Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Asistente de Investigación. Este 20 de julio de 2023 inició la segunda legislatura del Congreso 2022-2026. En la instalación, Gustavo Petro dio un discurso de más de hora y media en el que tocó diferentes temas, pasando por cambio climático hasta lucha contra las drogas. Después vino la réplica de la oposición, réplica que el presidente de la República se quedó a escuchar, en ese espacio intervinieron: María Fernanda Cabal, por el Centro Democrático; Erika Sánchez, por Liga Gobernantes Anticorrupción; Marelen Castillo, por la silla del Estatuto de la Oposición; Daniel Carvalho, por Verde Oxígeno; y David Luna, por Cambio Radical. Después de las intervenciones vinieron las elecciones de las mesas directivas de Senado y Cámara para la legislatura 2023-2024. En Cámara, el Partido Liberal, de manera unánime, decidió postular a Andrés Calle, cercano al Gobierno Nacional, como su candidato a la presidencia de dicha corporación. Esto dejó inconforme al candidato más cercano a César Gaviria, Julián Peinado, quien acusó al ejecutivo de romper la separación de poderes. Aun así, Calle fue elegido como presidente de la Cámara con 179 votos. Por su parte la elección del presidente de Senado estuvo marcada por la disputa interna en el Partido Alianza Verde, que terminó teniendo dos candidatos, Angélica Lozano e Iván Name. Name, lejano al Gobierno, fue elegido como presidente del Senado con 54 votos contra los 50 que obtuvo Lozano. Presidente de la Cámara: Andrés Calle Aguas Andrés Calle Aguas es abogado y politólogo de la Pontificia Universidad Bolivariana. Calle Aguas es hijo de Gabriel Calle Demoya, exalcalde de Montelíbano, Córdoba, entre 2012 y 2015, y quien espera el 29 de octubre de 2023 ser elegido de nuevo en la máxima dignidad de dicho municipio. Calle Demoya ha sido investigado por presuntos hechos de corrupción denunciados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), pues su administración habría estado relacionada con irregularidades en varios convenios interadministrativos firmados entre el municipio de Montelíbano y la empresa de economía mixta Jaguazul S.A. En el 2019, la Fiscalía imputó a Gabriel Calle Demoya por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Por su parte, Calle Aguas inició su carrera política de la mano del liberal Fabio Amín, en el 2018 fue su fórmula para la Cámara de Representantes en Córdoba. Calle Aguas fue elegido con 52.213 votos. En las elecciones a Congreso del 2022 fue reelegido con más de 72 mil votos. Calle Aguas tiene gran parte de su capital político en Montelíbano y hace parte del clan político que lidera su padre, el clan Calle. Presidente del Senado: Iván Leónidas Name Iván Name es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Name inició su carrera política en el Partido Liberal. Por este partido en 1980 fue elegido diputado por Cundinamarca. Entre 1982 y 1986 estuvo en la Cámara de Representantes por Cundinamarca. En 1991 fue elegido representante a la Cámara por Bogotá, cargo que ocupó hasta 1994. Buscó sin éxito su reelección para el periodo 1994-1998. Por ello, en 1994 se lanzó al Concejo de Bogotá, cargo que ocupó hasta 1997. Después no se volvió a lanzar a esta corporación, pero le heredó su caudal político para el Concejo de la capital a su hermano Darío Name​ (1998-2000) y a su esposa María Clara Ramírez (2001-2007). En 2007 volvió a la política, se lanzó sin éxito de nuevo al Concejo de Bogotá. Name, que venía de la vieja política liberal, se camufló en la ola verde que lanzó a Antanas Mockus a la presidencia de Colombia en el 2010. Por medio de la fuerza alternativa liderada por Mockus logró ser elegido senador por el Partido Verde para el periodo 2010-2014. Desde ese entonces ha sido reelegido por el Partido Alianza Verde para los periodos 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026. Name, entre 1997 y 2007, años que estuvo lejos de la política, según Cuestión Pública, formó un imperio inmobiliario por medio de la empresa San Leonidas SCS, creada en 1999. Además, junto a su primo José David Name, senador por el Partido de la U, fue accionista en el Grupo de Consultores Asociados (GCA). En sus años como senador, Iván Name, según este portal investigativo, ha legislado bajo interés propio temas relacionados con impuesto predial y avaluó catastral, temas con los cuales sus empresas tienen relación directa. ¿Qué significa la elección de Calle y Name para el Gobierno Nacional? La elección de Andrés Calle como presidente de la Cámara significó una victoria para Gustavo Petro contra César Gaviria al interior del Partido Liberal. Recordemos que Calle es muy cercano al Pacto Histórico, incluso su hermano, Gabriel Calle, aspirante a la Gobernación de Córdoba, recibiría el apoyo de esta coalición en su aspiración. Con Calle, Petro se asegura en Cámara un margen de maniobra para que sus reformas puedan pasar, pues Calle, político de origen tradicional, como se evidenció en su propia elección como presidente de Cámara, pues estaba acompañado por Milena Flórez (esposa del condenado por parapolítica y siempre cuestionado Musa Besaile), tiende puentes con partidos tradicionales. Todo lo contrario sucedió con la elección de Iván Name como presidente del Senado. Name, como mostró en sus discursos de postulación y de posesión, no será un presidente afín al Gobierno Nacional. De hecho, llegó a dicha presidencia con apoyo de los partidos tradicionales, venciendo a la candidata del ejecutivo que era Angélica Lozano. Name será sin duda alguna una piedra en el zapato para Gustavo Petro y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que suma una nueva derrota en el legislativo con la elección de Name. La elección de Name, político tradicional camuflado en el sector progresista, muestra una vez más que el Gobierno no tiene mayorías en Senado, pues Name fue elegido con casi el 52% de votos totales, los cuales fueron de la oposición, que son el Partido Centro Democrático y Cambio Radical, al igual que con votos de partidos independientes como La U, Conservador, Colombia Justa Libres y MIRA, además de unos cuantos votos seguramente de senadores liberales. Mientras que Lozano apenas alcanzó casi el 48%, porcentaje con el que cuenta la bancada de gobierno. Estos votos evidencian lo difícil que será pasar las reformas como salud, pensión, a la educación, laboral, servicios públicos y cannabis, la cual en la legislatura pasada Name votó negativo. Además de que nuevamente habrá elección de Contralor General de la República, proceso que liderará Name. La gran conclusión que se puede sacar de estas elecciones es que el Gobierno tiene margen de maniobra en Cámara con la llegada de Andrés Calle, pero en Senado con la llegada de Name hay una incertidumbre total. El apoyo de Name se cotiza al alza y su poder ahora en el Congreso es un problema para el Gobierno y sus reformas. Problema que deberá solucionar Luis Fernando Velasco, el cual salió ayer del recinto solo y cabizbajo, y que además desde su llegada arrastra derrota tras derrota.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un importante paso hacia la paz urbana en el distrito portuario de Buenaventura, el pasado martes 18 de julio se instaló la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las bandas criminales “Shottas” y “Espartanos”. El evento tuvo lugar en la casa cural de encuentros Bagno Regio y fue liderado por miembros de la Iglesia Católica y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), bajo la dirección de Danilo Rueda. A la reunión también asistieron representantes de organizaciones sociales, gremios económicos y víctimas del conflicto urbano, quienes formarán parte activa de este espacio de conversación. Según el comunicado oficial del Gobierno Nacional, esta nueva fase del proceso de paz urbana fue posible después de superar un primer período de acercamiento y generación de confianza entre las dos estructuras criminales. Este proceso está enmarcado en la Ley 2272 de 2022, la cual establece a la “Paz Total” como una política de Estado. Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, resaltó que estos diálogos “sociojurídicos” contarán con testigos internacionales y mecanismos de verificación para garantizar su validez y transparencia. Rueda también anunció que las reuniones con los representantes de las bandas tendrán lugar semanalmente, mientras que los diálogos con la ciudadanía serán constantes. Uno de los principales objetivos de esta mesa de diálogo es que los “Shottas” y los “Espartanos” adquieran compromisos con la comunidad de Buenaventura. “Vamos a tener varios espacios de interlocución: uno con quienes están privados de la libertad o han pertenecido a estas estructuras armadas, otro con los voceros delegados por ellos que viven en Buenaventura, y otro espacio diferenciado de interacción y diálogo permanente con los ciudadanos de Buenaventura”, declaró Rueda. El fin de la mesa de diálogo es la erradicación de la violencia entre estas organizaciones criminales, aunque, por el momento, no se ha establecido una pausa de las hostilidades. “La expectativa es crear un escenario donde los habitantes de Buenaventura vivan en dignidad y parte de esa dignidad es vivir libres de zozobras, sin el temor a ser violentados, sin fronteras invisibles, donde los niños y jóvenes tengan esperanza de vivir”, añadió Rueda. Según Dennis Huffington, investigador territorial de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la actual etapa del proceso de paz en Buenaventura llega en un momento oportuno. Esto se debe a que se ha registrado una crisis en los últimos tres meses, durante la cual se temía que el proceso de Paz