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  • El proceso que no tuvo cierre con los exparas

    Por: Paola Marín Molano El pasado 5 de junio fue publicada una carta firmada por 16 exjefes paramilitares, en donde expresaban la suspensión de sus roles como gestores de paz. El retiro, seria resultado de la inconformidad con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP), a la cual acusan de haber incumplido los compromisos adquiridos tras su designación como gestores de paz. La designación de estos exjefes paramilitares, dentro de los cuales se encontraban personas como Salvatore Mancuso o Don Berna, ya había sido controversial en sí misma, pero ahora surgen más dudas sobre la importancia del cierre del proceso de Ralito y cómo se procederá ante la suspensión de estas gestorías. ¿Qué dice la carta? Puntualmente, la carta señala que la OCCP convirtió su nombramiento en un acto simbólico, carente de voluntad política y sin mecanismos reales para implementar acciones sustantivas. En la carta exponen, como posterior a la designación de la resolución 453, en donde se les otorgaba el rol como gestores de paz; los gestores cumplieron con las instrucciones de la OCCP, respecto a información pertinente para la Unidad de Búsqueda a Personas dadas como desaparecidas, e información sobre bienes. Sin embargo, la OCCP no convoco a ninguna mesa técnica, ni les asigno presupuesto. Tan solo una semana antes de vencer la gestión, la OCCP presento “planes de trabajo” que, de acuerdo con la carta, eran incompatibles con los tiempos.  De igual forma, denuncian además que, la OCCP, cambió unilateralmente los términos de la gestoría y canceló sin justificación una reunión plenaria previamente acordada, lo que consideran una forma de sabotaje institucional. Así, bajo este panorama, afirman que no existen condiciones para continuar con la gestoría, y solicitan al presidente una reunión directa para retomar el diálogo. Por su parte, en respuesta a las declaraciones, la OCCP emitió un comunicado oficial el 7 de junio de 2025, reiterando que el propósito de estas gestorías ha sido contribuir al cierre de asuntos pendientes del proceso con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), particularmente en lo relacionado con la verdad, la reparación y la no repetición. La OCCP destaca que ha brindado acompañamiento a los gestores en el desarrollo de sus planes de gestión, articulando su participación con otras entidades estatales y facilitando su operación incluso para quienes permanecen privados de la libertad. Asimismo, reconoce avances importantes, como la contribución a la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de bienes con fines de reparación. Sin referirse directamente a la carta de los exparamilitares, el comunicado aclara que no se ha contemplado revocar las gestorías vigentes, cuya prórroga se mantiene hasta el 8 de julio de 2025, y que cualquier decisión sobre su continuidad será evaluada en su momento por el Presidente Gustavo Petro. Recordemos que este no es el único escenario en el que la OCCP, ha tenido tensiones con actores involucrados en procesos de paz. Recordemos que el ELN, en el marco de la negociación ya había expresado críticas sobre la gestión del comisionado Otty Patiño, cuestionando su postura pública frente a las decisiones de la mesa y su interpretación unilateral del mandato presidencial.  Más allá de cuestionar el manejo tan complejo de las diferentes negaciones es importante revisar la arquitectura institucional de la paz total, que se va quedando sin tiempo para avanzar en la superación de las guerras. ¿Por qué es importante el cierre del proceso de Santafé de Ralito? En el año 2001, el Gobierno de Uribe conformo una comisión de exploración para consolidar el diálogo con las AUC. Resultado de este dialogo, en julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Santafé Ralito, en Tierralta, Córdoba, en donde los jefes paramilitares se comprometían a un desarme por etapas que duraría hasta el año 2005. El acuerdo traía consigo el compromiso de dejar las armas, a cambio de legalizar parte de los recursos producto de las rentas ilegales del narcotráfico, brindar estatus político y no ser extraditados a los Estados Unidos. Para el 7 de octubre de 2004, mediante la declaración llamada Acto de fe por la paz , los paramilitares iniciaron una serie de desmovilizaciones colectivas que durarían casi dos años. El último grupo se desmovilizaría en el departamento de Urabá, un mes antes de la reelección del presidente Uribe. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, al final se desmantelarían 36 estructuras armadas, incluyendo bloques y frentes, con un total de 30.944 hombres y mujeres en todo el país. La desmovilización paramilitar significó una disminución en hechos victimizantes como desplazamiento y masacres, a pesar de que el reciclaje de la guerra y el rearme fue rápido. En algunos territorios los comandantes paramilitares dejaron grupos armados comandados por mandos medios, los cuales tendrían el objetivo de continuar con negocio del narcotráfico.  Así lo documentaron instituciones como el CNMH en departamentos como el Guaviare y Antioquia. El cierre del proceso de Ralito se considera como inconcluso, debido a que no fue posible esclarecer las alianzas entre sectores de la clase política y los ejércitos paramilitares que operaron en el país. Esta verdad inconclusa, expresada durante décadas en los pactos de silencio consolidado entre actores armados, empresarios, narcotraficantes y dirigentes políticos no solo facilitó el enriquecimiento ilícito, sino que permitió la perpetuación de estructuras criminales bajo el amparo del poder estatal. Diferentes confesiones de miembros del DAS, por ejemplo, evidenciaron cómo organismos del Estado colaboraron activamente con el paramilitarismo.   De igual forma, en el marco del derecho a la verdad, es importante resaltar que, aunque las víctimas han sido las principales impulsoras de que estos procesos no se archiven. Insisten constantemente que, bajo la Ley de Justicia Y Paz, no han podido ser reparadas de forma integral, a pesar de que, por ejemplo, bajo las versiones libres de los excombatientes, se visibilizo la atrocidad del conflicto armado, con relatos en los cuales se hablaba de incontables fosas comunes, hasta crímenes de violencia sexual, despojo, persecución y desplazamiento. Finalmente, es importante reconocer que el proceso de Santafé de Ralito continúa siendo un capítulo inconcluso en la historia del conflicto armado. Las alianzas entre estructuras paramilitares y terceros, así como la limitada entrega de verdad y reparación efectiva a las víctimas, constituyen deudas históricas que son herida abierta para las víctimas.   Referencias Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). Verdades que incomodan: Informe sobre el Bloque Central Bolívar . Bogotá: CNMH. https://centrodememoriahistorica.gov.co Carta pública firmada por 16 exjefes paramilitares (Mancuso, Don Berna, Jorge 40, entre otros), dirigida al presidente Gustavo Petro. (2025, junio). Consejería Comisionada de Paz. (2025, junio 7). Comunicado de prensa sobre las declaraciones de los gestores de paz . Bogotá: OCCP. Comisión de la Verdad. (2022). Hay futuro si hay verdad: Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición . Bogotá: CEV. https://informefinalcomisionverdadcolombia.org El Espectador. (2024, abril 8). Paramilitares piden cerrar el ciclo de Ralito: el gobierno aún no define su rol . https://www.elespectador.com

  • Eutanasia

    Por: María del Rosario Laverde Cuando Luisa decidió recurrir a la eutanasia, buscó a dos personas de su confianza para que la acompañaran durante el procedimiento; una de ellas era yo. Mientras el mundo atravesaba una pandemia, y yo acababa de perder a mi mamá, mi amiga poeta empezaba un segundo ciclo de quimioterapias que debía soportar sola, encerrada en un apartamento de Bogotá, sin nadie que la asistiera. Su decisión fue clara: no quería seguir. El pánico que sentí ante tal petición me costó varias noches de insomnio y la consulta con algunas personas en busca de un consejo sabio; Gabriel, otro poeta, me dijo que yo ahora entraría a formar parte de un privilegiado grupo que sería testigo del momento exacto del paso entre la vida y la muerte, sumado a que, si mi amiga me pedía eso, era porque contaba conmigo. Sus palabras consiguieron darme algo de tranquilidad. Ya había escrito sobre esta experiencia en el desaparecido Diario Criterio, lo hago de nuevo porque quiero renovar el recuerdo de Luisa para quienes no la conocieron, y porque me parece importante mantener viva la conversación sobre la eutanasia.  Luisa tenía una metástasis muy agresiva de pulmón y no estaba dispuesta a llevar un tratamiento encerrada y sola, sin saber qué vendría para el mundo con la pandemia. Lo que no nos imaginábamos es que varios meses después, yo viviría otra dura situación de salud y habría adorado su compañía. La mañana de los hechos, estuve lista temprano y llegué a casa de Luisa antes de la hora prevista, mi compañera de tarea también llegó puntual, acompañada, pues no se había atrevido a llegar sola. Éramos cuatro mujeres celebrando la vida, mientras esperábamos la muerte. Mi amiga me pidió que leyera para ella Corintios 13, acá un fragmento: El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta . Yo llevaba tantos años lejos del colegio y de la religión, que había olvidado cómo buscar en una biblia: mi voz y mis manos temblaban sin control mientras terminé de leer. Luisa nos entregó varias hojas con sus instrucciones de a quién avisarle de su fallecimiento, qué hacer con su biblioteca, de la cual conservo una sección,  y una última en la que nos liberaba de cualquier responsabilidad, sosteniendo que esta era una decisión suya. El médico preparó todo y nos explicó el procedimiento con la misma calma que reflejaba el rostro de mi amiga. Cuando todo inició, ella y yo nos tomamos de las manos. Con una amplia sonrisa, me dijo que se iba tranquila porque yo la estaba acompañando. Me recomendó no dejar solo a Isaías, nuestro maestro y amigo común. Bastaron unos segundos para el fin: todo tranquilo, sin estridencia. Qué sensación tan extraña, presenciar lo fácil que todo termina. Qué sensación tan extraña seguir sin mi amiga, sabiendo que después me iba a enfrentar, sin ella, a varios fines del mundo. Comparto un poema de Luisa Fernanda Trujillo, para celebrar a la poeta, a la amiga, a la mujer que me enseñó de decisión y valentía: Inmune aserrado el viento empuño mis alas libre de relojes que midan el tiempo   a la tierra inmune dejo mis ojos los deseos de otras veces en que me creí vuelo   en ella siembro palabras silencios ocultos entre los maderos   a ella mi memoria                               suma interminable                            de posibles                        ahoras   Termino con un poema mío que escribí para ella:   Eutanasia Elegimos tomarnos de las manos por primera vez en el día de tu partida. Nunca antes había notado la pequeñez de tus dedos que tanto me costó soltar.  Todo pasó muy rápido, la vida entera. Tu muerte duró una sonrisa y tu alivio una eternidad. Un poco más vieja, vuelvo a casa esquivando abismos en una ciudad que ya no es la misma sin ti.

  • Greta Thunberg, el terror de los dictadores del mundo

    Por: Redacción Pares Greta Thunberg emociona. Nadie tiene su valentía, su capacidad para desafiar a los hombres más poderosos del mundo. En las últimas horas, desafió a Benjamin Netanyahu. Comandando un barco con ayuda humanitaria llamado Madleen. Debido a Israel y su plan de exterminio contra los palestinos la idea es impedir que llegue ayuda humanitaria o controlarla. El velero zarpó de Italia el pasado 1 de junio. Durante unas horas no supimos de la embarcación, pensamos lo peor, hasta que la joven sueca salió en un video y afirmó: "Se perdió la comunicación con el Madleen. El ejército israelí ha abordado el barco", dijo la FFC en Telegram. Sostuvo que la tripulación fue "secuestrada por las fuerzas israelíes". "Si ves este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales", indicó Thunberg en un video pregrabado divulgado por la FFC. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se refirió a la detención de la embarcación: “El 'yate de selfis' de las 'celebridades' está navegando de manera segura a las costas de Israel. Se espera que los pasajeros regresen a sus países de origen". El comunicado, desde Israel, nunca pierde su toque irónico: "La diminuta cantidad de ayuda en el yate que no fue consumida por las 'celebridades' será transferida a Gaza por los canales humanitarios reales”. Una ironía satánica, teniendo en cuenta la situación de extrema gravedad que vive el pueblo palestino. Presentamos un perfil de la activista sueca para dimensionar su importancia: En los últimos seis años pocas líderes en el mundo han tenido la influencia de Greta Thunberg. Ha inspirado protestas en 180 países y se ha convertido en la piedra en el zapato de los líderes de los países más poderosos del mundo. Jair Bolsonaro fue uno de ellos. En el año 2019, la joven sueca señaló la hecatombe que significó para el Amazonas brasilero su periodo presidencial. Bolsonaro permitió la destrucción de 2.000 millones de árboles en los cuatro años en los que estuvo en el palacio de Planalto. Las amenazas y muertes de activistas que pretendían cuidar la selva de su codicia, fueron una constante. Ante el escenario apocalíptico, Greta no se calló: "Los indígenas están siendo asesinados literalmente por intentar proteger la selva de la deforestación ilegal. Una y otra vez. Es una vergüenza que el mundo permanezca callado sobre esto". La respuesta de Bolsonaro, con su habitual altanería, fue la de referirse a la activista como “mocosa”. En ese momento con 16 años. Ya había sufrido el ataque de otro intolerante: Donald Trump, quien en 2017 se convirtió en el primer mandatario del mundo en retirarse del Acuerdo de París, que fue aprobado por las principales potencias en 2015 para frenar los estragos del cambio climático, dijo sobre ella en una frase revestida de ironía: “Una chica joven y muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso".   Para la mayoría de simpatizantes de derecha alrededor del mundo, Greta es solo una chica confundida, acaso desorientada, que solo tiene ganas de llamar la atención. Hay mucho nivel de misoginia a la hora de criticarla. Se burlan porque ella no es científica y, según sus detractores, no tiene datos para comprobar que, si seguimos así, desapareceremos como especie antes de lo presupuestado. La gente todavía la ve como una niña de 15 años, la misma que protestaba en 2019, frente al Parlamento Sueco, pidiendo porque se terminara la emisión de gases tóxicos por parte de las grandes industrias y que estaba acabando con el planeta. Saben que ha cruzado el Atlántico en una embarcación llamada Malizia II para asistir a una conferencia en Estados Unidos y no desplazarse en avión con todos los niveles de contaminación que puede desplegar una aeronave y que está diagnosticada con síndrome de Asperger, Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y mutismo selectivo. A Greta, el cambio climático le afecta tanto que, le han diagnosticado depresiones severas en donde la joven incluso ha dejado de comer.  Sus papás son ampliamente conocidos en Suecia. Su madre es Sara Magdalena Ernman una soprano que llegó a representar a su país en el concurso de canto Eurovisión. Consecuente con los preceptos de su hija, Sara Magdalena solo se presenta en Suecia ya que se rehúsa a usar avión para desplazarse a otros países. Ha escrito varios libros y las ganancias van a dar organizaciones que ayudan a preservar el medio ambiente. Su papá, llamado Svante Thunberg, es un reconocido actor y productor teatral. También renunció a su carrera para apoyar a Greta. En la actualidad, Greta sobrelleva un juicio en Londres por desorden público al incitar protestas contra el uso de combustibles fósiles. Ella y su grupo de activistas han evolucionado. En 2022, ella y otros 300 jóvenes a través de la Asociación Aurora, demandaron al Estado Sueco ante su inoperancia a la hora de detener el cambio climático. Los argumentos de Aurora para esta demanda, que no tiene precedentes en este país, son: “Estamos argumentando que el Estado no está realizando suficiente acción climática y con ello está violando nuestros derechos humanos. Porque, aunque vivamos en una parte muy privilegiada del mundo, sabemos que si el Estado no revoluciona el sistema económico nos veremos afectados por la crisis climática en el futuro. Y eso es violar nuestros derechos humanos a la vida, a la salud, al bienestar, a la dignidad, al hogar y a la propiedad, por lo que no vimos otra posibilidad que demandarlos”. Que no se confundan los que creen que la gente se cansará cuando Greta siga cumpliendo años, que su figura simplemente se agotará. La organización Aurora, a la que ella pertenece, se asesora cada vez mejor a la hora de asegurarse que sus quejas no sólo se queden en protestas callejeras. Van mucho más allá. Además, la gente que empezó a seguirla en redes y que hoy son legión tenía 14 años cuando arrancaron y ahora han crecido a la par y se han formado una convicción inalterable sobre el peligro que conlleva seguir como estamos. Greta y su consecuencia siguen siendo la luz que ilumina el mundo. No escuchar su voz, nos obligaría a colgar de la soga que nosotros mismos nos pusimos al cuello. Aún estamos a tiempo.

