Por: Lizbeth Guerrero Cuan Analista política con perspectiva de género El cierre de las inscripciones de candidaturas a Gobernaciones, Asambleas, Alcaldías, Concejos y Juntas Administradoras Locales, aviva el ambiente electoral y algunas reflexiones sobre nuestra democracia, más allá de cuáles serán las fuerzas políticas ganadoras y perdedoras, caben en este contexto. Una de ellas, especialmente relevante para garantizar la representatividad de los distintos grupos que conforman la sociedad colombiana, es preguntarse por los esfuerzos que se hacen para que en las elecciones se garantice el ejercicio del derecho al voto de toda la ciudadanía. En este marco es crucial llamar la atención sobre lo que sucede con la participación de los grupos poblacionales que enfrentan más barreras para su participación política, como la población trans. La elección de representantes de la población LGBTIQ+, aunque ha ido en aumento, sigue siendo reducida. Dentro de este grupo poblacional, la elección específica de personas trans es aún menor. Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales (2019), de las 20 candidaturas de personas LGBTIQ+, solo dos personas trans resultaron elegidas como edilesas. Una cantidad significativamente baja si se tiene en cuenta que se eligieron 32 gobernadores, 1101 alcaldes, 418 diputados, 12.063 concejales, y 6.814 ediles. Estos resultados nos indican que, a la hora de ser elegidas, sigue existiendo una amplísima brecha por cerrar. Pero a la hora de elegir, el escenario tampoco es alentador. “Que venga a votar la de la cédula”[1] es una frase que ilustra una de las maneras en que se les imponen restricciones a las personas trans cuando no existe correspondencia entre su identidad, expresión de género y la información de sus documentos de identidad (nombre, sexo, foto). Comentarios inapropiados, sumados a preguntas invasivas e incluso la aplicación de procedimientos adicionales para verificar su identidad son situaciones que deben soportar en los puestos de votación. Esto sucede a pesar de que, por supuesto, la corrección del componente de sexo en los documentos de identidad no es un requisito para que las autoridades cumplan con su deber de respetar la identidad y expresión de género de esta población. Y si bien desde 2015 el trámite para corregir el componente sexo está reglamentado, hay obstáculos como la negación de la prestación del servicio, el desconocimiento del Decreto por parte de los funcionarios, las complicaciones que se añaden al proceso o los costos notariales que persisten y dificultan la actualización. Esto evidencia que la población trans enfrenta distintas barreras para su ejercicio del derecho al voto, no solo por lo que sucede en la jornada electoral, sino desde antes de que las elecciones ocurran. Así mismo, los prejuicios en torno a la población trans y los imaginarios acerca del lugar que deben ocupar en la sociedad añaden dificultades a su experiencia como votantes. No hay que olvidar las violencias a las que se ven expuestas en el espacio público, que van desde el insulto hasta la agresión física. Si deciden salir a votar es muy probable que para lograr que su tarjetón marcado llegue al fondo de la urna deban enfrentar antes expresiones de burla o denigrantes, juicios negativos sobre su identidad, e incluso riesgos de violencia ejercida por parte de diferentes actores. No acudir a las urnas es una opción razonable si en el camino hacia ellas se encuentran obstáculos que pueden ir desde las restricciones institucionales hasta riesgos a la integridad. Este escenario desincentiva la participación de las personas trans. Dentro de los múltiples esfuerzos que hacen algunas personas y organizaciones por transformar esta realidad, en 2020 la Misión de Observación Electoral (MOE), el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y Caribe Afirmativo, lideraron el diseño del Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación. Este fue aprobado ese mismo año mediante la resolución No. 3480 de 2020 del Consejo Nacional Electoral (CNE). El protocolo contempla medidas como capacitación, visibilización de información, disposiciones sobre cómo referirse a las personas trans, e incentiva la inscripción de cédulas y actualización de datos en los documentos de identidad. Su primera implementación fue en 2022 para las elecciones de Congreso y Presidencia (primera y segunda vuelta). Luego de observar lo ocurrido en estas jornadas electorales, el informe “Una observación Trans al voto Trans” plantea algunas recomendaciones para futuras implementaciones. Dentro de ellas se encuentran: mejorar los niveles de capacitación con respecto al protocolo de Voto Trans, garantizar que luego de la corrección del documento de identidad se actualicen las bases de datos de la Registraduría, coordinar la divulgación de los plazos y procesos de inscripción de cédulas dirigidos específicamente a la ciudadanía trans, ampliar la difusión de piezas informativas en los puestos de votación, y disponer de procedimientos y mecanismos para interponer quejas sobre hechos de discriminación. Los procesos electorales son una oportunidad para unir esfuerzos que nos lleven a construir una democracia verdaderamente incluyente. Comprometernos con la garantía del Voto Trans no favorece solamente a esta población, sino que está estrechamente relacionado con el fortalecimiento de la democracia colombiana. Además, la renovación de los liderazgos políticos que desde muchas orillas se reclama, también puede encontrar un camino de transformación positiva a través de una mayor inclusión. En ese sentido, vale la pena aprovechar el clima pre-electoral para poner sobre la mesa este tema y sumar voces y esfuerzos que rodeen, acompañen, y apoyen las iniciativas que distintas organizaciones, líderes y lideresas han puesto en marcha por esta causa. Derribar las múltiples barreras que tiene la población trans a la hora de ejercer su derecho al voto requiere de un trabajo conjunto, sostenido y en diferentes niveles. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] Jhan Florez, lideresa trans.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos: Revista Semana El presidente Gustavo Petro ha presentado hoy 02 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia una terna compuesta exclusivamente por mujeres para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. La recepción formal de la terna tuvo lugar a manos del vicepresidente del alto tribunal, Gerson Chaverra Castro, en representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena. Esta selección se ha realizado con el objetivo de reemplazar a Francisco Barbosa, quien actualmente ocupa la posición de fiscal general. Las tres mujeres penalistas seleccionadas son Angela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez Parra. Cada una de ellas cuenta con un extenso recorrido y reconocimiento en el ámbito judicial, destacándose por su participación en investigaciones relacionadas con temas críticos para el país, como el paramilitarismo, la corrupción y las desapariciones forzadas. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la decisión tomada por Petro tiene como objetivo blindar la Fiscalía y preservar su interés en mantener la independencia de los poderes públicos y del Ministerio Público. Es importante destacar que no ha incluido a nadie de su círculo cercano.Estas tres personas, aunque no son parte de su círculo íntimo, tienen una trayectoria destacada en la Fiscalía, habiendo trabajado en casos relevantes como los relacionados con la lucha contra el crimen, tales como Odebrecht, el paramilitarismo e incluso el tema del Palacio de Justicia. Cada una de ellas ha investigado estos casos y cuentan con hojas de vida intachables. En este sentido, Juan Alejandro Pérez destacó que el mensaje que Petro está enviando con esta decisión es que respetará la independencia de los poderes y que no se ha favorecido a personas cercanas a él en posiciones clave dentro de la Fiscalía, demostrando su compromiso con la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia. La terna fue oficialmente presentada por el presidente Petro a la Corte Suprema de Justicia, la cual procederá a revisar detalladamente las hojas de vida de cada candidata yevaluará si cumplen con los requisitos para asumir la responsabilidad de dirigir la Fiscalía General de la Nación. Cabe destacar que, en una carta dirigida al presidente de la Corte, Fernando Castillo Cadena, Gustavo Petro hizo una importante solicitud respecto a procesos penales que involucren a su círculo íntimo, ofreciendo la posibilidad de designar un fiscal ad-hoc para asegurar la transparencia en dichas investigaciones. Es la primera vez en la historia de la Fiscalía General de la Nación que se presenta una terna conformada únicamente por mujeres, lo que representa un hito significativo en el avance de la equidad de género en las instituciones judiciales del país. Según Juan Alejandro Pérez, el siguiente proceso consiste en que los magistrados de la corte estudien las hojas de vida para que en febrero de 2024 asuma el cargo la nueva fiscal en sustitución de Francisco Barbosa. A continuación, presentamos una breve descripción de las candidatas: Angela MariaBuitrago Ruiz Conocida como la “fiscal de hierro”. Es abogada litigante y especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España), Magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho y Sociología del Externado. Ha sido docente de pregrado y posgrado en la clase de Derecho Penal, en la Universidad Externado. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca. Buitrago se ha desempeñado como subsecretaria de la Comisión del Código Penal Tipo para Iberoamérica y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En el 2005, Ángela María llegó a la Fiscalía General de la Nación, durante la administración de Mario Iguarán, e investigó la toma y retoma del Palacio de Justicia. Es la fiscal cuya investigación y acusación llevó a la condena contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada Amparo Cerón Ojeda Abogada con especialización en Administración Pública y en Derechos Humanos. Se dice que es la mujer con más experiencia en el cargo ya que estuvo en la Fiscalía entre 1989 y 2017.Es la hoy fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Estuvo encargada de las investigaciones con respecto a Odebrecht bajo la administración de Néstor Humberto Martínez. La Revista Cambio afirma que es gracias a su trabajo que se puso a Roberto Prieto, Luis Fernando Andrade, José Elías Melo, entre otros, contra las cuerdas. En 2002, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a ella y a cinco fiscales más medidas cautelares de protección. En 2020 renunció a la Fiscalía al ser retirada de la investigación por orden del fiscal Francisco Barbosa AméliaPérez Parra Se ha desempeñado como Juez de Instrucción Criminal, Fiscal Seccional, Fiscal Regional, Fiscal Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en 1998 y Fiscal Delegada de la Unidad Especializada Antiterrorismo, Jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía entre los años 90 y 2000. Ha investigado casos insignia de la guerra paramilitar y sus presuntos nexos con el Ejército Nacional en los años noventa. Por ejemplo, las masacres del Aro y Trujillo, además de los casos de desaparición forzada de Nidia Erika Bautista y Alirio de Jesús Pedraza Becerra, y es su despacho el que abrió la investigación contra el general retirado Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por la masacre de Mapiripán. Asimismo, Amélia realizó investigaciones contra Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, altos mandos de las Fuerzas Militares, lo que la llevó al exilio en 2003, a Canadá. En 2002, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a ella y a cinco fiscales más medidas cautelares de protección. Cabe mencionar que hace unos días la ONG Colombia Transparente presentó una recusación ante la Procuraduría contra el presidente Gustavo Petro, solicitando su apartamiento del proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación y que se abstenga de enviar la terna a la Corte Suprema de Justicia para la selección del próximo jefe del ente acusador. El jurista que la envió explicó que existe un riesgo para la separación de poderes y el progreso de las investigaciones penales que relacionan familiares del mandatario, como es el caso de su hijo Nicolás Petro, lo cual justifica la necesidad de que el presidente se desvincule del proceso. A pesar de esta situación, se aguarda el pronunciamiento de la Corte Suprema para determinar si la terna es viable, lo cual parece probable, considerando la destacada trayectoria profesional de las tres mujeres propuestas.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Desde 2014, la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho un juicioso seguimiento de las precandidaturas y candidaturas cuestionadas para las elecciones nacionales de Congreso y Presidencia, así como para las elecciones locales de Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas Departamentales. En cuando a elecciones regionales específicamente, durante los comicios de 2015 y 2019, Pares documentó 275 candidaturas cuestionadas (140 en 2015 y 135 en 2019) debido a investigaciones, supuestos vínculos con grupos armados ilegales y actividades económicas ilegales, así como acusaciones de corrupción, entre otros. Continuando con esta tarea, en estas elecciones de 2023, llevamos a cabo un Plan Maestro de Seguimiento Electoral en el que priorizamos 32 departamentos y 60 municipios para el mapeo de las precandidaturas y candidaturas cuestionadas a Alcaldías y Gobernaciones. En un primer informe (Ver: Informe de precandidatos cuestionados) registramos 88 precandidatos cuestionados que buscaban obtener el aval mediante partidos, movimientos y coaliciones. Sin embargo, a pesar de las advertencias de Pares, se avalaron 96 candidatos cuestionados para las próximas elecciones. De estos, 71 ya habían sido advertidos como un riesgo para la democracia, y 25 eran nuevos candidatos cuestionados. De los 96 candidatos con cuestionamientos, 49 obtuvieron el aval de un solo partido político, 34 fueron por coalición y solo 13 se inscribieron por Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC). De los candidatos que fueron avalados por un solo partido político (49), se registraron avales otorgados por 20 partidos. Los partidos que avalaron individualmente más candidatos cuestionados son: Partido Liberal (11), Partido de la U (8) y Partido Conservador (6). En comparación con los informes de 2015 y 2019, los partidos Liberal, La U y Conservador repiten en esta lista dentro de los partidos que avalan la mayor cantidad de candidatos con cuestionamientos que ponen en riesgo la democracia. En cuanto a los candidatos coavalados, de los 35 partidos que tienen personería jurídica en Colombia, se identificó que 32 participaron en el otorgamiento de un aval en coalición algún candidato cuestionado, dentro de los cuales no aparecen el partido Alianza Verde, Verde Oxígeno y Todos Somos Colombia. Los partidos que más aparecen en el otorgamiento de coavales a candidatos cuestionados son: Cambio Radical (12), Liberal (10), Conservador (9) y Partido de La U (7). Si se tienen en cuenta el total de candidatos avalados y coavalados por partido, el top de los partidos con mayor cantidad de candidatos y candidatas cuestionados son: Partido Liberal (21), Partido de la U (15) y Partido Conservador (15) y Cambio Radical (13). En el análisis de los datos registrados, de los 96 candidatos cuestionados, el 37,5% (36 candidatos) aspiran a lanzarse a las Gobernaciones. Los departamentos con mayor cantidad de candidatos cuestionados son: Antioquia (5), Magdalena (4), Santander (3), Bolívar (2) y Córdoba (2). Por su parte, el 53% (51 candidatos) aspiran a lanzarse a 35 Alcaldías municipales. Las Alcaldías con mayor cantidad de candidatos cuestionados son: Sincelejo, Sucre, con 4 candidatos cuestionados; Cartagena, Bolívar: 3 y Maicao, La Guajira: 3. En este informe en PDF hacemos un detalle de los 10 candidatos más cuestionados a Alcaldías y los 10 más cuestionados a Gobernaciones, teniendo en cuenta la gravedad de sus cuestionamientos y los altos riesgos que significan para la democracia en dado caso de resultar elegidos. Sin embargo, desde Pares se libera la lista completa en el anexo completo de candidatos y candidatas cuestionados en formato Excel (para filtrar este documento por departamento, partido político, o el filtro que sea de su interés vaya a la opción DATOS > VISTAS DE FILTRO > CREAR UNA VISTA DE FILTRO TEMPORAL y podrá utilizar los filtros de cada columna, también podrá descargar el documento para filtrarlo offline si es su preferencia). Le invitamos a leer los documentos completos con toda la información, los perfiles de los candidatos cuestionados, el resumen de sus cuestionamientos, los clanes políticos a los que pertenecen, los partidos o movimientos que los avalan, entre otros, aquí: Consulte aquí los 96 cuestionados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-MqxHW4g5WaNwx44P9QTEPE-O5rBfKP6/edit?usp=sharing&ouid=108088956826729656826&rtpof=true&sd=true

Por: Katerin Erazo, Periodista La jornada de cierre de inscripciones de candidaturas, que tuvo lugar el sábado 29 de julio de 2023, en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, estuvo marcada por un enfrentamiento armado entre soldados del Ejército Nacional y miembros de las disidencias de las Farc. Los combates, que se desencadenaron en la zona rural del municipio, generaron temor y angustia entre los habitantes, quienes se vieron obligados a refugiarse en sus hogares para resguardar su seguridad. El objetivo de los criminales era llegar hasta la sede de la Registraduría municipal, donde se encontraban candidatos al Concejo y la alcaldía para realizar sus inscripciones. Sin embargo, gracias a la oportuna reacción de las autoridades, las personas que se encontraban en ese lugar pudieron ser evacuadas a sus hogares, aunque algunos de ellos no lograron completar el proceso de inscripción. Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), afortunadamente la situación no escaló a mayores, pero actualmente el municipio enfrenta una situación no bélica tan grave como en otros municipios del Cauca. Sin embargo, la presencia de grupos armados está aumentando y afecta la vida cotidiana y la calidad de vida de los habitantes, lo que genera nerviosismo en la zona. Dagua cuenta con una extensa y densamente poblada zona rural, lo que dificulta el control y la implementación de medidas de seguridad. Por esta razón, sería de suma importancia aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en la zona para evitar futuras dificultades.Dado que Dagua se encuentra en un punto de tránsito entre Cali y Buenaventura, también es estratégico en términos de recursos naturales y cuenta con activos valiosos, incluyendo una represa. Aunque la población cuenta con el respaldo de la fuerza pública, el territorio amplio y complejo hace que se deba prestar especial atención a lo que pueda suceder en Dagua. En el contexto más amplio, según Juan Manuel Torres, Dagua no es el municipio más delicado, pero es importante tener en cuenta que la violencia y la inseguridad en el Valle del Cauca han ido en aumento, lo que complica la situación general de la región. Ante la situación que se reportó el pasado 29 de julio, la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, resaltó el trabajo del Ejército Nacional, que reforzó sus tropas en la zona para hacer frente a la situación y llevar a cabo labores de patrullaje durante la noche y la madrugada para proteger a los ciudadanos.También, las autoridades locales solicitaron al Gobierno Nacional la realización de un consejo de seguridad en el municipio, y al mismo tiempo, hicieron un llamado para que se tomen las medidas necesarias que garanticen el desarrollo normal de las elecciones regionales programadas para octubre de este año. La alcaldesa Ana María Sanclemente expresó en sus redes sociales su rechazo rotundo a la violencia que ha puesto en riesgo la vida de la población civil en Dagua. Por su parte, la Registraduría Nacional manifestó a través de sus redes sociales su repudio a los actos de violencia ocurridos en el Valle del Cauca, y emitió una alerta temprana sobre las acciones criminales llevadas a cabo por la estructura Jaime Martínez en esa región. Según informes, los responsables de los hostigamientos hacia la comunidad y las fuerzas de seguridad fueron miembros de la columna Jaime Martínez, una de las facciones de las disidencias de las FARC con mayor presencia en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde han perpetrado ataques contra la población civil en varias ocasiones. Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de Pares, Dagua es un municipio que se encuentra en la transición entre Cali y Buenaventura, ubicado en plena cordillera occidental. Torres mencionó que este municipio posee una red rural muy importante, que solía ser recorrida por la antigua vía al mar, conectando Cali y Buenaventura a través de varias veredas y corregimientos. Anteriormente, Dagua formaba parte de Buenaventura, pero hace varias décadas se convirtió en un municipio independiente, experimentando una transformación significativa. Desafortunadamente, Dagua ha sido afectado por el conflicto armado y ha enfrentado varios momentos difíciles. En el pasado, experimentó una presencia marcada de narcotraficantes vinculados al cartel de Cali, así como la presencia de grupos paramilitares como el bloque Calima y el bloque pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia, además de enfrentar las consecuencias de la presencia de las antiguas FARC. Debido a su ubicación como territorio de tránsito y su extensa y densamente poblada zona rural, Dagua ha enfrentado dificultades en los últimos años. En 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta de inminencia, específicamente la alerta 017, advirtiendo sobre la situación en Dagua. Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, ha avanzado desde el Cauca y ha ocupado gran parte de la zona rural de Dagua, incluso extendiéndose hacia municipios vecinos como Restrepo y Calima Darién. En este contexto, la presencia del grupo armado Jaime Martínez ha dado lugar a hostigamientos contra la Fuerza Pública, reclutamiento de menores, extorsiones y control sobre ciertas movilidades. También se ha reportado la presencia de Jaime Martínez en zonas pobladas, lo que ha llevado a enfrentamientos tanto con los militares como con la policía. El representante a la Cámara por el Valle del Cauca del partido Comunes, Luis Alberto Albán Urbano, compartió un video en Twitter que mostraba los momentos de tensión vividos en la Registraduría de Dagua durante el ataque armado de los grupos ilegales. Albán Urbano hizo un llamado urgente para que se garantice la participación política de manera pacífica y se erradique la violencia en el ámbito político. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, se ha notado un alarmante incremento en la violencia política en el Cauca. Esta preocupante situación afecta, en general, la región y es motivo de inquietud para todos. Pérez mencionó que es especialmente inquietante lo ocurrido en Dagua y Tuluá, donde se han reportado la presencia de dos grupos denominados “La Oficina de Tuluá” y “Los Cancerberos”, los cuales amenazan a periodistas y candidatos en el Valle del Cauca. Desde la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, se insta a que se tomen medidas para garantizar la seguridad en los ceses al fuego y durante las elecciones. En los informes previos y en el próximo informe sobre violencia política, se hace énfasis en la necesidad de asegurar que estos grupos armados y negociadores brinden garantías para la realización pacífica y normal de las elecciones en todo el país. El incremento y las particularidades de la situación en el Valle del Cauca, especialmente en Dagua y Tuluá, son motivo de gran preocupación para la línea de investigación, y se espera que se tomen acciones concretas para proteger la integridad de la población y garantizar elecciones libres y seguras en los próximos meses. Las autoridades municipales, en colaboración con la policía y el ejército, están trabajando para contrarrestar la violencia desatada por los grupos ilegales. No obstante, se enfatiza que es necesario un mayor respaldo y acciones contundentes por parte del Gobierno Nacional para enfrentar la situación de inseguridad en el municipio. Es importante mencionar que la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de las precandidaturas, partidos políticos, clanes y cuestionamientos asociados a estas aspiraciones. Se ha dado prioridad a los 32 departamentos del país y 60 municipios, documentando un total de 294 precandidaturas provenientes de 14 partidos políticos y 21 grupos significativos de ciudadanos (GSC), todos buscando obtener el aval para gobernaciones y alcaldías. Ver: (Precandidatos cuestionados elecciones regionales – Junio 2023) Adicionalmente, la Línea ha presentado tres informes sobre violencia político-electoral, recopilando datos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, hasta el 28 de febrero, 30 de abril y 29 de junio de 2023, con el objetivo de realizar un análisis comprensivo de la información recolectada. Ver: (Primer informe de violencia político-electoral (29 octubre 2022 – 28 febrero 2023) Es fundamental destacar que la violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se caracteriza por ser ejercida contra individuos o colectivos debido al ejercicio de sus derechos políticos durante la contienda electoral. En Colombia, este tipo de violencia no solo está relacionado con las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también con las prácticas políticas clientelares y corruptas. Ver: (Segundo informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 30 de abril 2023)(Tercer informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023)

Por: Redacción Pares Semana del 24 al 30 de julio de 2023 Hay expectativa por la instalación del Comité Nacional de Participación y el inicio del cese bilateral, ambos hechos se darán este 03 de agosto.Para la instalación del Comité Nacional de Participación se dará un acto en Bogotá con presencia del presidente Gustavo Petro e igualmente de los dirigentes del ELN, que han liderado la delegación de diálogo.Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU no le ha dado el mandato a la Misión en Colombia para ejercer el monitoreo y verificación del cese bilateral, la Misión ya viene trabajando en el tema, ese mandato muy seguramente será oficializado en el mes de agosto. Mark Wells, secretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, dijo que su Gobierno no se va a involucrar, por ahora, en el proceso de paz que adelantan Gobierno Colombiano y el ELN, respondiendo a esa posibilidad que fue formulada de manera pública y mediante carta desde noviembre del año pasado. 1. El Gobierno Colombiano, desde el Alto Comisionado de Paz, sigue haciendo pedagogía sobre el proceso de participación y el cese bilateral.Así construimos el plan del Comité Nacional de Participación y los protocolos del Cese al Fuego: 2. El Almirante (R) Orlando Romero, quien ha liderado desde el equipo del Gobierno Colombiano a los militares activos que han negociado con el ELN el cese bilateral que inicia este 03 de agosto, en entrevista con El Espectador, explica detalles de este importante acontecimiento: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/almirante-orlando-romero-explica-las-claves-del-cese-al-fuego-con-el-eln-paz-total-de-petro/?cx_testId=51&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 3. Reflexiones de Juan Carlos Ospina sobre el cese bilateral. Un cese al fuego robusto, basta leer: https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/un-cese-al-fuego-robusto-basta-leer/ 4. Antonio García, primer comandante del ELN, en su columna Interrogantes por resolver, habla de supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional y de la continuidad de las confrontaciones en varias regiones: https://telegra.ph/Interrogantes-por-resolverse-07-26 5. ¿Qué tan ciertos son los reclamos de jefe de ELN sobre incumplimiento de acuerdos?: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-total-de-gustavo-petro-antonio-garcia-del-eln-alega-incumplimientos-del-gobierno/ 6. Jefes del ELN llegarían a Colombia para multitudinario evento con Petro: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-petro-eln-asi-seria-acto-de-instalacion-de-comite-de-participacion-y-cese-al-fuego/ 7. Jugada Crítica 26-07: Mesa trilateral en Colombia, participación social para la paz: 8. Aureliano Carbonell, de la delegación de diálogo del ELN, habla sobre el proceso de participación: 9. VerciclosNo. 7 -Comandante Nicolás Rodríguez 10. Las investigaciones sobre robos a Ecopetrol, enlas que se menciona participación del ELN: https://canal1.com.co/noticias/nacional/robo-a-ecopetrol-implicados-falsificaron-documentos/#google_vignette 11. La Dirección Nacional del ELN niega responsabilidad en el robo a Ecopetrol: 12. La Paz Total de Gustavo Petro: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Fundación Paz & Reconciliación La última semana me la he pasado revisando las cifras de la gestión del gobierno Petro, ahora que está por cumplir un año. Medir la gestión gubernamental pareciera algo ya conciliado en la ciencia política, pero es uno de los grandes debates. Uno bien pudiera decir que un gobierno que se gasta todo el dinero que presupuestó es un gobierno eficiente, pero también puede significar un gobierno profundamente corrupto. Si a eso le sumamos nuestra animadversión por medir resultados o impacto, pues tenemos un serio déficit de datos. Es decir, estamos medio a ciegas tratando de entender qué hacemos bien y qué hacemos mal. El gobierno ha tenido, por supuesto, aciertos y desaciertos organizando su gabinete y tratando de empujar el monstruo estatal hacia los cambios que se prometieron en campaña, pero también tratando de responder a los compromisos políticos (léase cuotas burocráticas) que pueden estar generándole más peso del que quisiera. En todo caso, no es sencillo. Sin embargo, al 30 de junio, el porcentaje de ejecución fue solo del 30,1% –según datos de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional–, es realmente bajo. No se explicaría simplemente por dificultades en la gestión. Para que me entiendan las personas que me leen: la ejecución corresponde a lo que el gobierno tiene ya comprometido, mediante actos o contratos, del total de la asignación máxima de la cartera. Sin embargo, si las obligaciones no son cumplidas a cabalidad, los pagos no se realizan. Lo que ya está listo para ser pagado es solo el 16% del total apropiado. Hay algo que no cuadra en las cifras, incluso dando por sentada la tesis única de la gestión. No solo porque al final el número de contratos solo habla de la capacidad de contratar, sino porque no es lógico que los contratistas que han vivido tantos años del Estado y tienen tanta experiencia en manejar a su antojo la ley 80 simplemente pararan su gestión. Estoy segura de que estos últimos siguen presionando a sus intermediarios en el Congreso para continuar con cualesquiera fueran sus negocios, y que muchos de estos intermediarios fueron parte de la coalición de gobierno, o incluso todavía lo son. ¿O no? Entre más ahondo en casos y entidades específicas, más me convenzo de que lo que estamos viviendo es una sumatoria de causas que no estamos viendo en perspectiva. En primer lugar, es verdad que el presidente Petro paró las firmas de los compromisos pasados, basándose en una profunda desconfianza, para nada infundada, en el gobierno anterior. También es verdad que el “saber público” consta de una cantidad de información que se aprende haciendo y navegando entre las normas informales y las costumbres públicas que no necesariamente obedecen a la ley, y que se ubican en una zona gris que puede ser kafkiana para cualquiera que no esté acostumbrado. Y la izquierda colombiana tiene preparación académica, pero no tiene tanta gente que cumpla con la condición fundamental de ser indiscutiblemente leal al gobierno y saber “hacer” en las aguas públicas. La paranoia inicial también hizo que este gobierno prescindiera de gente capaz y bien intencionada, pero no explica del todo el bajo porcentaje de ejecución. Aquí, es posible que estemos ante un mercado de la contratación mucho más pequeño de lo que creíamos, pero sobre todo construido a imagen y semejanza de los políticos que lo gestionaban. Al verse en crisis los intermediarios y al no saber cómo responder ante los cambios de gobierno, simplemente hay un sinfín de convocatorias y licitaciones que están quedando desiertas. Al mismo tiempo, el saber contratar con el Estado tampoco se aprende fácilmente. Desde el 2012, Colombia no ha mejorado en su calificación de corrupción, según el índice de transparencia internacional. Y en prácticamente todos los casos donde existen transacciones de estas se necesita de la conjunción entre el gobierno, un privado y un político que intermedia. No sé si es intencional, pero en cierta forma esto se está fracturando. El político ya no es tan eficiente, el gobierno no los recibe de la misma forma y el privado está bajo muchas más lupas. En las grietas de este modelo se está mostrando la realidad de lo que somos: un Estado cuya capacidad es inversamente proporcional al peso de su contratación pública y a un acumulado de normas que se hicieron a la medida de los contratistas más profesionales (y puede que los más corruptos), pero que han despojado al resto de la sociedad de su capacidad para ejecutar. Bueno sería no perder esto de vista. Finalmente, gobernar no es contratar.