Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares Buenaventura ha estado en los titulares de los medios durante meses debido a la violencia por las disputas de grupos armados. Sin embargo, recientemente se han producido avances importantes en el espacio de diálogo sociojurídico entre "Shottas" y "Espartanos". A pesar de estos logros, la Gobernación del Valle ha brillado por su ausencia, tanto en el anuncio que se hizo el pasado 04 de septiembre de ampliación de la tregua entre los grupos, como también en el proceso de diálogo en general. La gobernadora Clara Luz Roldán se quedó en su lugar de pedir militarización y punto final. Recordemos que el 18 de julio de este año se marcó un hito importante para la paz en Buenaventura. Ese día se instaló el "espacio de conversación sociojurídica para la construcción de paz urbana en Buenaventura", un espacio que reunió al Gobierno Nacional y a los voceros de los grupos armados "Shottas" y "Espartanos". Ahí se dio inicio al proceso de diálogo, cuyo objetivo es lograr el sometimiento a la justicia de los miembros de estos grupos que se han disputado el control territorial en los últimos años. El pasado 04 de septiembre se llevó a cabo una rueda de prensa lidereada por el congresista Alejandro Ocampo, acompañada por otros miembros de la delegación de paz del Gobierno Nacional que hacen parte de dicha mesa, en la que anunciaron la ampliación de la tregua entre los dos grupos ya mencionados, la cual será, por ahora, hasta el 04 de noviembre, para avanzar en su proceso de diálogo y fortalecimiento de la confianza, así como también asumiendo el compromiso de poder lograr que la jornada electoral del próximo 29 de octubre se desarrolle en calma. Esta mesa sociojurídica, liderada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, busca desmantelar estas estructuras armadas de alto impacto, y si bien la ley de sometimiento para bandas criminales no ha sido aprobada por el Congreso de la República, aun así, el compromiso de las partes es evidente. Tanto que dichas estructuras armadas han expresado públicamente su intención de paz. Organismos internacionales y la sociedad civil han brindado su respaldo a este proceso, reconociendo su importancia para la ciudad y el país en su conjunto. Incluso se han logrado acuerdos iniciales que han reducido significativamente la violencia en Buenaventura, especialmente en temas como los homicidios, las fronteras invisibles y los enfrentamientos en los barrios. Sin embargo, en medio de estos avances, la Gobernación del Valle ha optado por pedir la militarización de la zona, en lugar de sumarse a los esfuerzos de paz. El pasado mes de julio, la gobernadora Clara Luz Roldán solicitó mayor despliegue de la fuerza pública en Buenaventura, en lugar de rodear la oportunidad de trabajar por la paz desde el diálogo sociojurídico, lo cual es insuficiente. Si bien es crucial mantener la seguridad en la región, no se puede dejar de lado el esfuerzo por lograr una paz sostenible que trabaje desde el concepto de seguridad humana propuesto por el actual Gobierno Nacional. La ampliación de la tregua anunciada entre "Shottas" y "Espartanos" demuestra que los grupos armados pueden encontrar caminos hacia la paz, pero que deben ser acompañados realmente por la institucionalidad. En lugar de pedir más militares en las calles, la Gobernación debería estar respaldando y participando activamente en estas iniciativas de paz. La ausencia de la Gobernación en este proceso es una oportunidad perdida. La paz es posible, pero es necesario que todas las partes interesadas, incluida la Gobernación, se comprometan de manera decidida a construirla. La comunidad internacional, la sociedad civil y los propios grupos armados han expresado su compromiso con la paz en Buenaventura y es hora de que la Gobernación del Valle demuestre, sin demagogias, que también está comprometida con esta causa. Clara Luz dijo: “no están solos los bonaverenses, pero se requiere una intervención especial”, y los avances logrados demuestran que, como dice la canción, “CLARAmente no es como suena”, porque los y las bonaverenses no estamos solos, pero la intervención especial que requerimos, precisamente no la acompaña la gobernadora.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para @confidencialcol En Bogotá existen tres campañas que se autodenominan independientes, aunque su único motivo para hacerlo es haber recolectado firmas para no postularse a través de sus antiguos partidos políticos, quienes no solo los respaldaron, sino que también fueron el entorno donde forjaron sus trayectorias políticas. Ninguno de estos candidatos, en específico, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo y Diego Molano, puede considerarse ajeno a la política tradicional. Al igual que en la década de los noventa, en América Latina estamos presenciando un resurgimiento de los «outsiders», que en Colombia se presentaron como independientes. Ahora, en primer lugar, no todos los independientes tuvieron gobiernos positivos y exitosos, y en muchas ocasiones el hecho de no tener un partido político que los controle resultó ser aún peor. Es una ruleta rusa. Uno puede encontrarse con situaciones dramáticas para la democracia, como la de Fujimori, figuras personalistas sin un aporte significativo, como Íngrid Betancourt, o académicos que rompen con el clientelismo, como Antanas Mockus. Todo depende del individuo. En segundo lugar, ninguno de estos tres candidatos que menciono pasa el examen de ser realmente un outsider (Íngrid Betancourt tampoco lo pasaba en los noventas). Desde la ciencia política, el término se refiere a una persona que participa en el proceso político sin tener experiencia previa en las estructuras políticas tradicionales. Ni Lara, ni Oviedo, ni Molano son nuevos en esto. Puede incluso que en el caso de Oviedo se pueda argumentar que siempre fue funcionario y no político, pero es tan evidente que a los altos cargos se llega de la mano de una fuerte recomendación política que esa línea es extremadamente difusa. Lo de Lara ya es descaro: no va a lograr hacer que la opinión pública lo vea como un político fresco y menos influenciado por las estructuras tradicionales de poder. Nuestra propia historia política de la que también deberíamos aprender además muestra que lo que hizo la crisis de partidos de los años noventa fue abrir la puerta a esas alternativas, pero que con los años se sintió cada vez más la necesidad de que maduraran en programas, propuestas y métodos serios para enfrentar cada uno de los retos de América Latina. Prácticamente todos los outsiders de la época hicieron partidos políticos o movimientos unipersonales, algunos de los cuáles se convirtieron en agrupaciones clientelistas iguales o peores que las precedentes. Los mejores casos y cosechas de la época se dieron con aquellas personas que capitalizaron su liderazgo en acuerdos políticos y procesos más colectivos, aunque eso les implicara ceder algo de su propio poder. Finalmente, el mérito de un sistema de partidos democrático es ser un canal de representación entre el ciudadano y el Estado. La historia nos ha demostrado que las alternativas cobran sentido cuando maduran y evolucionan, y que las soluciones unipersonales que nuevamente se están promocionando en el panorama político pueden resultar bastante limitadas. Aunque muchos outsiders crearon su propio partido, la probabilidad de caer en prácticas clientelistas es la misma tanto para ellos como para los llamados independientes. De hecho, ninguno de los candidatos mencionados propone algo diferente a la tradicional contratación de amigos. Por lo tanto, el llamado de Lara a conformar una potencial coalición de centro derecha es absurdo, ya que ninguno de ellos es verdaderamente independiente, y en caso de que se unieran en torno a la figura de Oviedo, quien tendría la mayor probabilidad de ganar entre los tres, no se garantizaría la construcción de un gobierno burocráticamente independiente. Tres candidatos independientes pueden ser perfectamente iguales a uno tradicional, con las mismas prácticas clientelistas y el enfoque en la promoción personal para otros tipos de cargos (¿presidencia, tal vez?). Es hora de desmitificar la independencia como un indicador de buen gobierno, porque no lo es. Hoy, la ciudad necesita un equipo calificado y responsable que se enfoque en abordar la seguridad y la movilidad, al tiempo que preserva los avances logrados en inclusión y servicios sociales. ¿Es mucho pedir? Tal vez. Pero como ciudadana, no quiero conformarme con menos que esto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: Travel Guide y Vanguardia La vicepresidenta, Francia Márquez, está lista para emprender su segundo viaje a África este año. Este viernes, 1 de septiembre, partirá hacia el continente africano para participar en un evento de gran importancia: la Cumbre Africana del Clima, programada para los días 4 y 5 de septiembre. Este viaje no solo marca un compromiso continuo con la diplomacia internacional, sino que también subraya la creciente relevancia del continente africano en la lucha contra el cambio climático. Aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre la delegación que acompañará a la vicepresidenta en este viaje, se ha confirmado que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, serán parte de la comitiva. Además de su participación en la Cumbre Africana del Clima, Márquez realizará una visita oficial a la República de Ghana los días 6 y 7 de septiembre, marcando así