Total en la ciudad fracasara. Se creía que esto podría desencadenar nuevamente enfrentamientos armados en los diferentes barrios de las comunas. Afortunadamente, esta etapa, según Huffington, es una muestra o señal de que el proceso sigue en marcha y que existen intenciones por parte de los grupos y voceros de las bandas para continuar con el proceso. Esto brinda esperanza a la ciudadanía que, con gran anhelo, esperaba conocer el destino de este proceso. La instalación de esta mesa de diálogo ocurre en medio de un contexto de violencia en diversas partes del distrito, especialmente en las comunas alejadas del centro y la zona portuaria. La tregua anunciada a finales de 2022 se ha visto amenazada por rencillas internas entre algunos de los integrantes de los “Shottas” y los “Espartanos”, así como por la presencia de otros actores ilegales que buscan controlar las rentas ilícitas de estas dos estructuras. Cabe destacar que, de acuerdo con monseñor Rubén Darío Jaramillo, uno de los intermediarios en el proceso, estas estructuras no llegaron a la mesa con acuerdos definidos, pero se espera que las medidas a tomar sean discutidas en el espacio sociojurídico. Entre los pedidos de las bandas se encuentra la aprobación en el Congreso de la ley de sometimiento a la justicia, la cual será presentada en la segunda legislatura que iniciará a partir de este jueves 20 de julio, según el ministro de Justicia, Néstor Osuna. El proceso de sujeción y reincorporación de los miembros de ambas bandas a la sociedad civil será objeto de discusión en el Congreso, donde los legisladores contarán con información actualizada del avance de los diálogos. Según Dennis Huffington, en esta etapa del proceso de paz en Buenaventura se espera la instalación de la mesa sociojurídica y se albergan diversas expectativas. En primer lugar, se busca reducir la violencia armada en la ciudad, deteniendo los homicidios selectivos y los enfrentamientos, especialmente en las comunas 10 y 12. Asimismo, se espera garantizar la seguridad de los líderes y lideresas de la ciudad, poniendo fin a las amenazas y extorsiones dirigidas a sectores vulnerables como las platoneras, los pescadores y los pequeños comerciantes o como los tenderos de barrios. Esta solicitud fue directamente transmitida por el Comisionado de Paz a los voceros del grupo y se espera que sea bien acogida como una muestra de voluntad para construir la paz en Buenaventura. Otro objetivo importante de esta mesa es identificar las causas subyacentes de la violencia y diseñar estrategias efectivas para combatirlas. El propósito es evitar que nuevos grupos armados ocupen el espacio que dejarían estos grupos en caso de que el proceso de Paz Total con ellos culmine exitosamente. Para lograr estos objetivos, el investigador de Pares mencionó que es fundamental la participación activa de la ciudadanía, la cual debe ser escuchada y apoyar el proceso de paz para fortalecerlo frente a posibles crisis causadas por diferencias entre los grupos armados. Además, Huffington destacó que se espera avanzar en la aprobación de una ley de sometimiento en el Congreso de la República, lo que permitiría establecer una ruta jurídica para el sometimiento de los integrantes de estos grupos armados. En este sentido, el consenso entre el Gobierno y la oposición sería ideal para avanzar de manera efectiva. Dennis Huffington añadió que ya se han percibido resultados positivos desde que se anunció la realización de esta mesa de paz tras la visita del presidente y la vicepresidenta a la región, ya que ha habido una disminución significativa en los enfrentamientos armados entre los grupos y en los homicidios selectivos. Si esta fase sigue el mismo rumbo, se espera que contribuya a desescalar la violencia y la guerra en Buenaventura, mejorando la seguridad y el bienestar de la comunidad en general. Actualmente, alrededor de 1.700 jóvenes forman parte de las estructuras de los “Shottas” y los “Espartanos”, tanto en zonas urbanas como rurales de Buenaventura. Con la instalación de este espacio de conversación sociojurídica, el Gobierno Nacional busca reducir la violencia armada en el municipio y lograr una transición hacia el Estado Social de Derecho, garantizando la participación de los diferentes sectores sociales y económicos de la ciudad en la construcción de paz. El proceso, que también cuenta con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA, representa un paso significativo hacia la anhelada paz en Buenaventura y refleja la voluntad y esperanza de toda la sociedad en la construcción de un futuro más seguro.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la República dio a conocer lo que todos los colombianos advertidos sabíamos: que la impunidad es la cara reinante de la justicia en nuestro país. El informe revelado precisa, con respecto a denuncias contra la corrupción administrativa, que “hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93,99% no tienen condena; el 89,7% sin captura, y el 77,15% están en indagación”. Unas cifras que en una sociedad elementalmente cívica desenvolverían sentimientos de fracaso y vergüenza; pero principalmente de rabia e impotencia. Pese a ello, pareciera que estamos acostumbrados a consentirlo así, aunque la impunidad sea la prueba máxima de que un Estado pasa por un momento político de barbarie. El derecho a cometer delitos –como el derecho de pernada en la Edad Media– es un asunto tan degradante como en desuso. En el presente, en los regímenes políticos limpiamente democráticos, la impunidad ha sido desmontada de los sistemas de derecho positivo (el conjunto de normas jurídicas escritas) y ya ni siquiera se le comprende como una licenciosa interpretación de la justicia, sino como la ausencia de ésta. La impunidad –que es resultado de un acto delincuencial llevado a cabo por quienes administran la justicia– siempre pareciera ocurrir por cuenta absoluta de la omisión o la acción de funcionarios judiciales (por culpa de los magistrados de la corporaciones judiciales, de los jueces de la república y especialmente por culpa de los fiscales, pues estos constituyen el resorte de la investigación). No obstante, abiertamente se tiene por cierto que la mayoría de las veces estas acciones u omisiones delictuosas, en una suerte de concierto para delinquir, van por cuenta de algunos poderosos –por cuenta de gobernantes o de personas injustamente privilegiadas– que se han apropiado del poder político, de las armas y de las instituciones del Estado. Cuando eso ocurre, cuando la rama ejecutiva maneja a su antojo la rama judicial o, lo que es peor, cuando lo hacen fuerzas oscuras que le sobreviven a gobiernos corruptos anteriores; entonces comienza la degradación de la democracia y en consecuencia –eso ya lo hemos vivido en Colombia– se desata un festín criminal contra la población y se validan –ética, moral y legalmente– las violaciones a los derechos humanos. En Colombia la impunidad no es nada nuevo, siempre hemos escuchado, por ejemplo, que la justicia es para los de ruana, aludiendo precisamente a la falta de juzgamientos y castigos, a las conductas antijurídicas realizadas por miembros de una aristocracia criolla conformada por familias que, tradicional y consanguíneamente, han detentado el poder. Y, por supuesto, la justicia tampoco es para los hechos punibles cometidos por los émulos de estos círculos sociales –los miembros de los clanes políticos y de las bandas criminales– y, al parecer, la justicia se cubre los ojos para ignorar los delitos cometidos por la autodenominada “gente de bien”; es decir, por ricos ambiciosos. En consecuencia, buena parte de la ciudadanía confunde la impunidad con la inimputabilidad; piensan que la impunidad es un escudo natural de algunas personas por su condición de especiales, más allá de estar desprovistos de madurez sicológica –como los niños– y más allá de ser personas adultas fuera de sus cabales. En efecto, a la impunidad la confunden con la inimputabilidad que en materia penal ha sido concebida estrictamente para aquellas personas que no pueden comprender la ilicitud de su conducta. Son tan diferentes la impunidad y la inimputabilidad, que a los impunes no se les aplica la justicia en ninguna proporción, mientras que a los inimputables se les imponen medidas de seguridad (de corriente son recluidos en centros especializados de curación y rehabilitación). En el peor de los casos, a la impunidad la confunden incluso con la inmunidad, creyendo que esta es un derecho de los poderosos, de esos sujetos ordinarios a quienes el pueblo teme o venera: me refiero a los gobernantes, a los parlamentarios, a los altos mandos del ejército y de la policía, y me refiero a los jerarcas de la iglesia y a los grandes capos de la droga. Distinta a la inmunidad y a la inimputabilidad, la impunidad es una sola cosa: una estrategia anómala usada por un sujeto para evitar ser judicializado. Una estrategia cuya existencia está condicionada por el querer de los administradores de la misma justicia, bien sea presionada por un gobernante sin escrúpulos o por togados que la venden al mejor postor (el cartel de la toga es prueba palmaria). Pero, ¿a quiénes venden la impunidad? Casi siempre a políticos con nexos con la delincuencia organizada; no en vano a la impunidad se le relaciona con la existencia de un sistema político corrupto, con un grupo social –léase también delincuencial– con la suficiente riqueza para corromper y debilitar al sistema de justicia. Con todo, aunque lo ideal sea que en una sociedad ningún ciudadano tenga que ser juzgado y recibir castigos, la realidad es que no hacerlo tras la comisión de un hecho delictivo produce esencialmente estas precisas