Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Cuando en el mito griego se le prohíbe a Prometeo compartir el fuego –el fuego como metáfora del humanismo y del progreso técnico–, realmente se le está pidiendo que no lo propague a través de lo que llamamos educación; es decir, con procesos facilitadores del aprendizaje. En fin, sabemos que los dioses le exigieron a Prometeo que negara el conocimiento y sabemos que el titán les desobedeció. Con la educación y la consecuente trasmisión del conocimiento, comenzaría el desarrollo de la civilización. Ese “primer motor” al cual se refería Aristóteles, como al único Dios, era realmente la educación: conocer y saber para hallar la verdad. De hecho, el profesor del estagirita, Platón, ya había clasificado la educación y le había precisado sus alcances. En el estado platónico, la educación se impartía de modo semejante a hombres y mujeres, y determinaba la clase a la cual pertenecían los individuos, según sus méritos y aptitudes. No en vano estos primeros filósofos le incrementaron al “progreso técnico” compartido por Prometeo el “progreso teórico” y la civilización occidental salió adelante indefectiblemente. El conocimiento empezó a profesarse de manera eficiente e inequívoca, al establecerse técnicas básicas e inamovibles de procedimiento. Surgieron las reglas de instrucción para facilitar el hacer y surgieron, más allá del sentido común, las fórmulas de la lógica para comprender. La instrucción en procesos de hacer se volvió norma en los núcleos poblacionales que pretendían categorizarse como desarrollados. De ahí la Biblioteca de Alejandría, el surgimiento de las universidades, el desarrollo de la imprenta, la invención de la máquina de escribir y hoy la llamada Inteligencia Artificial, que en buena parte –al igual como lo haría Prometeo– ha democratizado, cada vez más, la propagación del conocimiento. No obstante, como la educación no está comprometida en términos de su aplicación con criterios éticos o morales, ha sido utilizada por parejo, tanto para profesar conductas benévolas, como para impulsar las malas costumbres y las guerras. Todavía se tiene como preceptos básicos de la contienda armada, por ejemplo, las lecciones de Sun Tzu, acerca de la táctica y la estrategia militar en una situación meramente de estructura educacional negativa: “para triunfar en cualquier tipo de lucha hay que usar el engaño”. Muchos gobernantes han visto en la educación algo que puede soslayarse, que puede negarse, o peor, que puede malversarse. Durante el llamado oscurantismo, lo que hicieron los representantes de la iglesia al apropiarse del conocimiento, fue prohibir la educación; y cuando los amos del medioevo y los jefes de las monarquías encontraron que vedándola o malversándola se podía hacer esclavos a los pueblos, entonces desarrollarían lo que más tarde el filósofo francés Louis Althusser denominó “aparato ideológico de estado”. Althusser desde luego no se refirió a la educación para criticar que los gobernantes favorecieran el desarrollo y la democratización del conocimiento; sino, por el contrario, lo hizo para denunciarlos; pues, la mayoría de ellos, si no todos, niegan la educación o la pervierten. Algo así como usar la estrategia comunicativa del modelo de la educación para la producción en serie de ignorantes: te niego lo esencial y te cargo de noticias falsas. Ahí es cuando adquiere el nombre de “aparato ideológico” en su acepción negativa, que no define una virtud cerebral, sino un instrumento malversador de la realidad. Contra ese uso perverso de la educación, numerosos pensadores, filósofos y estudiosos del siglo XX se dieron a la tarea de encontrar formas benévolas de resistencia civil contra la opresión estatal. La respuesta, paradójicamente, fue una predecible tautología: el mejor mecanismo para formar educativamente a los pueblos, es proporcionarles educación. Se trata de instruir para evitar la construcción de mecanismos de defensa armamentísticos (las llamadas revoluciones violentas) y encontrar fórmulas de resistencia cognitiva (los llamados cambios sociales). La diferencia entre uno y otro de estos dos caminos –el de la buena o mala educación– se manifiesta implícita y explícitamente en la conducta: o robas y matas a los otros, o respetas lo ajeno y tienes compasión por tus semejantes. El primer camino es el mismo que señalara Hobbes, en el que el hombre es lobo para el hombre; y el otro camino es el de la fraternidad comunitaria (no el comunismo, ni tampoco el socialismo, peyorativos; sino la simple comprensión de la justa y sana convivencia). Desafortunadamente, lo corriente es que los mandatarios –de izquierda o de derecha– condicionan los modelos educativos de sus programas de gobierno para hacer el mal, antes que para hacer el bien. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, hasta desmontó la materia de Historia de Colombia en los colegios y, como él, el expresidente Duque,¡ criminalizó a los profesores asustando a los padres de familia para que les tuvieran desconfianza moral e hicieron de los colegios y de las universidades opciones de alto costo monetario, haciendo de la educación –en la aplicación del aparato ideológico de Estado– un derecho negado a la mayoría. En el caso del presidente Petro, sin duda el primero en la historia política del país que toma el camino de la buena educación, ha insistido siempre como líder político y ahora en calidad de mandatario, en el principio de que la educación es primordial para desarrollar el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas y, en tal suerte, hacernos menos enemigos de la paz y más enemigos de la guerra. Para cuidar el planeta, para que se desarrolle aquello que tanto se le endilga al cristianismo como bandera, pero que los mismos cristianos esquivan con egoísmo, como es el amor al prójimo. El amor al prójimos significa que no quieres ver a los jóvenes en las cárceles –porque los atraparon actuando bajo el esquema de la mala educación o de la educación negada–, sino verlos felices trabajando, divirtiéndose y creando porque actúan bajo el esquema de la educación compartida (recuerden de nuevo a Prometeo). Esto hay que festejárselo al presidente Petro, que ha anunciado, a propósito de lo mal que nos fue en las pruebas Pisa –autoridad en la medición del rendimiento académico de los países– que la educación será gratuita en todos los niveles y para toda la población, poniendo a funcionar de nuevo ese “primer motor” del que hablara Aristóteles y a compartir también el fuego. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Gabriela Chacón Bermudez, Enlace Territorial de Norte de Santander El pasado 25 de noviembre, en Cúcuta, Norte de Santander, en las instalaciones del Hotel Tonchala, se reunieron en el marco de un diálogo ciudadano tres mujeres lideresas y firmantes de la paz: Omaira Fuentes, de Arauca; Felisa Vargas, de Santander; y Lucy Soto, de Norte de Santander. Con el acompañamiento de Gabriela Chacón, directora de la corporación Casa Puentera, investigadora y feminista; y Kelly Ibañez, coordinadora del programa Jóvenes Resilientes de USAID, activista y feminista, se abordó, desde la escucha activa y el diálogo incluyente, la percepción de la construcción de paz en el marco del séptimo aniversario de la firma del acuerdo entre la antigua guerrilla de la FARC (Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia) y el Estado Colombiano. Foto: Pares El primer segmento del espacio abordó la pregunta sobre ¿cómo es ser lideresa de paz?, a la cual las tres destacaron que era un riesgo muy alto, ya que, solo en este año, han asesinado a más de cuatrocientos firmantes. Además, el hecho de ser mujeres las pone en una situación diferencial y de mucha preocupación, reconociendo la tasa de feminicidios en el país. Juntas destacaron que el aumento de los índices de violencia hacia firmantes demuestra el gran vacío que está viviendo el Acuerdo en términos de implementación. Por tal razón sugieren reforzar la pedagogía para la paz, para reconocer lo que se pactó y así avanzar en la disminución de la violencia hacíi lideresas o agentes de paz. Omaira Fuentes resaltó que en Arauca hay una división del territorio entre quienes apoyan el acuerdo firmado pero no apoyan las negociaciones actuales, y por quienes apoyan las negociaciones actuales, pero no el acuerdo firmado. Para ella esta situación representa un gran reto en términos de sensibilización, formación, e incidencia para la paz, pero también demuestra la presión que puede ejercer el control territorial del ELN (Ejército de Liberación Nacional). “En Arauca hay quienes piensan que el acuerdo no sirvió y algunos medios han alimentado esa narrativa”, mencionó Fuentes para también destacar que el rol que tienen ellas como firmantes ha sido tergiversado por medios de comunicación al reforzar estereotipos contra quienes hoy, luego de un conflicto armado, contribuyen a la paz. En el siguiente segmento conversaron desde sus experiencias sobre ¿cómo se puede tener una paz duradera? Por un lado, reforzaron la idea de la implementación de la pedagogía de paz, pero también alertaron la necesidad de contar con más apoyo por parte de las entidades estatales. “No, nos dejen solos”, destacó Felisa Vargas para hacer hincapié en la necesidad de reconocer el Acuerdo como un pacto de todo el país, no solo de aquellas personas que firmaron. Ella mencionó que la Misión de Verificación de la ONU ha sido una gran ayuda para ellos y ellas, y por eso desean que el gobierno empiece a generar capacidades instaladas que les permita a firmantes alternativas a la reintegración para la no repetición. Sin embargo, estas mujeres aprovecharon este espacio para hacer algunas críticas sobre el antiguo Alto Comisionado Para La Paz, que, según ellas, estaba alejado del acuerdo y desconocía el pacto entre la antigua guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano, pero por otro lado se sentían tranquilas con la llegada del nuevo comisionado, por su experiencia que tiene actualmente con las negociaciones entre ELN y el Gobierno Colombiano. Un conclusión muy importante que abordaron las firmantes para poder hablar de la Paz Total fue el hecho de mejorar las acciones de la Unidad de Restitución de Tierras en la implementación, ya que para ellas y ellos como firmantes del acuerdo, este es el primer punto del Plan Marco de la Implementación del Acuerdo de Paz (PMI). “Cuando las personas que fueron desplazadas por el conflicto puedan volver a sus territorios, la paz se podrá fortalecer, ya que habrá reparación”, afirmó Lucy Soto. Cúcuta, es un territorio fronterizo de Colombia, donde hay presencia de grupos armados que dificultan la construcción de paz en el territorio, pero a pesar de esto, por primera vez, se estaban reuniendo en un espacio ciudadano firmantes del acuerdo. Logrando generar una incidencia ciudadana que permitiera construir paz desde el diálogo. Por eso, el último segmento abordó el cuestionamiento de: ¿cómo se puede construir la paz en la frontera?. Las tres destacaron que el Acuerdo de Paz es un referente a una salida política del conflicto, pero que es responsabilidad tanto del Gobierno Nacional, así como de los gobiernos locales y de la ciudadanía impulsar escenarios de participación para la construcción de una política pública migratoria, la cual permita acabar con la violencia armada. Es necesario que los nuevos acuerdos políticos de paz, los cuales buscan contribuir a la Paz Total, cuenten con un enfoque migratorio. Ya que hay grupos armados transfronterizos que inclusive fueron fundados en países vecinos, o están organizados en países vecinos. Como lo es el caso del Tren De Aragua, AK 47, La Segunda Marquetalia y el ELN. El panorama luego de siete años de la firma del Acuerdo de Paz es esperanzador, teniendo en cuenta que a pesar de los retrasos que tuvo la implementación con el gobierno pasado, actualmente hay un nuevo gobierno con voluntad, el cual quiere construir la paz desde los territorios. Pero hay algunos retos en términos de reforma rural, participación política de la mujer, enfoque migratorio, seguridad y pedagogía de la paz. Puntos que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez deben tener como prioridad si desean tener éxito tanto en la implementación de lo firmado así como en los nuevos acuerdos que se deseen firmar.

Por: Juan Manuel Torres Erazo, Coordinador Oficina Pares Pacífico Fotos tomadas de: El Tiempo, Radio Nacional de Colombia y El País El corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, ha ganado amplio protagonismo en el proceso de la Paz Total. A continuación, les presentamos 10 puntos importantes a considerar para analizar el contexto de este territorio: 1. ¿Dónde queda el corregimiento de El plateado? Es un corregimiento del municipio de Argelia, departamento del Cauca, queda en el núcleo del Cañón del río San Juan del Micay que se forma en la Cordillera Occidental. Este pueblo y su zona de influencia conecta, de oriente a occidente, a Popayán-El Tambo-El Plateado con Belén Guapi, que es la futura vía al mar; pero también, de sur a norte, conecta a Argelia-El Plateado-San Juan del Mechengue hasta López de Micay, que es otro enclave que se ha venido consolidando. El plateado es el nodo que comunica a toda esa región y por eso es un corregimiento tan importante. 2. El poblamiento Este es un corregimiento que tiene una historia reciente desde los años 50, que un señor evangélico y afro, de nombre Miguel Zapata, fue a explorar esos terrenos con ganas de poder fundar un pueblo. Desde el inicio estuvo atado a lo que venía pasando en el en la cabecera de Argelia y lo que venía pasando en Huisitó, por donde llegaban los caminos de mula que conectaban a este territorio con las centralidades del departamento. Fue un pueblo dedicado a la agricultura, especialmente al arroz de secano, cacao, caña y frutales, que tuvo muy poca o relativa importancia hasta los años 70 que comenzaron a llegar colonos blancos mestizos del mismo municipio y de diversas regiones de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el Eje Cafetero a los territorios baldíos. Además, en esa ápoca se comenzó a consolidar la conexión con el San Juan del Mechengue, un pueblo de gente negra aislado por 150 años y que existe hace más de 3 siglos, que, junto a las poblaciones llegadas del Valle del Patía. Así se configuró la población que fue aumentando en El Plateado, pasando de unas pocas familias alrededor de la plaza, hasta fluctuar entre 8 mil y 12 mil habitantes, según los días de la semana y las épocas de bonanzas, con gente de los lugares más insospechados de Colombia y, en los últimos años, hasta un 10% de población venezolana. 3. El desarrollo al margen El corregimiento de El Plateado, de ser de un caserío mínimo pasó a ser un pueblo imponente. Iniciando la década de 1980, existían menos de 100 casas, ahora son por lo menos 2.000 casas, muchas de ellas nuevas y en lotes de grandes dimensiones. Mucho del desarrollo de infraestructura y prestación de servicios públicos, la llegada de la vía, la interconexión eléctrica, el inacabado acueducto que todavía no brinda agua potable, la construcción de una escuela que ahora es una institución educativa de más de 1.200 estudiantes, etc., se ha logrado gracias a la acción comunitaria o de manera tardía por parte del Estado. El mismo ordenamiento territorial se ha planificado al margen del desarrollo central del país. El sociólogo José María Rojas comentó sobre sus anchas calles y disposición de las manzanas y espacio público, que parecía un pueblo diseñado por los rusos. Por todo lo anterior, esas poblaciones son muy fuertes en las juntas de acción comunal, por eso el trabajo también ha sido colectivo y por eso también hay un sentido contra estatal: muchas de las normas, comportamientos, reglas que rigen el corregimiento, no siempre se inscriben en los mandatos que pueden salir de las normas nacionales, allá existen unas formas propias. En tal sentido, acercar el desarrollo de la nación a zonas que han estado al margen es supremamente importante, pero no para que estigmaticen a las poblaciones cuando realizan cierto tipo de acciones que de pronto, desde nuestro lugar, no podemos comprender. 4. El enclave cocalero Hacia finales de los años 70 llegaron las primeras matas de coca a la región, principalmente la pajarita caucana. Se instaló y funcionó, sobre todo en la parte baja de El Plateado. Poco a poco esta zona se fue convirtiendo en cocalera, a la que después de llegaron otras especies como la boliviana, la peruana, la tinga, la pinga, etc. También ha habido sucesivas crisis y momentos de auge, siendo la crisis más profunda la que se ha dado en el último año en las zonas cocaleras por los bajos precios de venta, los altos costos de los insumos para la producción, el bajo flujo de capitales y la presión contra las diferentes cadenas del narcotráfico. Se venía de un crecimiento sostenido de la hoja de coca en los en los últimos 10 años -que llevó a la generación de nuevas especies resistentes a las plagas y que además que se reproducen muy rápido- que hizo del eje del corregimiento de El Plateado con el San Juan de Mechengue el cuarto en clave cocalero del país con más de 15mil hectáreas. Anotando que lo es en cuanto a hectáreas sembradas, porque una hectárea en El Plateado puede producir 2,5 o 3 veces más que una hectárea sembrada en Tumaco. La productividad puede ser 3 veces superior porque el territorio ofrece todo tipo de servicios: el pueblo tiene 30 hoteles, decenas de restaurantes, mano de obra disponible, ofrece todo tipo de esparcimiento, tiene colegio para los niños y niñas, tiene un comercio boyante en el que se puede conseguir todo tipo de productos. Todas esas condiciones han hecho que prospere, por supuesto, también porque ha habido una seguridad o una presencia de las guerrillas y de otros grupos armados. 5. La llegada de la guerrilla Por la misma época de la coca llegó la guerrilla de las FARC. Luego, coincidiendo con la Octava Conferencia de las FARC en 1982, la guerrilla se consolidó en el territorio. Inicialmente la injerencia la hizo el 8vo Frente, que se expandió hacia la zona del corregimiento de El Plateado y a lo largo del municipio de Argelia. Hubo momentos muy difíciles en los años 80 que, en ese momento, pusieron en riesgo los acercamientos de paz con la coordinadora guerrillera a raíz de un secuestro de personajes notables del Cauca, también con el asesinato de inspectores de policía y de jóvenes. En los años 90 la guerrilla había tomado un poder enorme, desde la parte baja preparaban ataques hacia la cabecera. A mediados de esa década se conformó el 60 frente de las FARC exclusivamente para el municipio de Argelia, denominado el Jaime Pardo Leal, que también realizó tomas y ataques guerrilleros tanto a la cabecera de Argelia como al corregimiento El Mango, lo que ubica a Argelia, junto a Toribío y El Tambo, como los municipios más afectados en la historia del conflicto del país. 6. Los impactos de la Seguridad Democrática Hay algo que marca esta historia y es la política de Seguridad Democrática en la época de Álvaro Uribe Véle. El Estado arrinconó un poco a las guerrillas y después de un desafío en un consejo comunitario de que no era capaz de llevar policía al Cañón del Micay, para finales del 2007 se instaló la policía en los corregimientos de El Mango y de El Plateado. Estos puestos sufrieron sucesivos ataques por parte de una guerrilla fortalecida. En El Plateado, la estación de policía, que habían convertido también en caseta comunal, duró dos años. En El Mango la policía duró hasta el año 2015, cuando se retiró, pues el pueblo ya estaba destruido casi en su totalidad. La llegada de la policía coincidió con la llegada de grupos herederos del paramilitarismo como Los Rastrojos, que entraron en el municipio de Argelia y se apoderaron de la parte alta, después de una fuerte confrontación con el 60 Frente de las FARC-EP. Salieron derrotados y murieron cientos de paramilitares. Todo ese reacomodamiento terminó hacia el año 2011, cuando el Frente José María Becerra del ELN, que también que había estado en confrontación con las FARC, se quedó con la parte baja del corregimiento de El Plateado, en la cuenca media del Cañón del Micay. Por su parte, el 60 Frente Jaime Pardo Leal, retomó todo su poder desde El Plateado hasta Argelia. 7. El Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP El municipio de Argelia fue de los territorios en los que se dispararon balas hasta los últimos tiempos del conflicto armado interno, hasta pocos días antes del Cese al Fuego Bilateral. Desde entonces y pasando por la firma del Acuerdo Final se abrió una ventana de oportunidad desde mediados de 2015 hasta el 2017. En ese periodo se acercó a esos territorios una posibilidad de que el Estado llegara con proyectos, con nos planes de sustitución gradual de sus economías, con un desmantelamiento de las redes criminales, con una solución para el problema de la tierra con participación política para esas poblaciones. Lastimosamente, no se dieron las cosas como debían darse y con Santos y Duque la oportunidad se perdió y se reflejó nuevamente en todas las victimizaciones, en todos los delitos que se han cometido en esa región, se perdió esa oportunidad porque no se hizo la tarea y el retroceso es evidente, acompañado de una crisis en el campo por la caída cocalera. 8. El contexto actual y la Operación Trueno Es muy importante que el gobierno haya priorizado el Cañón del Micay por una simple razón y es que es un territorio que sido relegado porque allá todo parece más difícil. En esa región está muy marginal el desarrollo, falta que se integren a la dinámica nacional y que la violencia cese porque es muy grave la situación humanitaria con muchas poblaciones en riesgo. Pocas veces el gobierno ha llegado hasta allá, siempre le hacían el quite, pero al entrar a ver otras zonas del Cauca, resaltan El Plateado y El Cañón del Micay como zonas en alerta. La Operación Trueno es una de las operaciones militares más grandes del actual gobierno y que ha avanzado en un repliegue inicial del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. ¿Qué pasó para llegar a una operación de esta magnitud después del Acuerdo de Paz? Hace 4 años llegó el Frente de Carlos Patiño desplazó a la guerrilla del ELN que mantenía injerencia con el Frente José María Becerra. Así, las disidencias también ganaron posiciones a otros grupos que estaban protegiendo ciertos enclaves y se hicieron amos y señores de esta región. También se conformó la presencia de la Segunda Marquetalia con el Frente Diómer Cortés que controla la parte media del municipio de Argelia. Por eso, en los últimos años ha habido muchas confrontaciones. Es el territorio más complejo del país. La Operación Trueno avanzó hasta rodear el corregimiento de El Plateado, pero nunca un soldado había podido entrar al corregimiento como tal. Fue por el Plan Democracia que en la mesa de negociación se acordó que el Ejército podía entrar con el material electoral, pero que se tenía que retirar unos días después. Esto puede ser muy difícil de comprender y creer: el Estado está cediendo territorio de la nación al control de un grupo armado; pero ese control ya se había perdido, se lo habían ganado de facto, con muchas violaciones de derechos humanos. Pero, además, son estos grupos quienes gobiernan esos territorios, además ganaron control de toda la dinámica económica y social que se da desde este centro poblado hacia la parte baja en el Cañón del Micay. Ojalá pudiera estar en algún momento el Estado con toda su infraestructura, pero las poblaciones tienen que acomodarse en su gobernanza para poder, sea con el que sea, sacar también sus familias y procesos comunitarios hacia adelante. Son territorios cocaleros, evidentemente, y que movilizan gran parte de la economía de la región. Sin embargo, es importante que se abra la posibilidad para que retornen ciertos líderes que han sido amenazados por uno u otro grupo armado y que han tenido que desplazarse. 9. ¿El Plateado es la capital de la región piloto del plan de sustitución gradual de economías? Comprender el contexto específico es muy importante. Otra salida que parece tener clara el gobierno es priorizar a esa región del Cañón del Micay, con capital en el corregimiento de El Plateado, para que sea el piloto del plan de sustitución gradual de economías en el marco de la nueva propuesta o política para el “problema de las drogas”. 10. Otros datos de El Plateado En el corregimiento de El Plateado viven, por lo menos, 8.000 personas. En los fines de semana son hasta 12.000. Pero el área de influencia puede ser hasta de 30.000 personas. Prácticamente, debería ser un municipio. Está en ciernes el proyecto del hospital para el corregimiento de El Plateado. Se necesita reforzar la educación, en El Plateado está una de las Instituciones Educativas más grandes del Cauca, la I.E.T Miguel Zapata. No hay agua potable, el acueducto siempre se ha quedado pequeño para el crecimiento del pueblo. La PTAR se construyó, pero hay que ponerla en funcionamiento. De más de 80 manzanas que tiene el corregimiento, solo unas 12 calles están pavimentadas y ha sido por obra misma de la población. Es importante la concertación de las obras de infraestructura futuras como es el proyecto de la vía al mar.

