Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones Sobre las cinco de la tarde del sábado 7 de junio un atentado contra un precandidato sacudió al país. Mientras realizaba un acto público en Fontibón, un muchacho de 15 años le disparó en la cabeza a Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia del Centro Democrático. Inmediatamente fue trasladado al Medical Center de Engativá y desde allí fue llevado a la Fundación Santa Fe. A las 7 de la mañana de este domingo los medios reportaban la buena noticia, había sobrevivido a la serie de intervenciones quirúrgicas. Pocos minutos después del atentado fue detenido el agresor. Era un muchacho de 15 años. Esto hizo recordar los años ochenta cuando Pablo Escobar y también un pedazo de la extrema derecha, aprobó el uso de pelados suicidas para realizar sus atentados. Esta historia ya la habíamos publicado en este portal, pero es necesario retomarla debido a los fantasmas que vuelven a acecharnos después del cruel atentado contra Miguel Uribe Turbay. Fue un muchacho que vivía en la calle a quien escogió John Jairo Alias Tascón, alias Pinina, sicario de confianza de Pablo Escobar, para que condujera un bus, robado previamente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cargado con 500 kilos de dinamita, para hacerlo estrellar al frente de la sede principal del DAS. Pablo Escobar y sus socios tenían en la mira al director de esa entidad, el general Maza Márquez, y si tenían que volar un edificio entero lo harían. El saldo no pudo ser más trágico: murieron 63 personas, algunos funcionarios, otros bogotanos que tuvieron la suerte de estar en el lugar y el momento equivocado. El cráter que dejó fue de cuatro metros de profundidad por trece de diámetro. Quedaron arrasados 300 locales comerciales del sector de Paloquemado. Por la violencia del impacto algunos cuerpos fueron pulverizados. En ese momento, 6 de diciembre de 1989, ser colombiano era un acto de fe. Del muchacho que condujo el bus no quedó nada. Ni siquiera le pagaron el anticipo prometido. Ese fue el año en el que el Cartel de Medellín decidió declararle la guerra al Estado. La modalidad que usaron fue la de los suizos. Así los puso el circulo de confianza de Escobar a todos esos “peladitos que no valían nada” “Desechables de comuna” que querían hacer cualquier cosa con tal de dejarles algo a su familia o de poder disfrutar, así fuera por unos minutos, de unos Nike de última generación. De adolescentes estaban compuestos los ejércitos formados por Pablo Escobar, sacados de los barrios más pobres de Medellín. A uno de esos pelados también lo engatusaron para hacer otro de los peores ataques que perpetró el Cartel de Medellín. El 27 de noviembre de 1989 un avión de Avianca haría la ruta Bogotá-Cali. Se sabía que César Gaviria, quien había tomado la posta dejada por Luis Carlos Galán después del asesinato, se subiría a la aeronave. Por eso, Dandeny Muñoz, alias la Quica, encargado de hacer el operativo, le recomendó a un muchacho que acababa de conocer llevar un maletín, un portafolio, y abrirlo cuando el avión hubiera despegado. A cambio le pagaría un montón de billetes. César Gaviria nunca se montó al avión pero la orden no fue reversada. El avión explotó sobre el cielo de Soacha. Murieron 110 colombianos.    Andrés Arturo Gutierrez tenía 21 años cuando mató en el aeropuerto el Dorado a Bernardo Jaramillo Ossa. Trabajaba en una fábrica para hacer la tiza con la que se les saca punta a los palos de billar. Le pagaban una miseria y llegaba a su casa en Medellín con las manos reventadas. Un amigo de toda la vida, llamado Yerry, fue quien le hizo una oferta de trabajo que le cambiaría la vida. Le dio una foto de Bernardo Jaramillo y le dijo que ese era el señor que tenía que matar. Gutiérrez, en su ignorancia, no sabía que ese hombre de bigote y con aire bonachón era candidato presidencial de la UP, una fuerza política que estaba siendo exterminada por los escuadrones de la muerte. Igual no importaba quien fuera. Había que hacer la operación. La realizó en la sala de espera del aeropuerto El Dorado. A pesar del poderoso esquema de seguridad y que dos agentes del DAS habían estado dos horas antes en el aeropuerto para reportar que “todo estaba normal” el detector de metales para pasar a la sala de espera, no funcionaba. Por eso Gutiérrez pudo ingresar la pistola que descargó sobre Jaramillo Ossa. Herido, el líder de la UP intentó pararse pero resbaló después sobre su propia sangre. Mariella, el amor de su vida, alcanzó a escucharlo decir “me mataron mi amor, me mataron estos hijueputas”. Jaramillo llegó sin signos vitales a un hospital en Kennedy. Gutiérrez, una vez disparó, alcanzó a tirarse al piso y a suplicar por su vida. Llegó herido a la clínica y se repuso. Regresó a Medellín y dos años después fue abaleado junto con su papá mientras salían de un parqueadero. Los verdaderos asesinos de Jaramillo Ossa no querían dejar rastro. Yerry tenía otra misión. Matar a Pizarro. El candidato presidencial por el M-19 abordó un avión Bogotá-Barranquila. El verdadero nombre de Yerry era el de Germán Gutiérrez Uribe. Cuando el avión llevaba 15 minutos de vuelo, el joven sicario se levantó al baño, sacó una Mini-Ingram 380 y le pegó 13 balas en el cuerpo y la cabeza del ex comandante del M-19. Los miembros del DAS que formaban parte del cuerpo de seguridad de Pizarro le dispararon a Yerry sin mediar palabra. No quedaron testigos. Los suizos fueron uno de los capítulos más oscuros de la guerra del Cartel de Medellín contra el Estado colombiano y mostró hasta qué punto se degradó. La vida no valía nada.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones Es el mes del orgullo gay, y en Pares estamos en sintonía con tan importante acontecimiento. Por eso, recordamos a uno de los grandes escritores bogotanos de todos los tiempos —y que pocos conocen—: Fernando Molano. Había que guerrearla. Para estudiar, tenía que ayudarle a su papá en el taller de mecánica de los Molano, en el barrio Egipto, y luego ahorrar para los buses, las fotocopias, los libros que le exigían las carreras que estudió en la Nacional, Cine y Literatura, y los transportes, porque en el año 1984, después de estar cerrada 345 días, la Universidad dejó de ser lo que era: liquidó las residencias universitarias donde los estudiantes más pobres vivían y también buena parte de las cafeterías donde almorzaban gratis. Empezaba el plan para desmontar la universidad pública. El país era tomado por los carteles de la mafia. Acababa de morir el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y luego morirían miles. Para colmo, Fernando Molano Vargas no solo era pobre, sino que era un pobre gay. Era un pobre gay y contestatario. Creyó que el camino para cambiar el país era ser miliciano de las Farc. Estuvo ocho meses en la guerrilla, pero se cansó de la homofobia de la izquierda, que es peor, por su doble moral, que la de la derecha. Fue discriminado, insultado, apartado. Su único consuelo era la máquina de escribir. Era el alumno más raro de los institutos José Joaquín Caicedo y Nicolás Esguerra, donde hizo la primaria. Era retraído, nunca le gustaron el fútbol ni los juegos de manos. Le gustaba era leer. Después de que mataron a su abuelo materno, —un viejo rico al que nunca conoció y que les dejó su fortuna a las hermanas de las Carmelitas Descalzas—, lo único que les dejó fue unas revistas Life.  