su segundo viaje a África en el año en curso. Este nuevo viaje de Francia Márquez a África es parte de la estrategia “África 2022-2026”, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es consolidar relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con el continente africano. Esta estrategia busca abrir vuelos comerciales directos desde Colombia hacia países africanos, establecer nuevas embajadas colombianas en naciones africanas, firmar acuerdos con cámaras de comercio africanas en diversos sectores, y promover alianzas culturales entre ambos continentes. Sin embargo, el primer viaje de la vicepresidenta a África este año no estuvo exento de controversia. Se le criticó por llevar una delegación de más de 50 personas, incluyendo a su pareja, Yerney Pinillo Ocoró, lo que generó un gasto de más de 1.700 millones de pesos. Márquez defendió su viaje y argumentó que se estaba atacando injustamente debido a un supuesto “sesgo racial”. (Ver: Francia Márquez fortalece cooperación entre Colombia y países africanos durante su gira oficial) La vicepresidencia destacó la importancia de África como un continente lleno de oportunidades para Colombia, ya que es la región con el mayor potencial de crecimiento económico del mundo y cuenta con una población que se duplicará para 2050. El Área Continental Africana de Libre Comercio, la mayor zona de libre comercio del mundo con 54 países firmantes se propone eliminar el 90 % de los aranceles sobre las mercancías en los próximos cinco años. Además, la vicepresidenta señaló que su viaje fue patrocinado por la fundación Open Society, agradeciéndoles por su apoyo financiero y logístico a la visita. En cuanto a las críticas sobre la cantidad de negocios cerrados durante su viaje anterior, Márquez explicó que primero se establecen diálogos políticos y mecanismos legales antes de concretar acuerdos comerciales. Insistió en que sus relaciones con África estaban prácticamente abandonadas y que era esencial fortalecer los lazos entre Colombia y el continente africano. Según Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, coordinador de la Línea empresas y paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Cumbre Africana sobre el Clima se convierte en un pilar fundamental como espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas encaminadas a la responsabilidad global de abordar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de cara al año 2030. Esta es la razón por la cual Colombia debe estar presente en este evento de relevancia internacional. El próximo viaje de la vicepresidenta se enfocará en dos países: Kenia y Ghana. En Kenia, participará en la Cumbre Africana del Clima, que reunirá a más de 20 jefes de Estado africanos y líderes mundiales para abordar el cambio climático y la cooperación bilateral. Después de la cumbre, Márquez visitará Ghana en el marco de la estrategia “África 2022-2026”. Esta visita, la primera de alto nivel en 30 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ghana, fortalecerá los lazos entre ambos países. El compromiso de Francia Márquez con África y su participación en la Cumbre Africana del Clima resaltan la importancia de abordar el cambio climático desde una perspectiva sur-sur. El continente africano, con su crecimiento económico y su población en aumento, desempeña un papel crucial en la lucha global contra el cambio climático. La presencia de Colombia en eventos como este refuerza su compromiso con la cooperación internacional y su determinación para enfrentar los desafíos ambientales desde una visión global y solidaria. Este segundo viaje de Francia Márquez a África en 2023 demuestra la voluntad del Gobierno de fortalecer sus relaciones con el continente africano y contribuir de manera significativa a la lucha contra el cambio climático en el sur global. Finalmente, Nashry Zahgui Ibn Mucktafi enfatizó que estas visitas desempeñan un papel fundamental en la consolidación de relaciones diplomáticas y el fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Asimismo, resaltó que en la actualidad, África está emergiendo como una potencia económica a nivel mundial, lo que subraya aún más la importancia de establecer y mantener relaciones sólidas con estos países. Además, el ministro de Relaciones Exteriores ha mencionado la posibilidad de abrir nuevas embajadas, lo que podría abrir puertas significativas en términos de turismo y relaciones comerciales.

Por: Lizbeth Guerrero Cuan Analista política con perspectiva de género En marzo de 2023 representantes del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron el Acuerdo de México, en el que se definió una agenda para los diálogos de paz cuyo primer punto es la participación de la sociedad en la construcción de paz. En consecuencia, a principios de agosto se instaló el Comité Nacional de Participación (CNP), compuesto por 81 representantes de movimientos, pueblos, organizaciones y gremios. La primera de las cuatro fases del plan de trabajo del Comité será el diseño de la participación que se materializará en el Plan Nacional de Participación. Luego vendrán el diagnóstico y diálogo sobre la democracia para la paz, la construcción de una agenda sobre democracia y transformaciones y, finalmente, la sistematización de los resultados. En concreto, este Comité arrancará sus funciones elaborando una estrategia para preguntarle a la ciudadanía cómo debe hacerse la participación. Los negociadores han dicho en repetidas ocasiones que la participación será el corazón de este acuerdo. En Colombia +20, Iván Cepeda, senador y negociador del Gobierno, señalaba que la mesa de diálogo reconocía que ha habido muchas experiencias de participación. Por ello, quieren escuchar la opinión de la ciudadanía sobre estos procesos y deducir, a partir de ahí, cuál es el modelo más adecuado para hacer participación. En la misma nota, Aureliano Carbonell, delegado de la guerrilla, hablaba de la importancia de que el modelo que resulte permita una participación amplia, diversa, eficaz y que genere entusiasmo en la ciudadanía. Ni el propósito de alcanzar un modelo de participación que cumpla con esas intenciones, ni el planteamiento de que el proceso participativo sea un vehículo para alcanzar grandes transformaciones son una novedad. Y como no es la primera vez que se hace un planteamiento de este tipo, sabemos que materializar esas intenciones es un enorme desafío. De ahí que convenga buscar las preguntas pertinentes que nos permitan reflexionar y comprender qué debería hacerse esta vez para acortar la distancia entre estos elevados propósitos y la realidad. Primera pregunta: ¿el resultado compensará el esfuerzo? Si bien es comprensible que la Mesa quiera saber qué piensa la ciudadanía sobre el funcionamiento y la utilidad de los procesos participativos que se han realizado, también es costoso emprender esta tarea. En consecuencia, es normal que se piense que es demasiado ambicioso y desgastante convocar a la ciudadanía primero para preguntarle cómo quiere participar, y después convocarla nuevamente para saber qué propuestas tiene. Uno de los retos que tiene el Comité es demostrar que ese punto de partida, que implica convocar dos veces a la ciudadanía, tiene sentido. Para eso, habría que garantizar que la calidad y legitimidad del modelo de participación que resulte compensará verdaderamente el esfuerzo que se hará para construirlo. Sería muy desafortunado que, luego de invertir en la participación, quedara en el ambiente que el modelo pudo haber surgido de una evaluación de los procesos realizados y los mecanismos existentes. Una muestra de que este empeño participativo tiene frutos podría ser que surja un modelo de participación novedoso, que, como planteaba Carbonell, anime a la ciudadanía. Es decir, que vaya más allá de la rígida y tradicional combinación de mesas, asambleas y comités, y adopte una perspectiva flexible, ágil, multicanal, y que realmente facilite la expresión de diversas voces. En otras palabras, concebir e implementar un modelo completamente innovador que resuelva los desgastes de la participación. Esto, por supuesto, es muy difícil de lograr. Para alcanzar un propósito tan ambicioso sería fundamental analizar por qué, a pesar de todos sus defectos y de todas las críticas, se insiste una y otra vez en el modelo tradicional. Hay que considerar que probablemente existen incentivos para que el modelo tradicional se mantenga. Por un lado, quienes convocan a la ciudadanía naturalmente resisten el cambio y ven más fácil implementar un proceso si optan por hacer las cosas como ya las han venido haciendo, pues al tiempo que cumplen con el requisito, lucen democráticos y reciben cientos o miles de propuestas de las cuales algunas eventualmente se cumplirán. Por otro lado, el modelo tradicional mantiene vigentes a los líderes locales que acuden a uno y otro proceso de participación y de este modo les demuestran a sus comunidades que están activos, que trabajan por ellos, y que son importantes. Para que el modelo de participación que surja del proceso de negociación con el ELN sea novedoso, debe considerar cómo motivar a las instituciones, a los líderes sociales y a la sociedad civil en general para trabajar en un proceso de participación completamente distinto. Segunda pregunta: ¿es posible plantear un modelo de participación amplio y eficaz a la vez? Dos experiencias recientes, la formulación participativa de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Diálogos Regionales Vinculantes del gobierno Petro