Por: Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana; Foro Costa Atlántica Durante 2023 Barranquilla ha llamado la atención del país por el notable aumento de la violencia y la inseguridad. Basta decir que desde enero hasta la fecha han ocurrido cinco masacres en el área metropolitana, dejando un saldo de 18 personas muertas y 30 heridas. Esto, sumado a una extorsión pululante, son muestra de la marcada incidencia que están teniendo las diversas organizaciones delictivas (a todos los niveles: Grupos Armados Organizados –GAO–, Grupos Delictivos Organizados –GDO– y Grupo Delincuencial Común Organizado –GDCO–) en Barranquilla y su área metropolitana. Con el objetivo de dar cuenta del fenómeno de inseguridad en el área metropolitana de Barranquilla y aportar algunas recomendaciones y posibles caminos a seguir para la Alcaldía de Barranquilla y los demás municipios de la región, la línea Conivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y la Fundación Foro Costa Atlántica presentan este informe en el que 1) hacemos un diagnóstico de la percepción de inseguridad de la población barranquillera y su área metropolitana, 2) ofrecemos un mapeo de los principales actores que propician la inseguridad y 3) analizamos las estadísticas de delitos de alto impacto en la región de 2017 a 2022 y 4) proyectamos el plan de seguridad y convivencia ciudadana de la alcaldía de Jaime Pumarejo y sus caminos por seguir en respuesta a este problema. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, los mapas y el análisis, aquí:

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista Si bien Carlos Vives dice que a él no lo ha tocado el patriarcado nunca, sí lo ha tocado, lo que pasa es que como hombre beneficiario del mismo ha preferido desentenderse. Más allá de la opinión ignorante de Carlos Vives sobre el tema, esta situación refleja una falta de comprensión sobre las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad de género. La negación de su existencia significa desconocer la historia que está marcada por las violencias machistas, pero también marcada por las resistentes luchas feministas. Cuando figuras públicas como Carlos Vives niegan la existencia del patriarcado, contribuyen a invisibilizar las experiencias de muchas mujeres que enfrentan diariamente discriminación, violencia y las limitaciones impuestas por estas estructuras, tanto en la industria del entretenimiento como en otros escenarios. No está de más recordar movimientos como “Me Too”, que recogieron cientos de testimonios de mujeres víctimas de acoso y agresiones sexuales en Hollywood. Asimismo, es importante recordar que el patriarcado no se manifiesta de la misma manera para todas las mujeres, y las experiencias varían según elementos como la clase social, la raza y la orientación sexual. Tanto le ha tocado el patriarcado a Carlos Vives en escenarios como la industria musical, en el que las mujeres enfrentan discriminación y subrepresentación, que, según cifras recopiladas por varias organizaciones, aproximadamente el 70% de la industria musical está dominada por hombres, dejando solo un 30% para las mujeres. También, según registra la ONU, esta diferencia se evidencia no sólo en la cantidad de artistas, sino también en la representación en las listas de éxitos, en las que sólo el 22% de las 600 canciones más populares entre 2012 y 2017 fueron interpretadas por mujeres. Porque el patriarcado mata y es tan evidente que es imposible ignorarlo, como lo hace Carlos Vives, me permito resaltar una iniciativa local que surge porque justamente se reconoce la necesidad de hacer algo al respecto. Dicha iniciativa es el Laboratorio Creativo Audiovisual, liderado por el joven Maury Vanegas, quien, desde Buenaventura, demuestra cómo las artes y las culturas pueden convertirse en herramientas poderosas para enfrentar las violencias machistas. Este laboratorio nació en 2022 en el marco del 25N y busca sensibilizar a la comunidad, especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre la violencia contra la mujer. La iniciativa no solo aborda la problemática desde una perspectiva local, sino que también involucra a los y las participantes en la creación de contenido audiovisual, reconociendo la importancia de las herramientas digitales para la generación de conciencia feminista. Fortaleciendo, además, las capacidades artísticas de los y las jóvenes, permitiéndoles ser actores y creadores de mensajes que buscan generar reales transformaciones. Este laboratorio impacta en la comunidad directamente involucrada, y también tiene el potencial de generar un cambio cultural más amplio. La educación en derechos humanos, la resolución de conflictos y la promoción de la igualdad de género son aspectos clave abordados por la organización Jóvenes Emprendedores de Paz, que es desde donde nace el proyecto del laboratorio. Estas son solo algunas de las herramientas para abordar las violencias machistas y hacer frente a las estructuras patriarcales. En lugar de negar su existencia, es hora de que hombres como Carlos Vives se sienten a escuchar y aprender. Desde Buenaventura, no solo reconocemos su presencia, sino que también se trabaja fuertemente para erradicarlo. *Aquí les comparto el último cortometraje hecho por los y las jóvenes en el Laboratorio Creativo Audiovisual en el marco del 25N llamado “Libre Independencia”. Y aquí uno de los cortometrajes realizados en el 2022 llamado “No Confiar”.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Pares; Acción Ciudadana, Guatemala Fotos tomadas de: LaSexta y La Hora Guatemala es uno de los países en América que posee menor capacidad para combatir la corrupción por diferentes factores, como la poca independencia de la justicia respecto a los investigados. Esto ha desembocado en casos que no son juzgados de la debida manera y en sentencias que no son proporcionales a los delitos cometidos por los judicializados, muchos de estos políticos muy cuestionados. Sobre la capacidad de Guatemala de combatir la corrupción, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción[1] del Consejo para las Américas y Control Risks, a corte de 2023 Guatemala se encuentra en la parte inferior de la tabla de 15 países, con un puntaje de 2,86, solo superando a Bolivia (2,56) y Venezuela (1,46). Guatemala experimentó la mayor caída en su puntaje entre 2022 y 2023, con una disminución del 15% año tras año. En 2022 había obtenido 3,38 puntos. Este patrón de descenso se ha mantenido desde la primera publicación del índice. Gráfico No. 1. Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en Guatemala Fuente: ICC 2023 Una de las explicaciones del por qué esta continua disminución en este índice se debe a una reducción significativa en los puntajes correspondientes a la capacidad jurídica de Guatemala para luchar contra la corrupción. Esto quiere decir que hay un Estado en el que las autoridades que deben impartir justicia no lo hacen de la mejor manera y muchos casos, o quedan en la impunidad, o no hay proporcionalidad en las penas respecto a los delitos cometidos. Esto se suma a que la Corte Suprema de Justicia, la cual, según la Constitución de Guatemala, debe elegirse cada cuatro años, no había sido elegida en el 2020 como debería haber pasado sino hasta noviembre de 2023. Los magistrados de esta alta corte duraron en su cargo el periodo 2016-2020 y gran parte del periodo 2020-2024. Quienes fueron elegidos para terminar el periodo constitucional 2020-2024 solo estarán en el cargo unos cuantos meses hasta que el nuevo Congreso elija los trece magistrados para el periodo 2024-2028. Antecedentes de lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala: CICIG Fenómenos de corrupción e impunidad han sido comunes en la historia moderna del país Centroamericano, por ello en 2007 se estableció la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG se estableció como un organismo independiente que surgió por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ON) La CICIG, establecida en 2007, tuvo como objetivo principal apoyar al Estado guatemalteco en la investigación y judicialización de casos de corrupción y crímenes relacionados con el narcotráfico que involucraban a funcionarios públicos y grupos poderosos. También tenía la potestad de proponer reformas legales para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala. Este trabajo se dio de la mano, especialmente, del Ministerio Público (MP). Durante la estadía en suelo guatemalteco la CICIG trabajó fuertemente en la revelación y enjuiciamiento de varios casos de corrupción que implicaban a personas de muy alto perfil. Uno de los casos más emblemáticos de la CICIG fue el de Otto Pérez Molina. Para abril de 2015, Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, renunciaron a sus cargos por el caso de “La Línea”, un escándalo de corrupción aduanera investigado por la CICIG que generó que el Congreso de este país le retirara la inmunidad al entonces presidente. La CICIG específicamente investigaba 40 casos de cobros ilegales y contrabando que dependían de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). A partir de la revisión de más de 80.000 grabaciones telefónicas, los investigadores encontraron referencias a “el uno” y “la dos”, que serían Pérez Molina y Baldetti. Pérez Molina fue detenido tiempo después de renunciar. Para el 18 de octubre de 2015 el MP solicitó condenas contra los implicados en este caso. Las condenas pedidas contra Pérez Molina y Baldetti fueron de 30 años y una multa de 73,1 millones de Quetzales. Los delitos por los que se solicitaron las respectivas condenas fueron por asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. En 2015, quien ganó las elecciones presidenciales tras la renuncia de Pérez fue James Ernesto Morales Cabrera, mejor conocido como Jimmy Morales, quien en 2017 decidió declarar como persona no grata y