consecuencias: primero, se pierde la reparación a las víctimas; segundo, no se corrige la conducta del delincuente –lo que se consigue en las cárceles, cuya función es la rehabilitación de los condenados– y, tercero, no aprende la sociedad, perdiéndose el carácter teleológico del derecho[1]. [1]Fuente: "Impunidad". Autor: Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: https://concepto.de/impunidad/. Última edición: 5 de agosto de 2021. En: https://concepto.de/impunidad/#ixzz87jpnygsw *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares En medio del ciclo electoral, la ciudad de Buenaventura enfrenta a una grave crisis de seguridad que ha cobrado la atención de los medios nacionales. En este contexto, el canal de televisión local Telemar organizó un conversatorio con algunos de los precandidatos a la Alcaldía, quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista y propuestas para abordar este desafío. En medio de los discursos, es fundamental analizar las propuestas expuestas para enfrentar dicha realidad. La crisis de seguridad en Buenaventura ha escalado en los últimos meses, con múltiples balaceras y enfrentamientos. Esta compleja dinámica por el control territorial ha contribuido al deterioro de la seguridad y esto se puede evidenciar en el incremento de los homicidios, después de haber presentado una significativa reducción en los meses en que los “Shottas” y los “Espartanos” tuvieron una tregua mientras se hablaba de Paz Total. El conversatorio se realizó a partir de los resultados de un sondeo realizado que permitió identificar a las cinco precandidaturas más respaldadas. Si bien el canal no publicó los resultados por no ser una firma encuestadora, se conocieron los resultados: la intención de voto la lidera Ligia del Carmen Córdoba con 26,3%, quien no asistió al conversatorio; seguida de quienes sí asistieron al evento: Johan Valencia con 16,3%, Libia Mosquera con 9%, Jaime Marinez con 7,9% y Javier Torres con 7%. Johan Valencia, del Partido Liberal, es hijo de Bartolo Valencia, exalcalde destituido por el escándalo de “estudiantes fantasmas” que generó un detrimento patrimonial que supera los dos mil millones de pesos. Entre otras cosas propone establecer una agenda de relacionamiento con el Gobierno Nacional y departamental para abordar de manera integral la crisis de seguridad, y destaca la importancia de asignar los recursos necesarios para abordar la crisis, además de que enfatiza que los líderes deben ofrecer discursos de esperanza y debatir sobre los temas transversales de la ciudad. Libia Mosquera fue candidata a la Alcaldía en las elecciones pasadas, avalada por el Partido Conservador, si bien se enuncia como independiente, estuvo recolectando firmas, estrategia que le permitió hacer campaña meses antes del calendario electoral, y acaba de inscribir su candidatura por el Partido En Marcha, resaltando que para el 2022 en la campaña presidencial apoyó a Rodolfo Hernández. De hecho, llegó a sonar como posible fórmula vicepresidencial del candidato que actualmente se encuentra sancionado e inhabilitado por corrupción. También hizo parte de la actual administración como encargada de la oficina distrital de relaciones internacionales. Plantea que para el tema de seguridad se debe tener un sistema inteligente de reacción inmediata en tiempo real, así como el uso de cámaras, drones y tecnologías adecuadas. Enfatiza la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre la institucionalidad y las familias. Jaime Marinez fue candidato a la Alcaldía en las elecciones pasadas y quedó en segundo lugar, lo que le permitió una curul en el Concejo Distrital. Cuenta con el apoyo de iglesias cristianas y el Partido Verde. Sugiere mejorar los equipos de inteligencia y establecer un fiscal especializado para acelerar las investigaciones. Enfatiza en la importancia de contar con un Plan Integral de Seguridad que implemente un sistema de cámaras de seguridad y resalta la importancia del fortalecimiento del tejido social. Javier Torres, quien ha sido crítico de la administración actual, es miembro del Paro Cívico, del cual surgió el actual alcalde, quien alcanzó una desaprobación de su gestión de un 63%, según el Buenaventura Cómo Vamos. Destaca la importancia de establecer un “frente común” para abordar el problema de seguridad, creando una comisión de fiscales especiales, fortalecimiento de la fuerza pública, crear un “Laboratorio del Delito” y destaca la importancia del papel de la familia en la prevención de la delincuencia. Cabe resaltar que aparte de los cuatro candidatos que asistieron al conversatorio al que se hace referencia, se encuentra en la carrera Ligia del Carmen Córdoba, quien es apoyada por el Partido de La U, y quien actualmente tiene la mayor intención de voto. No va a debates y es muy cercana a Dilian Francisca Toro –quien parece que aspirará a ser de nuevo gobernadora y que ha sido investigada por vínculos con grupos ilegales y lavado de activos, con una gran estructura electoral en el departamento del Valle–. Finalmente, en los últimos días el líder social Leonard Rentería manifestó su intención de aspirar a la Alcaldía, como un proyecto alternativo, diferente a las estructuras tradicionales, quien aparentemente tendría el aval del partido Ecologista Colombiano, lo cual estaría por confirmarse. La comunidad espera coherencia, experiencia, compromiso y capacidad de gestión. Aunque presentaron propuestas para abordar los desafíos de seguridad en Buenaventura, sus enfoques se centran principalmente en medidas superficiales y enunciación de generalidades, como el uso de cámaras de vigilancia. Aunque se mencionó la importancia de la inversión social, no se presentaron propuestas concretas para abordar las desigualdades y generar oportunidades. Se requiere una estrategia multidimensional que involucre políticas sociales efectivas, si bien expresan buenas intenciones, esto no es suficiente, y se reflejan muy conservadoras en tanto desplazan cierta responsabilidad al papel de las familias. La ciudadanía necesita escuchar propuestas con metas y estrategias específicas para abordar la inseguridad en todas sus dimensiones. Adicionalmente no se refleja una apropiación de lo que se logró en los Acuerdos del Paro Cívico, el cual necesita que se le haga un seguimiento constante para su implementación, independientemente del sector político que apoye cada candidatura, y más cuando reconocieron constantemente que se debe apostar a una inversión social para prevenir el delito. Finalmente, y no menos importante, no se evidencia un enfoque transversal de género y diversidad para abordar la problemática de seguridad y reducir la victimización de mujeres y comunidad LGTBIQ+, dicho enfoque es fundamental para promover la igualdad y la protección, aún más por las cifras de violencias basadas en género que hoy enfrenta Buenaventura. En definitiva, vale la pena preguntarnos ¿cuándo los candidatos a la Alcaldía de Buenaventura van a presentar propuestas que den respuesta concreta a las problemáticas de seguridad que enfrenta la ciudad? *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Este 20 de julio inicia la segunda legislatura de este periodo del Congreso 2022-2026. La primera parte de esta legislatura estará marcada seguramente por el trabajo a media máquina por parte de muchos congresistas, porque estarán volcados en diversas zonas del país con sus candidatos para estas elecciones locales. También en esta legislatura, de nuevo, se elegirá contralor general de la República a raíz del fallo del Consejo de Estado que sacó de este puesto a Carlos Hernán Rodríguez. Además, el Gobierno Nacional medirá, otra vez, luego de casi un mes sin sesiones, sus fuerzas en el Congreso. Luchas internas entre partidos Aún no se tiene certeza de quiénes estarán en las presidencias de Cámara y Senado. Pero por los acuerdos realizados entre los partidos políticos a inicios de este nuevo Congreso en julio de 2022, la presidencia del Senado le corresponderá al Partido Alianza Verde y la presidencia de la Cámara al Partido Liberal. La disputa por la presidencia del Senado tiene cuatro nombres: Angélica Lozano, Ariel Ávila, Inti Asprilla e Iván Name. De cada uno se puede decir lo siguiente: Lozano tiene apoyo mayoritario de su partido, puede tejer puentes con partidos tradicionales, pero en la bancada del Pacto Histórico no tiene mucha acogida; Ávila puede tener apoyos en su partido, no cae mal en la bancada del Pacto Histórico, pero por su trabajo previo como analista e investigador no se sabe hasta qué punto políticos tradicionales le caminen como presidente; Asprilla es el más cercano al Pacto Histórico, pero no tiende puentes en su partido y mucho menos con los partidos tradicionales; Name es quien tiene mejor relación con los políticos tradicionales, en su partido ha pasado desapercibido y es el más lejano al Pacto Histórico. El resultado de esta disputa se sabrá el próximo jueves 20 de julio. Por su parte la disputa por la presidencia de la Cámara de Representantes se encuentra entre tres nombres: Julián Peinado, Carlos Ardila y Andrés Calle. Sobre estos se puede decir lo siguiente: Peinado, representante por Antioquia, es uno de los más cercanos a César Gaviria, pero no es un congresista que resalte en el Liberal ni es el más lejano al Pacto Histórico; Ardila, representante por Putumayo, es cercano a César Gaviria y puede tender puentes con partidos tradicionales y con el mismo Pacto Histórico; Calle, representante por Córdoba, es el más lejano a César Gaviria, puede tener algún tipo de acuerdos con partidos tradicionales y es el más cercano al Pacto Histórico. La disputa por esta presidencia, que al igual que la de