para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo han probado que, si bien se puede hacer una participación amplia, es muy difícil que sea percibida como eficaz. En ambos casos se recogieron decenas de miles de propuestas (33.000 para los PDET y cerca de 90.000 en los diálogos regionales) que se sistematizaron con rigor y fueron llevadas a documentos de política pública: las hojas de ruta y el Plan Nacional de Desarrollo. Estos números permitirían decir que hay un respaldo importante a la implementación del acuerdo y al Plan de Desarrollo. Sin embargo, ninguno de estos procesos participativos se ve como una pieza clave ni eficaz a la hora de identificar y materializar las grandes transformaciones que se requieren en las regiones y el país en su conjunto. Esto puede atribuirse a un asunto metodológico o a la capacidad de las entidades de implementar los resultados, pero valdría la pena cuestionar si no se trata de abordar una limitación evidente en los procesos de participación en los que, en cuanto más se eleva la convocatoria y más propuestas se recogen, más se elevan las expectativas y menos posibilidades de eficacia se tiene. Por esto, uno de los retos del Comité Nacional de Participación será formular una estrategia clara que asegure un balance entre la convocatoria amplia y la percepción de eficacia en términos del uso de resultados para materializar transformaciones. El riesgo de sacrificar la eficacia en aras de tener recintos llenos y fotos multitudinarias está latente y hemos incurrido en él repetidamente. Tercera pregunta: ¿es posible llevar a cabo este proceso en medio de la violencia en distintas regiones de Colombia? El Gobierno Nacional y el ELN tienen pactado desde el pasado 03 de agosto y hasta el 29 de enero de 2024 un cese al fuego bilateral. Sin embargo, aunque esto disminuya la intensidad del conflicto, la presencia de otros grupos violentos hace que las amenazas, homicidios, ataques, confinamientos y desplazamientos sigan ocurriendo en los lugares en donde están las voces que ese proceso participativo quiere escuchar. Unas condiciones de seguridad tan frágiles representan un enorme obstáculo a la hora de generar la confianza necesaria para un proceso de participación de esta envergadura. El Comité Nacional de Participación acaba de empezar un trabajo fundamental ya que se dice una y otra vez que la participación es el corazón del proceso de paz con el ELN. Por esto, se puede esperar que las propuestas del Comité den respuesta a estas y otras preocupaciones, y contribuyan a abordar algunos de los desafíos sustantivos de la participación, más allá de asuntos como cuántos encuentros se realizarán y en dónde. El riesgo que está sobre la mesa no es que tengamos otro proceso de participación con más de lo mismo, sino que “el corazón” de este proceso falle y dilate la paz. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: Milenio y W Radio En la tarde de este 30 de agosto, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó de forma unánime una propuesta hecha por la congresista Julia Miranda, del partido Nuevo Liberalismo. En una carta dirigida al secretario general de la Cámara, Miranda había solicitado la creación de una subcomisión con el objetivo de promover un diálogo más amplio y participativo en torno a la reforma a la salud. En la carta presentada por la congresista Miranda, se destaca la importancia de conformar una subcomisión que incluyera representantes de todos los partidos políticos presentes en la Cámara de Representantes. El propósito central de esta subcomisión sería facilitar mesas de diálogo nacional que permitieran la participación activa de ciudadanos, políticos y organizaciones del sector de la salud. Esta estrategia se propone para asegurar una representación equitativa de diversas perspectivas y alcanzar un consenso sólido en la formulación de la reforma. Miranda enfatizó que esta propuesta se alinea con el llamado del presidente Gustavo Petro a construir un acuerdo nacional. Argumentó que una reforma efectiva al sistema de salud requeriría un enfoque colaborativo y participativo para abordar los desafíos actuales. La aprobación unánime de la propuesta en la plenaria de la Cámara de Representantes es un hito importante en el proceso legislativo. Se espera que los nombres de los integrantes de la subcomisión sean anunciados en los próximos días. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), al igual que gran parte de la agenda legislativa, especialmente aquella relacionada con el gobierno, la reforma a la salud, hasta ahora, se encontraba en un estado de inmovilidad. Vale la pena recordar que la reforma de salud actualmente se encuentra en su segunda etapa de debate, esperando ser discutida en la plenaria de la Cámara. Pérez destacó que el presidente de la Cámara, Andrés Calle, sorprendió a los congresistas esta semana al anunciar de manera inesperada que se daría inicio al debate. En resumen, la reforma de salud está en un estado de tránsito, en cierto sentido presente, pero también ausente. Mientras tanto, la agenda legislativa del gobierno sigue sin avanzar. Sobre la creación de la subcomisión, en términos generales, Pérez explicó que esta se traduce en la configuración de espacios de diálogo entre miembros del Congreso y también de la sociedad civil. Aunque se busca alcanzar un alto nivel de consenso en dicha subcomisión, su efecto principal parece ser la dilación de manera considerable de la reforma de salud. Esto se debe a que actualmente no parece estar en el centro de atención del Congreso. Las prioridades actuales de los legisladores, en su mayoría, están orientadas hacia las elecciones, mientras que los partidos políticos muestran reticencia a dar prioridad a la agenda del ejecutivo. Pérez destacó que es necesario aguardar para evaluar qué tipo de documento podría surgir de esta subcomisión. Aunque no es posible predecir con certeza el contenido del nuevo texto, lo que sí es seguro es que este proceso añadirá demoras significativas al debate. A los representantes en la Cámara, especialmente los independientes y de oposición, les interesa utilizar la subcomisión como una oportunidad para ralentizar aún más el proceso y trámite legislativo de la reforma de salud. Por lo cual será importante observar el resultado de esta subcomisión y cómo afectará el curso de la reforma de salud, particularmente en lo que respecta a su avance hacia el Senado para un tercer debate en la comisión séptima. La propuesta de Miranda no solo ha sido bien recibida por sus colegas en la Cámara de Representantes, sino que también ha generado respuestas positivas de otros sectores involucrados en el sistema de salud colombiano. Uno de los críticos más destacados de la reforma, el congresista Andrés Forero, del partido Centro Democrático, celebró la aprobación de la subcomisión como un paso importante en la dirección correcta. Este respaldo sugiere que la propuesta de la congresista Miranda tiene el potencial de unir a actores políticos que previamente tenían diferencias significativas respecto a la reforma a la salud. Por su parte, la asociación Gestarsalud, que agrupa a las EPS del régimen subsidiado, también expresó su apoyo a la creación de la subcomisión. Destacaron la importancia de contar con una colaboración más amplia y un consenso sólido en la construcción de una reforma que tendrá un impacto directo en la provisión de servicios médicos a millones de colombianos. A pesar de los avances, la reforma a la salud en Colombia aún enfrenta desafíos considerables. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reconocido que la reforma ha experimentado modificaciones sustanciales, representando un cambio del 50%. Esto plantea la interrogante de si el gobierno de Gustavo Petro está dispuesto a seguir adelante con un nuevo texto que, sin duda, implicará cambios considerables en el articulado actual. La cercanía de las elecciones locales en menos de dos meses agrega una capa adicional de complejidad al panorama. Es probable que el Congreso se muestre reacio a asumir el costo político de una reforma en medio de una campaña electoral, especialmente si la reforma ya ha sido objeto de controversia. Cabe señalar que la carta enviada el pasado 27 de agosto por las EPS Sura, Sanitas y Compensar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, introduce una dimensión crítica a la situación actual. En la carta, estas EPS alertaron sobre la viabilidad financiera de sus operaciones y plantean tres aspectos relevantes que deben abordarse para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud. Estos aspectos incluyen la insuficiencia de los recursos asignados, la necesidad de una redistribución equitativa de recursos y el pago de deudas pendientes. Ante esto, el ministro de Salud respondió a estas preocupaciones negando la falta de pago de las deudas con las EPS y asegurando que el Gobierno tiene un plan de contingencia para evitar que los usuarios se queden sin atención médica en caso de que algunas EPS dejen de funcionar. Frente a esto, aunque el camino hacia una reforma efectiva y duradera aún enfrenta desafíos considerables, como la necesidad de equilibrar las perspectivas políticas y garantizar la viabilidad financiera del sistema de salud, esta iniciativa se torna cada vez más urgente y se espera que se dirija hacia la búsqueda de soluciones colaborativas y equitativas para los desafíos del sistema de salud en Colombia. Mientras tanto, preocupa que los congresistas estén entregados a la carrera electoral.