expulsar a Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia y entonces Jefe de la CICIG. Para ese momento, el organismo adscrito a la ONU había pedido enjuiciar a Morales por delitos presuntamente cometidos durante la campaña de 2015. La CICIG también investigó al actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. En 2010, el MP y la CICIG acusaron a Giammattei y a otros funcionarios de haber sido partícipes de lo que habrían sido ejecuciones extrajudiciales. Estas se habrían dado en una operación que pretendía recuperar el control de una cárcel. El actual presidente estuvo en prisión por 10 meses, hasta que un juzgado cerró el proceso porque en su criterio no habían suficientes pruebas para seguir con esa investigación. En septiembre de 2018, el presidente Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG y la entidad concluyó sus operaciones en septiembre de 2019.La salida de la CICIG dejó un vacío en los esfuerzos contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. También permitió que los actores poderosos que se vieron afectados con las investigaciones de la CICIG retomaran sus posiciones de control de las instituciones públicas. Este proceso de recaptura de las instituciones públicas se dio acompañado de una estrategia de búsqueda de impunidad con dos elementos altamente notables. Por un lado, la persecución y criminalización de jueces y fiscales que llevaron importantes casos de corrupción, así como también la criminalización contra periodistas, organizaciones de sociedad civil, activistas anticorrupción. Paralelamente al proceso de minar las instituciones de justicia se empezaron a dictar sentencias absolutorias contra algunos de los implicados en los casos que investigó la CICIG. Esto generó preocupaciones sobre la capacidad del país para abordar efectivamente la corrupción y la lucha contra la impunidad en el futuro. Al parecer las preocupaciones y miedos se hicieron reales, pues casos contra personas de la política como Otto Pérez Molina y Alejandro Sinibaldi han visto reducciones en sus condenas. Caso Otto Pérez Molina Por el caso de La Línea, Pérez Molina -investigado inicialmente por la CICIG- fue condenado el 07 de diciembre de 2022 a 16 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera. La condena determinó que tanto Pérez como su vicepresidenta Baldetti estuvieron al frente de un esquema de corrupción que defraudó al Estado por aproximadamente 3,5 millones de dólares. Pues permitieron, según la condenan, que algunas empresas importadoras evadieran impuestos a cambio de sobornos. Pese a esto, la Fiscalía pedía 30 años de prisión, pero la jueza Jeannette Valdés absolvió a Pérez del cargo de enriquecimiento ilícito pese a que la Fiscalía había presentado más de cuatro mil medios de prueba y 562 documentos aduaneros contra los señalados. También a Pérez, el 06 de septiembre de 2023, la justicia guatemalteca lo condenó a ocho años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Pérez aceptó cargos de cargos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude. La jueza Eva Recinos, del Tribunal de Mayor Riesgo "B", fue quien condenó a Pérez a 8 años de prisión y no los 22 que solicitaba la Fiscalía. Antes Recinos, el 22 de agostos de 2023, había beneficiado a Otto Pérez, en el marco del caso Cooptación del Estado, con la medida de arresto domiciliario y una caución económica de 300 mil Quetzales para salir de cárcel Marisca Zavala. Recinos, quien fue asignada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a inicios de 2023 como titular del juzgado de Mayor Riesgo “B”, en reemplazo del juez Miguel Ángel Gálvez, quien renunció porque, según él, no tenía independencia judicial. No es la primera vez que toma decisiones polémicas respecto a Pérez u otros políticos implicados en esquemas de corrupción. Uno de estos casos, además del de Pérez, es el de Sandra Torres, excandidata presidencial, a quien el 2020 Recinos, como jueza de Mayor Riesgo “E”, le otorgó arresto domiciliario y 800 mil Quetzales de multa por el caso del financiamiento ilícito de UNE. Otro caso manejado por Recinos fue el del viceministro de la Gobernación Remberto Ruíz, quien junto con Fermín Iván Ortiz Maquín y Marvin René Donis Orellana, fueron acusados del asesinato del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez, el cual se dio el 01 de junio de 2012. Pese a las pruebas mostradas por la Fiscalía, la jueza argumentó el 07 de agosto de 2019 que no encontró indicios suficientes para vincular a Ruíz, a Ortiz y a Donis en la investigación del asesinato de Ramírez. La decisión más reciente de Recinos gira en torno al caso Cooptación del Estado. Recinos, el 23 de noviembre de 2023, decidió cerrar el proceso de lavado de dinero y cohecho pasivo que se adelantaba en contra de varios ministros de la administración de Otto Pérez, entre los cuales se encontraban: Mauricio López Bonilla (Gobernación), Noé Ulises Anzueto (Defensa), Alejandro Sinibaldi (Comunicaciones), Dwight Pezzarossi (Cultura) y Carlos Batzín (Cultura). De igual manera este cierre del proceso benefició a Rudy Gallardo, exdirector del registro Nacional de las Personas (Renap), a Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y a Emilia Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC). Resulta curioso que Recinos haya tenido en sus manos casos emblemáticos que implicaban a integrantes del mundo político y que sus decisiones hayan sido cuestionadas y a veces no acordes a los solicitado por la Fiscalía respecto a los delitos cometidos por los judicializados Caso Alejandro Sinibaldi Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Pérez Molina fue acusado de blanqueo de dinero y cohecho pasivo por supuestamente haber recibido, de 2011 a 2013, aproximadamente 18 millones de dólares en sobornos para beneficiar con contratos a la empresa brasilera Odebrecht, empresa que en otros países también tiene escándalos y condenas sobre esquemas de sobornos. Pese a la acusación, en julio del 2023, el juez del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Juan Jiménez ordenó el cese la investigación contra Sinibaldi. Por esto la FECI apeló la decisión de Jiménez, pues, según la Fiscalía, esta cuenta con la información suficiente para dar apertura a un juicio contra Sinibaldi por su presunta participación en la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo. El 28 septiembre de 2023 una sala de apelaciones ordenó reactivar el juicio contra el exministro de Comunicaciones. Recordemos que por hechos de presunta corrupción Sinibaldi fue prófugo de la justicia cuatro años hasta que se entregó en el 2020. De igual manera en 2019 la justicia de Guatemala condenó a tres personas que tuvieron algún tipo de cercanía con Sinibaldi. Sobre el caso de Sinibaldi, el juez Juan Jiménez, el cual ordenó en una primera instancia el cierre de la investigación, tiene ante el MP una denuncia sobre una presunta intención de Jiménez de favorecer al exministro de Comunicaciones José Luis Benito, quien tiene como juez a Jiménez, por el caso de los 122 millones Quetzales y el de Libramiento de Chimaltenango. Panorama de cara al futuro Jueces como Jiménez y Recinos ponen en peligro la institucionalidad guatemalteca, sea porque están permeados por estos poderes que se juzgan o porque toman a la ligera su trabajo. Cualquiera de las dos es grave, porque en un país donde hay tan altos niveles de corrupción es necesario que se investigue y se judicialicen los casos de estas personas con los castigos que la ley impone, ni más ni menos. Hay otros muchos casos más, como los de Pérez o Sinibaldi, que han sido manejados por jueces que han dejado más dudas sobre su actuar y sus decisiones que certezas y tranquilidad sobre las mismas. Pareciera existir una estrategia de impunidad que se da en diferentes instituciones, como desde el MP o desde los mismos jueces. Otro ejemplo de esto es cómo desde el MP se han desechado testimonios importantes de dos empresarios brasileños que acusaban Alejandro Sinibaldi de recibir sobornos. La decisión habría sido tomada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien fue sancionado en 2022 por Estados Unidos, que lo acusó de “corrupción y socavamiento de la justicia”. Curruchiche, sumado a la estrategia de impunidad, ha jugado un rol importante en la estrategia de persecución judicial. Existen graves denuncias que se han hecho sobre la utilización del aparato judicial guatemalteco para perseguir y encarcelar a jueces, exfiscales, periodistas, investigadoras y veedores. Un caso de persecución es el de José Rubén Zamora, propietario del medio de comunicación de mayor tradición en el país, ElPeriódico, quien en junio de 2023 había sido condenado por supuesto lavado de dinero a seis años de cárcel. En octubre de 2023 una sala de Apelaciones de Guatemala anuló la condena en contra Zamora y ordenó repetir el proceso judicial. La estrategia de impunidad sumada a la de persecución parece tener un único fin, recuperar el poder total de las instituciones en Guatemala. En este contexto político, en agosto de 2023 ganó las elecciones Bernardo Arévalo quien tiene un gran reto como presidente, además de resistir los embates de esas estrategias y el pacto de corruptos que querrán que salga de su cargo, tiene que atacarla y no la tiene fácil, es necesaria una mayoría en el Congreso para llevar a cabo los cambios al sistema de justicia, el cual actualmente está permeado por estos poderes, a los cuales pareciera que está ayudado de cara al futuro, para, como se dijo, antes, recuperar la totalidad del poder en el país. [1] Este índice evalúa y clasifica a los países en función de su eficacia en la lucha contra la corrupción, considerando 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, la fortaleza del periodismo de investigación y los recursos disponibles para combatir la delincuencia de "cuello blanco".

