Por: Redacción Pares Semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2023 Se van a cumplir dos meses del inicio del cese bilateral al fuego entre el Gobierno Colombiano y el ELN, y todo indica que está funcionando, así lo evidencia un informe presentado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) que muestra cifras de cero de ataques y muertos en confrontaciones armadas entre estas dos partes. No se puede decir lo mismo de las confrontaciones del ELN con otros irregulares, las cuales se mantienen en varias regiones del país. Esta semana se dio una situación muy delicada que debe ser motivo de análisis y pronunciamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación: el Estado Mayor Central de las Disidencias de la FARC (EMC-FARC-EP), en Arauca, entregó unos combatientes del ELN que habían sido capturados en las semanas anteriores entre Tame y Cravo Norte. Fueron entregados a una misión humanitaria en la que estaban el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. En el trayecto entre Saravena-Arauca, la caravana fue detenida por personas de civil, armadas, que hicieron bajar a los militantes del ELN y se los llevaron. Todo parece apuntar a que es una acción del Frente de Guerra Oriental del ELN. Estos hechos fueron denunciados por el CICR, el Alto Comisionado de Paz y otras entidades. Hay versiones que apuntan a que estos hechos son una abierta violación al Derecho Internacional Humanitario y una afectación a la misión humanitaria y también hay otras valoraciones en sentido contrario, de ahí la importancia del pronunciamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Siguen las actividades de promoción de la participación y se está a la espera de la programación de los quince encuentros temáticos y los nueve encuentros regionales que deben transcurrir entre octubre y noviembre para recibir los insumos con los cuales el Comité Nacional de Participación, construya el Plan Nacional de Participación, que debe iniciar en febrero del 2024. 1. Reporte del conflicto con el ELN – Mejora el cumplimiento del cese al fuego en su segundo mes: https://www.blog.cerac.org.co/reporte-del-conflicto-con-el-eln-34 Reporte del CERAC afirma que acciones ofensivas del ELN han disminuido: https://www.bluradio.com/nacion/en-septiembre-el-numero-de-acciones-ofensivas-atribuidas-al-eln-bajo-significativamente-c-rg10 3. Sesión del Consejo Departamental de Paz del Valle del Cauca: https://news.eseuro.com/local/2312557.html 4. “Estamos contribuyendo para que nuestro país viva una verdadera paz”: gobernadora del Valle: https://www.soydebuenaventura.com/articulos/estamos-contribuyendo-para-que-nuestro-pais-viva-una-verdadera-paz-gobernadora-del-valle 5. Unicauca generando espacios de construcción de paz en Santander de Quilichao: https://radio1040am.com/2023/09/30/unicauca-generando-espacios-de-construccion-de-paz-en-santander-de-quilichao/ 6. Las propuestas de niños, niñas y adolescentes llegarán a la mesa de diálogos con ELN: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-el-eln-ninos-ninas-y-adolescentes-participan-en-proceso-de-paz-gobierno-petro/ 7. El ELN intercepta misión humanitaria en Arauca: https://www.youtube.com/shorts/rfKjjxf4N5A 8. El cese al fuego bilateral y los diálogos de paz con el ELN: https://viva.org.co/cajavirtual/svc0844/articulo04.html?s=09 9. Paz Total a revisión - Columna de Rafael Pardo: https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/paz-total-a-revision-GF22502422 Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Lizbeth Guerrero Cuan Analista política con perspectiva de género La "Marcha por la Vida", convocada por el Gobierno Nacional y llevada a cabo el pasado miércoles, reafirma la estrategia de Gustavo Petro de buscar apoyo popular en las calles. En medio de la desaprobación a su gestión, 61% para el mes de agosto, y en un ambiente político que le dificulta consolidar mayorías en el legislativo, estas manifestaciones se convierten en el espacio en el que Petro intenta mostrar que su situación es menos desalentadora de lo que parece. Además, en este escenario le es posible enfatizar una idea que repite constantemente en sus discursos: que las reformas impulsadas por el Gobierno cuentan con el respaldo de la ciudadanía “de a pie”, mientras que aquellos que se oponen a ellas van en contra de la voluntad popular. Al cierre de la jornada el presidente hizo su alocución ante una importante asistencia que incluyó no solo a organizaciones sociales, jóvenes, indígenas, sino también a políticos del Pacto Histórico y exministros. Puso en el centro de su discurso la vida humana y la vida de la naturaleza, destacando su anhelo de que al final de su gobierno, las personas puedan sentir que viven mejor que antes. Para lograr este propósito el presidente se enfoca en la necesidad de hacer un cambio, el cambio por el que votaron 11 millones de colombianos, y que se materializa, de acuerdo con su discurso, en las reformas que ha propuesto y que constituyen el núcleo de su gobierno. Durante los cuarenta minutos que habló, trató temas como la jornada laboral, los servicios públicos, la salud y la educación. Asimismo, hizo un llamado a un gran Acuerdo Nacional, esta vez enfocándose en tres puntos concretos para dicho acuerdo: la verdad, insistiendo en que toda la verdad oculta debe salir a la luz para que toda la sociedad colombiana comprenda su país; las tierras, con la propuesta de hacer que la tierra productiva efectivamente produzca alimentos y convertir a Colombia en una potencia alimentaria impulsando una reforma agraria; y la educación, abogando por una educación integral en todos los niveles para toda la sociedad colombiana. A pesar de que uno puede asentir ante muchas de las frases de Petro e incluso emocionarse al escucharlas, siempre aparece una enorme duda sobre las posibilidades reales de materializar estos cambios. Duda que se intensifica a medida que pasa el tiempo, ya que cada día que transcurre es uno menos de su gobierno. Esto descontando que también nos enfrentamos a la incertidumbre que proviene de no conocer con certeza cuál sería el resultado final si decidimos poner en marcha todas estas transformaciones a la vez. Hasta el día de hoy parece razonable afirmar que una agenda de reformas tan amplia y un Acuerdo Nacional de tal magnitud requieren ciertos elementos que el Gobierno no ha demostrado tener. En primer lugar, necesita apoyo político no solo en las calles, sino también en el legislativo. A pesar de las declaraciones de Petro acerca de que su estrategia es movilizar, sin el respaldo del Congreso y sin un liderazgo sólido en su bancada, el camino hacia las transformaciones se ve plagado de obstáculos. En segundo lugar, se necesita un equipo de gobierno sólido, competente y estable que brinde la capacidad de implementación necesaria. Al menos dos eventos evidencian la falta de esto: los frecuentes cambios de gabinete que ha experimentado el gobierno Petro en el año que lleva en el cargo y los problemas de ejecución presupuestaria. Hasta agosto de este año, apenas se había ejecutado el 11,11% del presupuesto. En tercer lugar, se requiere legitimidad que no solo se manifieste en las calles a través del respaldo incondicional a todas las acciones del Gobierno, sino que también se traduzca en la reconquista de quienes originalmente apoyaron su proyecto pero que, ante la ausencia de resultados, se han alejado de su propuesta política. Petro ha escogido un camino para estas transformaciones: todos los temas a la vez, todo en este Gobierno y siempre la movilización social como estrategia. Un camino al que es fácil calificar de caudillista. Una ruta ambiciosa que hasta el momento deja ver pocos resultados. Sin embargo, al concluir su discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente señaló dos elementos que bien podrían ayudarlo a mirar otra ruta. Por un lado, dijo que las negociaciones de paz con el ELN están alcanzando un nivel que nunca antes se había logrado en la historia. Están llegando a un punto de no retorno, manifestó. En segundo lugar, expresó explícitamente que no tiene la intención de permanecer en el Palacio de Nariño, un lugar que describió como frío, helado y feo. En cambio, dijo, espera que a su gobierno le suceda otro gobierno progresista. Quizás una fórmula adecuada sería reemplazar la estrategia de abordar todo de manera simultánea en este gobierno. En lugar de intentar impulsar todas las reformas a la vez, podría concentrarse en lograr un acuerdo histórico con el ELN y avanzar en alguna de las reformas que están sobre la mesa. Además, en lugar de centrarse en que todo ocurra bajo el liderazgo exclusivo de Gustavo Petro, podría comprender que los cambios pueden ser más sostenibles en el contexto de un proyecto político a más largo plazo y que la sociedad colombiana necesita más que un solo gobierno para comprender la necesidad de estas transformaciones significativas y sumarse a ellas. Quizás el cambio más significativo que puede dejar este gobierno es allanar el camino, abrir una senda para la consolidación de un proyecto político progresista en el que no solo esté la voz de Gustavo Petro, más colectivo y menos caudillista, en el que por supuesto la paz, la equidad y la inclusión estén en el centro. De esta manera, puede abrirse la posibilidad de que, transcurrido el tiempo, haber tenido un gobierno de izquierda no quede solo como una anécdota en nuestra historia. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Ecoologic El pasado 19 y 20 de septiembre se llevó a cabo la II Convención Internacional de Emergencia Climática 2023 en la ciudad de Bogotá. Este encuentro congregó a más de mil personas en la Cámara de Comercio, en el que su objetivo principal fue promover el intercambio de conocimientos, reflexiones e inspiración para abordar de manera efectiva la crisis climática que enfrenta nuestro planeta. (Ver: Bogotá se prepara para la Convención Internacional de Emergencia Climática 2023) La II Convención Internacional de Emergencia Climática reunió a un amplio espectro de expertos y líderes nacionales e internacionales de diversas organizaciones, entidades gubernamentales y ONGs. A lo largo de dos jornadas llenas de emoción, se exploraron temas clave para la gestión climática, incluyendo género y clima, calidad del aire, movilidad sostenible, finanzas climáticas, biodiversidad, economía circular y desarrollo urbano resiliente. Una de las ponentes fue Bina Venkataraman, asesora para la innovación en el cambio climático en el Gobierno de Barack Obama. Su mensaje resonó profundamente entre los asistentes, instándolos a mantener el optimismo y a encontrar nuevas formas de aprovechar las oportunidades que la naturaleza nos ofrece para la restauración ambiental. El evento contó con la participación de expertos de renombre internacional, como Ferruccio Santetti, director regional en América Latina y el Caribe del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI); Andrea Bizberg, asesora técnica en calidad del aire en C40 Cities; IIan Cuperstein, director regional de C40 para América Latina; Natalia Lever, directora para América Latina de The Climate Reality Project; y Cristina Argudo, subdirectora regional de C40 para América Latina, entre otros. Alejandra Cifuentes, directora de involucramiento y gobernanza climática de Camino Hacia Carbono Neutral, compartió sus reflexiones sobre este evento. Más de 60 invitados, tanto nacionales como internacionales, se unieron para participar en diálogos climáticos, talleres, conversatorios y paneles de discusión centrados en cuestiones cruciales para la agenda climática de nuestro país. Entre estos temas, Cifuentes mencionó que se abordó el futuro de la emergencia climática, dado que el departamento de Antioquia y la Ciudad de Bogotá han declarado estados de emergencia climática, definiendo las acciones estratégicas necesarias para avanzar hacia un territorio resiliente y carbono neutral. Además, se profundizó en otros temas esenciales para lograr este objetivo, como el desarrollo urbano resiliente, las finanzas climáticas, la biodiversidad y los ecosistemas, y cómo estas estrategias de conservación desempeñan un papel fundamental en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. También se exploraron temas como el crecimiento verde, la economía circular, los empleos verdes, la movilidad sostenible, la calidad del aire y la gobernanza de la emergencia climática. Un aspecto crítico, especialmente en el contexto de Colombia y otros países latinoamericanos y caribeños, es la equidad de género y su integración en las acciones climáticas. En este espacio se profundizó en este tema, destacando la importancia del enfoque de interseccionalidad para distribuir de manera justa tanto los beneficios como las responsabilidades del cambio climático entre hombres y mujeres, permitiendo que ambos géneros accedan a oportunidades en la acción climática y mitiguen los efectos de la crisis. Además, se resaltó la relevancia del panel de gobernanza climática, en el cual Natalia Leber, directora de Climate Reality América Latina, analizó los compromisos de las grandes industrias frente a la crisis climática y se señaló un tema controvertido relacionado con la presidencia de la COP28, que recae en uno de los presidentes de la mayor empresa de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, lo que plantea un conflicto de intereses. Durante estos dos días de encuentro realizaron un llamado a la acción y al compromiso del sector privado para acelerar la acción climática. Simultáneamente, se llevó a cabo la Academia Cero Emisiones, un espacio liderado por C40 Cities y la Alcaldía Mayor de Bogotá, destinado a visibilizar las acciones y estrategias de las áreas de cero emisiones en la región. Durante la convención, se anunciaron estrategias clave implementadas por el Distrito y el departamento de Antioquia, que se convertirán en legados para futuras administraciones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó la importancia de su mandato al tiempo que celebraba la concreción del Plan de Acción Climática, el Plan de Movilidad Sostenible y el Plan de Ordenamiento Territorial, proyectos que están alineados y que sirven como inspiración para otras ciudades de Colombia y el mundo. Por su parte, Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, señaló que la Política de Acción Climática del Distrito, ahora política oficial, guiará la transición energética de la ciudad hacia la neutralidad de carbono en 2050 y la resiliencia ante el cambio climático. En Antioquia, el compromiso con la acción climática también es evidente, siendo el primer departamento en declarar la emergencia climática en el país. Se trabaja en la reducción de emisiones y en la gestión de la emergencia climática como modelo de referencia. En el marco de la convención, se anunciaron logros significativos, como la reducción de los gases de efecto invernadero en Bogotá en casi un 20% desde 2017 hasta 2022, el respaldo al referendo por los animales para prohibir las corridas de toros y la creación de las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA). Según Alejandra Cifuentes, otro tema de suma importancia que se abordó fue el financiamiento climático, una cuestión crítica en Colombia, que enfrenta una brecha de más de 2 billones de pesos en este ámbito. Cifuentes explicó que la falta de recursos financieros es un obstáculo para que las comunidades y los territorios puedan llevar a cabo proyectos de la envergadura necesaria para alcanzar las metas nacionales en materia climática. En este contexto, se llevó a cabo un taller sobre financiamiento combinado, en el que participaron proyectos en sus etapas iniciales de formulación y emergieron con un sólido modelo de financiamiento climático. Durante este taller, se identificó cómo estos proyectos se alineaban con los objetivos de desarrollo sostenible y contribuían a las metas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, en el contexto de la Contribución Nacionalmente Determinada de Colombia. Esta contribución busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030, y cuenta con 32 medidas de mitigación y 30 medidas de adaptación. Además, se analizó cómo estos proyectos se ajustaban al actual Plan Nacional de Desarrollo y cómo contribuían a aspectos estratégicos, como las comunidades energéticas, la transición justa y el crecimiento económico e industrial a través de la innovación y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al finalizar el taller, los participantes recibieron un manual y una hoja de ruta que pueden aplicar en la ejecución de proyectos de descarbonización. También se exploró cómo comunicar de manera efectiva la crisis climática a través del arte, y para ello se contó con la participación de artistas que utilizaron diversas formas de expresión, incluyendo la música, el diseño y la ilustración, para transmitir de manera impactante el mensaje sobre la urgencia de abordar esta crisis climática. Es por esto que la cultura y el arte desempeñaron un papel fundamental para enriquecer el evento. Actuaciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idiprón), la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá y Latin Latas inspiraron a los participantes y enfatizaron la importancia de la acción climática. Además, se llevó a cabo una muestra comercial que destacó negocios verdes e iniciativas sostenibles, promoviendo productos con impacto positivo en el medio ambiente. Alejandra Cifuentes destacó la importancia de los espacios de participación de la sociedad civil en el evento. Se mencionó la veeduría del acuerdo distrital, específicamente el acuerdo 790 que declara la emergencia climática. En estos talleres se abordó un tema de gran relevancia que será discutido en la COP28: las pérdidas y los daños. Se discutió cómo avanzar hacia la creación de un fondo de pérdidas y daños, en preparación para la delegación colombiana que asistirá a la conferencia de las partes en Dubái este 2023. Además, durante este vento se compartieron experiencias territoriales sobre el avance hacia zonas de bajas y cero emisiones, una iniciativa promovida por C40 que insta a las ciudades a reducir sus emisiones, especialmente en el sector del transporte, y a establecer zonas en las ciudades donde se reduzcan significativamente estas emisiones. Este desafío implica una planificación territorial integral, una revisión del ordenamiento territorial, inversiones en infraestructura para el transporte y la movilidad sostenible, así como la formulación de políticas y regulaciones ambientales más estrictas, incluyendo la definición de límites máximos permisibles para la reducción de contaminantes climáticos de vida corta, como el material particulado, un tema que se abordó y que reviste gran importancia. Alejandra Cifuentes mencionó que se espera que continúen surgiendo espacios como estos, ya que tanto el Gobierno central como las autoridades locales, como la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bogotá, invitan a la ciudadanía y a aliados estratégicos a participar activamente en ellos. Estos espacios permiten la conexión, la formación de alianzas estratégicas y el intercambio de conocimientos sobre nuevas tecnologías, iniciativas y procesos de gobernanza en curso en los territorios para hacer frente a la crisis climática. Este evento fue posible gracias a la colaboración de numerosos aliados, incluyendo el Fondo Acción, Camino Hacia Carbono Neutral, C40 Cities, Global Green Growth Institute (GGGI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La II Convención Internacional de Emergencia Climática concluyó con éxito, dejando un legado de aprendizaje, reflexión y optimismo. Ahora, la invitación es a trabajar juntos, proponer acciones concretas para enfrentar este desafío y mantener una expectativa positiva sobre el futuro, con la naturaleza como aliada para la prosperidad de todos y todas.