Por: Katerin Erazo, Periodista Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que busca arrojar luz sobre una práctica atroz que ha afectado a innumerables personas en todo el mundo . Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha en 2011, se ha buscado recordar y concienciar sobre la magnitud de este problema global, que trasciende fronteras y regiones. A lo largo de los años, esta jornada ha adquirido una importancia crucial para recordar a aquellos que han desaparecido en contra de su voluntad y para luchar por la justicia en sus nombres. La desaparición forzada es una práctica siniestra que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. A lo largo de los años, cientos de miles de personas han sido víctimas de esta violación de los derechos humanos en al menos 85 países. Colombia, un país que ha sufrido periodos de conflicto y represión, no ha sido inmune a esta tragedia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1970 y 2018, se han documentado más de 80,000 casos de desapariciones forzadas en el país, dejando una cicatriz profunda en la sociedad. La desaparición forzada no solo se trata de la privación de la libertad de una persona, sino que también tiene un impacto devastador en sus familias y en la sociedad en general. En Colombia, la práctica se ha entrelazado con distintos actores, desde grupos paramilitares hasta guerrillas, agentes del Estado y otras alianzas criminales. Esta nefasta tendencia alcanzó su punto máximo entre 1996 y 2005, un periodo marcado por la expansión del paramilitarismo y la crisis de las instituciones estatales. Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia, International Crisis Group, compartió con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) una perspectiva sobre el crimen de desaparición, resaltando su intrínseca naturaleza invisible. Al hablar de los familiares y seres queridos de las víctimas, Dickinson señaló que en numerosas ocasiones resulta imposible plasmar con precisión la sensación y condición en la que se encuentran, ya que están sumidos en una angustiante incertidumbre. Esta ambigüedad se debate entre la esperanza de que la persona desaparecida reaparezca y el temor a que ocurra lo inimaginable. Dickinson subrayó que este crimen coloca a las víctimas en una situación de profundo desamparo, atrapadas en un abismo de incertidumbre sin vislumbrar una salida. En este contexto, el reconocimiento tanto a nivel internacional como público adquiere una significancia de gran relevancia. Estos crímenes, por su propia naturaleza, permanecen en la sombra, invisibles; no obstante, las víctimas requieren un sólido respaldo y solidaridad por parte de la sociedad. Este apoyo colectivo es crucial para encaminar a las víctimas hacia la búsqueda de paz y estabilidad en medio de su angustiante situación. Además, la analista senior de Colombia, International Crisis Group también hizo énfasis en un momento de gran relevancia: la firma de la Convención Internacional en la ONU en 2006. Este hito, sin duda, arroja luz sobre la problemática de la desaparición forzada. No obstante, Dickinson resaltó que es innegable que este reconocimiento llegó con un retraso considerable, considerando que esta problemática ha prevalecido mucho tiempo antes. Explicó que América Latina, en particular, ha sufrido durante décadas debido a este fenómeno, afectando países como Chile, Argentina, Colombia y México. Esta demora en el reconocimiento ha sido especialmente palpable en la región. En este contexto, el reconocimiento a nivel internacional otorga una plataforma más visible y proporciona herramientas adicionales para afrontar este desafío. A nivel internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional marcó un hito crucial al considerar la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, asegurando que este crimen no quede impune con el tiempo. En Colombia, la connotación de “falsos positivos” ha sido un término que ha suscitado preocupación, haciendo referencia a ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales. Sin embargo, la desaparición forzada es un preludio de estas atrocidades, ya que implica la violación fundamental de la libertad y la integridad de las personas. La analista Elizabeth Dickinson subrayó que el primer desafío innegable en este trayecto es el temor arraigado. Los dos escenarios en los que, en numerosas ocasiones, se perpetran estos crímenes complican enormemente cualquier intento de denuncia. La mera consideración de alzar la voz trae consigo la sombra amenazante de represalias, lo que convierte una vez más este crimen en un suceso silente, sin identidad, sin voz. Esta es precisamente la premisa que los perpetradores de este crimen desean mantener: la falta de tangibilidad que dificulte cualquier proceso de seguimiento. Ello conforma la base del enfoque de aquellos grupos y personas que orquestan estas acciones, negando la existencia de pruebas concretas para obstaculizar el camino de la justicia. Otro obstáculo que hizo énfasis la analista se presenta en el proceso de investigación. En innumerables ocasiones, la falta de evidencia palpable, como un cuerpo o una ubicación definida, arroja serias dificultades a la labor de rastreo y conduce a la frustrante conclusión de casos sin resolución. Esta situación sumerge a las víctimas en una incertidumbre perpetua que persiste a lo largo de sus vidas. En un rayo de esperanza, el Acuerdo de Paz de 2016 trajo consigo la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ( UBPD ), un hito significativo. Dickinson explicó que dicha unidad ha desempeñado una función crucial en la localización de víctimas en fosas comunes, lo cual no solo ha contribuido a la reparación de los afectados, sino también a la revitalización de la convivencia y la reconciliación social. Sin embargo, este nuevo desafío se presenta una vez más: en varios casos, los campesinos y comunidades que brindan información a la unidad de búsqueda son estigmatizados por grupos armados como informantes o “sapos”, lo que no solo limita, sino que también pone en riesgo la labor de esta organización de vital importancia. Este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es un llamado a la acción. La Organización de las Naciones Unidas busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre este problema persistente y alentar a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas concretas para prevenir y abordar las desapariciones forzadas. Los esfuerzos deben extenderse más allá de los gobiernos y llegar a la sociedad en su conjunto, promoviendo la tolerancia cero hacia esta práctica y apoyando a las víctimas y sus familias. Elizabeth Dickinson enfatizó que las medidas que los gobiernos y la sociedad en su conjunto podrían adoptar para prevenir las desapariciones forzadas y fomentar la justicia y la reparación se centran en la prevención. Según su perspectiva, el enfoque reciente de seguridad y defensa en Colombia, donde se prioriza la protección de los civiles, se erige como un elemento de vital importancia. Este enfoque conlleva la implementación de tácticas y operaciones preventivas, encaminadas a establecer condiciones que permitan a la comunidad ejercer sus libertades y reducir el control social ejercido por grupos armados. A pesar de ser un camino de largo aliento, este enfoque preventivo, según Dickinson, se convierte en un pilar esencial para evitar futuras desapariciones. En ausencia de estas medidas, la fase de investigación adquiere una significancia innegable. En particular, la carencia de evidencia palpable o información concreta sobre la ubicación de las víctimas agrega un nivel adicional de complejidad a este proceso. Además, Elizabeth Dickinson subrayó la importancia de que el Estado mantenga siempre presente estos crímenes en su memoria colectiva, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido. Su visión es que, incluso cuando el rastro se ha vuelto tenue y las pistas son escasas, el proceso de búsqueda y justicia debe permanecer ininterrumpido hasta alcanzar una conclusión satisfactoria. Esta perseverancia es fundamental para mantener viva la esperanza de las víctimas de que, en última instancia, se logre alcanzar una justicia definitiva y reparadora. La conmemoración de este día es un recordatorio sombrío, pero necesario de que la lucha contra las desapariciones forzadas continúa. No podemos permitirnos olvidar a quienes han sido víctimas de esta atrocidad ni cejar en nuestros esfuerzos por lograr la verdad, la justicia y la reparación. El camino hacia un mundo libre de desapariciones forzadas es largo y arduo, pero la persistencia y la solidaridad son nuestras armas más poderosas en esta lucha. A medida que reflexionamos sobre las cifras y los datos, recordemos que detrás de cada número hay una vida interrumpida, una familia destrozada y una comunidad afectada. El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es un llamado a la empatía, la acción y la esperanza de un futuro en el que estas tragedias sean solo un recuerdo oscuro de un pasado superado.

