Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Desde hace varias décadas los sonidos en el campo colombiano se han transformado. Han pasado de ser los alegres, apacibles y ensoñadores que producía la naturaleza, a aquellos provocados por las ráfagas de fusil y la explosión aturdidora de las minas antipersona. Los nuevos sonidos del campo llevan al miedo inmediato, al abandono de la realización de las actividades cotidianas, a la preocupación por la seguridad de los seres que amamos y a la búsqueda de una explicación sobre a quién le habrán disparado y si habrá algún muerto, herido o mutilado conocido. Un ruido enloquecedor frente al cual el campesino se ve en la necesidad de: o bien encerrarse angustiado en su casa o bien salir corriendo a buscar a sus hijos. Pues, desafortunadamente, el sonido que dejan los artefactos, en muchos casos, proviene de entornos cercanos a las escuelas, de aquellos lugares a donde se manda a los hijos e hijas a estudiar. Esa es la realidad que le ha tocado vivir a, por lo menos, 7.500 estudiantes y docentes afectados por los grupos armados ilegales; los cuales han realizado, entre enero y junio de este año, 46 eventos que afectaron la educación en ocho departamentos en Colombia. Una población que ve cómo el fundamental derecho a la educación lo ejercen en un territorio cruzado por la guerra. Los habitantes del campo observan, sin poder hacer mucho, cómo los actores armados minan los caminos a las escuelas, amenazan a docentes y personal administrativo, y convierten a las aulas en refugios para pasar la noche, en centros de operación bélica o en trincheras para disputar a sangre y fuego el poder en el territorio con otros actores armados. Una guerra que hace ver cómo 40 gramos de plomo, además de acabar con la vida y el futuro de un ser humano, deja huecos en las paredes del salón de clases que atemorizan e impiden la concentración. Que genera una huella de miedo que mina la confianza y siembra el terror que se enraíza por mucho tiempo. Una población que siente cómo la guerra volatiliza los sueños que genera la educación. Un conflicto que aniquila la posibilidad de adquirir herramientas y aprendizajes para la vida. Que permite que los armados les arrebaten de sus manos la llave para cambiar positivamente la vida suya y de sus familiares. En síntesis, una guerra que tiene efectos devastadores en la salud mental y física de los estudiantes. Del personal docente y administrativo, que ven vulnerado su derecho al trabajo y a tener un entorno seguro para su ejercicio. Y de los padres de familia, que ven cómo la guerra le quita posibilidades al futuro de su núcleo familiar. Esta situación –que es muy similar en todos los países que tienen un conflicto armado– hizo que, desde hace tres años, los 09 de septiembre, se celebra en el mundo el día internacional para Proteger a la Educación contra los Ataques. Una decisión que se tomó en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el 28 de mayo de 2020, mediante la Resolución 74/275. La celebración de este día nos recuerda, primero, que estamos en presencia de un conflicto armado –el único activo en el hemisferio occidental–. Segundo, que este fenómeno afecta el derecho fundamental a la educación que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y tercero, es necesario trabajar en preservar y proteger la educación en el país. El 09 de septiembre se nos recuerda que el derecho a la educación debe ser respetado, defendido y disfrutado por todos. Y que como sociedad debemos avanzar en trabajar en acuerdos o pactos nacionales que saquen la educación del conflicto armado y la inseguridad. Que conviertan a las escuelas en lugares protegidos y seguros para estudiantes y maestros. De allí que hoy, cuando se adelanta unos diálogos de paz con el ELN, con las disidencias de las FARC y con otros actores armados, se hace más necesario discutir y acordar acciones para que el derecho fundamental a la educación que tienen los niños, niñas y adolescentes en el país se proteja. Se requiere en diálogos de paz que se priorice el tema de la educación rural y se hable de los problemas que deja la guerra en el sector educativo. Se necesita que en las negociaciones se exija el respeto por el Derecho Internacional Humanitario para proteger a niñas, niños y adolescentes. Un acuerdo para que la educación siga siendo una prioridad en la agenda de políticas públicas. Para que se logre avanzar en tener una educación de calidad, inclusiva, equitativa y protegida de la violencia. Para que se avance en crear entornos escolares seguros que hagan respetar y cumplir el derecho fundamental a la educación. Necesitamos un gran pacto nacional que sirva para comprometer a los actores de la guerra en salvar vidas, en evitar que se presenten abusos, explotación y reclutamiento forzado de menores. Actores armados que se comprometan con la protección de las instituciones educativas y con vetarlas como objetivos de las fuerzas contrarias. En definitiva, un acuerdo que ate a los actores armados con el compromiso político de proteger las escuelas e instituciones educativas. En el que se respete a los estudiantes, profesores y personal administrativo. Y que se les conciba como espacios seguros para fomentar la paz y el desarrollo. En este sentido la tarea es trabajar en la construcción de acuerdos vinculantes que hagan posible el acceso a la educación sin restricción por el conflicto armado. No podemos permitir que se siga maltratando el presente y futuro de los niños, niñas y adolescentes en el país. Obstruyéndoles su derecho a adquirir conocimientos, destrezas y herramientas para la vida. Debemos trabajar para que nuestra juventud adquiera las destrezas necesarias para el trabajo, la producción y el cuidado del medio ambiente. Tenemos la responsabilidad de convertir a nuestros jóvenes, los que habitan el campo, en guardianes protectores de la vida y el cuidado de la naturaleza. De esta manera estaremos evitando que el número de víctimas por el conflicto armado en el país aumenten; entregaremos justicia y reparación a las víctimas; y avanzaremos en la no repetición y en la tarea de romper el ciclo de la violencia y la construcción de una paz estable en el futuro. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Desde 2020 el gobierno de Iván Duque sabía que el congelamiento del precio interno de la gasolina corriente representaría para el Estado un desangre fiscal. Una contribución parafiscal –según la Corte Constitucional– a la que había que poner cuidado y atender con suma urgencia, si no se quería acumular un déficit que, en el corto y mediano plazo, amenazaba con convertirse en una hemorragia para el erario público. A pesar de ello, el gobierno Duque –amparado en la situación de crisis que vivía la economía entre 2021 y 2022, y en la necesidad de intervenir el Estado en esos asuntos– decidió mantener el precio interno de la gasolina sin mucha variación. No quiso enfrentar la difícil situación y optó por no asumir el alto costo político y dejar que el gobierno siguiente asumiera está responsabilidad(Ver: El hueco fiscal que dejará el subsidio a la gasolina). Con esta decisión arbitraria, el gobierno Duque rompió el compromiso asumido desde 1998 –durante el gobierno de Andrés Pastrana– de trabajar en mantener el precio interno de los combustibles similar al precio internacional. Además, quebrantó la institucionalidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) –creado en 2007– que le ofrecía un seguro a la economía nacional para adaptarse a la dinámica mundial. De esta manera, el FEPC se convirtió durante el gobierno Duque en un acreedor más del Gobierno Colombiano. En un actor económico impersonal al que, al finalizar el 2022, se le debía más de 37 billones de pesos y que amenazaba con tragarse –como si fuera un agujero negro– cualquier reforma impositiva. Una deuda que iría, poco a poco, quitando los recursos al Estado para la inversión social y aumentando, al mismo tiempo, la baja calificación del país ante las agencias de riesgo internacional. Ante esta irresponsable decisión, lo único que podía hacer el gobierno Petro era igualar el precio interno de los combustibles al exterior (Ver: El subsidio a la gasolina y el control del déficit fiscal). Y lo podía hacer de una vez –acabando de tajo con el subsidio para evitar el desangre del Estado– o hacerlo de manera gradual, con un plan de incremento mensual, hasta llegar al nivel deseado en un par de años. Y como vemos, fue el segundo camino el elegido. Desde octubre de 2022, esta costosa decisión política ha generado que el precio de la gasolina corriente aumente en un 50%, pasando de un precio promedio por galón de $9.200 en aquel mes a $14.400 en septiembre de 2023. Con ello, el Gobierno ha logrado reducir la tasa de crecimiento de la deuda del Estado con el FEPC –a pesar de este aumento, la gasolina colombiana sigue siendo una de las más baratas de América Latina, su precio se ubica aún por debajo de la mayoría de economía de la región, estando por encima solo Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina–. Pero este aumento en el precio del combustible ha tenido y tendrá consecuencias negativas para Petro. El más visible es los miles de taxistas que han salido a las calles a manifestar su inconformidad con la obligada decisión que tomó. Pues el principal insumo que usan en la prestación del servicio les ha generado un aumento en los gastos de estos trabajadores del transporte público. Esta manifestación de desagrado de los taxistas ha generado un cambio en la medida inicial del Gobierno. Ahora se tendrá que entregar una compensación económica mensual a los conductores de taxi, por lo menos, en lo que resta del 2023, con el fin de mitigar el incremento en el precio de la gasolina. Decisión que significa cambiar las proyecciones del cierre del déficit o deuda ante el FEPC al 2026. Con las protestas, lograron que el Gobierno les entregue, a partir de septiembre, un subsidio mensual de $100.000 a cada taxista, que se irá aumentando según la evolución de los precios internos del combustible –recordemos que en el país hay cerca de 240 mil taxis, de los cuales 190 mil usan gasolina y 40 mil usan gas natural–. Lo más seguro es que está variación no será la única que tendremos y, por tanto, el sangrado en las finanzas públicas continuará. Esta medida se ha discutido solo para este año, pero para el próximo los taxistas querrán que continúe. Además, el estancamiento de la economía hará que los ingresos del gremio de los taxistas disminuya, como el conjunto de la economía, y con ello el deseo de recibir más apoyos. Otro actor que saldrá a las calles serán los motociclistas, los transportistas de alimentos y la población que usa sus vehículos a gasolina corriente para movilizarse o trabajar. Estos usuarios del servicio comenzarán a presionar para que la medida focalizada –los taxis representan tan solo el 1% del total de vehículos que transitan en todo el país– se generalice y el alivio llegue a todos. Finalmente, hay que considerar que debido a la importancia que tiene el Aceite Combustible para Motores (ACPM), o diésel, para la movilidad de carga y los efectos que tiene en el nivel de precios general de la economía –inflación–, hasta el momento no se ha incrementado el valor de este carburante. Incluso, según cifras del Gobierno, entre enero de 2020 y agosto de 2023, en lugar de subir el precio de venta al público del ACPM, este ha caído en 1,1%. Un desangre fiscal provocado por el ACPM al país que es mayor al de la gasolina –cerca del 70% del déficit del FEPC–. En promedio, el consumo de este combustible es de 5,6 millones de galones al día, lo que representa una entrega de los recursos al sector privado de los transportadores cercano a los $50.000 millones diarios. De allí que, según lo anuncia el Gobierno, próximamente este importante combustible también comenzará a aumentar de precio. En conclusión, debemos estar preparados para soportar más paros y protestas de los usuarios del servicio de combustibles en Colombia. En los próximos meses saldrán a las calles los bullosos conductores que tenemos en el país. Continuarán presionando los taxistas al Gobierno para que la medida se extienda por el 2024; los motociclistas y transportistas harán lo mismo para que la medida también la los cobije; y, finalmente, los transportadores que usan ACPM saldrán a cerrar vías y paralizar el sistema de carga terrestre una vez comience el alza de sus insumos. Y el Gobierno Petro, por su parte, tendrá que poner en una balanza todos los aspectos y decidir que es más importante: si mantener el subsidio en el consumo de un bien que –además de dañino con la naturaleza y no apoyar la transición energética– provoca una reducción en la inversión social; o darse la pela y reducir la popularidad de su mandato, pero ser responsable con las finanzas públicas y coherente con una decisión que se tomó hace más de dos décadas de igualar el precio interno de los combustibles al internacional (Ver: ¿Por qué discrepan en el Gobierno?: el caso de la gasolina). *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En 2023, el Banco de la República está cumpliendo sus primeros 100 años de vida. Y los celebra, en un momento muy difícil para la economía mundial y nacional. Un período en el que viene implementando una política monetaria contractiva –subiendo las tasas de interés para controlar el nivel de precios del país–. Medida que, a pesar de lo resultados positivos en materia inflacionaria, está teniendo consecuencias dañinas para el maltrecho cuerpo económico; como lo es la caída en la ventas de las empresas para el mercado interno o para el mercado en general –para el primer semestre de este año, comparado con el año anterior, las ventas internas cayeron en un 4,5% y la general en 3,4%–. Desde hace dos años, al centenario banco central le está tocando enfrentar los coletazos económicos de la pandemia. Esa extraña enfermedad sistémica que, a pesar del reducido tamaño de los seres que la componen, logró encerrar a la gente y cambiar las formas de realizar los intercambios económicos. Una afectación de la salud pública que obligó a los tomadores de decisiones a paralizar la economía mundial (Ver: Un enfoque sistémico para la Covid-19). La pandemia destruyó millones de puestos de trabajo y mandó a buena parte de la población a vivir de sus míseros ahorros, de la bondad de sus familiares y amigos, y, en especial, del apoyo del Estado. Un sector público que buscó brindar, en un momento de necesidad extrema, programas sociales y políticas públicas. Altruismo público que, a pesar de calmar las hambres, vio cómo el período de pandemia se llevaba por delante décadas de avance en lucha contra la pobreza y la seguridad social. Un momento histórico en el que se empobreció aún más la población, aumentó la desigualdad y redujo el bienestar social. Una pandemia que, además, provocó una caída en la producción mundial, que hoy la sienten, incluso, economías tan poderosas como Gran Bretaña y Alemania, y que han puesto a padecer las pequeñas economías latinoamericanas, cuyo crecimiento del PIB este año estará cercano a cero. Una enfermedad mundial que subió la temperatura a los precios de los bienes y servicios y los elevó a niveles vistos solo hace cuatro o cinco décadas. En especial, a los productos agrícolas, que vieron cómo el alza en los fertilizantes generó una situación de estanflación. (Ver: Camino a la estanflación). En breve, tenemos una economía enferma, un cuerpo económico nacional resentido que se enfrenta a una caída en la producción y en el comercio; con un nivel de inflación y una tasa de interés que supera los dos dígitos. Una enfermedad que nos afecta a todos y a la que los médicos que la atienden deben enfrentar con recetas cuidadosas e innovadoras. Es en este ambiente en el que el Banco de la República cumple su primer siglo de vida. Una veterana organización a la que se le entregó como su principal compromiso con el país –desde la década de 1991, con la nueva Constitución Política–, el control de la inflación, manteniendo la variación anual entre un 2 y 4 por ciento. Una tarea que se hizo aún más urgente en la coyuntura actual, en la que los niveles de inflación comenzaron a acelerarse, tratándose en diciembre de 2022 al nivel del 13,1%. De allí que la Junta Directiva del Banco de la República tomara la decisión de aumentar la tasa de interés hasta un 13,25% desde mayo de 2023, con el objetivo de evitar que la hinchazón general de los precios no siguiera aumentando. Y efectivamente lo está logrando. La inflación ha mostrado signos de control y recuperación. En los últimos cinco meses ha presentado una tendencia a la baja. Al finalizar agosto, se tiene una inflación acumulada del 11,43 por ciento anual. Lo que evidencia que el mecanismo de transmisión de política monetaria del Banco de la República funciona y tiene efectividad. Pero ahora sus medidas para controlar la enfermedad de la inflación están teniendo consecuencias negativas en el sistema económico. Los músculos financieros de la producción y del comercio están perdiendo poder y vitalidad. La gente, ante el aumento de las tasas de interés, está reduciendo la demanda de bienes y servicios, de casas y de carros. El comercio no crece y, por tanto, las empresas no producen ni venden. De allí que hayan tenido que salir los industriales, en la voz de Bruce Mac Master –el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI)–, y el sector bancario, representado por Jonathan Malagón –presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)–, a pedir, al unísono, que el Banco de la República baje las tasas de interés. Un clamor al que se unió el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla. Quien, a pesar de ser uno de los miembros de la Junta Directiva del banco central, le pide a sus colegas que piensen en la conveniencia de hacer un recorte en las tasa de intervención del mercado, para tratar de darle un impulso a la economía del país. Con esta respetuosa petición que hacen los gremios económicos más importantes del país y el Gobierno, le están diciendo al Banco de la República que se respeta su independencia y soberanía decisional. Pues esta autonomía le ha permitido al país tener estabilidad en sus objetivos y credibilidad para mantener funcionando el sistema económico. Pero también le están reconociendo el poder que tiene para activar el cuerpo económico. Que el Banco tiene en sus manos el poder para cambiar el comportamiento de variables tan importantes como la inversión y el endeudamiento, y, por tanto, de combinar medidas económicas que reactiven la economía. Le están reconociendo su condición de médico, pero al mismo tiempo el poder que tiene, a través de la política monetaria, de cambiar la receta. Le están pidiendo que ya es tiempo de ir a la recuperación. Que una leve reducción en las tasas de interés podría permitir que el paralizado cuerpo económico se levante y trabaje. Confiamos en que el veterano Banco de la República pueda sentarse próximamente y discutir este llamado de los empresarios, de los bancos y del Gobierno. Que en estos días, de manera calmada, pueda repensar el tratamiento médico que le está dando a su principal paciente. Que reconozca los avances logrados –pues le ha bajado la temperatura y la hinchazón al paciente–, pero que también piense en la importancia de ponerlo a mover y hacer actividad física. La economía requiere que sus músculos financieros comiencen a movilizarse, para recuperar todas sus funciones vitales luego de esta enfermedad. Que una baja en el costo del dinero permitiría mejorar las condiciones para financiar los proyectos de inversión –en obras de infraestructura y viviendas–. Estamos en un momento propicio para tomar decisiones. Y esperamos que estos cien años de vida hayan servido para acumular la experiencia suficiente para saber escuchar, para hacer una buena lectura del contexto y para decidir con claridad qué es lo más adecuado para la economía. En síntesis, para decidir si es necesario dejar el cuerpo económico en reposo o si se le puede dar permiso para levantarse y ponerla a caminar. (Ver: Superar la depresión llevará años). *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda En ocasión de las declaraciones del hermano del presidente acerca de una supuesta enfermedad de este, y a propósito de una columna que escribí y fue publicada en este portal el 01 de junio (Ver: Gustavo Petro: un presidente inmune al golpe blando), me preguntan, vía X, qué puedo decir como abogado acerca de su inmunidad frente al golpe blando, si su propia familia es causante de parte de esas noticias que la oposición y los golpistas transforman en noticias-misiles. En calidad de abogado la respuesta es muy fácil: las conductas penales de los familiares o allegados al presidente no son de su incumbencia jurídica, pues los procesos penales en Colombia lo primero que deben establecer son las responsabilidades individuales. Esto no sólo es un principio fundamental de nuestro derecho penal, sino además constituye una norma de derecho internacional consuetudinario. No obstante, la pregunta va más allá, pues en aquella nota aludo a la inmunidad del presidente por la fuerte razón de estar fundada en la voluntad popular, y bajo tal contexto el pueblo sólo podría deslegitimar al presidente de llegar a incumplir con lo prometido en campaña; pero no tuve en cuenta la ocurrencia de otros hechos que afectan igual ese contrato, como la corrupción y el engaño de los gobernantes. Así las cosas, resultaría muy lógico que los colombianos desaprueben la campaña de Gustavo Petro, si esta hubiera sido provista de dineros ilegales, o que rechazaran el ocultamiento de una enfermedad si esta le impide garantizar como presidente el cumplimiento cabal de su programa. De hecho, la mente del señor Sharp, autor de De la Dictadura a la Democracia, el ensayo que aludió por primera vez al golpe blando, no descontó estas conductas y aconsejó que fueran empleadas para debilitar jurídica y sicológicamente al gobernante-objetivo, y hacerlo sin reparar en la calidad de los medios, sino en el fin que los justifica. Por tal razón, la respuesta al amigo de X también es esta: cualquier cosa que se diga acerca del presidente en el contexto de una mentira –no importa si producida por un familiar, por un connacional o extranjero–, casa perfectamente con los fines del golpe blando; pero, si esos mismos familiares, connacionales o extranjeros, acusaran a Petro con verdades demostradas, igual estas casarían con los fines del golpe blando. De hecho, la primera de las cinco etapas para concretar el mentado golpe, según su autor –el filósofo y político norteamericano Gene Sharp– requiere como estrategia previa el desprestigio del gobernante-objetivo. Lo que se consigue mediante la difusión de noticias negativas que lo desgasten política, jurídica y personalmente, no importando si tales noticias son verdaderas o falsas, pues lo que buscan no es hacer control del gobernante, sino tumbarlo a como dé lugar. Tumbarlo por cuenta de una provocada renuncia, al no soportar la presión psicológica, o por cuenta de una decisión de justicia, acusándolo de fraude electoral o de lavado de activos. Esto último sin importarles si dicha acusación está basada en verdades o mentiras; pues, para dicho momento ya los medios de comunicación, los partícipes del golpe, habrían creado un ambiente de indignación popular con rumores y mentiras (el asperger de Petro, por ejemplo) o con verdades de poca monta (como los actos delictivos de su primogénito). Pese a todo, en Colombia los golpistas –que no han ocultado sus cometidos ni sus identidades–, al no poder viabilizar ordenadamente lo establecido por Gene Sharp, están empastelando las primeras cuatro de sus cinco etapas, combinándolas con perversa desesperación. De tal suerte, en el curso de un año han dicho, entre otras cosas, que Laura Sanabria secuestró y torturó psicológicamente a su niñera tras haberla sometido a un polígrafo (lo cual calca la primera etapa del golpe blando, es decir, la promoción de intrigas y la divulgación de falsos rumores); han dicho sin sonrojarse, y hasta la FLIP se les ha sumado, que el presidente y sus ministros atacan a la prensa (lo cual calca la segunda etapa del golpe blando, es decir, el desarrollo de intensas campañas en aparente defensa de la libertad de prensa); han dicho por encima de los hechos reales que el presidente Petro, en contra de los taxistas y los trasportadores, le subió el precio a la gasolina (lo cual calca la tercera etapa del golpe blando, al aconsejar una lucha activa por las reivindicaciones políticas y sociales, y al sugerir la manipulación de la población para que emprenda manifestaciones y protestas); y han dicho burdamente que el presidente se encuentra enfermo y debe ser declarado impedido para gobernar (lo cual calca la cuarta etapa del golpe blando, que consiste en la realización de operaciones de guerra psicológica y en la desestabilización del Gobierno, creando un clima de ingobernabilidad). De hecho, los golpes blandos se distinguen de los tradicionales golpes militares, pues estos –muy recurrentes hasta la última década del siglo XX– ignoraban las cuatro primeras etapas descritas por Sharp, pues no buscaban reducir los efectos negativos del derrocamiento –provocando la renuncia o la judicialización del gobernante– objetivo, sino que buscaban una acción militar violenta, acompañada del aplacamiento de la población con medidas represivas. Ahora bien, en cuanto al presidente Petro y el cumplimiento de sus programas, todo el mundo sabe –especialmente los medios de comunicación golpistas– que van por buen camino y que las dificultades y los llamados “palos en la rueda” son subsanables. Nadie en su sano juicio espera que al presidente Gustavo Petro se le demuestre un delito y haya que judicializarlo por ello; pero, evidentemente, muy pocos meterían las manos en la candela por sus familiares y allegados que –si traemos a cuento la tragedia del héroe de La Guerra de Troya– son sin duda alguna su parte vulnerable y débil, su Talón de Aquiles. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda En el último de los debates entre los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá –llevado a cabo el 24 de octubre por City Tv y El Tiempo–, el candidato Gustavo Bolívar se disgustó porque la periodista Darcy Quinn, en vez de preguntarle acerca de los contenidos de su programa de gobierno, lo hizo sobre el tema de La Primera Línea, sabiendo, como debía saberlo, que la justicia ha dejado claro que el candidato Bolívar no tuvo ninguna participación ilegal en ella y, por el contrario, con su aporte de cascos y escudos a los jóvenes de La Primera Línea, evitó que más de ellos perdieran sus ojos –como los perdieron muchos– e incluso la vida. Y se disgustó, con justa razón, pues el tema de La Primera Línea ha sido un caballo de batalla de empresarios y políticos corruptos –y de los medios de comunicación que trabajan para ellos– en su afán de criminalizar a una franja social de jóvenes a quienes parecieran despreciar y, por tal desafuero, luchan políticamente para negarles el estudio y mantenerlos trabajando bajo esclavitud, con arduas labores y miserables sueldos o, en el peor de los casos, para roturarlos de maleantes y exterminarlos. Bajo tal contexto –de nulo profesionalismo periodístico– pidió el candidato Bolívar a los moderadores del debate que se fijaran mejor en los contenidos de su programa de gobierno; pues con su aplicación busca atacar las causas de la delincuencia, antes que ver en cada joven, sin estudio y desempleado, el perfil de un delincuente peligroso. En tal sentido, la campaña de Gustavo Bolívar va contra esta premisa anti jóvenes, puesta en práctica durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez: si no están recogiendo café, es porque están delinquiendo. Este llamado de atención del candidato Gustavo Bolívar –acerca de mirar las causas y no perseguir estrictamente a quienes estas mismas causas les impidieron consolidar principios morales y ocuparse en algún noble oficio– ilustra lo sucedido al papa Francisco y al presidente Gustavo Petro, a quienes acusan de no querer condenar el asalto de Hamás contra la población de Israel. No obstante, lo cierto es que, si bien tanto el papa como nuestro presidente lo han hecho implícitamente –condenar el asalto de Hamás–, no lo han hecho manifiestamente; porque, aun cuando a muchos les cueste entenderlo, dichos actos terroristas –vistos inteligentemente con la coherencia del todo y no desde el caos de una parte– así como fueron causa de la muerte de muchos civiles, también fueron consecuencia de la continua violencia del Gobierno Israelí contra los palestinos. Al respecto, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que: “es importante reconocer que el ataque de Hamás no surgió de la nada. El pueblo palestino ha estado sometido a una ocupación asfixiante durante 56 años”. Pero, bueno, la realidad es que desconocer las “causas profundas”, como denomina la iglesia católica a “la causa de la causa”, no ocurre solamente en el contexto de los hechos políticos, igualmente ocurre en la cotidianidad de las relaciones sociales y, lo cual resulta más grave, pasa de modo recurrente en el derecho penal, aun cuando el llamado “principio de causalidad eficiente” (la causa de la causa es la causa de lo causado) exige a los jueces e investigadores judiciales tener en cuenta el nexo existente entre una conducta anómala –la causa– y la responsabilidad producida –su consecuencia–, pues esta última puede estar motivada por una causa mucho más profunda –la causa de la causa–. De corriente, los jueces se empecinan en perseguir al señalado como culpable de una conducta antijurídica (digamos apresando a quien roba un cubo de caldo de gallina), pero nunca se preguntan qué causó la ocurrencia de tal conducta –que ha podido obedecer a un estado de necesidad exento de responsabilidad penal como la falta de alimentos–, en cuyo caso la responsabilidad sería además del Estado. No en vano, en la esencia del derecho, la causa de la causa –la “causa profunda”– es suficiente razón para mover los resortes de un Estado y disponerlo para que proteja los derechos allí vulnerados. Esta preocupación por hallar la “causa profunda”, sin demeritar la causa de lo causado, y que se desinteresa por el sujeto activo del ilícito penal, en función de compadecerse con el ser humano, es propia del sentido común y con seguridad su aplicación es más antigua que los sistemas de derecho positivo. Sin embargo, muchos teóricos le endilgan esa premisa a Tomás de Aquino –el teólogo y filósofo del siglo XIII, llamado Doctor Angélico–, pues la menciona en sus Quaestiones disputatae, y tampoco resulta descabellado endilgársela, si consideramos que Tomás de Aquino entendía la lógica como una suerte de puente entre la fe y la razón; algo así como creer en la responsabilidad de un culpable; pero investigar y comprobar los hechos motivantes para hallar “la causa primera” –como efectivamente ya la había nombrado Aristóteles– que le llevó a un mal comportamiento y a infringir las normas jurídicas. Finalmente, y de ahí la pertinencia del tema en este espacio de Pares, es que la mentada premisa de justicia universal, debería ser un principio ético y el punto de partida para políticos y gobernantes, si el sentido común les permitiera comprender que al descontar los factores generadores y surtidores de “la causa de la causa” (“la primera causa” o ”la causa profunda”), es decir, al suplir las necesidades básicas –salud, educación y trabajo–, estarían previniendo la mayor parte de las conductas penales imputables. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Si descontamos a los autores de las obras del llamado arte precolombino -digamos que por la inexistencia de firmas y datos sobre quiénes fueron-, entonces, indefectiblemente, sobresale como el más importante artista plástico colombiano el nombre de Fernando Botero. Esta es una aseveración incuestionable, no sólo por los fundamentos teórico-críticos que la respaldan, sino también por los hechos materiales que lo demuestran. En efecto, la obra de Fernando Botero es la más prolífica entre las de artistas nacionales, no sólo por la cantidad de obras producidas, sino también por el número de sus exposiciones. En términos de producción, Botero es el pintor colombiano con más exhibiciones realizadas y hasta sus últimos días, ya sobre los 90 años, produjo con ritmo juvenil, mientras continuaban sin menguarse las solicitudes de su obra por cuenta de museos, galerías y centros culturales del mundo. En nuestro país, ningún otro artista plástico había sido reconocido en su estilo con la inmediatez que un espectador corriente reconoce el suyo. Tal como lo exige la concreción de lo artístico, las obras de Botero emparentan, sutil y estéticamente, la función social de sus ocurrencias temáticas y los recursos expresivos para comunicárnoslas como el efecto visual de sus realidades volumétricas o la disciplina técnica (con igual delicadeza Botero pintaba el verde claro de una manzana o el verde oliva de un militar). Desde la función social, Botero abordaba nuestra realidad sin timideces. Con humor y crítica política, develó la sociedad de su tiempo, exponiendo sus modos y maneras. Sus paisajes y retratos dan fe de los vicios de las familias antioqueñas de “alta alcurnia” más que de sus virtudes. Botero describió los círculos aristocráticos del país (gobernantes, jerarcas de la iglesia y altos mandos militares); pero, también, y con la inocultable intención de resaltar la arrogancia de las familias poderosas, que eran su target crítico, incluyó en su galería de personajes a meretrices, a truhanes y emboladores. En cuanto a lo meramente plástico –medios y recursos para representar– Fernando Botero se plegó sin timideces a una tradición estética de inocultable valor universal, cuyo cumplimiento es principio, tanto para quienes eligen la abstracción o para quienes eligen la figuración. Botero no sólo fue fiel a esas leyes de la composición plástica desde la figuración, sino que rehuyó a los artilugios filosóficos trascendentales y a la búsqueda de un progreso supra mental de la humanidad. La suya se trataba de una visión de la mecánica del proceso del arte –bastante auténtica– desde la cual los pensamientos profundos y abstractos no son la vía para decir la realidad inmediata y tangible –como una canasta llena de frutas– sino que es la representación de esa realidad objetiva y elemental –la misma canasta de frutas– la que debe conducir a reflexiones trascendentes. Es tan diciente la calidad del genio de Botero que sus obras están exhibidas en los mejores museos del mundo, que son prestigiosos precisamente porque vigilan, con riguroso celo, que las obras adquiridas por ellos se rijan por los valores universales de la composición plástica. Valores facilitadores de que pintores como Botero y Picasso, así revelen su estricta subjetividad (lo volumétrico en Botero y lo cuboide en Picasso), sean tenidos en cuenta porque cumplen cabalmente con esos requerimientos. Requerimientos de armonía compositiva, pero también de belleza, aunque esta vez no en los términos clásicos del concepto de belleza romántica, sino en los términos de lo bien hecho, como lo explicaría Eugenio d’Ors en defensa de los cuadros de Picasso cuando, a principios del siglo XX, fueron calificados por críticos y coleccionistas como infantiles mamarrachos. Contrariamente a lo que ocurrió con Picasso, cuando calificaban sus cuadros de mamarrachos porque se alejaban del cuidado clásico, a Botero le criticaron su excedido clasicismo, su irrestricta fidelidad a la disposición compositiva, y su clara intención de trasmitir sensaciones sutiles, que llevaran al ojo por la historia contada en el lienzo, y hacerlo de manera placentera, sin impresionar al espectador a la manera de los abstraccionistas americanos o de los expresionistas alemanes. Sin embargo, Fernando Botero fue especialmente objeto de crítica por su entrega a un mundo plástico aferrado a lo volumétrico, pues encontraban en tal recurso una fórmula plástica demasiado evidente, desconociendo que cuando un creador encuentra una forma de hacer, lo que descubre es un estilo, y cuando eso ocurre, el pintor ha de repetirse en la fórmula que lo conduce a él, ha de repetirse a sí mismo. A Fernando Botero le criticaron que sus trabajos plásticos fueran fieles a las leyes intrínsecas de la composición plástica, porque distribuía sus personajes y sus objetos en el espacio del lienzo, igual a como lo hacían los retratistas de principios del siglo XX, que tomaban sus fotos disponiendo al personaje a retratar sentado en una silla, de pie, simulando con una postura la realización de algún acto solemne, pero siempre ocupando el centro de un espacio, “encuadrados” como decían los pioneros de la fotografía. A Fernando Botero le criticaban incluso su paleta delicada, como si sus trasparencias, acuarelas y pasteles fueran de poco peso, siendo que estas mantienen un nexo expreso con la pintura clásica italiana (Piero de la Francesca, Paolo Uccello…) que le aprovisionó de rasgos técnicos que hoy singularizan su paleta. Fernando Botero recibió de joven las influencias del contexto plástico de la Medellín de principios de siglo, donde reinaban paletas y conceptos de pintores (más locales que universales) como Pedro Ruiz Gómez o Débora Arango. No obstante, la realidad es que Botero pisó fuerte sobre el espacio universal de la pintura cuando empezó a trabajar, ya no mirando a su entorno plástico inmediato ni a los artistas de su aldea, sino mirando a los grandes reconocidos (Rubens, Botticelli, Piero de la Francesca…) y haciendo variaciones de sus obras, atraído no por el expreso virtuosismo técnico de esos maestros, sino porque hacían parte de la cadena evolutiva del arte que cualquier pintor debe tener en cuenta si desea encarrilarse en el compacto fractal del arte.

Por: Redacción Pares Semana del 14 al 20 de noviembre de 2023 Tras la liberación del señor Luis Manuel Díaz, el tema del secuestro ha quedado en la primera línea de los temas a resolver en este proceso de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Otty Patiño, en declaraciones públicas, ha manifestado que el proceso está en crisis, quizás la más grave vivida luego de un año de este proceso de paz. El ELN ha ejercido la criticable práctica del secuestro desde siempre y aunque ha recibido permanentes críticas, se ha mantenido en ella, la pregunta es: ¿por qué? Hoy no pesa de manera importante en sus finanzas, dejando de hacerlo se liberaría de ese pesado fardo, mostraría que tiene interés en corregir sobre algo tan criticable. Pero no, se ha mantenido en esa línea de comportamiento, mostrando que no tiene interés en sintonizarse con la opinión ciudadana y simplemente ganando unos pocos puntos al mostrar su compromiso con avanzar en un proceso de paz sobre el cual hay amplia incredulidad y mucho escepticismo de que pueda llegar a buen puerto. Otty Patiño, como jefe de la delegación de gobierno, se jugó una carta pública exigiendo una reunión con Pablo Beltrán, el jefe de la delegación del ELN, para abordar el tema del secuestro antes del inicio del quinto ciclo. Iniciativa que no ha sido respondida de manera pública, veremos cómo evoluciona esta situación que puede convertirse en una crisis del proceso si las dos partes no encuentran de manera conjunta para avanzar. Pero siempre hay alternativas de acción si el ELN accede a la reunión previa y se puedan sentar a analizar la situación creada por el secuestro de Luis Manuel Díaz y buscar de manera conjunta un rumbo en el que la organización asuma el compromiso de abandonar el secuestro y lo anuncie públicamente. Es difícil que el gobierno pueda tomar el secuestro como tema por el cual ofrecer algo, sería inaceptable para la opinión ciudadana que critica con toda razón este crimen, sin embargo el ELN ha demostrado que se mantiene en su línea de bilateralidad para asumir compromisos. Si el tema del secuestro está ligado a la sostenibilidad del ELN en el curso del proceso de paz, este sí es un tema en el que ambas partes deben buscar y construir conjuntamente fórmulas que sean razonables y que estén en el marco de una acción de construcción de paz, tema difícil, pero en el que se pueden encontrar fórmulas de acción que resuelvan el tema de la sostenibilidad del ELN en el marco del proceso. Si se logra acordar entre gobierno y el ELN la sostenibilidad del grupo en el marco la negociación que va andando y se pueden lograr compromisos de cese bilateral de fuego y hostilidades verificables y cumplibles, el ELN debe asumir de manera unilateral la suspensión del secuestro. Siendo el tiempo una variable tan importante, esperemos que se dé a la mayor brevedad la reunión propuesta por Otty Patiño o el inicio del quinto ciclo, o ambas. Vamos a ver. Se mantienen los encuentros temáticos para la construcción del Plan Nacional de Participación. Se desarrolló el encuentro con organizaciones ambientalistas y el de personas privadas de la libertad. 1. Carta Pública para Pablo Beltrán, Jefe de Delegación del Ejército de Liberación Nacional ELN, Diálogos de Paz: 2. Gustavo Petro sobre el quinto ciclo y el secuestro: 3. Monseñor José Luis Rueda envió un mensaje al ELN: “se les acaba el tiempo”: 4. Otty Patiño recalca que no pueden financiar al ELN y le pide gestos de buena voluntad: 5. Otty Patiño advierte al ELN por secuestros: "proceso será inviable": 6. Otty Patiño reconoce que el proceso con el ELN está “en crisis”: 7. Encuentro Nacional con la población privada de la libertad: 8. Encuentro Nacional con representantes ambientales y organizaciones por la preservación de la naturaleza:

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Al principio, antes de las civilizaciones, lo primero que hubo fue hordas, no de salvajes, sino de humanos. Se trataba de seres con capacidad de análisis mental y con capacidad de verse en el otro; ya se les había desarrollado la neurona espejo, que lima lo salvaje al despertar sentimientos de compasión y de afecto por los otros. Las hordas eran en verdad una comunidad formada por muchas familias. La gran familia comunitaria de la que habló Engels; gens, le denominaban los romanos. Pero ¿qué los unía como familiares antes de la concreción del ius sanguini? Sin duda alguna, la urgencia de subsistir. Todos eran desprovistos, o mejor, para el efecto de esta nota, digámoslo así: todos eran pobres. Con el desarrollo de la lengua y de la escritura, se desarrollaría la división del trabajo y empezarían a distinguirse los individuos, bien por su fuerza de trabajo o bien por su eficiencia mental. De esos primeros humanos, cuando algunos advirtieron que con su fuerza de trabajo sacaban más peces o cazaban más aves y conejos que los otros, empezaron a sentirse dueños del mundo, semidioses, y decidieron cobrar por ello. Exigieron entonces tratos especiales y acumulación de bienes; es decir, dieron inicio a la noción de riqueza individual y se apartaron de la gran familia colectiva, en la que reinaba la paridad y en la que todos recibían lo mismo de lo que se pescara o cazara, y donde los tratos especiales y las riquezas eran indefectiblemente para la aldea completa. Lo cierto es que esos primeros acumuladores –hoy denominados ricos o millonarios– se empeñaron en cobrar por su fuerza de trabajo y por sus capacidades cognitivas; pero, cosa más rara, esa misma clase de privilegiados empezaría a usar la fuerza de trabajo de los otros y a desconocer que también merecían un pago por ella. Empezaron, además, a impedirles el desarrollo de sus capacidades cognitivas, negándoles el acceso a los procesos de educación generalizada: hicieron de la educación un privilegio de élite, sólo para ellos, para sus hijos y para sus allegados. No obstante, estos acumuladores del presente, denominados millonarios, son muy distintos a los primeros que lideraron hordas, puesto que entre aquellos primigenios protagonistas de la civilización, se dieron de modo natural relaciones –hoy principios del negocio jurídico: dar, hacer o no hacer– fundadas sobre el egoísmo. De ahí el orgullo del poseedor y su satisfacción al observar el contraste de lo que brilla en sus manos –digamos una costosa esmeralda– con aquello carente de brillo, digamos las manos del minero que extrajo la gema. En fin, una anomalía en la evolución de la esencia social humana, pues esta nos hace iguales como partícipes de una gran familia colectiva. Sin embargo, hemos desarrollado nuestra cultura sobre el pilar injusto de que somos iguales únicamente en los aspectos que nos identifican como miembros de una misma especie, aunque distintos en las virtudes que implican la suerte de nuestra fuerza de trabajo (si nacimos altos y fornidos podemos recoger más piedras que los otros) e implican nuestra capacidad cognitiva (si nacimos con agudeza mental podemos perfeccionar nuestras habilidades). Por fortuna, como el gen egoísta no se hereda condicionalmente y puede ser discriminado como mala conducta por aquellos a quienes se les desarrolla la neurona espejo, algunos hijos de esos mismos ricos vieron lógico asegurar que en la aldea, entendida igual a una gran familia (la democracia) todos y cada uno, debían beneficiarse de los frutos producidos por la asociación. De hecho, todavía en el presente, muy pocos ciudadanos y ciudadanas saben o entienden que el contrato social –el explicado por Rousseau en su prestigioso libro del mismo nombre– surgió exclusivamente como idea de los millonarios de hace más de dos mil años, pues gracias a contar con la neurona espejo, intuyeron que había que administrar los bienes y riquezas de la gran familia en favor de los pobres, que son la mayoría (la democracia). Algo muy lógico, si consideramos que los acaudalados siempre se han administrado solos. Los ricos más connotados de la historia –pensemos en los terratenientes del feudalismo y en los monarcas– no sólo se administraban solos sino además imponían a su antojo –y en su estricto beneficio– las reglas de comportamiento social y las leyes y los mecanismos de justicia. En calidad de hombres millonarios –acumuladores de bienes y cargados de privilegios– los reyes y los señores feudales determinaban en el seno de su gran familia: la religión a practicar, el dios al cual obedecer y hasta el infame “derecho de pernada”. Y por supuesto, reyes y terratenientes manejaban la cultura desde su acepción contraria, desde la incultura –como siguen haciéndolo los millonarios sin neurona espejo–, pues aprendieron perversamente que la incultura era tierra fértil para el esclavismo; aunque las expresiones folclóricas y la inventiva unipersonal surgieran milagrosamente como firme resistencia contra ella. En tal suerte, los ricos siempre han determinado el modelo económico, y han diseñado las leyes como privilegios a su favor, de tal modo que puedan determinar para su gran familia, por ejemplo, los mandamientos para su religión, los criterios ideológicos para sus propósitos políticos, y el sistema de derecho para el control social. Los ricos y millonarios, cuyo gen egoísta es gigantesco y además carecen de la neurona espejo, piensan y son inamovibles en eso, que la administración de un estado es en beneficio de los ricos y no para los pobres, a quienes sólo hay que asegurarles el desarrollo de su fuerza de trabajo y amilanarles sus capacidades cognitivas. Si Colombia y nuestro presidente tienen la suerte de contar con esos millonarios nacidos sin el gen egoísta y con neurona espejo –como los que crearon o advirtieron la democracia o un modelo de amparo y crecimiento para todos–, hay que decir que frente a la reunión celebrada el 21 de noviembre entre el presidente Gustavo Petro y los poderosos económicos (nombro de ellos a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Carlos Julio Ardila, a Carlos Eduardo Pacheco y a Alejandro Santo Domingo) podemos celebrar el impulso que darán a los programas y reformas del gobierno; pues en ellos no hay sino el propósito de cumplir con este principio advertido por los ricos primigenios: los estados se administran para el favorecimiento de los pobres, los ricos se administran solos. En coherencia, con la esencia de la administración y ejecución del contrato social, los puntos tratados en dicha reunión tuvieron ese norte esencial: la implementación de una educación de calidad que cubra todo el territorio nacional, la inclusión territorial contra las desigualdades regionales, el desarrollo productivo de la tierra y su consideración como riqueza de todos, el desarrollo de la economía popular y la inclusión financiera para acabar la pobreza y hacer más rico a nuestro país; en fin, propósitos que llevan el espíritu de los programas y propuestas de reforma del gobierno actual, como favorecer a los más necesitados y dejar, por fin, de sobrealimentar a un grupo élite de acumuladores. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista “Tenemos la buena suerte de saber, y recordar todos los días de nuestras vidas, que la sororidad en la práctica es posible, que la sororidad sigue siendo poderosa” bell hooks Queridas compañeras feministas argentinas, En estos momentos críticos para el destino de su país y para cada una de ustedes, me les uno con el corazón lleno de solidaridad y respeto. La victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales no solo ha resonado en Argentina, sino que ha dejado grandes preocupaciones a través de toda Latinoamérica. Desde Colombia y toda Latinoamérica quiero que sientan nuestra cercanía y apoyo en estos momentos de incertidumbre. La presidencia de Milei representa un desafío significativo en materia de derechos humanos y, dadas las diferentes (y absurdas) manifestaciones del presidente electo, se aproximan grandes dificultades para el movimiento social y especialmente para el movimiento feminista, cuya valiente lucha ha sido central para los cambios logrados en los últimos años. Y dichas preocupaciones, justamente, corresponden al hecho de que sus propuestas, entre otras cosas, manifiestan una reducción drástica en el gasto público, lo que afectaría negativamente a sectores clave como la salud y la educación, y profundizarían las brechas sociales. Estos resultados son una señal clara para toda la región de la necesidad de prestar una atención particular a la amenaza que plantean los populismos libertarios de derechas y sus posturas antiderechos. Es crucial que aprendamos de esta amenaza para comprender cómo operan en el ámbito político y así trabajar fuertemente para impedir su avance. A pesar de esto, quiero recordarles que no están solas. Las compañeras feministas latinoamericanas estamos con ustedes, listas para compartir su dolor, sus luchas y, sobre todo, su resistencia. Este no es solo un desafío para Argentina, porque estas luchas trascienden fronteras. En estos momentos de incertidumbre es natural que puedan surgir sentimientos de desánimo; sin embargo, es fundamental recordar que la historia del feminismo está marcada por la resistencia. En los momentos más oscuros las mujeres hemos demostrado una y otra vez nuestra fuerza, valentía y capacidad para resistir y cambiar la historia. Esto se hace aún más relevante cuando recordamos los logros significativos del movimiento feminista de Argentina, como la constante movilización en respaldo a leyes fundamentales como la ley de equidad en medios, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la legalización del aborto, entre otras, que no solo han marcado hitos importantes para Argentina, sino también para la región. Además, el ejemplo de persistencia de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo a lo largo de los años en su incansable búsqueda de los desaparecidos, que continúa siendo gran inspiración para todas nosotras porque han demostrado un valor y resistencia inquebrantables. Con todo lo que hemos podido ver que acompaña y representa Milei, recuerdo la pregunta que hizo María Jimena Duzán en un episodio de su podcast A Fondo sobre el tema: “¿cuándo fue que la política terminó abandonada por la razón y la lógica?”. Pero frente a esto, la resistencia no solo es una opción, sino una necesidad, es un deber. Este momento desafiante brinda la oportunidad de fortalecer la unidad y la solidaridad entre todas. Es hora de mantenernos firmes ante cualquier intento acabar los derechos que tanto nos ha costado conquistar. La resistencia la construimos en cada pequeño acto. A pesar de los resultados electorales, no subestimen el poder de sus voces y acciones colectivas. Amigas argentinas, este también es un llamado a llenarnos de mucho amor. Es crucial no perder de vista la importancia de cuidarnos juntas y de fortalecer nuestras redes de apoyo latinoamericano. Desde Colombia estamos con ustedes. Que en estos tiempos difíciles el amor y la resistencia sigan siendo las fuerzas guía. Con cariño y solidaridad, Ghina Castrillón.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad fotos tomadas de: tu barco y Noticias Caracol Perfil de Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, nuevo gobernador del Cauca Guzmán estudió derecho en la Universidad de Cauca, cuenta con una especialización en derecho administrativo de la Universidad del Externado. Se ha desempeñado como asesor jurídico en cargos del orden municipal y departamental. En su carrera política y pública inició como secretario de Gobierno para luego convertirse en alcalde de La Vega en el periodo 2012-2015. En 2017 fue nombrado secretario General del entonces gobernador Óscar Rodrigo Campo, sin embargo renunció en 2018 para aspirar nuevamente a la Alcaldía de La Vega por el partido ASI, cargo al que no resultó electo. Para el 2020 fue designado como secretario de Educación y Cultura en la Gobernación actual de Elías Larrahondo. Octavio Guzmán quedo electo como nuevo gobernador de Cauca (2024-2027) con una votación de 176.025 votos, y con los avales Colombia Renaciente e Independientes. Perfil de Juan Carlos Muñoz Bravo, nuevo alcalde de Popayán Estudió derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, cuenta con una especialización en derecho comercial de la Universidad ICESI de Cali. Fue fundador y gerente del Grupo DAO SAS. Según la W Radio cuenta presuntamente con 7 investigaciones en su contra: delito de hurto calificado en Cali, en septiembre de 2022; querella por lesiones personales en Cali, en marzo de 2019; corrupción de alimentos por falsificar medicamentos, en agosto de 2013; delito de hurto de mayor cuantía, octubre 2013; delito de extorsión en Cómbita, Boyacá; delito de inasistencia alimentaria en Cocuy, Boyacá, en febrero de 2018; falsedad en documento público. Juan Carlos Muñoz luego de los escrutinios se convirtió en el nuevo alcalde de Popayán por el Grupo Significativo Ciudadano “Alianza con Popayán” y con una votación final de 36.917 votos.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad fotos tomadas de: la silla vacia y facebook personal de Marlon Monsalve Perfil de Luis Francisco Ruiz Aguilar, nuevo gobernador del Caquetá Es médico y exalcalde del Municipio de Cartagena del Chairá durante el período 2012-2015. Además, ocupó el cargo de gerente de la ESE Hospital Comunal Malvinas en Florencia, entre los años 2016 y 2019. Posteriormente, desempeñó la función de gerente de la ESE Hospital Departamental María Inmaculada desde 2020 hasta 2022. Luis Francisco Ruiz Aguilar resultó electo como gobernador de Caquetá (2024-2027) con el aval de la coalición integrada por el Grupo Significativo Ciudadano “Revive Caquetá” y el partido Cambio Radical. Aguilar obtuvo una votación 72.489 votos. Ahora bien, en 2019 la Procuraduría General de la Nación le formuló un pliego de cargos por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de pavimentación del casco urbano del municipio. Según las investigaciones, hubo una planeación deficiente, ya que no se habrían identificado las verdaderas necesidades de los trabajos a realizar, lo que ocasionó modificaciones en las cantidades de obras. Hasta la fecha, Pares desconoce el avance de este proceso. Perfil de Marlon Monsalve, nuevo alcalde de Florencia Estudió derecho, cuenta una especialización en gerencia tributaria y con una maestría en tributación de la Universidad de la Amazonía. Se ha desempeñado como docente y gestor de proyectos. En las elecciones de Congreso de 2022 fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, sin embargo, no fue electo al obtener una votación alrededor de 8.000 votos. Marlon Monsalve, nuevo alcalde de Florencia, Caquetá (2024-2027) con los avales del partido Nuevo Liberalismo y el partido En Marcha, obtuvo una votación de 19.253 votos.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad El 05 de diciembre de 2023 finaliza el periodo de Alexander Vega como registrador nacional del Estado Civil, y tras varias semanas en las que transcurrió el concurso de méritos especial, los presidentes de las tres altas Cortes anunciaron quién llegará a ocupar su cargo. Si bien es cierto que sorprendió la agilidad del proceso, no sorprende el nombre del nuevo registrador, Hernán Penagos. La carrera por la elección tuvo múltiples aspectos que llaman la atención y ponen en cuestionamiento la legitimidad de la misma; ejemplo de ello es la inesperada suspensión del examen de conocimiento durante la ejecución de este, las apelaciones de diferentes aspirantes a las calificaciones obtenidas de dicho examen, la anulación de algunas de las preguntas por mala redacción en ellas y el lobby político siempre característico de elecciones de cargos tan importantes como este. La entrevista que propulsó a Penagos La elección del Registrador se da a través de un concurso de méritos, en el cual inicialmente se inscribieron 137 personas, de ellas solo 37 fueron consideradas como aptas para el cargo, posteriormente se realizó una prueba de conocimientos -con diversas irregularidades que se explicaran más adelante- que redujo la lista a 10 candidatos, dándoles pase directo a la última etapa: la entrevista. El desarrollo del concurso contempla un máximo de 1000 puntos a otorgar, divididos en varias etapas, siendo precisamente la entrevista una de las más importantes, pues en ella se podría obtener hasta 300 puntos. De hecho, fue la prueba final que le dio la victoria a Penagos, ya que previo a esta, él era séptimo en la tabla de calificación. Fuente: Ámbito Jurídico El pasado 20 de noviembre de 2023 se desarrollaron las entrevistas a los 10 candidatos elegibles, cada uno tuvo 60 minutos para exponer sus trayectorias y méritos, así como sus principales ejes de acción en caso de convertirse en registrador nacional. Pese a que la Misión de Observación Electoral (MOE) había solicitado que las intervenciones de los aspirantes fueran públicas y abiertas a la ciudadanía, los presidentes de las tres altas cortes, es decir, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, responsables del proceso de elección, negaron la petición usando el argumento de no encontrarse bajo los lineamientos de la Ley 1134 de 2007 para la elección. Cabe destacar que la entrevista es una de las fases fundamentales en el proceso, en tanto que puede reacomodar las calificaciones hasta el momento acumuladas. Evidencia de ello fue hace cuatro años, cuando Alexander Vega aspiraba a ocupar el cargo de Registrador en 2019 y pese a que había obtenido el menor puntaje en la evaluación de experiencia, los puntos otorgados en la entrevista fueron el as bajo la manga que lo llevó a convertirse en la persona hoy al frente de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Consolidado puntajes de candidatos. Fuente: Consejo de Estado Dudas razonables de inicio a fin Ahora bien, el 24 de julio de 2023 un ciudadano presento una tutela en contra de los togados y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que de los 37 candidatos admitidos en cuestión, 16 de ellos no entregaron el certificado especial de antecedentes disciplinarios que expide la Procuraduría y solo presentaron el certificado ordinario. Además, sostuvo que la Ley 1952 de 2019, en el artículo 238 establece que “cuando se trata de nombramientos en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro” y no solo las de los últimos cinco años, como lo contempla el certificado ordinario. No obstante, los presidentes respondieron que en el Acuerdo 002 de 2023, por medio del cual se establecieron los lineamientos del concurso de méritos, no se especifica la tipología del certificado a aportar. Adicionalmente, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la tutela, básicamente porque el ciudadano que la interpuso no contaba con un estatus de aspirante en el proceso. Cabe resaltar que precisamente los tres candidatos favoritos no hicieron entrega del certificado especial, es decir, Virgilio Almanza, José Joaquín Vives y Hernán Penagos. ¿Qué paso con la prueba de conocimientos? La operación de las pruebas de conocimientos y de competencias fue asignada a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, pero su ejecución tuvo contratiempos. El 26 de agosto de 2023 los candidatos fueron citados y reunidos en la escuela judicial mencionada para presentar los exámenes a través de una plataforma tecnológica. No obstante, en el transcurso de su aplicación los aspirantes reportaron fallas del sistema y, por instrucciones de los encargados del desarrollo de la prueba, se les indicó salir del salón hasta tener claridades frente al estado de la plataforma. Pasados diez minutos, los togados de las tres cortes dieron la orden de levantar la jornada y establecieron el 10 de septiembre como próxima fecha de aplicación. Para esta nueva ocasión el examen se realizó a la antigua, es decir, con papel y lápiz, sin implementar plataformas tecnológicas. Según los ingenieros responsables del software, las fallas se dieron debido a que “faltó por validar que el proceso de lanzamiento de la prueba no sucediera más de una vez”, afectando así el algoritmo de preguntas y respuestas. Los presidentes de las cortes anunciaron que se iniciaría un proceso de auditoría externa al software con el fin de determinar lo sucedido, pero hasta la fecha de hoy la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) desconoce el estado de dicho proceso. Por su parte, la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla sostuvo que su entidad únicamente prestó el espacio, los equipos de cómputo y el apoyo logístico de personal. Si bien es cierto que finalmente se realizó el examen, algunos candidatos afirmaron que el cuestionario no era claro y, en efecto, los presidentes reconocieron que seis de las cincuenta preguntas formuladas en el examen estaban mal redactadas. Lo anterior condujo a que se presentaran recursos de apelación ante los puntajes entregados inicialmente. ¿Quién es el nuevo Registrador Nacional del Estado Civil? Hernán Penagos es abogado, cuenta con una especialización en derecho administrativo de la Universidad de Caldas y otra en derecho de los servicios públicos domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia. Hernán Penagos Foto: Congreso Visible Su carrera política comenzó en la Asamblea Departamental como diputado por el Partido de La U para el periodo 2008-2011. Posteriormente fue representante a la Cámara en los periodos 2010-2014 y 2014-2018, nuevamente por el mismo partido. Intentó dar el salto al Senado de la República para el periodo 2018-2022, sin embargo, dio un giro hacia el ámbito institucional en otro rol, convirtiéndose en magistrado del Consejo Nacional Electoral, en donde fungió como presidente durante los años 2019 y 2020. Dentro de los cuestionamientos que rodean a Penagos se encuentra la indagación preliminar que le abrió en 2018 la Procuraduría General de la Nación, presuntamente por incidir en los procesos de contratación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) regional Caldas y además porque al parecer tenía familiares contratados en la misma entidad. Hasta la fecha Pares desconoce el avance de la investigación. Presuntamente, durante el proceso de elección, Penagos tenía el respaldo de múltiples sectores políticos y con fuerte influencia del Partido de La U. E incluso, según fuentes de Pares, habría tenido el apoyo del actual defensor del pueblo, Carlos Camargo. Ahora bien, Penagos cuenta con conocidos cercanos al interior de la Registraduría. De hecho, la cuñada de Penagos es Lina Susana Vásquez Millán, quien es esposa de Roger Penagos Giraldo, hermano del recién elegido registrador. Vásquez Millán lleva más de 13 años trabajando con la entidad en cuestión como delegada encargada de los dos despachos del registrador nacional del estado civil en Santander, registradora especial de Pereira, delegada departamental para el Meta y también para el Valle del Cauca. Tal como lo evidencia la hoja de vida publicada en el SIGEP, actualmente es delegada departamental de Caldas de dicha entidad. Hoja de vida Lina Susana Vásquez Millán. Fuente: SIGEP ¿Quiénes eran los principales contendores de Penagos en la carrera por la Registraduría? José Joaquín Vives Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con una especialización en derecho laboral de la misma Universidad, y en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia. José Joaquín Vives. Foto: W Radio Vives fue representante a la Cámara por el departamento del Magdalena entre 1998 y 2006, y en 2015 fue candidato a la Gobernación del Magdalena, obteniendo el segundo lugar con 119.560 votos. Adicionalmente, Vives ha sido secretario de Gobierno de la Alcaldía de Santa Marta, presidente del Consejo Municipal de dicha ciudad, diputado de la Asamblea Departamental del Magdalena, codirector del Partido Liberal Colombiano y presidente de la Dirección Nacional Liberal. Sin embargo, renunció a su militancia en el Partido Liberal en 2018. Por otro lado, Vives fue magistrado del Consejo Nacional Electoral para los periodos 2006-2010 y 2011-2014. Así mismo, fue presidente del Consejo Nacional Electoral, en representación el Partido Liberal en el órgano electoral. Dentro de los cuestionamientos que rodeaban la candidatura de Vives se encuentran investigaciones por parapolítica. Según Verdad Abierta, de acuerdo con los testimonios de los exparamilitares condenados José Gregorio Mangonez Lugo, alias “Tijeras”, y Hernán Giraldo, alias “El Patrón”, Vives habría participado en los ‘pactos políticos’ con miembros del Bloque Norte para obtener su curul en las elecciones legislativas para el periodo 2002-2006. Tras los testimonios en Justicia y Paz de los exparamilitares condenados, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar en contra de José Joaquín Vives por parapolítica. Sin embargo, Vives no fue condenado y sus procesos en la Corte Suprema son de carácter privado. Adicionalmente, en 2019 Vives fue señalado de ser testaferro del extraditado narcotraficante José Rafael Abello Silva, alias “El Mono Abello”, a través de un comunicado de la Red de Veedurías de Colombia. Cabe resaltar que Abello Silva guarda un vínculo familiar con Vives, pues ha sido su cuñado. Virgilio Almanza Es abogado bogotano de la Universidad Católica de Colombia. Cuenta con una especialización en derecho electoral de la Universidad del Rosario y con otra especialización en derecho administrativo de la Universidad Libre. Virgilio Almanza. Foto: Senado de la República Almanza ha sido procurador delegado ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, asesor de despacho en el Consejo Nacional Electoral, secretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado, juez de la República y su último cargo fue como magistrado auxiliar de la Sala Electoral del Consejo de Estado. En 2019, tras el fallecimiento del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria, quien era cuota del Partido Conservador, Almanza fue elegido como magistrado de dicha institución. A pesar de la oposición del Partido Conservador a perder su representación en el órgano electoral, Almanza obtuvo el respaldo del Partido Liberal, el Partido de La U y Cambio Radical. Posteriormente, en 2021, fue designado vicepresidente de la organización electoral. Almanza era considerado una de las fichas de Vega, ya que el primero habría aprobado en una declaración extajuicio la acreditación de 15 años de experiencia como abogado al actual registrador Alexander Vega, aspecto que fue determinante para que este alcanzara el periodo requerido para aspirar al cargo que hoy ocupa. ¿Qué le espera a la Registraduría con la llegada de Penagos? Ahora, Hernán Penagos como próximo Registrador estará al frente de una de las instituciones más relevantes del país, pues a su cargo tendrá presupuestos de enormes cuantías y que tan solo en 2023 ha sido de 2,8 billones. Sumado a ello, la entidad dispone de un amplio personal, que de hecho Alexander Vega a menos de un mes de la finalización de su periodo creó 553 nuevos cargos. Adicionalmente, deberá encargarse de la planificación y ejecución de las elecciones presidenciales y legislativas en 2026; y las territoriales en 2027, y hacer frente a lo que le deparará al Código Nacional Electoral aprobado por el Congreso en 2023, pero con un futuro tambaleante. Si bien es cierto que el periodo del actual registrador Alexander Vega finaliza el 05 de diciembre, la realidad es que este pretende perpetuarse en el cargo en cuerpo ajeno. De hecho, en medio del concurso de méritos para elegir su sucesor, Vega estaba jugando a varias bandas, ya que presuntamente al menos tres de los candidatos tenían vínculos con él, unos con más cercanía que otros. Así las cosas, Virgilio Almanza, José Joaquín Vives y Hernán Penagos al parecer recibieron su visto bueno, pero fue este último el elegido registrador nacional. Sobre esto, Pares ha recogido testimonios de varias fuentes con información contradictoria. Algunas señalan que el hecho de que el nuevo registrador mantuviera hojas de vida y cuotas burocráticas dentro de la entidad es suficiente prueba de su cercanía con Alexander Vega, mientras otras fuentes indican que esa es una situación habitual en los magistrados del CNE y que no se puede interpretar como un apoyo irrestricto de Penagos al Código Electoral promovido por el saliente registrador y al que algunos parlamentarios aseguran que se opuso férreamente. No obstante, queda la duda si el nuevo registrador continuará la práctica de asegurar cupos burocráticos al Congreso de la República y al CNE. Hernán Penagos nunca se retractó de la presencia de sus familiares y allegados en cargos de la Registraduría Nacional. Así las cosas, son muchos los retos que tiene el nuevo registrador, incluyendo solucionar los graves problemas de ineficiencia, el desbalance en la contratación de recurso humano de la entidad y recuperar la confianza en una institución sólida que se perdió durante la administración saliente.