Senado, se definirá hasta el 20 de julio. Al respecto de la presidencia de la Cámara se puede ver que Gustavo Petro continúa con su estrategia de romper al Partido Liberal, pues con Andrés Calle espera quietarle la presidencia de la Cámara a alguno de los congresistas cercanos a Gaviria. Estado de la coalición de Gobierno Gustavo Petro retoma su relación con el Congreso con una disputa importante, la elección del contralor general de la República, pues quien había sido elegido para el periodo 2022-2026, Carlos Hernán Rodríguez, fue removido de su cargo tras un fallo del Consejo de Estado que declaró nula su elección. El mismo falló instó a la mesa directiva del Congreso a iniciar de cero el proceso de elección. Recordemos que Rodríguez fue elegido Contralor con 260 votos cuando Gustavo Petro tenía mayorías aplastantes en el Congreso y Roy Barreras era el presidente del Congreso. El panorama es diferente en estos momentos. Ahora el Gobierno Nacional cuenta con una mayoría corta que es de 155 de los 293 congresistas, lo que representa apenas el 52,9% del Congreso en pleno. En Cámara su mayoría es del 55% y en Senado es minoría con el 49,05%. No la tiene nada fácil el Gobierno para elegir de nuevo Contralor como lo hizo en 2022, de por sí no tiene asegurados todos los votos de su coalición, pues de esos 155 votos, 46 pertenecen al Partido Liberal, que si bien es de gobierno, no cuenta en estos momentos con la mejor relación con Gustavo Petro. Las reformas El Gobierno Nacional cerró la primera legislatura logrando pasar a segundos debates tanto la reforma a la salud, como la reforma pensional, pero por tiempos se le hundieron la reforma laboral y la ley de sometimiento. La puja de Gustavo Petro en el Congreso se centrará en aprobar sus dos reformas que ya vienen de la legislatura pasada; de igual manera la reforma laboral, que presenta de nuevo, y la reforma a la educación que radicará después del 20 de julio. El panorama para aprobación de este paquete reformista no es nada alentador por la fragilidad ya mencionada sobre la coalición de gobierno. A este hecho se suma que el primer semestre de esta segunda legislatura estará marcado no por la celeridad en el debate, sino por todo lo contrario, lo lento que este será. Recordemos que hay elecciones de autoridades locales y departamentales el próximo 29 de octubre de 2023 y los congresistas están volcados en las diferentes zonas de Colombia promoviendo a sus candidatos. De hecho, se dice que muchos congresistas pedirán a las mesas directivas tanto de Cámara como de Senado que el miércoles, día de plenarias, estas no se citen, todo para que ellos puedan estar en sus diferentes departamentos haciendo campaña. Salidas del Gobierno El Gobierno Nacional liderado por Gustavo Petro y acompañado del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, continuará con su estrategia de negociar uno a uno con los congresistas y no acudir a los líderes de partidos como el Conservador, el Liberal y La U. Desde algunos meses Pares ha mencionado que la estrategia del Gobierno, sino le pasan sus reformas en el Congreso, será acudirá a las calles, lo que se denomina radicalización democrática. Se verá en los próximos días quiénes ganan la puja por las presidencias tanto de Cámara como de Senado y si quienes resulten elegidos pueden ser operadores políticos útiles para el Gobierno o si, por el contrario, son congresistas lejanos que le aumentrán los costos de transacción al ejecutivo.

Por: Luis Eduardo Celis El papel de los medios de comunicación está en un amplio cuestionamiento a nivel mundial, no hay sociedad en la que el tema no sea controversial. Bueno, para acotarlo de manera realista, digamos que es un tema controversial donde hay democracias con pesos y contrapesos en la dinámica de la sociedad: instituciones elegidas de manera democrática y unos medios de comunicación más o menos plurales. Hace tiempo sabemos del poder que tiene la información, la comunicación y el periodismo en la dinámica de las sociedades. Un poder que se complejiza ahora con la revolución tecnológica, que coloca a cada ciudadano y ciudadana como un reportero in situ, con todo lo bueno y lo complejo que ello significa para poder entender, comprender y relacionarnos con un mundo de información que nos puede abrumar y saturar, y las múltiples dinámicas de tergiversación, manipulación y atropello diario ante la mentira descarada o sutil. Aterrizando en Colombia, tenemos un panorama de grandes medios de comunicación ligados a poderes económicos que van más allá de la comunicación, con muy pocas excepciones. Eso ya es un problema delicado, lo cual está diagnosticado hace décadas y frente a lo cual nada se ha hecho. Los medios de comunicación no se pueden declarar como imparciales, sus dueños tienen múltiples intereses en la economía y han construido lazos de acción con la política y los gobiernos a todos los niveles, es un tema en el cual hay que insistir en el debate público y en una agenda de transformaciones, partiendo de que hay mucho por transformar en la información y la comunicación pública. No es un tema fácil, como ninguno que toque intereses y se meta con grandes poderes. De hecho, hay valoraciones en el sentido de que los medios de comunicación son campo inexpugnable y cualquier alusión a su mal funcionamiento despierta a tirios y troyanos, y entramos en el difícil campo de los señalamientos de autoritarismos, censuras y propósitos autoritarios. Hay que colocar en la agenda pública el tema de los medios de comunicación y su desempeño, y trabajar en cambios que son pertinentes, por ejemplo la separación de los medios periodísticos del poder económico y político. Un segundo punto sería el tema de su financiación, para que puedan ser independientes del poder, de cualquier poder y realmente ser unos implacables y escrutadores del poder, de todos los poderes. Eso suena como utópico e inviable, pero si ese es el mundo ideal, unos medios plenamente autónomos e independientes de los poderes que debe fiscalizar desde su acción periodística. Hay que apuntarle a ese máximo objetivo, por irrealizable que hoy se vea. En las últimas semanas nos enteramos de que el trabajo periodístico de Laura Ardila para mostrar el poder de la familia Char en Barranquilla ha recibido una abierta censura de la editorial Planeta. Una muestra más del poder controlando al periodismo, mala cosa, igualmente hemos sabido del acto digno y solidario de Juan David Correa de renunciar a su puesto, al sentir que su trabajo ya no tenía ninguna viabilidad en esta empresa, acto que lo enaltece como ciudadano y como intelectual, ninguna censura y atropello nos debe ser indiferente. Hay que persistir en que los medios de comunicación igualmente están infectados por el poder de manera nociva y perniciosa, y que eso debe ser transformado. Sin prensa libre no hay democracia de calidad. Postdata: esta es mi última columna, por ahora, asumo mi participación en el equipo del Alto Comisionado de Paz, con un rol distinto. Cierro por ahora mi participación en el debate público y asumo mi participación en la promoción de la política de Paz Total. Gratitud con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) por esta posibilidad de ser parte de un equipo tan vital y comprometido con una Colombia en paz y con una democracia de calidad. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para @confidencialcol Sahagún es un municipio eminentemente agrícola, pero exporta políticos. Desde la fundación del departamento de Córdoba en 1952, todos sus parlamentarios –con excepción de Eleonora Pineda– provienen de apellidos que se repiten, se juntan y se separan como en una danza cerrada de castas: Náder, Elías, Besaile, López, Burgos, Bula, Amín. La profunda devoción con la que liberales y conservadores llevaron a cabo sus cruentas guerras en La Violencia se ha sustituido por acuerdos entre casas y familias que han acumulado poder y riqueza a través de un negocio: la intermediación. Los políticos de exportación están especializados en el manejo de la política real, aquella que se oculta a plena vista y se compone de alianzas y negociaciones, de relaciones prácticas con el poder central, que les garantiza siempre sobrevivir y jamás ser relevados. La política se pasa de generación en generación, simplemente porque el vínculo intrafamiliar es una receta local conocida contra la traición. Y tienen cierta razón. En el Congreso, donde constantemente se negocian apoyos por puestos, sobrevivir como grupo es lo más importante. Si algo caracteriza a los clanes políticos es su flexibilidad y apertura al cambio. Paradójicamente. El poder de los clanes se basa en una relación muy simple: el gobierno central siempre les contesta el teléfono. Así, contratistas y empresarios, políticos nacionales, inversionistas buenos y malos, y cualquier interesado en hablar con el Estado Central y sus ministerios simplemente los “contratan” a cambio de una cita, una reunión o una oportunidad para que el gobierno, que es un monstruo en cuanto a contratación se refiere, les preste atención y les haga un guiño. Una vez dentro, el reto es mantenerse. A la gente en Sahagún le interesa muy poco esta compleja relación. Salen a saludar a Ñoño Elías porque, ante todo, es alguien a quien conocen. Lo ven como al Robin Hood que roba al Estado para llevar obras al pueblo. A los ojos de muchos de sus habitantes, no existe otra forma de hacer política distinta a la que han conocido desde los años cincuenta. Y cuando el departamento empezó a producir en los noventa liderazgos sociales interesantes que estaban retando a las castas regionales, éstos fueron asesinados. La política, incluso después del gran