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Hace pocos días el presidente Gustavo Petro propuso como gestor de paz al exparamilitar Salvatore Mancuso, y esto lo hizo blanco de muchas críticas; pues, insólitamente, todavía hay quienes se oponen a que el país empiece a vivir un tiempo de paz, donde el respeto a los otros sea la norma, y el principio el respeto a la vida. A esos opositores, para entenderlos mejor y hablar sobre ellos, les he denominado “gestores de guerra”, pues se oponen a la paz en contraste con los llamados “gestores de paz”. La palabra “guerra”, si la pensamos como un conjunto, por ejemplo, el conjunto universal de los “gestores de guerra”, a este lo integrarían individuos dados a expresarse indefectiblemente con los modos de la barbarie. En contraste, los elementos o sujetos pertenecientes al conjunto universal denominado “paz”, en la naturaleza lógica de las cosas, se esperaría que fueran personas dadas a expresarse con benevolencia. De ahí surge, en parte, la dificultad interpretativa o el rechazo a los “gestores de paz” que hayan pertenecido, o pertenezcan todavía, al conjunto de quienes se expresan con los modos de la barbarie; porque, en realidad, no casa en la lógica natural de las cosas que alguien, integrante del conjunto universal de la “guerra”, un día, de pronto, reciba las banderas de la “paz”, siendo estas aparentemente exclusivas para quienes ejercen la benevolencia y la han ejercido desde siempre, para quienes hacen parte del conjunto universal de la paz. Sin embargo, en Colombia, y en las intrincadas situaciones de la política nuestra, las paradojas, las anomalías y las incertidumbres, parecieran ser la regla, y aunque muy raro parezca, son estos actores cruzados –pertenecientes a un conjunto de intersección– los llamados a dar informaciones y claridad acerca del conflicto en cuestión. De tal suerte, los “gestores de paz” en Colombia, pueden ser, indiscriminadamente, pertenecientes al conjunto universal de la guerra o al conjunto universal de la paz. Cuando a Nelson Mandela le concedieron el premio Nobel porque siendo un gestor de paz contribuyó a la consecución de la paz para su pueblo, también lo recibió Frederik W. de Klerk, porque siendo un gestor de guerra contribuyó a la consecución de la paz para su pueblo. Pero, ¿en Colombia quiénes son los “gestores de guerra”? En Colombia y en el mundo entero, los “gestores de guerra” son aquellas personas dedicadas desde su ámbito profesional, empresarial, industrial o social, a la construcción de estrategias para divulgar la necesidad de la guerra –como mantener vivos los conflictos– haciendo uso de los medios de comunicación que por lo general les pertenecen, y desde los cuales desarrollan e implementan tácticas y estrategias en contra de la paz. Los conocimientos de un “gestor de guerra” siempre se encaminan en favor de fortalecer la ignorancia de su pueblo. De hecho, los gobiernos de derecha en Colombia, por ejemplo, desmontaron del currículum escolar materias de incuestionable necesidad, como las clases de Historia de Colombia, las clases de Instituciones Políticas y las materias de Cívica y Ética, tan fundamentales y tan en boga en los centros de educación del mundo. En Colombia, a los “gestores de guerra” y a los “gestores de paz”, la población ni siquiera los discrimina con acierto crítico, pues buena parte de la ciudadanía ve en unos –en los “gestores de paz” – personas resentidas sociales o que han tenido afectaciones bárbaras que los han alineado a las tendencias políticas que buscan la paz; y ve en los otros –en los “gestores de guerra” – a personas que, licenciadas por el mismo Dios –el garrote y la zanahoria– buscan organizar a una sociedad sumida en el caos, por supuesto, en el caos de la pobreza, en el caos de la pobreza de una población a la cual se le han negado los proyectos de evolución y se le ha condenado a una esclavitud en la que reinan la falta de oportunidades escolares y laborales. Los “gestores de guerra” son los principales encargados de modificar la cultura ciudadana –para implantar la que yo llamo “incultura traqueta” – promocionando aspectos puntuales del arte folclórico y/o popular, que desvían de la verdad sensible y cognitiva de una población, que podría pensar por sí sola si se le permitiera educarse y desarrollar las sensibilidades. No en vano los “gestores de guerra” se la pasan insensibilizando a la sociedad, con recurrentes actos de violencia y se la pasan criticando los derechos humanos. Para los “gestores de guerra” los derechos humanos son una estrategia política de los comunistas, de la izquierda o de la gente que piensa diferente a ellos. Siendo consecuentes con su irracional coherencia, los “gestores de guerra” construyen sus expresiones políticas basados en esa incultura que profesan, en la que los valores elementales como el respeto al otro se evaporan y son reemplazados por nuevas conductas en las que la ética y la cívica nada importan. Los “gestores de guerra” ocupan sus pensamientos, básicamente en cómo insertar psicológica, sociológica y políticamente, sus programas de ambición de poder y en cómo mantenerlo para seguir compartiéndolo con sus familiares y amigos, haciendo de la población una amorfa masa de esclavos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Yesica Cortés Docente universitaria, filósofa y activista feminista “La tierra para quien la trabaja”, así como la máxima zapatista lo reclama, las organizaciones sociales y ambientales de la localidad San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, reclaman su legítimo derecho a decidir cómo habitar e intervenir el territorio de la serranía del Zuque, en donde por años han establecido procesos de apropiación, restauración y cuidado comunitario que han permitido consolidar espacios físicos como la Ecoaula Ambiental del Zuque o la Casa de la Lluvia de las Ideas en el Alto Fucha. En estos escenarios también se ha promovido la formación de una ciudadanía activa y la de decenas de líderes y lideresas que han continuado un legado de trabajo ambiental, pedagógico, artístico y político que no solo ha involucrado a esta localidad, sino que ha tenido un impacto en la ciudad. La preocupación de la comunidad del suroriente de Bogotá, y específicamente la que habita en los bordes de los cerros orientales, surge a partir del incumplimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en la intervención para la adecuación de un parque ecológico de alta montaña en la Serranía del Zuque, área que hace parte del Páramo Cruz Verde y que está protegida desde 1977 como reserva forestal de carácter nacional. Esta intervención tiene lugar en el contrato 1977 del 2022 firmado por la SDA que cuenta con un rubro de 10 mil millones de pesos, de los cuales el 80% se destinó para el endurecimiento del suelo y tan solo 500 millones se destinaron para las obras urgentes de mitigación de riesgos en las franjas de adecuación. Debido al crecimiento de la ciudad, y en un contexto de conflicto y desplazamiento forzado, las poblaciones se asentaron hace décadas en los bordes de la reserva o franjas de adecuación, en donde ahora se encuentran cientos de barrios y veredas autoconformadas. A pesar de la protección de esta zona, hasta los años noventa se otorgaron títulos mineros para la extracción de arena y piedra para la construcción de calles y avenidas, lo que ocasionó