Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad De acuerdo con el rastreo y seguimiento realizado hasta el momento por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estos son los principales hechos registrados en la jornada electoral: Violencia política En San Fernando, Bolívar, fue incendiada la finca del alcalde José Luis Pérez, presuntamente por parte de grupos armados ilegales. En el municipio de Chinú, Córdoba, se presentó un enfrentamiento físico en un puesto de votación entre el excandidato a la Alcaldía de dicho municipio, Edelberto Cabrales, a quien el CNE le revocó su candidatura, y la exalcaldesa María Ocampo. Alteraciones de orden público En San Jacinto, Bolívar, se reportaron intimidaciones presuntamente por parte del Clan del Golfo. En Hacarí, Norte de Santander, se reportaron intimidaciones, presuntamente, por miembros del ELN, quienes no están permitiendo el paso de la población. En Santiago Alto, Putumayo, se presentó una situación de orden público en la que presuntos simpatizantes de la candidatura de Nidia Albeny Salas ingresaron a puntos de votación donde destrozaron los tarjetones. Por estos hechos, se cerraron las mesas. En el corregimiento de Sincerín, en Arjona, Bolívar, manifestantes cerraron los puestos de votación por lo que no han iniciado las votaciones. En Ocaña, Norte de Santander se han presentado situaciones de orden público por disputas entre la población en varios puestos de votación. Se presentaron tensiones entre la población y autoridades por levantamientos de la biometría en Ricaurte, Cundinamarca. En La Unión Peneya, Montañita, Caquetó, diferentes campañas están saboteando los comicios. Simpatizantes de una campaña impiden el acceso a testigos electorales de otras. En Tumaco han impedido el acceso a testigos electorales en puestos de votación. Hechos de corrupción Según denuncias ciudadanas, en Bogotá una funcionaria del CTI fue acusada de, presuntamente, ingresar y direccionar a personas de la tercera edad en los cubículos de votación. Cinco personas fueron capturadas en Atrato, Chocó, y una en Cali, Valle del Cauca, por suplantación de identidad. Se han presentado diferentes denuncias en las que ciudadanos se han presentado en puestos de votación y aparecen como si ya hubiesen votado. En Ibagué fue incautado material electoral en cercanías a puestos de votación. En estos hechos fue capturado un hombre con orden judicial por feminicidio agravado. En las comunas 2 y 13 de Medellín se habrían capturado a varias personas por compra de votos. En Valledupar se estaría presentado hechos de proselitismo político cerca de centros de votación. El personero de La Estrella, Antioquia, fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación política. Población civil y candidatos han denunciado que en varias zonas del país se han encontrado tarjetones ya marcados y personas que denuncian haber aparecido como si yan hubiese votado al acercarse a la mesa.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad De acuerdo con el rastreo y seguimiento realizado hasta el momento por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estos son los principales hechos registrados en la jornada electoral: Alteraciones de orden público En Certegui, Chocó, después de un episodio del viernes en el que fue atacado el alcalde del municipio, la Armada Nacional hace presencia en el territorio. Además, la Fuerza Aeroespacial se encuentra sobrevolando los municipios cercanos. En las últimas horas se presentaron disturbios en puestos de votación en La Paz, Cesar. Se presentaron traslados de puestos de votación por condiciones climáticas en Ituango, Antioquia; en López de Micay para facilitar el acceso de la población y en Ciudad Bolívar por las condiciones de infraestructura. Según información territorial y de prensa, podrían ser suspendidas las elecciones en Ricaurte, Nariño, por alteraciones de orden público. En Arjona, Bolívar, incrementa la tensión por la denuncia ciudadana de una presunta compra de votos. Además se están presentando hechos de orden público, puesto que no se está prestando servicio de energía en algunos los puestos de votación. Hechos de corrupción A pocas horas de iniciar la jornada electoral, Fabián Echavarría, alcalde del municipio de Yondó, Antioquia, fue capturado con 150 millones de pesos y 4 armas. Según la Fiscalía, en Tolima se han realizado 8 judicializaciones por hechos de corrupción electoral, entre esas, en los municipios de Herveo, San Antonio, Santa Isabel y Purificación. Se han presentado episodios de proselitismo cerca a puestos de votación en Risaralda, Mosquera (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), Cartagena, (Bolívar), Bogotá y Villavicencio (Meta). En Ocaña, Norte de Santander, la fiscalía capturó a una persona que tenía en su poder 22 cédulas. En Soledad, Atlántico, se han identificado casas con distintivos en las fachadas, por lo que se ha denunciado una presunta compra de votos.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad De acuerdo con el rastreo y seguimiento realizado hasta el momento por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estos son los principales hechos registrados en la jornada electoral: Violencia político electoral De camino a Valledupar ocurrió un atentado en contra de la candidata a la Gobernación del Cesar, Katia Ospino, avalada por Fuerza Ciudadana. Se desconoce la identidad del agente perpetrador. En Chalán, Sucre, fue asesinado el candidato al concejo y ex-firmante Jaime Luis Díaz Ricardo, avalado por ASI. El hecho fue perpetrado por sicarios. En el Tambo, Cauca, ocurrió un atentado en contra de Carolina Camargo, candidata a la Alcaldía ese municipio y avalada por En Marcha. Atentado en contra de la sede de campaña y la casa de Unaldo José Rocha, candidato a la Alcaldía de San Diego, Cesar, avalado por el Partido Conservador y En Marcha. En Cisneros, Antioquia, delegados de la Registraduría fueron amenazados a través de panfleto y llamada telefónica. Se desconoce la identidad del agente perpetrador. Sara Paola Caicedo, candidata a edila por la Comuna 2 de Soacha, fue amenazada a través de panfletos por un grupo armado organizado. Alteraciones de orden público En el municipio de Gamarra, Cesar, se provocó un incendio en la sede de la Registraduría. En el lugar de los hechos se encontraban delegados de la institución, 2 víctimas se encuentran heridas y 1 fallecida. Miembros de la campaña del candidato a la Alcaldía de Ricaurte, Nariño, se tomaron un puesto de votación. Esto, en consecuencia al inicio tardío de la jornada electoral. Hechos de corrupción Mujer es capturada por la Policía Metropolitana de Barranquilla con 8 cédulas. Pedro Álvarez, yerno del senador por Centro Democrático Alirio Barrera, fue capturado en Maní, Casanare, cuando se movilizaba en una camioneta con 35 millones y publicidad de Marisela Duarte, candidata a la Gobernación de Casanare y esposa del senador. En Acacías, Meta, Héctor Enrique Ramírez Medellín, hermano del aspirante a la Alcaldía de San Martin Luis Alfredo Ramírez Medellín, se desplazaba en vehículo de la UNP con 50 millones y publicidad política de su hermano y de otro a Concejo. En Puerto Gaitán hombre sin identificar de 27 años estaría realizando compra de votos. Fue capturado con propaganda electoral, 967.000 pesos y una agenda de trazabilidad con nombres de familias e integrantes de estas. En un puesto de control de la Policía en Chocó detuvieron con 80 millones a María de Jesús Mosquera “Machu”, quien en un primer momento no justificó la procedencia del dinero. En Bucaramanga decomisaron material electoral cerca a puestos de votación.

Por: Nataly Páez, Asistente de Investigación Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: El Espectador Las recientes declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, han desatado polémica y rechazo por parte de la bancada de oposición, pues en una entrevista con el periódico El Tiempo Rueda desmintió el fallecimiento de Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, quien presuntamente habría muerto como consecuencia de heridas generadas en un atentado en junio de 2022. En dicha entrevista, el Alto Comisionado reveló que se ha reunido en tres ocasiones con Márquez y afirmó que el jefe y líder de la Segunda Marquetalia se encuentra en sus “cinco sentidos” , además, comentó que “ hay una comunicación en fase explotaria y una propuesta de pre agenda de diálogo” , frente al cual Márquez “ha reiterado su vocación de la paz y dice que ellos son unos rebeldes políticos y no un grupo de narcotraficantes". Este hecho presenta una nueva controversia frente a la posibilidad de un reconocimiento político para la Segunda Marquetalia, el cual podría permitir un eventual escenario de diálogo y un proceso de negociación. En este sentido, es necesario tener en cuenta la génesis de este grupo armado, debido a que la disidencia de la Segunda Marquetalia se conformó por integrantes que participaron en la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016, y posteriormente abandonaron el proceso y retomaron la lucha armada en 2019 bajo el liderazgo de Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa. Según registros adelantados por Pares, este grupo armado hace presencia en aproximadamente 55 municipios del territorio nacional, en los departamentos de Cauca, Putumayo, Nariño, Caquetá, Huila, Meta, Antioquia, Bolívar y con reducidas facciones en Amazonas y Vichada. Dentro de su repertorio de acciones se destacan enfrentamientos principalmente con la disidencia del Estado Mayor Central y afectaciones a la población civil, como confinamientos y desplazamientos. Pese a su reducido margen de acción en comparación a otros grupos armados como la disidencia del Estado Mayor Central, el ELN y el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia también ejerce formas letales y no letales de violencia, afectando considerablemente a la población civil. Recientemente, este grupo ha concentrado su accionar violento en el departamento del Putumayo, en donde se han registrado combates con el Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central, también se han registrado otras formas de violencia como amenazas, restricciones a la movilidad y daños a infraestructura empresarial con la voladura del oleoducto Mansoya, en el municipio de Orito, Putumayo. La continuidad de estos fenómenos de violencia que afectan a la población civil evidencian la necesidad de continuar aunando esfuerzos para la construcción de paz, es allí en donde las declaraciones de Danilo Rueda sobre el estado de salud de Iván Márquez cobran gran relevancia. El “reaparecer” de Iván Márquez luego de un año de desaparición en donde se creía muerto, plantea varios interrogantes sobre el futuro de la Segunda Marquetalia y su posible vinculación a la agenda de Paz Total, dado que Iván Márquez no solo es líder de este grupo armado, sino que también representa la voz política del grupo dada su trayectoria. La propuesta de pre agenda de diálogo mencionada por el Alto Comisionado representa un gran reto para el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el entramado jurídico bajo el cual se habían acogido los integrantes de este grupo armado previo a la fundación de la Segunda Marquetalia. La base jurídica de la Jurisdicción Especial para la Paz contempla que quienes se hubiesen acogido a este mecanismo y retomasen la lucha armada perderían todos los beneficios antes pactados. Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz no prohíbe la posibilidad de llevar a cabo un nuevo proceso de negociación con los firmantes disidentes. Al respecto, es preciso señalar que frente a un eventual proceso de diálogo con la Segunda Marquetalia, es fundamental que el Gobierno Nacional considere las implicaciones y repercusiones que esto podría suponer para las mesas de diálogo que se encuentran en marcha con el ELN y el Estado Mayor Central, ya que podría generar percepciones desfavorables por parte de estos grupos armados y ello podría impactar en el desarrollo de las conversaciones de paz en curso. En vista de este complejo panorama, aún resulta incierto el futuro de la vinculación de la Segunda Marquetalia a la agenda de Paz Total, ya que será necesario que el Gobierno Nacional evalúe por qué medio vinculará a este grupo a esta agenda, si será a través de un proceso de diálogo y negociación, o será a través de un proceso de sometimiento. No obstante, indistintamente de las alternativas que pueda tomar el Gobierno Nacional para incorporar a la Segunda Marquetalia a la Paz Total, es indispensable que el proceso se funde sobre la base de los derechos de las víctimas, de manera que sean escuchadas y puedan participar activamente en los escenarios de construcción de paz.

Por: Lizbeth Guerrero Cuan Analista política con perspectiva de género En su discurso de agosto de 2022, Gustavo Petro afirmó que: "Colombia no es solo Bogotá" y se comprometió a trabajar para que el Estado esté presente en cada rincón del país. Una forma efectiva de lograrlo habría sido ganar alcaldías, gobernaciones y asientos en las asambleas departamentales y concejos municipales. Sin embargo, parece que el Pacto Histórico no apostó fuertemente por las elecciones regionales, o al menos no se espera que sea un escenario en el que el proyecto político del presidente reciba un respaldo significativo. Al contrario, es previsible que el próximo lunes, a los obstáculos del gobierno Petro, se sume un poder regional que no respalda su proyecto. Las posibilidades de victoria para las candidaturas afines al gobierno en las capitales del país son muy reducidas. En los casos de Medellín y Barranquilla al parecer habrá victorias indiscutibles. En Medellín, la alcaldía sería de Federico Gutiérrez, quien se enfrentó a Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, quien, según una de las últimas encuestas, cuenta con un 71 por ciento de apoyo; en contraste con Carlos Upegui, exsecretario de No Violencia de la administración de Daniel Quintero, quien alcanza tan solo el 10,5 por ciento. En Barranquilla, Antonio Bohórquez, el candidato de izquierda, apenas llega a un 7 por ciento de la intención de voto, frente a la sólida aspiración de Alejandro Char, que rodea el 80 por ciento. En Cali, donde la contienda parece estar más reñida, la victoria estaría entre Alejandro Éder, conocido por su trayectoria como empresario y sus cargos públicos previos, y Roberto Ortiz, ambos en nombre de movimientos independientes, pero con el apoyo de fuerzas políticas tradicionales. En Bogotá, la incertidumbre radica en si Carlos Fernando Galán ganará en primera o en segunda vuelta. Para ganar en primera vuelta debe obtener el 40 por ciento de los votos y una ventaja de al menos 10 puntos sobre el segundo candidato. Hecho que no parece imposible. Su victoria en la primera vuelta sería un duro golpe para el Pacto Histórico y para Gustavo Petro. Además de considerar las elecciones regionales como una medida de aprobación o desaprobación del gobierno, vale la pena verlas como un reflejo de la manera de hacer política de la izquierda, del Pacto Histórico y del presidente, cuyo estilo parece ser el de hacerle zancadilla constante a su proyecto político. Algunas razones para afirmar esto son: primero, el constante apoyo del presidente a figuras controversiales, que, con justa razón, levantan ampolla en la opinión pública; en consecuencia, incluso la ciudadanía afín a la izquierda termina sintiéndose poco representada por Petro y por el Pacto. Esto se ilustra en la dinámica de las elecciones regionales, con su apoyo inquebrantable a Daniel Quintero. Petro termina siendo el escudero de los escándalos de los polémicos personajes que respalda y, en este caso, como resultado, la victoria contundente de Fico será leída como un rotundo fracaso de Petro en la capital de Antioquia. Segundo, la poca capacidad para identificar e impulsar liderazgos convincentes, y que generen cohesión en lugar de polarización. Cali, en donde Gustavo Petro obtuvo alrededor del 60 por ciento de los votos en la segunda vuelta presidencial, y que fue el epicentro de uno de los episodios más significativos en materia de movilización social que ha tenido el país, no cuenta con una candidatura de izquierda sólida. La candidatura de Dennis Rentería, respaldada por el Pacto Histórico, parece estar relegada de la disputa por la Alcaldía. En Bogotá, a pesar de que Gustavo Petro fue alcalde, obtuvo votación mayoritaria en las elecciones presidenciales, y el electorado no muestra muchos reparos en votar a la izquierda o por opciones alternativas, Gustavo Bolívar no parece estar cerca de la victoria. El candidato del Pacto Histórico se ha mostrado más como un personaje fiel al Gobierno Nacional que como un conocedor de Bogotá y sus problemas. En sus apariciones públicas sus propuestas no resultaban convincentes y, en lugar de ajustarlas y ajustar su mensaje político, adoptó el discurso de candidato incomprendido: “tenemos clarísimo qué hacer, pero la gente no tiene paciencia, quiere soluciones ya”, afirmó recientemente. En este escenario no es difícil concluir que el Pacto Histórico se equivocó en su elección de candidato para Bogotá, tal y como como ya se había equivocado Gustavo Petro hace 4 años al postular a Hollman Morris. En el caso de Barranquilla, donde las elecciones parecen ser poco más que una formalidad, el candidato del Pacto Histórico no supera el 10 por ciento de apoyo en las encuestas. Sin embargo, sería injusto atribuir esta situación únicamente a una elección errónea de candidato, ya que la competencia se da contra uno de los hermanos Char. Los Char han estado moldeando el destino político de Barranquilla durante casi dos décadas y son indiscutiblemente uno de los clanes políticos más influyentes de Colombia. Finalmente, los partidos y movimientos que conforman la coalición del Pacto Histórico no lograron unificar su respaldo en torno a las candidaturas en algunas ciudades, municipios y departamentos. Muestra de ello, en las ciudades capitales mencionadas, es que en Medellín surgieron tres candidaturas de izquierda, ninguna de las cuales logró destacarse. Sin embargo, esto no los motivó a consolidar una sola opción. En el caso de Cali, el senador vallecaucano del Pacto Histórico, Alexander López, anunció su intención de votar en blanco para la Alcaldía, a pesar de la existencia de un candidato respaldado por su partido. Estos episodios reflejan las dificultades de la izquierda para concretar una estrategia y consolidar los acuerdos que necesita para llegar al poder regional. A pesar de que Gustavo Petro es considerado un hábil político, la forma en que él y su partido encararon las elecciones regionales deslucen esa imagen de político sagaz. Parece que el Pacto Histórico no desarrolló una estrategia sólida para alcanzar el poder a nivel regional, lo que podría estar relacionado con la creencia constante en que el único liderazgo necesario es el de Petro. Sin embargo, los proyectos políticos que han perdurado en el tiempo en este país han sido hábiles a la hora de entender que su supervivencia depende en buena parte de establecer estrechos vínculos con el poder y los liderazgos regionales, y de comprender a profundidad esa frase pronunciada por Petro en su discurso de posesión “Colombia no es solo Bogotá”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Espectador A pesar del cese al fuego acordado entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, se encuentra sumido en la incertidumbre a medida que se acerca la fecha de las elecciones regionales programadas para este domingo 29 de octubre. En esta zona estratégica el Ejército Nacional tenía previsto llevar a cabo el “Plan Democracia”, destinado a brindar seguridad durante las elecciones del 29 de octubre. Sin embargo, este despliegue se ha visto obstaculizado por la persistente hostilidad de las disidencias armadas, a pesar del acuerdo de cese al fuego. Informes de inteligencia militar han señalado la presencia de varios cambuches y la ubicación de un francotirador en la zona, lo que ha generado preocupaciones de seguridad. El Ejército ha intentado desplegar sus tropas en el área, pero finalmente se vio obligado a desistir. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, expresó su preocupación, indicando que las disidencias armadas se han mezclado con la población del Micay, lo que representa un riesgo si las fuerzas militares entran en acción. Además, mencionó que estos grupos están en posesión de explosivos con mecanismos de detonación a control remoto. Juan Manuel Torres, coordinador de la Línea Pacífico, explicó la situación en el Cañón de Micay. Torres mencionó que la Fuerza Pública lleva a cabo la operación Trueno, que ya ha superado los tres meses de duración. Esta operación es una de las más grandes emprendidas por el Gobierno, ya que abarca casi tres municipios, con el Cañón del Micay como el principal y El Plateado como el objetivo central. En esta área han realizado avances significativos, rodeando El Plateado después de enfrentamientos y desactivando campos minados que lo rodean. En un intento por mantener el control, el EMC de las disidencias de las FARC, que se encuentra en el pueblo, ha establecido búnkeres, puntos de control, observación y residencias. Al respecto se han dado conversaciones en la mesa de negociación con el EMC de las FARC y el Gobierno, incluso con la participación del registrador electoral, en busca de soluciones. El Estado Mayor Central ha expresado su disposición a permitir la entrada del Ejército, pero con la condición de que no ejecuten allanamientos ni soliciten documentos de identificación a los residentes, centrándose en garantizar la seguridad de las elecciones. Sin embargo, existe cierta aprensión debido a la importancia estratégica del Plateado, lo que hace que algunos teman que el Ejército pueda permanecer en la zona después de las elecciones. Esta situación está vinculada al Bloque Occidental del EMC y a otras estructuras, y la seguridad en la zona puede verse afectada por los conflictos en otras partes, como lo demostraron los incidentes en el Cauca en respuesta a la operación Trueno en el Micay. Cabe resaltar que la tensión en el Cauca ha aumentado previo a las elecciones, un reciente caso fue el atentado contra la candidata a la Alcaldía de El Tambo, Carolina Camargo. En un aparente atentado sicarial, ocurrido este 26 de octubre en el corregimiento de Piagua, individuos a bordo de una motocicleta dispararon repetidamente hacia el vehículo de la candidata. Afortunadamente, el conductor del vehículo reaccionó a tiempo y evitó que el atentado tuviera éxito al embestir a los sicarios, quienes huyeron a pie. Carolina Camargo resultó herida en el incidente y fue trasladada a un hospital local y posteriormente a un hospital en Popayán. Su estado de salud se mantiene bajo observación. El atentado contra la candidata refleja la tensa situación de seguridad que rodea las elecciones en el Cauca y las amenazas a líderes políticos y candidatos en la región. Desafíos para la fuerza pública en el Cañón del Micay La situación en el Cañón del Micay refleja la complejidad de garantizar elecciones seguras en áreas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. La prioridad de las autoridades es salvaguardar la democracia y proteger a la población civil en medio de desafíos significativos. El presidente Gustavo Petro ha anunciado un plan para transformar la economía de la región y poner fin a la economía ilícita basada en el cultivo de coca. Sin embargo, el camino hacia la calma en Argelia y sus alrededores sigue siendo complicado. Mientras tanto, los habitantes de esta región siguen enfrentando amenazas y desafíos que ponen en peligro su participación en las elecciones regionales. La seguridad y el desarrollo económico en el Cañón del Micay siguen siendo desafíos críticos que requieren la atención del Gobierno y la sociedad en su conjunto. La entrada de la fuerza pública al Cañón del Micay se ha convertido en un dilema complicado, ya que debe equilibrarse con la protección de la población civil y la necesidad de garantizar elecciones seguras. La propuesta de que las Guardias Indígenas y Cimarronas custodien los puestos de votación ha generado debates sobre la presencia de la Fuerza Pública en la zona. La seguridad en Argelia y sus alrededores sigue siendo un desafío crítico, y los candidatos a la Alcaldía se enfrentan a amenazas y desafíos, lo que plantea la necesidad de un enfoque integral para abordar la compleja situación en la región. Juan Manuel Torres explicó que en el Cauca se ha iniciado un nuevo ciclo de violencia. Esto se debe a su persistencia a lo largo del tiempo, ya que es el resultado de una acumulación de factores. La crisis en la región no es reciente, pero según el coordinador de la Oficina Pacífico de Pares, la situación en el Cauca es crítica. Un ejemplo claro es la investigación que realizó la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares en los informes de violencia electoral, que registró ataques a candidatos a las alcaldías y, en casos extremos, atentados como el sucedido contra la candidata del municipio del Tambo, parte del Cañón del Micay. “La situación ha escalado significativamente”, puntualizó Torres. Finalmente, Juan Manuel Torres mencionó que en otras zonas, como Argelia, los candidatos también enfrentan amenazas, como en el caso de Óscar Melisa Mejía, y se han registrado asesinatos, como el del vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Plateado. El coordinador de la Línea Pacífico también hizo énfasis en que la respuesta del Gobierno ha sido priorizar la región, y el 6 de noviembre Petro visitará el área para mostrar apoyo a los candidatos. Sin embargo, el desafío va más allá de las elecciones, y se requiere una colaboración de múltiples instancias para garantizar condiciones equitativas y una resolución de la situación en el Cañón del Micay, como se refleja en el decreto del Cese al Fuego Bilateral. Se planean intervenciones integrales en la región, con un enfoque principal en El Plateado.

Por: Óscar A. Chala, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Letras Libres y Wikinoticias El pasado domingo 22 de octubre se celebraron las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática para elegir a un candidato entre los diferentes partidos que la componen, que se medirá contra el actual presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones de 2024. La Plataforma, emergida en 2021 en respuesta a la inhabilidad que hoy pesa sobre la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para presentarse a procesos electorales desde 2018, se ha convertido en el nuevo proyecto político de articulación de la oposición venezolana, posterior a las diferentes críticas emergidas en años anteriores que señalaban el agotamiento de la MUD, su atomización y su dispersión tras las elecciones de 2018 y el estallido político-social sucedido en 2019, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, invocara el artículo 233 de la constitución bolivariana para asumir de iure la presidencia del país vecino. Tras casi 10 años de varios procesos de diálogo y mediación para promover elecciones libres en Venezuela —en su mayoría interrumpidos en el tiempo—, los últimos acuerdos alcanzados entre la oposición y el gobierno de Maduro el 17 de octubre, que llevaron al levantamiento parcial de algunas de las sanciones que pesan sobre el régimen por parte de los Estados Unidos, fueron la presencia de observadores internacionales en el proceso electoral y el acceso y seguimiento de los medios de comunicación el día de las elecciones, a cambio de levantar inhabilidades de candidatos y permitir que la oposición realizara sus elecciones primarias. Estos acuerdos han abierto posibilidades para el restablecimiento del proceso electoral y democrático en el vecino país. Sin embargo, el cuestionamiento de fraude en los resultados de las elecciones primarias hecho por las autoridades oficialistas y la inhabilidad que sigue pesando sobre algunos de los candidatos (que va en contravía de lo acordado en Barbados el 17 de octubre), parece generar incertidumbre frente a un potencial desconocimiento de estos resultados y un retroceso en estas negociaciones. Antecedentes La mayoría de los procesos de negociación con la Oposición en Venezuela tienen su origen en las protestas del año 2014. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez y la asunción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela (ratificado a nivel electoral el 14 de abril de 2013), la situación económica y social del país comenzó a deteriorarse rápidamente, lo que generó un estallido social de amplias proporciones que Maduro intentó contener abriendo una “Conferencia Nacional por la Paz”, convocando a los líderes de la oposición a un diálogo que, luego del 10 de abril de 2014, quedó estancado. Posterior a este primer intento de mediación, en 2015 la Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo la victoria en las elecciones parlamentarias, al ocupar el 56,21% de los escaños de la Asamblea Nacional y recuperar su control, tras más de 17 años sin mayores victorias electorales en el país. En este nuevo escenario, la nueva Asamblea intentó impulsar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro en 2016, que fue detenido por seis tribunales penales inferiores estatales al considerarlo irregular y declarar que en varios estados de la Nación la oposición cometió fraude para recolectar las firmas para este proceso. Posterior a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró nulos todos los actos y leyes sancionados por la Asamblea Nacional. El Parlamento, en respuesta, declaró el orden constitucional “roto” y se declaró en desacato, además de considerar llamar a juicio al presidente por las irregularidades en el reconocimiento de las decisiones tomadas por los tribunales inferiores. La oposición, por su parte, convocó a masivas manifestaciones dentro de la iniciativa “Toma de Venezuela”, que posteriormente fueron suspendidas tras la mediación del Vaticano y de la Subsecretaría de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos. Ante este escenario, en marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia asumió los roles y las funciones de la Asamblea Nacional, tras considerar que el parlamento seguía en “desacato”, lo que generó otra ola de protestas masivas en el país vecino. La respuesta altamente agresiva por parte de las fuerzas policiales y militares del Estado y el crecimiento de las acciones violentas por parte de algunos disidentes políticos llevó a que Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. La oposición realizó una consulta a la ciudadanía, por medio de la Asamblea Nacional, para conocer de antemano si existía apoyo para convocar a esta nueva Asamblea Constituyente. No obstante, Maduro convocó elecciones para esta Asamblea —en las que la oposición no participó por falta de garantías— en las que obtuvo la mayoría y con las que terminó de usurpar el poder de la Asamblea Nacional, en tanto la Asamblea Constituyente se arrogó sobre ella poderes plenipotenciarios por encima de las demás instituciones del Estado. En este escenario se abrió un proceso de diálogo en Santo Domingo, República Dominicana, a finales de 2017, que se suspendió tras el arresto y los asesinatos de varios líderes disidentes participantes de las movilizaciones de meses anteriores. La Constituyente, por su parte, se disolvió en 2020 sin haber cumplido su tarea fundamental: elaborar una nueva carta magna. En 2018 las elecciones presidenciales fueron adelantadas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó totalmente a la Mesa de Unidad Democrática para participar en los comicios electorales de aquel año. Luego, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela impuso condiciones sobre la inscripción de precandidatos que terminaron afectando a la mayoría de los partidos de la oposición, lo que llevó a que la MUD desistiera igualmente de participar. Los candidatos independientes que se presentaron en aquel momento firmaron un documento de acuerdo sobre garantías electorales, que posteriormente el Gobierno desconoció. Ante el inminente triunfo de Maduro y las irregularidades presentes en este proceso, ninguno de los candidatos aceptó los resultados finales y la Asamblea Nacional, aún bajo control opositor y desconocida por el Gobierno, ilegitimó el resultado y a Nicolás Maduro como su presidente. Ante la vacancia, en 2019 la Asamblea Nacional proclamó a Juan Guaidó como presidente interino de iure. En 2020, como respuesta ante la decisión de la Asamblea Nacional de ratificar a Guaidó como presidente interino, el Tribunal Supremo de Justicia llamó a un nuevo proceso electoral para elegir a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Del mismo modo, el Tribunal intervino en los principales partidos opositores y nombró nuevas juntas directivas de los mismos ad-hoc, lo que generó de inmediato la reacción de la oposición, la cual señaló que no se presentaría por falta de garantías electorales. Ante este escenario, el bloque oficialista “Gran Polo Patriótico” obtuvo la mayoría absoluta del parlamento, que quedó con una minorizada presencia opositora, representada por diputados distantes de los procesos de la actual Plataforma Unitaria. En 2021 Guaidó propuso una nueva ronda de diálogos que comenzó en México bajo el auspicio de Noruega y Barbados, que dieron inicio a los procesos de negociación que llegan hasta el día de hoy. Estas rondas se vieron en su momento detenidas por la captura y extradición de Alex Saab, empresario colombiano implicado en lavado de dinero y cercano al gobierno de Maduro. No obstante, desde noviembre de 2022 las negociaciones han avanzado lentamente sobre la necesidad de levantar las sanciones impuestas a Venezuela a nivel internacional y el retiro de las denuncias e investigaciones de la Corte Penal Internacional contra el vecino país. Estos avances se han manifestado en la firma del acuerdo del 17 de octubre, que permitió finalmente que se desarrollaran los comicios celebrados el domingo 22 de octubre. Irregularidades presentadas durante la jornada electoral Según la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y su producto, el Guachimán Electoral, hubo demoras para abrir algunos puntos de votación en municipios y ciudades capitales de los diferentes Estados, del mismo modo que hubo inasistencia de algunos testigos y jurados electorales, igual que de miembros de las mesas de votación. Asimismo, hubo casos de saboteo y coacción al proceso electoral, especialmente al cerrar lugares que servirían como puntos de votación o impedir que se instalaran mesas destruyendo candados o llaves de ingreso a estos sitios. De igual manera, se presentaron situaciones de violencia, especialmente frente al robo de material electoral por parte de delincuentes en un punto de Caracas, del mismo modo que presuntamente algunos colectivos barriales de origen chavista amedrentaron y amenazaron mesas de votación a través de rondas constantes con motorizados o de manera verbal ante los jurados de votación. Hacia el cierre del proceso electoral, varias mesas en diferentes Estados se quedaron sin material electoral suficiente para permitir que el resto de votantes participara. Por su parte, la Organización de la Sociedad Civil ‘Transparencia por Venezuela’ registró en su app móvil “Dilo Aquí” 38 incidentes entre la apertura de las mesas de votación hasta su cierre en todo el territorio venezolano, siendo el Distrito Capital de Caracas el lugar donde se presentaron más irregularidades, con un total de 12 reportes. Le siguieron Estado Monagas con 4, y Estado Zulia y Lara con 3. Resultados Conforme a los resultados de las últimas encuestas realizadas en territorio Venezolano, María Corina Machado se impuso sobre sus otros competidores con un aplastante 92,5% de los votos, convirtiéndose en la ungida por la Plataforma Unitaria para enfrentar a Nicolás Maduro en 2024. Aún a pesar de que algunos sectores opositores se desprendieron del proceso electoral al considerar que no habían garantías suficientes para participar en los próximos comicios presidenciales, María Corina Machado parece contar con el apoyo mayoritario de la oposición, tanto de los procesos locales como la de los integrantes de la mesa negociadora con el gobierno de Maduro. María Corina Machado Parisca comparte posiciones sociales de derecha conservadora y posiciones liberales en lo económico. Fue diputada por el Estado Miranda en 2015, cuando la oposición volvió a recuperar el control de la Asamblea Nacional, hasta cuando Diosdado Cabello —en aquel momento presidente del parlamento venezolano— la inhabilitó por una violación a varios artículos de la constitución bolivariana, decisión posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Con este resultado, María Corina Machado emerge como la figura política opositora más relevante, en un momento político en el que los viejos liderazgos de la oposición (como Enrique Capriles Radonski, Leopoldo López y Juan Guaidó) han caído en desgracia. Machado ha logrado capitalizar el descontento social existente y el descrédito en el que se haya sumergido el gobierno de Maduro y los resultados electorales parecen demostrarlo. Prospectivas a futuro Aunque aún no existen fechas concretas para la realización de las elecciones presidenciales en 2024, entre los acuerdos previos firmados entre la oposición y el gobierno de Maduro se prevé que el proceso electoral continúe de acuerdo a lo establecido en las fechas del calendario constitucional, que indican que se podrían realizar en el mes de diciembre del próximo año. Queda en incertidumbre si dentro de aquellos plazos se levantarán las inhabilidades que pesan sobre Machado —quien presuntamente recibía ciertos bonos que no reportaba entre sus gastos cuando fue diputada en 2015, según la Contraloría General de Venezuela—, especialmente aquella que le impide ejercer cargos públicos debido a su presunto apoyo público a las sanciones impuestas por Estados Unidos al vecino país, y que Machado niega vehementemente y señala como una argucia jurídica de las instituciones para impedir su participación. Uno de los acuerdos establecidos entre Estados Unidos y Venezuela radica en el levantamiento de estas inhabilidades y sanciones para todos los candidatos no-oficialistas que se presenten en las próximas elecciones. No obstante, apenas conocidos los resultados, tanto representantes del gobierno de Maduro como miembros de las instituciones salieron a denunciar fraude y la ruptura de lo acordado en Barbados el martes anterior. Entre las acusaciones se encuentran la de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del Gobierno, quien señala que el Comité Organizador presuntamente “infló” las cifras, aumentando de manera irregular el caudal de votantes habilitados en cada uno de los puntos de votación, y señalando la necesidad de revisar lo acordado con la oposición anteriormente. A estas declaraciones se suman la de diputados opositores distantes al proceso, como las de José Brito. Ante el panorama, tanto la oposición venezolana como los Estados Unidos esperan que la relajación en las sanciones ayude a presionar para que el gobierno de Nicolás Maduro ceda en aquellos puntos donde, hasta ahora, parece haber puesto sus líneas rojas. Entre el inmovilismo de las instituciones venezolanas por destrabar el escenario de negociación frente a las inhabilidades y la carencia de voluntad política del gobierno, Machado sigue firme en su candidatura y espera, en un giro inesperado de la coyuntura, imponerse frente al chavismo tras más de 2 décadas en el poder.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad y Jacobo Solano, @JACOBOSOLANOC, autor invitado Foto tomada de: El Espectador y Strava La Guajira no sale del control político de las clientelas y clanes. Un presunto caso de corrupción electoral se estaría presentado en Villanueva, La Guajira, que vincularía a familiares de Jaime Lacouture, exmagistrado del CNE y ahora secretario general de la Cámara de Representantes, y quien tiene a su madre, Cielo Peñaloza, aspirando a la Alcaldía de este municipio. Según una queja presentada el 31 de julio de 2023 ante la Procuraduría en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y La Registraduría Municipal de Villanueva, hay una presunta relación de cercanía de la campaña de Cielo Peñaloza con el registrador Alexander Vega. Recordemos que Vega estuvo en este municipio en enero de 2023 acompañado del padre del secretario de la Cámara, quien también se llama Jaime Lacouture, y otros familiares de la hoy candidata a la Alcaldía. Jaime Lacouture hijo es miembro del Partido Conservador y, según una publicación de Cuestión Pública, estuvo presuntamente salpicado en el caso de Odebrecht por gestionar una reunión entre Bernardo Miguel Elías “Ñoño Elías” y la empresa Afavías en búsqueda de financiación para Odebrecht, específicamente para el proyecto del río Magdalena. Fuente: Denuncia Pares En la queja se denuncian las presuntas relaciones cercanas con el registrador Alexander Vega, las cuales afectarían y amenazaría la legalidad y legitimidad de las elecciones locales en Villanueva. Pero la denuncia no es lo único. También sobre Jaime Lacouture padre recaen múltiples denuncias por presunta compra de votos, junto con su asistente, Carlos Alberto Romero Dangond, quien fuera secretario de Salud de Villanueva. Según fuentes territoriales a las que tuvo acceso Pares, la estrategia de campaña de Cielo Peñaloza sería visitar casa por casa, presionando a la población de Villanueva para llevar a cabo el presunto entramado de compra de votos, tal como se evidencia en este video. Y hay más que sumar a esta denuncia. En otro audio se escucha claramente cómo Leinis Caban, mochilera reconocida de la población, estaría presuntamente reteniendo las cédulas de algunos habitantes para beneficiar la campaña de la madre del actual secretario de la Cámara de Representantes. Audio Rtención de cedulas. Fuente: denuncia Pares Villanueva es un poblado de estirpe macondiana, por lo tantoacostumbrado a cierto modo de hacer política en el que prima la compra de votos, tal y como lo evidencia esta investigación de Noticias Caracol. Para muchos de sus habitantes, Jaime Luis Lacouture hijo tiene entre sus mayores logros por La Guajira haber anunciado una demanda a Netflix y a la estrella estadounidense Arnold Schwarzenegger por mencionar en una serie al departamento de La Guajira como un sitio “muy peligroso”. Igualmente, Jaime Lacouture,pese a su filiación conservadora, ha tenido alianzas políticas con miembros del Partido de La U, como Bernardo Miguel Elías más conocido como el “Ñoño Elías”. También es reconocido por presuntamente haber propiciado la entrada del barón electoral de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, a La Guajira, donde obtuvo alrededor de 20.000 votos para las elecciones a Congreso de 2022. En contraprestación,Trujillo presuntamente, habría hecho que por unanimidad el Partido Conservador apoyara a Lacouture en su aspiración y posterior elección como secretario general de la Cámara de Representantes. Actualmente se estima que sería aliado del senador Alfredo de Luque por el Partido de La U, líder de “Nueva Fuerza Guajira" y el barón electoral más importante del departamento. Fuente: Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Los clanes políticos del Cesar y La Guajira han estado conectados por redes familiares y de lealtades mediante las cuales operan a la sombra del sistema político legal. Los operadores políticos llevan décadas distribuyendo entre sí los recursos públicos y afectando gravemente la democracia local y los mínimos derechos de la población. La retención de cédulas, compra de votos, constreñimiento al elector, tráfico de influencias y de empleo parecieran ser la constante en este y en muchos departamentos. Las autoridades electorales deberían actuar con efectividad, pero es probable que esto no suceda a tiempo. La ciudadanía, por ahora, es quien tiene el futuro en sus manos.

Por: Katerin Erazo, periodista. Foto tomada de: El Espectador Resta menos de una semana para que los colombianos elijan a sus nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en las urnas del próximo domingo 29 de octubre, y la preocupación por el ambiente de violencia política en el país no cesa. En ese sentido, la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló las más recientes cifras en su último informe sobre violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Estos datos son tomados en cuenta desde el período preelectoral, que inició el pasado 29 de octubre del 2022 y va hasta el próximo domingo cuando se celebre esta democracia en el país. Según el informe de la MOE, un total de 179 candidatos han sufrido algún tipo de violencia, lo que representa un considerable incremento del 37,7% en comparación al 2019 y del 101% en comparación al 2015 en relación con las pasadas elecciones regionales. De acuerdo a la MOE, de estos 179 hechos de violencia, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la gran mayoría perpetrados en contra de candidatos a concejos municipales. Así mismo, según señaló el Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, se registraron 140 amenazas durante este período de tiempo, además de un secuestro y ocho casos de violencia política contra la mujer. En cuanto a los asesinatos, resalta el caso más reciente registrado, ocurrido el pasado 5 de octubre en Mutatá, Antioquia, donde unos hombres armados acabaron con la vida de Maryuri Cárdenas Malagón, candidata por el partido Gente en Movimiento, justo en frente de una sede de la Registraduría Nacional en esa localidad. De igual forma, se mencionan los casos del concejal de Guachené, en el departamento del Cauca, William Fory, del partido Cambio Radical; el de Luis Carlos Meléndez, candidato a una Junta Administradora Local de Cartagena, Bolívar, por el Partido Liberal; y el de Luis Eduardo Timaná, líder indígena de la comunidad nasa y candidato por el Pacto Histórico en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró que este es un fenómeno que desafortunadamente viene en aumento desde hace tres elecciones y que durante este tiempo, se presentó un “incremento sustancial” de la violencia contra estos liderazgos políticos que entran en mayor acción para estas épocas. “No se logró establecer, a través del Estado, los mecanismos de seguridad suficientes para que en aquellos territorios que por ejemplo abandonaron las FARC no se fortalecieran grupos como el ELN o el Clan del Golfo. Ha habido una debilidad después de la firma del Acuerdo de Paz con respecto a cumplir la promesa de que el Estado iba a trabajar desde todos los frentes para que los 170 municipios Pdet no se presentaran episodios como los que se reseñan en el informe”, detalló Barrios. A pesar de que el informe revela que los partidos Pacto Histórico, el Liberal, Conservador o Alianza Verde, todos parte de la coalición del Gobierno en el comienzo de la era Gustavo Petro, son los más afectados por esta violencia, la directora de la MOE señala que se han identificado hechos violentos que se registran hacia candidatos de todos los espectros políticos. “En regiones uno encuentra que lo que hay es una amenaza al ejercicio de la política, es una amenaza a los liderazgos, independientemente de cuál sea la afiliación política. Pudimos ver que en algunos casos las amenazas no iban con mensajes específicos, sino que iban en contra de todo aquel que quisiera ser candidato”, añadió la líder de la MOE. Una muestra de estos casos son las más recientes amenazas en contra de la lista de candidatos del Pacto Histórico en la ciudad de Medellín, las cuales fueron reveladas por la senadora María José Pizarro, o las denuncias que hicieron las directivas del Centro Democrático en el departamento del Caquetá. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha estado realizando un seguimiento previo a las elecciones, observando de cerca la violencia política-electoral que ha surgido en relación con este proceso. Como resultado de este monitoreo, la Línea Democracia y Gobernabilidad ha publicado cuatro informes detallados que describen la situación en el contexto del calendario electoral. Primer informe de violencia político electoral El 29 de octubre de 2022 inició el calendario electoral para la competencia por las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales para el próximo 29 de octubre de 2023. Según el informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en este período se registraron 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados, entre ellos 11 homicidios. Desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, excluyendo los hechos perpetrados contra líderes y lideresas sociales, en el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), día de por medio se registró una víctima de violencia política y electoral en Colombia. La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, esta se ata no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia se ha utilizado y se utiliza como un mecanismo de competencia electoral. Para el caso de los comicios locales y departamentales existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluso incluyen diversas alianzas con todo tipo de grupos armados organizados. Es así como desde 2014, la Fundación Paz & Reconciliación ha estudiado y documentado diferentes estructuras políticas herederas de las alianzas con paramilitares entre el 2003 y el 2007, así como su influencia posterior en hechos de corrupción asociados al “Cartel de la Toga”, al escándalo de Odebrecht y a la existencia de clanes políticos, quienes canalizan todas las formas de corrupción para mover millonarias maquinarias clientelares en las regiones y en el país. (Ver: Primer informe de violencia político-electoral (29 octubre 2022 – 28 febrero 2023)) Segundo informe de violencia político electoral Durante los primeros seis meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2023), Pares registró 67 hechos violentos que han dejado un saldo de 99 víctimas únicas. Conforme avanzaba el calendario electoral, suele haber algunas víctimas que sufren hechos victimizantes más de una vez. Este segundo informe de violencia político-electoral causó gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia, y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentaron notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. (Ver: Segundo informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 30 de abril 2023)) Tercer informe de violencia político electoral En este tercer informe, durante los primeros ocho meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 29 de junio de 2023), Pares registró 116 hechos violentos que han dejado un saldo de 152 víctimas únicas. La tendencia siguió mostrando también que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. (Ver: Tercer informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023)) Cuarto informe de violencia político electoral A dos meses de que se llevará a cabo las elecciones locales el próximo 29 de octubre de 2023, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) encontró con preocupación que, en comparación al informe realizado para las elecciones regionales del 2019 en Colombia, estaba a once (11) víctimas y dos (2) hechos de alcanzar lo reportado a de octubre de aquel año. Respecto al último informe realizado para las elecciones del 2022, Colombia estaba a tres (3) víctimas y cuatro (4) hechos de alcanzar lo registrado para las elecciones legislativas del 2022. Además de las advertencias que Pares hizo en su tercer informe, se registró la renuncia y salida del país del alcalde de Playa, Norte de Santander, y la salida del alcalde de Nuquí de su municipio por amenazas del Clan del Golfo. También se observó un incremento en los hechos victimizantes respecto a miembros del Partido Liberal. Para el período de este informe, se registraron como nuevos agentes perpetradores al Tren de Aragua y los Costeños en Barranquilla. Además, se registró un presunto panfleto amenazante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Tuluá, Valle del Cauca. La Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) está a punto de publicar un nuevo informe sobre la violencia política-electoral. Según el investigador de Pares, Juan Alejandro Pérez, se han registrado 325 víctimas únicas relacionadas con 262 incidentes. El mes de septiembre destacó con el mayor número de víctimas y casos, con 64 víctimas asociadas a 48 incidentes. Este aumento es particularmente preocupante, ya que coincide con el período electoral, marcado por la inscripción de candidaturas en los últimos 3 meses. Es evidente que ha habido un incremento con respecto a los años 2019 y 2022. A pesar de esta preocupación, Pérez mencionó que no debemos llegar al extremo de considerar inviable la celebración de las elecciones, como lo ha sugerido el Defensor del Pueblo. Aunque es indudable que enfrentaremos desafíos, es crucial que las entidades estatales, desde el Ministerio del Interior hasta las autoridades locales, trabajen en conjunto para garantizar que las elecciones se desarrollen sin contratiempos y que los centros de votación en Colombia abran sus puertas a las 8 de la mañana del domingo. Es inquietante observar que no hay una mayor efectividad del Plan Democracia, el cual se activa en los procesos electorales para salvaguardar el proceso electoral. Por lo que para el investigador de Pares, este plan necesita ser revisado y mejorado en colaboración con las entidades locales por parte del Ministerio del Interior. Además, es esencial centrar nuestros esfuerzos en áreas específicas como el Cañón del Micay, el Bajo Cauca Antioqueño, Chocó y Catatumbo. Esto permitirá al Ministerio del Interior y a las autoridades locales crear un entorno seguro para que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos y los candidatos puedan ser elegidos sin temor a amenazas. Desde la Fundación Pares se hace un llamado para que se pueda realizar esta jornada electoral de manera efectiva y segura y se espera que el 29 de este mes, los comicios se lleven a cabo con éxito. Es por esta razón que estos informes destacan la persistente violencia política en Colombia y la importancia de abordar esta problemática para proteger la democracia y garantizar un proceso electoral seguro. Los candidatos y líderes políticos de todas las afiliaciones políticas siguen siendo víctimas de actos violentos, lo que representa un desafío significativo para el país.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Espectador El proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC en 2016 marcó un hito en la historia de Colombia al permitir que los exguerrilleros pudieran reintegrarse a la sociedad y participar activamente en la política del país. Hoy, en las elecciones regionales que se llevará a cabo este 29 de octubre, 144 excombatientes han dado un paso político muy importante al inscribirse como candidatos en diversos cargos, demostrando su compromiso con la construcción de un país más democrático y en paz. Según la Agencia para la Reincorporación y Normalización ( ARN ), 108 hombres y 36 mujeres reincorporadas de la desmovilizada guerrilla aspiran a ocupar cargos en alcaldías, asambleas departamentales, concejos y juntas de acción local. Estos reincorporados, que han atravesado un proceso de capacitación en participación política bajo la supervisión de la ARN, representan una parte importante del espectro político en estas elecciones. La directora de la ARN, Alejandra Miller, expresó su satisfacción por el alto número de reincorporados que han decidido dar este paso hacia la política, señalando que “este proceso de participación política contribuye a que las personas permanezcan no solo en la civilidad, sino que contribuyan al país para ensanchar y ampliar la democracia”. Además, Miller destacó la importancia de este espacio académico, no solo para la actual tarea electoral, sino también para los futuros procesos de incidencia política que se llevarán a cabo en 2024 en el marco del programa de reincorporación. Este proceso de capacitación ha abarcado temas fundamentales para el ejercicio democrático, como la participación política de las mujeres, el funcionamiento del Estado, el sistema electoral colombiano, estrategias de comunicación y marketing político, así como mecanismos de participación, control ciudadano e incidencia en planes de desarrollo territorial. Inicialmente, se esperaba la participación de al menos 500 reincorporados en las elecciones de este 29 de octubre, pero con los procesos de respaldo, avales y demás procedimientos previos a las elecciones, esa cifra se redujo a 144. Sin embargo, otros 157 firmantes de paz también están siendo capacitados en temas de participación democrática, lo que muestra el compromiso de un amplio sector de la población en proceso de reincorporación. Las candidaturas se concentran especialmente en departamentos como Tolima (19), Antioquia (12), Cauca (12), Putumayo (11) y La Guajira (10), donde se han generado condiciones favorables para los reincorporados, especialmente a través del apoyo de las comunidades locales. Cabe destacar que 23 partidos y movimientos políticos han respaldado a los candidatos firmantes de paz, con Comunes, Colombia Humana y Colombia Renaciente liderando el número de avales otorgados. En cuanto a la representación de género, de los 144 firmantes de paz que son candidatos, 108 son hombres y 36 son mujeres. Aunque estas cifras revelan la persistencia de obstáculos y brechas de género en la política colombiana, es un paso significativo hacia una mayor igualdad de oportunidades. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, dos reincorporados de las FARC han logrado un destacado y poco común camino hacia la política colombiana, asumiendo roles de alcaldes en diferentes regiones del país. El primero en dar este paso fue Guillermo Torres, también conocido como Julián Conrado o el "cantante de las FARC," quien obtuvo una victoria en las elecciones de 2019 y desde entonces desempeña el cargo de alcalde en Turbaco, Bolívar. Su elección marcó un hito en el proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil y política. Otro reincorporado que ha asumido la alcaldía es Edgardo Figueroa, un médico que formó parte de la desmovilizada guerrilla. Desde 2019 Figueroa gobierna en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Lo llamativo de estas historias radica en que ninguno de los dos reincorporados lanzó su candidatura bajo el estandarte del partido Comunes, de las FARC, sino que optaron por partidos independientes de orientación de izquierda. Torres recibió el respaldo de la Colombia Humana en Bolívar, mientras que Figueroa triunfó en Putumayo con el aval del partido ASI. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), existe una situación interesante en relación con los reincorporados que conformaron el Partido Comunes. Este partido ha respaldado a personas que no formaron parte del proceso de reincorporación, es decir, individuos que nunca tomaron las armas, pero que han recibido el respaldo de Comunes en el marco de la Coalición Pacto Histórico a nivel regional, a la cual Comunes se ha unido. Pérez destacó que uno de los candidatos destacados de Comunes y un reincorporado, Pastor Alape, se postula para la alcaldía de Puerto Berrío y cuenta con posibilidades reales de ganar, según fuentes locales y el propio equipo de Pastor Alape. Además, es importante señalar que Alape ha establecido una alianza o brindado apoyo público a Luis Pérez Gutiérrez, quien es el favorito para ganar la Gobernación de Antioquia, aunque su candidatura es objeto de controversia. En este contexto, el partido Comunes, formado por reincorporados, enfrenta un probable riesgo de perder su estatus legal en las próximas elecciones de 2026 si no logra superar el umbral electoral. Por lo tanto, están trabajando en respaldar ciertos candidatos en la actualidad con el fin de establecer una base electoral sólida que les permita sobrevivir como partido político en 2026. El proceso de reincorporación de los firmantes de paz de las FARC en la vida política de Colombia continúa avanzando, y la participación activa de estas personas en las elecciones regionales de 2023 demuestra su compromiso con la construcción de una democracia inclusiva y la búsqueda de un país más unido y en paz.

Por: Óscar A. Chala, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: SkycraperCity El pasado martes 24 de octubre se realizó el primer foro organizado por la Red Lidderat, titulado “Prospectivas, perspectivas y retos electorales: intercambio de experiencias y experticias sobre las dinámicas territoriales”, que reunió a varios analistas e invitados de las diferentes organizaciones que componen la Red, y en el que se habló del panorama político-electoral en sus respectivas regiones, a 5 días de los comicios locales y regionales que se celebrarán en todo el país. Este foro estuvo moderado por Mónica Castillo, investigadora programática de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), y estuvo acompañado por Juan Manuel Velandia y Juan Alejandro Pérez, también investigadores de la Línea; Brenda Pérez Valencia, politóloga y coordinadora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander; Juan Pablo Milanese, docente del departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI; Francisco Palacios, periodista chocoano; y Horacio Brieva, periodista, columnista y director ejecutivo de la Fundación Protransparencia. El panorama político departamental a contados días de las elecciones Para la mayoría de los invitados las elecciones locales en sus respectivos departamentos responden a una tensión entre el regreso de algunos de los grandes clanes políticos al poder y la dispersión de cualquier alternativa política que pueda disputar escenarios de representación a nivel local frente a estos clanes políticos. En ese sentido, es rescatable la intervención del profesor Juan Pablo Milanese, quien indica que gran parte del proceso electoral en el Valle del Cauca (y, en general en el país) busca posicionar y ubicar figuras políticas frente a las elecciones legislativas de 2026 y otros procesos electorales futuros, consolidando potenciales bases electorales y grupos políticos que puedan capitalizarse en campañas futuras, por lo que estos próximos comicios no responden solamente a una competencia política concreta, sino que son proyectos pensados a largo plazo en los que lo importante no es ganar, sino posicionar agendas y personajes clave para conservar sus intereses o mantener sus grupos políticos en el tiempo. Igualmente, los invitados estuvieron de acuerdo en señalar que esta campaña no responde totalmente a las dinámicas nacionales, haciendo énfasis especialmente en que la intención de voto no se mueve de manera ideologizada, sino que, por el contrario, ha existido un proceso de desideologización tanto de los procesos sociales emergidos del Paro Nacional de 2021, como de las elecciones nacionales de 2022. Lo anterior implica que tener una postura frente al Gobierno no ha sido decisivo como elemento diferenciador en la campaña, pero sí se ha generado ruido y una serie de campañas sucias a nivel local frente a declaraciones de apoyo al mismo. En este caso son rescatables las declaraciones de Brenda Pérez, quien señaló que alrededor de la campaña para la Alcaldía de Cúcuta entre Leonardo Jácome y Jorge Acevedo se ha generado descrédito con base en acusaciones de recibir apoyos del Gobierno Nacional. No obstante, en ese sentido Horacio Brieva señaló que los escándalos que han estallado alrededor del Gobierno Nacional sí han erosionado la gobernabilidad y han alejado apoyos existentes en departamentos cómo Atlántico, donde Gustavo Petro obtuvo una alta cantidad de votos en la segunda vuelta presidencial de 2022. Para Francisco Palacios, el mayor reto para las candidaturas tradicionales, como la de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, radica en llegarle a un electorado mucho más joven, en un escenario de redes sociales donde es desconocido y donde ha apelado a estrategias que buscan lavar su imagen. Aunque los candidatos tradicionales siguen llegando a través del sostenimiento de maquinarias de carácter clientelar, las redes sociales han impuesto un reto frente a un nuevo electorado que forma gran parte de su opinión y toma decisiones con base en lo que se mueve a través de las redes. Los riesgos para la democracia en los territorios Frente al aumento de casos de violencia político-electoral identificados por Pares en las últimas semanas, los invitados hablaron de los potenciales riesgos que existen para las próximas elecciones y su capacidad para debilitar la democracia en Colombia. Para el profesor Juan Pablo Milanese, ha sido claro que el voto espontáneo se ha vuelto determinante en ciudades y sus áreas metropolitanas, como es el caso de Cali, donde el voto de maquinaria y el voto de opinión serán clave para el triunfo de los grandes grupos políticos en los procesos electorales, haciendo que ya no dependan de uno u otro solamente. Igualmente, los invitados están de acuerdo en señalar que la incidencia de la violencia por parte de las economías ilegales puede influir en el proceso electoral de manera indirecta, especialmente frente a los cambios que existen dentro de los aspectos productivos de estas economías y su traducción en las lógicas territoriales, que pueden llevar a que el Estado se convierta en un nuevo botín rentable para estos grupos ligados a aquellas economías. Respecto a los riesgos en el departamento de Norte de Santander, Brenda fue enfática en decir que la presencia de candidaturas que responden de alguna u otra manera a clanes políticos ya establecidos en la región (especialmente frente a William Villamizar, candidato a la Gobernación) y que pretenden perpetuarse en el poder otro período electoral, es uno de los grandes riesgos que corre la democracia, en tanto impide que otras opciones y programas políticos lleguen a escenarios de decisión y por el riesgo de que bajo estos gobiernos exista un detrimento patrimonial aún mayor, especialmente cuando William Villamizar y Ramiro Suárez (exalcalde de Cúcuta, quien apoya tras bambalinas a Leonardo Jácome) han sido acusados de corrupción. Del mismo modo, existe un riesgo potencial de que estas candidaturas recorten o eliminen gastos necesarios frente a políticas públicas de carácter social, aunque se hayan comprometido a trabajar de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional. En el caso del departamento del Chocó, Francisco ha señalado que existen cortes de energía y pocas existencias de combustible que han impedido el traslado de kits electorales y puestos de votación a través del transporte fluvial hacia los municipios del interior del departamento. Asimismo, la presencia del Clan del Golfo y del ELN a nivel territorial ha generado confinamientos como consecuencia de los paros armados impuestos por estos grupos a partir de sus enfrentamientos, que han complicado la realización de las elecciones en algunos municipios, como Bojayá. Junto a ello, el control territorial de algunas bandas delincuenciales en la ciudad de Quibdó ha impedido el trabajo de campaña de algunos candidatos, lo que se ha visto reflejado en el daño a publicidad de campaña y agresiones físicas. Frente a lo que sucede en el departamento del Atlántico, las campañas se han visto inmersas sobre la publicidad sucia y los ataques constantes entre los dos candidatos con mayores intenciones de voto, Eduardo Verano y Alfredo Varela, que han involucrado ataques y desprestigio por el tema de la edad (pues Eduardo Verano es un adulto mayor). Entre tanto, aunque hay irregularidades relacionadas con la compra y venta de votos, Horacio afirmó que estas han disminuido, especialmente posterior a la captura de Aída Merlano y el proceso jurídico contra Arturo Char. Los retos para la veeduría al proceso electoral local y regional Como cierre y conclusión del evento, Juan Alejandro Pérez indicó que los principales retos en las próximas elecciones del domingo 29 de octubre girarán sobre los datos que manejará la Registraduría, especialmente frente a los escenarios de preconteo y escrutinio, ante la carencia de una auditoría del lugar donde estos datos serán transmitidos que podría llevar a que se pierdan eventualmente votos. Asimismo, existe un temor frente al incremento de situaciones de violencia político-electoral que pueden ocurrir a lo largo de la jornada electoral, por lo que se ha seguido haciendo un llamado al Ministerio del Interior para que ajuste el Plan Democracia a las condiciones actuales en las que se van a desarrollar estos comicios, además de generar una articulación plena con las autoridades locales a lo largo del día. También se ha alertado sobre la posibilidad de que muchas registradurías a nivel municipal se encuentren cooptadas por los clanes y grupos políticos a nivel local, tal y como se ha señalado desde medios regionales aliados, como El Itagüiseño. Finalmente, Juan Alejandro hizo un llamado para que se puedan activar rutas de protección y atención por parte de las autoridades a periodistas y a figuras que cubren y analizan las elecciones a nivel local, del mismo modo que a denunciantes de situaciones de corrupción y delitos electorales, especialmente en departamentos como Chocó, Norte de Santander, Antioquia y otros departamentos donde no existen o no se implementan de manera efectiva estas rutas. ¿Qué es la Red Lidderat? La Red Lidderat se ha consolidado como una iniciativa para la lucha anticorrupción y la promoción de la transparencia en el sistema político colombiano, impulsada desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Corporación Casa Puentera en Cúcuta y su Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, la Fundación Protransparencia Atlántico, junto con otras organizaciones y veedores ciudadanos en Chocó y Valle del Cauca, que por motivos de seguridad en sus territorios no son nombrados públicamente en esta nota. Esta Red tiene como objetivo profundizar en la comprensión de fenómenos políticos importantes como la corrupción, la opacidad y debilidad institucional y los riesgos para la democracia, con el fin de fomentar la transparencia y elevar la calidad del sistema político, electoral y de contratación pública en Colombia. La Red Lidderat no se limita a la investigación, sino que también cumple la importante función de ser un faro de esperanza para un futuro más democrático y transparente en Colombia. Les invitamos a conocer la Red y estar atentos a nuestras redes sociales para conocer del trabajo que hacemos en función de una transformación democrática en el país.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista El próximo 29 de octubre serán las elecciones locales y regionales, y quiero aprovechar este espacio para invitarles a dos cosas. La primera es que en la medida de lo posible salgan a votar de forma masiva, ojalá por los proyectos alternativos que priorizan apuestas por la diversidad, la protección de los derechos humanos y la lucha por la transparencia y la anticorrupción; y la segunda invitación es a rechazar y denunciar la compra de votos, respondiendo al sistema de recompensas anunciado por el Gobierno Nacional. En referencia a la primera invitación, que es salir a votar masivamente, digo “en la medida de lo posible” reconociendo las preocupaciones existentes por riesgos electorales, como el constreñimiento ejercido por grupos armados ilegales que afectan el libre ejercicio del voto. Frente a esto, la Defensoría del Pueblo en la Alerta temprana N. 030-23 resalta que hay 676 municipios con riesgos para el proceso electoral, de los cuales 113 están en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. Por ejemplo, para el caso del Valle del Cauca se encuentran tres municipios que están clasificados como de riesgo extremo, que son Buenaventura, Jamundí y Tuluá. Para esto, las fuerzas militares anunciaron un plan de seguridad, que esperamos que permita el desarrollo seguro de la jornada. En referencia la segunda invitación, que es rechazar y denunciar la compra de votos, invitación en la que voy a profundizar a continuación, considero clave resaltar la apuesta del Gobierno Nacional con la estrategia de sistema de recompensas comunicada por el ministro Luis Fernando Velazco, quien anunció que la recompensa económica ofrecida será proporcional a la denuncia realizada. Anuncio confirmado por el presidente Petro en su cuenta de X: “se pagará al informante hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la Policía Nacional”. Con esta estrategia se busca evitar que grupos criminales o políticos influyan en el voto de la ciudadanía mediante el pago de dinero o favores, y para esto se trabajará conjuntamente con la policía judicial y la Registraduría para verificar las denuncias y así poder sancionar a los responsables. Dado que uno de los problemas más graves que enfrenta el proceso electoral es la compra de votos, que es una práctica lamentable que ha sido normalizada en muchas regiones y esto lo debemos rechazar y apostar por un proceso electoral transparente. Recordemos que, en democracia, cada voto cuenta y la participación es fundamental. La legitimidad de las decisiones tomadas en las elecciones depende en gran medida del grado de participación. Justamente, el año pasado, para la elección presidencial, se presentó una abstención del 41,8% de la población apta para votar; y en las pasadas elecciones regionales, en el 2019, la abstención fue del 39,3%. Para la lucha anticorrupción y el fortalecimiento de la democracia, es realmente importante un voto informado y autónomo, que permita la elección de representantes que sean confiables. No se trata solo de ejercer un derecho, sino de hacerlo de manera responsable. Además, también es esencial que la ciudadanía no se abstenga, voten en blanco o anulen su voto, ya sea por desencanto o indiferencia. Si bien este tipo de votos no tiene ningún efecto real y es una representación de la molestia que se siente con el sistema electoral, esto termina favoreciendo a los partidos más votados. En este contexto electoral decisivo, en el que la participación ciudadana y la integridad del proceso son fundamentales, quiero traerles el mensaje que nos compartió hace cuatro años el artista bonaverense de música urbana, El Teacher, en su canciónNi por plata ni por trago: “Hay que tener mucha decisión y ponerse la mano en el corazón, si te ofrecen 50 por tu elección coge la plata y no votes por un ladrón… ¿los corruptos piensan que van a comprarnos?, no nos vendemos ni por plata ni por trago…”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.