escándalo de la parapolítica y la corrupción, sigue siendo un asunto de familia. En el fondo, la gente sabe que la corrupción tiene dos lados: el político local que hace la intermediación, y el gobierno nacional que la promueve, acepta y financia. Recuerde, quien me lee, que en municipios de categoría 6, los más pobres del país, el 90% del plan de desarrollo debe ser financiado a través del gobierno nacional. Una oportunidad de oro. Un incentivo perverso. Las personas que han convivido durante años con esta clase política no son tontas. Saben que juegan al todo o nada: un Ñoño corrupto, pero presente, a cambio de un Estado Central que perciben igualmente corrupto, pero ausente. Un regalo el día de la madre, o nada en los próximos cuatro años. Un trabajo en el ministerio donde el Ñoño haya gestionado cuotas que sostendrán a dos o tres familias, o el desempleo. Ustedes ya saben que, si el político pierde su influencia, todas sus cuotas –sin importar si lo hicieron bien o mal– irán a la calle. Podemos reformarlo todo, cambiar el Consejo Nacional Electoral, meterlos a todos en la cárcel, hacer mil talleres invitando a la gente a “votar bien”, pero nada servirá. La candidez de la indignación centralista, que no ha encontrado una solución mejor que una combinación fallida de campañas educativas y concentración de recursos en el centro del país, comete un error al señalar a los pobladores de Sahagún como responsables de su desgracia, cuando el centro político, los líderes de los partidos, y todos y cada uno de los gobiernos centrales que han gobernado junto a ellos, son igualmente responsables. Un clan no se vuelve poderoso de la noche a la mañana, incluso si la contratación departamental es lucrativa. Además, de forma muy subyacente, hay mucho de aporofobia en los análisis que se realizaron después de la caravana de recibimiento de Ñoño Elías en su pueblo. Se les pide a los pobres que cumplan con estándares democráticos más altos que cualquier otro colombiano, además de renunciar a sus mínimos de bienestar, a cambio de un futuro improbable. No suena muy racional. Al contrario, lo sería si su bienestar y acceso a servicios, empleo, agua potable y demás necesidades básicas no dependieran de que su intermediario siempre gane. Este gobierno no inventó el mecanismo de intermediación favorable a la corrupción, pero tampoco lo ha rechazado por completo. Sería una buena oportunidad para hacerlo, ¿no creen?

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A partir del 20 de julio de 2023 se iniciará en el Congreso de la República el proceso deliberativo sobre varias de las reformas sociales que propone el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Entre ellas, las ya conocidas propuestas sobre el sistema laboral, pensional y de salud; pero habrá otras nuevas, muy necesarias y urgentes, como la reforma a la educación superior pública. El Gobierno Nacional buscará en esta segunda legislatura incorporar cambios estructurales a la Ley 30 de 1992, la cual cumple tres décadas de vigencia y el mismo tiempo de continuas presiones y movilizaciones de la sociedad, en especial de la población joven –como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE)– y del personal que labora en este sector –como el Sistema Universitario de Estatal (SUE)– que buscan introducir transformaciones necesarias y convenientes a la ley. Entre los cambios propuestos más importantes están el de modificar los artículos 86 y 87, relativos a la metodología del crecimiento del financiamiento al sistema de educación superior pública. Con el cual se buscará atender el acumulado del déficit financiero del sector universitario –que hoy supera los 16 billones– y con ello avanzar en el aseguramiento de la cobertura y calidad en el ofrecimiento de este bien meritorio. Pero tal vez el cambio más importante es un giro en la concepción de la educación superior pública, pasando de entenderla como un servicio que se presta a comprenderla como un derecho fundamental al que puedan acceder todas y todos los colombianos. Según el documento que se discutirá, el Gobierno buscará dar el gigante paso de pensarse como un actor que, junto al sector privado, ofrece el servicio de educación, y pasar a un Estado que se responsabiliza con la ciudadanía, y que pretenderá ofrecer a toda persona educación superior pública. Esta propuesta lleva a repensar muchos asuntos, en especial la educación pública superior que se ofrece en los territorios rurales; un sector y una población que ha estado abandonado en Colombia. El continuo conflicto armado interno y el desdén del Estado ha provocado que las instituciones de educación terciaria lleguen poco a la ruralidad, generando brechas educativas alarmantes de desigualdad entre lo urbano y lo rural; contribuyendo, finalmente, a que las tasas de pobreza en este territorio se multipliquen. En este sentido, el Estado debe priorizar el sector rural en todos los asuntos. Trabajar en crear las capacidades para que la ciudadanía rural pueda avanzar en las transformaciones de sus territorios. El gobierno Petro y los venideros deben preguntarse por cómo hacer las inversiones que se requieren en infraestructura, formación docente y condiciones para una educación pertinente y de calidad; de cómo llevar educación pública de calidad a todos los territorios, para que la educación superior llegue a las poblaciones más remotas, pobres y desfavorecidas. Un giro en la intervención Estatal en la educación superior pública que obliga necesariamente a repensar los temas de cobertura, calidad, pertinencia y equidad; además de los clásicos asuntos de financiación, investigación y extensión social y solidaria. En un contexto muy distinto al que hace treinta años se forjó y pensó la educación superior, y que hoy exige otras transformaciones. En materia de cobertura, que es el tema más urgente, es necesario que el Estado diseñe una estrategia financiera y de inversión en infraestructura que permita el acceso a la educación superior a toda la población –universalización de la matrícula–, independientemente de las características territoriales. Un sistema que permita que cualquier persona que desee estudiar pueda cumplir su sueño, y que no sea discriminada o tenga barreras, como el no tener recursos –gratuidad–. Recordemos que existe una enorme brecha en materia de acceso a la educación superior en el país, cuya tasa de cobertura es del 53,9% en promedio. Pues mientras existen regiones donde la tasa de cobertura de la educación superior es cercana al 100% –como en el Valle de Aburrá en Antioquia, donde para 2018 tenía una del 95%–, existen otras donde esta no llega al 5% –como pasa en los territorios de frontera o en Antioquia en lugares del Nordeste donde esta tasa se sitúa en este nivel para ese año–. Un esfuerzo similar se encuentra en el tópico de la calidad. Aunque es cierto que la prioridad del Estado debe concentrarse primero en la cobertura, el tener acceso a una educación de calidad es un derecho en el que debe trabajarse. De nuevo la desigualdad en este tema en el país es evidente. Cuando se revisan las cifras sobre las instituciones que han buscado y obtenido la acreditación de alta calidad, estas se concentran en Bogotá, Medellín y Cali. Son muy pocas las universidades que hoy buscan la acreditación de calidad de sus sedes regionales. Casos excepcionales como el de la Universidad de Antioquia –que acaba de obtener, por tercera vez, la acreditación institucional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, esta vez en la modalidad multicampus, en la que se reconocen sus esfuerzos en regionalización y todas sus sedes y seccionales–, pero esta debe ser la regla para el país. Finalmente, debe pensarse en este momento especial que vive el país en la pertinencia. Este tema es un factor fundamental para lograr el desarrollo productivo y laboral de la educación superior en los territorios. Se requiere formar ciudadanos y profesionales que sepan responder a las necesidades del medio, que estén al servicio de las comunidades y que logren aportar a las transformaciones del contexto –para erradicar la pobreza, el hambre, la violencia y el analfabetismo, entre otros males–. En síntesis, a partir de esta semana el país se encontrará con una propuesta de cambios para la educación superior pública. Una que buscará convertir este servicio estatal en un derecho fundamental, al que tenga acceso cualquier ciudadano. En especial, una propuesta que nos invita a pensar los temas de cobertura, calidad y pertinencia en aquellos espacios territoriales en los que la educación superior ha sido marginal. Esperemos que esta propuesta que nos hace el gobierno Petro y su ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, sea escuchada y debatida como debe ser. También que sirva como un momento para que la democracia deliberativa se fortalezca y se dé una participación de los múltiples actores interesados para que continúe la lucha por los avances en los derechos sociales en el país. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Al escuchar la frase que da título a esta columna –expresada por el presidente Gustavo Petro en la promoción de un programa de asistencia social para los jóvenes– recordé a ciertas personas que, embuchadas de viandas y pescados, no vacilan en profesar que “no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar”, interpretando a rajatabla un proverbio chino tan antiguo como insensato: “regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Y pienso en esas personas porque, al tomar como ciertas las buenas intenciones de tal proverbio, desconocen cómo para dedicarse al oficio de la pesca, primero hay que estar bien alimentado, bien nutrido. No en vano al oficio de los pescadores se le denomina faena, porque implica exigencias físicas y mentales. Exigencias físicas, porque al requerir esfuerzo corporal el pescador debe estar bien alimentado para asumirla; y exigencias mentales, porque quien la comete debe tener –desde el sentido común y desde la misma experiencia consuetudinaria– un conocimiento acerca de cómo realizarla. De manera que, vistas las cosas en un contexto de objetividad, lo coherente es concluir que debe darse primero el pescado, para asegurarnos que quien lo consuma pueda desarrollar eficazmente la faena. Pero, como el asunto en cuestión ocurre indefectiblemente en un contexto económico en el que no importa si alguien tiene alimentos o no, sino lo que importa es que tenga un trabajo que se los provea, entonces, a ese a quien se le da el pescado para que aprenda a pescar con las fuerzas requeridas hay que darle también un bote, un chinchorro, algunos anzuelos, una porción de carnadas, una lámpara para la luz de los fanales y un termo para el café. Sin ese conjunto de utensilios y accesorios, la pesca se le convertiría más que en una ardua faena, en un ejercicio imposible de realizar (de hecho, pescar es más complicado que soplar botellas). De modo que, para suplir esas exigencias del oficio de pescar, como estar bien alimentado, debidamente instruido en la faena y poseer los utensilios y accesorios necesarios, sólo haría falta la voluntad de quienes tienen con qué proporcionar el pescado, dar la instrucción y proveer el equipo de pesca. En los tiempos de las monarquías, el propio rey –recordemos a Luis XIV y su célebre frase “El Estado soy yo” – era quien tenía el poder de asegurarles el pescado a cada súbdito. En el presente, en los tiempos de las democracias en las que el Estado es el pueblo, les corresponde a sus elegidos como administradores –a los gobernantes y presidentes– asegurar la solución del mentado dilema: dar el pescado (subsidio de alimento escolar), proporcionar instrucción (educación pública gratuita) y garantizar la eficacia de la faena (proporcionando los medios para la producción). Con todo, valga decir que los reyes medievales no se inquietaban por darle de comer o por enseñar a nadie. Les bastaba con asegurarse que en su mesa no faltarían las viandas y los pescados. Por eso los historiadores, los sociólogos y los escritores, han hecho evidente el relato de cómo en los tiempos monárquicos, los jóvenes para sobrevivir, para dejar de ser pobres y conseguir un pescado para alimentarse, preferían apostarle a la trampa, al acto reflejo que se activa cuando alguien se encuentra en una extrema situación de sobrevivencia (pienso ahora en estas líneas de Héctor Abad Faciolince: “En la España literaria de los siglos XVI y XVII, el pobre, para sobrevivir, se iba de pícaro. En la Antioquia literaria de finales del siglo XX, el pobre, para salir de pobre, se mete de sicario”. Una conducta que, por estar ligada a la naturaleza del ser, pareciera lícita, como justamente el derecho penal lo comprende, al proteger a quien mata a otro en legítima defensa; es decir, amparando su propia vida, sobreviviendo. En tal contexto, en la Edad Media, resultaba muy difícil juzgar moralmente a los pícaros, como también es muy difícil juzgar hoy a los sicarios de Medellín o de Colombia; porque, siendo pobres –sin pescado, sin formación en el oficio de la pesca y sin equipo de trabajo– han encontrado en el sicariato una manera expedita de dejar de serlo. Los sicarios de hoy y los pícaros de la Edad Media tienen de común la extrema pobreza, pero también el entendimiento natural anómalo de cómo para salir de pobres, cuando está en juego la sobrevivencia, resulta mejor la inmediatez de la picaresca, en el caso de los jóvenes truhanes de los tiempos monárquicos, y de la “sicaresca” en el caso de nuestros asesinos a sueldo. De manera que, si volvemos a la esencia del proverbio chino, podemos observar efectivamente que buena parte de esos jóvenes a quienes sus gobernantes –rey o Estado– les negaron el pescado y tampoco les enseñaron a pescar ni les proveyeron de instrumentos de producción, terminaron eligiendo caminos non sancto, distintos a los ofrecidos por un sistema estatal decente, y en respuesta se la jugaron a las conductas que implican quitarle la vida a otros. No en vano, la sociedad provista de conciencia moral y los jueces en su sana crítica, también consideran a estos jóvenes delincuentes como víctimas de un contexto de sobrevivencia, forjado por la absoluta pobreza, forjado por un Estado que se ha despreocupado de sus necesidades; por un Estado que no les ha dado a sus pobladores soberanos el pescado, que no les ha proporcionado instrucciones para pescar, y que no les ha provisto de los instrumentos de producción; pero, en cambio, les exige miserablemente que no falte el pescado en las mesas de los gobernantes. De manera que si hay una conclusión básica acerca de cómo hacer para acabar con esa tradición en la que los jóvenes matan por un sueldo, es la siguiente pregunta: ¿por qué no podemos conseguir que ocurra a la inversa, que los jóvenes reciban un sueldo por no matar? Sea como fuere, mientras a los pobres no se les instruya en el arte de la pesca, mientras no se les proporcione el bote, ni los anzuelos, ni las carnadas, ni los utensilios, ni los accesorios y la lámpara para la luz de los fanales, entonces, no podemos decir que ha comenzado el verdadero progreso; porque, para que ello ocurra, infortunada o afortunadamente, hay que empezar dándoles a los jóvenes el pescado y, sobre todo, hay que comenzar pagándoles para que dejen de ser pobres, para que bajo los efectos de la angustia por sobrevivir, no elijan ser pícaros o sicarios. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado viernes, el presidente Gustavo Petro anunció desde Buenaventura el comienzo del programa "Jóvenes en Paz", una estrategia anunciada el año pasado, destinada a abordar el problema de las bandas criminales y reducir la tasa de delitos perpetrados por jóvenes en el país. Con el objetivo de ofrecer una solución innovadora, el mandatario propuso un enfoque que involucra la asignación de recursos económicos como incentivo para que los jóvenes abandonen la vida delictiva y encuentren nuevas oportunidades. Según el presidente, se les pagará a estos jóvenes por abstenerse de cometer actos violentos. De acuerdo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se planea entregar una suma cercana al millón de pesos mensuales a los jóvenes que decidan alejarse de la delincuencia. Sin embargo, se aclara que esta ayuda económica no será indefinida, sino que se brindará durante el proceso de transición hacia actividades académicas que buscarán alejarlos de los entornos delictivos. Inicialmente, se contempla que el programa tenga una duración de un año, tiempo durante el cual se evaluará su efectividad. Velasco también hizo énfasis en que el nombre del programa, “pagar para no matar”, es una metáfora y que el objetivo real es brindar mecanismos que permitan a estos jóvenes acceder a oportunidades laborales y educativas. El programa se enfocará en ayudar a aquellos jóvenes que están siendo atraídos por las bandas criminales, buscando identificarlos en colaboración con las comunidades locales y realizar un trabajo social conjunto. El ministro reconoció que no es una tarea fácil determinar la cantidad exacta de jóvenes que se encuentran en esta situación, y también señaló que será un desafío tratar con aquellos que hayan cometido delitos graves, especialmente en términos de su relación con las autoridades judiciales. El objetivo final es que estos jóvenes tengan la oportunidad de ingresar a instituciones educativas, completar su formación y buscar empleo. El programa piloto se iniciará con 150 jóvenes como un primer paso para motivar a otros a unirse. Se llevará a cabo un seguimiento constante para evaluar su progreso y ajustar el programa según sea necesario. Se espera que el programa se implemente inicialmente en ciudades como Bogotá, Puerto Quijada, Quibdó y Medellín. Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), mencionó que este tipo de programas que están dirigidos a jóvenes en riesgo, jóvenes en vulnerabilidad o jóvenes que han estado en grupos delincuenciales o expuestos a ese tipo de violencias, son muy importantes. “Yo creo que ahora que se anunció Jóvenes en Paz, que van a ser 100.000 jóvenes a nivel nacional, tienen que empezar a delinear mejor este programa”, mencionó Torres. Además, Juan Manuel Torres resaltó la falta de claridad sobre la entidad responsable de este programa. No se sabe si estará a cargo de Colombia Joven, la oficina liderada por Gabriela Pozo, ya que no se han proporcionado detalles al respecto. Tampoco está claro si está bajo la responsabilidad del Ministerio de la Igualdad, que se espera cuente con un viceministerio de la juventud, o si estará a cargo del Departamento de Prosperidad Social. Por lo tanto, considera que es necesario especificar con mayor precisión esta información. En cuanto a las posibles alternativas, el coordinador de la oficina de Buenaventura de Pares considera que más que reemplazar el programa Jóvenes en Paz, que forma parte del Plan de Desarrollo, se necesitan complementos. Torres destacó que es fundamental implementar planes de acción inmediata para fomentar la generación de empleo, brindar oportunidades para el emprendimiento y facilitar la creación de ingresos. Aunque es cierto que cada vez más jóvenes en Colombia completan su educación media e incluso obtienen un título de bachiller, no todos continúan hacia la educación universitaria. Es evidente que no se puede resolver por completo el problema del