Allí encontró un artículo hermosamente ilustrado sobre Oliver Twist . Nunca volvería a ser el mismo. El virus de la literatura se le metió en las venas. Empezó a escarbar en bibliotecas públicas de barrio y después en la Luis Ángel Arango y descubrió la obra de Dostoievski, de Joyce, de Tolstoi, de todos los Monstruos Sagrados y después fue un poco más abajo y leyó El Guardián en el Centeno , Los días azules  de Fernando Vallejo y  Te quiero mucho, poquito, nada y otros textos  de Félix Ángel y descubre un universo y una verdad que iba a ser un bálsamo a la soledad a la que parecía estar condenado: los gays en la literatura, en la Colombia de Pablo Escobar, también tenían voz. Entonces escribió hasta sangrar. Escribió de día, de noche, sentado en el Freud, en los cafés de Teusaquillo, entre rumbas y jornadas extenuantes de trabajo, escribió sin esperanza, sin un papá que le dijera, “enciérrese y yo lo mantengo, haga obra que es lo único que queda”, sin un hermano como Theo, sin una esposa como la de Bolaño. Escribió en un acto suicida sin una malla de protección, como un trapecista borracho. Escribió hasta hacerse daño y, entre 1989 y 1991, terminó la única novela que publicó en vida: Un beso de Dick . La pudo publicar, pero nadie se atrevía hasta que la Cámara de Comercio de Medellín le dio una oportunidad otorgándole el premio en 1992 y entonces pudo conocer a quien lo ayudó hasta donde pudo: el entonces joven escritor y crítico de cine Héctor Abad Faciolince.   Fue él quien en su lecho de muerte le alcanzó a llevar en febrero de 1998 su poemario Todas las cosas en los bolsillos . Dejó este mundo a los 36 años. Veintiún años después de su muerte, con la reedición que hace Seix Barral de Un beso de Dick , resucita una de las figuras juveniles de la literatura colombiana menos conocida.

Por: Nicolás León Rodríguez Investigador Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos Tras dos noches de toque de queda en Tuluá, el panorama es de suma incertidumbre para sus habitantes. Los hechos de violencia en la ciudad estarían relacionados con los trámites de extradición adelantados por la Policía Nacional en contra de ‘Pipe Tuluá’, líder de La Inmaculada. La organización delincuencial amenazó con continuar las acciones violentas, mencionando a funcionarios del INPEC y otros “enemigos de la paz”. ¿Qué está pasando en Tuluá? ¿Va a continuar la violencia en la ciudad? ¿Qué esperar tras la aparentemente inevitable extradición de su líder? El poder de La Inmaculada en Tuluá   Esta organización delincuencial ha logrado consolidar su gobernanza criminal en el casco urbano de Tuluá. Según investigaciones previas de la Fundación Pares, durante la administración del exalcalde Jhon Jairo Gómez Aguirre, miembros de esta organización habría permeado al menos tres secretarías clave: Tránsito, Planeación y Hacienda. Desde Tránsito ejercían vigilancia y control sobre la dinámica urbana, mientras que en Hacienda accedían a información sensible sobre bienes inmuebles y comerciantes de la región. Esto les permitía operar con total conocimiento de los movimientos económicos y territoriales del municipio ( Pares, 2024 ). De esta forma, en 2023 La Inmaculada habría alcanzado un nivel de influencia tal que se configuró un escenario que permitió que la organización delinuencias permeara las instituciones locales. A partir de esta connivencia con las autoridades locales, lograron consolidar su control sobre las economías ilícitas en la ciudad. Los mercados del microtráfico y particularmente la extorsión son la principal fuente de financiamiento de este grupo . De acuerdo, con una fuente del municipio “ aquí no se mueve nada sin la aprobación de ellos, el mercado de los alimentos es el ejemplo de esto, existe el cartel de la cebolla, el cartel del cilantro…Los campesinos y agricultores, todos tienen que pagar unas vacunas para que las dejen salir de Tuluá ”. Tras la llegada del Alcalde Gustavo Adolfo Vélez en 2024, tanto La Inmaculada como la administración municipal tomaron una postura mucho más confrontativa. Las amenazas, asesinatos de funcionarios públicos y los atentados terroristas como los del pasado miércoles se han venido convirtiendo en repertorios de violencia cada vez más comunes en la ciudad. A esto se le suman otras acciones vulneratorias que ya venía sosteniendo la agrupación y que se han venido normalizando, como el reclutamiento de menores, los homicidios selectivos y los llamados ‘homicidios ejemplarizantes’. Aunque en 2024 hubo una reducción de las cifras de homicidios los primeros meses de 2025 han mostrado una fuerte tendencia hacia el incremento, superior al 37%, siendo el mes de abril el más violento desde noviembre de 2023. Lo que resulta sintomático de  un deterioro paulatino de la violencia en la ciudad. Elaboración propia. Fuente: SIEDCO. La importancia de Alias ‘Pipe Tuluá’ La captura de alias Pipe Tuluá, uno de los máximos cabecillas de La Inmaculada en 2015 no ha representado un impacto significativo para sus actividades criminales. Desde su detención ha sido traslado a diferentes centros carcelarios del país, en Cómbita, Ibagué, Valledupar, Bogotá, entre otras, donde ha logrado la obtención de beneficios carcelarios y mantener un rol de mando en los internos para la organización de actividades delictivas. Además, se le señala de ser uno de los principales participes del grupo “Muerte a Guardianes Opresores”- MAGO, organización que amenaza y atenta en contra de los funcionarios del INPEC. De hecho, tras conocerse la preparación de la extradición, el grupo publicó un comunicado anunciando acciones armadas contra los funcionarios penitenciarios. Del otro lado, La Inmaculada ha fortalecido su control territorial, caracterizadas por el aumento de extorsiones, amenazas y homicidios. En tal sentido, la captura alias Nacho (segundo cabecilla de la organización y hermano de ‘Pipe Tuluá’) y de otros miembros de la organización han sido estrategias poco efectivas para quitarle poder a la organización. Según una fuente en territorio: “l o que ha pasado históricamente es que los mandos medios terminan ocupando esos cargos de poder. Esto es una dinámica que viene de muchos años atrás y la captura o extradición de un líder no garantiza que está dinámica territorial se deje de presentar porque las finanzas siguen moviéndose ”. Asimismo, desde la los centros penitenciarios ‘Pipe Tuluá’ estaría tejiendo una red de alianzas del narcotráfico en la región con personajes como Diego Optra, Guacamayo, Martín Bala, entre otros ( El País, 2024 ). Estas acciones hacen parte de la reconfiguración de la criminalidad en el Norte del Valle del Cauca en el que nuevos y viejos actores criminales de la región estarían articulando esfuerzos para consolidar un emporio criminal. De acuerdo con fuentes en la Secretaría de Paz de la Gobernación del Valle la llegada de estos actores “ está relacionado con recuperar predios y propiedades que consideran les son propios y consideran importantes para recuperar el control territorial ”. La respuesta institucional, por su parte, se ha enfocado en el fortalecimiento del pie de fuerza y la acción conjunta de la Policía y el Ejército, y la imposición de toques de queda impuesto, medidas de contingencia que si bien han impedido el escalamiento de la violencia, no son efectivas para contrarrestar la gobernanza criminal de esta organización. De acuerdo con Mario Mejía, Concejal de Tuluá “Si no hay una estrategia de inversión en los barrios para atender las situaciones de pobreza, desigualdad e inequidad  esta dinámica criminal va a seguir replicándose con énfasis en los barrios más vulnerables”. Escenario de riesgo La inminente extradición de ‘Pipe Tuluá’ y la respuesta de su organización criminal deja entrever al menos tres escenario de riesgo: i)               Las acciones de contingencia funcionan para evitar un desescalamiento de la violencia en la ciudad. Sin embargo, La Inmaculada continúa ejerciendo la gobernanza criminal y fortaleciendo su portafolio de economías criminales en la zona urbana de Tuluá. En este sentido, la extradición de ‘Pipe Tuluá’ no genera mayores diferencias al interior de la organización y, como ya ha sucedido, la línea de mando pasa sin mayores dificultades a uno de los mandos medios de la organización. ii)              La organización sigue con su arremetida violenta en la ciudad desencadenando una crisis de seguridad tanto en Tuluá como en Centros Penitenciarios del país, ejerciendo acciones de violencia pública de alto impacto mediático. Esto provoca una respuesta militar a la situación y un aumento del riesgo de vulneración de derechos humanos en la población. iii)             La extradición de ‘Pipe Tuluá’ genera diferencias al interior de la organización, generando un rebrote de las violencias selectivas entre los mismos miembros de la organización. La disputa por definir un nuevo liderazgo del grupo, además, supone un alto riesgo de fragmentación criminal que pueda llevar a un nuevo ciclo de violencia en la ciudad. Ahora bien, aunque la Alcaldía Municipal ha hecho énfasis en la interdicción y las respuestas de corte militar, desde la Fundación Paz y Reconciliación consideramos fundamental articular este tipo de estrategias con acciones concretas de inclusión e integración que desincentiven el ejercicio criminal. De lo contrario, la juventud en Tuluá continuará sometida a un ciclo continuo de violencia y crimen en la ciudad.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. En los últimos días, gracias a ciertos personajes de un programa que, por cierto, no veo – La Casa de los Famosos – se ha intensificado en redes sociales el debate sobre las llamadas "mujeres de alto valor". Aunque esta discusión no empieza con ese programa, sí ha ganado fuerza, lo cual resulta profundamente problemático pues esta “categoría” se sustenta en la idea patriarcal de que las mujeres estamos clasificadas en valiosas o descartables. La idea de valor de las mujeres, además, sustenta la estructura social que define la figura del hombre proveedor, sin importar el origen (legal o ilegal) de su dinero, mientras que espera de las mujeres una serie de comportamientos que respondan a un ideal de sumisión. Es el mismo modelo que vimos crecer con la narcoestética, pues los hombres que acumulan poder económico también esperan acumular mujeres moldeadas según ciertos estándares de belleza y obediencia para ser mostradas como trofeos. Pero ¿qué es ser mujer de alto valor? En el contexto dicho programa de televisión se habla de esas mujeres costosas que, si un hombre quiere pretenderlas, pues debe tener mucho dinero y disponerlo a su antojo para merecer su compañía, una idea transaccional del cariño que, si bien no juzgo, me parece importante revisar pues esta narrativa es peligrosa y también es funcional al sistema de violencias que desde los sectores feministas llevamos años denunciando. Una mujer que depende económicamente de un hombre, por muy "alto valor" que se le asigne, está en una posición vulnerable frente a posibles violencias. Así entonces, ¿si existen mujeres de alto valor, existen también las de bajo valor? ¿las que compartimos con hombres sin esperar que sean proveedores, somos mujeres de bajo valor? En las ideas que hoy circulan, sí. Seriamos “de bajo valor” por no mercantilizar nuestros vínculos. Y eso es justamente lo que debería alarmarnos, que se siga promoviendo un modelo de dependencias que mantiene las mismas lógicas de control de siempre. Y sí, también entiendo que hay mujeres que transan, que negocian, que eligen construir vínculos donde hay intercambios materiales – todas igual de dignas – Reconozco que de ninguna manera intento trazar más ideas divisorias entre las que reciben o no dinero, entre las que esperan joyas o pagan la cuenta. La discusión no es quién gasta más, ni quién invita a quién, la discusión es que podamos decidir sin condicionamientos ni presiones. Lo central aquí es configurar vínculos en donde podamos ejercer nuestra autonomía sin que se nos mida el tal “valor”. Entre otras cosas porque la categoría del valor refuerza la competencia entre mujeres. Nos pone a vigilarnos, a cumplir ciertos estándares para ser consideradas "merecedoras" de afecto (y regalos). En vez de construir redes de apoyo y solidaridad, nos fragmenta. Y no hay nada más funcional para el patriarcado que seguir llevándonos a ese plano en el que creemos que nuestro valor depende de cómo nos ven los hombres. Desde el feminismo, hemos insistido en eliminar estos estereotipos porque entendemos que no se trata de construir una nueva categoría de “mujer ideal” según las reglas del mercado, sino de romper ese mercado por completo. Durante mucho tiempo yo misma creí que había ciertos criterios para ser una feminista “ideal”, pero con el tiempo comprendí que hay muchas formas de ser mujer y ser feminista, y mi forma de serlo es reconocer que el feminismo no es un listado de requisitos, sino una herramienta política para cuestionar incluso vivir con mis propias contradicciones. Todo esto para proponerles la reflexión de que no podemos caer en esa trampa del valor, debemos dejar de hablar de mujeres de “alto” o “bajo” valor y empezar a hablar de mujeres que no necesitamos validación masculina. Porque clasificar es jerarquizar, y toda jerarquía impuesta sobre nuestros cuerpos y conductas es una forma de violencia. Mientras el sistema nos exija y obligue a cumplir con una lista de comportamientos y de expectativas para ser consideradas dignas, el patriarcado nos seguirá teniendo bajo control, como siempre nos ha querido.

Por: Andrés Camacho Colombia se encuentra ubicada en la línea del ecuador, lo que significa que recibe una gran cantidad de radiación solar durante todo el año, incluso en las regiones montañosas. Estos niveles de radiación solar son superiores a la media mundial, y muy superiores en La Guajira y el Caribe. Colombia está bendecida por el sol y tiene todo el potencial para transformar esa riqueza en energía eléctrica. La energía solar se ha convertido en la más barata de la historia de la humanidad. Esto se debe a los grandes avances tecnológicos que han reducido los costos de producción y mantenimiento, pero también a la configuración de una industria solar a nivel global, lo cual ha generado el aumento de la demanda y configurado una economía de escala que hace de la generación de energía eléctrica a través de paneles una opción atractiva, viable y sostenible. Es por ello que países como China, quien lidera la producción de energía solar a nivel mundial, tienen una fuerte iniciativa de energía solar en techos, impulsada especialmente por la inversión gubernamental. Estados Unidos ha logrado un crecimiento significativo en la instalación de sistemas solares en techos impulsado por incentivos fiscales, India se ha enfocado en la expansión de sistemas solares en techos, Alemania ha instalado numerosos sistemas solares con esas características, Australia ha alcanzado una de las mayores capacidades per cápita de energía solar en techos impulsada por una combinación de incentivos y la disminución de costos, y Singapur tiene un programa especial para instalar paneles en los techos de las viviendas. El potencial global de generación solar en techos es enorme. Algunos estudios estiman que los tejados podrían generar 27 petavatios-hora (PWh) anualmente, suficiente para cubrir cerca del 60% de la electricidad que se demanda a nivel mundial. Si a esto le sumamos que más de la mitad del potencial de generación bajo esta modalidad se encuentra en barrios pobres u hogares de bajos ingresos, tenemos la oportunidad perfecta para lograr enfrentar la pobreza energética y hacer la transición energética. Desde que llegamos al gobierno esta fue una idea que se empezó a analizar, pusimos en marcha varios proyectos para probar su viabilidad en el contexto colombiano. Desarrollamos programas como energía solar para economías populares, que ya ha llevado paneles solares a tiendas de barrio en el país u hogares sostenibles en Cali que ya ha instalado más de 300 soluciones fotovoltaicas en barrios pobres de la ciudad. Estos programas han llevado las facturas de energía a cero, ¡sí, señoras y señores, a cero pesos!, todo gracias a la autogeneración que se logra en los techos de estos hogares. Con estos avances, la siguiente fase es masificar estos modelos a la colombiana ¿Qué instrumentos tenemos a la mano?, los subsidios de energía. El artículo 368 de la Constitución establece que la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. Es así como en 1994, mediante la Ley 142, es creado el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos (FSSRI), bajo los principios de solidaridad y redistribución del ingreso, y de suficiencia financiera. El objetivo del FSSRI es recaudar fondos para subsidiar la energía eléctrica a las personas más pobres, específicamente a los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, con el tiempo esto ha creado una serie de distorsiones que es necesario corregir. La metodología que hasta el momento se ha usado para la focalización de estos subsidios es la estratificación socioeconómica, con lo cual se pierden de vista factores como las condiciones reales de ingreso de estos hogares o sus necesidades de consumo de energía. Los recursos necesarios para desarrollar esta política representan casi el 80% del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía. La pregunta que ha surgido, entonces, es, ¿es posible usar estos recursos para instalar paneles solares a través de un programa masivo de techos solares en los hogares más pobres de Colombia? La respuesta es COLOMBIA SOLAR. Al buscar los habilitantes legales para entregar paneles solares como forma de subsidio, identificamos que la ley 1715 de 2014, la primera ley que regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, contiene todo el sustento legal para organizar dicho programa. Esto debido a que faculta al Gobierno Nacional para promover la energía solar como fuente de autogeneración para los estratos 1, 2 y 3, es decir, convertirla en alternativa al subsidio. De hecho, ordena al Gobierno nacional a proceder en consecuencia, y por fin un gobierno, este gobierno comprometido con la transición energética, lo reglamentó. Es por ello que el 28 de febrero de este año publicamos a comentarios el Proyecto de Decreto - “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con el Programa Colombia Solar y se reglamenta la energía solar como fuente de autogeneración para los estratos 1, 2 y 3 como alternativa al subsidio existente para el consumo de energía eléctrica”. Este decreto, una vez revisado y comentado, fue firmado el pasado 30 de mayo por el nuevo ministro de Minas y Energía, dando inicio a la transformación del esquema de subsidios de energía en Colombia, pieza fundamental para la transición energética en nuestro país. Así las cosas, se abren las puertas para consolidar el plan de instalación de techos solares más ambicioso de nuestra historia. Se abre camino la solución de fondo frente a las altas tarifas de energía para convertir cada casa, cada hogar, en un centro de autogeneración de energía. Ha nacido Colombia Solar.

Por: Guillermo Linero Montes En respuesta a las últimas declaraciones del presidente Gustavo Petro, acerca de la emisión de un decreto para validar la consulta popular sin tener en cuenta lo decidido por el senado, muchos se le han ido encima, acusándolo de estar fraguando un golpe de estado; y tienen razón, pues si fuera infundada su decisión de sacar adelante la consulta popular por decreto, el presidente no estaría haciendo nada distinto a lo que los dictadores hacen: deshacer a las otras ramas del poder público, para luego rehacerlas a su antojo y necesidades. Cuando un presidente dictador actúa así, lo hace con una sola motivación: ser más poderoso, No obstante, bien se sabe que ese no es el talante del presidente Petro, y que decretar la consulta popular -el más importante de los mecanismos de participación ciudadana- es un camino legal para impulsar la reforma laboral, máxime si el congreso, teniendo la responsabilidad de pronunciarse aupándola o invalidándola, hizo lo segundo cometiendo vicios en el procedimiento. Los vicios en calidad de errores y defectos, son muy normales; pero, a veces, estos son provocados adrede con intensiones malsanas convirtiéndose en materia de investigación y sanción penal. En todo caso, cuando se trata de entendibles errores y defectos, la ley 5 del 92 prevé en su artículo segundo la corrección formal de los procedimientos, con el fin de subsanarlos y garantizar así, “no sólo la constitucionalidad del proceso de formación de las leyes, sino también los derechos de las mayorías y las minorías y el ordenado adelantamiento de las discusiones y votaciones”. Los vicios procesales, cometidos durante la votación para aprobar o desaprobar la consulta popular, según el gobierno son seis, de los cuales cito acá los tres que el ahora nuevo ministro de justicia, el doctor Eduardo Montealegre, considera suficientes para concluir que el acto de votación de la consulta popular es por completo inexistente. Estos tres vicios, y de ahí la prioridad que les da el nuevo ministro de justicia, aluden por contradictorios a la constitución política nacional que es norma de normas. Primero, señala el ministro, “el presidente del senado no podía cerrar la votación abruptamente cuando algunos parlamentarios tenían la expectativa legítima de entrar a votar y sin embargo el presidente cerró la votación. Ahí hay un vicio de constitucionalidad, porque las decisiones de una autoridad legislativa, o sea de un servidor público, se rigen siempre por un principio de ponderación, y especialmente por un principio de racionalidad en las actuaciones administrativas, judiciales o legislativas, un principio que se deriva de la constitución”. Y valga citar aquí lo expresado en el artículo 3 de la ley 5 del 92: “El Reglamento debe aplicarse en forma tal que toda decisión refleje la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión y consulte, en todo momento, la justicia y el bien común”. Segundo, “la decisión del congreso de cerrar la votación fue impugnada inmediatamente, al momento del cierre de la votación por parte del senador Cepeda, y al advertirse una impugnación el presidente no podía cerrar la votación, sino someter a la plenaria del senado la decisión sobre si aceptaba o no la impugnación”. Y, tercero, “un senador votó por el sí, cuando ya estaba cerrada la votación, y cuando ya esta era inmodificable cambió y votó por el no”. Lo cierto es que, habiéndosele advertido en tiempo real al presidente del senado los vicios cometidos, bien hubiera podido corregirlos y llamar nuevamente a votación; pero, trascurridos ya los 30 días que la ley le otorga para pronunciarse sobre la consulta, y por indicación de esta misma ley, el presidente ha quedado facultado para convocar la consulta popular con un decreto; y a estas alturas, si el senado persiste en evitarla -pues los oponentes al gobierno le temen  desvergonzadamente- solo les queda como fórmula lícita, la aprobación completa de la reforma laboral. Los adversarios del presidente, tal vez desinformados, se preguntan ¿por qué el gobierno, que es la rama ejecutiva del poder público, decide no reconocerle efectos a una decisión del senado, si tal actuación es potestad única de la rama judicial? ¿Acaso esa conducta no es dictatorial? Que el presidente, tras haberse demostrado los vicios cometidos en la votación de la consulta popular, haya decidido desobedecer al Senado y decretar la consulta popular, es una actuación basada legalmente en el llamado “control difuso de constitucionalidad”, que va más allá de la potestad que para tales asuntos parecieran tener exclusivamente los magistrados de la corte constitucional y los del concejo de estado; pero no, el control de constitucionalidad se extiende hasta los jueces -en cuyo caso el presidente, no siendo juez ni magistrado, no tendría derecho a juzgar ni a prejuzgar de prevaricato al senado-, y extendiéndose también a quienes en calidad de servidores públicos con cualquier rango de autoridad -y el presidente cumple con ello- eventualmente pueden dejar de aplicar las leyes, como hizo el presidente al desobedecer al senado, si las considera improcedentes; pero, sólo y sólo sí, cuando estas sean contrarias a la constitución nacional. Sobre el “control difuso de constitucionalidad” la corte constitucional ha precisado en Sentencia C-122/11 que “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución”.

Por: Omar Gutiérrez Lemus. Sociólogo/Politólogo La reciente ofensiva del ELN contra el frente 33 de las disidencias del EMC en El Catatumbo, el pasado 16 de enero, generó una comprensible y legítima ola de rechazo. La brutalidad de los hechos —incluyendo la ejecución de firmantes de paz, el desplazamiento y confinamiento de cientos de civiles y la muerte de un número impreciso de combatientes— fue condenada con razón por la mayoría de la opinión pública. El propio presidente Gustavo Petro acusó al grupo de cometer crímenes de guerra y de actuar al servicio de carteles del narcotráfico. Anterior a estos hechos, en diciembre pasado, en medio de una creciente presión nacional e internacional para reanudar los diálogos de paz y mantener el cese al fuego, el ELN expresó mediante una “Carta Abierta al Gobierno Colombiano” su disposición a reunirse para examinar la crisis del proceso. La delegación gubernamental acogió el llamado, saludando la posibilidad de retomar el diálogo y generar hechos de paz. Naciones Unidas, la Iglesia Católica y diversas organizaciones sociales se sumaron al llamado al diálogo. Cinco meses después, sin embargo, la violencia persiste. Según el Obispo de Tibú, Israel Bravo, los enfrentamientos han continuado, ahora con la ofensiva del frente 33 sobre el ELN. Los combates y el temor han afectado gravemente la vida rural, frenando el desarrollo y paralizando el funcionamiento normal del territorio. La creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), formalizada por la resolución presidencial 161 de mayo, busca establecer un marco claro para la concentración de combatientes del frente 33. Aun así, persisten dudas legítimas sobre la presencia simultánea del ELN en la zona y sobre si se contemplará o no una entrega de armas. Más allá del análisis puntual de estos episodios, me interesa recuperar una idea que ha ido perdiendo fuerza en el debate público: la solución política al conflicto armado . En el enfoque actual del gobierno —que ha abierto múltiples mesas y procesos con distintos grupos— predomina una lógica centrada en la concentración, el desarme y el sometimiento, lo que en la práctica desdibuja la noción de conflicto armado y los acuerdos políticos como vía de superación del mismo. Incluso en el caso del ELN, este objetivo ha quedado relegado. Se corre el riesgo de que la actual estrategia termine acercándose, aunque desde coordenadas distintas, a la tesis sostenida en el pasado por sectores que negaban la existencia de un conflicto armado en Colombia y lo reducían a una amenaza criminal. En defensa de una causa que puede parecer en retroceso, propongo revisar algunos hábitos de pensamiento sobre el ELN  que, más que