Por: La Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Infobae y Caracol Radio Desde hace varios meses, La Fundación Paz y Reconciliación, (Pares), ha seguido de cerca las aspiraciones de llegar a la Alcaldía de Maicao, de Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro. El 11 de julio de 2023, entre bombos y caravanas, precipitando lo que sería su campaña, Samuel Santander Lopesierra hizo oficial su candidatura presentando 63.825 firmas ante la Registraduría General de la Nación, por el movimiento significativo ciudadano “Movimiento Alternativo Independiente”. La Registraduría Nacional hizo válidas 28,377 firmas de las 63.825 que presentó Lopesierra, dejando así el mínimo de firmas necesarias para dejar en pie sus pretensiones, sin embargo, actualmente su candidatura ha sido revocada debido a su excéntrico y problemático pasado. Fuente: Imágenes tomadas de la Fundación Paz y Reconciliación y El Colombiano ¿Quién es el Samuel Santander Lopesierra? Lopesierra nació en Maicao, es economista de South Illinois University, fue concejal de Maicao, y representante a la Cámara en el periodo de 1998 a 2002 por el Partido Liberal. Según Semana, fue considerado el Zar del contrabando en la década de los 90, puesto que logró posicionar su bodega “San José” en el municipio de Maicao en uno de los centros de distribución más grande de mercancía ilegal en todo el país, asimismo, fue acusado presuntamente por abastecer más de 50 centros de mercado, los llamados “sanandresitos” de dicha mercancía, sin pagar impuestos. Fue extraditado en 2003 bajo el gobierno de Álvaro Uribe y acabó su condena el 16 de agosto de 2021. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “fue culpable por introducir cargamentos de cientos de kilos de cocaína en Estados Unidos”. Desarrolló un millonario negocio de venta al por mayor de cigarrillos y licores, según Cambio. Las autoridades estiman que alcanzó a ingresar semanalmente al país 200.000 pacas de cigarrillos y 400.000 cajas de whisky, todo era producto de contrabando. Además, participó en operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. Por otro lado, Caracol Radio, aseguró que la vinculación de Lopesierra con el proceso 8.000 mediante la revelación de unas conversaciones entre Elizabeth Montoya y Ernesto Samper donde esta prometía presentarles a personajes importantes del engranaje de La Guajira y que le realizarán un gran aporte. Elizabeth Montoya, alias “la monita retrechera” fue una empresaria que presuntamente habría gestionado una donación de medio millón de dólares a la campaña presidencial de Ernesto Samper, producto de la mafia. Otro de los cuestionamientos que tiene encima Samuel Lopesierra, según el medio Verdad Abierta, es la presunta relación con el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien afirmó en su libro que el guajiro fue un colaborador de los ‘paras’, ya que reunió a varios empresarios guajiros con él y con Mancuso en 1997. En el libro Se creían Intocables (Planeta 2021) de Óscar Naranjo, se cita que el 4 de mayo de 1997 Lopesierra se presentó en la cárcel de Barrancas, La Guajira, para abogar por la libertad de dos hombres que hasta entonces no eran muy conocidos en la región: Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo. Según el testimonio de Naranjo, Lopesierra los necesitaba libres a ambos porque tenía pendiente una reunión con ellos en Riohacha para acordar los términos de un acuerdo que les abriría a los paramilitares las puertas del departamento. En su visita a la cárcel, el ‘Hombre Marlboro’ habría sido acompañado por Juan Francisco Gómez, alias ‘Kiko Gómez’, condenado a 55 años de cárcel por homicidio y sindicado por parapolítica, Gómez llegó dos veces a la Alcaldía de Barrancas y luego a la Gobernación de La Guajira. Su regreso a Colombia después de cumplir su condena se dio en el año 2021 y desde entonces, su nombre se ha hecho sonar, inicialmente, en el marco de las elecciones presidenciales de 2022, Lopesierra fue mencionado en el escándalo que enfrenta Nicolas Petro, por presuntamente entregar entre 500 y 600 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro. Desde sus primeros anuncios de querer llegar a la Alcaldía de Maicao, hasta la inscripción de su candidatura ante la Registraduría Nacional. La Fundación Paz y Reconciliación, hizo las primeras advertencias, sobre la inhabilidad que recaía sobre Lopesierra. En una entrevista con la W, el coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, Esteban Salazar, expuso que Lopesierra estaría inhabilitado según “el artículo 122 de la Constitución de Colombia establece que aquellas personas que se quieren candidatizar para cargo de elección popular, que hayan tenido condenas incluso por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, no podrán ni siquiera candidatizarse a cargos de elección popular”. Por otro lado, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, ratificó las mismas razones por las que puede caerse la candidatura del ex narcotraficante, refiriéndose al mismo artículo 122 de la Constitución ya mencionado anteriormente. Si bien ya las advertencias estaban hechas, desde La Guajira se instauró oficialmente la queja en contra de Lopesierra, por la presunta incursión en la inhabilidad del artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, como se ha venido mencionando desde Pares. Por tal motivo, el 27 de septiembre de 2023 por unanimidad la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió revocar la inscripción de la candidatura de Samuel Santander Lopesierra, tras estudiar la ponencia presentada por el magistrado Álvaro Hernán Prada, por la debida incursión de dicha inhabilidad ya mencionada. Aunque ya se dio a conocer la revocatoria de su candidatura, aún existe el recurso de reposición ante la misma sala del Consejo Nacional Electoral (CNE). Fuente: Imágenes tomadas de la cuenta personal de Twitter de Ricardo Ospina Santa, como lo conocen en su pueblo natal, hizo su campaña de una manera tradicional, como es común en La Guajira en épocas electorales, a lo grande, entre vallenatos y caravanas recorrió el municipio de esquina a esquina, cada caravana fue hecha en grandes camionetas, todas con su rostro plasmado, sus recorridos y sus reuniones fueron de gran impacto dentro de la población, hasta el punto de convertirse en unos de los favoritos para llegar al mando del cargo público de la segunda ciudad más importante del departamento. Sin embargo, confiado en sus ideales y en su equipo jurídico, no contaba con que su pasado iba a ser el primer responsable de llevarlo a la derrota, a un mes de las elecciones. Fuente: Imágenes tomadas de la cuenta personal de Instagram de Samuel Santander Lopesierra

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista La ahora excandidata a la Alcaldía de Cali Diana Rojas, conocida como La Caleñísima, se presentó como una figura independiente, sin embargo, su reciente unión con el candidato Alejandro Éder evidencia que la verdadera cara de su candidatura no era independiente, que tiene una alta influencia de las élites regionales y que, a pesar de su fuerza como candidata, experimentó un disciplinamiento y presión desmedida por parte de quienes antes la impulsaban. La Caleñísima tomó la decisión de unirse a Éder una semana después de que su jefe político, Maurice Armitage, públicamente le hiciera la recomendación (orden) de retirarse de la contienda. Diana decía cosas como: "nuestra única maquinaria es la gente", lo cual resonó en algunos sectores que quieren un cambio en la ciudad y logró captar la atención de aquellos desencantados con la política convencional. Esto le permitió crecer en las encuestas, pasando de una intención de voto del 3% en mediciones iniciales, al 11% en la última encuesta del CNC presentada el 19 de septiembre. Aunque Diana se presentó como desafiante de la política tradicional, su experiencia en política ha estado respaldada por figuras políticas como el exrepresentante liberal Juan Fernando Reyes Kuri y el influyente empresario y exalcalde de Cali Maurice Armitage. Y no necesariamente el voto de opinión que logró alcanzar en estos meses la acompañará en su paso a la campaña de Alejandro Éder. Uno de los aspectos más destacados de la candidatura de Diana fue su exitosa recolección de 165 mil firmas para respaldar su movimiento "Cali Caleñísima". A diferencia de sus principales competidores, inicialmente no buscó avales de ningún partido político, de hecho, renunció a su curul en el concejo de Cali, donde fue elegida por el Partido Liberal, estrategia que la presentó como una candidata autónoma, alejada de las estructuras políticas convencionales, además del reconocimiento que tuvo por la activa oposición contra el actual alcalde Jorge Iván Ospina. Sin embargo, su reciente alianza con el candidato Éder contradice su discurso de romper con las estructuras existentes. Este candidato representa una opción más alineada con la política tradicional, ha pasado por el Santismo, el Fajardismo, y ahora es respaldado por el Partido Conservador y Cambio Radical, además de lo que representa como miembro de una de las familias terratenientes cañeras tradicionales del Valle. Lo que hace evidente que el discurso de Diana era eso, un discurso de campaña que no correspondía a su realidad política. Adicionalmente queda en evidencia cómo las élites regionales están dispuestas a sacrificar a sus nuevos liderazgos. Lo que se demostró en la violencia política de género que vivió Diana por parte de su propio sector político. El exalcalde Armitage, en un llamado público, le dijo que renunciara a su candidatura, lo cual pone de manifiesto la presión ejercida sobre ella, un fenómeno que lamentablemente es común para las mujeres en la política. Su adhesión a la campaña de Éder refleja la complejidad de la participación de las mujeres en la política. Si bien no comulgo con la visión de ciudad e ideología de Diana, y claramente no me parece ético que se haya presentado como independiente, encuentro muy lamentable lo que le hicieron, ella es una mujer con unas características que la pueden llevar a grandes escenarios políticos y a la que hoy le quitaron de las manos la posibilidad de competir por la Alcaldía. Es crucial reconocer la presión que ejercen sobre las mujeres para conformarnos con roles secundarios, y este es solo uno de los desafíos que deben superar las mujeres en la política. La historia de Diana es un recordatorio de que la transformación real de la política y la lucha contra la corrupción no puede lograrse simplemente mediante discursos llamativos y eslóganes caleñísimos. Requiere un compromiso transparente, realmente independiente de las élites, que incluya todas las voces.

