Por:Oficina Pares Pacífico Juan Manuel Torres, Coordinador; Dennis Huffington, Investigador Territorial; Leidy Katherine Cárdenas, Practicante Contexto: la Paz Urbana en Buenaventura en medio de tres guerras La Paz Total es una ambiciosa y controvertida política que el presidente Gustavo Petro está intentando implementar en el país. Su importancia es tal que atraviesa de manera transversal el Plan Nacional de Desarrollo. Gran parte de los esfuerzos del gobierno están dirigidos a materializar eficazmente esta política, que ya cuenta con la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total, en todo el territorio nacional. En las últimas semanas, la Paz Total viene atravesando una crisis y fuertes disputas en la opinión pública, y el proceso de Paz Urbana en Buenaventura no escapa a estas dificultades. El distrito de Buenaventura se encuentra en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo debido a la guerra que desde finales del 2020 se libra entre Shottas y Spartanos, dos estructuras armadas organizadas de alto impacto criminal. A esto se suman las confrontaciones bélicas en las zonas rurales entre Grupos Armados Organizados (GAO) y las disidencias de las FARC, donde las comunidades son víctimas reiteradas de las violaciones de sus derechos humanos. Esto llevó a Petro a nombrar a Buenaventura como el primer laboratorio de paz del país, donde se inició todo este proceso pacificador del territorio colombiano a través de acuerdos dialogados. Aunque el proceso en Buenaventura tiene altibajos, ha cambiado la situación de seguridad en el casco urbano de la ciudad. Desde la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se ha hecho seguimiento y análisis de todo el proceso en la ciudad puerto. A partir de este monitoreo constante, presentamos 10 hitos de la Paz Urbana en Buenaventura y el estado actual del espacio. Pero antes, es necesario presentar un breve panorama de la presencia y la injerencia de los grupos armados en la región y el contexto de lo que desde la Oficina Pares Pacífico hemos denominado las tres guerras de Buenaventura. Presencia de grupos armados ilegales y confrontaciones armadas Buenaventura es actualmente escenario de tres guerras que han ocasionado una profunda crisis humanitaria de la que no logra salir, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, la cooperación internacional, los organismos multilaterales y los procesos organizativos. La primera guerra ocurre en el casco urbano, donde tienen presencia dos estructuras del crimen organizado conocidas como Shottas y Spartanos, las cuales, hasta el 2020, estaban asociadas bajo el nombre de La Local y ejercían un control casi hegemónico del mundo criminal. Elaborado por: El Espectador. Datos: Pares La ruptura a finales de ese año dejó un total de 194 homicidios en 2021, lo que se tradujo en un aumento de 26 puntos en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en comparación con el año anterior (64,1 en 2021 vs. 35,6 en 2020), cuando se registraron 111 homicidios. Además, esta cifra de 61,4, está 34,8 puntos por encima de la tasa nacional. A pesar de la disminución sustancial de los enfrentamientos debido al proceso de Paz Urbana, los asesinatos se mantienen por encima de la cifra de 100 casos por año. La segunda guerra tiene su epicentro en el Bajo Calima, zona rural de la ciudad que limita con el municipio del Litoral del San Juan en el departamento del Chocó. Los actores principales son el ELN, a través del Frente de Guerra Occidental, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. Esta guerra se ha extendido desde el Baudó y prácticamente ha recorrido todo el departamento chocoano hasta tocar las puertas de Buenaventura. La intensificación de este enfrentamiento ocurrió a finales de 2020, cuando las AGC lanzaron una arremetida contra el ELN, abriéndose paso desde el Atrato, atravesando la selva, hasta llegar al San Juan y finalmente al Bajo Calima y Bahía Málaga. Esta situación ha impedido la implementación de alivios humanitarios concertados en la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el ELN en esta zona que ha vivido recientemente múltiples desplazamientos, confinamientos, asesinatos selectivos, amenazas, y a la que muchas familias de las comunidades no han podido retornar. La tercera guerra se libra en la ruralidad suroriental de Buenaventura, atravesando las cuencas de los ríos Naya, Yurumanguí, Mayorquin, Cajambre y Raposo. Es desencadenada por la columna móvil Jaime Martínez del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, contra una alianza criminal pactada entre la Segunda Marquetalia y el Frente de Guerra Suroccidental del ELN. Elaborado por: Pares para informe de CODHES (Análisis de la crisis humanitaria y las conflictividades socioterritoriales en Buenaventura en el periodo del posacuerdo 2017-2022) Las confrontaciones por el control territorial de estos ríos han repercutido directamente en la población civil, que ha sido víctima de desplazamientos masivos, confinamientos, asesinatos ejemplarizantes y desapariciones forzadas de autoridades étnico-territoriales, como Abencio Caicedo y Édinson Valencia, dos líderes sociales del consejo comunitario de Yurumanguí desaparecidos el 28 de noviembre de 2021 cuando se dirigían por el río hacia el Naya. Según información proporcionada por CODHES, debido a las confrontaciones armadas en la zona rural del distrito, se han reportado 46 eventos de desplazamiento masivo desde 2017 al 08 de noviembre de 2023. Estos eventos han sido causados por diferentes motivos, como enfrentamientos, incursiones, amenazas e intimidaciones, hostigamiento y homicidios, teniendo sus picos de afectación a las comunidades indígenas y afrodescendientes en 2021 y 2022. En medio de este contexto, el presidente Petro priorizó a Buenaventura para la implementación de la estrategia de Paz Urbana en el marco de la Paz Total, un anuncio que hizo desde su llegada al gobierno y ha reiterado en sus visitas a la ciudad. Sin embargo, aunque lleva más de un año y a pesar de las buenas intenciones del presidente, el proceso parece estar estancado y debilitado en liderazgo institucional. Los 10 hitos del proceso de Paz Urbana en Buenaventura El proceso de Paz Urbana en Buenaventura involucra a los grupos conocidos como Shottas y Spartanos, quienes tienen presencia y ejercen un violento control social y criminal sobre la población y el territorio. La confrontación armada entre estas dos expresiones del crimen organizado motivó al gobierno nacional a priorizar la intervención en la ciudad, con el objetivo de mitigar los enfrentamientos armados en los barrios, reducir los homicidios, los desplazamientos intraurbanos, las amenazas y desapariciones, y desmantelar las estructuras criminales y las economías ilegales imperantes en el distrito. Este proceso, desarrollado mediante la política de Paz Total, ha estado en marcha por más de un año. A continuación destacamos los 10 hitos principales hasta el día de hoy del proceso de Paz Urbana en Buenaventura: El Puesto de Mando Unificado (PMU) por la Vida se instaló el 06 de septiembre de 2022, siendo el propio presidente Gustavo Petro el encargado. Durante la instalación, el mandatario extendió una invitación a Shottas y Spartanos para que cesaran las confrontaciones armadas, dejaran de violentar a la población civil y se sumaran a las iniciativas de Paz Total. La primera sesión del PMU, el 14 de octubre, contó con la participación de diversas entidades que diseñaron estrategias para proteger la vida y garantizar derechos en el territorio, así como de representantes del Ministerio del Interior, la Alcaldía Distrital, Fuerzas Armadas, Unidad Nacional de Protección, Personería, Defensoría, organizaciones sociales, organizaciones internacionales, Fiscalía, entre otras. Primera