desempleo juvenil únicamente a través de la educación. Si observamos las alarmantes cifras de desempleo entre los jóvenes, Juan Manuel Torres explicó que resulta necesario complementar las estrategias existentes en lugar de buscar alternativas al programa Jóvenes en Paz, ya que este programa representa una parte importante de la solución. Si bien el programa ha generado polémica, especialmente en cuanto a la selección de los beneficiarios y el enfoque selectivo, líderes políticos como el senador Iván Cepeda han expresado su apoyo, considerándolo una propuesta fundamental en el marco de la paz y una medida adecuada para abordar el reclutamiento forzado y la participación de los jóvenes en el conflicto armado y la delincuencia. A pesar de las críticas, el Gobierno espera que este programa ayude a reducir la delincuencia juvenil y brinde a estos jóvenes una oportunidad real de construir un futuro mejor a través de la educación y el empleo. Juan Manuel Torres planteó interrogantes sobre el proceso de selección de los jóvenes para el programa. Si bien el Plan de Desarrollo ya establece ciertos criterios, considera necesario incluir a grupos y organizaciones juveniles que han estado trabajando. No se trata de pagarles, sino de involucrar a jóvenes en contextos de vulnerabilidad que están haciendo un buen trabajo, como instructores de danza para niños del barrio, artistas muralistas o personas que brindan apoyo complementario a otros niños. Son jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, pero que están generando un impacto positivo. “Recuerdo cuando en el programa de gestores se vinculaban a jóvenes directamente que pertenecían a las pandillas, se les pagaba un salario por 18 meses, iban a hacer actividades de ciudad, que apropien la ciudad. Estos jóvenes pueden ser un grupo de jóvenes que pueda respaldar”, destacó Torres. En términos generales, se espera que este programa otorgue protagonismo a la juventud, que durante mucho tiempo ha sido desatendida, algo que se refleja en los datos macroeconómicos y de participación. A mediano plazo, se espera que se reduzcan ciertas cifras y que la juventud se acerque más a la esfera pública y a la democracia. Sin embargo, Juan Manuel Torres sostiene que el programa Jóvenes en Paz por sí solo posiblemente no logrará esto, ya que requiere de múltiples complementos. Además, señaló que, en el caso de Buenaventura, donde hay miles de jóvenes en una ciudad con un índice de desempleo juvenil del 50% y una alta informalidad, el programa probablemente no podrá brindar una solución completa. No obstante, se espera que, a medida que el programa se desarrolle, los jóvenes puedan tener un mejor futuro."

Por: Katerin Erazo, Periodista Con la reanudación de los diálogos entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, surge la incógnita acerca de cómo los firmantes del Acuerdo de Paz de las antiguas FARC perciben esta voluntad de paz por parte del grupo armado. Esto adquiere mayor relevancia al considerar los actos violentos dirigidos hacia los firmantes que abandonaron las armas. Durante este año, la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha registrado un total de 22 asesinatos, sumando 378 desde la firma del Acuerdo, lo que genera una profunda preocupación por la seguridad de aquellos que suscribieron dicho pacto. En busca de perspectivas, la Fundación Pares escuchó la opinión de Omar de Jesús Restrepo, firmante de paz y actualmente senador del Partido Comunes. Durante la entrevista, Restrepo compartió su postura respecto a los diálogos con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y los hechos violentos que han afectado a las personas que dejaron las armas para reintegrarse a la vida civil. Como firmante de paz, ¿cuál es su perspectiva sobre los diálogos que se han reanudado con el Estado Mayor Central? Considero fundamental que el Gobierno dialogue con todos los actores armados, ya que es una necesidad si deseamos alcanzar la Paz Total en nuestro país. La paz no se reduce únicamente al desarme de los grupos armados, sino que implica dignificar la vida humana y garantizar derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y fundamentales, como el acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo y tierra. Todos estos derechos son parte integral de la paz, ya que es difícil vivir en paz en un país donde existen grandes desigualdades, inequidades, discriminación y exclusión, donde unos concentran tierras mientras otros sufren pobreza y miseria. Por lo tanto, es necesario entablar diálogos con todos los actores armados para que el Estado pueda garantizar el monopolio del uso de la fuerza, el control territorial, la justicia y la tributación, sin que exista la amenaza constante de muerte. Esto permitiría que todos podamos vivir en paz y que el Estado llegue a los territorios afectados por la violencia con inversiones y políticas públicas que aborden las causas históricas de la violencia en Colombia. Sin embargo, exigimos que, en un ambiente de diálogo, los actores armados ofrezcan gestos que generen confianza, no solo hacia el gobierno o el establecimiento, sino hacia todos los ciudadanos. Estos gestos deben estar encaminados a no afectar los derechos humanos. Si los actores armados, bajo la premisa de buscar la paz y estar en diálogo, continúan asesinando, desplazando, amenazando, extorsionando e imponiendo su fuerza a través de las armas, generan un ambiente totalmente desfavorable y despiertan desconfianza en sus supuestos propósitos de paz. Es necesario ser coherentes en este sentido. Es importante distinguir entre estar en un entorno de violencia cuando todas las posibilidades de diálogo están cerradas y cuando se abren los diálogos y el Estado muestra disposición para dialogar. Sin embargo, en el caso de los actores que se encuentran en el otro lado de la mesa, es fundamental que demuestren voluntad y esta se manifieste a través de acciones concretas, cesando toda forma de violencia. Eso es lo que creemos que debe ocurrir con el Estado Mayor Central y con todos los demás actores que, a pesar de estar en proceso de diálogo, continúan perpetuando asesinatos, desplazamientos y enfrentamientos por el control territorial o los recursos presentes en esas áreas. Si tuviera la oportunidad, ¿qué consejo le daría al Gobierno respecto a la reanudación de los diálogos con el Estado Mayor Central? Mi consejo para el Gobierno, si tuviera la oportunidad, sería que tenga una política clara en relación a la necesidad de la paz. Sin embargo, es importante distinguir entre tener una política clara a favor de la paz y deslegitimar la misma paz. El gobierno no puede permitir que los opositores a la paz confundan a la opinión pública debido a la falta de una estrategia clara y mecanismos precisos que respalden y legitimen las conversaciones en curso. El contexto actual en Colombia es diferente al de las décadas pasadas. La sociedad colombiana de hoy no es la misma que en los años 70, ni siquiera en los 90, cuando los actores armados imponían su voluntad y enviaban mensajes a través de actos violentos para doblegar a la sociedad y lograr que esta se alzara exigiendo el cese de la violencia. La sociedad actual anhela la Paz Total, pero exige a los grupos violentos que cesen toda forma de violencia. Es responsabilidad del Gobierno Nacional exigir a todos los actores armados con los que está dialogando y negociando que detengan la violencia, que protejan a la población civil y respeten los derechos humanos. Esto implica no cometer asesinatos, secuestros, reclutamiento de niños, desplazamientos forzados y no imponer normas contrarias a los derechos de los ciudadanos mediante el uso de las armas. Los grupos armados deben contribuir a la paz a través de acciones que generen confianza y respaldo por parte de la mayoría de los colombianos. Es fundamental que el Gobierno pueda legitimar y respaldar estos acuerdos, pero esto sólo será posible si se garantiza la tranquilidad y dignidad de los ciudadanos en los territorios afectados. La sociedad no entenderá que los actores armados cesen la violencia únicamente contra la fuerza pública, mientras continúan utilizando armas, terror y muerte contra los campesinos, la población civil, los defensores de los derechos humanos, el medio ambiente, los líderes comunitarios y los firmantes de paz. Esto no tiene justificación alguna y no legitima un diálogo verdadero. Por el contrario, fortalece a los enemigos de la paz y les proporciona oxígeno y combustible para perpetuar la violencia. ¿Cuál es su opinión acerca de los actos de violencia que se han registrado contra los firmantes del Acuerdo de Paz? Considero que los actos de violencia perpetrados contra los firmantes del acuerdo de paz son sumamente lamentables. Resultan especialmente desafortunados en un momento histórico en el que nuestro Gobierno muestra gran voluntad de cerrar de manera definitiva el conflicto armado en Colombia. Esta administración ha demostrado una generosidad y disposición sin precedentes, lo cual, en ocasiones, podría interpretarse como una debilidad ante los actores violentos o armados que aún operan en nuestro país. Es realmente desafortunado porque si estos actores armados no aprovechan esta coyuntura histórica en la que contamos con un gobierno decidido a promover el desarrollo social en las regiones históricamente afectadas por la guerra y el conflicto, perderíamos una oportunidad invaluable como sociedad, como colombianos y como nación. El conflicto se prolongaría durante muchos años más, ya que existen sectores que se alimentan de la confrontación y estimulan la violencia en aras de sus propios intereses. Estos grupos encuentran beneficios y