una avalancha en el 94, que dejó decenas de muertos y heridos. A partir de estos hechos, el Estado cuenta con una deuda histórica con lxs habitantes de estos territorios. En el plan distrital de desarrollo de Claudia López (2020-2024) se coloca como logro: “implementar estrategias de mantenimiento, recuperación, rehabilitación o restauración de la estructura ecológica principal y demás áreas de interés ambiental en la Bogotá – Región”. En el marco de esta promesa se destinaron dieciséis aulas ambientales para la Serranía el Zuque y la adecuación de esta como parque ecológico. Se instauraron mesas de diálogo con la comunidad; no obstante, las organizaciones sociales afirman que sus propuestas y preocupaciones fueron invisibilizadas y se actuó a espaldas de lo acordado en esos encuentros. La comunidad estuvo de acuerdo con la restauración del ecosistema, pero respetando las dinámicas y saberes comunitarios que se han consolidado en la cotidianidad de quienes habitan y trabajan por esta reserva, por eso, una de las propuestas determinantes sería que los materiales para la adecuación no provocaran un daño ambiental. Una de las preguntas puntuales que se aborda en conversación con Iván Murcia, de la Juntanza Zuque-Fucha, es: ¿por qué endurecer una zona de los cerros orientales siendo esta una zona de protección ambiental? Una hipótesis que tienen las comunidades es que se está endureciendo el suelo de esta parte de los cerros para cumplir rápidamente con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), así los presupuestos que debían ser para las franjas de adecuación —es decir para los barrios aledaños— serían invertidos en la sustracción de la reserva cambiando el uso del suelo. Lo anterior no solo estaría en contra de la normativa ambiental, se haría también con el objetivo de instaurar un turismo que es ajeno a las necesidades territoriales y que promueve una idea, de nuevo, extractivista, en este caso recreativa, de los “recursos” naturales. Sea o no la razón de esta intervención, el proceder de la institución desconoce y atropella a las comunidades. La actual directora de la SDA, Carolina Urrutia Vásquez, respondiendo a un tuit de Ati Quigua, enuncia lo siguiente: “Concejala @AtiQuigua Serranía El zuque era una cantera y planta de asfalto ya endurecida. Hoy desde @ambientebogota trabajamos para restaurar el ecosistema, mitigar el riesgo y dar acceso a la comunidad, como en otras antiguas canteras –Mirador de los Nevados y Soratama”. “La propuesta cumple con el PMA de Cerros y su zonificación. Hemos hecho ocho sesiones de diálogo con la comunidad. Hicimos una invitación a los grupos interesados para conocer Soratama y tener una discusión con mayor información. La respuesta fue negativa”. El pronunciamiento de la directora de la SDA puede resultar problemático por varias razones. En primer lugar, se puede interpretar que es la Secretaría Distrital de Ambiente quien ha restaurado el ecosistema, mitigado el riesgo y ha dado acceso a la comunidad a la Serranía Zuque; esta narrativa coloca a la institución como la “salvadora”, desconoce por supuesto las acciones históricas de intervención ecológica, pedagógica y social sobre la reserva forestal protectora del bosque oriental que han hecho las comunidades aledañas a la Serranía, así como de las organizaciones que llevan décadas trabajando allí. En segundo lugar, se tiene el vicio colonial de imponer formas de habitabilidad de los territorios aludiendo a que en otros escenarios funciona y, por tanto, su réplica es legítima; es decir, la funcionaria Carolina Urrutia toma el ejemplo de Soratama y el Mirador de los Nevados para justificar no solo su accionar, sino también su discurso displicente frente a la intervención de la Serranía del Zuque, y deja a un lado la necesidad de pensar situadamente y de entender que cada territorio tiene dinámicas diferentes y que son las instituciones las que deben atender y adecuarse a estas lógicas, y no al revés. Las instituciones trabajan para la ciudadanía y más cuando hay procesos de agenciamiento de las comunidades en sus territorios. Lo anterior da paso a la tercera problemática del enunciado; las comunidades no le deben agradecimientos a las instituciones, pues mitigar, restaurar y adecuar los espacios públicos de la ciudad no es un favor que le hacen a la ciudadanía: “las obras de mitigación en la franja de adecuación es una deuda histórica que tiene el distrito con los barrios populares, especialmente aquellos que han sido afectados por fenómenos de deslizamiento de tierra y avalanchas, barrios en territorios denominados como de alto riesgo”.[1] Para que los ecosistemas se puedan recuperar y preservar, es preciso que las medidas que se tomen estén por encima del turismo. Los cerros orientales no solo hacen parte del paisaje y de la georreferenciación de quienes habitan la ciudad, sino que tienen una función para el ecosistema, sostienen la ciudad, la proveen de agua. Ahora, la pregunta que nos queda en conversación con Iván, de la Juntanza Zuque-Fucha, es: ¿Bogotá seguirá creciendo a espalda de los cerros? Se nos invita a pensarnos con los ecosistemas, a cuestionarnos la relación humanidad/naturaleza y transformar estas viejas dicotomías que nos sitúan como sujetos y a los ecosistemas como recursos. Podemos aprender de las iniciativas, luchas y procesos que en diferentes escenarios de Bogotá se promueven, podemos priorizar una vida compartida con otras especies y con la naturaleza; cambiar el paradigma extractivista del capitalismo salvaje y volver a mirar a los cerros. Hasta el momento, el fruto de la organización y de la movilización social frente a la problemática del Zuque ha logrado que el Ministerio de Ambiente ratifique que la intervención hecha por la SDA en la Serranía se encuentra efectivamente en Reserva Forestal, así mismo esta entidad validó las cartografías comunitarias reconociendo el trabajo realizado por las organizaciones ambientales. Se nos invita acompañar las diferentes movilizaciones y tomas culturales que se están realizando para evidenciar esta problemática y evitar un daño ambiental significativo para la ciudad. También se está promoviendo el hashtag #“S.O.S Cerro Zuque”, así como una Vaki para recolectar fondos y apoyar las acciones de juntanza de estas comunidades. [1] Esta referencia se extrae de una infografía de difusión que realizó la Juntaza Zuque-Fucha. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

De: Daniela Garzón, Investigadora Nacional Línea Democracia y Gobernabilidad Desde que se rompió la coalición de gobierno de Gustavo Petro, con la salida del Partido Conservador y el Partido de La U, ha habido una guerra intestina entre el Gobierno Nacional y el presidente del Partido Liberal César Gaviria por el control del partido, que formalmente se mantiene dentro de la coalición. Tal disputa viene desde el año pasado, cuando una disidencia liberal encabezada por Andrés Calle se sumó prontamente a la campaña del Pacto Histórico, en detrimento de las decisiones de la Dirección Nacional de apoyar a Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales. Calle es representante a la Cámara por Córdoba y se posesionó como presidente de dicha corporación el pasado 20 de julio a pesar de que Gaviria tenía como candidato a Julián Peinado. Esa disidencia liberal, que hoy se materializa en la Cámara de Representantes, le ha permitido a Petro, entre otras salvar su reforma a la salud, pues en su primer debate en Comisión Séptima fue la representante María Eugenia Lopera, ficha de Julián Bedoya, quien votó favorablemente para que esta pudiera pasar a segundo debate, aún cuando Gaviria se opusiera y dijera que el liberalismo no iba a votar tal reforma. Esta pelea tiene hoy un correlato interesante en el departamento de Córdoba. Allí, uno de los candidatos a la gobernación es Gabriel Calle Aguas, hermano de Andrés e hijo de Gabriel Calle Demoya. Calle Demoya fue alcalde de Montelíbano, denunciado por Pares por su vinculación con presuntos hechos de corrupción de la empresa de economía mixta Jaguazul, y hoy busca de nuevo ese cargo. Calle Demoya ostentaba hasta hace muy poco una curul en el concejo de Montelíbano, pues perdió la alcaldía hace cuatro años, y siempre ha estado avalado por