contribuir a la solución del conflicto, refuerzan estigmas que impiden abordarlo políticamente. Estas ideas, repetidas durante años por gobiernos, medios y algunos analistas, han sedimentado en el imaginario colectivo como verdades indiscutibles, particularmente entre quienes no habitan los territorios más afectados por el conflicto armado. Se dice, por ejemplo, que el ELN es una guerrilla anacrónica que ha sobrevivido más de sesenta años mientras otras organizaciones han sido desmovilizadas. Se sostiene que no tiene voluntad de paz y que participa en diálogos solo para ganar tiempo. Se le presenta como un actor inmerso en guerras por rentas ilegales del narcotráfico y la minería, sin proyecto político claro. Y finalmente, se afirma que insistir en negociaciones con este grupo es una terquedad condenada al fracaso. Estas afirmaciones, convertidas en sentido común, clausuran cualquier discusión sustantiva sobre su carácter o sobre las condiciones para una salida negociada. Es cierto que los recientes acontecimientos en El Catatumbo y la parálisis del proceso pueden alimentar esa visión. Pero es necesario matizar. Hasta enero de 2025, el proceso con el ELN era el que más había avanzado, alcanzando incluso el Acuerdo de México y una agenda inédita para una transformación democrática del país. Lo que siguió fue una suspensión abrupta, cuyos motivos exceden la narrativa del incumplimiento o la perfidia. Frente a estas percepciones dominantes, conviene recordar que el ELN ha reiterado su interés en alcanzar un acuerdo político para poner fin al conflicto armado. Esta decisión ha sido sostenida por sus órganos de dirección, incluyendo el VI Congreso realizado en junio de 2024, en plena vigencia de la mesa. En contraste con lo sucedido en otros procesos, como el fraccionamiento de los Comuneros del Sur  en Nariño, el ELN ha mantenido una estructura cohesionada, con liderazgo centralizado (COCE), estrategia nacional y lealtad interna. Este punto es clave: negociar con una organización que conserva una cadena de mando y un control territorial relativamente unificado puede ofrecer ventajas sustantivas  frente a otros escenarios de fragmentación criminal, donde la paz territorial se vuelve casi inviable. La existencia de un actor con control político y social en ciertos territorios podría facilitar acuerdos que articulen paz con transformaciones estructurales a nivel local. Todo lo anterior no niega ni justifica los actos de violencia cometidos por esta guerrilla. No se trata de desconocer sus contradicciones, ni de idealizar su trayectoria, sino de advertir que cerrar el análisis exclusivamente desde la lógica de la criminalidad puede conducirnos a callejones sin salida . Las urgencias del gobierno no pueden eclipsar la necesidad de persistir en una solución política, incluso en medio de enormes dificultades. Una paz negociada sigue siendo, a pesar de todo, una opción preferible a la prolongación indefinida de la guerra.

Por: Redacción Pares El tiempo corre demasiado rápido. Las fechas, los nombres, se olvidan con una velocidad pasmosa. Pocos jóvenes recuerdan a Pedro Juan Moreno. Acá les vamos a contar quién fue. Sin él, habría sido difícil que Uribe se convirtiera en la figura más importante de la política durante el siglo XX. Fue el hombre que impulsó las Convivir, una figura que había salido en la época en la que era presidente Gaviria, que se aplicó en los años de Samper, pero que, desde la gobernación de Antioquia, de Uribe, se volvió política: las Convivir eran ejércitos privados que les ayudarían a los terratenientes a protegerse de las guerrillas. Muchos pueden atribuirse la invención de un político tan eficaz como Álvaro Uribe. Pero ese crédito solo puede llevárselo Moreno, quien, cuando murió en extrañas circunstancias el 24 de febrero del 2006 mientras iba en un helicóptero cerca al cañón de las Lloronas, estaba pensando incluso en ser senador. En ese momento, adelantaba un proyecto periodístico: una revista llamada La otra verdad . Como ha sucedido con otros exfuncionarios de Uribe, por su carácter volcánico, entró en confrontación con Moreno y este, desde su revista, empezó a señalar y denunciar a funcionarios cercanos a Uribe, quien en ese momento era presidente. La hoja de vida de Moreno estaba hecha para el servicio público: en 1986 fue diputado de Medellín; secretario de gobierno de Uribe en su gobernación en 1994, allí cumplió un papel preponderante en la gobernación: diseñar el plan de seguridad para contener a las guerrillas. Cuando Uribe ganó la presidencia en 2002, Pedro Juan Moreno se frotaba las manos. Daba como un hecho que sería funcionario de ese gobierno. Sería el indicado para estar al frente de la Inteligencia del país. Pero quedó por fuera y al parecer nunca se lo perdonó. Las publicaciones en La otra verdad en el año 2006 eran constantes. Más que publicaciones, eran denuncias directas contra Uribe y su gobierno. El 24 de febrero de 2006, Moreno tomó un helicóptero Bell 2006 de la empresa Helicargo. No estaba solo, se subió a la aeronave su abogada y asesora Ana María Palacios, su hijo mayor Juan Gilberto Moreno, y el capitán Juan Taborda. El helicóptero cayó minutos después del despegue y, según la investigación entregada por aeronáutica civil, se trató de un error del piloto. Pero continuaron las indagaciones y vendría el horror. El 1 de noviembre de 2007, la inspectora aérea de repuestos del aeropuerto Olaya Herrera, Nancy Restrepo, que se encontraba investigando el accidente, apareció muerta con un letrero sobre su cuerpo que decía “Acá no se permitan sapas”. Pero, ¿Qué decía el mensaje que estaba dirigido a alguien conocido como Rebecca? Acá está de manera completo qué provocó la muerte de la funcionaria: Te escribo volando porque sigo nerviosa porque parece que se dieron cuenta que los estaba oyendo. Ese senor berna volvio a llamar desede la carcel. Llama seguido y tiene sus guardspaldas con el, viven alla con esa gente adentro de itagui. Y como te dije ayer se pusieron muy peliparados conmigo porque los oi hablar de ese señor Pedro Juan Moreno que te dije que se le cayo el helicopetero porque aqui les quitaron el repuesto y no se si el presi uribe dio la orden pero si sabia y don berna tambien”.   “Aca se roban todo, los repuestos lde las avionetas y helicopteros se los quitan y los venden sin importarles que se caigan con gente adentro, el vendedor de seguros tiene todo arreglado y les pagan. Me da miedo contarlo a la poiciia y militares porque ellos vienen aca por comision por cruces de los respuestos que les roban a los mismos aviones y heli de ellos”. “Aca esta la gente de la oficina de envigado (la fachada de la estructura narcoparamilitar de la mafia, nota del redactor) apoderada de todo el oalya herrera o sea lo que maneja don berna y como estan con guerra con el tal macaco se cuidan mucho de hablar defrente a los empleados. Pero me toca oir y como me tapo las orejas?”. “Hace dos dias se llevaron los cuerpos de esas muchachas a enterrarlos a envigado en donde tienen su propio cementerio privado de la catedral. Eso alla es como campos de paz pero la gente cree que es para orar y no, alla los entierran. Ya estan matando los transportadores y porque no les venden los negocios. Y ese alacalde callado y haciendose el loco. Esto esta horrible.” “No resulta por alla trabajo? Yo estuve preguntando en otras partes pero ya uno tan vieja nada. Pero cualquier cosa es carino y me voy porque me voy. No aguanto esta tension se me esta cayendo hasta el pelo de los nervios. Yo no he dicho nada en la casa ni nada ni nadie sabe. Si puedo escribo manana. (sic) Hasta luego. Nancy”. Las muertes no pararon acá. Otra empleada que estaba en la investigación del siniestro, Diana Christina Urrego, fue torturada y asesinada dentro del aeropuerto. Don Berna, muchos años después, le contó a María McFarland, autora del libro Aquí no hay muertos , su intervención en estos hechos y también apuntó contra Uribe en la participación en este crimen. Lo mismo hizo años después Mancuso. ¿Algún día sabremos la verdad sobre la muerte de Pedro Juan Moreno?

Por: Redacción Pares En febrero de 2024 lo conocimos. Se llamaba Pipe Tuluá y su detención generó el caos en el municipio que lleva su nombre. Carros incendiados, agentes de tránsito asesinados y amenazados. Desde ese día se lo llevaron a Bogotá, a la cárcel de La Picota, y, desde entonces, se ha generado incomodidad con su presencia en ese lugar. Era el jefe de una banda llamada La Inmaculada. Andrés Felipe Marín Silva, el verdadero nombre detrás del alias, era un peligro constante para una cárcel que, como La Modelo, ha tenido que resistir presiones y amenazas dentro de sus muros. En las últimas horas se supo de un plan que tenía su banda para sacarlo, de manera cinematográfica, del penal. Las noticias señalan que La Inmaculada perdió 800 millones de pesos en la fuga que nunca se concretó. Esta plata había sido recogida por la banda a punta de extorsiones a comerciantes del Valle del Cauca. Con ellos, iban a pagar supuestamente sobornos a autoridades de La Picota. Pero, después de tener esta información, el Inpec se movió rápido y sacó a Pipe Tuluá del penal, llevándolo a un lugar de detención en la localidad de Los Mártires en Bogotá. Se trataría de una conspiración parecida a la que llevó a la fuga a Juan Larison Castro Estupiñán, mejor conocido como “Matamba”, en el año 2022. Inmediatamente se frustró el plan de fuga, La Inmaculada se manifestó haciendo lo que mejor saben hacer: caos absoluto. Se quemaron carros en Tuluá, lo que obligó al alcalde de este municipio, Gustavo Vélez, a decretar un toque de queda desde las seis de la tarde del pasado 4 de mayo, para evitar que se convirtiera todo en un pequeño infierno, como ocurrió el 10 de febrero de 2024. Pipe Tuluá es requerido por las autoridades norteamericanas por actividades que tienen que ver con el narcotráfico. La Inmaculada no solo maneja rutas de tráfico del alcaloide en el Valle del Cauca, sino que también son los dueños y señores de la extorsión en esa ciudad. El operativo que se llevó a cabo a las seis de la mañana del pasado 4 de mayo en La Picota para sacarlo del penal, incluyó un despliegue considerable de agentes del Inpec e incluso el aterrizaje de un helicóptero, que al final fue el que se llevó al que era, hasta esta semana, el criminal más peligroso preso en La Picota.

Por: Redacción Pares De la peor manera terminó la amistad entre Trump y Elon Musk. Mientras uno lleva, el otro trae. Días atrás, el magnate de Tesla afirmó sentirse profundamente decepcionado del actual gobierno norteamericano. Cabe recordar que el dueño de Space le donó a la campaña republicana 300 millones de dólares.  Con el paso de los días, la discusión ha estado cada vez más caldeada. Musk ha afirmado, sin sonrojarse: “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones”. Además, ha calificado la ley de recolección de impuestos del presidente como una “abominación”. El huésped de la Casa Blanca, a diferencia de otras confrontaciones, ha intentado bajarle la temperatura a la que sostiene con su examigo sudafricano y ha dicho: “Mira, Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguiremos teniendo. Me sorprendió”. Pero en las últimas horas, ha sido el propio Musk quien ha decidido enfrentarse con todo contra el presidente y afirmó que Trump está en la lista de Epstein y, por eso, ha decidido no revelar los archivos del magnate quien ha sido objeto de escándalos derivados de la pedofilia. A través de su red social X, Musk dijo este jueves: “Es hora de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”. El fallecido empresario formaba parte de una red de tráfico de menores conocida como “Lolita express”. Esta no es la primera vez que Trump ha sido asociado al nombre de Epstein. En 2020, Anonymous publicó un documento de 91 páginas llamado El pequeño libro de Jeffrey Epstein, en donde aparecía Trump en la lista de personalidades asociadas a esta red. A finales de mayo, Musk renunció a su cargo en DOGE, la agencia gubernamental encargada de recortar gastos estatales. El dueño de Tesla fue objeto de duras críticas por los despidos masivos y esto se derivó en una caída de las acciones de la empresa. Aunque se despidieron en buenos términos, con el paso de los días ambos magnates han decidido, fieles a sus estilos, ventilar diferencias que ya habían existido en el pasado y que se habían apagado solo por una causa en común: regresar con todo a la Casa Blanca.

Por: Redacción Pares En la mañana de este 5 de junio se empezó a rumorar que Eduardo Montealegre será el nuevo ministro de Justicia de Gustavo Petro. En entrevista con La W Radio confirmó que los ruidos eran ciertos.  Esto podría ser lo peor que le pasaría a Álvaro Uribe. Las disputas entre los dos datan de hace veinte años, cuando Montealegre, siendo magistrado de la Corte, le tumbó el estatuto antiterrorista a Uribe. Desde ahí empezó una inquina que no desaparece con los años y que lo tiene, en el juicio que se le sigue al expresidente, como una de sus víctimas. Nacido en Ibagué, hijo de un abogado sin título, desde el colegio se ha definido como un “contestatario”. Su papá, en vez de hablarle de grandes hazañas deportivas, le contaba los pugilatos verbales que sostenían dos grandes penalistas de la primera mitad del siglo XX en Colombia, Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Lozano y Lozano. En 2004 salió de la Corte y se ocupó de su oficina. Pero, con Juan Manuel Santos, regresó pisando duro. Fue una molestia para los uribistas cuando defendió, desde su cargo, el de fiscal general de la nación, el proceso de paz con las FARC. Además, fue quien puso tras las rejas al hacker Andrés Sepúlveda, por estar, supuestamente, apoyando a la campaña del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Su paso por la Fiscalía no estuvo exento de polémicas, nada más recordar la que protagonizó por el caso Natalia Springer, pero, desde ese momento, se mantuvo firme en su posición contraria a la de Álvaro Uribe Vélez. El 25 de agosto de 2020, junto con quien fue su segundo en la Fiscalía, Jorge Perdomo, radicó en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra el expresidente por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja. Noventa y tres páginas tiene esa denuncia que arranca, además, de la peor manera para los intereses del líder del Centro Democrático: “Por los delitos de lesa humanidad cometidos en las poblaciones de El Aro y La Granja: homicidio en persona protegida; lesiones en persona protegida; actos de terrorismo; desaparición forzada; tortura agravada; desplazamiento forzado agravado, tipificados en la legislación vigente en la época de comisión de los hechos”. Mientras Uribe fue gobernador de Antioquia no escuchó las advertencias del líder social Jesús María Valle, quien resultó siendo asesinado. Avisó con suficiente tiempo que los paramilitares iban a hacer masacres en La Granja y El Aro. Pero Uribe no movió un dedo. Esto ocurrió en 1997. En la demanda, Montealegre y Perdomo afirman lo siguiente: ”cuando un servidor público incumple con sus deberes de protección a la población civil, debe responder penalmente, como autor [en este caso], por los hechos de los paramilitares. Esta estructura de imputación le es aplicable a Álvaro Uribe Vélez”. En noviembre de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá notificó una decisión en segunda instancia que reconoce a Montealegre y Perdomo como víctimas dentro del proceso penal que cursa contra el expresidente de la república Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Montealegre, además, opinó esta semana sobre el último escándalo que se ha desatado en el juicio que se le sigue al expresidente, el de preparación indebida de testigos refiriéndose concretamente a la “libreteada” que le hicieron al papá de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en este caso, y quien fuera trabajador de la hacienda Las Guacharacas. El testigo aparece desmintiendo a su hijo y apoyando directamente al expresidente. Sobre esto, el que será el nuevo ministro de Justicia dijo a La W Radio: “Es un delito. Lo que sucedió es un acto grotesco, con estos testigos que presentó la defensa de Álvaro Uribe, fueron libreteados. Es un delito de falso testimonio y una clara obstrucción a la administración de justicia”. La posesión de quien será el nuevo ministro de Justicia, se llevará a cabo el próximo miércoles. Aún no se sabe qué tanto intervendrá Montealegre en un juicio que debe emitir un fallo preliminar en julio y que prescribirá el próximo 7 de octubre.

Por: Daniela Bernier Pacheco Fuente: imagen tomada de EL COLOMBIANO. El Decreto 0572 de 2025 ha generado preocupación en el sector minero del país debido a las modificaciones que realiza en materia de retención en la fuente. Este Decreto fue expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con miras a ajustar las reglas de la retención en la fuente con cuatro objetivos principales: Combatir la evasión tributaria en sectores con alta informalidad o evasión sistemática. Mejorar la equidad y la neutralidad tributaria, buscando equilibrar las condiciones entre las empresas que realizan actividades similares. Disminuir la brecha entre el impuesto que se debe cancelar y la suma que se retiene. Reducir el impacto de la liquidación del anticipo en las declaraciones de renta que se presentarán el próximo año.   De acuerdo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),  este nuevo esquema realiza incrementos a las actividades que han tenido retenciones en la fuente inferiores a su impuesto a cargo agregado.  Con este Decreto,  el Estado podría recaudar alrededor de $7 billones de pesos adicionales en el presente año y financiar programas sociales y proyectos de sostenibilidad, educación y salud.   Este Decreto impacta a 275 actividades económicas,  como lo son la explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, entre otros. ¿Por qué hay preocupación en el sector minero?   La Asociación Colombiana de Minería señaló que este Decreto establece un incremento en las tarifas de autorretención en la fuente de hasta 4,5% de las múltiples actividades económicas, dentro de las que se encuentran dos sectores estratégicos para Colombia,  como lo son el oro y el carbón.   En el sector del oro, la medida genera nuevas barreras a la formalización de pequeños y medianos productores y,  en cuanto al carbón térmico, debido a la caída de precio internacional del 11% frente al año 2024 y el alza en los costos operativos como mano de obra, energía y transporte, ha generado que muchas empresas proyecten pérdidas a cierre del año,  pues ya se venía con un margen financiero deteriorado.   Juan Camilo Nariño,  presidente de la ACM,  expresó: “ Nos sorprende que se adopten medidas de esta magnitud sin un análisis técnico riguroso del contexto actual de las industrias afectadas. Esta decisión no solo golpea la competitividad del sector minero, sino que amenaza con debilitar el tejido empresarial nacional en un momento económico complejo para el país”.   Es evidente entonces que el Gobierno nacional busca fortalecer el sistema tributario nacional y cerrar  las brechas de evasión fiscal que afectan el equilibrio económico. Sin embargo, las implicaciones de esta medida sobre sectores estratégicos, como el minero, no pueden ser ignoradas. El aumento de las tarifas de autorretención ha generado una reacción crítica en la industria, pues sectores mineros, de transporte y construcción, ya enfrentaban condiciones adversas en razón de  la caída de precios internacionales y el aumento en los costos operativos.   La Asociación Colombiana de Minería expresó su preocupación por la falta de un análisis técnico riguroso que contemple las realidades particulares de cada sector. Con esta situación se abre un debate necesario acerca de cómo se están  tomando las decisiones fiscales en el país y la necesidad de construir políticas en las que se dé un equilibrio entre el recaudo estatal y la sostenibilidad del aparato productivo nacional.   Si bien se buscan financiar programas sociales y avanzar en educación, salud y sostenibilidad, hay un riesgo latente, como lo es debilitar aún más a sectores como la minería, quienes contribuyen al empleo del país, por lo que se debe evaluar con mayor profundidad estas medidas adoptadas, porque puede generar incluso impactos significativos en la inversión extranjera. Es indispensable  en este momento  de coyuntura que en los diferentes sectores se abran  espacios de diálogo técnico y político que contribuyan a la armonización de los intereses fiscales del Estado y las capacidades reales de los sectores productivos. Así entonces será posible avanzar hacia un modelo económico justo, sostenible y equilibrado para el país.   Referencias:  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (2025). ABC Decreto 0572 de 2025 . https://www.dian.gov.co/normatividad/Documents/ABC-Decreto-0572-2025.pdf   Alguero, M. O. (2025, mayo 30). Estos son los sectores que pagarán más el anticipo de retención en la fuente en 2025 . El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/negocios/quienes-deben-pagar-mas-retencion-fuente-2025-sectores-afectados-gobierno-GF27559935   Asociación Colombiana de Minería. (2025, mayo 29). La ACM expresa preocupación por el impacto del Decreto 0572 de 2025 sobre los sectores productivos del país . https://acmineria.com.co/blog/comunicado-acm-decreto-0572-2025/