Por: Redacción Pares Semana del 18 al 24 de septiembre del 2023 En la agenda acordada entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN está el tema de las víctimas, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. En ese sentido, siendo un tema central, hay que ver cómo se abre este diálogo tan vital y difícil en este proceso. Esta semana se dio un diálogo entre Juan Fernando Cristo, hijo de Jorge Cristo Sahium, quien fue asesinado por el ELN en Cúcuta el 8 de agosto de 1997, y Carlos Velandia, dirigente del ELN, que en ese momento estaba preso. Fue un diálogo animado por Patricia Lara, de la Revista Cambio. Se mantiene la iniciativa por parte de la delegación de diálogos del ELN de difundir lo avanzado con el Gobierno Colombiano y el reto de participación, esta semana se dieron diálogos con procesos sociales y comunitarios del Cauca. La delegación de diálogo del ELN cuestionó críticas sobre supuestos incumplimientos al cese bilateral pactado con el Gobierno Colombiano. Hay un ejercicio diario de seguimiento al cese bilateral pactado por Gobierno y ELN, este trabajo lo adelanta Carlos Velandia, y se puede consultar en su cuenta de X, gran trabajo. Se mantienen dinámicas de violencia en varias regiones con la participación del ELN: Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Nariño y Cauca tienen reportes recientes. 1. Juan Fernando Cristo conversa sobre la muerte de su padre a manos del ELN | CAMBIO: 2. Reunión del ELN con organizaciones en el Cauca: 3. ELN cuestiona denuncia anuncios de supuestos incumplimientos al cese al fuego: 4. Informe revela 42 actos criminales del ELN durante cese al fuego, Arauca encabeza la estadística: https://kapitalstereo.com/2023/09/23/informe-revela-42-actos-criminales-del-eln-durante-cese-al-fuego/ 5. Expectativa por diálogos con actores armados y el cese de la violencia durante elecciones: https://caracol.com.co/2023/09/24/expectativa-por-dialogos-con-actores-armados-y-el-cese-de-la-violencia-durante-elecciones/ 6. Columna de Antonio García, primer comandante del ELN: “Han sido 50 años en los que se ha venido aplicando el mismo guion, grupos de choque, magnicidios, bloqueos, para desestabilizar, confundir, desinformar; el objetivo sigue siendo el de acabar con cualquier intento de autonomía y dignidad latinoamericana, cualquier intento de organización popular, pero la capacidad de los pueblos de resistir, es incalculable. La lucha sigue, sin lugar a dudas”: https://telegra.ph/50-a%C3%B1os-la-lucha-sigue-09-18 7. Reporte del 52° día del Cese al Fuego Bilateral Nacional Temporal por Carlos Velandia: 8. La violencia en el Cauca tras el Acuerdo de Paz: https://razonpublica.com/la-violencia-cauca-tras-acuerdo-paz/ 9. “Cese al fuego debe ir acompañado de cese de hostilidades”, comunidades del Catatumbo: https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/cese-el-fuego-debe-ir-acompanado-de-cese-de-hostilidades-comunidades-del-catatumbo 10. Murió presunto cabecilla del ELN en el Catatumbo - Situación produce tensión en la subregión por lo que esto pueda representar en materia de seguridad: https://caracol.com.co/2023/09/24/murio-cabecilla-del-eln-en-el-catatumbo/ 11. José Félix Lafaurie y Fabio Valencia Cossio pidieron acuerdo entre ELN y las FARC para cesar afectaciones a la población civil: https://www.infobae.com/colombia/2023/09/21/jose-felix-lafaurie-y-fabio-valencia-cossio-pidieron-acuerdo-entre-eln-y-las-farc-para-cesar-afectaciones-a-la-poblacion-civil/?s=09 Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Las manifestaciones y/o protestas sociales, son un mecanismo universal que asegura la convivencia en términos de compartir sin salvajismos, si no la única, sí la más importante tarea de la especie: garantizarse la supervivencia. Para ello, el desarrollo cognitivo, el progreso, es la más contundente estrategia. No de otra manera lo comprendieron los pensadores clásicos occidentales, para quienes lo importante no era estrictamente sobrevivir, sino hacerlo cada vez de la mejor manera. Platón le llamaba a dicha tarea la búsqueda de la felicidad, que es igual a vivir sabroso, mientras que su alumno Aristóteles, sin contradecirlo, le denominó la búsqueda del bienestar, que es igual a vivir tranquilo. Lo cierto es que, para que ello ocurra, esos mismos pensadores de la antigüedad -pienso además en Solón y en Demócrito- vieron necesaria la construcción de una estrategia de acción social que lo asegurara cabalmente o, más exactamente, vieron una estrategia de acción política; pues el objetivo primordial no era la utópica armonía del libre albedrío, sino la organización reglada de la polis. Si bien originalmente se concibieron distintos modelos políticos para alcanzar tal propósito, al final, por su eficacia y efectividad, fue adoptado el modelo de la democracia. En efecto, la democracia tiene como principio fundamental la participación ciudadana, que hace de los beneficios del poder un derecho plural y equitativo, y no uno de los privilegios en los que ese mismo poder se concentre en grupos políticos de intereses comunes (en dictaduras), se concentre en clanes familiares de intereses consanguíneos (en autarquías) o, incluso, que se concentre en un cerrado grupo de intereses malsanos, tan inescrupuloso y atroz, que ha de resguardarse a la sombra de políticos corruptos y a la sombra de quienes -como el emperador de Andersen- se disfrazan de “gente de bien” (me refiero al llamado régimen). La democracia, en contrario a las autarquías, a las dictaduras, o más exactamente a los regímenes políticos de esencia excluyente, permite a cada participante del grupo social hacer parte de un pacto político -el pacto de la nacionalidad y la soberanía, el contrato social de Rosseau- y, desde el ejercicio de esta ciudadanía, le permite hacer vigilancia, le da herramientas para el control político y hasta le otorga el derecho a manifestar su oposición frente a las decisiones que desde el poder se tomen en contravía de esos propósitos naturales únicos: la búsqueda de la supervivencia y el desarrollo cognitivo. Para ello, el modelo de la democracia incluye figuras de acción política por medio de las cuales el pueblo puede participar de las decisiones gubernamentales. En Colombia, por ejemplo, existen mecanismos constitucionales para garantizar el ejercicio de la participación ciudadana, como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato -contenidos en el artículo 103 de la Constitución- y, especialmente, existe el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 37. Con todo, desde que fue esbozada la organización social bajo el liderazgo de un gobernante con poder, las manifestaciones y protestas han sido el instrumento de mayor contundencia a la hora de tumbarlos cuando han hecho las cosas mal. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de la historia, es que estas expresiones populares, que buscan la corrección o destitución de los gobernantes fallidos, son recurrentes y, en la mayoría de los casos, si no en todos, las cosas no cambian (siguen los pobres y siguen las costumbres malsanas). De hecho, cuando muere un rey, lo primero expresado por sus súbditos es “ha muerto el rey, viva el rey” o “a rey muerto, rey puesto”; empero, pese al relevo del gobernante, nada cambia, y esto es así porque con el derrocamiento de los monarcas no desaparece la malsanía por la cual fue tumbado, pues esta procede del modelo político que lo guiaba, que en el caso de los reyes es la autarquía. De modo que no son los reyes el problema de fondo, sino la autarquía y sus inequidades. Se derrocan gobernantes de extrema derecha y se les reemplaza con gobernantes de extrema izquierda, o viceversa; pero el modelo dictatorial permanece. Se tumban partidos políticos para suplirlos por otros de igual calaña, pero nada cambia, pues se mantiene el modelo de una oligarquía clandestina, corrupta e inequitativa. Entonces, ¿a qué se debe que cambien los gobernantes y no la mala situación? Un estudiante de derecho constitucional respondería -a luz de las ideas de Weber y Foucault- culpando a quienes tienen poder por encima de las organizaciones; es decir, al poder ejercido sobre los gobernantes, pero que no proviene legítimamente del pueblo. No obstante, para el imaginario popular no existe nada por encima de los gobernantes, excepto el mandato popular, y a la ciudadanía no se le ocurre pensar que las actuaciones de un mandatario puedan estar supeditadas a un poder invisible distinto al otorgado por el pueblo. En Colombia, pese al cambio propuesto por el presidente, la oligarquía -régimen, le llamó Álvaro Gómez- se halla todavía por encima de la organización gubernamental del presidente y se resiste a que realice su plan de gobierno, porque no es oligarca y sus políticas, que tienen la fuerza y el blindaje del mandato popular, los desvelará en su traza de maleantes y, de no caer sobre ellos la justicia formal, al menos los abrumará el escarnio público, como ya hoy empiezan a padecerlo personajes como Luis Carlos Sarmiento Angulo (por su responsabilidad en la corrupción de Odebrecht) y el expresidente Álvaro Uribe Vélez (por su responsabilidad en el asesinato de al menos 6.402 ciudadanos). Por esa realidad de los regímenes, que están por encima de los gobernantes, de nada ha valido que estos últimos caigan o sean derrocados; y, por esta misma razón, es que el presidente Petro aparece abanderando las marchas más significativas que han ocurrido dentro de su gobierno; porque es al régimen -por fin ahora el país advierte lo que Álvaro Gómez visualizó hace 30 años- al que debemos dirigir nuestras manifestaciones y protestas por su negación a permitirle al presidente y a su equipo de gobierno que lleven a cabo las reformas por las que fue elegido. De tal suerte, tanto como quien escribe estas líneas, como sus lectores, debemos sentirnos comprometidos con tales manifestaciones, excepto que no hagamos parte del modelo democrático, garantizado por las elecciones populares, y nos creamos pertenecientes al cerrado modelo de la oligarquía, garantizado por la inequidad y la opresión violenta. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Alejandra Téllez, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La trata de personas es el tercer delito más lucrativo, seguido del tráfico de armas y la venta de drogas. En la legislación colombiana este crimen incluye dos delitos, por un lado, está el tráfico de migrantes, que se entiende como todo aquel que promueva, facilite o participe en la entrada o salida de personas del país sin que se cumplan los requisitos legales y conlleve fines lucrativos (Artículo 188 Código Penal). Por otra parte, está la trata de personas, que consiste en el traslado, captación o acogida de personas fuera o dentro del territorio con el fin de explotarlas (Artículo 188A Código Penal). La trata de personas lleva consigo una violación a los derechos humanos, pues se esclaviza o explota a un sujeto convirtiéndolo en una mercancía y dejando de lado su voluntad y libertad. La trata de personas está altamente asociada con el turismo sexual, pues la mayoría de las víctimas están en condiciones de esclavitud sexual. Mujeres, niñas y adolescentes se ven más afectadas por este delito, pues en el mercado de la prostitución son ellas las que reciben más ofertas. En este sentido, se tiene conocimiento sobre la existencia de agencias de viaje que ofrecen dentro de sus paquetes recorridos sexuales, incluso con menores de edad en el país. Haciendo de Colombia un destino con alta oferta de servicios sexuales y así mismo una alta demanda con buenos pagos. Esto resulta evidente a la hora de visitar lugares como el Parque Lleras en Medellín, la Ciudad Amurallada en Cartagena o el barrio La Candelaria en Bogotá, lugares en los que se encuentra una alta oferta de servicios sexuales dirigidos a extranjeros y en donde, sin ningún tabú, se encuentran, incluso, menores de edad. Diagnóstico Nacional Según el Ministerio de Defensa, entre enero y agosto del 2023 se registraron 521 casos de trata, de los cuales 255 fueron víctimas de trata de migrantes y 266 de trata de personas. Esto representa un aumento del 56,9%, puesto que en este mismo periodo para el 2022 la cifra fue de 332 víctimas de trata. Según el Ministerio de Defensa, a diario se registran mínimo dos víctimas de este delito. Sin embargo, Roció Urón, coordinadora de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de UNODC, que las cifras no corresponden a la realidad, ya que muchas de las víctimas por miedo prefieren no decir nada o se les hace difícil poder ir o contactar a las autoridades. Por esto, ella asegura que las cifras reales pueden ser 10 veces más a las oficiales. Con respecto a la niñez, según Eso no es cuento, una campaña en contra de la trata de personas articulada con la ONU y diferentes entidades colombianas, existen más de 55.000 menores de edad que son víctimas de la trata de personas en el país, de los cuales las niñas entre 12 a 14 años representas mayor vulnerabilidad. De igual manera, según el informe sobre la trata de personas en Colombia 2023, se descubrió que en Cartagena hay varios casos de niños venezolanos que están siendo explotados bajo la mendicidad forzada por parte de familiares y conocidos. Por otro lado, Colombia ha llegado a ser el cuarto país de América latina con mayor turismo sexual infantil. Según una investigación realizada por el diario El Espectador y medios de