el Partido Liberal. Pero el liberalismo está dividido en Córdoba entre el senador liberal Fabio Amín y Andrés Calle. Amín es de línea oficialista, es decir cercano a Gaviria, y el partido ha decidido coavalar la candidatura del contrincante de Gabriel Calle a la gobernación, Erasmo Zuleta Bechara. Con ello, Zuleta Bechara tiene hoy en la baraja de los partidos que lo avalan al Partido de La U, el Partido Conservador y el Liberal. Eso significa que, si el partido no libera a sus congresistas, Andrés Calle esté impedido para hacerle campaña a su hermano, por el riesgo de verse sancionado por doble militancia. Foto tomada de la cuenta de Twitter de Erasmo Zuleta A su vez, Amín ha retenido el aval de Gabriel Calle Demoya a la alcaldía de Montelíbano, en un episodio que muestra con claridad lo que sucede dentro de un partido político cuando se desafía su jefatura. César Gaviria ha sido muy claro en decir que el Gobierno se equivoca al querer saltarse su papel de cabeza del liberalismo, y en este tipo de decisiones se muestra el gran poder que tiene quien es responsable de otorgar los avales, a pocos días de que se cierren las inscripciones para las elecciones regionales de octubre. Calle Demoya tampoco podría hacerle campaña a su hijo, si finalmente logra que su aval para lanzarse a la Alcaldía de Montelíbano sea oficial.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares Julio ha sido un mes turbulento para el departamento del Valle. Varias ciudades se han visto sacudidas por situaciones de inseguridad y violencia que deben encender una alerta regional para enfrentar el crimen organizado, especialmente en el contexto de la temporada electoral que se avecina. Tenemos a Buenaventura, con videos de grupos de hombres armados y encapuchados declarándose la guerra; Tuluá, con el asesinato de funcionarias del Departamento Administrativo de Movilidad y de líderes defensores de derechos humanos; Buga, en donde dos hombres fueron asesinados y otras dos personas resultaron heridas en un ataque realizado en un restaurante; Jamundí, que en 48 horas ocurrieron tres ataques con explosivos, dejando una persona muerta y 10 heridas; y también Cali, con el fortalecimiento de “frentes de seguridad” barriales, lo cual debe preocupar dada la esencia que moviliza y argumenta esta acción –recordemos lo que ha significado para el país que particulares pretendan reemplazar el accionar de seguridad del Estado–. Pero más allá de hacer un recuento de las situaciones concretas, es crucial reconocer que cada ciudad enfrenta su propia realidad de inseguridad y crimen organizado, con distintas estructuras armadas operando tanto en zonas urbanas como rurales. Esta variedad de situaciones demanda una estrategia regional que permita afrontar los desafíos específicos, en lugar de abordarlos con soluciones genéricas que pueden no ser efectivas. En medio de esta compleja coyuntura, las disputas políticas también han ganado protagonismo. Algunos alcaldes y la gobernadora se han visto envueltos en discusiones mediáticas, la gobernadora Clara Luz Roldán pidiendo la militarización de Buenaventura, aún cuando se sabe que dicha medida no es garantía de seguridad real, y también peleando en redes sociales con un congresista por obras inconclusas diciendo que el congresista está “haciendo su circo” al hablar del tema. El alcalde de Jamundí reportó sobre las primeras capturas por los ataques ocurridos, pero aprovechó también para tirarle su pulla a los sectores políticos que le hacen oposición por “hacer campaña con la tragedia”. Entre otras cosas, la más desafortunada de las discusiones la protagonizó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal; el primero hizo una manifestación que se puede interpretar bastante estigmatizante hacia las víctimas que se han visto obligadas a migrar por la violencia en Buenaventura, dado que hace alusión a que “no sólo migra el delito, también las consecuencias, nos llegan desplazados y víctimas”; a lo que el alcalde Vidal le respondió que “en Buenaventura no existe, ni existió un cartel”, haciendo referencia aparentemente al Cartel de Cali que operó en décadas pasadas. ¿En serio se van a medir la vara así en lugar de buscar acciones articuladas? Es inaceptable que los líderes políticos utilicen la tragedia como herramienta de confrontación. Estas discusiones entre funcionarios solo desvían la atención de los verdaderos desafíos y no contribuyen a generar estrategias unificadas contra el crimen. Asimismo, es urgente fortalecer la cooperación entre los distintos municipios del Valle y para esto se requieren liderazgos que, en vez de estar cazando peleas innecesarias, estén dispuestos a asumir acciones concretas que garanticen respuestas efectivas para el fortalecimiento institucional, la reducción de la violencia, pero sobre todo la prevención del delito, con especial atención en los y las jóvenes. Pero en medio de tan difíciles situaciones lo que tenemos son liderazgos señalándose entre sí por quién está peor, pero ¿para cuándo la pelea conjunta contra el crimen organizado?, ¿para cuándo una mirada regional que permita enfrentar la inseguridad que vive el departamento?

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Viví en España cuando en 2011 un movimiento ciudadano movilizó a Madrid, golpeada por la crisis. Muchas personas nos volcamos a las calles en lo que creíamos era una primavera española, motivada por la crisis de representación del bipartidismo Partido Popular – PSOE y demandando cambios, obviamente impulsados por la profunda crisis económica que había golpeado al país. La revolución española, así lo llamaron muchos medios. Otros lo denominaron el 15-M. En síntesis, nos indignamos, como sugería Stéphane Hessel en su famoso manifiesto de la época. De esa indignación nació Podemos. Un partido que después de las elecciones de ayer no tendrá ya lo que se necesita para siquiera volver a existir. Víctima del autosabotaje y de su propio invento de gobierno simbólico, pasó de ser la representación de la esperanza en una sociedad más justa e incluyente a una vergonzosa coalición de figuras públicas que son las grandes perdedoras de estas elecciones en España. Podemos nació como el partido de los indignados, pero también como la opción política de una generación que no veía en un partido excesivamente burocrático como el PSOE la concreción de sus demandas, pero que tampoco le votaba a las opciones tradicionalmente “perdedoras” o “caducas” como Izquierda Unida. Así que el partido nació esencialmente como la agrupación colectiva y política de los millenials. En el apogeo de su primavera, Pablo Iglesias logró el apoyo popular de la indignación, ofreciendo símbolos: los de arriba y los de abajo, fue su frase favorita en campaña. Por supuesto, fue altamente exitosa en una postcrisis. Los problemas de Podemos empezaron con las victorias. Y es que cuando se gobierna, los símbolos son importantes, pero no suficientes. Y el programa del partido era vacío en cuanto a cómo llevar a cabo las iniciativas de mayor envergadura como el mínimo vital y la reducción de los feminicidios. Cambiar el panorama político puede ser importante para quienes seguimos la política, pero no lo es de la misma forma para la ciudadanía de a pie. Si no hay resultados, poco a poco, como pasa con cualquier colectividad, la calle empieza a dar la espalda. Y también los votantes. Una de las características de los partidos que nacen de la indignación es que no han tenido suficiente tiempo para entender las complejas burocracias estatales y las promesas de ampliación de derechos no se terminan viendo en la práctica. Pero, además, hay otro componente común a este tipo de agrupaciones y es que terminan replicando barreras de acceso a los liderazgos políticos emergentes, de mujeres o incluso populares. La razón es que los líderes más famosos, como en este caso Pablo Iglesias, terminan acumulando poder solamente por el hecho de “ser ellos mismos”. Y así, se crearon autocracias, nepotismos y demás comportamientos tóxicos que iniciaron la debacle del partido. La suma de personalidades insoportables y simbolismos ineficientes, mas disputas internas que pudieron ahorrarse, agotaron a sus otrora votantes, que siguen indignados porque en realidad las