sesión del PMU en Buenaventura Foto: redes sociales del Paro Cívico En el PMU se diseñaron estrategias para poder proteger la vida, llegar a compromisos que permitiera activar mecanismos y la garantía de los derechos en el territorio, con enfoque diferencial. También se enunció la importancia de avanzar en la consolidación de lo que sería la Paz Total, que permitiría formalizar los escenarios de diálogo entre las estructuras delictivas y el gobierno. Después, no hubo un mecanismo de seguimiento al PMU y esa estrategia se agotó. En respuesta a la invitación presidencial durante la instalación del PMU, ambas agrupaciones criminales manifestaron su intención de acogerse a la propuesta de Paz Total, suspendiendo los enfrentamientos armados en los barrios de la ciudad. Representantes de Shottas y Spartanos aparecieron conjuntamente en TvYo un programa de televisión local el 29 de septiembre para comunicar su compromiso con el proceso de Paz Total propuesto por el gobierno Petro. Comunicado Spartanos (09/09/2022) Comunicado de los Shottas (15/09/2022) La primera etapa formal del proceso, denominada fase exploratoria, se anunció el 02 de octubre mediante un evento deportivo llamado Buenaventura en Paz, liderado por Monseñor Rubén Darío Jaramillo en el barrio Juan XXIII de la comuna 7, epicentro de la guerra entre Shottas y Spartanos. El evento demostró la suspensión de las confrontaciones y que se podían volver a realizar este tipo de actividades sin que representara ningún riesgo para la ciudadanía, culminando con una caravana en motos por todas las comunas de Buenaventura, las fronteras invisibles impuestas se habían desmontado. Posteriormente, el 18 de octubre, comenzaron oficialmente los acercamientos directos entre el Gobierno Nacional a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y Shottas y Spartanos. Se instaló la primera mesa y se realizó la primera acta sobre las garantías para las partes participantes en este escenario. Del 05 al 07 de diciembre se llevó a cabo la estrategia Buenaventura Potencia de la Vida en Paz Total, promovida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esta estrategia culminó con la segunda visita presidencial, junto a la vicepresidenta Francia Márquez, y se destacó que, después de un año y medio de guerra urbana, la ciudad cumplía 90 días sin homicidios relacionados con la confrontación entre Shottas y Spartanos. El objetivo principal de esta estrategia era generar las condiciones para facilitar el proceso de desarme, sometimiento colectivo y transición hacia la legalidad de alrededor 2.000 integrantes de las bandas. Francia Márquez, Gustavo Petro y Danilo Rueda Foto: El País América Durante estos tres días, se realizaron talleres, diálogos de saberes, conversatorios, competencias deportivas y un concierto por la paz. Esta estrategia significó un avance significativo, principalmente en la reducción de los homicidios, que durante 7 meses se mantuvieron en un solo dígito. Se llevó a cabo el primer diálogo en Bogotá entre los facilitadores de Shottas y Spartanos con el Alto Comisionado el 14 de febrero, ratificando compromisos y discutiendo elementos para el proceso de sometimiento a la justicia, que no prosperaron en el Congreso de la República. En abril de 2022, algunos de los avances logrados hasta la fecha comenzaron a desmoronarse con la desaparición, presunta tortura y asesinato de alias "Súper", vocero de los Shottas en el proceso de diálogo. Aunque las autoridades no han aclarado las causas ni los presuntos perpetradores, esto generó retaliaciones entre ambas estructuras criminales. La desaparición, ocurrida el 01 de abril, desencadenó enfrentamientos en la comuna 12, trasladándose luego a las comunas 6, 7, 8 y 10 en los días siguientes, según denuncias de la comunidad. Este hecho se considera el punto de quiebre en el proceso de Paz Urbana, elevando los índices de violencia, reactivando confrontaciones armadas y aumentando los homicidios selectivos de manera considerable en comparación con los 7 meses anteriores, pasando de 3 en marzo a 12 en abril y 20 en mayo. Comunicado Shottas (02/04/2023) Comunicado Spartanos (04/04/2023) El proceso ya venía tensionado por supuestos incumplimientos entre integrantes de los grupos en la división de sus zonas de injerencia delictiva y se hizo pública a través de comunicados que publicaron, en los cuales, sin ningún pudor, hacen claridades sobre cómo se lleva a cabo el pago de las extorsiones, haciendo alusión al acuerdo que tienen de distribución de zonas para dichos cobros. El 17 de junio, los medios locales informaron sobre un atentado contra Félix Orlando Luna Angulo, alias “Gordo Lindo”, en su residencia en la comuna 4 de Buenaventura. Individuos que se desplazaban en un vehículo de servicio público dispararon con fusiles contra él y las personas presentes. Félix Orlando Luna, vocero principal de los Spartanos en los diálogos en curso, y, según las autoridades, segundo al mando de la estructura, sufrió un atentado que exacerbó la crisis del proceso iniciada con la desaparición de alias “Súper”. Este atentado desencadenó una nueva ola de homicidios. El 18 del mismo mes, un día después del atentado, se registraron 6 asesinatos en la ciudad en menos de 24 horas, incluyendo un homicidio múltiple en el barrio Los Ángeles de la comuna 6, y otros 6 en el transcurso de 12 días, es decir, uno cada dos días, sumando un total de 16 muertes violentas durante junio. El mes de julio resultó crítico para el proceso de Paz Total Urbana en Buenaventura. Primero, un hecho lamentable sacudió a la ciudad: el 01 de julio, Kimberly Quiñonez, una niña de 7 años, fue asesinada al recibir un impacto por una bala perdida durante un atentado sicarial contra un miembro de los Spartanos en la comuna 9. A pesar de la indignación colectiva, la violencia persistió. El Grupo de Delincuencia Organizado (GDO) La Empresa, con presencia limitada en la ciudad y posición neutral en la guerra entre Shottas y Spartanos, experimentó una ruptura interna, desencadenando fuertes enfrentamientos en las comunas 10 y 12. Alias “Robert y Alias “El Mono”, líderes narcotraficantes, pasaron de socios a enemigos a muerte, evidenciado por videos amenazantes. En uno de los videos, sujetos encapuchados con grandes sumas de dinero expresan que van a dar de baja a alias “Robert” y otros cabecillas de los Spartanos. Otro video los presenta en uno de los barrios de la comuna 10 como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero en realidad se trataba de la facción de alias “El Mono”. El día 05 de julio se hicieron virales otros videos de sujetos también encapuchados y fuertemente armados patrullando las calles de las comunas 10 y 12 amenazando al autodenominado CJNG. Se trataba de Los Chiquillos, como se denominaron la facción de alias “Robert” que se desprendió de la Empresa. Estos eventos llevaron a enfrentamientos en las comunas, involucrando a Shottas y Spartanos, ya que los Chiquillos se aliaron con los Spartanos, mientras que los Shottas absorbieron la facción de alias “El Mono”. Los Chiquillos en la comuna 10 Foto: redes sociales De acuerdo al registro de la Oficina Pares Pacífico, en julio se registraron 14 enfrentamientos armados en las comunas 10 y 12, con resultado de 19 homicidios. La OACP consideró involucrar formalmente a Los Chiquillos en el proceso de Paz Total, pero la banda terminó uniéndose a los Spartanos. El 07 de julio, el presidente Gustavo Petro llegó a Buenaventura para abordar la creciente violencia registrada en los últimos 4 meses. Lideró un consejo de seguridad junto a las autoridades locales y un Gobierno Escucha junto a la vicepresidenta Francia Márquez y los ministros del Interior y Defensa. Anunció el inicio de una segunda etapa del proceso de Paz Urbana con importantes inversiones