Por: Migración, Región y Frontera En el marco de la Semana Pares 2023, desde la Línea Migración, Frontera y Conflicto, ofrecemos las siguientes 10 recomendaciones para que la Paz Total sea una realidad en la frontera colombo-venezolana en Norte de Santander: 1. Fortalecer los puestos de control migratorio (PCM) que estén fuera del área metropolitana de Cúcuta. Municipios fronterizos como Tibú, a pesar de tener un PCM desde inicios de este año, sigue estando en manos de estructuras armadas ilegales que cobran rentas por el paso peatonal, vehicular o comercial, y, además, se aprovechan de la vulnerabilidad en la que llegan algunos ciudadanos refugiados, retornados o migrantes, para vincularlos a sus estructuras delictivas. 2. Fortalecer el proceso de regularización migratoria de población venezolana. Así como información respecto a ello, en función de garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el empleo. De acuerdo con la organización no gubernamental CARE, grupos de personas llamadas “Los Buhoneros” difunden información falsa sobre el ingreso a Colombia, con la intención de beneficiarse a través de la explotación sexual, la trata de personas y el cobro de traslados. 3.Crear Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CMPRC) en territorios fronterizos. En territorios como Cúcuta, Villa del Rosario, Herrán, Ragonvalia, Toledo y Puerto Santander. Asimismo, fortalecer el apoyo gubernamental a los 12 CMPRC existentes y promover su articulación con el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia y la Consejería para la Paz y la Reconciliación de Norte de Santander. En un departamento fronterizo como Norte de Santander, caracterizado por la presencia de estructuras armadas ilegales, las economías ilícitas, los pasos irregulares y la falta de oportunidades, los CMPRC se convierten en una herramienta esencial, toda vez que estos pueden fomentar la colaboración entre distintos actores para prevenir la violencia. 4. Incentivar diálogos entre el sector privado, la institucionalidad y la sociedad civil, en compañía de la comunidad internacional, para prevenir violaciones a derechos humanos en contra de líderes y defensores. Durante lo corrido del 2023 han sido asesinados 5 líderes sociales y 1 firmante de paz en el departamento. Además, la Federación de Comunales de Norte de Santander denunció que 42 líderes comunales recibieron amenazas por parte de estructuras armadas ilegales. De acuerdo con líderes consultados por Pares, las medidas son insuficientes y es necesario garantizar respuestas oportunas, eficaces e idóneas para la protección. 5. Fortalecer la eficacia de las acciones institucionales identificadas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida de las Alertas Tempranas (CIPRAT). Centrándose en la consecución de resultados tangibles y cuantificables para hacerle seguimiento al impacto y la efectividad de las intervenciones, así como a las entidades responsables de garantizar la protección y defensa. 6. Atender la violencia con enfoque diferencial y de género. En el departamento, la reconfiguración del conflicto armado ha tenido un impacto significativo en mujeres, migrantes y personas LGTBIQ. De acuerdo con el Observatorio de Asuntos de Género, la población en mención se encuentra en alto riesgo de ejercer sexo por supervivencia, de ser víctimas de explotación sexual, de trata de personas y de ser captadas para participar en economías ilegales. 7. Conformar y mantener Equipos de Acción Inmediata, articulando y potenciando entornos protectores, como el escolar, el familiar y el comunitario, para mitigar el riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y para el restablecimiento de derechos de quienes fueron objeto de esta violencia. En mayo de 2023, la Defensoría del Pueblo expresó preocupación por la circulación de videos en instituciones educativas del departamento donde las disidencias invitan a los menores a pertenecer al grupo. Además, en abril se conoció una foto en la que el ELN estaba con niños y niñas en el corregimiento de Versalles, Tibú. 8. Garantizar la pervivencia de los grupos étnicos, como lo consagra el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia. Mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, con un enfoque diferencial étnico, que respete sus derechos individuales y colectivos; y reconocer el derecho al territorio ancestral, a partir del cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017, correspondiente a la ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. 9. Asegurar la plena participación de mujeres y personas LGBTIQ en todos los niveles de toma de decisiones relacionadas con los escenarios derivados de los acuerdos de paz. Esto implica proporcionar las herramientas necesarias para que puedan ejercer control y supervisión, así como integrar de manera efectiva a mujeres y personas LGBTIQ en el diseño e implementación de programas y políticas de paz. 10. Garantizar la seguridad de las mujeres en los acuerdos de paz. La prevención de la violencia en el ejercicio de la participación social y política, especialmente para las mujeres, implica avanzar en el Plan de Resolución 1325 del 2000 y asegurar su implementación prioritaria. Esto es esencial debido a los riesgos que enfrentan actualmente las mujeres defensoras de derechos humanos y firmantes de acuerdos de paz, pues entre abril y agosto de 2023, el 60% de los homicidios contra líderes en Norte de Santander correspondieron a mujeres.

Por: Michel Levien Especialista en anticorrupción y director para México en Pares Ociel Baena, ampliamente conocido como «Le Magistrade», fue una persona no binaria mexicana que se hizo prominente por, entre otros logros, recibir oficialmente esa designación: «magistrade»[1]. Se desempeñaba como juez en el Tribunal Electoral del estado mexicano de Aguascalientes, el máximo órgano en materia político-electoral en esa entidad. Una magistratura, como cualquier profesional del derecho se lo puede confirmar, no es poca cosa, y que se le haya reconocido oficialmente como «magistrade» (sí, con «e») es —considero— una señal importante de que los vientos de los derechos humanos están soplando cada vez con más fuerza. Lo mismo opino sobre su pasaporte, que recibió de mano del propio secretario de Relaciones Exteriores y que identifica su género como «no binario». Sus pares también reconocían en Le Magistrade una figura trascendental. Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que «Baena Saucedo es un ejemplo de valor y una persona que permitió a muchas otras deconstruirse y romper barreras». También explicó que la valentía de Baena le permitió desafiar estereotipos y —a través del litigio estratégico— «transformar la realidad del ejercicio de los derechos político-electorales en la actualidad, algo que, hace apenas seis años, era impensable». Desde luego, al ser un miembro tan prominente de la comunidad LGBTIQ+ y tan notorio y vocal como lo era, Le Magistrade «[Recibía] amenazas constantes por su liderazgo y presencia en la comunidad LGBTIQ+». Era, también, muy común ver muestras de desaprobación, juicio y odio hacia Baena en la plataforma X (antes, «Twitter»). La prominencia y visibilidad de Baena, desafortunadamente, lo convirtieron en blanco de hostilidades, un hecho trágicamente subrayado por su repentina muerte, un incidente que despertó diversas opiniones y debates sobre la naturaleza de la violencia en México. El 13 de noviembre despertamos con la noticia de que Le Magistrade Baena había sido encontrado muerto en su casa y todo indicaba que su muerte había sido homicidio; una muerte violenta. Ese lunes las redes necesitaron opinar al respecto (normal); como podía esperarse, muchas de esas opiniones señalaron inmediatamente que se trataba de violencia de género (y, desafortunadamente, muchas otras aprovecharon la oportunidad para ejercer violencia de género). Honestamente entiendo poco de ese tema, pero en ese momento tenía en mente el Cuarto informe de violencia político-electoral de la Fundación Paz & Reconciliación y dudé. ¿Realmente se trató de violencia de género o es violencia política? ¿Puede ser violencia política cuando hablamos del «árbitro»? ¿Qué hace que algo se considere violencia política o violencia de género? Aquí el terreno se me pone un poco accidentado porque soy completamente ignorante sobre estudios de género, perspectiva de género y violencia de género. Pero quiero meditarlo, así que me arriesgo y espero no escribir muchas tonterías ni muy graves: Según la Organización Panamericana de la Salud —la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud—, podemos definir la violencia como: «El uso intencional de fuerza física —ya sea real o en grado de amenaza; y en contra de uno mismo; de otra persona; o de un grupo o comunidad— que produce lesiones; la muerte; daño sicológico; mal desarrollo; o carencias, o que tiene una alta probabilidad de producirlas». Desde luego, no es ésta la única definición ni la definitiva; es una que usamos aquí por su amplitud, por la autoridad y prestigio de la Organización Mundial de la Salud y porque es fácil de entender. Con los mismos criterios podemos definir violencia política como la «Violencia ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral». Desde luego, existen también diversos trabajos sobre la violencia de género y la violencia política en razón de genero. Entre estos hallamos útil el trabajo Violencia política contra las mujeres en razón de género hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), et al, en el que se apunta que: «La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género) [y que] tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo». Desde luego este documento está orientado a definir un tipo de violencia específicamente dirigida a las mujeres, pero me pareció atinado utilizar esta definición haciendo una abstracción sencilla, combinarla con las definiciones anteriores y empezar a entender la violencia política en razón de género como: Las acciones u omisiones que: i. Se dirigen hacia alguien por su género; ii. Tienen un impacto diferenciado en personas de un género determinado; o iii. Afectan desproporcionadamente a personas de un género determinado. Y que dañan o buscan dañar los derechos políticos de las víctimas, incluyendo el ejercicio de su cargo. Uso esta definición desde —de nuevo— la ignorancia absoluta sobre asuntos de género y principalmente como una herramienta para abordar este tema tan complejo y este caso tan difícil. Aquí también me gustaría compartirles algo que me pareció muy interesante sobre los delitos de violencia política y de violencia de género. Distintas organizaciones han intentado clasificar los delitos de violencia política y de género en un escalafón; es común que estos escalafones se utilicen en la concientización y divulgación de estos temas. Encontramos tres de estos escalafones que gradúan estos delitos de la siguiente manera: Elaboración propia. Fuentes: Pares, Data Cívica, Observatorio de participación política de las mujeres e México Dos cosas se hicieron muy evidentes al hacer esta comparación: la primera es que tanto Data Cívica como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPM) incluyen el secuestro como una manifestación intermedia entre los atentados y el asesinato. Y la segunda es el enorme matiz de las conductas contempladas en el violentómetro. Algo que no es tan obvio, pero que también me pareció interesante, es que ninguno de los escalafones contempla las descalificaciones, ridiculizaciones, faltas de respeto, etc. cuando son póstumas y —en especial— que tampoco está en la mesa incluir el asesinato del árbitro político. Las escalas ilustran los delitos contra personas que ejercen sus derechos políticos (ciudadanos, candidatos, etc.), pero no los delitos contra las juzgadoras del sistema electoral. Aquí dos reflexiones sobre estas escalas. Uno: si la escala de violencia culmina en el asesinato, ¿con la muerte de la víctima se acaba la violencia?. Y dos: ¿la violencia en México es tanta que necesitamos ajustar la escala con que la medimos? Sobre la primera pregunta, pienso que la respuesta es «no». Es común pensar que la mayor experiencia de violencia es la muerte. A simple vista pareciera que sí; suena cierto que el homicidio es lo más grave porque es final y excluyente de experiencias posteriores, ya buenas o malas. Después de la muerte —tal parece— no hay más violencia. No hablo del «más allá» —no tengo nada valioso que opinar al respecto—, sino de los ingredientes y consecuencias de la violencia. Si asumimos que Violencia = Fuerza intencional contra alguien + daño (real o potencial)[2] Entonces después del asesinato los daños pueden continuar, aunque —claro— no contra la persona asesinada. ¿Para quiénes continúa la violencia? Considero que, en este caso muy particular, para toda la sociedad. Veamos; la familia, amigos, comunidad cercana y pares de Ociel Baena —su sistema inmediato— sigue sufriendo daño por su muerte. Más allá de su sistema inmediato, ¿qué pasa con la comunidad que lo veía como un símbolo, quienes nunca se sintieron «vistos» y a quienes Baena ayudó a visibilizar? ¿Qué pasa en el siguiente círculo; en el resto de la sociedad? Pues, aunque de modo ligeramente más difuso, también son victimizados. Hablo aquí de los actores políticos y ciudadanos de Aguascalientes, el estado en que Baena era árbitro político. ¿Qué pasa con el resto de la ciudadanía? ¿Realmente sufren daño continuado por la muerte de Baena? Considero que sí, y esto me lleva a la segunda pregunta: veo que, aunque el homicidio de Le Magistrade no necesariamente sucedió por motivo de su género ni de sus derechos políticos, (i) las condiciones en que se dio y (ii) las consecuencias que ha desatado, sí que son ambos tipos de violencia. Justamente éste es el nuevo nivel de violencia que hemos «desbloqueado». México es un país con problemas graves de violencia. Si hemos de creer a Wikipedia, en México tenemos 11 de las 15 ciudades más violentas del mundo; matamos a nuestros periodistas, a nuestras mujeres, a nuestros policías, a nuestros estudiantes, a nuestros servidores públicos y —ahora— a nuestros árbitros políticos. Y no termina ahí; muchas personas se volcaron sobre este tema para opinar y juzgar la situación de Le Magistrade; entre ellos estaba Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más influyentes de México, que escribió que «[a Baena y a su esposo los] mató el odio que se tenían a si mismos por ser lo que eran. Necesitaban ayuda psicológica». Viendo todo esto me pregunto desde hace unas semanas si el asesinato de Le Magistrade cuenta como violencia política aún si —como señala la fiscalía— nada indica que haya sido por motivos políticos. Quienes —como Salinas Pliego— opinan lo que opinan, ¿solo están expresándose —como es su derecho— o esto también es violencia? Aquí me pondré un poco abogadesco. Hay una herramienta que los jueces usan a menudo para decidir si existe una relación de causa-efecto entre dos hechos: se preguntan: «¿esto habría sucedido si aquello no hubiera pasado?». Aplicado a este caso, ¿habrían matado a Le Magistrade si no hubiera sido juzgador electoral? ¿Qué tal si no hubiera tenido identidad de género no binaria? ¿La estabilidad político-electoral del país y/o la comunidad LGBTIQ+ se dañan con su asesinato? No puedo contestar «sí» o «no» con convicción porque sencillamente no tengo los elementos ni la formación suficiente (y admito con un poco de decepción que no es probable que los tenga pronto). Lo más parecido a una respuesta completa es otra pregunta: «¿qué pasa en México que matar a un árbitro político y símbolo de derechos humanos es tan fácil?». Si usted me puede responder, @Michel_Levien, por favor. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto [1] No son mis palabras; usted misma puede confirmar que el propio tribunal le reconocía esa designación. Vale notar que en Wayback Machine se puede confirmar que la página en que se le reconoce como «magistrade» se modificó el propio día en que Baena murió; la última actualización del 7 de junio de 2022 aún no mostraba a Baena (Internet Archive, s.f.). [2] Simplificación ultrarreducida y formularia hecha «sobre las rodillas» para esta columna.

Por: Yesica Cortés Docente universitaria, filósofa y activista feminista Escribo esta columna a propósito de una nueva portada de la Revista Semana, dirigida por Vicky Dávila, que llama de nuevo a la desinformación: El Títere, Gustavo Petro no condenó el ataque terrorista de Hamás contra Israel. Por el contrario, puso a Colombia al lado del eje del mal con Rusia e Irán, y lanzó en redes una peligrosa campaña antisemita. Comparó a los israelíes con los nazis. Estados. La portada, que parece sacada de un meme de redes sociales, muestra al mandatario de Colombia bajo los hilos de los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Ebrahim Raisi de Irán. Para hacer un análisis de este problemático titular será necesario problematizar esta nota de pseudoperiodismo que, en su búsqueda moralizadora de la política, reduce el conflicto y la invasión histórica de Israel a Palestina al ataque del grupo Hamás a Israel y, descontextualizada e irresponsablemente, se promueve la idea de que quien no esté del lado del accionar bélico y reactivo del Gobierno Israelí es antisemita. Hemos aprendido a leer los conflictos locales, nacionales e internacionales como se nos ha mostrado en las películas de la industria hollywoodense; tenemos una historia lineal con un héroe que derrota a un villano. Por lo general, este héroe genera identificación porque supone el ideal de sujeto al que debemos aspirar (para no decir que es un hombre blanco, estadounidense o europeo, y de clase alta), y más siendo espectadorxs desde los sures globales. El villano entonces se nos muestra como el Otro, como el opuesto a este ideal; es todo lo que no cabe dentro de esa categoría normativa de héroe (el resto del mundo que no sea Europa o EE.UU.). La historia que se cuenta comienza con el rapto de un bebé al rey o con el hechizo de la bruja a la princesa, de ahí para adelante nos encontramos con la lucha incesante y heroica por recuperar al infante o por encontrar el remedio para la brujería, pasando por encima de pueblos, acabando con especies, todo en pro de esa humanidad normada. Se trata de una historia progresiva que nos induce a pensar que la manera de concluir la historia es con la victoria del héroe, quien primero fue víctima. Por más novedosas películas de la misma industria que quieran “romper” o mostrar otras narrativas, el daño ya está hecho. Somos hijxs de esa narrativa única y a partir de ahí leemos el mundo, aunque la historia no sea una línea progresiva de hechos contados desde un solo lugar, el de los vencedores. El problema de leer un conflicto como el de Israel y Palestina, o incluso como el de Colombia, bajo el rótulo del héroe y el villano es que, primero, tenemos un registro moral del conflicto que nos indica que hay unos “buenos” y unos “malos”; segundo, que somos incapaces de ver la panorámica histórica del conflicto y con anteojeras juzgamos lo que acontece; tercero, que tomar posición en el marco de un conflicto o disputa leído universalmente como una guerra “del bien contra el mal” resulta siendo peligroso en caso de no estar “del lado correcto de la historia”, como nos anunció Vicky Dávila: El presidente Petro y su Gobierno, que se autodenomina como una “potencia mundial de la vida” que busca la “paz total”, ya se ubicó inexplicablemente en el lado incorrecto de la historia que se está escribiendo con la sangre de inocentes tras el ataque de Hamás a Israel. Una vergüenza para Colombia. Esa actitud permisiva del presidente con el terrorismo lo margina del escenario internacional y lo ubica en un eje del mal que tendrá repercusiones negativas para los colombianos. Lo que se promueve en este particular artículo nos permite registrar a “los buenos” como el gobierno de Israel y a “los malos” como los que no rechazan enfáticamente el ataque de Hamás a Israel. De allí que ubique al Gobierno de Colombia en el “eje del mal” promulgado en su momento por Bush para designar supuestamente a países que “apoyaran” el terrorismo, entre los que mencionaba a Cuba e Irán, por dar un ejemplo. Más allá de lo problemático del enunciado y de la necesidad de una exégesis del concepto “terrorismo” (que se ha usado para designar a todo lo que esté en contra de los intereses gringos[1]), esta categorización es un zoom sobre un hecho en relación con un panorama más complejo que no se suele abordar en un medio masivo de comunicación como Revista Semana. Palestina no se coloca en el radar mediático mundial sino a condición del ataque que hace el grupo Hamás a Israel -Hamás es una organización armada nacionalista y fundamentalista islámica que, de hecho, en sus inicios fue apoyada en su creación por Israel-. No obstante, el pueblo palestino ha sido asesinado, invadido, atacado, torturado y asediado desde hace más de 70 años por Israel, como efecto incluso de la declaración de Naciones Unidas en la cual se les otorga a los judíos el derecho a existir ocupando la Palestina histórica y esto a su vez en consecuencia de la persecución nazi a los judíos. Se trata de la población refugiada más antigua de la historia moderna y uno de los principales focos de debate del conflicto, ya que la Resolución 194 de la ONU, de 1948, reconoce el derecho de retorno e indemnización de las personas refugiadas palestinas de aquel conflicto. Y también se lo reconoce a sus descendientes. Setenta y tres años después, la resolución sigue sin cumplirse”[2]. De ese modo, y bajo la Resolución 181, se divide la región en dos Estados, uno árabe y otro judío. En este contexto, y a partir de las guerras del 48 y del 67, Israel se ha encargado de desplazar al pueblo de Palestina y de ocupar el territorio ya antes divido entre los dos Estados, y ha colonizado por todos los medios el territorio palestino con el apoyo, por supuesto, de EE.UU. y con la complicidad del resto del mundo, que ha mirado a otro lado mientras se comete un genocidio. Si bien es muy difícil resumir este conflicto, es importante señalar que el zoom que se hace sobre el ataque de Hamás es injusto e hipócrita en relación con este panorama, porque lo que de fondo se lee es que hay unas vidas que importan más que otras. Por supuesto que todo hecho violento que implique a población civil y desarmada es deplorable, pero se necesita una lectura más compleja de los conflictos que no se vea reducida por el rótulo moral y de asignación de buenos y malos desconociendo el contexto histórico que se encuentra detrás o incluso antes en términos temporales. Ahora, y siguiendo a la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe, cuando los conflictos se entienden como un enfrentamiento entre el bien y el mal, el enemigo u oponente deja de ser un adversario político y se comprende como un enemigo que debe ser aniquilado, distinguiéndolo o sacándolo de la esfera humana y de la bondad como algo esencial de unos y no de otros. A propósito de esto, pronuncia el primer ministro de Israel: “This is struggle between the children of light and the children of darknessm between humanity and the law of the jungle” (“Esto es una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, entre la humanidad y la ley de la selva”, traducción propia). Esto no es lejano a cómo los colonos españoles se referían a los indígenas o incluso a cómo los nazis se referían a los judíos. Si bien el primer ministro puede estar hablando del grupo Hamás, el contexto de genocidio y ocupación de Israel a Palestina deja entrever de fondo un discurso de aniquilación de ese Otro, del villano o del que en la simpleza de Vicky Dávila “no está del lado correcto de la historia”, puesto que, en lo pragmático, los ataques de Israel están llegando a hospitales, “rutas seguras” y zonas en donde se encuentra población civil. En ese sentido, apoyar a Palestina no necesariamente es coincidir con los ataques de Hamás a la población de Israel, ni apoyar el accionar de Israel significa estar del lado de los “buenos” de la historia. Si bien las noticias sobre los conflictos se cuentan desde lugares atravesados por intereses e interpretaciones diversas, necesitamos revisar nuestras lecturas sobre la información que nos llega de manera simple y sesgada, atender a lo histórico, salirnos del paradigma moral de la política y, con ello, complejizar el lugar de “los buenos” y “los malos” de la historia, para dar cuenta de esos contextos intencionados de enunciación, para sopesar los panoramas de guerra que acontecen en nuestra cotidianidad y tomar posiciones éticas desde la profundidad y complejidad de los hechos. No necesitamos más héroes que escondan bajo su victoria más genocidios. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] “En la actualidad, la posibilidad de mantener modelos sociopolíticos diferentes de los occidentales se ha reducido drásticamente, ya que todas las organizaciones internacionales están controladas más o menos directamente por los poderes occidentales liderados por los Estados Unidos” (Mouffe, Chantal (2007). En torno a lo político, p.88. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica). [2] Amnistía Internacional (2022). Ocho claves para entender el conflicto palestino-israelí. [En línea]. Tomado de: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/ocho-claves-para-entender-el-conflicto-palestino-israeli/

Por: Yesica Cortés Docente universitaria, filósofa y activista feminista Durante su primer año, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez llevó al Congreso el debate sobre los cambios necesarios en el sistema de salud en Colombia en forma de proyecto de reforma. Sin embargo, la eventual pérdida de poder que actualmente tienen las EPS como garantes y organizadoras del acceso al plan obligatorio de salud para todxs lxs colombianxs, hizo que se cayera la tan esperada reforma. Esta pugna de intereses sobre el lugar que tienen las entidades privadas de ser garantes de los derechos de la ciudadanía y la necesidad para que sea el Estado el que se encargue de esta tarea tiene unos efectos vitales sobre la vida y la dignidad de las personas. El caso de Flor, una trabajadora de la Secretaría de Educación de Bogotá (SED), da cuenta del impacto sistemático sobre la salud física, emocional y mental de la visión que se maneja desde las entidades privadas al comprender los derechos como servicios. El capitalismo, como sistema que atraviesa todas las esferas de la vida humana y no humana, organiza las formas como nos relacionamos con nosotrxs y con lxs otrxs en torno a la producción y reproducción de la vida. El valor de una vida se determina por la capacidad de ser funcional al sistema, de modo que, en la pirámide de las jerarquías, unos cuerpos valen y cuestan más que otros, así mismo son vistos, escuchados y validados por la sociedad y sus instituciones. En Calibán y la Bruja, Silvia Federici narra cómo los cuerpos de las mujeres de edades mayores, en la baja edad media, eran enviadas a la hoguera a título de ser brujas. Estas mujeres, narra Federici, poseían saberes medicinales, políticos y culturales, eran también quienes cuidaban y tejían socialmente los territorios y, por estas razones, entre muchas otras, representaban un peligro para el tránsito de un modo de producción feudal a un modo de producción capitalista. Estas mujeres estaban lejos de ser obsoletas a la hora de construir sociedad, la cuestión era: ¿qué tipo de sociedad? La caza de brujas quizás no ha cesado, se ha transformado en múltiples y diferentes formas de aniquilar física, mental, emocional, cultural y económicamente a las mujeres. Una de estas formas es la violencia y negligencia institucional, incluyendo aquí a las entidades privadas que fungen como garantes de derechos. Flor cuenta que lleva más de 20 años trabajando para la SED, en esta entidad se ha desempeñado como secretaria académica de un colegio distrital en el suroriente de la ciudad. Allí ha establecido un universo de relaciones con quienes son el público; familias, estudiantes; con quienes han sido sus compañerxs de trabajo; profesorxs, administrativxs, jefxs; y, por supuesto, con el territorio en el que se encuentra el colegio. Todxs cambian, van y vienen, y ella sigue allí, su trabajo ha sido vital para el sostenimiento de esta institución educativa, sus largos años de experiencia, así como sus ansias de innovar en los procesos administrativos la han hecho un pilar fundamental de este escenario, así como la han convertido en alguien querida y recordada por las personas que han pasado por esta institución. Su trabajo ha sido también una labor de cuidado de lxs otrxs que ha tenido como consecuencia una afectación a su salud y a la manera en cómo se relaciona actualmente con su espacio laboral. A finales del 2017, un especialista en ortopedia le dictaminó lesiones en el manguito rotador, que es un grupo de músculos y articulaciones que permiten la movilidad del hombro y el brazo. Esta alteración produce dolor, debilidad y la reducción de la movilidad de esta extremidad del cuerpo. Las causas de estas lesiones se producen por los movimientos repetitivos que, por lo general, se realizan en el trabajo con archivo y de digitación. El especialista la remitió al médico laboral, quien la remitió a la ARL para que cubriera la cirugía de Flor por enfermedad laboral. La ARL envió el caso la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, quienes, después de dos años, emitieron la negativa a la solicitud del médico y de la funcionaria pública determinando que esto no era enfermedad laboral, sino general. Ya en el 2020 se sumó a la enfermedad de Flor el diagnóstico de otros especialistas que dictaminaron osteoporosis, discopatía lumbar, migraña, vértigo, hipertensión, fibromialgia y, finalmente, trastorno mixto de ansiedad y depresión. Todas las anteriores son afectaciones degenerativas que han reducido significativamente la calidad de vida de la trabajadora de 50 años, quien actualmente está al 56% de sus capacidades físicas para laborar, según un examen de funcionalidad de la fibromialgia. Su calvario actualmente ha sido que la EPS Salud Total le dé una cita médica con medicina laboral para que esta remita a la aseguradora SURA y que desde aquí se ordene a la SED hacer los ajustes razonables establecidos por la ley 1618 de 2013[1] “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, y se proceda a hacer las adecuaciones necesarias en su lugar de trabajo para hacerlo más ameno de acuerdo a sus necesidades físicas, sensoriales, psicológicas, entre otras. Lo que se ha encontrado doña Flor es una cadena sistemática de negligencia, violencia y discriminación que le impiden acceder al derecho legítimo a trabajar en condiciones dignas y favorables para su salud, así como en igualdad de condiciones a lxs demás. Flor dice que la sensación térmica de frío en su espacio laboral empeora su enfermedad y la convierte en un padecimiento constante, así como las labores de movimientos repetitivos que siguen deteriorando su movilidad. Los especialistas, si bien han hecho los diagnósticos, se han negado a dar las recomendaciones para el puesto laboral en razón de que esto no les corresponde a ellos sino al médico general. El médico general se niega también a dictaminar los ajustes y remitir a la ARL, y la devuelven a los especialistas. La semana pasada, la EPS respondió a una carta de la trabajadora negando la posibilidad de recibir atención e información clara y pertinente para que pueda llevar a cabo el proceso de solicitud de los ajustes razonables, creando una barrera actitudinal, comunicativa, de rehabilitación funcional e integral, puesto que se le han negado también terapias para mejorar su salud. De esta manera, cabe la pregunta: ¿quién cuida a las que nos cuidan? La red de apoyo y reconocimiento en el espacio laboral de Flor se ha disminuido también junto a su salud, lo cual, junto a las otras violencias, promueven un deterioro de la vida de la trabajadora. Flor es enfática en explicar que ella todavía tiene mucho para dar, aportar y construir, pero desearía hacerlo en condiciones dignas, recibiendo el cuidado y la atención que por años ha dado en su trabajo. Este caso, entre muchos otros, nos debe cuestionar como sociedad sobre los efectos nocivos e irreversibles del capitalismo sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los cuerpos enfermos, sobre cómo la caza de brujas se ha venido transformando en dispositivos de invisibilización, de aislamiento y de negligencia por parte de las instituciones que deben garantizar y proteger los derechos de todas las personas. Así mismo, es necesario posicionar la urgencia de una reforma a la salud desde una perspectiva humana y del cuidado, en donde los recursos sean administrados por el Estado, de modo que se pueda ejercer un control sobre los prestadores de este “servicio”. Así mismo, que la ciudadanía pueda ser partícipe de las decisiones tomadas por los agentes de salud. Y, entre otros elementos y situando el caso expuesto en este artículo, que se pueda reestablecer el sistema de referencia y contrarreferencia[2] con el cual se atienda de manera oportuna y eficaz la salud de la ciudadanía. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52081 [2]https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%202759%20DE%201991.pdf

Por: Yesica Cortés Docente universitaria, filósofa y activista feminista Con Platón se entendió el cuerpo como cárcel del alma, con el cristianismo que es el alma lo que se debe salvar. Descartes dijo que los sentidos engañan, que el cuerpo no es fiable, y hasta Andrea Echeverry afirmó que ese mismo cuerpo es solo un estuche y los ojos una ventana. De manera muy popular, y por una larga tradición filosófica, hemos dispuesto el cuerpo por debajo y apartado de “la mente” o “el alma”, se han atravesado máximas que separan el pensamiento de los sentidos y la razón de las emociones. Le han asignado género a esta división, se ha dicho que las mujeres representan lo corporal, las emociones, mientras que los hombres representan la cara de la razón y el intelecto. Esta dicotomía se ha venido transformando gracias a décadas e incluso siglos de luchas invisibles de cuerpos, de corporalidades diversas que se resistieron a esa radical y oportuna separación, imposición y jerarquización de la vida que nos heredó el proyecto de la modernidad occidental. La cual ha sustentado toda una historia de instrumentalización de los cuerpos, sobre todo, los racializados, empobrecidos y feminizados, que fueron hasta cierto punto desprovistos de esa "alma" y puestos al servicio del "hombre como medida de todas las cosas". Estas narrativas siguen estando en el imaginario colectivo, reproduciendo discursos y prácticas que someten y vuelcan la vida hacia el sometimiento y la reducción de los cuerpos a recursos. Dansur es una apuesta que da lugar a una desjerarquización y recuperación de los cuerpos para el movimiento, el encuentro y la creatividad desde una perspectiva de feminismo territorial. Martina y Diana, habitantes de la localidad San Cristóbal, en Bogotá, abrieron este año las puertas de esta casa taller. Aquí encontraron la realización de uno de los