cosas en su vida diaria han cambiado poco. Pero dentro de los partidos se crean coaliciones y tendencias bajo cada personalidad, igualmente vacías de contenido, pero profundamente públicas. Los trapos sucios de Podemos siempre se lavaron en Twitter y en las tertulias de televisión. Pero hay algo más. El voto indignado es un voto frágil y temporal. Cuando prima la indignación, se tiende a juzgar al que gobierna con la misma vara que otrora juzgaron a otros en los mismos cargos. La ciudadanía del voto no orgánico o no organizado cambia con frecuencia de opinión. Y una cosa más: usualmente las ganancias o victorias se le atribuyen, como es esperable, a un individuo, generalmente al líder más carismático. Pero las derrotas son colectivas. Podemos no permitió construir una estructura sólida y hoy carece de ella para poder superar su propia crisis. Es más, la autofagia y el autosabotaje sustituyeron a la reflexión y al análisis. Esta historia que va desde la primavera hasta el otoño de una coalición que nació de uno de los movimientos ciudadanos más importantes para España, tiene muchas lecciones para Colombia. Voy a proponer solo una: no es buena idea sobrevalorar los símbolos. Si los resultados no van en balance, no sirven para nada.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Colombia se ha convertido en un país atractivo para el dólar. Así lo evidencia el comportamiento de la tasa representativa del mercado (TRM) en los últimos ocho meses y medio. Desde que en noviembre 06 de 2022 alcanzó el precio más alto la divisa, con una tasa de 5.061,21 pesos, la moneda colombiana ha presentado un descenso cíclico que se mantiene hasta hoy y promete continuar. Al iniciar la última semana de julio de 2023, la TRM se ubica en el país en 3.971,38 pesos. Lo que representa una valorización del 20,14% en lo corrido del año. Un comportamiento, que puede ser leído —dependiendo del agente— como una buena señal para la economía, pues significa que cada día están llegando al país más dólares, y con ello se presiona a la baja el precio de la divisa. Fuente: Valora Analitik Este es un fenómeno tan visible en el mundo que en estos días se ha catalogado al peso colombiano (COP) como la moneda más fuerte del globo, en lo que va del 2023. Incluso por encima del peso mexicano, cuya valorización es del 16,53%, y de otras monedas de la región latinoamericana que, al igual que la colombiana, se han comportado de manera muy positiva. Para los economistas —que son expertos en leer estas variables disciplinares— este comportamiento de la tasa de cambio se debe a diversos factores externos e internos. Para los que ponen la mira en los factores externos, dicen que el principal responsable de esta caída en el precio de la divisa es la misma economía norteamericana. Las políticas macroeconómicas aplicadas por la Reserva Federal (FED) —de aumentar las tasas de interés buscando reducir los niveles de consumo y al mismo tiempo el aumento de la inflación— han llegado a su límite, reduciendo su atractivo para la inversión, lo que hace más cotizado las inversiones en economías como la nuestra. Luego de la pandemia y en medio de una recesión económica mundial, los inversionistas han buscado colocar sus recursos, primero, en activos sólidos, como los bonos del tesoro norteamericano, pero luego, en otras inversiones que tengan mayor rentabilidad en el futuro y que les ayude a diversificar la puesta de su riqueza. Convirtiendo a las economías emergentes —como las latinoamericanas— en un lugar tentador, que finalmente se ha convertido este año al país en una buena opción para la inversión. También la buena calificación de la economía colombiana por parte de organizaciones tan importantes como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha ayudado a poner a Colombia en la mira de las inversiones. Este organismo se ha encargado de evaluar y difundir el buen comportamiento del país en materia económica, como, por ejemplo, el buen manejo que le da el gobierno Petro al ajuste fiscal (Ver: Las felicitaciones del FMI al gobierno colombiano). Que, finalmente, lleva a que al país lo consideren un buen pagador y reduzca el riesgo-país. Por otro lado, aquellos que ponen la mirada en los factores internos, encuentran varias razones para explicar este fenómeno valorativo del peso. La primera de ellas es un cambio de postura frente al gobierno de Gustavo Petro. Pues, desde su elección el domingo 19 de junio de 2022, el precio de la divisa se aumentó hasta romper la barrera histórica de los 5.000 pesos, lo que se leyó como un aumento de la incertidumbre económica y un riesgo para la inversión. Los discursos del presidente causaron ruido que generó un efecto adverso en el mercado de la divisa. Sin embargo, la caída cíclica muestra que esta desconfianza se ha reducido —recordemos que el precio de la divisa, como la de todos los mercados, sube y baja constantemente, pero en el mediano plazo está presentando en Colombia un comportamiento a la baja, como se vio en la gráfica—. Los inversores pueden estar pensando que las reformas económicas y sociales representan poco riesgo para el capital extranjero. Lo mismo puede estar pasando con los anuncios de reducir las concesiones para la exploración de gas y petróleo. Está política de gobierno, que, según muchos, era el factor de mayor peso para el aumento del precio del dólar —pues se estaban en presencia de una fuga de capitales—, poco a poco se ha ido desvirtuando. Hoy, por el contrario, la propuesta de convertir al país en la “potencia mundial de la vida”, sustentado en la descarbonización de la economía y la protección del medio ambiente y los recursos naturales, se está convirtiendo en uno de los factores que impulsa la entrada de capitales al país. Estamos en la construcción de una economía sustentable y que ofrece poco riesgo en un mundo en el que caerá la demanda de hidrocarburos. Finalmente, hay otra serie de explicaciones como las decisiones del Banco de la República de elevar las tasas de interés, que están impulsando la llegada de capitales. O la del aumento de las remesas, que este año alcanzarán los 9.900 millones de dólares, presentando crecimientos históricos, que traen dólares que entran al mercado. Sea cual sea la explicación que más explique la caída del precio de la divisa, lo cierto es que esta conducta a la baja de la TRM del dólar tiene varios efectos positivos para el país. Tal vez el más importante es la reducción en la tasa de inflación, que ya lleva un par de meses mostrando señales positivas de control y reducción. De nuevo hay que poner la mira un par de años atrás y recordar que el aumento de la inflación en el país y la mayoría de las economías en el mundo se debió a un aumento del precio de los insumos para producir bienes y servicios finales —en especial, los insumos para la producción agropecuaria—. Situación que se vio agravada con un incremento del precio del dólar. Ahora la situación es otra, los insumos que seguimos importando para la producción de bienes y servicios en el país se compran en el exterior con un dólar más bajo. Teniendo que entregar menos pesos por estas compras externas, y, por tanto, presionando menos el precio interno de las mercancías que se venden en el mercado colombiano. En conclusión, nos encontramos en un momento favorable en términos de valorización del peso colombiano. Un comportamiento que representa un alivio para la economía interna y para la mayoría de los consumidores —que podrán comprar, según el DANE, más barato, pues el 38% de su canasta familiar es importada— y pagar sus deudas en dólares —incluso el Estado, a quien le rinde más el pago de la deuda externa—. Son una suma de factores los que hacen que el país se vea atractivo para el arribo de dólares. Una situación que, como dije, podría seguirse presentando en los próximos meses, debido a la mira externa en las economías emergentes y la apuesta por lo ambiental en la región suramericana (Ver: El cuidado de la Amazonía en el gobierno Petro), pero que también podría girar en cualquier momento, pues estamos frente a un mercado cambiante y volátil, que depende de la dinámica internacional, en el que cualquier ruido podría ahuyentar los inversores. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.