sociales, incluyendo 1.000 becas para educación superior y mejoras en escenarios deportivos. Fue el día en el que el presidente Petro pronunció la polémica frase de que a los jóvenes les ibas a “pagar para no matar”. El presidente instó a Shottas y Spartanos a restablecer los diálogos y comprometerse nuevamente con el proceso. Aunque los homicidios no cesaron de inmediato, el llamado tuvo eco y desde el 08 de julio se redujeron sustancialmente los enfrentamientos en las comunas 10 y 12. El 18 de julio se instaló en Buenaventura el Espacio de Conversación Sociojurídica para la Construcción de Paz Urbana en Buenaventura. Participaron el Gobierno Nacional, voceros de Shottas y Spartanos, organizaciones de la sociedad civil, la Gobernación del Valle, las alcaldías de Buenaventura y Cali, la ONU, MAPP-OEA, delegados de Presidencia. La instalación fue precedida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Iglesia Católica, representada por Monseñor Rubén Darío Jaramillo. Este espacio de diálogo busca desmantelar estructuras armadas, desvincular a menores, disminuir los delitos y lograr un desarme para consolidar la Paz Urbana en Buenaventura. Instalación del espacio sociojurídico Foto: Pares La mesa la integran los voceros de los Shottas y Spartanos y los delegados del Gobierno: dos representantes de la bancada del departamento del Valle, dos representantes del sector privado, una representación del Concejo Distrital, un representante del crédito público, dos representantes de la academia y un representante de las organizaciones sociales. Además, la mesa está acompañada por la OACP y la Iglesia Católica. Aunque el espacio lleva 4 meses funcionando, sus avances no son fácilmente perceptibles más allá de ser una estrategia para contener la confrontación armada y reducir homicidios, como se registró entre agosto y septiembre, gracias a treguas acordadas entre los voceros de los grupos. La primera se acordó el 04 de agosto por un mes, y la segunda el 04 de septiembre hasta el 04 de noviembre, con la intención de garantizar el libre ejercicio proselitista y las elecciones territoriales. Estas treguas permitieron que durante agosto y septiembre la cifra de homicidios volviera a descender a un solo dígito, dando un nuevo aliento al proceso de Paz Urbana en Buenaventura. Sin embargo, la falta de planificación del proceso desde la OACP, la ausencia de un marco normativo ideal para el sometimiento de las bandas y la dependencia de la voluntad de estos grupos criminales hicieron que, para octubre, los homicidios aumentaran y el proceso se encuentre en un punto de incertidumbre. El 03 de noviembre, el Alto Comisionado convocó una rueda de prensa para anunciar nuevos avances en el proceso de Paz Urbana a través del espacio sociojurídico. Afirmó que se acordó ampliar la tregua entre Shottas y Spartanos hasta el 04 de febrero de 2024, con un mecanismo de verificación y monitoreo permanente que entraría a funcionar el 10 de noviembre y que sería un canal para denuncias de abusos de autoridad y una ruta metodológica para explorar los factores generadores de la guerra en la ciudad. Rueda de prensa de la OACP, 03 de noviembre Foto: Pares Hasta la fecha de este informe, ninguno de los anuncios se ha materializado. Menos de 24 horas después de la rueda de prensa, alias “Jerónimo”, principal vocero de los Shottas en el espacio sociojurídico, sufrió un atentado. Aunque salió ileso, ambas agrupaciones se negaron a refrendar la tregua, por lo que se está disolviendo desde el 04 de noviembre. Sobre los mecanismos de verificación y monitoreo no hay información, y los participantes de la mesa manifestaron enterarse durante la rueda de prensa, indicando una medida improvisada del Comisionado. Los homicidios continúan, sin una clara señal de detenerse. A pesar de que ha pasado más de un año desde el inicio del proceso de Paz Urbana en Buenaventura, este sigue dependiendo de la voluntad criminal, la destacada labor de Monseñor Rubén Darío Jaramillo y las presiones de sectores de la sociedad civil, que lo cohesionan y logran recomponer su rumbo, incluso cuando parece que se perdería todo lo logrado hasta el momento. Conclusiones Desafíos persistentes para la Paz Urbana: el proceso de Paz Urbana en Buenaventura enfrenta desafíos continuos, marcados por confrontaciones violentas entre grupos criminales, como Shottas y Spartanos, lo que provoca fluctuaciones en la efectividad de la iniciativa de Paz Urbana. Fragilidad del Pproceso: a pesar de avances notables, el éxito general del proceso de Paz Urbana en Buenaventura depende de la buena voluntad de grupos criminales y se evidencia la falta de garantías para defensores y defensoras de derechos humanos, lo que revela la fragilidad intrínseca del proceso de Paz Urbana en Buenaventura. La dependencia de acuerdos voluntarios debe ser respaldada por medidas legislativas y estratégicas. Impacto de eventos clave en el proceso de paz: la desaparición de alias "Súper" y los eventos subsiguientes, incluido el intento de asesinato de “Gordo Lindo”, la trágica muerte de Kimberly Quiñones y el atentado a “Jerónimo”, han interrumpido significativamente el proceso de paz, provocando escaladas de violencia. Necesidad de sostenibilidad: la carencia de un marco normativo sólido, la dependencia de acuerdos voluntarios y la ausencia de una planificación estratégica, ponen de manifiesto la necesidad urgente de medidas sostenibles para consolidar la paz en la región. Se necesita una visión a largo plazo con medidas sostenibles que aborden las raíces de la violencia y promuevan el desarrollo integral. Rol determinante de la sociedad civil: la efectividad del proceso ha estado ligada a la labor incansable de figuras como Monseñor Rubén Darío Jaramillo y diversas organizaciones sociales. Hay que fortalecer este involucramiento, reconociendo la importancia crucial de la sociedad civil en la construcción y mantenimiento de la paz en Buenaventura.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad fotos tomadas de: registraduria.gov.co Perfil de Óscar Enrique Sánchez Guerrero, nuevo gobernador del Amazonas Aval: Pacto Histórico, Partido Liberal, ASI Oscar Enrique Sánchez Guerrero ha sido diputado del departamento del Amazonas por el Polo Democrático. En estas elecciones recibió el aval del Partido Liberal Colombiano, ASI y el apoyo del Pato Histórico. Sánchez posee un cuestionamiento debido a una sanción que recibió de la Procuraduría en 2018, en la que se le señala de que en connivencia con el entonces presidente de la Asamblea departamental, Camilo Suárez Torres, se apropió indebidamente de recursos del Estado para pagar primas de vacaciones e indemnizaciones, cuando no existía una norma que autorizara el desembolso de esos rubros. Perfil de Elquin Jadrian Uni Heredia, nuevo alcalde de Leticia Aval: Colombia Renaciente Exconcejal de Leticia durante el período 2020 - 2023 por el partido Colombia Renaciente. Es profesional en negocios internacionales. Quedó electo en estos comicios con 9.280 votos.