tan anhelados sueños de las organizaciones y colectivos sociales: tener un espacio físico para construir un laboratorio cultural que diera lugar, inicialmente, al baile[1], ente otras prácticas artísticas, como acción transformadora de la cotidianidad, no solo de ellas, sino de las personas que viven en este sector. Fuente: Dansur La creación de este escenario responde a una pregunta: ¿cómo son habitados, diseñados y comprendidos los sures de la ciudad? Conversando con Martina y Diana se encuentran algunas hipótesis que se convierten en preocupaciones de un orden vital. La vida en esta ciudad está diseñada para que la gente que vive al sur o a la periferia de la ciudad se desplace todos los días hacia las zonas centrales a disponer de su cuerpo de manera mecánica para que esa misma ciudad siga en funcionamiento. Tomar un Transmilenio repleto en la mañana, llegar al lugar de trabajo y regresar de nuevo a casa en la noche, algunas a seguir trabajando, otras a disponer de las pocas horas que quedan de sueño para volver a la rutina al otro día. El cuerpo sigue siendo, como plantea Marx, un vehículo de producción en masa para el sostenimiento de unos pocos. Y, para disponer de ese cuerpo en formas que lo desplieguen fuera de sus hábitos de explotación y de instrumentalización, por lo general, debemos desplazarnos de nuevo hacia los centros de acopio económico, puesto que, la mayoría de la oferta cultural para la socialización, la creación o el encuentro, la encontramos en localidades como La Candelaria, Chapinero o Teusaquillo. Es necesario aclarar que esto se ha venido modificando, ya sea por la creación de espacios culturales descentralizados o por las políticas de los gobiernos de turno que mucho o poco han aprendido de las luchas populares y territoriales que le apuestan a habitar la ciudad no solo en función del trabajo y no de manera exclusiva en los centros de las capitales. En este contexto, Dansur se presenta como un espacio que cuestiona ese orden de la ciudad, del cuerpo y de la vida. De la ciudad porque apuesta por un sur en el que se abran las posibilidades de encuentro creativo que no supongan necesariamente relaciones laborales o comerciales. Del cuerpo porque vuelve a este a interpelarlo y sacarlo del lugar limitado que se le ha asignado. Y de la vida en cuanto busca el movimiento de la cotidianidad, de las formas de socialización, de las posturas y formas del pensamiento. Fuente: Dansur Martina y Diana narran cómo Dansur es la materialización de sus historias personales, de las memorias colectivas y entrecruzadas de este territorio tan marcado por sus agencias, luchas y movilizaciones. Esta iniciativa viene creciendo desde hace varios años en el marco de la juntanza con amigas en medio de la organización barrial, luego en la pandemia y ahora en este espacio. La necesidad también de darle lugar a la corporalidad en la acción política supuso un reto y formas diversas de entender el activismo, y desde allí preguntarse: ¿cómo nos integramos desde el cuerpo a lo organizativo? Y es que volver la mirada y escuchar a los cuerpos en una coyuntura de crisis ambiental, económica y sanitaria constituye una prioridad y la apertura a otras realidades de autocuidado, reconocimiento, bienestar y sanación; es regresar a la base en compañía. No se piensa, ni se mueve en soledad sino con lxs amigxs y con otras corporalidades diferentes. Se hace de manera situada, con las manos en el suelo y de cabeza para desorganizar las jerarquías anatómicas, espaciales, geográficas y culturales que han determinado históricamente las maneras en que se establecen las relaciones en una sociedad tecnócrata y arrollada por el capitalismo. Diana y Martina nos invitan a conocer este proceso de descentralización y territorialización de movimiento creativo que se gesta en Dansur, que se encuentra ubicado en la Carrera 10 # 22-07 sur, en el tercer piso y diagonal a la estación de Transmilenio Av Primera de Mayo. Allí, no solo se encuentra un espacio para la danza, sino también un proyecto colectivo de economía sostenible que suma a su oferta espacios para el coworking, para el conspire y la creación de otras realidades posibles. "Les esperamos para trabajar y bailar cerquita y abrazadas a la montañas del suroriente", Martina y Diana Para más información visitar la página de instragram: @dansur_casataller https://www.instagram.com/dansur_casataller/?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ%3D%3D [1] Con baile se hace referencia de manera genérica a diferentes estilos como el twerking, la salsa, el yoga, la danza contemporánea, la danza afro y la danza urbana, entre otros géneros.

Por: Yesica Cortés Docente universitaria, filósofa y activista feminista El 16 de septiembre de 2023 la comunidad del suroriente de Bogotá, la Juntaza Zuque-Fucha, entre otras organizaciones sociales, ambientales y culturales hicieron como acto simbólico el sellamiento de las obras de endurecimiento en la Serranía del Zuque llevadas a cabo por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Esta acción se realiza en el marco de la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de “suspender las actividades de construcción y/o cualquiera que cambie de uso de la Reserva Forestal Protectora Nacional Bosque Oriental de Bogotá, ley 1333 de 2009, artículos 32 y 36”. Las razones que llevaron a tomar esta decisión se establecen por el incumplimiento, en primer lugar, del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Uso Público (PUP) de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá; en segundo lugar, de la orden de la Corporación Autónoma Regional (CAR); y, en tercer lugar, de la vulneración al derecho de participación efectiva de las comunidades de la Serranía El Zuque. Foto: JuntanzaZuke-Fucha Esta decisión por parte de la entidad nacional es una victoria para la ciudad y las comunidades de la Serranía del Zuque que, en el proceso organizativo, de movilización, cuidado y preservación del Bosque Oriental de Bogotá, han logrado que los medios masivos de comunicación, el Gobierno y la ciudadanía vuelvan la mirada sobre los cerros y sobre las instituciones como la SDA y la Alcaldía de Bogotá que, de manera consciente, están provocando un daño irreparable en la Reserva Forestal Protectora Nacional. Ahora, la disputa por la protección de la Serranía se instaura en el campo de lo mediático, puesto que la directora de la SDA, Carolina Urrutia, está buscando que su discurso sea legitimado a través de la prensa institucional y medios incapaces de hacer un trabajo riguroso de investigación como City TV y Alerta Bogotá, entre otros. Aquí no solo se encuentra una versión limitada de los hechos, sino un desconocimiento de las agencias, discursos y prácticas comunitarias de las organizaciones ambientales y sociales que, de manera autónoma y autogestionada, han hecho un proceso de seguimiento y veeduría para parar las obras de endurecimiento en el Zuque. No es una sorpresa que los medios masivos de comunicación estén del lado de los intereses hegemónicos y privados, y es que, según un artículo del 12 de septiembre del 2023 del periódico El Espectador, la cuestionada Carolina Urrutia es accionista de dos firmas constructoras: Argos y Conconcreto. ¿Tiene esto relación con su obstinada y violenta necesidad de meter cemento a los cerros? ¿qué se puede esperar en materia ambiental de una funcionaria pública que tiene acciones en dos de las grandes cementeras de Colombia? La problemática intervención de la SDA en la Serranía del Zuque podría ser la respuesta a estas preguntas. Otro detalle que debe estar presente en la lectura de esta situación es la necesidad coyuntural del Distrito de ejecutar proyectos y contratos para dar “buen” término a los compromisos del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) del gobierno de Claudia López. Por lo pronto será necesario develar y aclarar los pronunciamientos de la SDA frente a la decisión del Ministerio de Ambiente de frenar las obras en la Serranía. En primer lugar, Carolina Urrutia expone que: Recibimos con sorpresa la visita y la imposición de medidas preventivas a la obra que realizamos en la serranía El Zuque por parte del Ministerio de Ambiente. Esta acción se suma a un esfuerzo sistemático del Gobierno Nacional que socava el principio constitucional de la autonomía municipal y cuestiona las decisiones que en materia ambiental toma el Distrito Capital. Además de ser un discurso en el que se recurre a la vieja artimaña de culpar al gobierno Petro de los males del mundo, es una expresión mentirosa y que desconoce de nuevo la ardua labor de la Juntanza Zuque-Fucha y de las comunidades de la Serranía que llevan meses movilizándose y buscando respaldo jurídico y social para establecer medidas que frenen las obras. Dichas acciones de agencia popular no han sido ajenas al conocimiento de la directora de la SDA quien, de diversas formas, ha minimizado e invisibilizado no solo las demandas y reclamos de las comunidades del suroriente de Bogotá, sino también los saberes, formas de habitar y de preservar los cerros. En un segundo apartado del artículo en cuestión se lee la siguiente cita de la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia: Hay varios motivos por los cuales las medidas impuestas son absolutamente improcedentes: el primero, la infraestructura para la educación y la recreación pasiva no constituye de ninguna manera el cambio en el uso de suelo ni requiere de una sustracción, como lo argumentaron quienes impusieron las medidas; segundo, la obra tiene permisos vigentes que fueron otorgados por la autoridad competente (CAR Cundinamarca); tercero, hasta el 2006 la serranía fue una explotación minera, las intervenciones que hacemos buscan mitigar el riesgo y ofrecer una alternativa de recreación pasiva y educación ambiental. De nuevo, la cuestionada directora de la SDA le miente a la ciudadanía y además de esto se atreve a colocar como heroína de los procesos de educación, cuidado y preservación ambiental que por décadas vienen adelantando las comunidades de la Serranía del Zuque. Ahora, tanto desde el Ministerio de Ambiente como de las organizaciones ambientales que conocen el territorio, se argumenta que evidentemente sí hay un cambio en el uso del suelo de la reserva forestal, además establecen que la recreación pasiva no incluye de ninguna manera la construcción de estructuras duras. De igual forma, la CAR estableció que previo al desarrollo de cualquier infraestructura se deben realizar obras de estabilización geotécnica de la cantera. Frente a estas negligencias, la SDA ha puesto en riesgo la montaña y los barrios aledaños a la Serranía, puesto que se ha aumentado la probabilidad de una remoción en masa en esta zona. Este tipo de pronunciamientos hostiles solo evidencian la guerra que tiene decantada la directora de la SDA con las comunidades del Zuque, provocando más rupturas y desconfianzas de las organizaciones sociales a las instituciones distritales. Finalmente, las comunidades de la Serranía requieren que se consensue con ellas los materiales que se usarán para intervenir la reserva. Y, hechos los daños físicos y simbólicos en el territorio, se debe reparar tanto a las comunidades como al ecosistema afectado. Por último, se debe también implementar las obras de mitigación de riesgo para el tránsito y la habitabilidad segura de las comunidades de este territorio. Es importante que la señora Urrutia pida disculpas públicas como parte de la reparación a las comunidades, puesto que su displicencia y malversación de los hechos ha vulnerado y subestimado a lxs habitantes del Zuque. Sin las comunidades nada, el territorio es de y para quien lo habita, lo cuida y lo trabaja. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.