la alianza rebelde de Venezuela, se descubrió que el Tren de Aragua y el ELN han estado operando en redes de tráfico sexual, teniendo gran influencia sobre todo en la frontera colombo-venezolana, pues allí cuentan con bares y demás establecimientos en donde explotan sexualmente a las afectadas de este delito. Además, gran cantidad de sus víctimas son mujeres y niñas venezolanas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. El modo de operación es mediante una agencia de marketing por redes sociales con ofertas de trabajo en Colombia, Perú y Chile. Colombia no solo es receptor de víctimas, sino también cuenta con una ruta por tierra, económica, con escasos y débiles controles migratorios que facilita las rutas de tráfico en el cono sur. Sumado a lo anterior, Colombia se ha convertido en origen, tránsito o destino de la trata de personas y migrantes por la situación que se vive en la Selva del Darién, pues este lugar se ha configurado como una importante ruta de migrantes ilegales. Existen varios testimonios de falsos guías llamados coloquialmente como “Chiligueros” que dan falsas indicaciones, o inclusive cobran de 40 a 50 dólares por migrante que pase. Caracterización de las víctimas Se puede identificar si una persona es víctima de trata cuando se evidencia que la persona no administra su dinero, o la remuneración de su trabajo es muy baja. Segundo, la persona no puede dejar su lugar de trabajo o cumple con ciertos requisitos para poder hacerlo y tercero la persona no tiene control sobre sus documentos de identificación. No hay un tipo de persona en específico que pueda caracterizarse como víctima de trata de personas, sin embargo, sí existen una serie de condiciones que las hacen más vulnerables. En primer lugar, encontrarse en bajos niveles socioeconómicos agudiza la posibilidad de ser víctima, como se ha dicho anteriormente, el ofrecimiento de puestos de trabajo es un mecanismo de engaño para el reclutamiento de las víctimas. Por otro lado, están las personas migrantes, pues en condiciones irregulares de migración se pone en riesgo la seguridad y múltiples derechos humanos, ya que pueden transitar por rutas que se utilizan para trata de personas y migrantes, añadiendo que la necesidad de migrar los expone a recibir falsas ofertas hacia otros países. En tercer lugar, están las personas víctimas del conflicto armado, puesto que se encuentran en una condición de vulnerabilidad alta, que para los grupos armados que pueden contar con redes de tráfico de personas resulta más fácil su captación. Ahora bien, las mujeres y las niñas representan la mayoría de las víctimas, primero porque un gran porcentaje del fin de la trata de personas tiene que ver con la explotación sexual o prostitución, servicios que en su gran mayoría son ofrecidos hacia hombres heterosexuales con ideas machistas escondidas por el velo de lo masculino. Cabe recordar también que la pobreza tiene rostro de mujer, pues existen diferentes barreras sociales, culturales y económicas que ponen a las mujeres en condiciones desiguales frente a los hombres, propiciando que en mayor medida sean ellas las que más se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica. Por otro lado, teniendo también en cuenta que existe una serie de desigualdades estructurales debido a los roles de género. En vista de esta problemática, el pasado 29 de julio la Defensoría del Pueblo emitió el comunicado 274 en el cual expone cómo a través de las duplas de género que son grupos de la Defensoría del Pueblo que están encargados de atender casos de VBG, se logró acompañar a 236 víctimas entre el 2018 a junio del 2023, de las cuales el 89%, es decir 212 víctimas, son niñas, adolescentes y mujeres. Por otra parte, el 25,4%, 60 víctimas, están relacionadas con tráfico de migrantes con fines de esclavización. Con respecto a la caracterización de las víctimas, según el Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas, en el 2022 el 82% de las víctimas de estos delitos eran mujeres, y la finalidad de estos respondía en un 73,6% a explotación sexual. Para este año, los departamentos más afectados según el Ministerio del Interior son la ciudad de Bogotá con 128 casos, Valle del Cauca con 113, Nariño con 69 y Antioquia con 67. De las características de las víctimas se pudo identificar que el 54,6% pertenece a estrato 1 y el 64,4% cuenta con educación hasta la secundaria. Quienes cometen este delito buscan que sus víctimas se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad socioeconómica y/o cultural, pues así será más fácil captarlos, mediante falsos puestos de trabajo, o demás promesas y así poder trasladarlos. Del mismo modo, según la recomendación general número 38 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, se determina que las mujeres y niñas migrantes irregulares tienen mayor riesgo de ser víctimas tanto en el tránsito como en los centros de acogida, las fronteras y el país de destino. Por último, en contexto de conflicto armado, las mujeres y niñas viven situaciones diferenciadas en donde se propicia la normalización de la violencia de género, además de que sus cuerpos son usados como botín de guerra, exacerbando la violencia sexual y la posibilidad de ser víctimas de trata de personas. Reflexiones Para concluir, la trata de personas y el tráfico de migrantes es un fenómeno de atención nacional e incluso transnacional, en el que Colombia tiene un rol fundamental, pues las redes de trata operan en todos los niveles en el territorio, desde la reclusión, hasta las rutas de tráfico y la recepción de víctimas. El Decreto 1818 del 31 de diciembre del 2020 expone la estrategia nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2020-2024, en donde se plantea el objetivo de garantizar una coordinación articulada y sostenible de forma interinstitucional para abordar la problemática, desde la prevención, la asistencia y la protección de las víctimas, además de la sanción del delito en el territorio. Sin embargo, parece ser que el enfoque que se le ha dado para solucionar este problema es reaccionario e incluso débil, ya que, por un lado, no se ha logrado disminuir los casos de trata, sino, por el contrario, han aumentado casi el doble, y, por el otro, la Defensoría del Pueblo en casi seis años ha acompañado a 236 víctimas, lo que ni siquiera representa la mitad de los casos ocurridos tan solo este año. En el mismo orden de ideas, aunque la estrategia nacional contra la trata de personas plantea un enfoque de género, este solo aparece como un apartado más, pues ninguna línea o estrategia de acción cuenta con un enfoque diferenciado frente a las mujeres o niñas, quienes son las que más sufren este delito. Esto resulta importante a la hora de plantear políticas públicas, pues reconoce que las mujeres y niñas viven contextos diferenciados que las ponen en mayor medida en peligro frente a este delito. En ese mismo orden de ideas se hace necesario una nueva estrategia anti trata, no solo para plantear un enfoque de género interseccional más real, sino también porque en el 2020, año en el que se pensó el plan, las realidades nacionales eran otras, e incluso el número de víctimas de enero a agosto de ese año eran 189, mientras que para este año 2023 ya se registran 521.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista “La violencia patriarcal es una pandemia global que pide nuestra atención a gritos” Salomé Gómez, Feminista por Accidente El lunes, mientras escuchaba Caracol Radio, quedé supremamente indignada por la forma clasista en la que Vanessa de la Torre reportaba el feminicidio de la joven Ana María Serrano. Cuando la periodista se refiere a Alan Gil Romero, el feminicida, lo hace con evidente sorpresa, diciendo frases como “un muchacho educado, de buenas maneras”, insistiendo en “educado, de buenos modales”, “educado, que tiene todo en la vida, termina siendo un feminicida”. Más allá de las palabras que utiliza, lo que resulta verdaderamente inquietante es lo que no se dice explícitamente: ¿se está insinuando que la violencia de género es característica de aquellos que carecen de educación o de oportunidades en la vida? Contextualicemos el caso en mención. Ana María Serrano era una joven de 18 años, sobrina del exministro de Hacienda colombiano José Manuel Restrepo, fue asesinada en México, aparentemente a manos de su exnovio, Alan Gil Romero. Este individuo manipuló la escena del crimen para que pareciera un suicidio y además venía acosándola desde hace unos meses, cuando terminaron su relación sentimental, según reportan los medios. Es fundamental reconocer que el feminicidio no es un fenómeno aislado. En el primer semestre de 2023, se registraron al menos 320 casos en Colombia y 426 en México de asesinatos de mujeres que están siendo investigados como feminicidios. Pero más allá de hablar de la dolorosa cantidad de casos, quiero traer la reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en el abordaje de estas violencias, porque revictimiza y profundiza los estereotipos en los que se sustentan muchas de dichas violencias. Irresponsablemente este periodismo pregunta sobre si se pudieron previamente “ver las señales”, frente a lo cual la docente Mónica Godoy resalta que: “el feminicidio de Ana María nos ayuda a romper con el sentido común acerca de estos crímenes. No todos presentan violencia explícita previa; algunos son cometidos por hombres que no muestran ninguna agresividad”. Además, las violencias de género corresponden a un sistema patriarcal que supera clases sociales, de ahí que existan victimarios “educados y no educados”. No es un problema exclusivo de las clases sociales más desfavorecidas ni de los barrios marginales, y la forma cómo se expresa Vanessa de la Torre profundiza el encubrimiento de este tipo de violencias en las clases altas. Al respecto, la licenciada en historia, experta en temas de género, Carolain Hung, resalta que "creer que solamente en los sectores empobrecidos o populares es donde se vive la violencia basada en género es clasista". Añade que en muchos de los casos de estas violencias en las clases privilegiadas, las víctimas evitan denunciar por el “qué dirán” o afectaciones a “su imagen”, además de los otros tipos de violencias que pueden atravesar, como la violencia económica o psicológica. Pero adicionalmente, Hung introduce un tema muy importante sobre los feminicidios como respuesta al ejercicio de autonomía de las mujeres: “es imposible que nosotras podamos tener decisiones autónomas sobre nuestra vida, como es en este caso que ella decide no estar en una relación, pero él decide que si terminaron pues la puede asesinar. Entonces, también colocar la discusión de cómo los feminicidios son una forma de disciplinamiento. Hay un disciplinamiento porque nos estamos jugando la autonomía de nuestra vida, de nuestros cuerpos”. Teniendo en cuenta que lo que nos disputamos a diario es nuestra autonomía, rechazo de forma contundente la cobertura mediática de la violencia feminicida que está teñida de prejuicios sexistas y clasistas. Este enfoque sesgado es peligroso y contribuye al estigma social. Es crucial examinar críticamente estos aspectos y confrontar las nociones equivocadas que los y las periodistas promueven directa o indirectamente. Las feministas vamos a seguir insistiendo sobre cómo debe mejorar el abordaje mediático de la violencia patriarcal. Pero lo preocupante es que, ante tantos llamados, continúen siendo indiferentes. Preocupa también que, así como Vanessa de la Torre, encontramos a Claudia Palacios, Camila Zuluaga (recordemos el caso de Luz Mery Tristán) y muchas otras personas que creen que estas violencias son un problema de "otros", de aquellos que “no lo tienen todo en la vida”, de los “no educados”. Pero, ¿por qué los y las periodistas deben prestar atención y especializarse en este tema? Pues justamente porque desempeñan un papel fundamental en la formación de la opinión pública y con su pésimo abordaje de la estas violencias nos ponen en riesgo. Cada feminicidio es una tragedia que debe ser contada con responsabilidad.