  • PRIMER INFORME DE VIOLENCIA POLÍTICO- ELECTORAL (8 DE MARZO DE 2025- 8 DE JUNIO DE 2025)

    Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad La violencia político- electoral ha sido definida por la Fundación Paz y Reconciliación como aquella que se ejerce en contra de un individuo o de un colectivo en el ejercicio de sus derechos políticos dentro de una contienda electoral. Este fenómeno, se ha mantenido vigente desde 2014, como uno de los grandes marcos del proceso de violencia política que se vive en Colombia. La Fundación Paz y Reconciliación, en el marco de su labor como organización de la sociedad civil comenzó el seguimiento de este fenómeno en la coyuntura del proceso electoral colombiano que dará inicio en 2026. El monitoreo elaborado arranca desde el 8 de marzo de 2025 (un año antes de las elecciones a Congreso) e irá hasta el final de la contienda presidencial en junio de 2026. A corte del 8 de junio de 2025, se ha registrado hasta el momento 57 víctimas de violencia político-electoral en 43 hechos asociados, entre ellos 4 homicidiosen contra de líderes políticos, excluyendo los hechos perpetrados contra líderes y lideresas sociales, en el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (Sipares). El seguimiento de los datos expone una situación de suma preocupación ya que, en este primer monitoreo, se registró que día de por medio existió una víctima de violencia político - electoral en Colombia. Las dinámicas sociales del país han demostrado que la violencia se ha utilizado y se utiliza como un mecanismo más de competencia electoral en general, cuyos perpretadores se han mantenido en las sombras, y de los cuales entre el 25% y el 35% responden solo a grupos armados organizados. Desde 2014, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) también ha documentado los herederos de las estructuras asociadas al fenómeno de la parapolítica en el Congreso y, posteriormente, ha investigado la continuidad de este poder en hechos de corrupción asociados al ‘Cartel de la Toga’, el escándalo de Odebrecht, entre otros escándalos a nivel local. A partir de la entrada de dineros ilegales o del uso de estructuras armadas irregulares y oscuros de rastrear para la competencia electoral, los riesgos de violencia político electoral se han mantenido constantes.

  • Iván Velásquez, el hombre que nos salvó de que Uribe se convirtiera en un presidente eterno

    Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones Este lunes festivo 2 de junio un fiscal que es considerado corrupto por Estados Unidos pidió emitir una orden de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, por pertenecer a la comisión contra la corrupción que llevó a la cárcel a expresidentes y ex ministros. Era una venganza cometida desde la parte más oscura de la política guatematelca que fue afectada por esta Comisión encabezada por el ex ministro de defensa Iván Velásquez. En la mañana del 3 de junio el propio gobierno de Guatemala rechazó con dureza estas acusaciones y el jefe de la Interpol confirma que no hay ni habrá circular roja contra el ex ministro de defensa y con la fiscal Camargo. Rafael Curruchiche, fiscal que es considerado por Estados Unidos como currupto -que ni siquiera tiene Visa- pertenece a una deshonrosa lista confeccionada por el departamento de estado. Llama la atención que en Colombia buena parte del uribismo puro y duro, enquistado en la política y en los medios, celebraron lo que parecía ser una noticia que acabaría con uno de los hombres que con más encono a cuestionado al expresidente. Esta es la historia de una confrontación. El año 2006 Álvaro Uribe Vélez estaba en el pico de su popularidad. Ese año se convertía en el primer político en la historia del país en ser reelegido por un periodo de cuatro años más por medio del voto popular. El congreso, un año antes, había aprobado de manera inmediata la reelección y fue declarada constitucional en octubre del 2005. Uribe, a través de su partido, Primero Colombia, obtuvo 7.397.835 votos. Ganó de manera aplastante en primera vuelta. El segundo lugar de la votación fue para Carlos Gaviria. Jamás en la historia del país un candidato que representara a la izquierda había obtenido 2.613.157 votos en unas presidenciales. Esto marcaba una tendencia, mientras había una mayoría que creía en Uribe hasta el punto de convertirlo casi en una religión, crecía el número de descontentos que se empezaban a aterrar ante los rumores que salían de su gestión. Desde las elecciones legislativas del 2002 estaban prendidas las alarmas. En zonas de alta influencia paramilitar habían salido congresistas con votaciones extrañamente altas. Los casos de Eleonora Pineda y Rocío Arias fueron los más representativos. A partir de ese momento los investigadores de la Fundación Arco Iris empiezan a investigar el fenómeno. La Corte Suprema de justicia les pide datos a León Valencia, entonces presidente de la Fundación. La Corte crea una unidad especial para desarrollar la investigación. Era la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal. El hombre a cargo era Iván Velásquez. Velásquez era un viejo conocido de Uribe. En 1997 fue nombrado director de Fiscalías en Medellín. En esa época Uribe era gobernador de Antioquia. Su modelo de CONVIVIR, las cooperativas de civiles armados que se habían formado con la excusa de defenderse de los ataques de las guerrillas, había sido duramente criticada. Las CONVIVIR se convirtieron en el caldo de cultivo para que los paramilitares se expandieran en Antioquia. Velásquez tuvo que investigar las masacres de La Granja, Ituango y el Aro. Esta última había sido alertada por el defensor de derechos humanos José María Valle pero nadie de la gobernación quiso escuchar. Velásquez fue el hombre que ordenó el allanamiento del parqueadero Padilla, en Medellín, en donde se descubrió por primera vez los nombres de los comandantes máximos de las AUC: Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Desde esa época Velásquez se convirtió en un vidrio en la media para Uribe. En la Comisión de Apoyo Velásquez iba a las cárceles del país, a hablar con los paramilitares que recién se habían desmovilizado acogiéndose a la ley de Justicia y Paz implementada por el gobierno Uribe. Lo acompañaba Luz Adriana Camargo quien será en las próximas horas la nueva fiscal de la nación. Fueron recolectando pruebas y nombres. La captura de Don Antonio, mano derecha de Jorge 40 y su computador fue vital para obtener pruebas y además ordenar la detención de Jorge Noguera, director del DAS y uno de los niños consentidos de Álvaro Uribe, además de poder cercar a políticos poderosos de la Costa como los senadores Álvaro García Romero, Eric Morris y Jairo Merlano. Pero Velásquez y su comisión fue más allá. En febrero del 2007, mientras caminaba por un centro comercial, fue detenido Álvaro Araujo, perteneciente a uno de los clanes más poderosos de la Costa y hermano de la que era canciller de Uribe, María Consuelo Araujo. El chubasco dentro del gobierno de Uribe empezaba a convertirse en tormenta. Cayó la canciller, además las investigaciones se encausaron ya contra el primo del presidente, Mario Uribe y sus nexos con grupos paramilitares. En el 2020 el entonces presidente Iván Duque pidió excusas públicas a Velásquez por estas interceptaciones. La investigación desembocó en la condena de unos cincuenta congresistas. Uribe iría por más. Jorge Orlando Moncada, alias Tasmania, en un momento se ofreció a hablar con Velásquez y ayudarlo en la investigación sobre la parapolítica, en especial sobre Mario Uribe. Pero Tasmania lo piensa mejor. Se reúne en la cárcel de Itagui con el “Tuso” Sierra. Lo convence de que cambie su versión y afirme que Velásquez le habría ofrecido beneficios para enlodar a Uribe. Según Verdad Abierta el Tuso, que buscaba quedar bien con el entonces presidente, le ofreció a Tasmania una casa para su mamá, le darían el beneficio de entrar como paramilitar al proceso de Justicia y Paz. Vinieron las intimidaciones para Velásquez, incluso una llamada del propio Uribe. Después vendrían otras llamadas advirtiéndole que era mejor no meterse con el primo del presidente, con Mario, que si renunciaba a la Corte el propio Álvaro Uribe le buscaría un cupo como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Como no consiguen ablandar a Velásquez sobrevino entonces la estrategia de enlodarlo por el lado de Tasmania. Todo el mundo le creyó a Uribe. Se le abrió incluso un proceso disciplinario a Velásquez. El tiempo estuvo a su favor y pudo comprobar que todo se trató de una infamia. Velásquez estuvo investigando en la corte hasta el 2012. Un año después la ONU, para furia de Uribe, lo nombró Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y comprobó la corrupción del entonces presidente Jimmy Morales. Desde Colombia Uribe y sus seguidores le lanzaban dardos. Regresó al país y el 22 de junio del 2022, dos días después de haber sido elegido en primera ronda como el primer presidente de izquierda de este país, anunció que sería su ministro de defensa. Su pasado intachable le sigue trayendo problemas por parte de los adeptos al expresidente Uribe. El senador Jota Pe Hernández lo citó el martes 12 de marzo del 2024 a una moción de censura por los problemas de orden público. Según Hernández, quien hasta hace poco era un reconocido youtuber, y una parte de la oposición, el gobierno está de brazos cruzados con el problema de la delincuencia. Velásquez fue convocado a la moción de censura por los senadores Ferney Pulido Hernández, Guido Echeverri Piedrahita, Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, David Luna Sánchez, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Enrique Cabrales Baquero, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Esteban Quintero Cardona, Carlos Manuel Meisel Vergara, Antonio Luis Zabaraín Guevara y Edgar de Jesús Díaz Contreras, todos adeptos a Álvaro Uribe. Este año Velásquez renunció al ministerio de defensa. Pocos meses después le sale esta acusación que no va a ser tomada en cuenta por Interpol. El uribismo debe esperar más tiempo para disfrutar su venganza.

  • Como una dictadura: Trump saca a 2.000 policías a las calles de Los Ángeles

    Por: Redacción Pares Donald Trump lleva cinco meses como nuevo presidente de Estados Unidos y sus agresivas reformas empiezan a cobrarle el precio. Estas últimas semanas han sido altamente complejas para él. La renuncia de su principal aliado, Elon Musk —quien aportó 300 millones de dólares a su campaña presidencial—, fue uno de esos golpes recibidos. A ese totazo se suman las declaraciones de su examigo al denunciar que, supuestamente, está en la lista de amigos de Epstein. El dueño de Tesla intentó recular y quiso acercarse de nuevo al presidente, pero este le cerró la puerta en la cara. A estos problemas se suman las manifestaciones por su política claramente xenófoba contra la inmigración. Debido a estas continuas protestas, Trump tomó una decisión propia de un dictador del Caribe: sacó a 2.000 policías a la calle de Los Ángeles, epicentro de las protestas. El gobernador de California, quien está en las antípodas del republicano, protestó contra esta decisión y aseguró que se trataba de “una provocación deliberada”. Nada más en la primera semana de junio fueron detenidos 118 inmigrantes, lo que generó protestas que fueron reprimidas con bolillo y gases lacrimógenos.  El presidente no se quedó callado y volvió a mostrar la repulsión que le generan los mal llamados indocumentados: “Ahora, turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación". Lejos de buscar la moderación, de bajarle la temperatura a estos eventos, Trump concluyó su declaración de esta manera: “Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados ​​y Los Ángeles será libre. ¡Gracias por su atención a este asunto!". La gran pregunta que se hace el mundo es si Trump tiene la autoridad para sacar fuerza pública a la calle. Para hacerlo, tal y como lo reseñó la BBC, el presidente recurrió al Código de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (10 U.S.C. §12406), que le permite poner a su disposición la Guardia Nacional. Esto lo puede hacer por estas razones: Si EE.UU. "es invadido o está en peligro de invasión por una nación extranjera". Si "existe una rebelión o peligro de rebelión" contra el gobierno. Si "el presidente no puede ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares". Esta es una nueva muestra de la confianza que siente el presidente de los Estados Unidos por la fuerza. La última vez que un presidente había activado esta ley para sacar la Guardia Nacional fue en 1965, el presidente era Lyndon Johnson. Estados Unidos retrocede a pasos agigantados y el mundo tiembla.

  • Alberto Santofimio, el liberal condenado por pedirle a Pablo Escobar que matara a Luis Carlos Galán

    Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones Conocí a Alberto Santofimio en 2020. En ese momento intentaba terminar una biografía sobre Simón Bolívar que le había mandado a hacer la Academia de Historia del Tolima. Para entonces, cumplía la condena de 24 años de cárcel que recibió por haber instigado la muerte de su compañero de partido, Luis Carlos Galán Sarmiento, en un apartamento de 300 metros cuadrados, en un edificio llamado Museo, ubicado justo frente al Museo del Chicó. Su único consuelo eran sus libros: 10.000 ejemplares, algunos de ellos incunables de precios millonarios. Por una serie de circunstancias, me llamó y me contó sus angustias. En ese momento tenía que dejar ese apartamento para entregárselos a los hermanos Galán. Debía pagar 1.900 millones de pesos a los hijos del hombre que, según la justicia colombiana, él ordenó asesinar. En los años ochenta no existía un político más poderoso y carismático que este senador liberal, que empezó su carrera política de la mano de Alfonso López Michelsen. Por aquella época, aún eran importantes -casi que lo más importante- los discursos en la plaza pública. Nadie era más elocuente que Santofimio. Su verbo encendido era comparado con el de Jorge Eliécer Gaitán. Su popularidad lo llevó a tener fans peligrosos, uno de ellos fue Pablo Escobar Gaviria. En 1982, había rumores sobre la escandalosa fortuna de este paisa de bigote mexicano y hablar pausado. Forbes ya lo colocaba entre los hombres más ricos del mundo. Su hacienda en el Magdalena Medio, llamada Nápoles, era un inmenso complejo de placer, lleno de piscinas, lagos y animales exóticos. Allí recibía y agasajaba a políticos, deportistas, periodistas. Uno de los más celebrados era, precisamente, Santofimio. Célebres se volvieron sus fotos sentado al lado de las lagunas o en un jet sky,  sin camisa, rozagante y al lado del capo de capos. La relación fue tan cercana que le alcanzó a Pablo Escobar para ser suplente en la Cámara de Representantes, por parte del Partido Liberal, y hasta para una gira en Europa, a donde acompañó al senador liberal a la toma de posesión de Felipe González, presidente español. Cuentan que Santofimio trataba a Pablo Escobar como su chofer. Como un mayordomo muy bien calificado. Le daba órdenes. Escobar creía que, con él, podría conseguir lo que siempre anheló, no solo legalizar su fortuna, sino poder usarla para llegar a la presidencia de Colombia. Era una locura. Escobar tenía la sangre en el ojo con Galán, ya que lo echó públicamente del Partido Liberal en una plaza en Medellín. El capo se sintió humillado. Pero se dice que fue la instigación de Santofimio, lo que hizo a Escobar tomar su vil decisión. Le recordó que, si Galán ganaba la consulta liberal, sería el nuevo presidente y no dudaría en aprobar la extradición a los Estados Unidos. La justicia, después de muchos años de lo que sucedió, encontró culpable al político tolimense.  La vida le cambió radicalmente a Alberto Santofimio, el 13 de mayo de 2005, cuando se vio obligado a enfrentar la justicia por el asesinato del líder político. El excongresista salió del apartamento donde vivía en Armenia junto con su esposa Liliana Correa. Se subieron al auto y llegaron al centro de la ciudad, a una de las sucursales de los Supermercados Inter. En la puerta, los esperaba una patrulla del CTI que obligó a la pareja a abordar el vehículo. El exsenador y exministro nunca perdió la tranquilidad en el momento en que lo detuvieron. Su esposa, en cambio, explotó en llanto. La justicia lo llamaba a responder y su pesadilla, tan tortuosa como el crimen de Luis Carlos Galán, había comenzado. Santofimio intentó defenderse, pidió, sin éxito, que se revisara su caso en la CIDH. La razón por la que instigó la muerte de Galán habría sido la de ganar la consulta interna del Partido Liberal. El acusado sigue diciendo que es inocente. La justicia piensa otra cosa.

  • El atentado a Miguel Uribe agravó la crisis política en Colombia y acentuó la polarización