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Perfil de William Villamizar Laguado, nuevo alcalde de Norte de Santander Aval: Movimiento “Por Amor A Nuestra Gente”, coaval Liberal, Conservador, La U, Cambio Radical El líder del Clan Villamizar es un ingeniero civil que inició su carrera política de la mano del Partido Conservador, con el que llegó al Concejo de Cúcuta por tres periodos consecutivos desde 1998. Para las elecciones regionales de 2007, Villamizar ganó la gobernación de Norte de Santander y en las elecciones regionales de 2015 fue reelegido nuevamente como Gobernador de Norte de Santander. No obstante, cabe resaltar que Villamizar no logró culminar ninguno de los dos periodos a causa de las suspensiones emitidas por la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación. Mientras era concejal, Villamizar se acercó al cuestionado político Ramiro Suárez Corzo, condenado por el asesinato del exasesor jurídico de la administración municipal Alfredo Enrique Flórez Ramírez. Suárez Corzo apoyó a Villamizar en el despegue de su carrera política. Para las elecciones regionales de 2007, Villamizar ganó la gobernación de Norte de Santander, según La Silla Vacía, con el apoyo de distintos políticos como Jorge García Herreros, los representantes Eduardo Benítez y Carlos Augusto Celis del partido de La U, el senador del Partido Liberal Juan Fernando Cristo y los excongresistas Ramiro Luna y Albino García. Villamizar no logró culminar su periodo como gobernador, 10 días antes del fin de su mandato la Contraloría General de la Nación decidió suspenderlo por el presunto manejo irregular de recursos del Fondo Nacional de Calamidades en proyectos viales. Concretamente, la suspensión se presentó por el proyecto “reconstrucción del acceso y protección de estructura del puente Puerto León” por la idoneidad del contratista y la no correspondencia con los convenios de asociación. A lo anterior se le añadieron sospechas sobre los proyectos “rehabilitación de la vía Malpaso, Cachira-El Diamante” y “Mantenimiento y mejoramiento por emergencia vía de la ola invernal en la vía Primavera-Cáchira”. En las elecciones de 2014, La Silla Vacía mencionó que Villamizar apoyó a candidatos santistas para el congreso: entre esos a Andrés Cristo (liberal y hermano de Juan Fernando Cristo), Manuel Guillermo Mora (del partido de La U), Ciro Rodríguez (del Partido Conservador) y Neftalí Santos y Alejandro Carlos Chacón (del Partido Liberal). Gracias a esta gran red de contactos, Villamizar logró convertirse en un cacique político de la región y, para las elecciones de 2015, logró nuevamente ser gobernador de Norte de Santander, obteniendo 233.539 votos y con el apoyo del Partido de La U, sus amigos políticos y hasta el empresario de medios Víctor Carrillo. Para el momento de su reelección como gobernador, según El Espectador, Villamizar era investigado por 12 casos de delitos contra la administración pública y que incluían celebración de contratos indebidos, falsedad ideológica en documento público, interés indebido en celebración de contratos, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. No obstante, pese a sus investigaciones y desde su primera gobernación, Villamizar se ha mantenido en la movida política regional gracias a sus herederos políticos, como la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha relacionado en investigaciones previas. El primero fue Édgar Díaz (2012 - 2015), quién ganó la gobernación y logró sucederlo en el cargo; así mismo, el actual gobernador Silvano Serrano (2020 - 2023), es heredero de Villamizar. Durante su segundo mandato La Opinión documentó que Villamizar fue suspendido nuevamente por la Procuraduría, esta vez por irregularidades en el contrato interadministrativo No. 00740 del 22 de marzo de 2019, de 11 mil millones de pesos y que buscaba promover el bilingüismo en el departamento. Este contrato se celebró con la empresa de economía mixta Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones (Niu Telco S.A.S.) en la que Villamizar era presidente de la junta directiva. De acuerdo con la Procuraduría, la suspensión buscaba determinar si se respetaron los principios de responsabilidad, transparencia, economía, el deber de selección objetiva y el régimen de recursos de regalía, o si por el contrario se trató de la selección subjetiva del contratista. Luego, la Procuraduría decidió ampliar la suspensión preventiva que inicialmente era de tres meses por un mes más, por lo que nuevamente Villamizar salió de su cargo de forma anticipada y en medio de una investigación. Hasta la fecha, Pares no posee conocimiento sobre el estado del proceso. En octubre de 2023, la Procuraduría archivó otro proceso relacionado con Niu Telco S.A.S., esta vez relacionado con el contrato interadministrativo No. 01805 del 26 de junio de 2019, relacionado con la prestación del servicio de internet para 128 colegios del departamento, debido a que con el material probatorio que poseía no se pudo probar ninguna irregularidad, además de que el modelo de contratación utilizado cumplía con las premisas de eficacia, eficiencia y mejor relación costo-beneficio en el cumplimiento de los objetivos del contrato. En 2022, Semana reveló que la Corte Suprema de Justicia decidió reactivar un proceso en contra de Villamizar por presuntas irregularidades en la celebración del contrato para “el suministro de materiales pétreos para la pavimentación de la red secundario” y en el que se habrían vulnerado los principios de planeación, transparencia, economía, selección objetiva y responsabilidad, además de haber delegado toda la responsabilidad de contratación al secretario de Infraestructura, el que presuntamente habría beneficiado con el contrato a un financiador de Villamizar para su segunda elección. Para las elecciones de 2023, Villamizar volvió a presentar su candidatura para un tercer periodo en la Gobernación, esta vez por firmas que obtuvo en un tiempo récord y con las que logró volver al Palacio de la Cúpula Chata. William Villamizar ganó las elecciones a gobernador con un holgado resultado, superando por un amplio margen a Diego González, su principal contendor. Según los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional, Villamizar obtuvo 259.682 votos, que reflejan el 37,68% del total del departamento. Perfil de Jorge Acevedo Peñalosa, nuevo alcalde de Cúcuta Aval: Grupo Significativo de Ciudadanos Todos por Cúcuta El ingeniero industrial de la Universidad Libre, con especialización en finanzas de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y magíster en administración de empresas de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Acevedo ya ha tenido experiencia en la política departamental, entre 2008 y 2012 fue asesor de los Planes Locales de Desarrollo de la Alcaldía de María Eugenia Riascos, del mismo modo que fue secretario de Desarrollo Social entre 2008 y 2011 y director de Bienestar Social de Cúcuta en la Alcaldía de Donamaris Ramírez (2012-2015). Fue candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en 2014, cuando se quemó con 25.341 votos; fue candidato a la Alcaldía de Cúcuta con el aval de Cambio Radical en 2015, y quedó segundo con 87.172 votos; y en el proceso electoral de 2019, de nuevo con aval de Cambio Radical y con apoyo del Partido de La U, quedó electo como concejal por estatuto de oposición, tras haber quedado segundo, de nuevo, en la carrera por la Alcaldía, al haber obtenido 90.616 votos y haberse ubicado por debajo del candidato verde Jairo Yáñez. Distanciado abiertamente de Ramiro Suárez y sin haber ejercido oposición real a la Alcaldía de Yáñez, Acevedo se lanzó con su movimiento por firmas "Todos por Cúcuta”. Entre los cuestionamientos que rondan a Acevedo se encuentra una presunta financiación de su campaña a la alcaldía en 2015 por parte del narcotraficante Jensy Miranda, del mismo modo que se le cuestiona el apoyo que recibió de Ramiro Suárez para aspirar a la Alcaldía de la ciudad en 2019. Igualmente, su hermano, Carlos Acevedo, ha sido señalado por presuntamente hacer parte del carrusel de docentes que se han beneficiado de incrementos de salario de manera irregular a través de publicaciones en revistas "depredadoras" en la Universidad Francisco de Paula Santander, como Pares lo reseñó en febrero de este año. Acevedo ganó la carrera por la Alcaldía de Cúcuta en preconteo con 89.759 votos (28,47%), llegando al poder sin el apoyo de Ramiro Suárez, y desplazándolo del poder por otros 4 años más, lo que implicaría evaluar la potencial decadencia del clan Suárez en la ciudad.

Por: Línea Paz Territorial y Derechos Humanos Para el año 2022 se registraron 722 Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CTPRC) entre los niveles departamental y municipal. Para este año 2023, acorde con los datos suministrados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), se registran 700 Consejos Territoriales de Paz, 667 correspondientes a Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CMPRC) y 33 a Consejos Departamentales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CDPRC), teniendo una disminución de 22 Consejos Territoriales de Paz y el aumento de 2 Consejos Departamentales. Los CTPRC desempeñan un papel fundamental en la consolidación de la política de Paz Total, representando nodos estratégicos de participación ciudadana e interlocución entre la sociedad civil y la institucionalidad estatal. Estos consejos, a nivel nacional, departamental y municipal, actúan como espacios de confluencia en los que las distintas y diversas ciudadanías, representantes gubernamentales y liderazgos locales, pueden aportar activamente en la construcción de una paz integral y sostenible en el país. A pesar de las potencialidades inherentes a los Consejos Territoriales de Paz, su implementación se ve confrontada por diversos desafíos y retos que requieren atención y abordaje estratégico. Estos desafíos pueden afectar su eficacia y limitar su capacidad para contribuir plenamente a la consolidación de procesos de paz en los territorios. Es por ello, que desde la Línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), nos propusimos continuar con el seguimiento a CTPRC con la intención de visibilizar su estado y buscar aportar con recomendaciones para ayudar a enfrentar los desafíos que tienen por delante y que al día de hoy dificultan la consecución de su misionalidad en varias regiones del país. Poniendo la lupa en los CTPRC de Norte de Santander (Catatumbo), Cauca (Norte), Antioquia (Bajo Cauca Antioqueño) y Nariño (Pacífico), encontramos dificultades compartidas para el correcto funcionamiento de estos espacios, como lo es su dependencia de la voluntad política de los gobernantes y autoridades locales, pues son estas las que dan el apoyo institucional, reconocimiento legal, presupuesto y seguridad, entre otros elementos. Frente a esta dificultad, ha sido clave el apoyo de la cooperación internacional, la cual ha ofrecido asistencia técnica, capacitación, monitoreo y evaluación a los CTPRC. Asimismo, encontramos que la participación de los grupos étnicos presenta unas barreras mayores a las que ya tienen los Consejos de Paz, lo que dificulta que su participación pueda ser tenida en cuenta de la misma forma que los demás sectores. La falta de recursos que tienen los Consejos Territoriales de Paz afecta fuertemente la participación eficaz de los representantes de los grupos étnicos. Algo similar sucede con la incorporación del enfoque de género estos espacios, pues a pesar de los esfuerzos por involucrar a las mujeres en los CTPRC, existen desafíos para garantizar su participación efectiva. La falta de representación equitativa y la necesidad de empoderar a las mujeres para que puedan contribuir plenamente a los procesos de toma de decisiones son cuestiones que identificamos. Los consejeros y consejeras de paz han manifestado, en general, no estar siendo tenidos en cuenta en los diálogos que el gobierno está adelantando con los distintos grupos armados, lo que constituye otro aspecto de urgente mejora. Aunque no todos los Consejos de las diversas regiones padecen de las mismas dificultades ni potencialidades, según nuestra investigación. En Norte de Santander (Catatumbo), por ejemplo, la principal dificultad tiene que ver con la falta de representación de sociedad civil en los espacios, así como retos presupuestales; en el Cauca (Norte) se destaca el esfuerzo que se ha hecho por incluir en los CTPRC los enfoques étnico y territorial, que no deja de ser una tarea fácil por la diversidad del territorio, algo que se refleja, por ejemplo, en una de las principales dificultades en la región, que tiene que ver con la duplicidad de espacios, que no estaría permitiendo que la sociedad civil y la misma institucionalidad puedan avanzar con los Consejos de Paz, dado que no son el único espacio en el territorio donde se pueden abordar temas de paz y hay otros comités, subcomités, mesas y demás espacios de articulación que abordan la temática y tienen un mayor impacto en otros niveles de gobierno. En Antioquia (Bajo Cauca) la experiencia es muy exitosa, desde nuestro punto de vista. A pesar de que los Consejos operan sin presupuesto específico asignado para su funcionamiento, estos Consejos se articularon en La Mesa Subregional de Consejeras y Consejeros de Paz del Bajo Cauca, y cuentan con una amplia representación de mujeres en cargos de toma de decisión. En el Pacífico Nariñense se han constituido los Consejos de Paz en los municipios de Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán y Tumaco. Sin embargo, los primeros tres Consejos presentan dificultades para su funcionamiento debido a que ninguno reporta asignación ni ejecución presupuestal para su funcionamiento y la implementación de sus planes de acción. Tampoco se conocen las fuentes de financiación disponibles o potenciales de las cuales podrían disponer. En Tumaco, en cambio, se registra una asignación presupuestal de 30 millones de pesos y una activa participación de población diversa. Una de las dificultades en el Pacífico Nariñense para el correcto funcionamiento de los CTPRC, sería la intensa presencia de actores armados ilegales, lo que pondría en riesgo extremo a los participantes. Le invitamos a leer el informe completo, aquí:

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista Hace unos meses, cuando regresé de los primeros viajes de trabajo que hice en el Caquetá, algunas personas no pudieron evitar decirme, de forma despectiva, que tuviera mucho cuidado porque “eso allá está lleno de guerrilleros”. Claramente me molesté y dije algunas cosas para enfrentar esos comentarios desafortunados y estigmatizantes, pero entonces hoy, varios viajes después, les quiero contar un poco de lo que está “lleno” el Caquetá. Este departamento, en las pasadas elecciones de octubre, logró un hito significativo en su asamblea departamental, la cual, por primera vez, estará conformada por mayoría mujeres diputadas, que de las once curules de la Asamblea Departamental pasaron de cuatro a seis diputadas. Sin embargo, no pasó lo mismo en sus 16 alcaldías, las cuales pasaron de cuatro a una mujer alcaldesa. A pesar de estos movimientos en la dinámica política, existen numerosas organizaciones sociales, especialmente de jóvenes, que le apuestan al fortalecimiento de su incidencia en la toma de decisiones desde el Sistema de Juventud y otros espacios organizativos, y reivindican sus apuestas por la educación, la salud mental, los derechos sexuales y reproductivos, articulación de mujeres, protección ambiental, entre otros temas. Cabe resaltar que justamente tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, en varias regiones de Colombia afectadas por el conflicto se logró diversificar las fuentes de ingresos, centrándose en el turismo como motor de desarrollo. Este sector económico ha abierto las puertas a turistas nacionales e internacionales y estos proyectos buscan generar ingresos a las comunidades locales, pero también buscan revitalizar paisajes, tradiciones y comunidades, además de actividades como la investigación científica y los deportes, marcando un paso crucial hacia la reconstrucción social y económica en el marco del posconflicto. Aunque desafortunadamente hay algunas zonas en las cuales hay presencia de disidencias de las extintas FARC, esto no define todo el territorio y persiste aún más aquella insistencia de las organizaciones sociales que le apuestan a la paz. Desde todas las iniciativas que he tenido la oportunidad de conocer, quiero aprovechar este espacio para, especialmente, presentarles a Yul Freiler, un biólogo joven de la Universidad de la Amazonía que, con su familia, en el municipio de San José del Fragua, con su emprendimiento de “Mi Bello Atardecer”, le apuestan a temas de conservación ambiental y han construido unas cabañas en medio de la manigua, desde donde promueven el cuidado de abejas nativas, el avistamiento de ranas y aves amazónicas, y en este espacio brindan una experiencia cargada de riqueza biológica, tranquilidad, cuidado, pero, sobre todo, cargada de conciencia ambiental. A través de iniciativas como la de Yul Freiler, se revela la verdadera cara del Caquetá: un territorio lleno de diversidad, alegría y un compromiso apasionado con la protección de la Amazonía colombiana, que es una partecita del pulmón del planeta. Estos jóvenes, dispersos por todo el departamento, son representantes de un Caquetá que merece ser reconocido y apoyado. Más allá de las estigmatizaciones, es crucial que tanto el gobierno nacional como la ciudadanía presten atención a esta región, reconociendo y fortaleciendo su potencial para contribuir a su bienestar. Definitivamente el Caquetá está lleno de todo lo bonito que puede existir en Colombia. *Mientras escribía esta columna, desde la “Cabaña de las Aves” en Mi Bello Atardecer, pude observar numerosas y coloridas mariposas y aves, y también pude escuchar más de 10 sonidos diferentes de diversos animales.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su segundo informe sobre Paz Urbana, en el que se hace una revisión sobre la forma en la que se ha venido desenvolviendo esta apuesta del gobierno con el fin de arrojar luz sobre su impacto en la construcción de paz en entornos urbanos. Hacemos un recorrido sobre las generalidades de la Paz Urbana, identificando sus características principales y desafíos, para luego adentrarnos en un análisis con datos del desarrollo de esta política en las áreas metropolitanas del Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó, que son las ciudades en las que se adelantan actualmente espacios de diálogo sociojurídico con Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO). En nuestro análisis encontramos que, dada la diversidad de contextos en los que se quiere aplicar la política de Paz Urbana, esta no ha constituido un único modelo a ser aplicado, sino que es una apuesta en constante evolución y construida de manera progresiva. La Paz Urbana se construye sobre la marcha en los ires y venires de la negociación entre el gobierno y las estructuras delincuenciales, además de las organizaciones sociales y los diversos acompañantes que se han sumado a estos procesos. Esto ha generado en cierta medida un amplio trecho de incertidumbre relacionado con los puntos sobre los cuales se dialoga y los posibles acuerdos a los que se pueda llegar para el futuro desarme y desmantelamiento de las organizaciones delincuenciales. Sobre todo teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta la Paz Urbana de acuerdo a nuestro análisis, y que son de urgente atención: el control territorial por parte del Estado de los espacios y mercados cooptados por los grupos delincuenciales y de los cuales eventualmente se retirarían -evitando el recicle de estructuras y el surgimiento de grupos residuales-; la incertidumbre jurídica en la que se encuentra el proceso, pues no existe una ley de sometimiento aprobada por el Congreso y el exceso de protagonismo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). A pesar de estos desafíos, la Paz Urbana ha tenido avances significativos que arrojan incluso resultados en la reducción de ciertos delitos de alto impacto en Valle de Aburrá, Buenaventura y Chocó, que son las áreas metropolitanas y ciudades donde se adelantan procesos formales. Comparando datos de delitos de alto impacto del SIEDCO entre enero-septiembre 2022 y enero-septiembre 2023, encontramos: Valle de Aburrá: homicidio -7,3%; amenazas -30,9%; hurto a personas +9,6%; extorsión +63%. Buenaventura: homicidios -10%; amenazas -51%; extorsión -45%. Quibdó: homicidios -37,5%; amenazas +5%; hurto a personas -8,8%; extorsión +12,5%. Recordemos que el gobierno ha expresado deseos de arrancar acercamientos en Barranquilla y Cali, sin embargo los contextos propios de cada territorio han dificultado este objetivo; en el caso de Barranquilla por el posible surgimiento de facciones y grupos residuales dada la falta de garantías, y en el de Cali por la marcada atomización del crimen organizado en la ciudad y el área metropolitana. Bogotá y Cúcuta se quedan por fuera, por ahora, de la Paz Urbana. Le invitamos a leer nuestro análisis del desarrollo de la Paz Urbana en Colombia, con toda la información, datos, visualizaciones y recomendaciones, aquí: Descargue aquí un resumen ejecutivo del informe:

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista Ya se empezaron a mover las alianzas y adhesiones entre algunas campañas para lograr ganar la Alcaldía de Buenaventura, lo que era predecible ya que había 16 candidaturas, no obstante, no se puede esconder que Ligia del Carmen Córdoba, quien es una de las más opcionadas a ganar, es una candidata cuestionada, con apoyos problemáticos que pretende recuperar el poder de la mano de Dilian, el cual perdieron después de la captura del exalcalde Eliécer Arboleda. Ligia del Carmen Córdoba es licenciada en educación básica y ha ocupado diversos cargos públicos en Buenaventura, desde su rol como directora técnica de cultura de la Alcaldía hasta su tiempo como concejala, desde donde fue una figura clave para el exalcalde Eliécer. Además, se desempeñó como gerente territorial para el pacífico de la Gobernación del Valle del Cauca. También fue candidata a la Alcaldía en las elecciones pasadas, logrando alrededor de 22 mil votos que le alcanzaron para ocupar el cuarto lugar. Muchas personas apelan a su experiencia en la política local y la enuncian como una mujer de palabra, pero en su participación en los debates públicos hemos visto su incapacidad para comunicar y articular las ideas, lo que también pone en cuestión su preparación. Además, el respaldo político que recibe plantea preocupaciones. Ligia es avalada por en Partido de La U y ha recibido apoyo de los partidos Colombia Renaciente, MAIS, Demócrata Colombiano y del grupo político Gente en Movimiento. Su respaldo principal es el de la exgobernadora y también candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien en su larga trayectoria política ha estado marcada por investigaciones y acusaciones por corrupción, vínculos con actores ilegales, lavado de activos, creación de empresas vinculadas a amigos, trabajadores y familiares, lo que sugiere la existencia de un presunto carrusel de contratación y nóminas paralelas, denunciado por Ariel Ávila como “el Clan de las Monas” en el que también estaría vinculada la actual gobernadora Clara Luz Roldán. En la campaña de Ligia también se encuentran personajes cuestionados y polémicos de la política local como Edison Bioscar Ruiz, que en diciembre de 2022 fue imputado por la Fiscalía por presuntamente haber participado en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación cuando fue alcalde encargado en el 2018, que le generaron pérdidas al distrito que superaban los 12.400 millones de pesos en la adquisición de unos predios. Asimismo, el Partido de La U, del que hace parte Ligia, fue el mismo que avaló a Eliécer Arboleda para el periodo 2015-2019, el exalcalde es investigado por irregularidades en un contrato de más de 4.700 millones de pesos destinado al Festival Folclórico del Litoral Pacífico y el reinado Señorita Litoral, así como carga con acusaciones relacionadas con el desfalco de alrededor de 5 mil millones de pesos al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, caso por el cual fue destituido y encarcelado, junto a su hijo y funcionarios de su despacho. Y, como lo registró Pares Pacífico, “durante ese mismo periodo, Ligia fue concejala por La U y una de las aliadas del exalcalde, a quien apoyó hasta el final”. Buenaventura tiene un historial de corrupción que plantea grandes preocupaciones sobre la elección a la Alcaldía. Saulo Quiñonez, José Félix Ocoró, Bartolo Valencia y Eliécer Arboleda, todos ellos elegidos por voto popular, posteriormente fueron procesados por casos de corrupción relacionadas con temas de la salud, educación y obras públicas. Antecedentes que claramente han afectado la confianza de la ciudadanía. En este contexto, no debemos pasar por alto que la candidatura de Ligia del Carmen Córdoba es apoyada por personajes cuestionados por corrupción. En algún momento pensé que el interés por derrotar a este sector político permitiría que otras candidaturas se unieran en una sola, que daría paso a la consolidación de un contrapeso con una votación fuerte, lo que hasta el momento no se ha dado (insisto en este llamado, especialmente a los sectores alternativos). La ciudadanía bonaverense merece liderazgos transparentes, que su compromiso con la lucha anticorrupción sea más que un simple discurso. Antes de votar en las próximas elecciones, es esencial que analicemos cuidadosamente trayectorias y acompañamientos políticos. El futuro de Buenaventura depende de la elección un alcalde o alcaldesa sin intereses ocultos y relacionamientos cuestionables. Bien dice el refrán: dime con quién andas… *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista La Revista Semana copió varios párrafos enteros de un texto de la Oficina Pares Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al presentar una noticia sobre la candidata a la Alcaldía de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba. Estos párrafos fueron copiados de manera descarada sin dar el crédito debido al autor original. Este acto lamentable reafirma los constantes cuestionamientos a la integridad periodística de Semana, y también pone de manifiesto una falta de respeto hacia el trabajo investigativo que hacemos (al final expongo evidencia). El descubrimiento se produjo mientras investigaba para mi columna de esta semana, que sería de otro tema, pero no pude pasar por alto esta evidente falta de ética periodística. En un momento en que la información precisa y confiable es más importante que nunca, es inaceptable que un medio de comunicación del alcance de Semana recurra a este tipo de actos. Cabe resaltar que, de acuerdo con el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, la Revista Semana es uno de los medios de comunicación más consultados en Colombia. Este alto nivel de influencia resalta aún más la responsabilidad que tiene la revista con la información que difunde como propia. La Revista Semana fue considerada durante mucho tiempo un pilar del periodismo de calidad, pero perdió ese terreno cuando llegaron personas como Vicky Dávila y salieron referentes como Daniel Coronell o María Jimena Duzán. Pero si bien perdió calidad, ha ganado terreno en el mundo de los clicks y likes, logrando gran alcance al posicionar tendencias en la agenda pública y con su falta de ética desacredita por completo la labor periodística Este hecho se presenta en un contexto de críticas constantes que enfrenta Semana por la forma en que su directora, Vicky Dávila, aborda la información. Su estilo amarillista ha sido objeto de controversia. Un ejemplo de esto es la forma en que manejó la investigación sobre los dineros robados a Laura Sarabia. La revista afirmó tener una fuente anónima en este caso, lo que generó un debate sobre el uso de fuentes anónimas en el periodismo, ya que en algunos aspectos pueden llevar a la difamación. Además, ha demostrado un sesgo evidente al presentar información parcializada y fragmentada, como en el caso de la pelea entre Benedetti y Sarabia, en el que la revista inicialmente no proporcionó la información sobre todos los hechos. Pero más allá de la orientación política de Semana, Colombia merece medios comprometidos y respetuosos con la verdad, no aquellos que buscan solo la atención y los likes. Es importante señalar que la Fundación Pares, como organización comprometida con la investigación y el análisis de contexto, siempre ha estado dispuesta a colaborar con los medios de comunicación y sus equipos para compartir información de nuestras investigaciones y análisis. Sin embargo, esta disposición no equivale a permitir que los medios se apropien del trabajo ajeno. Si requieren información nos pueden llamar, lo podemos discutir, pero ¿cómo es posible que un medio de comunicación, que es propiedad de uno de los grupos económicos más influyentes, que tienen los recursos para hacer sus propias producciones, termine copiando sin mayor disimulo? Relaciono evidencia:

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: carlosfernandogalan.com Perfil de Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de Bogotá: Fue respaldado por el Partido Nuevo Liberalismo y ganó en la primera vuelta con un total de 1,497,596 votos. Es el hijo menor del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, quien fue asesinado en un evento político de campaña en 1989. Carlos Fernando Galán es profesional en Servicio Exterior, graduado de la Universidad de Georgetown, y tiene una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado. En 2007, con el aval del Partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien fue su primer mentor, fue elegido concejal de Bogotá, convirtiéndose en un opositor al entonces alcalde Samuel Moreno. Dirigió el Partido Cambio Radical desde 2011 hasta 2015, año en el que renuncio debido a diferencias políticas en la asignación de avales para elecciones locales de 2015 a candidatos señalados por vínculos con actividades delictivas. Es importante destacar que en 2011 y 2019 ya había aspirado a la Alcaldía Mayor, obteniendo 285.263 votos y 1.022.362 votos, respectivamente. Además, Galán ejerció funciones legislativas en el período 2014-2018, siendo elegido Senador de la República. Carlos Fernando Galán ha sido cuestionado por su relación con la "Escuela Galán", una organización mixta orientada al fortalecimiento de la democracia que presuntamente se habría utilizado para procesos de contratación estatal desde 2019. Su vínculo con esta organización se basa en sus lazos familiares, ya que la directora, Maruja Pachón, es tía de Carlos Fernando, y su hermano Claudio Galán fue miembro de la junta directiva. Durante la campaña electoral, recibió el respaldo de figuras relevantes, como el Representante a la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Losada; la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien es pareja sentimental de la actual alcaldesa, Claudia López; el ex Ministro de Salud del gobierno de Duque, Fernando Ruiz; el excandidato presidencial, Humberto de la Calle; el ex Ministro de Educación, Alejandro Gaviria; la Representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda; la ex Ministra de Educación, Cecilia Vélez; el ex Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y la docente universitaria y excandidata al Senado de la República, Sandra Borda.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista Las recientes elecciones locales son un recordatorio de lo lento y deficiente que es el proceso para lograr la participación política de las mujeres y la representación real de nuestras necesidades. Para el caso del Valle del Cauca, de las 42 alcaldías electas del Valle, en solo 9 municipios ganaron mujeres. A comparación del año 2019 cuando se alcanzaron 7 alcaldías lideradas por mujeres, el crecimiento a 9 continúa siendo insuficiente, dado que representa el 21% del total de los municipios. Menor es la representación para el caso de las gobernaciones, que en 6 de los 32 departamentos fueron elegidas mujeres, lo que significa un 18,7%, que si bien hubo un crecimiento con respecto al 2019 cuando sólo en 2 departamentos la gobernación fue ocupada por mujeres, sigue siendo un bajo porcentaje y dibuja un largo camino por recorrer. Frente a esto, el informe de la Misión de Observación Electoral de 2023 destaca que en Colombia hubo un ligero aumento en el porcentaje de candidatas mujeres, del 37,5 % en 2019 al 39,05 % en 2023, pero es clave resaltar a ciudades principales como Bogotá, que pasó de tener una alcaldesa mujer a no tener candidatas mujeres para ocupar dicho cargo. Como quien dice, en ese largo camino por recorrer, avanzamos dos pasos, pero retrocedemos tres. La lenta paridad de género en la política se refleja en la ausencia de mujeres compitiendo para lograr estar en cargos clave como lo son alcaldías y gobernaciones. Pero si bien la falta de representación femenina en posiciones de liderazgo político limita nuestra capacidad para abordar las necesidades específicas de las mujeres en la toma de decisiones, la representación política tampoco es suficiente para lograr la transformación deseada. La participación de las mujeres en la política no es solo un tema de representación, sino de influencia real en las decisiones que afectan nuestras vidas y de correspondencia con nuestras necesidades. Es fundamental reconocer que tener más mujeres en el poder no garantiza necesariamente que trabajen en beneficio nosotras. Las mujeres y hombres que acaban de ser elegidas en estos cargos políticos deben abordar activamente y de manera especializada las cuestiones de género y, en definitiva, deben dejar de instrumentalizar el discurso de género, porque en vez de aportar lo que logran es profundizar los estereotipos y las violencias y desvían la atención sobre cuestionamientos centrales. Como lo acaba de hacer la gobernadora electa del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien en respuesta a los constantes señalamientos por corrupción que le ha hecho el congresista Duvalier Sánchez, ella lo señala de tener una conducta “misógina”, dice que no va a conciliar con él porque eso sería admitir la “persecución de género” y que su lucha no es individual sino que “es una lucha para que cese la violencia de género en el ejercicio político”. A los señalamientos por corrupción no se escapa apelando a la violencia política de género. Pero entonces, estos resultados confirman tres conclusiones que no son novedosas. En primer lugar, el avance de la participación política de las mujeres sigue siendo muy lento; en segundo lugar, las mujeres que logran un cargo político no están representando los intereses de las mujeres ni abordan las cuestiones de género de forma adecuada; y, en tercer lugar, la defensa y participación de las mujeres en la política a menudo se basa en argumentos que perpetúan estereotipos de género dañinos. Es esencial que sigamos presionando para que los gobiernos entrantes trabajen en beneficio de todas, todos y todes, porque la participación política de las mujeres no solo debe ser un tema de números, sino de impacto real. *Aprovecho el tema de las adicciones para decirles que yo también soy adicta al café por las mañanas, especialmente el que es producido por mujeres caficultoras.

Por: Natalia Reina, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Ministerio de Educación y colombia.com En Quibdó, la Unión Temporal PAE Quibdó 2023, a la cual se le adjudicó el 20 de enero de 2023 el contrato por $12.295.000.000 para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la componen dos sociedades con múltiples cuestionamientos. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) conoció distintas denuncias de las manipuladoras de alimentos contratadas por el operador del PAE Quibdó que señalan retrasos de hasta tres meses en sus pagos y falta de cobertura en riesgos laborales y salud. De hecho, en septiembre de 2023, un grupo de empleados vinculados al programa se tomaron una de las bodegas de almacenamiento como protesta ante el incumplimiento de los pagos. Asimismo, en algunas instituciones educativas como en el corregimiento de Tutunendo en Quibdó, se ha denunciado la insuficiencia de alimentos para preparar, lo que ha obligado a los docentes a reducir la intensidad horaria de las clases por falta de insumos para entregar a los niños. Algunos padres de familia han hablado también de mala calidad y mal estado de los alimentos entregados. La Unión Temporal PAE Quibdó 2023 está integrada por dos sociedades: la Asociación Mis Primeros Pasos (60%) y la Fundación Unidos Nutriendo Sueños (40%). Ninguna de las dos sociedades es nueva en procesos contractuales relacionados con el PAE, más bien llevan varios años ejecutando multimillonarios contratos PAE en diferentes departamentos y municipios, en nombre propio y a través de empresas “hermanas” con las que comparten relaciones estrechas de representación legal y vínculos contractuales, sumando ambas una larga lista de presuntos cuestionamientos por mala prestación del servicio, entrega de alimentos en mal estado, entrega de documentos con irregularidades, incumplimiento en los pagos, etc. La Fundación Unidos Nutriendo Sueños, pese a ser una empresa con origen en Bogotá, ha surtido contratos PAE en Santander, Norte de Santander, Cesar, Bolívar, Córdoba y Magdalena, en donde han surgido múltiples denuncias por irregularidades en los PAE, e incluso algunos políticos han tenido líos judiciales y fiscales por ello. Su representante legal, Gineth Paola Pacheco Herrera, teniendo tan solo 24 años está al frente de una organización operativa que ha sido beneficiaria de procesos contractuales del PAE que suman más de 45 mil millones de pesos. Por su parte, la Asociación Mis Primeros Pasos tiene algunos vínculos con políticos de Chocó y ha tenido una larga experiencia en la ejecución del PAE en diferentes municipios del departamento en cuestión, entre ellos Bahía Solano, Lloró, Quibdó y Bojayá para población indígena. Ha sido cuestionada por incumplimiento en contratos, falta de entrega de información, entrega de documentación presuntamente falsas, entre otros. Y, ¿por qué si estas empresas cuentan con tantas irregularidades siguen ganando los contratos para los PAE en el departamento? Recordemos que según la reglamentación son las Secretarías de Educación de los municipios las responsables de ejecutar contratos PAE, pero la interventoría se le delega justamente a las mismas Secretarías de Educación Municipal, es decir que la misma administración que funge como contratante es la misma que vigila. Sin embargo, los entes de control regionales también brillan por su ausencia, pues aunque han realizado algunas denuncias, no toman acciones contundentes frente a las irregularidades, sus roles han sido más bien pasivos. Mientras el Programa de Alimentación Escolar (PAE) continúa convirtiéndose en uno de los banquetes más apetecidos en Chocó; los estudiantes y los contratistas tercerizados terminan siendo los más afectados. De manera que los mismos operadores con amplios y cuestionables historiales continúan atornillándose en la ejecución de contratos del PAE, firmando hasta tres o cuatro contratos en un mismo año; presuntamente a través del beneplácito de los mismos políticos locales y regionales que se han perpetrado en el poder. Le invitamos a leer el informe con la denuncia completa, datos de las empresas y los contratos, aquí:

Por: Jeimy Paola Medina Barón, Dinamizadora de la Caja de Herramientas “Se Juega la Vida” En la región occidental de Colombia, donde la inmensidad del océano Pacífico se mezcla con la esencia de la cultura afrodescendiente, se encuentra el pintoresco municipio de Mosquera, Nariño. Este rincón geográfico, a menudo pasado por alto por los turistas, ha emergido como un faro de resiliencia y esperanza a pesar de los retos impuestos por la violencia, la pobreza y la debilidad institucional que han plagado su historia. En mi reciente experiencia como dinamizadora de la Caja de Herramientas "Se Juega la Vida" en el marco de la Escuela Radial para la Paz en Mosquera, Nariño, me sumergí en un viaje enriquecedor que superó con creces los confines de la educación convencional y que dejó una profunda impresión en mi mente y corazón. El taller se basó en la metodología de la cartografía social, una poderosa herramienta cualitativa que nos permitió explorar el territorio desde una perspectiva humana y cultural. Fue un momento de profunda reflexión cuando, en medio de la brisa salina y la aparente serenidad de Mosquera, los participantes, incluyendo docentes, estudiantes y miembros de la comunidad, marcaron en un mapa los lugares que consideraban seguros. La tensión en el ambiente se hizo palpable, ya que la historia de esta región ha dejado una profunda huella en la percepción de seguridad. La percepción de seguridad es un concepto complejo, especialmente en lugares marcados por décadas de violencia y conflicto. En Mosquera la seguridad estatal a menudo ha sido esquiva, lo que hace que la idea de "lugar seguro" adquiera un significado aún más profundo. Este ejercicio nos llevó a reflexionar sobre un tema fundamental: ¿cómo podemos, en un rincón del mundo donde la hostilidad parece prevalecer y la seguridad estatal no siempre es garantía, convertirnos en faros de esperanza y refugios para nuestros estudiantes, colegas, vecinos, parejas, hijos y amigos? La respuesta se reveló con claridad: podemos. Ser un "lugar seguro" en este contexto va más allá de la mera ausencia de peligro físico. Implica proporcionar espacios donde las personas se sientan escuchadas, valoradas, respetadas y apoyadas. Si bien la seguridad estatal tiene su relevancia, es insuficiente para satisfacer las necesidades emocionales y sociales de quienes habitan este rincón de esperanza. En un mundo a menudo frío y hostil, estamos en una posición única para brindar apoyo emocional, comprensión y calidez. Esta labor va más allá del simple acto de bondad; constituye un servicio esencial tanto para la comunidad como para la sociedad en su totalidad. Como docentes, estudiantes y miembros activos de la comunidad en Mosquera, tenemos el poder de moldear el futuro. No solo contribuimos a la educación académica, sino que participamos activamente en la formación de individuos resistentes, empáticos y preparados para contribuir a la construcción de una sociedad más segura y cohesionada. Mosquera, Nariño, este rincón mágico y lleno de esperanza, nos ha enseñado que la percepción de seguridad puede variar ampliamente según las circunstancias y las vivencias individuales. Sin embargo, también nos ha recordado que el compromiso de proporcionar espacios donde las personas se sientan escuchadas, valoradas, respetadas y apoyadas supera las circunstancias. En un mundo inseguro, tenemos la oportunidad de ofrecer un regalo invaluable: la certeza de que, juntos podemos crear un espacio donde las personas se sientan protegidas, queridas y apoyadas. Cada día podemos elegir ser refugios de esperanza y lugares seguros, y en esta elección encontramos la fortaleza y el propósito para construir un mundo mejor, incluso en medio de la incertidumbre. Agradezco sinceramente a nuestro equipo de Pares, Carlos Eduardo Guevara Patiño, Laura Kamila Cruz Rondón e Igor Eduardo de Carvalho Parma, por ser compañeros en este viaje lleno de aprendizaje y descubrimiento. También expreso mi profundo agradecimiento a las amables personas del municipio de Mosquera por su hospitalidad y cariño, ya que fueron nuestro refugio en un lugar que antes del taller nos resultaba desconocido. Mantengo mi compromiso inquebrantable de apoyar el sueño de los habitantes de Mosquera de poner este lugar precioso y lleno de magia en el mapa, reconociendo su belleza y resiliencia ante el mundo. En Mosquera, Nariño, encontré una comunidad que nos brindó su hospitalidad y cariño, y en nuestros corazones se han quedado grabadas las huellas de este rincón mágico y lleno de esperanza, a menudo olvidado por los turistas.