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad Pares; y Juan David Flórez, Periodista El Itagüiseño Foto tomada de: El Tiempo y El Colombiano A partir de la elección por voto popular de alcaldes y gobernadores en Colombia desde la última década del siglo XX, se han venido construyendo y afianzando fuerzas políticas en los diferentes departamentos a partir de procesos iterativos de poder y cada vez menos asimétricos entre las élites políticas nacionales y las élites regionales. La relación entre estas élites ha llevado a una cooptación del poder en diferentes zonas del país, lo que en la literatura se conoce como autoritarismos subnacionales, frente a lo que en Colombia la Fundación Paz & Reconciliación ha mapeado en 51 clanes políticos que mandan en el país. Hay ejemplos de clanes políticos como el clan Char en el Atlántico, el clan de Dilian Francisca Toro en Valle del Cauca o el clan de William Villamizar en Norte de Santander, por nombrar algunos de los más conocidos que por años han conseguido cooptar la competencia política y el poder en sus departamentos. Hay otros como el clan Suárez Mira en Antioquia o el clan Acosta en Arauca, que han ido desapareciendo del mapa del poder político. Mientras tanto, hay clanes emergentes como el clan Torres Villalba en el Atlántico o el clan Trujillo en Antioquia. En este texto haremos zoom sobre este último clan, en cabeza del senador conservador Carlos Andrés Trujillo. A la hora de hablar de Carlos Andrés Trujillo al interior de su municipio natal, Itagüí, se le describe como alguien muy astuto, sagaz y ambicioso, que toda su vida política ha estado bajo las toldas del Partido Conservador. También, cuando se habla de Trujillo se le muestra como un conservador de pensamiento de vieja data que, por ejemplo, para brindar apoyos políticos exige que sus candidatos deben estar casados por la iglesia católica o si no deben casarse para otorgarles su apoyo. Foto tomada de: apicongresovisible.uniandes Parte I: del barrio La Independencia a la Alcaldía de Itagüí A finales del siglo XX Carlos Andrés Trujillo era un líder comunal de Itagüí. Inició a los 14 años como secretario de la Junta de Acción Comunal del barrio donde creció: La Independencia. Año a año fue escalando, buscando siempre un puesto de elección popular. Para las elecciones locales del 2000 aspiró por el que siempre ha sido su partido, el Conservador, al Concejo de Itagüí. En aquella ocasión no logró obtener curul. Para las elecciones locales siguientes, las del 2003, Trujillo, que ya había aprendido de su derrota en las elecciones pasadas, se unió al equipo del entonces jefe del conservatismo en Antioquia, el parapolítico Luis Alfredo Ramos. Para aquellas elecciones, Trujillo quedó elegido como concejal de Itagüí. Luego de su paso por el Concejo de Itagüí, en el 2007 Trujillo aspiró y fue elegido para integrar la Asamblea departamental de Antioquia, mientras tanto Luis Alfredo Ramos fue elegido Gobernador de Antioquia, jalonando toda la lista del Partido Conservador para la Asamblea departamental. En el 2010, mientras Trujillo era diputado, apoyó a la Cámara de Representantes por Antioquia a Nidia Marcela Osorio, quien era la fórmula de Olga Suárez Mira. Ambas fueron elegidas en un pacto entre Trujillo y el clan de los Suárez Mira, conocidos porque su máximo líder, Óscar Suárez Mira, hermano de Olga Suárez, fue condenado también por parapolítica. Para las elecciones locales del 2011, Trujillo se lanzó y ganó la Alcaldía de Itagüí con poco más de 90 mil votos. Si bien esta elección significó un antes y un después en la carrera de Carlos Andrés Trujillo, desde antes de posesionarse Trujillo ya se empezaba a hacer con el poder burocrático de su municipio. Esto porque en septiembre de 2011, el entonces alcalde de Itagüí, Gabriel Jaime Cadavid Bedoya, fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en procesos de contratación en el municipio. Tras la suspensión, lo que hizo el entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, fue pedirle al Partido Conservador que enviara una terna para designar alcalde encargado. El ternado elegido por Ramos para terminar el periodo de alcalde fue Luis Guillermo Pérez Sánchez. Pérez era en el 2011 una de las fichas de Trujillo y con el paso de los años ha estado al lado del senador Conservador y sus aliados, como lo evidencia el informe de Pares ADELI, el “contratadero” que vincularía a Carlos Andrés Trujillo. Trujillo, habiéndose posesionado en la máxima dignidad de dicho municipio, empezó a desligarse de sus antiguos aliados Luis Alfredo Ramos y el clan Suárez Mira. Parte II: de la Alcaldía de Itagüí al Congreso Para las elecciones legislativas del 2014, Nidia Marcela Osorio, del grupo político de Trujillo, saltó de la Cámara de Representantes al Senado de la República. Esta jugada obedeció para que Trujillo, indirectamente, comenzara a amasar un caudal en todo el país para aspiraciones posteriores. Carlos Andrés Trujillo a lo largo de los años siempre ha priorizado mantener el poder político y burocrático en Itagüí, es la punta de lanza de su proyecto político-burocrático. Por ello, en el 2015, en las elecciones locales, logró poner a León Mario Bedoya como su sucesor en la Alcaldía de Itagüí. Luego de su paso por la política departamental, en 2018 Trujillo dio el salto a la política nacional, aspirando y quedando electo senador de la República con 86.721 votos, obligando a Nidia Marcela Osorio, quien era senadora, a bajarse como su fórmula a la Cámara de Representantes por Antioquia. Para las elecciones del 2019 continuó su apuesta de mantener su poder en Itagüí, por lo que apoyó a José Fernando Escobar, quien actualmente funge como alcalde en Itagüí. Trujillo se reeligió como senador en las elecciones del 2022 con aproximadamente 160 mil votos, duplicando su votación en comparación con el periodo anterior y siendo el senador más votado en Antioquia con 99 mil votos. Parte III: presidente del Partido Conservador y aliado del Gobierno Carlos Andrés Trujillo, como es un político ambicioso, en el 2022, al observar una posible victoria en segunda vuelta presidencial de Gustavo Petro, vio una ventana de oportunidad que se abría para tener juego político y burocrático nacional. Por ello, se anticipó a la necesidad de Petro de conformar una coalición de gobierno mayoritaria y de que allí entrara el Partido Conservador. Días después de la victoria de Gustavo Petro, Trujillo se reunió con el presidente electo, entregándole el apoyo de su partido con firmas de la bancada electa. Dichas firmas, según fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y el medio El Itagüiseño, fueron obtenidas por Trujillo yendo congresista por congresista, diciéndole a cada uno que la única firma que faltaba en el documento era la de ese congresista y que de no hacerlo se quedaría por fuera de la repartija. Esta interlocución con el Gobierno hizo que Trujillo se convirtiera en el presidente del partido, sacando de la colectividad a Omar Yepes, la ficha del expresidente de la República Andrés Pastrana dentro de la colectividad conservadora. Ya con el Conservador en la bancada de la coalición de Gobierno, el entonces recién elegido presidente del Conservador obtuvo dos victorias: ser elegido presidente de la Comisión Sexta de Senado para la primera legislatura (2022-2023); y poner a Guillermo Reyes, antiguo contratista de la Alcaldía de Itagüí, como Ministro de Transporte. Foto tomada de: Caracol Radio Parte I: golpe de Estado de la bancada del Caribe a Trujillo Ya con el Gobierno Nacional en curso, desde el 07 de agosto de 2022 parte de la bancada del Partido Conservador empezó a exigirle a Trujillo, su nuevo jefe, que el ministro Reyes les diera juego político en entidades como la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, INVIAS, entre otras, pues suponían que para eso estaban en la coalición de Gobierno. Pasaron los meses y la bancada no observaba la gestión de Trujillo. A inicios de 2023, algunos congresistas de la costa Caribe liderados por Marcos Daniel Pineda, con la sensación de que Trujillo solo estaba priorizando su beneficio propio y no los de la colectividad, empezaron a socavar el poder del senador itagüiseño. En febrero de 2023, aprovechando que Trujillo se encontraba fuera de Colombia, mediante una carta de varios congresistas liderados por Pineda, resaltaron la deficiente labor de Trujillo como presidente a la par que lo retiraban de la presidencia de dicha colectividad y lo reemplazaban por el siempre audaz Efraín Cepeda. Parte II: el salto a la independencia del Conservador Con la llegada a la presidencia del Partido Conservador de Efraín Cepeda y la negativa de Guillermo Reyes -quien se suponía era la cuota de este partido dentro del gabinete- de otorgar juego político a la colectividad dentro de las diferentes entidades adscritas al Ministerio de Transporte, empezó a tomar fuerza la idea de que el Partido Conservador pasara del gobierno a la independencia respecto al ejecutivo en cabeza de Gustavo Petro. Tras el aterrizaje del denominado paquete de reformas sociales (laboral, pensional y salud) al Congreso de la República, el Gobierno Nacional empezó a probar el funcionamiento de su coalición. En el Conservador el interlocutor con el Gobierno pasó a ser Efraín Cepeda, como cualquier jefe de partido, lo que generó que Trujillo perdiera más poder al interior de su colectividad. Con Cepeda a la cabeza la relación del conservatismo con el ejecutivo se empezó a deteriorar, mientras que Trujillo buscaba seguir beneficiándose, sin importar la relación de su partido con el Gobierno, a partir de su cercanía con el ministro de Transporte. Pese a los intentos de Trujillo de quedarse con más burocracia dentro del Ministerio de Transporte, según una fuente de Pares y de El Itagüiseño, la relación de estos dos se fue deteriorando debido a peleas continuas por el nombramiento de quién sería la nueva cabeza de la Aeronáutica Civil. Mientras que Trujillo le exigía a Reyes el nombramiento de alguien cercano, Reyes le respondía que él no le rendía cuentas al senador sino al presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro, al observar que sus reformas sociales se mantenían estáticas y en cambio de avanzar en sus consensos los partidos de la coalición y sus propios ministros se oponían, decidió realizar un segundo cambio de gabinete. El 26 de abril de 2023 el presidente removió a los ministros que, se supone, eran cuotas de los partidos de La U y Conservador. Sacó de la carteta de las TIC a Sandra Urrutia (cuota de La U) y de la cartera de Transporte a Guillermo Reyes (cuota del Conservador). Con la salida de Reyes del gabinete, sumado al deterioro de la relación del conservatismo con el ejecutivo, esta colectividad no encontró razones para mantenerse en la coalición de Gobierno y tomó la decisión, el 02 de mayo de 2023, de saltar de a la independencia, dejando al Gobierno sin 25 representantes a la Cámara y 15 senadores. La salida de Guillermo Reyes del gabinete, sus disputas con Trujillo y el salto a la independencia al Conservador, significó para el senador itagüiseño una gran derrota y un fracaso estrepitoso. Parte III: ¿se aproxima una derrota en el corazón del trujillismo? Luego de venir cultivando una carrera política en Itagüí y en general en Antioquia durante las dos últimas dos décadas, desde que Trujillo decidió consolidarse de clan político a congraciarse con la élite nacional, desde febrero del 2023 está de derrota en derrota. A lo que se suman las ineficaces estrategias para quedarse nuevamente con la Alcaldía de Itagüí, teniendo en cuenta que tuvo que cambiar su candidato, que inicialmente era John Jairo Chica, porque nunca despegó. Por ello Trujillo terminó escogiendo a Diego Torres como su heredero. Para Carlos Andrés Trujillo, Itagüí es la punta de lanza de su estrategia política y se ha vuelto, después de su elección como alcalde en 2011, en su caja mayor, allí es amo y señor, nada ocurre sin que él lo sepa. Las elecciones del 2011, 2015 y 2019 las ganaron Trujillo y sus candidatos, y espera repetir victoria este 2023. De las elecciones realizadas para la Alcaldía de Itagüí desde el 2011, la de 2023 es las que Trujillo tiene más difícil para ganar. Diego Torres no terminó de despegar, pese a que contaría con toda la burocracia del municipio antioqueño. Trujillo, según varias fuentes de Pares y El Itagüiseño, se encuentra arrepentido de su elección y de no haber escogido como su candidato a esta Alcaldía al representante a la Cámara Daniel Restrepo. Diego Torres se enfrenta con quien en el pasado fuera integrante del clan emergente de Trujillo, León Mario Bedoya. Bedoya fue quien sucedió a Carlos Andrés Trujillo en la Alcaldía de Itagüí para el periodo 2016-2019. León Mario esperaba en las elecciones legislativas del 2022 ser el ungido por Trujillo para entrar al Congreso y eso no pasó. Por ello, saltó del conservatismo trujillista a la Alianza Social Independiente (ASI), volviéndose en el 2022 la mano derecha en Antioquia de Berenice Bedoya –presidenta del partido ASI–. Ahora, León Mario Bedoya espera derrotar al oficialismo de Itagüí, del que un día hizo parte y parece que a mes y medio para que se realicen las elecciones el 29 de octubre de 2023 tiene grandes posibilidades der ser el alcalde de Itagüí. Si esto llegara a suceder, de todos los golpes recibidos por Trujillo, ese sería el que se resentiría más. Esta posible derrota se suma a la que también sufrirá el cuestionado aliado de Trujillo Julián Bedoya en la disputa por la Gobernación de Antioquia. Bedoya, aliado ya documentado de Trujillo, sin duda alguna no será gobernador de Antioquia, pues quien parece que será el gobernador es Luis Pérez. Pérez recibió el aval principal de ASI, el partido del que también hace parte León Mario Bedoya, la nueva competencia de Trujillo que se quedaría con la Alcaldía de Itagüí. Este panorama le complicaría la situación política que vive Trujillo, dado que en menos de un año subió como palmera y ahora está bajando como coco, incluso perdiendo su caja mayor y con posibilidades muy reducidas de negociar con Luis Pérez en la Gobernación y su otrora ahijado político León Mario Bedoya. Parte IV: los líos que han involucrado a Trujillo Como si lo anterior no fuera suficiente, a Carlos Andrés Trujillo la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación lo han investigado e investigan hechos que involucran a personas de su círculo político y a él mismo. La carrera política de Trujillo cuenta con varios cuestionamientos, dentro de los cuales se han llevado investigaciones judiciales en su contra por parte de la Fiscalía, en especial por actuaciones cuando era alcalde de Itagüí. Cabe resaltar que dos de estos casos ya fueron archivados. Uno de ellos fue en 2015, cuando se hizo inicialmente una solicitud de imputación de cargos y otra solicitud de medida de aseguramiento, que posteriormente fueron retirados. En ambos casos hubo un traslado de Antioquia a Bogotá, según Caracol Radio, por orden del entonces Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. En Bogotá ambos casos fueron archivados por Héctor Eduardo Peñaranda Bautista, fiscal 8 de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción. Una investigación que sigue abierta en la Fiscalía es la que vincula a Guillermo Reyes. La investigación que hoy está en la dirección especializada contra la corrupción -misma que archivó las investigaciones pasadas, pero que cuando Guillermo Reyes era ministro se trasladó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia-, se dio por una denuncia interpuesta por concejales de Itagüí por contratos millonarios que suscribió Reyes como asesor con la Alcaldía de Itagüí. La investigación se da por cuatro contratos firmados entre 2012 y 2013, los cuales suman un poco más de mil millones de pesos. Contratos por los cuales investigan a Guillermo Reyes Fuente: Fiscalía General de la Nación Número del Caso Reyes Fuente: Fiscalía General de la Nación Fuente: Fiscalía General de la Nación Si bien esta investigación solo vincula a Reyes, quien era el alcalde de Itagüí cuando se firmaron dichos contratos era Carlos Andrés Trujillo. Respecto a Trujillo, este cuenta con siete casos abiertos, todos de carácter privado, al interior de la Corte Suprema de Justicia. Cabe recordar que el juez natural de los aforados es la Corte Suprema de Justicia. Casos de Trujillo en la Corte Suprema de Justicia Fuente: Procesos Rama Judicial Respecto a otras investigaciones que adelanta la Corte Suprema en las que Trujillo y/o personas cercanas se encuentran involucradas ahora, está aquella que tiene que ver con la elección de las actuales contraloras de Antioquia e Itagüí. El magistrado Héctor Javier Alarcón de la Sala Penal de las Salas de Instrucción y Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se encuentra en la búsqueda de información sobre la elección de ambas contraloras. La Corte investiga un presunto concierto para delinquir. Hay que recordar que la elección de la contralora de Itagüí, Enedith del Carmen González -antes Contralora de Itagüí- y de la contralora de Antioquia, Yesica Lozano, ambas cercanas al clan emergente de Trujillo, fueron bajo las presidencias en el Concejo de Itagüí de Jorge Iván Restrepo y en la Asamblea de Antioquia de Jaime Cano. Restrepo y Cano, ambas figuras políticas integrantes de la red política de Trujillo, habrían contratado a la misma universidad para realizar los procesos de selección tanto de la Contraloría de Itagüí como de la Contraloría de Antioquia. Solicitud de información por parte de la Corte Suprema de Justica sobre la elección de ambas Contraloras La Procuraduría General de la Nación también ha posado su atención sobre acciones en las que el clan Trujillo ha estado involucrado. El14 de febrero de 2023 el Ministerio Público alertó que la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI), una de las empresas de economía mixta de Itagüí, sería un presunto “contratadero”. Pares y El Itagüiseño adelantaron una investigación que refuerza las sospechas de la Procuraduría y además se demuestra que el clan Trujillo tiene una relación directa desde la creación hasta los contratos que ha recibido ADELI durante la última década. Foto tomada de: El Tiempo, W Radio y Corte Suprema de Justicia Trujillo, uno de los mayores barones electorales de Antioquia, del 2022 al 2023 ha transitado de un ascenso vertiginoso, pero calculado, a un desespero por la que parece posible derrota electoral. Trujillo, durante el último año, ha saboreado las mieles del poder, pero ahora que se avecinan las elecciones y mientras se adelantan las investigaciones a su grupo político, los sabores de esas mieles se tornan amargos. A Trujillo siempre lo describen como un hombre ambicioso y eso lo ha llevado a tener una estructura política fuerte, con una importante burocracia; pero, al parecer, esa misma ambición lo ha llevado a ser errático en algunas decisiones que lo tienen al borde de perder su bastión político, Itagüí. No hay mejor descripción de este barón electoral que la de Trujillo, el breve.

Por: Juan Manuel Velandia, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Publimetro y El País Durante el gobierno del saliente alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se han venido desarrollando grandes problemáticas que dejan en la cuerda floja a esta ciudad. Para los ciudadanos, la gestión de Ospina ha sido mala e ineficiente. Según la última encuesta de Invamer, publicada el 30 de agosto de 2023, este es el alcalde del país con el mayor nivel de desaprobación con un 75,6%. Sin embargo, su desaprobación no es algo nuevo, ya que su imagen se venía deteriorando desde el Paro Nacional de 2021. Son dos los ejes clave que dejan en duda la gestión de Ospina: el incremento de la inseguridad en la ciudad y el aumento de la corrupción. Tal vez su reto más inminente sea el de la inseguridad, pues la meta es cerrar el año 2023 con menos de 800 homicidios, así lo había afirmado su secretario de seguridad Jimmy Dranguet en una entrevista para El País en enero de 2023: Para este 2023 la meta es cerrar el año con menos de 800 homicidios, algo que rompería un récord, pues desde que se tiene registro, en la ciudad nunca se ha presentado una cifra similar, en el 2023 hay que profundizar la reducción de la muerte violenta, hay que trabajar con la comunidad y entre todos tener una ciudad segura, en este año hay que seguir reduciendo los homicidios, ojalá lleguemos a 800 o menos, esa es nuestra meta para este año. Sin embargo, la inseguridad en Cali sigue siendo uno de los temas más preocupantes para los ciudadanos. Según cifras del último boletín de Cali Cómo Vamos, durante el 01 de enero de 2023 al 14 de agosto de 2023, las denuncias de hurto a personas tuvieron un registro de 13.875, 1.228 más en comparación con el mismo periodo del 2022 (12.647). Para 2023 se han denunciado un promedio de 61 casos diarios. En este mismo periodo se registraron un total de 643 homicidios, 2,8 homicidios por día, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el mismo periodo del año 2022 (604). Siguiendo los anteriores indicadores, es evidente que hay un detrimento en la seguridad. Esto responde a múltiples factores. El primero de ellos es la presencia de grupos armados y el incremento de las bandas criminales locales. El segundo es la desconfianza hacia las instituciones públicas (funcionarios públicos, Concejo Municipal y Policía Nacional) producto del estallido social y, por último, las deficientes políticas implementadas por parte de Ospina. Un ejemplo claro de esto para el presente año, según informó el País, es que el presupuesto para la seguridad de la ciudadanía tuvo una reducción del 23% pasando casi de $84 mil millones que había en el 2022 a $64 mil millones de pesos. Al final, esta reducción contradice su meta inicial en materia de seguridad para el 2023. Otra problemática que pesa en la gestión de Ospina son los múltiples hechos de presunta corrupción e irregularidades en la contratación pública. Según Infobae, durante su periodo de mandato le han abierto alrededor de 21 investigaciones, 15 en la Procuraduría y 6 en la Fiscalía. El último hecho registrado fue la formulación de pliegos por parte de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali de 2020. Según el ente de control, al parecer el convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para su organización se habría firmado por 11.955 millones de pesos sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizaron de forma virtual por la pandemia del Covid-19. Así avanza la competencia por Cali Las dos problemáticas mencionadas anteriormente han venido siendo claves en estas elecciones, porque se puede evidenciar en las encuestas cómo los discursos y las alianzas de los principales candidatos giran alrededor de estos dos ejes. Por un lado, se presentaron discursos que van desde la creación de mega cárceles y mega sistemas para frenar la inseguridad, hasta discursos en los que afirman el relacionamiento y el apoyo entre candidatos y el actual Alcalde de Cali. Por otro lado, varios candidatos han buscado alianzas con los dos candidatos más importantes que se disputan la Gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, anteriormente cuestionada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), y Tulio Gómez. La más reciente encuesta publicada el 30 de agosto de 2023, muestra que la intención de voto para la Alcaldía de Cali la lidera, con el 43,8%, el concejal y empresario del chance en Cali, Roberto Ortiz. En segundo lugar aparece con el 15,8%,Alejandro Eder. En tercer lugar aparece Diana Rojas con el 10,7%. En las múltiples encuestas que se han realizado y publicado, estas siempre son lideradas por el concejal y empresario del chance en Cali, Roberto Ortiz. Cabe recordar que Roberto Ortiz, mejor conocido como “El Chontico”, cuenta con el aval del movimiento significativo “Firmes con Cali” y con el coaval del Partido Liberal. Ortiz fue cuestionado anteriormente por Pares. Esta es la tercera vez que “el Chontico” aspira ser alcalde de Cali, y puede ser la vencida. Según las mismas encuestas, una de sus principales estrategias ha sido poner todos los discursos alrededor de la inseguridad, pues el pasado 30 de agosto en un gran evento dio a conocer su plan de seguridad, el cual consiste en crear un Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana de Cali (Sisec). Este sistema contaría con 10 drones, 500 alarmas inteligentes, 500 cámaras que funcionarán con inteligencia artificial, 60 motocicletas de reacción inmediata y 50 vehículos blindados, y sería ejecutado por la Policía Metropolitana, que recibirá recursos del distrito para capacitar a cerca de 450 uniformados para la operación del sistema. Según Ortiz, la inversión de este plan tendría un presupuesto de 60 mil millones de pesos. Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal en Twitter de Roberto Ortiz Ahora bien, en medio de las elecciones se le ha visto relacionado en múltiples eventos con Dilian Francisca Toro, para muchos ciudadanos podría existir una fórmula. Sin embargo, Dilian por medio de sus redes sociales afirmó que no contaría con una fórmula para la Alcaldía de Cali. Cabe recordar que en las pasadas elecciones, faltando pocas semanas para la votación, Toro anunció su apoyó a Jorge Iván Ospina. A partir de lo anterior, es importante preguntarse si a Ortiz le beneficiará ser fórmula de Dilian, pues en estos escenarios podría ser el empujón final que lo ayudaría a coronarse como alcalde o, por el contrario, sin su apoyo sus aspiraciones como alcalde podrían ser afectadas. Fuente: Imagen tomada de El País Hasta la primera semana de septiembre, según las encuestas, es claro que la derecha vuelve al poder en Cali, ya sea a través de Roberto Ortiz, o con Alejandro Eder, a quien lo acompañan los partidos tradicionales y el sector empresarial, o a través de Diana Rojas, que afirma que su campaña es independiente, y en contra de las maquinarias políticas, pero, según Diario Occidente, cuenta con el apoyo del exalcalde Maurice Armitage, reconocido en el sector empresarial que tiene un papel fundamental en la política del departamento. Es importante resaltar que Rojas fue secretaria de Armitage en su gobierno (2016-2019) y concejal por el Partido Liberal (2020-2023). El resurgimiento de la derecha en Cali se debe, en mayor medida, a la mala gestión de Ospina. Ospina generó en Cali un sentimiento de decepción, de desconfianza y desinterés por parte de los ciudadanos en contra de los partidos y candidatos alternativos y de izquierda. Esto se suma a la falta de coordinación por parte del Pacto Histórico, lo que se ve reflejado en el hecho de no contar con un candidato fuerte. Esto terminará de sellar la victoria de los partidos tradicionales y de derecha en Cali.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: GreenSmart La capital de Colombia se alista para convertirse en el epicentro de una relevante conversación global sobre el cambio climático en la segunda edición de la Convención Internacional de Emergencia Climática, programada para los días 19 y 20 de septiembre de 2023. Este evento se presenta como una oportunidad única para reflexionar y dialogar sobre los escenarios de vulnerabilidad y riesgo climático, y para poner de relieve la necesidad apremiante de que los territorios, sectores y la sociedad civil se unan para acelerar las acciones destinadas a combatir la crisis climática. La Convención se llevará a cabo en dos sedes principales: la Cámara de Comercio de Bogotá, en sus sedes centro, y empresarial de Salitre. Este recinto proporcionará el espacio necesario para que los más de 60 panelistas, tanto nacionales como internacionales, expertos en diversas áreas ambientales, compartan sus conocimientos y experiencias. El evento contará con la presencia de panelistas como Vina Benkataraman, una periodista estadounidense y experta en políticas de ciencia y tecnología que anteriormente se desempeñó como asesora principal para la innovación en el cambio climático en la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama. También se unirán Andrea Bizberg, asesora técnica para el proyecto de Planificación de Acción Climática de Calidad del Aire en América Latina de C40, e Ilan Cuperstein, director regional para América Latina de C40, quien previamente trabajó en el Centro China-Brasil para el Cambio Climático. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, también participarán en este espacio, aportando sus perspectivas y liderazgo en la lucha contra el cambio climático. El objetivo principal de la Convención Internacional de Emergencia Climática 2023 es fortalecer la estrategia nacional y promover la colaboración con el sector empresarial y académico para avanzar hacia la neutralidad en carbono y la resiliencia al 2050. Es importante destacar que Bogotá ya ha puesto en marcha diversas acciones para abordar el cambio climático, incluida la implementación de la Política Pública de Acción Climática para Bogotá. Esta política reconoce la urgencia de enfrentar el cambio climático de manera integral y colaborativa. Según Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, coordinador de la Línea Empresas y Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en Colombia su responsabilidad de contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático ha llevado a la creación de medios para la implementación de energías limpias. Esta transición hacia energías más limpias es esencial en todos los niveles y debe ser abordada de manera integral. Por esta razón, se vuelven imprescindibles procesos de gobernanza, como la presente convención, que facilita el intercambio de experiencias entre expertos académicos, comunidades y otras partes interesadas. El coordinador explicó que el propósito de este intercambio es identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas relacionadas con procesos como la promoción de la movilidad sostenible y la adopción de sistemas de iluminación más eficientes, que, como se ha demostrado en el caso de Bogotá, son alternativas efectivas para reducir las emisiones de gases. La organización de la Convención es resultado de la colaboración entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Antioquia y Activa, una empresa de parques y eventos en Antioquia. Además, se han sumado valiosos aliados como Fondo Acción, Camino Hacia Carbono Neutral, C40, Global Green Growth Institute y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), todos trabajando juntos para brindar a las organizaciones, instituciones y ciudadanía en general las herramientas necesarias para abordar la crisis climática. Este evento en Bogotá también se presenta como un preámbulo crucial para la Cumbre de Cambio Climático COP28, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái. La delegación colombiana, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encuentra actualmente en Alemania participando en la Sesión 58 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En esta sesión, se discuten temas clave como la adaptación al cambio climático, la financiación de pérdidas y daños, la ambición climática y la transición energética justa. Colombia busca resultados ambiciosos en la COP28, incluida la puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños, que permitirá gestionar recursos suficientes para hacer frente a los impactos del cambio climático. La delegación colombiana abogará por la ambición en la mitigación y adaptación, así como por la reducción progresiva y determinada de los combustibles fósiles. Estos esfuerzos son fundamentales para cumplir con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. La Convención Internacional de Emergencia Climática Bogotá 2023 es una oportunidad para aprender, reflexionar y compartir soluciones en la lucha contra el cambio climático. Más que nunca, es esencial que individuos, comunidades, gobiernos y empresas se unan en un esfuerzo conjunto para enfrentar la crisis climática y mejorar las condiciones de vida en nuestro planeta. La conversación está en marcha y Bogotá se presenta como un epicentro vital para impulsar el cambio necesario hacia un futuro más sostenible y resiliente. Nashry Zahgui Ibn Mucktafi considera fundamental promover reflexiones y diálogos en torno a la transición, dado que es un tema relativamente novedoso, donde el enfoque central debe recaer en las comunidades y los territorios. Además, destacó que el cambio climático representa el principal desafío en las actuales conversaciones a nivel ciudad. Bogotá se ha erigido como un ejemplo a seguir gracias a diversos proyectos, como la implementación de buses articulados en el sistema Transmilenio, que incorporan tecnologías que reducen significativamente las emisiones de gases.