    Por: Oscar A. Chala Padilla, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El país se estremeció el pasado fin de semana con las imágenes y vídeos que circularon sobre el atentado que sufrió el precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, que hicieron rememorar parte de los tiempos más oscuros de la historia de Colombia. Este ataque, que ha sido rechazado por todos los sectores políticos, los gremios económicos y la mayor parte de la sociedad colombiana, ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema político colombiano ante el uso de la violencia como herramienta de competencia a nivel electoral, y la posibilidad de que el regreso a ciclos políticos marcados por el uso de la misma como forma de dirimir el disenso y las contradicciones políticas ( como lo señala Francisco Gutiérrez Sanín ) se esté manifestando en la coyuntura, y ponga en riesgo los consensos y pactos institucionales que desde la Constitución de 1991 se construyeron para garantizar la participación política en democracia. Ante ese riesgo, el gobierno de Gustavo Petro ha buscado reaccionar convocando a los partidos y a los actores políticos para garantizar que el ejercicio electoral a 2026 sea seguro para la mayoría de los candidatos. No obstante, la crispación política ha venido creciendo en las últimas horas, y todos los sectores políticos se han acusado mutuamente de la responsabilidad del hecho. ¿Qué se rompió con el ataque a Miguel Uribe? Trataremos de resolver esta pregunta desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Lo que se rompió con el atentado a Miguel Uribe Turbay Fuente: BBC Mundo. Aunque en la mayoría de los informes que se han realizado desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad haciendo seguimiento a la violencia político-electoral tanto en los comicios de 2022 como de 2023 se ha establecido que este fenómeno se ha mantenido constante, la novedad frente a las formas de expresión de la violencia política es que se da contra un precandidato a la presidencia en plena campaña, a un año de las elecciones legislativas y presidenciales, y en medio de un ambiente bastante polarizado políticamente en el país. No es para menos. El último atentado contra la vida de un candidato a la presidencia fue el 26 de abril de 1990, con el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, de la Alianza Democrática - M-19, por parte de un sicario en un avión que le llevaría a Barranquilla, y el último hecho victimizante fue cuando la guerrilla de las FARC secuestró a Ingrid Betancourt en febrero de 2002, previo a las elecciones de ese año. Recientemente, en marzo de 2018, la caravana que llevaba al entonces candidato Gustavo Petro fue atacada con un objeto contundente en Cúcuta, en la que el hoy presidente salió ileso. No obstante, las cifras de violencia político-electoral en Colombia se han mantenido altas en los últimos años. Frente a procesos electorales nacionales, la Línea de Democracia y Gobernabilidad señaló al cierre de su especial de informes en 2022 , 222 víctimas de 179 hechos victimizantes a lo largo del año electoral (13 de marzo de 2021 – 13 de mayo de 2022). De estos hechos, 29 fueron asesinatos, 68% de los hechos victimizantes no tuvieron una autoría clara o su autoría es desconocida, y se ciñó en su mayoría sobre funcionarios públicos locales (alcaldes, concejales) y candidatos a la Cámara de Representantes. Es el mismo panorama si observamos las elecciones a nivel local y regional, donde la Línea encontró en su informe de cierre, para el 25 de octubre de 2023 , que hubo 325 víctimas únicas en más de 262 hechos victimizantes asociados durante el año electoral (29 de octubre de 2022 – 25 de octubre de 2023), de los cuales hubo 51 atentados y 37 asesinatos, y que se concentró en candidatos y precandidatos a cargos de elección popular. De estos hechos, más del 75% fueron ejecutados por agentes desconocidos, y solo el 25% fue realizado por algún grupo armado en particular. Conociendo este panorama previo, y sabiendo de antemano que el escenario electoral en Colombia es particularmente violento a nivel territorial, ¿qué terminó por romperse con el atentado contra Miguel Uribe Turbay? Con la información previa existente, es claro que el consenso frente al rechazo del uso de la violencia como herramienta de competencia electoral se acaba de quebrar a nivel nacional, haciendo posible que los fenómenos que se habían rastreado a nivel territorial y local se expandan como estrategia a nivel nacional, en respuesta a dos grandes fenómenos que han alimentado la polarización política. a).   Por un lado, una reconfiguración política del panorama ideológico del país, que se abrió con el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en 2016  y se ha agravado con la consolidación de un nuevo eje político entre una derecha uribista que se opuso totalmente al acuerdo de paz y que está buscando reencontrarse en un escenario post-uribista, y un bloque político ligado al post-conflicto, la paz y la urgencia por resolver demandas sociales (Santos en un primer momento; Petro posteriormente). b).   Por otro, la creciente desigualdad en el país, que ha llevado a que la división entre subalternidades (obreros, campesinos, estudiantes, jóvenes, mujeres, entre otros) y élites se haya agravado en los últimos años.  Esta desigualdad ha estallado en dos grandes paros nacionales (2019 y 2021) en el que quedó de manifiesto que tanto el bloque de las élites nacionales como el bloque subalterno están fracturados, no tienen el mismo mensaje, perspectiva y soluciones para resolver aquella desigualdad. Esto, agravado por la violencia con la que el Estado respondió ante ambos paros, junto con las confrontaciones en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira y Medellín, donde grupos ciudadanos se confrontaron con manifestantes. Ambas situaciones han llevado a una mayor radicalización discursiva y al aumento de un descontento entre un sector social que ha comprendido que las soluciones a sus problemas pueden no estar pasando por los mecanismos institucionales, frente a un amplio grupo de gremios económicos, partidos y burocracias que se han cerrado a escuchar las demandas sociales o buscan tramitarlas de manera gradual y lenta. En parte, estos dos fenómenos explican al final el devenir del gobierno de Gustavo Petro que, como contamos en este , este  y este artículo , buscó la salida de la Consulta Popular y ha radicalizado su discurso como respuesta al bloqueo político que los partidos políticos independientes y opositores han ejercido desde mediados de 2023 en el Congreso para el trámite de su agenda de reformas. Del mismo modo, este atentado marca una ruptura simbólica en la narrativa que había delimitado la violencia política a lo local y territorial. Su irrupción en el centro del poder político nacional, dirigida contra un precandidato presidencial de alta visibilidad, indica que la violencia ha dejado de ser un fenómeno marginal o periférico para insertarse en el corazón mismo del debate democrático nacional en Colombia. Además, este atentado se estaría enmarcando en un contexto donde el sistema político colombiano enfrenta una crisis de representación, y donde la democracia representativa liberal como idea estaría siendo confrontada por ejercicios de democracia mucho más directa a partir de lo plebiscitario, frente a la potencial incapacidad del modelo por resolver los dos factores de polarización enunciados anteriormente. A esto hay que agregarle el potencial agotamiento de las vías institucionales para tramitar por canales efectivos la contradicción, el antagonismo y la mediación pacífica. El atentado ha llevado a que muchas voces desde todos los bloques políticos busquen argumentos para la negación del contradictor político, ya fuese a partir de culpar al gobierno del ataque y señalarlo responsable de manera directa o indirecta, o señalar que el ataque fue un autoatentado o un ataque de falsa bandera. El camino al desescalamiento está lleno de buenas intenciones, ¿bastará? Fuente: El Espectador. Como respuesta a la efervescencia que ha llenado las redes sociales en las últimas horas entre sectores políticos buscando responsabilidades, omisiones y culpables, la mayoría de los partidos políticos en el país han hecho un llamado a la calma y a la no-violencia. En las horas de la tarde del domingo, todos los partidos que componen al Congreso firmaron un documento  rechazando el ataque a Miguel Uribe, y pidiendo que en las próximas horas la ciudadanía realice un ejercicio de reflexión donde se valore que estos actos socavan y ponen en riesgo la democracia y la participación política en el país. Fuente: X/Twitter. Del mismo modo, el gobierno nacional, tras la alocución de 40 minutos que el presidente de la República realizó ante el acontecimiento, ha llamado a una reunión extraordinaria este lunes a las 5:00 pm con todos los partidos políticos  para analizar la situación de seguridad de cara a las elecciones de 2026. En horas previas también se reunirá la Comisión de Garantías Electorales, con la misma finalidad. Este llamamiento ha venido acompañado con el refuerzo en la seguridad de cada precandidato, ordenado por el presidente el sábado en la noche, y con las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, quienes están encargados tanto de encabezar estos esfuerzos como de hacer seguimiento a las investigaciones que la Fiscalía, la Policía y el Departamento de Inteligencia ya comenzaron. Sin embargo, ante los llamados de los partidos, de sus voceros y de todo el país político para calmar las aguas y evitar mayores confrontaciones, la realidad es otra, y los ánimos se han caldeado durante varios momentos tanto en la concentración de personas que se han reunido alrededor de la entrada a urgencias de la Fundación Santa Fe (clínica donde se encuentra convaleciente Miguel Uribe), como en las declaraciones de los precandidatos que han asistido al centro médico. Por un lado, en varias ocasiones, la gente reunida ha vociferado cánticos en contra del gobierno Petro, al que siguen acusando de ser el principal responsable del ataque . La tensión se percibió al máximo en la madrugada del domingo, cuando varios funcionarios del gobierno llegaron al centro asistencial para conocer pormenores del estado del precandidato uribista, así como en la mañana y tarde, cuando una periodista de RTVC fue amedrentada por varios de los manifestantes. La agresión fue tal, que periodistas de otros medios debieron intervenir para evitar que los ataques transgredieran los insultos y agravios. Por otro lado, las declaraciones de varios precandidatos en la sala de espera principal del Hospital Universitario han versado sobre el mismo argumento, que ha sido señalar al gobierno Petro de ser responsable del ataque y de exigir al mismo gobierno garantías de participación política y en el ejercicio de la oposición. Victoria “Vicky” Dávila ; Francisco Barbosa ; Jhonatan Ferney Pulido “JP” Hernández ; y figuras políticas como Fabio Valencia Cossio  y Daniel Briceño , han declarado que el ambiente de crispación política que inunda hoy al país es culpa de los llamados del gobierno a la acción política directa, a la “guerra a muerte” y a desconocer las instituciones, y le han exigido al presidente que tome una postura conciliadora y abierta. Del mismo modo, la respuesta desde los sectores más radicales del progresismo no ha ayudado a bajar las aguas, y ha enrarecido mucho más el ambiente, especialmente en redes sociales, donde la confrontación entre bloques políticos se ha mantenido al rojo vivo en las últimas horas. Lo cierto es que el atentado ha dejado al descubierto un deterioro profundo en los pactos mínimos de convivencia democrática. El hecho de que actores políticos recurran a la deslegitimación total del adversario, incluso antes de que existan conclusiones judiciales claras, evidencia que el lenguaje de la confrontación ha desplazado al del disenso legítimo. Igualmente, los ataques han escalado hasta el punto en el que Angie Rodríguez, directora del DAPRE, ha salido a denunciar que ella, Armando Benedetti y algunos funcionarios del gobierno, entre ellos el mismo presidente, han sido amenazados. A modo de cierre: En este contexto de creciente polarización, con un lenguaje político cada vez más incendiario y una institucionalidad tensionada al límite, el atentado contra Miguel Uribe Turbay no solo debe ser leído como un hecho aislado de violencia electoral, sino como un síntoma de una fractura más profunda en los consensos que sostienen el sistema político colombiano. La deslegitimación del contradictor, la instrumentalización del miedo y el cierre de los canales de mediación política estarían augurando un escenario cada vez más hostil para la deliberación pública y la participación electoral libre. Si las medidas tomadas por el gobierno nacional y las que tomen los actores políticos en los próximos días no restablecen las mínimas condiciones de confianza, diálogo y garantías mutuas entre los actores del sistema, lo que hoy parece una coyuntura podría convertirse en un punto de no retorno para la democracia colombiana.

  • El propio Partido Liberal traicionó a Jorge Eliécer Gaitán

    Por: Redacción Pares Este 7 de junio, el país vivió momentos de verdadero terror. Fue como un deja vu horroroso, algo que hiela la sangre. Mientras sostenía una reunión con simpatizantes, algo improvisada, en Fontibón, el precandidato por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay recibió un disparo en su cabeza. Las imágenes paralizaron al país y recordaron los peores momentos que se vivieron en los años ochenta, en materia de violencia política. Pero también recordaron el atentado que marcó la historia del país, el de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Aunque en un primer momento la turba gaitanista enfocó su odio contra los conservadores, el comportamiento de los dirigentes del Partido Liberal dejó mucho qué desear. Es que, por lo general, son los propios partidos los que gestan las grandes traiciones en su interior. Acá recordamos la tarde en la que el Partido Liberal traicionó a su propio pueblo. El pasado 9 de abril se cumplieron 77 años del Bogotazo y aún no encontramos una explicación concreta de lo que sucedió ese día. Lo que dejan textos irrefutables como la investigación de Arturo Alape, es que el Partido Liberal pactó, de espaldas al pueblo, con el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Los detalles de esta traición se los contamos acá. Este es un retrato de lo que pasó horas después de que asesinaran a Jorge Eliécer Gaitán en plena carrera Séptima de Bogotá. La comisión liberal, encabezada por Darío Echandía, heredero natural del líder inmolado, entró a Palacio a las nueve de la noche. En la calle las balas del Ejército, el whisky y un torrencial aguacero, habían apaciguado la revolución. En uno que otro barrio se escuchaban esporádicas balaceras; solo eran los intentos desesperados de los francotiradores, completamente incomunicados, apostados en las azoteas de los edificios, que aún creían que los cuerpos de Laureano Gómez y Ospina Pérez colgaban de los postes de la luz de la avenida Séptima, tal y como lo había dicho, desde la radio nacional, un enardecido y ciego Jorge Zalamea Borda. Mariano Ospina Pérez fumando un cigarrillo tras otro, estaba en una de las salas de palacio esperando la comisión liberal.  Al llegar esta, el presidente se levantó y los saludó cordialmente, tal y como lo obligaba su educación adquirida en los mejores colegios de Europa. Los invitó a sentarse, la comisión aceptó, un mayordomo elegante les ofreció canapés y licores. Todos muy finos, importados, no podía ser de otra forma. No había por qué apresurarse, ellos estaban a salvo, el Ejército había vuelto a controlar las calles. Lo de afuera era solo el arrebato de un pueblo ignorante, el mismo pueblo que ponía los muertos. Afuera, los liberales intentaban desesperadamente buscar un líder que los organizara. No entendían muy bien por qué la plana mayor del liberalismo, entera, estaba en Palacio. En estos momentos, lo ideal hubiera sido que Echandía entrara solo a hablar con el presidente, y que Lleras Restrepo, junto a Luis Cano se quedaran en la calle, informando a la masa, evitando que el Ejército traidor matara a una persona más. Mientras la traición se fraguaba, los centros de salud y hospitales se llenaban de heridos y de cadáveres. Hernando Téllez, el genial y olvidado escritor caleño, contó que en las urgencias de un hospital vio a un hombre de unos 45 años con el pecho abierto, se le veía la carne por dentro y la sangre manaba de él. El hombre miró a Téllez y le dijo: “Mire señor, esta sangre es bendita…el machetazo me lo pegó un cura” y es que los sacerdotes cumplieron una labor fundamental el 9 de abril, no solo desde el punto de vista espiritual sino militar. Usando un panóptico como el del campanario del Colegio San Bartolomé, dispararon contra el pueblo. La Iglesia volvía a ponerse del lado de los poderosos, dándole la espalda otra vez a los más necesitados. En la Clínica Central, cientos de fanáticos intentaban sacar el cuerpo del caudillo asesinado para ponerlo al lado del de Juan Roa Sierra. Ya no se luchaba por nada: había empezado el pillaje, el saqueo, las violaciones, los asesinatos por placer. En Palacio, Lleras Restrepo veía desde la ventana cómo un fulgor teñía de rojo la oscuridad de la noche. Eran los incendios que se extendían por todo el centro. Al no haber accedido al poder, el pueblo simplemente se vengó. Ahora vendría una guerra de sesenta y cinco años, a la cual somos adictos. La traición de Echandía y sus secuaces al haber aceptado el Ministerio de Gobierno y haberse contentado con la renuncia del canciller, el odiado Laureano Gómez, eran detalles que formaban parte del complot. El pueblo no es tonto, el pueblo lo supo desde un comienzo. Los horrores de la noche habían hecho que el alba del 10 de abril fuera más pálida de lo habitual. Los rumores en la calle y en la radio eran confusos. Unos decían que el doctor Eduardo Santos había abandonado su lujoso apartamento en Nueva York y venía directamente a ejercer el poder; otros hablaban de que la comisión liberal se encontraba retenida en Palacio. La verdad era que, a esa hora, Echandía, Cano y Lleras desayunaban bocadillos veleños que era el único alimento que se encontró esa mañana del sábado diez de abril en las destruidas calles bogotanas. Después de que acabaron tres cajas, dejaron las oficinas de El Tiempo,  donde habían ido después de salir de Palacio, y se fueron a dormir, lejos de sentir cualquier tipo de resentimiento. Al contrario, estaban felices, porque la amenaza gaitanista había desaparecido para siempre. El sepulturero del Cementerio Central también estaba contento. Nunca había tenido tanto trabajo. Los cadáveres se apilaban en el jardín principal. Nadie contó los muertos que hubo ese viernes, algunos dicen que la cifra sobrepasó los tres mil. Entre esa macabra montaña solo uno estaba desnudo. Su cara estaba completamente desfigurada por los golpes y al parecer no le había quedado un solo hueso sano en el cuerpo: era Juan Roa Sierra. El joven rosacrusista y simpatizante de los nazis, quien a veces se creía la reencarnación de Gonzalo Jiménez de Quesada y otras tardes estaba convencido de ser Francisco de Paula Santander, había comprado un revólver días antes del magnicidio, con la plata que le había recogido su madre para que tomara un curso de choferismo y así tener cómo vivir. En sus veintiséis años de vida no había hecho nada productivo, y eso lo mortificaba. Decía que él estaba para cosas más grandes que manejarle el automóvil lujoso a algún ricacho de esos. De carácter introspectivo, Roa Sierra era el menor de doce hermanos en una familia donde más de uno había sido internado en los pabellones del manicomio de Sibaté.    No es descabellado pensar que no hubo complot. De pronto el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán fue la iniciativa de un solo hombre, un fanático que sufriendo un ataque de egocentrismo haya querido pasar a la historia, al menos como el asesino de un hombre famoso. Es probable que ningún estamento del gobierno se haya acercado a ofrecerle dinero a Roa, pero también llega a ser cierto que una forma de matar es la incitación constante a la violencia. Desde el Senado y desde su periódico El Siglo,  el canciller Laureano Gómez en sus largos e hipnóticos discursos hablaba de fraude, de impedir que la chusma y los ateos se tomaran Palacio. Monseñor Builes desde el púlpito se atrevió a decir que: “No era pecado matar liberales”. Sí, probablemente la iniciativa fue de un psicópata que asistía a las conferencias del doctor Gaitán y que se desilusionó cuando, al pedirle trabajo, el caudillo le dijo que no podía ayudarlo porque, a diferencia de otros políticos, él, clientelista no era. No fue su iniciativa, pero la radio y diarios como El Siglo  le incubaron la idea del magnicidio. En ese sentido fue un crimen perfecto. Bogotá desde ese día se convirtió en un monstruo inmenso, cargado de violencia, de edificios feos, de conurbación exacerbada. La energía descargada hace sesenta y siete años por un pueblo que espontáneamente, sin preparación alguna, quiso hacer la revolución, todavía se siente en toda la avenida Séptima. También las implicaciones de la cobardía de la comisión liberal que ingresó a Palacio en la noche del 9 de abril se han dejado sentir en estas seis décadas y media de conflicto. Las revoluciones no se pueden reprimir, el país necesitaba en ese momento un cambio de poder, el hombre encargado de esto era Gaitán, al ser asesinado esa responsabilidad fue asumida por el pueblo y el Partido Liberal le dio la espalda. La represión a los policías, militares, gente del común y políticos que se amotinaron ese día, se hizo sentir durante años. Fueron degradados, olvidados, presos y asesinados todos los que indignados y resueltos marcharon hasta el palacio presidencial exigiendo la renuncia de Ospina Pérez y su régimen represor. El no haber sabido leer ese momento histórico constituyó un precio muy grande, un precio que todavía estamos pagando. El gobierno de Gustavo Petro intentó hacer la paz con nueve grupos a la vez. No se pudo. A la falta de un plan consistente, Petro tuvo que sumar los palos en la rueda que le han puesto los enemigos a la paz, los que llevan 77 años, de manera ininterrumpida, traicionando al pueblo colombiano.

  • ¿Reconciliación a la vista? Musk estaría arrepentido de la pelea con Trump

    Por: Redacción Pares Hay un viejo proverbio que reza así: los monstruos terminan devorándose entre sí. Esto parecía cumplirse cuando presenciamos, la semana pasada, el agarrón que tuvieron los dos magnates más famosos de los Estados Unidos. Mientras uno decía que el otro tenía problemas mentales y sugirió incluso que estos se potenciaban por el uso de drogas, el otro le respondió que aparecía en la lista de amigos pedófilos de Epstein. Fue un show tremendo. Pero parece ser que viene una reconciliación a la vista. Entre estos dos aliados las cosas van y vienen, como un electrocardiograma, suben y bajan como la marea de un planeta esquizofrénico. Hay dos gestos de Musk en las últimas horas que dan para especular que la pelea ha terminado. Uno de ellos es el anunció de que no desmantelará Dragon, la cápsula clave para la Estación Espacial Internacional con la que Estados Unidos quería poner en marcha su nueva conquista espacial. Y el otro gesto fue borrar el trino en el que sugería que Trump no había querido desclasificar los archivos que apuntaban a una posible participación suya en la red de tráfico de menores que había formado el multimillonario Jeffrey Epstein. Musk invirtió 300 millones de dólares en la compaña republicana y se mostró la semana pasada públicamente arrepentido de haberlo hecho. Incluso afirmó: “Sin mí no hubieran podido ganar las elecciones presidenciales”. Los términos que ambos usaron fueron altamente sonoros. Los dos magnates se mostraron, el uno al otro, “decepcionados”. Justo cuando creíamos que la pelea entre los dos monstruos iba a escalar, ahora, en su clásica ciclotimia, volvieron a demostrar que son hombres de impulsos y que la estabilidad mental no es una de sus cualidades. Al inicio de esta administración, Musk estaba al frente de la agencia DOGE destinada a recortar presupuesto gubernamental, lo que derivó en una ola de despidos que le generó críticas e incluso le reportó una sensible caída en las acciones de Tesla, su negocio más rentable. Trump y Musk parecían congeniar tanto en su xenofobia como en su desprecio a los empleos públicos, ambos parecían estar de acuerdo en ayudar a perfeccionar y ampliar la IA para, de paso, crear empleos que no dependieran directamente de los humanos. Por eso, una parte de la humanidad se alegró de este distanciamiento, pero al parecer será temporal: ya hay reconciliación a la vista.

  • Agresión por parte de seguidores de Miguel Uribe Turbay a periodista de RTVC

    Por Redacción Pares Gelitza Jiménez trabaja para la Red de Medios públicos RTVC. El domingo en la tarde llegó a cubrir la noticia del momento, la salud de Miguel Uribe Turbay. El candidato presidencial fue herido el sábado en la tarde con un disparo en la cabeza. Su condición sigue siendo crítica, su estado reservado. Reporteros de los medios más importantes del país se aglutinaban frente a la Fundación Santa Fé donde Uribe Turbay lucha por su vida. Desde el sábado han llegado a esa clínica ex presidentes como Andrés Pastrana, Iván Duque, Álvaro Uribe, preocupados por la salud del joven político. También han llegado simpatizantes del Centro Democrático. Se entiende el dolor que pueden estar sintiendo por la situación que vive el candidato de la derecha. La mayoría de ellos ha optado por pedir pacíficamente por su salud, por medio de cadenas de oración, velatones, otros el desespero los ha llevado a cometer actos injustificables. Gelitza Jiménez llegó el domingo a cumplir con su deber, el de informar. Pero su insignia de RTVC despertó una injustificada ola de odio contra ella. Primero empezaron a gritarle “usted no debe estar acá” y luego directamente le gritaban “asesina”. Cuando se caldeaba la situación colegas de otros medios intervinieron e impidieron que pasara algo grave. La polarización se ha reflejado en los últimos meses en la agresión por parte de petristas o uribistas a medios que ellos consideran contrarios a sus intereses. Aunque siempre se trata de una minoría, no deja de ser preocupante ese grado de intolerancia contra la prensa. No puede ser que en manifestaciones en donde se busca la recuperación de la paz, de la esperanza, o en reuniones donde se pida por la vida de un senador, se utilice la violencia para amedrentar al contrario. La violencia, en todas sus formas, debe parar ya.

  • Los seis meses en los que mataron a tres candidatos presidenciales en Colombia

    Por: Redacción Pares Las últimas horas realmente han sido traumáticas para el país. El atentado contra Miguel Uribe Turbay en Fontibón fue choqueante por una razón: nos devolvió de un golpe al pasado. Entre agosto de 1989 y abril de 1990 asesinaron a tres candidatos presidenciales. Incluso intentaron asesinar a otro y no lo lograron, pero, en la intención de matar a César Gaviria, el cartel de Medellín acabó con la vida de más de un centenar de personas que hacían un viaje entre Bogotá y Cali. En la lista de pasajeros de ese avión de Avianca figuraba César Gaviria, el hombre que había sido designado por Juan Manuel Galán para reemplazar a su padre en la lucha por la presidencia. Nunca llegó al vuelo. En agosto de 1989, en una plaza de Soacha, fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento. Era el precandidato del Partido Liberal. Como se pudo comprobar años después, detrás del atentado estaba Alberto Santofimio Botero, copartidario suyo, quien envenenó a Pablo Escobar para que cegara la vida del político santandereano quien, firme en sus ideas, estaba convencido de que la mejor forma de combatir la violencia extrema de los carteles, era firmando la extradición con los Estados Unidos. En el atentado a Escobar participaron los paramilitares del Magdalena Medio, en cabeza de Henry Pérez, el propio Pablo Escobar y también ayudó la ineficiencia por parte del DAS, que, en el último minuto, decidió cambiar el esquema de seguridad del político. Las imágenes fueron estremecedoras porque, por primera vez en nuestra violenta historia, un ataque a un candidato quedaba registrado en cámaras. Unos meses después, el 22 de marzo de 1990, mientras esperaba un vuelo hacia Barranquilla, fue asesinado el líder de la UP Bernardo Jaramillo Ossa. Otro más de los cinco mil integrantes de esta organización que fueron asesinados por la fuerza de la extrema derecha. A pesar de las súplicas que le hizo a Pablo Escobar, ya el ángel de la muerte se lo habían soltado a este abogado carismático, entregado a sus causas, lleno de amor por su país. Carlos Castaño fue el autor intelectual de un crimen que sigue doliendo. Jaramillo Ossa, cero dogmático, le había bajado el tono a una izquierda enclaustrada en los dictámenes de Moscú. Cuando lo mataron, tenía 35 años. Un mes después, en pleno vuelo de Avianca, fue asesinado por un suizo; así llamaba Pablo Escobar a esos peladitos que no valían nada, según él, y los usaba de carne de cañón para llegar a sus fines. En pleno vuelo, disparó sobre el candidato que representaba al M-19, fuerza que acababa de desmovilizarse y de meterse de lleno en la vida democrática del país. Pizarro fue asesinado con varios disparos en la cabeza y su agresor fue rematado ahí mismo. Su asesinato impidió que se conociera la verdad sobre los autores materiales del atentado. Afortunadamente, este sábado 7 de junio, las autoridades pudieron atrapar vivo al muchacho que disparó en la cabeza a Miguel Uribe Turbay, y podrá conocerse la verdad sobre lo que ocurrió. Los tiempos han cambiado.

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