Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para: @confidencialcol Uno de los mensajes que se ha repetido hasta convertirse en verdad es que uno de los grandes problemas de ejecución de este gobierno se debe a que la izquierda carece de experiencia. Este argumento es lo que en lógica se conoce como argumento inválido o falaz. Es decir, pese a que las dos premisas son ciertas: el gobierno Petro tiene problemas de ejecución, y la izquierda no ha tenido experiencia (o muy poca) en el gobierno nacional, no se puede inferir que todo problema de ejecución se deriva de la falta de experiencia y que, por tanto, la baja ejecución es a la izquierda casi como connatural al no haber tenido suficiente tiempo en el gobierno. Otros ejemplos de argumentos falaces en la política trajeron serias consecuencias a la democracia latinoamericana, incluyendo el ascenso de políticos anti-derechos como Milei y Bukele. Y antes de que algunos de mis lectores me acusen de ligereza en la calificación, los propios Milei y Bukele se han manifestado en contra de agendas de ampliación de derechos y de la propia responsabilidad de los Estados en el cumplimiento de los derechos humanos. Me voy a detener en el argumento de la baja ejecución del primer año y medio de gobierno y sus aparentes causas. Es verdad que la izquierda no tiene experiencia de una o dos décadas gobernando. De hecho, la mayoría de esta se ha dado en Bogotá y en algunas experiencias regionales de gobiernos con amplias inversiones sociales y en bienes públicos y no adscritos a los gobiernos o partidos políticos tradicionales. Pero valiéndonos del principio de auto-adscripción, tan importante para definir la identidad de cualquier persona, personas pertenecientes a movimientos políticos de izquierda no han estado más que en pocos cargos de elección popular. ¿Y tiene la culpa la izquierda de haber sido sistemáticamente excluida del régimen político, e incluso del empleo público? Aquí está la conclusión falsa. Si el mercado del empleo en el Estado fuera abierto a cualquier persona con capacidad para ejercer una función específica, vaya y venga. Acusémoslos. Pero el mercado del empleo público en Colombia es cerrado y clientelista, además de inestable y de distribución ineficiente. Para que me entiendan, la relación en el Estado es de un 30% funcionarios, 70% contratistas. Dentro de los funcionarios también se encuentran las plantas temporales, compuestas por aquellas personas que sudan frío cada elección porque van a perder su empleo si su político pierde. Podemos decir misa, pero este mercado es tóxico y lleno de incentivos perversos. Entonces, en realidad, la acusación no se refiere a la falta de técnica, sino al mero hecho de que la izquierda no ha tenido la capacidad de orientar la clientela a su favor. Y en un mercado tan perverso como este, de cada diez personas que trabajan en el Estado, siete le deben su puesto, su estabilidad y su vida entera a un político. Puede ser, como ocurre en ocasiones, que sean personas tan excepcionales que logren convertirse en indispensables, pero no es lo usual. Es una excepción que no se puede confundir con la regla. Pero, además, hay un ingrediente más en la encrucijada. El liberalismo que ha traído tantas ventajas a la humanidad –incluyendo la defensa acérrima de la libertad y la democracia– tuvo una distorsión sustancial en Colombia, de la mano del clientelismo. Un mismo modelo –funcional hasta cierto punto en las grandes ciudades– fue la destrucción de toda posibilidad de equidad en las regiones más apartadas o simplemente en municipios pequeños. La ejecución de cualquier plan, programa y proyecto se tiene que contratar con un mercado pequeño, cómodo y, hay que decirlo, bastante corrupto. Si el objetivo era que el sector privado entrara a suplir la ineficiencia y corrupción estatal, fracasamos en el intento. Hoy, por ejemplo, a una alcaldía le es imposible hacer una carretera si no cuenta con un congresista intermediario que probablemente le diga cómo y con quién contratar. Somos nosotros, con nuestro dinero, los que pagamos ostentosas campañas políticas, a cambio de migajas y proyectitos sin mayor impacto. Le tengo críticas al gobierno del presidente Petro. Las he manifestado. Pero en esto, entiendo al presidente. Algunas voces reclaman que haga un pacto nacional con fuerzas políticas que no pactan, chantajean. Es decir, que su rol en el pacto no depende de educadas conversaciones intelectuales sobre el tamaño del Estado. Simplemente de que les conserven el poder de la clientela, que es un poder al final corrupto. Hay una parte de la ejecución, y esto lo sostengo con plena confianza, que se ha retrasado porque a muchos sectores de gobierno no les falta experiencia técnica, sino experiencia manejando oscuros mecanismos de contratación. Lo paradójico es que entre mejor quieran hacer las cosas, entre más limpias salgan las licitaciones y convocatorias, más desiertas se van a quedar. Por eso celebro que el presidente Petro se haya reunido con los empresarios, que generan empleo y con los que probablemente se pueda tener una conversación auténtica sobre un pacto nacional. Mucho mejor eso, que un pacto de contratistas sin valor agregado.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para: @confidencialcol Hace pocos días me preguntaron qué pensaba de la crisis del proceso de Paz Total. Traté de dar mi opinión, basándome en los hechos conocidos y en el acceso a la información de la que disponemos en la Fundación Pares. Después de leer mi propia opinión me di cuenta de que la paz, al igual que yo y que otros colegas, estamos girando alrededor de lugares comunes. La verdad es que tenemos poca información de las múltiples agendas que se mueven en los lugares de la geografía colombiana donde persiste la violencia organizada. Además estamos midiendo muy mal tanto los éxitos como los fracasos, así como la propia complejidad de la violencia. Hacemos unas canastas de indicadores de violencia que poco o nada tienen que ver con lo que está viviendo la gente a diario, y sobre esos números establecemos nuestro análisis. Bueno para nuestro ego, malo para el país. Por eso, voy a reformular mi opinión sobre el estado actual del proceso y algunas ideas que podrían ayudar a volver a darle foco, tratando de hacer énfasis en la imperiosa necesidad de avance de la paz. El primer punto que puede ayudar es aprovechar este momento para parar, observar detenidamente, recolectar información y crear inteligencia colectiva en el sector paz del gobierno. La información está dispersa en mesas, liderazgos y tareas. Medir mejor es fundamental. Los repertorios de violencia no son estáticos y los análisis sobre los mismos tampoco deberían serlo. La realidad es la que debe dictar la acción y no al contrario. Lo segundo suena obvio, pero no es sencillo. El gobierno debe reconocer que la gente está sufriendo. Meterles fuerza y debate político a dos o tres cifras distrae a la opinión pública de lo fundamental. La gente está dispuesta a entender que el camino está lleno de baches, pero no a que le digan que esos baches, los que viven, ven, sienten y perciben a diario, no existen. Actualmente muchas comunidades y organizaciones sociales con experiencia, dedicación y compromiso en la construcción de paz nos aseguran que no están siendo escuchadas. Lo tercero es cambiar el foco de los violentos al territorio. Estamos tan llenos de lugares comunes que no somos capaces de ver que la mayor demanda política detrás de la violencia (y tal vez la única que queda en firme) es la presencia de un Estado que atienda las necesidades básicas de la población. Tan simple como eso, pero tan complejo de hacer. Es la promesa que jamás se ha cumplido. Como somos un país profundamente centralista, la rendición de cuentas que la sociedad hace al Estado se va poco a los mandatarios locales y muchísimo al gobierno central. Lo cuarto es desenredar la pita. El proceso, lleno de procesos, está actualmente enmarañado en funciones, dispersión de las mismas, decretos, etc. Ordenar así sea un poco la gestión de la paz en el territorio no es mala idea en absoluto. Por ejemplo, sería deseable recuperar la senda de los PDET en construcción de infraestructura y al mismo tiempo darle un aire serio, renovado, con recursos y capacidad a reconstruir el tejido civil y social que ha sido roto por la violencia. La capacidad que no tienen los gobiernos a nivel local la puede tener la sociedad civil, que en estos momentos se siente aislada. El presidente tiene, además, la posibilidad de trabajar con las gobernaciones entrantes. Ojalá volvamos a ponerle el apellido paz a las cosas positivas en las que el Estado está avanzando (reforma agraria, por ejemplo). Y que ese apellido venga con recursos y capacidad humana. Finalmente viene la cuestión de los armados. Aquí la cosa es de un balance muy delicado, incluyendo por supuesto mantener abiertos canales de diálogo y la oferta de negociación, al mismo tiempo que se continúa avanzando en los cuatro puntos anteriores. Es importante, y esto lo digo con algún conocimiento de años de estudio de grupos armados en Colombia y otros países, salir de la idea de que existe una voluntad real de paz (de unos) y una voluntad falsa de otros. Todos los grupos tienen una parte de sí que quiere negociar y una parte que no. Hasta el final tratan de mantener planes B, balances, y “seguros”, por si las cosas salen mal. De lo bien que se hagan las mesas de negociación depende que esa parte que no quiere negociar sea minoritaria. Es total responsabilidad del Estado, quien se sienta a negociar en nombre de la paz como derecho fundamental, que entienda esto. Y aquí, en esta crisis, no hay otra opción que mantener la mesa salvable –que es la del ELN–, lograr aglutinar la presión ciudadana contra el secuestro a favor de la liberación inmediata de todas las personas en poder de esta guerrilla y acelerar con firmeza el paso de los acuerdos. Si en la mesa queda claro que hoy tanto el ELN como el gobierno y el país en general tenemos el tiempo en contra, la cosa puede rescatarse.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para: @confidencialcol Nada define mejor nuestro sistema político bidimensional que la indignación selectiva contra quienes rompen las reglas y la negativa a revisarlas. Competimos ferozmente por ver quién hace trampa mejor, pero cuando alguien menciona obviedades como la compra de votos o el clientelismo, corremos a exigir pruebas. Esto quedó claro en el reciente escándalo de la campaña presidencial en Casanare, donde Sonia Bernal, una líder política tradicional, anteriormente afiliada al Partido de La U, hizo lo que hacen todos los líderes políticos regionales: conseguir dinero y apoyo a toda costa para luego obtener beneficios. Mi sorpresa ante los escándalos políticos suele ser mínima. Sin embargo, entre mis colegas analistas, es común preguntarse por qué cada reforma política que realizamos y cada conjunto de leyes complicadas nos devuelven al mismo punto. Mi respuesta es que quizás consideramos que el sistema político en la sombra es la excepción, cuando en realidad es la norma. Por eso, terminamos legislando sobre lo excepcional sin aceptar que es lo común. Por eso, propongo algunas nuevas premisas. Primero, el sistema político se basa en operadores políticos, no en partidos. Estos operadores pueden ser individuos acompañados por grupos de clientela, apoyos, amigos, familias o clanes políticos profesionales, tendencias o grupos dentro de partidos, y, por último, estructuras partidistas. Estos grupos pueden o no tener una ideología definida, pero su función principal es sobrevivir y mantenerse relevantes. Lo logran mediante el respaldo de patrocinadores políticos nacionales, como César Gaviria u otros líderes, o posicionando estratégicamente a sus representantes en el Congreso de la República, preferiblemente en el Senado. Esto no implica que nuestros partidos políticos carezcan de relevancia. Por el contrario, desempeñan un papel crucial en la organización y gestión de estos operadores políticos. No puede haber un clan exitoso sin el respaldo de partidos que lo respalden, aunque algunos operadores políticos recientemente han optado por crear sus propios partidos. El resultado de sus intentos en las elecciones nacionales aún está por verse, pero sin duda necesitarán formar alianzas. En segundo lugar, la financiación de las campañas recae principalmente en los candidatos en las elecciones locales y en el Congreso, con raras excepciones. En las presidenciales, la financiación es una combinación de fondos proporcionados por las candidaturas y los recursos gestionados por los aspirantes presidenciales. Esto dificulta enormemente su control. Por lo tanto, los partidos tienden a otorgar avales a quienes puedan garantizar el financiamiento de costosas campañas y que también tengan el capital político y humano para asegurar una eficiente burocracia o contratación pública para cubrir lo que no se logra con la reposición de votos. Esto lleva a los candidatos a buscar desesperadamente apoyo financiero o en especie antes de las elecciones. Además, es importante recordar que los candidatos son responsables de los gastos de transporte y alimentación el día de las elecciones, lo que puede ser una carga significativa, especialmente en las regiones más marginadas. En tercer lugar, estos operadores políticos dedican los períodos entre elecciones a administrar y expandir su capital político y burocrático. Sus acciones varían según su proximidad al Gobierno Nacional. Si un grupo o un operador logra controlar la triada senador + representante + alcaldes, es probable que su influencia en el Gobierno Nacional se traduzca en burocracia y que esta burocracia se convierta en favores que gradualmente retribuyan los votos. Si las lectoras consideran estas tres premisas, comprenderán por qué el clientelismo es la relación más importante en este sistema y por qué es propenso a la corrupción, al mismo tiempo que es resistente a la formación de líderes políticos que puedan desempeñar un papel más positivo en el país. Los avales rara vez se otorgan a líderes regionales comprometidos, y las decisiones en los partidos políticos a menudo son centralizadas. Además, ingresar a la política sin el respaldo de un operador es extremadamente difícil, si no imposible. En política todos buscamos ganar y creemos que nuestra victoria traerá mejoras y correcciones. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto y depende de múltiples variables. Por ejemplo, el Pacto Histórico amalgamó liderazgos sociales, políticos profesionales y algunos líderes políticos seleccionados por su capacidad para atraer votos o representar sectores importantes de la izquierda. Esto, en principio, no difiere de las coaliciones en otros lugares del mundo. Sin embargo, al atraer a operadores políticos profesionales, en este específico sistema en las sombras, los puso a trabajar de la única manera que conocen, siguiendo el mismo patrón de conducta de siempre. No se podía esperar un resultado diferente.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para: @confidencialcol Esta semana tuve una amable discusión en X con el exministro de Salud Alejandro Gaviria que puede ayudar a arrojar luz sobre un tema complejo, como lo es la política pública de paz del presente Gobierno y la política de seguridad, junto con sus diversos resultados. En el debate hoy hay una premisa casi incuestionable y es que la Paz Total ha causado la presente ola de violencia, lo que es impreciso y conduce a error. Voy a tratar de explicar con algunos datos por qué no es verdad que los incrementos de la violencia son consecuencia de la Paz Total y que el Ejército no está actuando. La primera variable que quiero analizar es el tamaño y la expansión de los grupos armados. En 2018, el país contaba con 18 estructuras, mientras que en 2022 esta cifra había aumentado a 41, con capacidad de operar y causar daño en 281 municipios. Para 2023, estos 41 grupos se redujeron a cuatro grandes agrupaciones: el ELN, las AGC o Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el EMC, junto con dos grupos de menor capacidad: Los Pachenca y Los Pachelly. Es importante destacar que tanto en tiempos de guerra como de paz, resulta más manejable lidiar con seis objetivos en lugar de 41. Sin embargo, es alarmante que en Colombia se haya experimentado un crecimiento tan drástico en tan pocos años. ¿Cómo llegamos a eso? Hay algo que es verdad y es que la ley de Paz Total, tal y como se pasó en el Congreso, creó el incentivo perverso del “politicómetro” para los grupos armados ilegales, que no causó la oleada de violencia pero contribuyó a reforzar la presión violenta de los grupos sobre las organizaciones sociales y reforzar el reclutamiento y la utilización de población mientras relajaban los principios de distinción entre civiles y combatientes. Esa es la razón por la cual mayoritariamente se ha asesinado a liderazgos indígenas y de comunidades étnicas, que son sustancialmente fuertes y organizadas. Una especie de “si no eres mía, no eres de nadie” para las organizaciones sociales que contribuyó a mantener al alza el asesinato de líderes y lideresas. En 2022 hubo 180 casos en 12 meses; en 2023, ya van 123 en nueve meses. Analizando trimestres, los casos bajaron a medida que avanzaban las negociaciones, especialmente donde operaba el ELN tras el cese al fuego: de 44 en octubre 2022 a 35 en marzo, según el importante conteo de Indepaz. Sin embargo, en abril, con la ruptura del cese por el Estado Mayor Central y el paro minero de las AGC, subieron a 46 en junio. El 82% de los casos los involucra, pero no hay mesas de diálogo con ninguno de ellos. Otras variables también se comportan de forma similar. En número de municipios afectados por masacres tenemos: 16 para el 2018, 38 para el 2019, 66 para el 2020, 73 para el 2021, 74 para el 2022 y 51 para el 2023, a septiembre, según datos de Indepaz. En número, los años con mayor ocurrencia fueron el 2020 y el 2021 con 91 y 95 casos respectivamente. En lo corrido del 2023 van 64 masacres al 18 de septiembre. En cuanto a los departamentos afectados por la violencia, el Cauca lidera la lista con disputas en curso, pero no es el único. También el Chocó, Norte de Santander y Antioquia enfrentan graves problemas, incluyendo confinamiento y restricciones en la ayuda humanitaria. En estos lugares, se observa una variedad de violencias dirigidas hacia el control territorial y poblacional. En todos estos departamentos, el Ejército ha llevado a cabo campañas que, en algunos casos, han provocado respuestas de estos grupos armados, tal como lo han expresado en comunicados públicos, como en el caso de las AGC y su promoción del paro minero. Esto contradice la idea de que el Ejército no está tomando medidas. En el Cauca, la ofensiva militar ha impulsado al EMC a sembrar más minas y a aumentar la violencia contra civiles, en un intento de ejercer un «disciplinamiento social» y causar daño a las fuerzas de seguridad. Además, debido a las fluctuaciones económicas relacionadas con la coca, buscan expandir su control en el cañón del Micay y adentrarse aún más en la minería ilegal. Este es el epicentro de la actual disputa. Entonces, ¿por qué la narrativa pública establece una correlación tan fuerte entre la Paz Total y la situación actual? Mi hipótesis es que el gran error del Gobierno fue lanzar una política tan ambiciosa en un momento de tantos cambios significativos sin considerar la capacidad de las fuerzas y la institucionalidad para lograr la paz. Esto explica por qué existe una mayor atención en este Gobierno en comparación con el anterior. Las expectativas eran elevadas, y hay más denuncias en la mesa debido a la esperanza de ser escuchadas. Y adicional a lo anterior, hay hoy más sectores políticos preocupados por la violencia, lo que nunca había pasado. La conclusión puede ser la siguiente: no, la Paz Total no es la responsable del incremento de la violencia, pero tampoco ha contribuido seriamente a su disminución. Esperemos que una mejor articulación entre seguridad y paz pueda llevarnos a buen puerto. Hay que tomar decisiones. ¿Una mayor acción del Ejército contribuiría a disminuir la violencia? No necesariamente. ¿Presionaría al grupo armado para forzar una tregua en la mesa de negociación que se instalará? Definitivamente. No es una decisión fácil, pero no tomarla es aún peor.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares Dos de las candidaturas a la Gobernación del Valle han capturado la atención de “Los Diablos Rojos”, como se le conoce a la hinchada del equipo de fútbol del América de Cali. Se trata de la cuestionada exgobernadora Dilian Francisca Toro y el reconocido empresario Tulio Gómez. Dos figuras que han generado una fuerte división entre seguidores del equipo y que se están disputando los votos tanto de los barristas como de la hinchada en general. Dilian, que fue gobernadora entre 2016-2019, es apoyada por el Partido de La U, el Conservador, el Liberal, Colombia Renaciente, entre otros. Aunque ha conseguido una amplia base de apoyo, su historial político está cargado de controversias e investigaciones por presuntos vínculos con actores ilegales y casos de corrupción tanto en su pasado político como también en la actual administración de la gobernadora Clara Luz Roldán, quien es cercana a Dilian, lo que Ariel Ávila ha denunciado como “el clan de las monas”, que aparentemente tendrían nóminas paralelas y una fuerte red clientelar en la Gobernación y en varias alcaldías. Por otro lado está la candidatura de Tulio, el empresario fundador de la cadena de supermercados Superinter, máximo accionista del América de Cali e inexperto en la administración pública, que es apoyado por la coalición del Partido Verde, En Marcha y el Partido Ecologista de Colombia. Tiene el lema de combatir la "politiquería" y busca capitalizar su figura como empresario para ganar apoyo electoral. Sin embargo, no ha estado libre de controversias. Recientemente se destapó una investigación que lo vincula con la adquisición de un terreno que estuvo ligado a actividades ilegales y enfrenta una posible inhabilidad política que está siendo estudiada por el Consejo Nacional Electoral a causa de tres contratos con la alcaldía distrital que fueron firmados por él, en su calidad de representante legal del equipo. Frente a estas dos candidaturas la encuesta publicada el primero de agosto, realizada por Los Mosqueteros, evidencia que la intención de voto está liderada por la exgobernadora con un 43,68%, mientras que el empresario tiene un 20,38%. Cabe resaltar que si bien la actual gobernadora, del mismo grupo político de Dilian, ganó con casi un millón de votos, algunas de sus malas gestiones pueden afectar la votación de Dilian, que, además, con Tulio tiene un rival fuerte, que también está recogiendo esa fuerza del “todos contra Dilian” que se ha venido impulsando en el departamento. La Pasión Escarlata y la política Exjugadores históricos del América de Cali públicamente manifestaron su respaldo a Dilian, así como también lo hicieron las directivas del Barón Rojo Sur, la principal barra que tiene el equipo. Recordemos que tanto Dilian como Clara Luz han sido cercanas al tema deportivo y tienen trabajo con la barra. No obstante, dicho apoyo generó grandes cuestionamientos por parte de la hinchada a los líderes de la barra, recordando lo que representa Dilian frente a los señalamientos por corrupción, además del importante papel que tuvieron como barra durante el estallido social del 2021, especialmente con las primeras líneas, las cuales fueron señaladas y estigmatizadas por parte de la actual gobernadora. Asimismo en la barra del América se ha generado una tensión contra el equipo, primero, porque se publicó un comunicado en el que informan que “están prohibidas las manifestaciones políticas en las tribunas del Estadio Pascual Guerrero”, entonces no podrán sacar trapos a favor de Dilian; y, segundo, porque algunas decisiones técnicas tienen al equipo con unos resultados pocos alentadores, y la crisis del América se la cobran a Tulio, a quien le han estado exigiendo el despido del director técnico, y esto lo relacionan con la idea de “así mismo (de mal) va a administrar el departamento”. Aunque Tulio trabaja con líderes de barras, no ha logrado lo que Dilian sí, que es su respaldo público, lo que agudiza la división y plantea dudas sobre la decisión final de la hinchada. La pasión que caracteriza a la hinchada americana se ha mezclado con el debate político, pero no necesariamente significa que se va a trasladar a las urnas. Y claro que una cosa es la hinchada escarlata general y otra cosa es la barra como grupo. La hinchada y la barra ahora se encuentran divididas. Igualmente, más allá de la pasión futbolera, es importante que los votantes analicen con detenimiento la trayectoria de las candidaturas y su capacidad para liderar la región. Necesitamos liderazgos que le saquen tarjeta roja a la corrupción. La disputa está fuerte, pero como reza el dicho popular… que entre el diablo (rojo) y escoja.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares Dilian Francisca Toro, la “baronesa del Valle", se ha inscrito como candidata para ser, de nuevo, gobernadora del departamento del Valle del Cauca. Evaluemos con detenimiento su trayectoria. Varios elementos la consolidaron como “baronesa”: sus inicios en la política se dieron siendo concejala y luego alcaldesa de Guacarí, posteriormente en 2002 fue elegida senadora con más de 71 mil votos y luego de ser expulsada del liberalismo por apoyar la reelección de Uribe, se acercó al recién creado Partido de La U. Además, llegó a ocupar la presidencia del Senado entre 2006 y 2007. Allí estuvo hasta 2013 cuando renunció para “concentrarse” en la investigación que le adelantaba la Corte Suprema de Justicia por lavado de activos. Entre 2016 y 2019 ocupó el cargo de gobernadora del Valle del Cauca, llegó con una votación que superó los 500 mil votos. El recorrido político de la “baronesa del Valle” ha estado marcado por las controversias que generan las múltiples investigaciones que la relacionan con delitos como lavado de activos y vínculos con actores ilegales. También ha sido cuestionada por heredar la estructura política de su esposo, el exsenador liberal Julio Cesar Caicedo, y de su primo, Carlos Abadía, político vinculado al proceso 8.000, quien es padre de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle destituido en 2010 por participación indebida en política, y quien a su vez fue cercano al excongresista condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez. Una de las investigaciones más destacadas que tuvo Dilian, fue por el presunto lavado de activos a través de la sociedad Agroganadería Ceiba Verde Ltda., con la que aparentemente habría adquirido bienes relacionados con la mafia. Tanto que, en 2013, fue recluida en el Centro de Estudios de la Policía debido a estas acusaciones. Posteriormente recuperó su libertad y la investigación fue archivada. Además, Dilian ha estado relacionada con otras 14 investigaciones por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar del Valle y en la gestión de recursos presupuestarios, y ha sido vinculada a casos de parapolítica. La Procuraduría le abrió una investigación en 2019 por la supuesta existencia de una nómina paralela que habría mantenido desde la Gobernación, entre otros temas relacionados con presuntos contratos para beneficiar a personas cercanas a ella. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha publicado investigaciones relacionadas con el clan político de "la baronesa del Valle". Por ejemplo, en el informe de candidatos cuestionados, que acaba de ser publicado (Ver: Informe de candidatos cuestionados elecciones regionales – Julio 2023), se destaca a Dilian como una candidata que pone en alto riesgo la democracia dada las investigaciones y relacionamientos que ha tenido, y por cómo ha expandido su influencia política, logrando poner varios congresistas desde su movimiento político. Sumando las controversias debido a que personas cercanas han sido señaladas de estar vinculadas con actividades mafiosas. Que Dilian haya sido presidenta del Partido de La U le permitió lograr aún más influencia y poder. También es cercana a la actual gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quien ganó superando 900 mil votos, con un gran margen de diferencia frente al segundo lugar que no alcanzó 150 mil votos. También Clara Luz ha enfrentado investigaciones disciplinarias por posibles sobrecostos en contratos, lo que genera aún más inquietudes sobre las aparentes redes de corrupción. Desde su posición de poder, Dilian ha tejido una estructura política que pensó que le alcanzaría para ser candidata presidencial en 2022 y que, según medios de comunicación, llegó a reunirse con el también cuestionado expresidente Uribe para evaluar posibles alianzas; pero su candidatura resonó algunos meses y se retiró; luego se especuló que sería candidata a la Alcaldía de Cali, pero terminó inscrita como candidata a la Gobernación del departamento del Valle. Es inquietante que personas con este tipo de señalamientos aspiren a cargos de elección popular, que, si bien estas investigaciones han sido algunas archivadas y otras no concluyentes, quedan en entredicho sus relacionamientos y genera sospechas. Personas cercanas quieren posicionar un discurso de que es idónea porque es mujer y frente a esto debo resaltar que, si bien la representación política es clave para el empoderamiento de las mujeres, este no puede ser argumento para desviar la atención sobre los cuestionamientos a la capacidad y ética de una candidata. No obstante, para estas elecciones Dilian va a poner en juego su poderío, pretende recuperar alcaldías como las de Buenaventura, Palmira y Jamundí que había perdido, y no le ayuda que la actual gobernadora no dio la talla, de hecho, obras inconclusas como el puente de Juanchito y la doble calzada Candelaria-Cali le pueden significar perder votos. Además, se está gestando una idea de “todos contra Dilian” que parece coger fuerza en otros sectores políticos. En definitiva, merecemos liderazgos transparentes, comprometidos con la real lucha anticorrupción. Dilian debería enfrentar un escrutinio riguroso por su historial político. Conviene que la ciudadanía vallecaucana analice la trayectoria de la “baronesa del Valle” antes de votar por ella en las próximas elecciones. La política regional debe estar libre de sospechas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El primero de noviembre de 2023 comenzarán a regir en Colombia los impuestos saludables. Estos quedaron acordados el 13 de diciembre de 2022, cuando el Congreso de la República aprobó la Ley 2211 o Reforma Tributaria del gobierno Petro. Allí se estableció que se pagaría un gravamen a la producción y consumo de los alimentos ultra procesados industrialmente y con altos contenidos en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas. Entre las bebidas azucaradas se encuentran: las concentradas, carbonatadas, a base de malta, con frutas concentradas y las que contengan edulcorantes artificiales; como las gaseosas, refrescos, bebidas energizantes, deportivas, tipo té y café, refrescos, zumos, néctares de fruta y aguas saborizadas. Y en los alimentos comestibles: aquellos elaborados con mezclas a base de harina, fécula y extracto de almidón; entre los que están las salchichas, ponqués, papas chips y galletas. Todos estos productos, según los diversos organismos nacionales e internacionales responsables del cuidado de la salud –como el Ministerio de Salud y Protección Social o la Organización Panamericana de la Salud (OPS)–, tienen efectos dañinos en el cuerpo humano –al causar enfermedades graves como obesidad, diabetes o hipertensión– y en la salud pública –pues al afectar gravemente a las personas, deterioran el bienestar general de la población– (Ver: Los impuestos saludable: un pequeño empujón). En este sentido, estamos frente a una norma que cumple con todas las características para ser una política pública: ya que busca atender una problemática pública y sentida por la población, en la que se requiere la intervención del Estado, el cual, con apoyo de la sociedad, implementa acciones de tipo correctivo –focalizada, en este caso, en los niñas, niños y adolescentes consumidores–. Política con las que se espera tener varias ganancias: primero, lograr reducir –con el aumento en el precio vía impuestos– el consumo de la comida chatarra y, con ello, los costos futuros en la atención médica. Segundo, disminuir la oferta de estos bienes dañinos, al enviar señales a los productores para que cambien los componentes dañinos de sus productos. Y tercero, aumentar los ingresos fiscales del Estado, para fortalecer el sistema de salud. En breve, estamos frente a un tiempo muy afortunado para el país. Un penúltimo mes del año en el que comenzará a implementarse una norma que está del lado de la gente y de la salud colectiva. Un momento en el que el Estado se dio la pelea con los industriales, para señalarles un cambio en la producción de un grupo de alimentos –con alto contenido de azúcares añadidos, grasa total, grasas saturadas y sodio–. Y de trabajar con la ciudadanía en un cambio en los hábitos de consumo. Pero, hay que reconocerlo, el camino recorrido para llegar a esta situación no ha sido fácil. Como recordará el lector, han sido más de diez años en los que diversas organizaciones de la sociedad civil –entre ellas la academia y la Red PaPaz–, que en asocio con algunas dependencias del Gobierno –como el Ministerio de Salud–, han tenido que defender esta propuesta en la esfera pública, logrando, hasta la fecha, tanto el establecimiento de este impuesto saludable como el etiquetado en la comida chatarra. Entre 2015 y 2016, por ejemplo, la discusión la dieron estos defensores de la salud pública en el Congreso de la República. Allí salieron derrotados debido al poco apoyo del Gobierno, al gran poder de las asociaciones de industriales y comerciantes –de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)– y por las decenas de senadores que criticaron la propuesta –incentivados por las jugosas contribuciones que hacen a sus campañas los grandes industriales dueños de las empresas de gaseosas o productos empaquetados–. De allí que el 05 de diciembre de 2016, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes quitó finalmente el impuesto propuesto de 300 pesos por litro. Sin embargo, al llegar este nuevo decenio las cosas comenzaron a cambiar. Primero se aprobó el domingo 20 de junio de 2021 la Ley 2120 o de comida chatarra, donde se estableció que los productos ultraprocesados, comestibles y bebibles deberían contar con un etiquetado frontal de advertencia que evidencie, de manera clara, el contenido de nutrientes críticos como azúcares, sodio y grasas saturadas (Ver: Sigue el impuesto a las bebidas azucaradas). Y luego llegó el momento para la aprobación del impuesto saludable, una herramienta aún más poderosa que la etiqueta frontal de advertencia. Fue al inicio del gobierno de Gustavo Pertro, con el apoyo decidido del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –el decano de los economistas José Antonio Ocampo–, que se logró la aprobación del gravamen con la Ley 2211 de 2022. Un tributo con el que se busca desincentivar de manera más eficaz el consumo de este tipo de bebidas y comidas en la población –varios estudios han mostrado que un impuesto de este tipo, por ejemplo del 20%, provoca una reducción en el consumo en similar porcentaje o incluso superior (Ver: Grupos de interés e impuesto al consumo de bebidas azucaradas, Universidad de Antioquia, 2020)–. Una norma que ha sido fuertemente cuestionada, a la que se le pidió por parte de los grupos de interés la revisión de constitucionalidad de la Alta Corte. A la que se le propuso un proyecto de ley –el 057 de 2023 que buscaba un cambio en el presupuesto de rentas y recursos de la vigencia fiscal 2024–, para que se aplazara la entrada en vigor de los impuestos saludables. Y a la que no le pararán, por muchos años, las críticas y la propaganda negativa. Afortunadamente todas estas acciones de los interesados en que continúen las ventas de estos productos dañinos han sido denegadas. El 18 de octubre de 2023, por ejemplo, la Cámara de Representantes negó la propuesta de aplazar la entrada en vigencia del impuesto. De allí que, como se ha dicho, desde este primero de noviembre comenzará a operar el impuesto. Y una última idea antes de finalizar, hay que advertir que la Ley 2211 de 2022 no prohíbe el consumo de las bebidas y comidas chatarras, solo establece un impuesto progresivo que causará, lo más probable, un aumento en los precios, intentando desincentivar tanto el consumo como la producción de este tipo de bebidas y comestibles dañinos para la salud. El gravamen comienza con un alza de 10% en lo que resta de 2023, luego vendrá otro del 15% en 2024 y, finalmente, de 20% en 2025. Lo que significa que la decisión de consumir alimentos sanos –con alto contenido de proteínas, fibra alimentaria, minerales, vitaminas, entre otros nutrientes– y disminuir la ingesta de los no saludables –altos en azúcares añadidos, grasa total, grasas saturadas y sodio– estará en sus manos. La tarea que nos propone la norma es una invitación a que como padre de familia y personas responsables de la salud de los niñas, niños y adolescentes, además de la nuestra, nos interroguemos por el consumo de este tipo de bebidas y comestibles. Que recibamos este impuesto como una señal del Estado y del mercado para cambiar nuestros hábitos de consumo y pensar en nuestra salud. Y le estoy hablando a usted. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Diciembre será un buen mes para evaluar los efectos de los impuestos saludables en el consumo de comida chatarra. La Ley 2211 –que puso un impuesto del 10% para 2023 a los alimentos ultra procesados industrialmente y con altos contenidos en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas– tendrá el reto de mostrar en esta importante época la reducción en el consumo de este tipo de alimentos y al aumento la ingesta de otros más saludables. Digo que este será un buen momento debido a que, por un lado, las fiestas y reuniones familiares hacen que diciembre sea el mes del año en el que más se consumen bebidas y comidas altas en grasa y azúcares; y, por el otro, a que es este período en el que la gente recibe mayores recursos –por primas y liquidación de contratos laborales–, aumentando la posibilidad de gastar sin considerar el aumento del precio en los bienes que se consumen. Esta situación intentará ser muy bien aprovechada por la industria de alimentos, en especial luego de un primer mes en el que han visto cómo el precio de los productos dañinos que ofrecen han reducido las ventas. Lo más probable es que recurran a varias estrategias para que el consumo de comida chatarra no baje más, además, como forma de afrontar el aumento del 15% en 2024 y del 20% en 2025. Como expuse en una columna anterior (Ver: Llegaron los impuestos saludables), los impuestos saludables tuvieron un camino tortuoso. Las empresas alimentarias hicieron grandes esfuerzos para que este tributo no llegara. Desde hace más de una década diversos actores –la academia, la Red PaPaz y el Ministerio de Salud– venían trabajando para que el etiquetado y el impuesto a la comida chatarra se impusieran en el país, y para ello tuvieron que dar duras batallas en el Congreso de la República. Pero la batalla de los mercaderes de los productos que dañan la salud no paró allí. Este año intentaron flexibilizar la norma y aplazar su implementación. De allí que es importante tomar conciencia que durante este primer año las tácticas y estrategias empresariales continuarán. Son cerca de tres billones de pesos en 2024 que el Estado le quitará a la industria. Las estrategias que usará para hacer que el impuesto no los afecte tanto serán muy amplias e imaginativas. Lo primero que están haciendo es insistir desde los medios de comunicación sobre los efectos negativos que tienen los impuestos en las variables macroeconómicas del empleo y la inflación. Estrategia que ya está siendo aplicada por los representantes de la industria, que hablan de las pérdidas en empleos formales e informales que estaría causando el gravamen. También, recurren a mostrar como el aumento del 10% en los precios presiona la inflación y hace que los consumidores –en especial los más pobres– pierdan poder de compra, pues son conscientes de que el impuesto, finalmente, lo paga el consumidor. La segunda estrategia usada es la publicidad que hacen en los medios de comunicación y en diversos espacios para que el consumo de la comida chatarra continúe. En radio, prensa, televisión y la infinita posibilidad que les da la internet, vienen haciendo campañas para publicitar sus productos. Recurren al sentimiento que genera diciembre para insistir que sus productos hacen parte de la tradición: que serían nuestras mesas sin natilla, ponqués o mermeladas. Finalmente, algunas empresas están intentando bajar los precios. Para ellos estudian las recetas y en ellas los principales insumos para buscar reducir los costos de producción. Esta estrategia no la hacen con el fin de reducir los componentes dañinos, sino de bajar el costo de las materias primas, haciendo que consumamos productos aún más nocivos para la salud física, pues se afecta vía calidad de los productos. Y esperemos otras estrategias, como la típica de hacer descuentos en los productos que se compran cuando el demandante lleve a la tienda una tapa de un líquido con azúcares añadidos tipo gaseosa o de un estiquer de un paquete de snacks consumido. También los señuelos que traen los productos, como sus pintorescos avisos y formas o pequeños regalos que se entregan cuando se adquiere un pan o un chocolate y que aumentan el deseo de los niños de adquirir el producto. Como ven, el camino que están siguiendo las empresas no es el que desean los proponentes de la norma. Con ella lo que se busca es que las empresas dedicadas a la producción y comercialización de comestibles exploren cambios técnicos y tecnológicos en sus productos para dejar de ofrecer bienes dañinos. Que los niveles de azúcares añadidos, sodio y otros componentes sean menores para que los impuestos que paguen sean menores. Pero este camino será el último que exploren los empresarios. Falta una conciencia más autocrítica frente a la responsabilidad social empresarial en salud. Que se cambie la escala de valores y que se ponga a la salud pública –la de los niños, niñas y adolescentes– por encima de la ganancia capitalista. Incluso como estrategia integral para reducir los costos futuros de sus empleados en términos de reducción de la productividad y aumento en el costo del sistema de salud. De allí que sea necesario insistir en la construcción de una estrategia de educación del Gobierno y sus agencias para mostrar el objetivo del impuesto. Estamos frente a una política pública con la que se busca controlar una problemática pública –el aumento de enfermedades graves como la obesidad, diabetes o hipertensión– y cambiar la mentalidad y conducta de los niñas, niños y adolescentes consumidores. Requerimos con celeridad un programa de educación del consumidor que refuerce las señales que el mercado nos da vía aumento de precios. Es necesario que se indique a los consumidores que esta medida del Estado va dirigida a mejorar la salud colectiva y personal. Que el aumento en los precios no es un asunto del mercado –de oferta y demanda– o como una forma de empobrecer a los hogares, sino un acción decidida a cambiar una problemática sentida por la sociedad. Hay que decirle a los padres de familia, a los responsables de comprar el mercado en los hogares y a los anfitriones de las fiestas decembrinas, que el esfuerzo por reducir el consumo de comida chatarra es también responsabilidad de ellos. Que servir una cena sin gaseosa o ponqués no es una atentado contra la tradición sino una muestra de amor por la salud del comensal o visitante (Ver: Los impuestos saludable: un pequeño empujón). De esta manera podremos ver los resultados del desincentivo tributario al consumo en el corto y mediano plazo. Además, estaremos haciendo frente a las estrategias que los empresarios usarán para que nuestro consumo de productos dañinos no baje. Es por nuestro bien y por la salud de quienes amamos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista Néstor Morales: tres cosas te voy a decir -como dice la canción-, para terminar contigo, quedarnos como amigos en paz y amor sin discutir. La primera, que sabemos que tú no eres sincero, las realidades de Buenaventura no te conmueven. La segunda, tus prejuicios no nos asustan, tus señalamientos y estigmatización no lograron afectarnos. La tercera, evita hacer esas cosas, tu clasismo, racismo y tu cierre mental no encontrarán eco. Respecto a la primera, en la disculpa pública dada en respuesta a la justa indignación de los y las bonaverenses y otras personas por cómo Néstor Morales se refirió a Buenaventura como escenario para el turismo, él dijo que la disculpa era dado que “la polémica es innecesaria”. No sorprende que con su escueta disculpa lo que termine haciendo es revelando, una vez más, su desinterés y desconocimiento. Claramente con su disculpa solo tiene la intención de superar la movilización que se dio en redes sociales, y le cuesta reconocer que debe trabajar seriamente sobre sus prejuicios. La polémica sí es necesaria, porque no nos íbamos a aguantar que se refiriera de esa forma a Buenaventura, que, si bien no desconocemos las problemáticas sociales existentes, el tratamiento mediático que se le ha dado afecta el turismo porque desconoce las dinámicas propias del territorio. En referencia a la segunda, me enorgullece ver cómo en vez de apagarnos con sus prejuicios y señalamientos, lo que se logró fue una movilización digital increíble que posicionó a Buenaventura como tendencia en redes sociales por varios días. El hashtag #VacacionesEnBuenaventura se convirtió en una contundente respuesta a las declaraciones cargadas de racismo y clasismo del periodista. Gentes de muchos rincones, tanto de Buenaventura como de otras regiones, compartieron fotos hermosas de los paisajes urbanos y rurales, gastronomía y biodiversidad local, así como también contaron muchas de sus agradables experiencias en el territorio. Esperamos que toda esta movilización mediática se continúe viendo reflejada en las miles de visitas de turistas nacionales y extranjeras que recibimos cada año. Para ilustrarle un poco el panorama a Néstor Morales que dice que “ni él, ni nadie ahí contempla Buenaventura para pasear”, lo cual demuestra un profundo desconocimiento de lo que significa el turismo en esta parte del pacífico colombiano, es clave resaltar que según la Secretaría de Turismo del Valle, la ciudad ha sido un referente turístico con más de 430.000 visitantes en el primer semestre de 2023, y que sólo en la temporada de avistamiento de Ballenas, es decir, entre los meses de julio y octubre, se superó la cifra de 235.000 turistas. Y en relación con la tercera, es importante reconocer que la estigmatización no es un fenómeno aislado. No se trata solo de lo que dijo Néstor Morales, sino de cómo lo dijo, revelando creencias arraigadas que perpetúan el racismo y el clasismo en el país. Para lo cual es central que las disculpas deban ir acompañadas de un compromiso real con un cambio en la forma como se abordan lo temas y se informa sobre Buenaventura y estas regiones. Les propongo hacer públicos sus protocolos y/o procesos formativos (si los tienen) acerca de la inclusión y superación de las violencias en el ejercicio periodístico. Replanteen su enfoque y abandonen estereotipos. Buenaventura no es solo un lugar de conflictos, sino un excelente destino turístico. Bien lo destacó el Ministerio de Comercio, Buenaventura es una de las Ciudades Creativas reconocidas por la UNESCO; Playa Dorada, en el año 2022, logró la certificación Blue Flag por su potencial ambiental, además de ser cuna de la música de marimba, la cual, en el año 2015, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, entre otras grandes potencialidades. Finalmente, para quedarnos como amigos en paz y amor sin discutir, invito a los y las periodistas a visitar Buenaventura, conocer sus realidades y transformar el enfoque mediático que nos han dado. *Vengan a Afrikan Bar, la apuesta de Liliana, una joven bonaverense, por destacar los sabores locales y luchar contra el estigma que ha cargado el viche. Por la temporada ha sacado un coctel de viche con pomarrosa bien sabroso.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad fotos tomadas de: la guajira hoy y guajira news Perfil de Jairo Aguilar Deluque, nuevo gobernador de La Guajira Inscribió su candidatura por la coalición de 5 partidos políticos, encabezada por el partido de La U, el partido Cambio Radical, partido ASI, partido Demócrata Colombiano y el partido La Fuerza de la Paz. Deluque, según el medio regional Tuu Putchika, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con un magíster en derecho con énfasis en derechos humanos. En su pasado ha sido secretario de Gobierno Departamental y secretario del Distrito de Riohacha, también ha sido alcalde encargado en tres ocasiones, en los municipios de Riohacha, Manaure y Fonseca. Fue electo como nuevo gobernador de La Guajira (2024-2027) con 195.266 votos, además de elegirse también como el alfil principal de Alfredo Deluque, cuestionado por ser líder del clan “Nueva Fuerza Guajira” el más poderoso en La Guajira. Perfil de Genaro Redondo, nuevo alcalde de Riohacha Es médico cirujano de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, especialista en gerencia y auditoría y magíster en administración de empresas, fue diputado en los periodos de 2012-2015 y 2015-2019 por el partido Alianza Social Independiente (ASI). Para estas elecciones su inscripción la realizó por firmas por el movimiento significativo de ciudadanos “Genaro”, con el que resultó electo como nuevo alcalde de Riohacha, (2024-2027) con 30.090 votos. Redondo contó con el apoyo del representante a la Cámara y líder del clan “Nueva Fuerza Guajira” Juan Loreto Gómez, quien estuvo en un evento masivo en Riohacha el pasado 30 de septiembre acompañando a Redondo.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad fotos tomadas de: Caracol Radio y Opinion Caribe Perfil de Rafael Alejandro Martínez, nuevo gobernador del Magdalena Aval: Partido Fuerza Ciudadana Rafael es administrador de empresas y administrador público con especialización en administración. Fue alcalde de Santa Marta en el periodo 2016-2019 por Fuerza Ciudadana. Fue secretario de Infraestructura de la Gobernación del Magdalena en el periodo 2019-2020. Se presentó como candidato al Senado de la República en 2022, pero se quemó porque el partido no alcanzó el umbral. En 2022 la Procuraduría formuló pliego de cargos a Rafael Martínez por presuntos incumplimientos en la construcción de la Megabiblioteca Fase I en la IED San Pedro Alejandrino de Santa Marta; el cargo es de violación a los principios de responsabilidad por no declarar el incumplimiento del contrato por parte de la constructora. Como comenta W Radio, en marzo de 2022 Rafael fue citado a versión libre por la Contraloría del Magdalena en investigación por presunto detrimento patrimonial por el alquiler de carrotanques. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) desconoce el avance de estas últimas investigaciones. En mayo de 2023 la Procuraduría General de la Nación profirió a Rafael Martínez pliego de cargos por irregularidades en la construcción del Parque del Agua: atrasos en las distintas etapas del proceso y se habrían firmado adiciones y prórrogas para aumentar el valor de las cantidades de obra: "se inició con un valor superior a los 8.400 millones de pesos y se culminó pagando la suma de 16.884 millones de pesos, luego de siete prórrogas y cuatro adiciones presupuestales", comenta Semana. En julio de 2023 la Procuraduría General de la Nación imputó pliego cargos por irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira, ya que, según la dirección encargada de la investigación, la planeación no fue coherente ni consecuente con la magnitud real de la obra, lo que generó retrasos y adiciones que incumplieron con la ley. En julio de 2023, el periódico Casa Macondo y el medio Vorágine publicaron un artículo en el que presuntamente, según las declaraciones de Nova Lorena Caño a la Fiscalía General de la Nación, Martínez sería el presunto intermediario entre el gobernador Carlos Caicedo y el exsenador condenado Mario Castaño en el caso de 'Las Marionetas'. Martínez ganó con 307.089 votos por encima de Mallath Martínez, quien solo obtuvo 103.129 votos, y de Franklin del Cristo Lozano, que superó los 95 mil votos. Perfil de Carlos Pinedo Cuello, nuevo alcalde de Santa Marta Aval: Grupo Significativo de Ciudadanos Santa Marta Sí Puede; Cambio Radical Hijo extramatrimonial del exsenador guajiro Miguel Pinedo Barros y medio hermano de los exsenadores Hernando y Miguel Pinedo Vidal, este último condenado por parapolítica por sus lazos con el frente Resistencia Tayrona de las AUC, y tío de Miguel Alfredo Pinedo, excandidato a la Cámara por el partido Centro Democrático —quien pudo haber estado inhabilitado para aspirar a cargos públicos debido a un contrato con la Agencia Nacional de Minería que se desestimó 10 meses antes de las elecciones de marzo de 2022—. Carlos es el actual heredero del caudal electoral del clan Pinedo. Pinedo ha sido desde 2012 concejal de la ciudad de Santa Marta, habiendo sido investigado por la Procuraduría Regional del Magdalena en 2015 por contratar a la esposa de un concejal, del mismo modo que ha sido un personaje polémico en su ejercicio dentro del Concejo Distrital, siendo denunciado por haber acusado a la E.S.E. Alejandro Prospero Reverend de revender vacunas de Covid-19. Tiene una base de 7.458 votantes con los que obtuvo la curul de Cambio Radical en el Concejo en el último período electoral. Pinedo Cuello ganó con 85.372 votos tras la anulación de la candidatura de Jorge Agudelo, a quien la comisión escrutadora decidió no contabilizarle sus votos, posterior a la decisión del Tribunal de Santan Marta de negar la tutela con la que Agudelo recibió la candidatura por su partido, Fuerza Ciudadana, luego de la salida de Patricia Caicedo en octubre de 2023.

Por: Juan Manuel Velandia Molano foto tomada de: Sede de Impretics en Cali. | Foto: daniel jaramillo La antigua Imprenta Departamental del Valle del Cauca, hoy Impretics, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental (E.I.C.E.), un tipo de organización que, según la Ley 1757 de 2015, artículo 50, se encuentra excluida de la obligación de rendir cuentas públicamente, porque su modelo de contratación la excluye de los mecanismos establecidos por la Ley 80 de contratación pública. Según alerta de la Procuraduría General de la Nación, emitida en 2022, Impretics E.I.C.E. habría suscrito un total de 17 convenios interadministrativos que sumaron $13.233.371.083 millones de pesos, sin embargo, según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), esta empresa ha ejecutado más de 400.000 millones de pesos entre 2016 y 2023 en distintos departamentos, no solo en el Valle del Cauca, lo que la haría ser reconocida popularmente como un “contratadero”. Hay que destacar que en nuestra investigación encontramos patrones de contratación preocupantes, los cuales presuntamente tendrían como finalidad favorecer al clan de Dilian Francisca Toro -los últimos gerentes y directores de junta directiva de Impretics E.I.C.E. son personas cercanas a y escogidas por Dilian- y a los operadores políticos del departamento. Entre tales patrones estarían: ampliación de su objeto social a una amplia multiplicidad de servicios para ejecutar mayor cantidad de recursos; búsqueda de mayor número de convenios interadministrativos gracias a su naturaleza jurídica que le permite saltarse las leyes de la contratación pública y tercerización o subcontratación de los convenios interadministrativos, en algunos casos de hasta el 100%. Aunque Impretics E.I.C.E. ha ejecutado más de 450 contratos alrededor del país por más de 400.000 millones de pesos, su personal de trabajo es de alrededor de 17 personas y su sede se encuentra ubicada en el sótano de la Gobernación del Valle del Cauca. Le invitamos a leer el informe con toda la denuncia, aquí: