De hecho, según datos de la JEP, en el 60% los casos de secuestro que registran entre agosto de 2022 y octubre de 2023 no se conoce el presunto perpetrador, al ELN le corresponden el 11% de los casos y a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) el 10%.    Si atendemos la distribución geográfica de este flagelo encontramos que entre agosto de 2022 y octubre de 2023 los municipios más impactados por casos de secuestro son: Bogotá (24%), Cali (23%), Cúcuta (21%), Medellín (20%) y Buenaventura (12%). Esto lo que demuestra es que el secuestro es un delito que afecta principalmente a las grandes capitales, es decir, en donde operan generalmente bandas criminales asociadas a la delincuencia común, las cuales emplean el secuestro extorsivo como una fuente preeminente de ingresos y financiamiento.     Esto significa que si hoy en día el ELN devolviera todas las personas secuestradas que se encuentran en su poder, la tendencia de este delito muy seguramente continuaría al alza, dado que no es el único ni el principal actor involucrado. Pero el hecho de que la disminución del secuestro no dependa del compromiso de los actores armados en las mesas de diálogo, no quiere decir que no se requieran acciones inmediatas del Gobierno y la Fuerza Pública que empiecen por contar con mejor y más información, campañas de prevención y reducción de la impunidad.    Le invitamos a leer nuestro informe completo sobre secuestro:  [1]  Podría decirse algo similar de la extorsión, cuyas cifras también están al alza en el país.