Por: Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, Coordinador Línea Empresas y Paz Foto tomada de: Enel X El país se encuentra en un momento histórico en el que debe abordar los desafíos energéticos y ambientales que afectan al mundo, tras un llamado de distintos actores a reducir la dependencia de combustibles fósiles y hacer frente para adaptarnos al cambio climático. Colombia tiene un compromiso internacional de reducir las emisiones de gases de efectos invernadero en un 51% para el 2030, así que con esta perspectiva se enfrenta a la urgente necesidad de una Transición Energética. Sin embargo, lograr una transición exitosa y “justa”, que es un apellido adoptado por la apuesta del Gobierno Nacional de Gustavo Petro, no es del todo sencillo y rápido, ya que implica una articulación entre comunidades, empresas y Gobierno para que se garantice un proceso sostenible y equitativo; además de tener en cuenta que una Transición Energética Justa requiere estar acompañada de otro tipo de transiciones sociales. En Colombia gran parte de la economía se ha movido en torno a la explotación de petróleo y carbón, por eso uno de los mayores retos es la búsqueda de alternativas de producción de energías limpias y sostenibles, en donde se diversifique la matriz energética y se garantice un acceso equitativo a la energía. Y aquí el sector minero es muy importante, porque se requerirá, según los expertos, minerales como oro, cobre, aluminio, níquel y litio; y adaptarnos a otras formas de producción energética como turbinas eólicas, geotermia, paneles solares y energía mareomotriz, entre las más conocidas. También habría que entrar en una dimensión poco conocida (y que quedó ya plasmada en el Plan de Desarrollo Nacional): la del hidrógeno blanco y verde. Desde esta apuesta, el sector minero es clave en el país para suplir la demanda que se avecina de minerales fundamentales para la transición, y acá uno de los retos son los procesos de legalización y formalización minera en territorios inmersos en violencias y conflictividades sociales que deben ser gestionadas. El Gobierno Nacional ha hecho avances en torno a una nueva Ley Minera, a la creación de Distritos Mineros Especiales, realizó un gran foro minero con más de 50 mesas de trabajo bajo un diálogo social participativo, todo bajo un discurso de minería para la vida y refiriéndose a una “reorientación de la operación minera”. Pero aún se requiere dar trámite a temas de diversificación productiva, enfoque diferencial (indígenas, NARP, campesinos, mineros) de los procesos de legalización y formalización, y resolver el cómo se suplirá con una demanda de materiales para esta Transición, así que necesitaremos de toda una “transición normativa e investigativa”. Otro componente vital para esta Transición Energética Justa es la participación comunitaria. El sentido de justicia implica para este Gobierno una perspectiva de equidad en distribución de cargas y beneficios de los proyectos; reconocimiento de todas las visiones territoriales y una garantía de no repetición en la identificación de daños ya causados por los temas minero-energéticos. Así que las comunidades deben ser las protagonistas de este camino hacia la Transición, esto implica, por un lado, que se tengan en cuenta las realidades territoriales en zonas que ya han sido marcadas como clave para esta transición, caso Guajira; con el mayor potencial en viento para parques eólicos; pero con unas conflictividades sociales muy grandes en donde según el DANE el 61,8% de su población vive en condición de pobreza, sin contar con las problemáticas migratorias y las intensas sequías que hacen que vivan un desabastecimiento de recursos permanente. También está la manera en que deben fortalecerse capacidades en las comunidades para garantizar una verdadera inclusión y empoderamiento en la toma de decisiones. Esto será indispensable para la gestión de conflictos socio-ambientales y asegurar que la información sea clara y así buscar que los beneficios realmente sean compartidos equitativamente. Acá es muy importante el papel que tendrán las comunidades energéticas en donde un grupo de personas, de forma cooperativa, participan de toda la cadena energética desde la generación hasta la distribución y son fortalecidas en capacidades organizativas, técnicas y administrativas buscando la sostenibilidad. En Colombia se comienza con tres comunidades priorizadas (Guajira, Nariño y Valle del Cauca), actualmente se encuentra en revisión el proyecto de decreto que las regulará. Así que debemos pensar en generar transiciones sociales y económicas para estas comunidades. El papel del Gobierno ya fue plasmado en el “Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023, Potencia Mundial de la Vida” con varios articulados y una meta de “Transformación productiva, internacionalización y acción climática”; y en donde tendrán que trabajar de la mano y muy articuladamente otros ministerios como el de Medio Ambiente, Educación, Trabajo, entre otros, en el entendido que es un tema que necesitará de políticas en varios frentes para poder hacer transición hacia economías y sociedades adaptadas a nuevas formas de producción de energías limpias y sostenibles. Además, es importante los procesos de regulación y promoción de la transición energética que le corresponden al Gobierno y los entes articulados en el tema del nivel nacional, esto para contar con Marcos regulatorios claros que permitan la inversión, la investigación y el impulso de estas nuevas formas de energía. Igualmente es necesario el compromiso de las empresas más allá de su responsabilidad social empresarial, porque deberán adaptar sus modelos de producción, transporte y negocio hacia alternativas más limpias y responsables; contando además con alternativas de inversión en nuevas tecnologías verdes y sostenibles. Así que necesitamos de transiciones políticas y empresariales que apoyen el reto. La transición energética va más allá de lo tecnológico, implicará cambios gigantes y estructurales que tienen que ver con tomar medidas en lo económico y por supuesto lo social: inclusive en la generación de nuevos imaginarios colectivos y hasta usos del lenguaje. Colombia ha tenido una fuerte dependencia histórica de los combustibles fósiles y esta Transición Energética Justa marca todo un desafío socio-político en medio de obstáculos financieros y desconocimiento de nuevas prácticas de energías renovables. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) iniciamos todo un compromiso para acompañar, desde un modelo de gobernanza colaborativa, este proceso de Transición Energética Justa como una forma de fomentar la investigación y los diálogos sociales, en donde todos podamos estar y contribuir a un proceso equitativo, de construcción de paz y justo. Por que esta transición integral también debe ayudar a la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia.

Por: Katerin Erazo, Periodista La democracia colombiana enfrenta un sombrío panorama en medio del proceso electoral en curso, con algunos candidatos asesinados en diferentes regiones del país. Estos lamentables sucesos no solo enlutan a las familias y comunidades afectadas, sino que arrojan luz sobre una creciente ola de violencia política que amenaza la integridad del proceso democrático. Durante el mes de agosto se registró en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, una de las víctimas que fue José Eduardo Timaná, líder indígena del resguardo “Kwet Wala” y candidato al Concejo por el Pacto Histórico. Timaná fue atacado el pasado 04 de agosto por dos individuos en motocicleta cuando se dirigía al corregimiento de Lomitas, acompañado por su pareja sentimental. Los atacantes dispararon sin previo aviso, arrebatándole la vida y dejando en shock a la comunidad indígena y política. Jorge Yonda, Gobernador del Resguardo Kwet Wala, denunció la persecución hacia las comunidades indígenas y exigió justicia. Por otro lado, en Honda, Tolima, la víctima fue Leandro Sánchez, candidato al Concejo por el partido Creemos. Sánchez, conocido por su compromiso en la mejora de la atención en salud y la protección animal, fue víctima de un acto sicarial frente a su vivienda. La brutalidad de este ataque resalta la vulnerabilidad de los candidatos y la urgente necesidad de medidas de seguridad para protegerlos en medio de sus campañas. Finalmente, el pasado 26 de agosto, Claudia Ordoñez, lideresa social y candidata al Concejo de Jamundí, Valle del Cauca, también fue víctima de la violencia política. Ordoñez fue asesinada en las inmediaciones de la cárcel de Jamundí mientras se preparaba para su jornada laboral, Ordoñez era reconocida por su defensa de los Derechos Humanos y del territorio. Su esposo resultó gravemente herido en el mismo ataque, subrayando la magnitud de la tragedia. Estos asesinatos son solo algunas de las víctimas registradas, lo que demuestra una preocupante tendencia de violencia política en el país. La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que entre octubre de 2022 y agosto de 2023 se han registrado 237 casos de violencia contra liderazgos políticos, incluyendo amenazas y asesinatos. Esta cifra representa un aumento del 75% en comparación con hace cuatro años, pintando un panorama alarmante. Las regiones más afectadas por esta ola de violencia son el Cauca, Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca, Nariño y Cesar. Candidatos elegidos por voto popular y precandidatos son los perfiles más vulnerables, con un incremento del 245% en ataques dirigidos a los últimos. La violencia política no solo pone en riesgo a individuos y comunidades, sino que también socava la confianza en el proceso democrático. Las autoridades electorales y de seguridad tienen la responsabilidad de proteger a los candidatos y garantizar un ambiente seguro para que el pueblo ejerza su derecho al voto. La paz y estabilidad de Colombia dependen en gran medida de la capacidad del país para asegurar elecciones libres de violencia y temor. En este contexto, la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) habría presentado su tercer informe de violencia político-electoral, el cual abarca el período desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de junio de 2023. Los datos revelan un panorama desalentador: durante estos ocho meses, se han registrado 152 víctimas de violencia electoral en 116 hechos asociados. Esto implica un incremento del 42% en el número de hechos registrados y del 35% en el número de víctimas contabilizadas en comparación con el informe anterior. El informe de Pares también destaca la preocupante tendencia de victimización continua, con una víctima de violencia política electoral cada día en Colombia. Las medidas tomadas por las autoridades y la sociedad en general serán cruciales para contrarrestar esta tendencia alarmante. Además de asegurar la seguridad de los candidatos, también es imperativo abordar las causas subyacentes de esta violencia, incluyendo las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, así como las cuestiones políticas, clientelares y corruptas que pueden alimentar el ciclo de violencia. La comunidad internacional también juega un papel importante al mantener la atención sobre esta situación y presionar por acciones concretas que protejan la integridad de los procesos electorales y de aquellos que participan en ellos. La defensa de la democracia y los derechos humanos en Colombia debe ser una prioridad, no solo para el país, sino también para la comunidad global comprometida con la paz y la justicia. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares, en Colombia se han registrado actos de violencia selectiva dirigidos contra candidatos a concejo, precandidatos a concejales y otras personas que participan en la política electoral con aspiraciones a cargos de elección popular. Pérez resaltó que, si bien existe esta violencia selectiva en el país, es importante señalar que desde la Línea de Democracia se difiere de la perspectiva de la Defensoría del Pueblo. A diferencia de la posición de la Defensoría del Pueblo, que sugiere la posibilidad de un escenario adverso para la realización de las elecciones debido a la presencia de estructuras armadas ilegales en ciertas zonas y los asesinatos de líderes sociales, Pérez consideró que afirmar la imposibilidad de llevar a cabo las elecciones es un error. A pesar de la existencia de esta violencia selectiva, la Defensoría del Pueblo debería ser más cuidadosa al concluir que las elecciones no podrán realizarse en función de estos factores. No obstante, la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares muestra preocupación por casos concretos que ilustran la magnitud del problema, como las renuncias del alcalde de Playa Norte de Santander, quien abandonó su cargo debido a la violencia política y se vio obligado a abandonar el país, así como la salida del alcalde de Nuquí. Estos dos casos específicos resaltan la urgencia de abordar la problemática de la violencia política en el país. Finalmente, es importante resaltar que en los próximos días, la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares presentará un nuevo informe acerca de la violencia político-electoral. En este contexto, Pérez explicó que la incidencia de hechos de violencia política y electoral sigue siendo constante, con un acontecimiento de este tipo ocurriendo aproximadamente cada día de por medio. Esta tendencia persiste y continúa generando preocupación. Un aspecto que resalta y preocupa es que esta violencia selectiva se manifiesta de manera precisa y dirigida. Prácticamente en cada incidente, una víctima se ve afectada. En otras palabras, existe una correspondencia casi uno a uno entre los actos violentos y las víctimas. Esta naturaleza específica y dirigida de la violencia es notable. Juan Alejandro Pérez mencionó que los perfiles más vulnerables y afectados por estos actos son aquellos de precandidatos y candidatos, principalmente en el período cercano a la inscripción de candidaturas y antes de esta. Asimismo, los miembros y militantes de partidos políticos, así como aquellos que ocupan cargos de elección popular, también se encuentran entre los más perjudicados, según lo que indicará el próximo informe.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El presidente Gustavo Petro es un político avezado, sabe cómo dejar instalada en la agenda pública asuntos controversiales de interés para el Gobierno y la sociedad. El miércoles 23 de agosto, en la entrega de tierras de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a campesinos -en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba-, anunció que propondría al país, muy pronto, una ley de reconciliación nacional. Este anuncio -como pasa casi siempre con sus propuestas- ha provocado una discusión de gran calado en el ámbito nacional. Su idea consiste en entregar al Congreso, para su debate y aprobación, una norma que permita al país avanzar en el perdón y la superación colectiva de enemistades. Una ley que, de una vez por todas, ayude a enfrentar las múltiples conflictividades que tenemos como sociedad y trabajar en la reparación de toda clase de víctimas. Esta es una idea atrevida que, aunque aún no está escrita y articulada, de llevarse a cabo, le permitiría a Petro atender, por lo menos, tres frentes de trabajo: primero, avanzaría en el cumplimiento de las promesas hechas en campaña; segundo, atendería el vacío jurídico que podría abrirse en torno a la su política de paz si se rechaza la Ley de Paz Total; y, tercero, aumentaría su vigencia y presencia en la esfera pública. Comencemos por el primer frente. Hace más de un año, Gustavo Petro realizó varias promesas en campaña que fueron ratificadas en su discurso de posesión el 07 de agosto de 2023. Una de ellas fue el cumplimiento a rajatabla de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y como podemos recordar, allí estaba la necesidad de la estructuración de una norma que permita la creación de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación. Además, en el ideario del Gobierno está la necesidad de buscar la reconciliación de todas y todos los colombianos. Un gran pacto colectivo que incluya tanto a los tradicionales actores armados políticos, como las guerrillas o los grupos armados, como también a todas aquellas personas y agrupaciones que hayan cometido ilicitudes, a los corruptos de Odebrecht o los narcotraficantes del Clan del Golfo. Según el presidente, todos estos actores tienen responsabilidades directas e indirectas en la situación de violencia que vive el país. Todos ellos han incidido negativamente en el desarrollo y progreso del país. Por eso, es con ellos que se debe hacer pactos y realizar negociaciones -que lleve a amnistías o indultos, por ejemplo- para lograr dejar atrás las múltiples conflictividades violentas -políticas, económicas, culturales-. En breve, Petro llegó a la Presidencia hace un año con la idea de que una de sus tareas prioritarias era avanzar en la reconciliación nacional. En proponer al país un pacto colectivo que le permitiera reducir disputas y delinear los senderos para salir de círculos viciosos que no dejan avanzar al país. Un acuerdo social que avance en el respeto de la Constitución, en que se reconozca a las víctimas y en que aporte a la verdad, la justicia y la reparación. El segundo frente de trabajo que lograría atender el Gobierno con esta propuesta es mitigar el riesgo que se provocaría si la Corte Constitucional niega la constitucionalidad de la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total. El Gobierno está previendo un vacío jurídico, de allí que debe avanzar en buscar construir un plan B, con el que logre anticiparse y enfrentar una posible negativa de esta norma por parte del tribunal supremo. Desde noviembre el Gobierno ha logrado avanzar en las negociaciones tanto con el ELN como con los otros grupos armados usando la norma conocida como de Paz Total. El cuestionamiento de esta norma dejaría en el limbo jurídico dichos avances. Por eso, el Gobierno desea, mientras la Corte da respuesta, avanzar en la construcción de herramientas legales que le permitan continuar con los diálogos de paz. Además, una ley de reconciliación nacional tendría la virtud de ser más general y amplia que la Ley de Paz Total. Lo que le posibilitará, por un lado, atender el clásico tema de la seguridad nacional; y, por el otro, avanzar en el tema de sometimiento a la justicia -propuesta que también está en riesgo y con ella el componente de paz urbana-. Incluso, de presentarse y aprobarse una ley de reconciliación, el gobierno Petro dejaría sentadas las bases para la desmovilización armada y la reincorporación de grupos armados con carácter político, como el ELN. La normatividad actual impide que delitos como el narcotráfico y el secuestro sean amnistiables. Finalmente, el tercer frente de trabajo que lograría atender Petro con esta propuesta de reconciliación es aumentar su presencia y vigencia en la esfera pública. Como hemos visto en este primer año, para el presidente ha resultado rentable políticamente lanzar propuestas, aunque ellas sean controversiales. Con sus discursos Petro ha logrado generar debate y con ello permanecer vigente en el campo político. En esta lógica, la propuesta ¡reconciliémonos! tiene la virtud para Petro de mantenerlo vigente en la esfera pública. Le permite de nuevo poner en la agenda temas de interés colectivo y a la vez enfrentar a la oposición. Como ávido político, sabe cómo picarles la lengua a los adversarios y generar controversias, y con ello ganarse espacios en el mundo de lo público. De acuerdo con lo anterior, la propuesta de presentar una ley de reconciliación nacional le está permitiendo a Petro atender varios frentes de trabajo: lo pone como un gobernante serio y cumplidor de sus promesas; como estratega que sabe hacerle frente a las adversidades y seguir adelante con sus iniciativas; y como un adversario político siempre presente en la esfera pública. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Semana del 22 al 27 de agosto de 2023 Sigue el proceso de conformación de las oficinas regionales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del Cese Bilateral pactado entre el Gobierno Colombiano y el ELN, el cual entró a regir desde el pasado 03 de agosto. Esta semana se instaló la oficina en Pasto, para el Departamento de Nariño, donde operan varias estructuras del ELN, tanto en la parte de los Andes, como en el Pacífico Nariñense. El MMV ha hecho un llamado a las organizaciones étnicas, sociales y de derechos humanos para que sean partícipes de este ejercicio de monitoreo y verificación, informando sobre situaciones en los territorios y que sean de interés y pertinencia relacionados con el cese bilateral en curso, para lo cual establecieron mecanismos de comunicación con la Misión de la ONU y la Conferencia Episcopal. A pesar que la Junta Nacional de Inteligencia, el máximo organismo de coordinación de todas las instancias de inteligencia del Estado Colombiano, afirma que no tiene conocimiento de atentados del ELN contra el fiscal Francisco Barbosa, la senadora María Fernanda Cabal y el general (R) Zapateiro, este sigue siendo un tema de importante visibilidad mediática y asunto de controversia, al punto que el propio presidente Gustavo Petro afirmó que el fiscal había sido engañado y que el Gobierno continuará en una labor de prevención reforzando la seguridad de las personas supuestamente amenazadas. Atizando el fuego provocado por estos hechos, Antonio García, primer comandante del ELN, afirmó que detrás de estas supuestas amenazas y responsabilidades atribuidas al ELN están la Policía Nacional y la DEA, sindicaciones de la mayor gravedad que han tenido poca atención mediática. Sobre la dinámica del Comité Nacional de Participación no hay novedades y sí la expectativa de conocer cómo será la agenda de encuentros sectoriales, temáticos y regionales que han pactado Gobierno Colombiano y el ELN. Se han producido graves hechos en Cáceres, donde combates entre estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN han dejado varios muertos, e igualmente hay población civil víctima, son hechos por aclarar. Comunicado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT): instalación de la Instancia Regional del MMV en Pasto, Nariño: 2. Con presencia del gobernador de Nariño, alcaldes, autoridades étnicas, autoridades religiosas y organizaciones sociales se instalaron en Pasto las instancias regional y locales de Nariño del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego entre el Gobierno y el ELN: 3. Nota de Caracol televisión sobre instalación del primer mecanismo de verificación de cese al fuego con el ELN en Nariño: 4. Diálogo con ELN: llaman a organizaciones sociales para que hagan control de cese al fuego: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-convocan-organizaciones-sociales-para-veeduria-del-cese-al-fuego-paz-total/ 5. Así ha sido la militancia de las dos guerrilleras que hoy negocian la paz por el ELN: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-con-el-eln-isabel-torres-y-consuelo-tapias-la-historia-de-las-mujeres-negociadoras/ 6. ¿Qué dice el ELN del posible atentado contra el fiscal Barbosa y María Fernanda Cabal? 7. ¿Paz Total o paz parcial?: 8. Grupo de prisioneros de ELN vuelve a pedir salida de la cárcel de presos enfermos: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/piden-salida-de-la-carcel-de-guerrilleros-del-eln-presos-con-enfermedades-terminales/ 9. Denuncian combates entre ELN y 'Clan del Golfo': Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomas de: Caracol Radio y Vanguardia Hace unos meses, se reveló que el Gobierno Nacional se encontraba inmerso en un proyecto para dividir el país en áreas de concordia, y ahora, este concepto ha cristalizado en lo que se denomina el "mapa de la paz". Se ha delineado un total de ocho zonas de serenidad, las cuales serán focos de conversaciones y pactos territoriales destinados a impulsar una Paz Total. Aunque estas zonas abarcan todos los departamentos, han sido configuradas con sensibilidad hacia las particularidades geográficas; de hecho, en algunas de ellas, un solo territorio se segmenta en múltiples áreas. Las ocho zonas de paz se distribuyen de la siguiente manera: zona 1 Valle del Cauca, Cauca, Huila, Nariño y Putumayo; zona 2 Córdoba, Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca; zona 3 Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba; zona 4 Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá; zona 5 Arauca, Vichada, Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Tolima; zona 6 Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, y Vaupés; zona 7 Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas; zona 8 Huila, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas. La inclusión repetida de algunas áreas en varias zonas obedece a la reconfiguración del conflicto armado y a la presencia diversa de grupos y elementos armados en el territorio nacional. Según Danilo Rueda, el Comisionado para la Paz, la selección de estas ocho regiones de paz se basa en varios criterios, como la existencia de organizaciones fundamentales comprometidas con iniciativas de paz, el grado de control hegemónico o tendencia de control por parte de grupos armados, la naturaleza disputada de ciertas zonas, las condiciones de marginación y pobreza, y la presencia de actividades económicas ilegales. Estas regiones de paz serán supervisadas de manera constante por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Un aspecto crucial radica en la designación de un Comisionado de Paz regional para cada una de las zonas, sumando un total de ocho. Estos comisionados serán responsables de garantizar y verificar la implementación de acuerdos, como, por ejemplo, el monitoreo específico de treguas entre grupos, lo que contribuirá a la ambiciosa meta del gobierno de entablar conversaciones simultáneas tanto con agrupaciones armadas como con facciones criminales, un enfoque destinado a romper el ciclo de violencia y consolidar una Paz Total. Con el fin de arrojar luz sobre la lógica detrás de la división del país en ocho regiones de paz, Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) nos dio su análisis sobre los factores clave que impulsaron al Gobierno Nacional a tomar esta determinación, los cuales abarcan aspectos geográficos, la interconexión entre departamentos y la presencia de actores armados. ¿Cuáles podrían ser los principales factores que llevaron al Gobierno Nacional a tomar la decisión de dividir el país en estas ocho regiones de paz? Puede ser de diversos tipos, un tema geográfico, de conexión entre departamentos, un tema de presencia de actores armados, también puede ser ese criterio metodológico para la construcción y definición de estas ocho zonas o estas ocho regiones. ¿Cómo se espera que esta división contribuya al avance hacia la Paz Total en Colombia? Creo que también esto responde a una necesidad de poder aterrizar mucho más el tema de Paz Total a nivel regional, territorial, pues también dentro de esta política se busca una cobertura nacional y que haya un impacto en la disminución de las violencias en las diferentes zonas del país, entonces creo que esta división contribuye de pronto a especializar la mirada sobre la Paz Total en estas zonas. Seguramente y va a ser así, se van a encontrar unas lecturas sobre Paz Total diferentes en la zona 5, la zona 1, también porque responde a que en la zona 5 hay unos actores armados, en la zona 1 hay otros, hay dinámicas diferentes de violencia, hay diferentes necesidades en clave de mensajes de sociedad civil a estos grupos, al Gobierno, en clave de Paz Total. Creo que esta división contribuye como a especializar la mirada sobre cada una de estas zonas y las necesidades que tienen en materia de la Paz Total. Se menciona que las ocho regiones de paz estarán bajo la coordinación permanente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. ¿Cómo se distribuirán las responsabilidades y funciones entre la oficina central y los comisionados de paz regionales? Entiendo y asumo que va a ser como una especie de figura plenipotente a nivel regional de la Oficina del Alta Comisionada para la Paz, entonces las comisiones de paz regionales, pues también van a articular y sumar esfuerzos regionales para hacer el zoom en clave de Paz Total, con acercamientos con actores armados, también realizar como sesiones a profundidad con sociedad civil en clave de necesidades de Paz Total en estas zonas, necesidades y requerimientos pues puntuales. Van a ser diferenciados de acuerdo a las zonas, creo que eso debe ser como una función, también articular actores estratégicos a nivel territorial para la construcción de la agenda de Paz Total, entiendo que va a ser así. La focalización de estas regiones se basa en criterios como la presencia de iniciativas de paz, control de grupos armados, zonas en disputa, condiciones de miseria y economías ilícitas. ¿Cómo se espera que estos criterios contribuyan a la efectividad de los diálogos territoriales y a la construcción de la Paz Total en cada zona? Esto contribuye en tanto que también permite lo que te dije anteriormente, centrar y especializar la mirada a nivel territorial, creo que también uno de los retos y alguna de las deudas que hay todavía con la Paz Total es eso, que no sea aterrizado lo suficiente a las especificidades y necesidades territoriales, y creo que esta focalización pues va a contribuir y sumar a eso. ¿Qué medidas se podrían tomar para garantizar que los diálogos logren la paz deseada? Bueno, creo que ahí pasa por un tema de que estas oficinas regionales del Alto Comisionado, a la Oficina del Alto Comisionado, van a construir insumos y van a darle voz a estas organizaciones de base de los territorios que por ahora no han tenido de pronto un espacio de participación efectivo en el marco de la paz total. En todo caso, pues bueno, está el Comité Nacional de Participación, pero está más vinculado al ELN, entonces seguramente esto va a potenciar participación de sociedad civil en clave de otros sectores armados, como disidencias, con el golfo, entre otros. Entonces creo que esa es una vía que puede garantizar como aumentar el flujo de trabajo de impacto de la paz total y también que en esos diálogos y todas esas sesiones de trabajo a nivel territorial pues se puedan construir hojas de ruta que se eleven también a la hora de abordar el tema de la paz total desde el gobierno central. Entonces creo que eso es como el sentido y el espíritu.

Por: Juan Manuel Velandia, Asistente de investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Fotos tomadas de: Infobae y Gol Caracol El próximo 29 de octubre de 2023 se llevarán elecciones de carácter local y el departamento del Valle del Cauca será de gran importancia en este periodo electoral. Para la Gobernación se inscribieron ocho candidaturas oficiales y entre esas resaltan dos. Por un lado, se encuentra la candidata Dilian Francisca Toro, la baronesa y líder de su propio clan, quien inscribió su candidatura el 27 de julio de 2023 con el coaval de más de siete partidos políticos (Partido de La U, Alianza Social Independiente, Partido Conservador, Partido Liberal, MAIS, Fuerza de la Paz, Colombia Renaciente). Toro cuenta con gran trayectoria política en el departamento; fue concejala en el periodo de 1984 a 1988 y alcaldesa entre 1992 a 1994 de Guacarí con el aval del Partido Liberal; senadora entre 2002-2006; 2006-2010; 2010-2013, expresidenta del Partido de La U entre 2020-2023 y gobernadora del departamento, en el periodo 2015-2019. En este último cargo obtuvo la máxima votación con 513.366 votos siendo la primera mujer en ocupar el puesto por voto popular y quien actualmente controla la Gobernación por medio de Clara Luz Roldán. Por otro lado, se encuentra Tulio Gómez, uno de los empresarios más importantes del departamento y reconocido como el fundador de la cadena de supermercados “Súper Inter”, marca que logró tener alrededor de 49 tiendas, todas distribuidas entre el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, la cual fue vendida en el 2014 al grupo Éxito. Para el 2016, y gracias a la venta al grupo Éxito, Gómez se convirtió en presidente del América de Cali hasta el 2018 y miembro de la junta directiva del equipo hasta marzo de 2023. El 27 de julio de 2023 Tulio Gómez inscribió su candidatura a la Gobernación del Valle por la coalición integrada por el Partido Verde, Partido Ecologista de Colombia y En Marcha. Para muchos fue una jugada táctica debido a que para el primer semestre del 2023, la decisión de Gómez era aspirar a la Alcaldía de Cali, pues su renuncia a la junta directiva del América de Cali así lo confirmaría. Sin embargo, para sus aspiraciones a la Alcaldía surgieron dudas sobre una presunta inhabilidad. Según fuentes de prensa, en los meses de noviembre de 2022 y de enero de 2023, Tulio Gómez, en su calidad de representante legal del América de Cali, en reorganización, suscribió tres contratos con la Secretaría del Deporte de Cali. El objeto de estos consistía en el alquiler de dos locales y el Estadio Pascual Guerrero para el desarrollo del objeto y actividad comercial del equipo de fútbol América de Cali. Ahora bien, la inhabilidad se desarrolla debido a que, según el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, se establece que: No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Sin embargo, la sombra de su presunta inhabilidad aún lo persigue, pues el 01 de agosto de 2023 el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió una demanda en contra de su candidatura a la Gobernación. El radicado enfatiza en estudiar la candidatura por la suscripción de varios contratos que involucran al máximo accionista del América con la Secretaría del Deporte de Cali, ya mencionados anteriormente. Debido a esto, el 11 de agosto de 2023 el CNE anunció que fue admitida la solicitud de revocatoria por medio de un documento de diez páginas en las que aporta pruebas de algunos contratos que Tulio Gómez suscribió con la Secretaría del Deporte de Cali, principalmente para labores relacionadas con el América de Cali. Cabe aclarar que esto no significa que el candidato Tulio Gómez tenga que desistir de su candidatura, sino que se debe de iniciar un proceso de apelación en donde Gómez tendrá que aportar las pruebas de su defensa. Fuente: CNE Entre barras y votos Con la llegada de Tulio Gómez, la carrera por la Gobernación del Valle del Cauca se convirtió en un verdadero partido de fútbol, en donde el apoyo de los hinchas será clave para los dos candidatos. A un extremo del campo se encuentra la candidatura a vencer: Dilian Francisca Toro, quien cuenta con la mayor intención de voto; sin embargo, con la llegada de Tulio como candidato a la Gobernación, su estrategia tomó un giro interesante, pues de una u otra manera tuvo que ganarse la atención de algunos hinchas del América de Cali, ya que este público futbolero es el fortín de Tulio. Una de sus mayores conquistas fue el apoyo de la barra con mayor historia y con una gran suma de hinchas del América de Cali, El Barón Rojo, quienes a través de sus redes sociales anunciaron su apoyo a la candidata. Fuente: Barón Rojo Colombia Por otro lado, Toro también logró cooptar el apoyo de las “Glorias del América”. Según el País de Cali, el hecho ocurrió en un evento que se llevó a cabo en Cali, entre exjugadores y Glorias del América, con el liderazgo del “Pibe del barrio Obrero”, Álex Escobar, estos se sumaron a la campaña de Dilian Francisca Toro y le entregaron “la número 10 autografiada”. Fuente: El País Hay que decir que la candidatura de Tulio Gómez es una candidatura recién ascendida, pues para el empresario el juego dentro de la política es algo nuevo; sin embargo, cuenta con apoyos estratégicos en el departamento y con el capital económico, que le ayudarán a sobrellevar el partido. Para Tulio, la votación de sus hinchas es fundamental, sin esta es poco probable que le pueda competir a Dilian, sus votantes están ligados al rendimiento futbolístico actual del América de Cali en la presente liga de Colombia, por tal razón su política también se centrará dentro del equipo con fichajes exclusivos que beneficiarían su imagen y campaña, un claro ejemplo es el fichaje de Edwin Cardona para esta temporada. Apoyos estratégicos de Tulio: ¿una moneda al aire? Detrás de los apoyos de Tulio se destaca el del Partido Verde, actualmente partido de Gobierno. Este apoyo podría significar varias cosas, por un lado, los verdes estarían buscando volver a retomar su la fuerza política, la cual han venido perdiendo en diferentes zonas del país. Esto se evidencia en la falta de candidaturas fuertes y acuerdos dentro del partido para estas elecciones regionales. Asimismo, este apoyo podría beneficiar al presidente Petro, ya que dentro de su Gobierno cuenta con el cofundador y expresidente del Partido Verde, Carlos Ramón González, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Esto debido a que el Gobierno buscaría debilitar a Dilian Francisca Toro para así poder negociar con el Partido de La U en esta nueva legislatura para la aprobación de los distintos proyectos de ley. Sin embargo, es importante que a esta candidatura se adhiera el Pacto Histórico, que hasta la fecha aún no han tomado una decisión que defina su futuro. Y, por último, este apoyo podría ayudar con el posicionamiento del representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Duvalier Sánchez, como líder de la oposición en el departamento. Sánchez se ha destacado por llevar un control político a Clara Luz Roldán, actual gobernadora y ficha de Dilian. Aunque las aspiraciones de Duvalier Sánchez aún no se conocen, el apoyo hacia Tulio podría ser determinante en sus futuras aspiraciones políticas. Para nadie es un secreto que los 90 minutos que se disputarán el 29 de octubre serán claves para el departamento, pues los dos equipos tendrán que disponer de sus mejores habilidades para definir quién se quedará con la Gobernación del Valle del Cauca.