privilegios, concentrar riquezas y aferrarse al poder a través del miedo y la justificación de actos violentos, supuestamente en nombre de la lucha contra la violencia. Resulta incomprensible que algunos actores armados no hayan entendido la realidad actual y el fervor de los colombianos por alcanzar la paz. Tampoco han captado la voluntad política del gobierno, que está comprometido con este sueño de paz y desarrollo. En cambio, continúan generando hechos violentos que, en última instancia, solo benefician a aquellos que promueven la guerra y se enriquecen a través de ella en nuestro país. Es importante destacar que cualquier acto violento en este momento no contribuye ni respalda las propuestas, ideas y esfuerzos que el gobierno ha estado realizando para alcanzar la anhelada Paz Total. ¿Considera que estos asesinatos y hostigamientos representan una amenaza para la estabilidad y el éxito del Acuerdo de Paz? Sin duda, estos asesinatos y hostigamientos representan una amenaza para la estabilidad y el éxito del acuerdo de paz. De hecho, estos actos benefician y crean un entorno propicio para aquellos que aún sueñan con resolver los conflictos a través del uso de armas y la fuerza. La guerra les conviene, ya que les permite mantener privilegios, poder político en ciertas regiones y controlar territorios mediante grupos que cumplen sus propósitos e intereses. Además, la guerra les proporciona la oportunidad de mantener la corrupción y sembrar el miedo, utilizando la violencia como un medio para resolver problemas. Detrás de esta venta de seguridad, se esconden los esfuerzos represivos impulsados por la ultraderecha en Colombia. Es importante entender que existen actores armados que no se oponen al status quo, sino que lo defienden. Estos actores armados son funcionales a los grandes grupos económicos, a quienes concentran tierras y a las diversas mafias presentes en las instituciones del Estado y en la política. Estos hechos benefician a dichos sectores y perjudican a aquellos de nosotros que estamos interesados en buscar una solución política al conflicto en Colombia. Nos interesa cerrar definitivamente el conflicto y permitir que el Estado implemente políticas públicas en todas las regiones del país, revitalizando la economía y garantizando la vida en cada territorio, incluso en las diferentes ciudades colombianas, donde también enfrentamos serios problemas en algunos barrios populares. ¿Qué medidas considera necesarias para prevenir y responder a los asesinatos de los firmantes del Acuerdo de Paz? Las medidas necesarias se encuentran en la implementación integral del Acuerdo de Paz. Si los gobiernos anteriores, tanto el gobierno de Santos en sus últimos dos años como el gobierno de Duque durante sus seis años, hubieran continuado y fortalecido las bases establecidas en cada una de estas comunidades a través de la implementación de los Acuerdos de Paz, como el acceso a la tierra, el fortalecimiento de los factores productivos, la solución de los problemas de infraestructura vial y de comunicación, así como la mejora de la salud, educación y capacitación técnica, y el apoyo a proyectos productivos con financiamiento a bajo o nulo interés, y la promoción de la comercialización de productos locales, estaríamos en una situación diferente. Si se hubiera avanzado significativamente en la profundización de las medidas que buscan desescalar el conflicto y reducir la violencia en el país, estaríamos en mejores condiciones. La mayoría de los territorios se encuentran afectados porque el Gobierno no ha llegado con políticas públicas que impacten positivamente en esas regiones y brinden a los jóvenes oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida sin tener la necesidad de involucrarse en estructuras armadas. Por lo tanto, si queremos reducir la violencia y restarle oxígeno a la guerra, es fundamental generar oportunidades reales y concretas para los jóvenes que actualmente se encuentran en condiciones de desesperanza, estigmatizados y amenazados, con la posibilidad de perder la vida en cualquier momento. Estos jóvenes se ven obligados a unirse a estructuras armadas, ya sea para proteger su propia vida o como un proyecto de vida. Las medidas necesarias incluyen la implementación integral de los Acuerdos de Paz, avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos, desmantelar las mafias presentes en diversas instituciones del país, incluyendo la fuerza pública, y generar transformaciones reales en los territorios, ofreciendo a la gente posibilidades de vida mediante la transición hacia economías lícitas. Los campesinos que cultivan coca necesitan acceso a tierras, vías, mercados, proyectos productivos, financiamiento, capacitación técnica, salud, agua potable y vivienda. Si se brinda este apoyo desde el Estado, los jóvenes también se beneficiarían y no se involucrarían con actores armados que generan violencia y muerte a diario en el país. Consideramos que una de las causas de los asesinatos actuales es el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, los cuales están diseñados para abordar las causas de la violencia en Colombia y desmontar los factores sociales que han generado el conflicto y la violencia. Por lo tanto, existen medidas y políticas, pero aún no se han implementado. Es fundamental llevar a cabo la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en los puntos 1 y 4, que se refieren al acceso a la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, garantizando mercadeo y protección a través de políticas públicas que beneficien a los productores. De esta manera, podemos disminuir la violencia al restarle reclutas a la guerra y fomentar su participación en actividades productivas, como la producción de alimentos, servicios y manufactura. ¿Qué esperan ustedes como firmantes del Acuerdo de Paz con gobierno de Gustavo Petro? Bueno, nosotros le decimos a este gobierno que si quiere en realidad avanzar hacia la Paz Total de este país, esa pasa necesariamente por la implementación de los Acuerdos de Paz. Estos acuerdos constan de seis puntos, y cada uno de ellos es crucial para alcanzar la paz que anhelamos. El primer punto se refiere al acceso y la democratización de la tierra. Es fundamental hacer que el campo sea habitable y productivo, lo cual implica garantizar el acceso a la tierra para los campesinos que la poseen o la tienen de manera insuficiente y desean utilizarla para la producción de alimentos. El segundo punto se centra en la sustitución de cultivos. La sustitución de cultivos no debe ser vista como un programa asistencialista, sino como una oportunidad para que las comunidades que actualmente cultivan coca o marihuana puedan cultivar alimentos. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario brindar a los campesinos infraestructuras como carreteras, electrificación, educación, salud, financiamiento, capacitación técnica, proyectos productivos y oportunidades de comercialización. Además, es crucial enfrentar al narcotráfico y desmantelar las mafias que operan dentro de las instituciones para evitar la comercialización de estas drogas. Es importante reconocer que el flujo de cocaína hacia diferentes partes del mundo es posible debido a aquellos que permiten que pase a través de puertos, carreteras, ríos y océanos. Además, existen personas que facilitan el movimiento de estos recursos a través del sistema financiero y garantizan su inversión en la economía, en tierras y en el sector inmobiliario. Existe un entramado económico, político, social y cultural en Colombia que permite esto. Por lo tanto, es necesario combatir estas mafias, regularizar estas actividades y asegurar que el Estado tenga el control y el monopolio sobre ellas. Aunque esto también requiere acuerdos internacionales, consideramos necesario convocar una conferencia internacional al respecto. Mientras se trabajan estos aspectos, el Estado debe golpear a las verdaderas mafias y brindar a los campesinos oportunidades de sustitución a través de inversiones sociales. Es fundamental que el gobierno implemente los acuerdos en su totalidad, pero esto no puede hacerse desconociendo y excluyendo a los firmantes del Acuerdo de Paz, que somos nosotros. Hemos sido excluidos de la mayoría de las instituciones encargadas del seguimiento e implementación de los acuerdos, y consideramos que es necesario que aquellos que participamos en el diseño y la construcción de los acuerdos tengamos presencia y participación en las instituciones y agencias encargadas de la implementación. Esto es aparte del punto 6 de los Acuerdos de Paz.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su tercer informe de violencia político-electoral del actual calendario electoral. Este informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 29 de junio de 2023. La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Durante el periodo de tiempo analizado, se registraron 152 víctimas de violencia electoral en 116 hechos asociados. Del total de víctimas (152), veintiséis (26) fueron asesinadas, veinte (20) sufrieron un atentado y 106 fueron amenazadas. En relación con el informe inmediatamente anterior (Ver: Segundo informe de violencia político-electoral [29 octubre 2022 – 30 abril 2023]), correspondiente a los primeros seis meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2023), se dio un incremento del 42% en el número de hechos registrados, y del 35% en el número de víctimas contabilizadas. Este tercer informe de violencia político-electoral causa gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, la concentración geográfica de los hechos, el perfil de las víctimas, la filiación política de estas y los presuntos perpetradores aquí: