Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La conservación de la Amazonía se está convirtiendo para Gustavo Petro en el eje articulador de buena parte de sus propuestas de gobierno. Su llamado a garantizar la integridad de la cuenca amazónica le ha permitido poner en diálogo varios de los componentes de su plan de gobierno: está en completa concordancia con su idea de desarrollo, con la transición energética y con su nueva política exterior, entre otros pilares. Dialoga con su idea de desarrollo al apuntarle de manera directa a la protección de la vida. En su Plan Nacional de Desarrollo, llamado “Colombia, potencia mundial de la vida”, el gobierno Petro le propone al mundo convertirse en un defensor del agua y la naturaleza de primer orden. De allí que la propuesta de no tumbar árboles ni destruir el suelo sea una propuesta que encaja muy bien con el cuidado que propone de la selva Amazónica. Lo mismo pasa con su controversial propuesta de transición energética. El cuidado de la Amazonía, que busca la protección, conservación y restauración del suelo y la descarbonización, conlleva la no explotación de hidrocarburos –carbón y petróleo–. De allí que siempre, en los discursos de Gustavo Petro ante la comunidad internacional, esté presente la idea de que estamos en un punto de no retorno y que se requiere hacer frente a la crisis climática acelerando la transición de la matriz energética. Finalmente, la propuesta de realizar un pacto regional para salvar la Amazonía le está ayudando al gobierno Petro a reconfigurar la política exterior colombiana. Su propuesta de cuidado de la naturaleza se viene convirtiendo en un objetivo común, para la que se requiere la cooperación regional. El Gobierno Colombiano le está ofreciendo a siete países más –Brasil, Perú, Venezuela, Surinam, Ecuador, Guyana y Bolivia– que tienen en común la naturaleza transfronteriza amazónica, que se unan para defender este recurso colectivo. Es una propuesta de cooperación para el desarrollo ambiental que le está permitiendo al gobierno Petro, por un lado, construir un liderazgo regional y mundial, pues es un ideario que une a todas las naciones bajo la idea de “supervivencia de la humanidad” y que este líder Suramericano promete revitalizar; y, por el otro, proponer al mundo una nueva propuesta de desarrollo de “transformar todo el sistema económico mundial” como el mejor camino para preservar la vida. Igualmente, es una propuesta que le permite a los gobiernos de la región cambiar la esencia de la unión: ahora ya no se trata de lograr una asociación para intercambiar bienes o servicios –desarrollar mercados como Mercosur o la Comunidad Andina–, sino una unión para proteger lo que es de todos y aprovecharlo para aumentar la riqueza nacional. La idea es canjear la deuda mundial por bonos de carbono que ayudarán a reducir el déficit fiscal y aumentar el bienestar social. Incluso, la propuesta de protección del bioma amazónico tiene otros efectos colaterales positivos. Le permite fortalecer la idea de seguridad humana que se desarrolla en la Paz Total, al darle argumentos para luchar contra las organizaciones criminales transnacionales que usan el amazonas para deforestar la selva y sembrar coca –narco-deforestación– o explotar el suelo de forma indiscriminada, acabando con la riqueza de todos y destruyendo la vida. Al igual que trabajar en la redistribución del ingreso y la reducción de las desigualdades regionales, pues el Gobierno tiene la idea de pagar su deuda con prestación de servicios ambientales. Recursos que provendrán de la comunidad internacional para la conservación y uso sostenible de la riqueza natural del país y cuyo principal destinatario serán las poblaciones indígenas y comunidades locales de la Amazonía, teniendo un efecto redistributivo. Todas estas son razones suficientes para que el presidente Petro quiera, de manera especial y personal, encargarse de los preparativos para la realización de la Cumbre Amazónica o Cumbre de Países del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se celebrará en agosto próximo en la ciudad de Belém, estado de Pará, Brasil. El Gobierno Petro desea que este encuentro –con el que celebrará su primer año de mandato–, al cual asistirán los ocho gobiernos, sirva como carta de presentación de su programa de gobierno y su propuesta de liderazgo regional. Desea invitar a los asistentes a la Cumbre a que reflexionen sobre lo conveniente que es para ellos y para el mundo que se reduzca la exploración y explotación de hidrocarburos en la selva amazónica. Busca poner de acuerdo a los ocho países –que se sitúan en la cuenca– sobre la importancia de cuidar la selva como estrategia para salvar vidas y culturas. Pretende que firmen un pacto de protección de la Amazonía para que trabajen conjuntamente por reducir la crisis ambiental. Sacrificio que tendrá para los países de la región compensaciones económicas mediante el pago del oxígeno, el florecimiento de un turismo sostenible y la generación de valor que tiene la bioeconomía. Recordando Luiz Inácio Lula da Silva que el mundo se ha comprometido con destina, por lo menos, 100.000 millones de dólares para financiar la acción climática en los países en desarrollo al 2030 y que harán parte del “Nuevo Pacto Financiero Global”. En breve, el Gobierno Colombiano es consciente de que sin el apoyo de los países que integran la OTCA su promesa de convertir a Colombia en Potencia Mundial de la Vida será muy difícil. De allí que buscará generar una conciencia del cuidado del ambiente y de la responsabilidad compartida que tienen. Se requiere del compromiso regional, de trabajo conjunto, de un consenso y articulación sobre un recurso escaso que es valioso y que podría salvarnos de la catástrofe global. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Ministerio del Interior anunció recientemente la aprobación y rediseño del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios (Decreto 660 de 2018). Este programa tiene como objetivo brindar protección a organizaciones sociales, poblaciones étnicas, líderes y lideresas ambientales que enfrentan riesgos debido a sus labores. A través de esta iniciativa, se busca abordar una de las grandes deudas que tiene el Estado colombiano en las periferias: la defensa colectiva de comunidades y territorios. El Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios fue creado como parte del tercer punto del Acuerdo de Paz en Colombia, con el objetivo de poner fin al conflicto en el país. Este programa tiene diversos objetivos fundamentales: Medidas de prevención: Busca adoptar medidas de prevención orientadas a identificar los factores de riesgo que puedan llevar a violaciones de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las comunidades, organizaciones y sus líderes en los territorios. También se consideran las condiciones particulares de las mujeres, reconociendo la importancia de abordar de manera integral los riesgos que enfrentan. Medidas de seguridad y protección: Se enfoca en adoptar medidas de seguridad y protección destinadas a prevenir la materialización o mitigar los efectos de riesgos excepcionales que amenacen los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las comunidades, organizaciones y sus líderes en los territorios. También se tiene en cuenta las condiciones específicas de las mujeres, reconociendo las particularidades de su situación. Promoción de reconciliación y convivencia pacífica: El programa busca promover la reconciliación y la convivencia pacífica y democrática en los territorios, con el fin de construir confianza entre las entidades públicas y las comunidades. Se busca fortalecer la articulación local y nacional para fomentar la confianza mutua y el diálogo constructivo. Fortalecimiento de la denuncia de organizaciones de Derechos Humanos: Se orienta a fortalecer la capacidad de las organizaciones de derechos humanos en los territorios para denunciar violaciones y abusos, brindando apoyo y recursos para su labor. Sin embargo, a pesar de su existencia desde el año 2018, su implementación no ha logrado traducirse en medidas reales y sus alcances han sido limitados en los cuatro pilares del programa: la convivencia y prevención, el acceso comunitario a internet, el reconocimiento a la labor de las mujeres y sus organizaciones, y la superación de la estigmatización y discriminación de las comunidades. Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) la situación actual del decreto 660. Castañeda señaló que el Ministerio del Interior carecía de personal suficiente para impulsar su aplicación y que no había garantías de una implementación adecuada. Para ilustrar este problema, mencionó que desde abril de 2018 hasta la fecha, se habían seleccionado alrededor de 42 organizaciones como beneficiarias de las medidas del decreto, pero ninguna de ellas había logrado una implementación completa de las medidas identificadas en los diversos planes integrales de prevención que se acuerdan entre las organizaciones y el gobierno como punto de partida para la implementación del decreto 660. En casi el 50 por ciento de los casos, ni siquiera se habían establecido los planes. Con el objetivo de cerrar estas brechas y fortalecer la protección de los líderes sociales y las organizaciones, el Ministerio del Interior anunció el rediseño del programa. Franklin Castañeda explicó que se implementó un proceso de gestión que buscaba abordar los problemas identificados. En primer lugar, se gestionó un presupuesto de funcionamiento significativamente mayor, que representó un incremento del 1400% para el funcionamiento de decreto 660. También se trabajó en la selección de comunidades en riesgo, la implementación de planes integrales de prevención y la adecuación institucional para identificar previamente las medidas necesarias para las comunidades y la gestión de gobierno para lograr esas implementaciones de medidas. Cabe recordar que el decreto 660 no basa su acción en la implementación de medidas como las camionetas o escoltas, sino medidas preventivas que facilite el transporte, la comunicación, el alumbrado y el fortalecimiento de los procesos comunitarios y de autoprotección. Castañeda mencionó que en el marco de esta gestión, se ha fortalecido económicamente el decreto y se ha contratado un equipo de trabajo cualificado, conformado en su mayoría por profesionales provenientes de organizaciones sociales y algunas que participaron en la concertación del decreto en 2018. Castañeda también dijo que se ha dado prioridad a garantizar un funcionamiento basado en la oferta, es decir, asegurando que el Estado se comprometa a ofrecer el decreto y sus beneficios a las comunidades vulnerables. Por tal motivo que las comunidades y organizaciones sociales que deseen acceder a programas de fortalecimiento de capacidades de autoprotección y protección colectiva podrán hacerlo a través de este nuevo diseño y para esto se lanzó una convocatoria pública. Las organizaciones interesadas en acceder al programa deben descargar un formulario en la página web del Ministerio del Interior. En este documento, deberán presentar información detallada sobre su organización, incluyendo su historia, enfoques, derechos que defienden y estructura. También se les solicitará describir los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos que han enfrentado en los últimos tres años, así como los conflictos sociales, territoriales y ambientales presentes en sus territorios. El Ministerio del Interior liderará este programa, aunque según lo establecido en el Acuerdo de Paz, la Unidad Nacional de Protección (UNP) será la entidad encargada de las rutas de protección colectivas. Es importante destacar que el Decreto 660 de 2018 reglamenta este programa y establece las bases para su funcionamiento. El Decreto 660 también contempla la asignación de recursos y la implementación de medidas específicas para garantizar la protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás actores que trabajan en favor de sus comunidades. Reconociendo el importante papel que desempeñan, se busca salvaguardar su integridad y promover un entorno seguro para su labor. Según Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, en los próximos seis meses de este año, se busca implementar lo mínimo con 55 comunidades, que incluyen aquellas en riesgo y la población reincorporada que firmó el Acuerdo de Paz y vive en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Además, mencionó que están trabajando en la gestión de cooperación internacional para incrementar el número de comunidades que se verán beneficiadas directamente este año. Es importante recordar que en gobiernos anteriores se beneficiaron alrededor de 30 organizaciones. Sin embargo, este año, en solo seis meses, se busca llegar a 40 comunidades adicionales, sumadas a las 10 que comenzaron el proceso de implementación el año pasado bajo la actual administración, y a aproximadamente 15 ETCR. En total, se espera atender a 55 comunidades, además de las 32 o 30 que ya se beneficiaron en gobiernos anteriores. Castañeda puntualizó en que con el rediseño de este programa, el objetivo es brindar una atención óptima a estas comunidades. El director de derechos humanos del Ministerio del Interior hizo énfasis en que se está avanzando en el fortalecimiento de los componentes de autoprotección. Se destinarán más de 12 mil millones de pesos para dotar a organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales de la ruralidad colombiana con recursos que les permitan mejorar sus capacidades de autoprotección. Es importante resaltar que esto no significa transferir la responsabilidad de protección del Estado hacia las comunidades. El Decreto 660 llega, según Franklin Castañeda, para fortalecer las capacidades ciudadanas y fomentar la formación en mecanismos de autoprotección. También busca promover el intercambio de experiencias en autoprotección entre la sociedad civil y el Gobierno, así como implementar estrategias concretas para una respuesta rápida ante situaciones de riesgo. No pretende reemplazar los mecanismos de protección individual de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ni el rol de las autoridades de policía y militares en términos de seguridad. Finalmente, Castañeda mencionó que las principales diferencias con la implementación anterior del decreto es que radican en el enfoque en la oferta, es decir, salir a promover y difundir el decreto 660. Se busca dar a conocer la institucionalidad del decreto, concertar con las comunidades las medidas necesarias y financiar dichas medidas mediante la entrega de recursos. Además, el Ministerio del Interior ha establecido un modelo de gobernanza de derechos humanos que garantizará la gestión y coordinación interinstitucional de las medidas implementadas en el marco del decreto 660. Para Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Pares, el rediseño es mucho más ordenado que lo que hay hoy, pero lo que realmente se debe tener en cuenta es que se pueda instalar la capacidad necesaria en los entes territoriales para que la implementación de estos entes territoriales pueda ser una realidad y asimismo garantizar que haya complementariedad y concurrencia en entidades como la unidad nacional de protección, ministerio del interior, policía nacional y otras entidades del orden nacional que tienen que contribuir a la concreción de este plan. Según Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Pares, lo realmente importante es asegurar que se pueda establecer la capacidad necesaria en las entidades territoriales para lograr una implementación efectiva de estas medidas. Es fundamental garantizar la complementariedad y colaboración entre entidades como la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y otras entidades a nivel nacional que deben contribuir a la realización exitosa de este programa.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Pares Para @confidencialcol Hay una corriente en la interpretación de la violencia y los conflictos que se basa únicamente en una lectura superficial de los datos de violencia, los cuales carecen de solidez suficiente como para ser considerados una única y confiable fuente. Un ejemplo de esto es cuando, hace varios años, se decía en ciertos círculos de analistas que la diferencia entre el recuento de homicidios entre la Policía Nacional y Medicina Legal se debía a alguna orientación política y no a la realidad, que es que cada entidad mide cosas diferentes. Mientras una cuenta los eventos –me perdonan la crudeza – la otra cuenta los cadáveres. Muchas veces desde el escritorio hacemos lo mismo con el resto de los eventos violentos. Por ejemplo, se ignora que si el funcionario de la defensoría no logra ir a levantar denuncias en una vereda apartada, eso resultará en una reducción de las cifras de desplazamiento. O que el grupo armado ya ha obtenido lo que buscaba y no necesita desplazar más. Lo mismo ocurre con el resto de las cifras: confinamientos, bloqueos, atentados o secuestros, entre otros. Esta obsesión por los números está directamente relacionada con una verdad de a puño y es que en Colombia no le creemos a las víctimas. Somos fetichistas con los números. Así, es muy común que las historias queden relegadas y que aquellos responsables de garantizar los derechos, como el gobierno o quienes deberían ejercer una veeduría desde la oposición, escojan solo los datos que les conviene para respaldar o criticar su gestión. Esta práctica no solo es ineficiente, sino que da lugar a disputas infundadas que afectan directamente a las personas que viven en entornos violentos. A continuación, se exponen las razones que respaldan esta afirmación. En primer lugar, los grupos armados no tienen un comportamiento estático. Es decir, no cumplen con una “cuota” anual o mensual de homicidios, secuestros o desplazamientos. Estos se dan en la medida en que los actores violentos toman decisiones, como confinar a una población para ejercer mayor control, o asesinar a una lideresa de un resguardo porque les está afectando el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. El carácter de un mando y el comportamiento de los demás actores en la misma zona produce cambios que se reflejan en formas distintas de ejercer la violencia. Por ejemplo. En el Urabá Antioqueño posterior a la Ley de Restitución de Tierras el desplazamiento fue silencioso, uno a uno y casi que fantasmagórico. Bastaba con ubicar hombres en moto para que los reclamantes de tierra desistieran de su reclamo. Los homicidios eran selectivos y en los datos no se veía un incremento sustancial. Pero en la guerra entre las FARC y el ELN por el control de Arauca entre 1998 y el 2008, se desplazaron por lo menos 54.000 personas según información del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Zozobras distintas, cuyas causas y soluciones se pierden si sólo nos atenemos a la evolución de las cifras. En segundo lugar, despreciamos sistemáticamente la fuente primaria, haciéndola inconscientemente impersonal e irrelevante. Contribuimos sin querer al mal que nos aqueja al no creerle a alguien que ha sido violentado. Esa desconfianza y frustración con el tiempo es el germen de nuevas violencias organizadas, y nos aleja de las soluciones. Desde la firma del Acuerdo de Paz, el negacionismo y la negligencia en atender el problema causó que hayamos perdido a por lo menos 1.080 personas que lideraban causas sociales, ambientales o de derechos humanos, y que constituían la base de la democracia a nivel local. Ninguna de ellas se va a recuperar. Finalmente, la interpretación sobre el dato es altamente subjetiva. Por ejemplo, hacer uso de la variable “asesinato de líderes sociales” para medir el nivel de seguridad y protección en las regiones, puede conducir a error. Otro ejemplo para ilustrar: algunos municipios en el bajo cauca antioqueño que reportan bajas en el número de líderes sociales asesinados en realidad están reportando que no quedan líderes que asesinar. La disminución del indicador se explica por la victoria del silencio. De nada le sirve al país continuar con la maña del negacionismo. Por supuesto que es frustrante estar haciendo el mayor esfuerzo posible para proteger a las personas y que esto no funcione. Pero justamente una evaluación honesta de nuestras acciones es lo que garantiza el éxito, en este caso de la paz. La fórmula no es tan complicada: menos fetiche numérico, más fe en las personas.

Por: Luis Eduardo Celis Participar de un proyecto de organización que agencia sus propósitos mediante un ejercicio sistemático de uso de la violencia, es una decisión de vida que involucra mente y corazón, y que requiere construir la noción de amigo y enemigo. Al amigo se le protege y cuida con todo, se está dispuesto a morir por él, y al enemigo se le ve como el otro, distinto, y al cual hay que eliminar, reducir y, si es necesario, tomar su vida. Hay grises por supuesto, pero las coordenadas son sobrevivir y triunfar, a cualquier costo. Las personas que han participado de organizaciones que hacen uso sistemático de la violencia generan una cultura particular y todos los sentimientos los cruzan de manera intensa. Es el mundo del saber que se levanta, pero no sabrá si se acuesta, que se puede perder la vida en cualquier momento y que se está dispuesto a morir y a matar, ambas por convicciones y proyectos. Entrar a la guerra es una decisión trascendental y salir de ella quizás es más difícil. Se entra con entusiasmo y convicciones, y al salir se vive con la carga de lo vivido y sufrido, con las tragedias y alegrías compartidas con los propios y lo experimentado al relacionarse con los otros, los enemigos, que han mostrado su humanidad y con quienes quizás, al verles los ojos y darles una mano, o recibir de ellos miseria o respeto, se coloca la vida ante un extremo. Esa es la guerra, pequeña o grande, vida y muerte entrecruzadas y todo lo que puede transcurrir: lo mejor y lo peor del alma humana en unos y otros. Salir de la guerra es un acto de valor, de mucho valor, requiere de templanza de espíritu y fe en el cambio que se experimenta. Es más difícil salir qué entrar, porque al entrar se va con la fe del triunfo y al salir, cuando no se ha logrado el triunfo, hay que reconocer al enemigo y pactar con él un acuerdo para convivir. La experiencia colombiana fue que el Estado no se pudo imponer a las guerrillas, y las guerrillas no pudieron derrotar al Estado. Ante ese impasse quedó abierto el camino de dialogar, negociar y construir acuerdos. Camino para todos doloroso de tomar y ha sido el único viable. Una vez le escuché a Rosembert Pabón, exdirigente del M-19, que las guerras se ganan, se pierden o se empatan, y que los acuerdos de paz son la expresión del empate. Y me pareció una explicación lúcida, de un protagonista de esta historia de rebeliones, sueños de triunfo y aterrizajes en acuerdos. Esa ha sido nuestra experiencia y lo vivido. En el 2016 logramos cerrar un acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC. Siempre agradecer a las dos partes por el coraje y compromiso, eso nos ha dejado una Colombia donde se han visto de manera más nítida nuestros conflictos, ya sin la bruma que impuso una persistente violencia, que mostraba las tragedias de la guerra y ocultaba las raíces que la han soportado: exclusiones y precaria democracia. Ahora se habla si Iván Márquez está vivo o ya no hace parte del mundo de los vivos, pronto lo sabremos, es una tristeza que el hombre que lideró con un destacado grupo de hombres y mujeres que persistieron en la guerra y luego asumieron de manera decidida la construcción de un acuerdo de paz, no haya podido salir de la guerra, porque fue hostigado y perdió el valor para seguir batallando en paz junto a sus hermanos y hermanas de la vida. Ahí siguen, a pesar de incumplimientos y agresiones, y no están solas y solos, hay una Colombia que persiste en que ese acuerdo firmado es para llevarlo a la realidad y que esas vidas deben ser protegidas y respetadas, como las de todas y todos quienes habitamos nuestro país. Iván Márquez es parte de esta larga historia de compromiso por transformar a Colombia. Si vive esperemos que pueda volver a la Colombia que sigue buscando paz y democracia de calidad, si está en el mundo de los idos, no permitir que quede en impunidad la operación qué lo empujó a este triste final. En su momento, cuando Iván Márquez volvió al camino de la guerra, más ficción qué realidad, lo vi en su debilidad y desatino, a diferencia de quienes han seguido batallando desde la palabra y la acción civil. Héroes desde la enorme experiencia de ser sobrevivientes de enormes violencias con todo lo vivido. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Desde el jueves 6 de julio, los ocho países de la cuenca amazónica se han congregado en la selva de Leticia, capital del departamento del Amazonas dar inicio al “Camino a la Cumbre Amazónica”. Este encuentro, que servirá como preparación para la cumbre que se celebrará en agosto en Belén do Pará, Brasil, contará con la participación del presidente Gustavo Petro y su homólogo brasileño Lula da Silva, el próximo sábado 8 de julio. El anuncio de esta cumbre fue realizado por los mandatarios de Colombia y Brasil en enero de este año. La iniciativa, enmarcada en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), busca establecer una agenda común basada en la ciencia, el conocimiento ancestral y social, y lograr compromisos efectivos para la conservación del bioma amazónico. Durante la reunión en Leticia, los ministros de Ambiente y los delegados de Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, junto con representantes de pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, académicos, científicos, sectores productivos y cooperantes, trabajarán en la construcción de las bases de este acuerdo. Se han programado diversos espacios para escuchar propuestas y experiencias de gobiernos locales, autoridades indígenas, institutos de investigación y universidades, cooperantes internacionales, sociedad civil y sector privado de los países involucrados. Los temas a tratar en estas reuniones incluyen los delitos ambientales y la deforestación, la gestión de información, la biodiversidad, la gobernanza de los pueblos indígenas, y la bioeconomía y ciudades sostenibles. Además, se buscará establecer compromisos para alcanzar metas globales sobre cambio climático y conservación de la biodiversidad, desde una perspectiva regional. Laura Restrepo Alameda, coordinadora de proyectos especiales en The Climate Reality Project América Latina y joven lideresa de la Carta de la Tierra, le expresó a Pares sus expectativas con respecto a los cambios de gobierno en Brasil y Colombia, y el papel que estos gobiernos están asumiendo en la protección de la Amazonía. Restrepo destacó la importancia de generar acuerdos y acciones coordinadas entre los países amazónicos para combatir la deforestación y respetar los territorios indígenas en la región. Además, subrayó la necesidad de combinar la visión indígena con la restauración y cuidado de la naturaleza, enfatizando la importancia de valorar y preservar los conocimientos y la relación ancestral de las comunidades indígenas con la Amazonía. También, Restrepo mencionó la cercanía de la COP (Conferencia de las Partes) que se celebrará en los próximos meses y resaltó la importancia de que los gobiernos amazónicos discutan las oportunidades y limitaciones en torno al mercado de carbono en la región. La coordinadora de proyectos especiales en The Climate Reality Project América Latina manifestó su preocupación por la transparencia en la asignación de recursos a las comunidades indígenas y locales, por lo que instó a los gobiernos de Brasil y Colombia a abordar este tema en sus conversaciones. Asimismo, destacó la importancia de que los acuerdos y acciones que surjan de la cumbre amazónica tengan un impacto real en las conferencias internacionales sobre cambio climático, como la COP y la COP de desertificación, que va a ser el otro año, y que se establezca una visión estratégica para recuperar y restaurar la Amazonía hacia el futuro. La deforestación de la Amazonia es uno de los temas más urgentes a tratar. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano, si se supera el 20% de deforestación, el ecosistema amazónico llegaría a un punto de no retorno, sin capacidad para regenerarse. Actualmente, ya se ha alcanzado el 17% de deforestación, lo que genera una preocupación urgente por parte de los países involucrados. Según Laura Restrepo, la importancia de realizar la cumbre por la Amazonía es debido precisamente a los múltiples desafíos que enfrenta la región, como la deforestación, la pérdida de diversidad, los conflictos socioambientales y el cambio climático. Restrepo explicó que estos problemas no se limitan solo a la región amazónica, ya que tienen un impacto global que requiere una acción coordinada por parte de todos los países amazónicos. Además, enfatizó en que la cumbre debe abordar estos problemas de manera sistémica, reconociendo a la Amazonía como un sistema completo y complejo. Por esta razón, dijo que es fundamental promover la conservación y restauración de este ecosistema crucial para la vida en la tierra, la regulación del clima, el ciclo del agua y otros aspectos, incluyendo la regulación de las lluvias a nivel regional y global. Restrepo también destacó la importancia de la cumbre para abordar la violación sistemática de los derechos humanos de las comunidades indígenas en la Amazonía, ya que es un compromiso y una deuda que los países tienen con estas comunidades, y es fundamental brindarles el respeto y reconocimiento que merecen desde hace mucho tiempo. Asimismo, mencionó que la cumbre también debe fortalecer la cooperación regional y establecer compromisos políticos a largo plazo para revertir el acelerado deterioro de la Amazonía, puesto que no se trata solo de un esfuerzo a corto plazo, sino de metas sostenidas en el tiempo, considerando los compromisos de los países para lograr la neutralidad de carbono y la reducción de emisiones para 2050.  Restrepo destacó la importancia de utilizar la cumbre como un punto de partida para incluir el diálogo intercultural en la conservación sistémica de otros ecosistemas en los diferentes países. “Si se busca lograr la neutralidad de carbono y mitigar los efectos del cambio climático, es esencial tomar a la Amazonía como un caso primordial y desarrollar estrategias similares en otros territorios”, puntualizó Laura Restrepo. La importancia de esta cumbre se ve reflejada en el compromiso de los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva, quienes han centrado sus programas de gobierno en la protección y preservación del medio ambiente, especialmente de la Amazonia. Lula anunció recientemente un nuevo plan contra la deforestación ilegal en Brasil, mientras que Petro ha enfocado su atención en la lucha contra el cambio climático en Colombia. La cita en Leticia, ubicada en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, también tiene como objetivo discutir los puntos clave que se abordarán en la cumbre de agosto, generando los insumos técnicos y científicos necesarios para llegar a acuerdos concretos. La cumbre continuará hasta este sábado 8 de julio, cuando se llevará a cabo la reunión de alto nivel de los ministros de Ambiente de los países participantes, y culminará con una plenaria de cierre en la que estarán presentes los presidentes de Colombia y Brasil. Hoy, 7 de junio, se han llevado a cabo actividades dentro del marco del evento “Camino a la Cumbre Amazónica”. Durante la jornada, se llevaron a cabo mesas técnicas de trabajo en las cuales se discutieron los temas prioritarios para la región. Posteriormente, se llevaron a cabo dos sesiones plenarias en las que se compartieron los resultados de las discusiones realizadas en la mañana. El Panel 1 se centró en los retos comunes que enfrentan los países amazónicos. Se abordaron los desafíos derivados de las principales amenazas y conflictos presentes en la Amazonía, los cuales son consecuencia de las dinámicas socioeconómicas actuales. Entre los temas discutidos se espera encontrar la importancia de lograr la meta de cero deforestaciones, la implementación de los derechos de las comunidades indígenas, el desarrollo de una bioeconomía y la restauración ecológica, así como la necesidad de fortalecer la gobernanza territorial y abordar el crimen transnacional. En el Panel 2 se buscó avanzar hacia la definición de una agenda que permita enfrentar los desafíos mencionados. Esta agenda se basará en la ciencia, el conocimiento ancestral y social, y tendrá como objetivo principal construir capacidades de gobernanza, gestión, financiación y toma de decisiones políticas que la región amazónica requiere dada su importancia en el contexto global. Finalmente, Laura Restrepo resaltó la importancia de estos espacios debido a varios motivos fundamentales. En primer lugar, a nivel global se reconoce que la Amazonía es uno de los ecosistemas más importantes debido a su biodiversidad y su papel crucial en la regulación climática. Dado el aumento de las olas de calor y los récords de temperaturas globales registrados desde el 2021, es evidente que la Amazonía desempeña un papel clave en la protección del mundo. Por esta razón, Restrepo mencionó que es importante que los países que comparten esta región trabajen de manera colaborativa, intercambiando conocimientos, ideas y experiencias. Este intercambio no debe limitarse solo a los gobiernos, sino que también debe incluir un diálogo intercultural con las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas presentes en la Amazonía. Para Restrepo, este diálogo intercultural es esencial y debe ser parte integral de la cumbre amazónica. La protección de la biodiversidad y la vida en la Amazonía es de suma importancia. La conservación de este ecosistema implica salvaguardar la vida de todos los seres que lo habitan, tanto humanos como otras especies. Es por esta razón que tanto el encuentro “Camino a la Cumbre Amazónica” como la cumbre en sí que se celebrará en agosto, generan grandes expectativas debido a que ofrecen la oportunidad de abordar los desafíos y trabajar en la preservación de lo que nos brinda vida.

Por: Odevida Capítulo Venezuela El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), capítulo Venezuela, a través del presente informe, se plantea dar continuidad al estudio de la situación de las personas defensoras de derechos humanos laborales en Venezuela. Siguen presentes las violaciones a los derechos humanos de trabajadores y dirigentes sindicales producto de la violencia estatal y paraestatal con aquiescencia o complicidad de los poderes públicos, fundamentalmente la violación al derecho a la libertad personal en los casos encontrados. El contexto de represión se mantiene, pero el movimiento sindical resiste desde la protesta pacífica. Aunque se ratifica en el presente periodo de estudio (2022) la falta de información de las fuentes oficiales, a través de a revisión y anlálisis investigaciones publicadas en informes de organizaciones como el Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea) o el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), además de revisión hemerográfica y entrevistas a líderes sindicales y activistas; mantenemos la información publicada anteriormente por Odevida de que entre 2015 y 2020 se han registrado asesinatos de dirigentes sindicales, no encontrándose nuevos casos desde 2021. Además, se pudo conocer de 23 casos de detenciones arbitrarias relacionadas con dirigentes laborales. En este informe les contamos algunos de estos casos más destacados y clave para entender el panorama de este fenómeno en Venezuela. Durante el año 2022, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 7.032 protestas, equivalente a 20 diarias en todo el territorio nacional. De las 7.032 protestas documentadas durante 2022, al menos 45% (3.185) fue en reclamo de derechos laborales, equivalente a un promedio de 9 protestas diarias. El incremento en la protesta social de los trabajadores venezolanos es producto de la decisión política de no atender las demandas del sector e incluso las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Frente a esto, ofrecemos al final de este informe recomendaciones al Ejecutivo Nacional, a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía General, a la Defensoría del Pueblo y a la Comunidad internacional de derechos humanos. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información y análisis, aquí:

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno del Cambio cumplió ayer, 29 de junio, una de sus promesas más destacadas al concretar la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. El presidente Gustavo Petro firmó los decretos reglamentarios que dan origen a dicho Ministerio. Esta nueva cartera, aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, marca un avance significativo en la lucha contra las desigualdades y busca abordar diversas problemáticas sociales. El Ministerio de Igualdad y Equidad, que se convierte en el decimonoveno ministerio del Gobierno Colombiano, cuenta con un presupuesto sustancial de casi medio billón de pesos y tiene prevista la creación de más de 700 nuevos puestos de trabajo. Este hecho se produce en un momento clave, a tan solo cuatro meses de las elecciones regionales y a poco más de 20 días del comienzo de un nuevo año legislativo, en el que se espera avanzar en las reformas sociales promovidas por el presidente Gustavo Petro. La nueva cartera se organiza en cinco viceministerios: Juventud, Mujeres, Pueblos Étnicos y Campesinos, Diversidades, Poblaciones y Territorios Excluidos, y Superación de la Pobreza. Además, se establecerán 20 direcciones técnicas, 32 direcciones departamentales y 21 asesores. En el despacho de la ministra se crearán 11 oficinas, como la de Saberes y Conocimientos Estratégicos, la de Proyectos para la Igualdad y la Equidad, Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional, y el Relacionamiento con la Ciudadanía. Luz María Múnera, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, expresó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) su opinión sobre la existencia de numerosos viceministerios. Según Múnera, esto se debe a la gran cantidad de problemas de desigualdad que existen en el país, los cuales requieren atención y la reducción de brechas sociales. Si bien se reconoce que en las grandes ciudades se ha logrado un progreso limitado en este aspecto a lo largo del tiempo, Múnera resalta que el cierre de brechas real aún no se ha alcanzado. “Es en las poblaciones de lo que se conoce como ‘la Colombia profunda’, donde el Estado rara vez llega, pero la guerra y la violencia sí están presentes, donde se debe garantizar un verdadero cierre de brechas”. Por esta razón, Luz María Múnera explicó que la propuesta del Ministerio de Igualdad busca cambiar lo que durante tantos años no ha dado resultados. Una parte importante de los recursos para la creación del Ministerio provendrá de la reforma tributaria aprobada el año pasado, y se espera que la cartera emplee la infraestructura de otras entidades que serán suprimidas. El Ministerio de Igualdad y Equidad se amparará en el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad consagrado por el Plan de Desarrollo, lo que permitirá coordinar las actividades estatales, de las organizaciones sociales y de los particulares para promover la eliminación de las desigualdades en diferentes ámbitos. Los tres decretos firmados por el primer mandatario fueron: decreto por el cual se integra el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones; decreto por el cual se adopta la estructura del Ministerio de Igualdad y Equidad; decreto por el cual se establece la planta de personal del Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones Reglamentarios de esta nueva cartera que asumirá la vicepresidenta Francia Márquez. Durante el evento, la vicepresidenta destacó que la creación de este Ministerio cumple una promesa de campaña y traerá un cambio profundo a las poblaciones más rechazadas y necesitadas del país. La posesión oficial de la vicepresidenta Francia Márquez como ministra de la Igualdad y la Equidad está programada para hoy 30 de junio en Manaure, en el departamento de La Guajira. Cabe añadir que el Ministerio tendrá un enfoque basado en los derechos, la equidad de género, la diversidad étnica y territorial, y estará orientado a garantizar el derecho a la igualdad y eliminar las discriminaciones. Con la creación de este Ministerio, Colombia sigue el ejemplo de otros países que ya cuentan con una institución similar, como es el caso de España. Sin embargo, el desafío que enfrenta el Ministerio de Igualdad y Equidad radica en evitar la duplicidad de funciones con otros órganos administrativos existentes. El presidente Gustavo Petro reconoce esta preocupación y ha manifestado que será necesario aprender de los desafíos que implica transformar a uno de los países más desiguales del mundo en un espacio de democracia, libertad e igualdad. Este Ministerio rabajará en coordinación con entidades estatales, organizaciones sociales y la ciudadanía para formular y ejecutar políticas que fomenten la igualdad y lograr que el país entienda y respete la equidad en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Luz María Múnera tiene varias expectativas con respecto a este Ministerio. En primer lugar, que reduzca la pobreza en todos los rincones de Colombia. Además, considera fundamental lograr un sistema nacional de cuidado, lo cual sería un gran triunfo para el país. También destaca la urgencia de abordar los temas poblacionales, como las comunidades afro e indígenas, y enfatiza la importancia de que Colombia comprenda, respete y reconozca los derechos de la comunidad LGBTIQ+ para garantizar una vida digna. Múnera también resalta la necesidad de conocer las condiciones de las personas con discapacidad, así como la situación de las mujeres y los jóvenes. Es importante tener en cuenta que si bien las expectativas son altas, el Ministerio no podrá cumplir todos los objetivos de manera inmediata o en un plazo de seis meses. Sin embargo, desde una perspectiva social, se espera que las acciones implementadas contribuyan a posicionar a Colombia como una potencia mundial en calidad de vida. Finalmente, Luz María Múnera mencionó que la intervención del Ministerio en las regiones se llevará a cabo de dos maneras fundamentales. En primer lugar, habrá intervenciones directas en las poblaciones, lo que implica la implementación de programas y proyectos propios del ministerio, así como la ejecución presupuestaria a cargo del mismo. En segundo lugar, se llevará a cabo una coordinación con los demás ministerios. Múnera explicó que el objetivo es que el Ministerio de la Igualdad tenga presencia en todos los departamentos de Colombia, y en aquellos departamentos donde existan regiones particularmente afectadas por la pobreza, como el Bajo Cauca en Antioquia, con altos niveles de miseria, pobreza y desigualdad. Por lo tanto, se establecerán oficinas en estos territorios con presupuestos asignados específicamente para abordar las necesidades más urgentes de la población. Múnera destacó que estas intervenciones se centrarán en áreas críticas como saneamiento básico, vivienda, educación y atención a los niños. El objetivo es brindar asistencia directa a cada una de las poblaciones y abordar sus necesidades más apremiantes. Con esta iniciativa, el gobierno Petro busca sentar las bases para un futuro en el que todas las personas, sin importar su género, origen étnico, condición socioeconómica o ubicación territorial, tengan las mismas oportunidades y derechos. El Ministerio de Igualdad y Equidad se enfrenta a grandes retos, pero también ofrece la posibilidad de transformar la realidad de miles de colombianos y colombianas que han sido históricamente marginados y excluidos. Se espera que esta nueva institución desempeñe un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva en Colombia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En una columna anterior en la que hablé sobre las tareas que la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le estableció a la sociedad (Ver: Tareas de la sociedad en la construcción de paz con el ELN), señalé que en las fases que propone el  Primer Acuerdo de Cuba o Acuerdo No. 9, firmado el 09 de junio de 2023 –que son: 1) la ‘fase de diseño’ o el alistamiento para la participación, 2) la ‘fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz’, en la que realizará un diagnóstico de los problemas del país y 3) la ‘fase de construir una agenda sobre la democracia y transformaciones’, en la que se van a formular los cambios necesarios para la construcción de la paz estable y duradera–, se encuentran indicadas tres tareas que debe realizar la ciudadanía en este proceso. En aquella columna –dada la prioridad que tiene el ‘alistamiento para la participación’ y, además, a que el proceso está diseñado en forma de cascada, pues cada fase depende de la implementación de la otra– aproveché para referirme a la primera de las tareas y la importancia de revisar la experiencia nacional e internacional para proponer mecanismos de participación de la sociedad en la fase de negociación de la paz. En esta nueva columna quiero completar el panorama y referirme a las dos siguientes tareas que se le plantean a la sociedad y que, de aceptarlas, tendrán su tiempo de ejecución entre enero de 2024 y mayo de 2025, cuando se ha planeado el cierre del momento culmen de participación. Para iniciar el análisis de los siguientes dos momentos, supongamos que en diciembre 09 de este año, la Mesa de Diálogos de Paz reciba de parte del Comité Nacional de Participación (CNP) los elementos conceptuales, operativos y logísticos para promover y facilitar la intervención de la sociedad en el proceso –tal como lo establece el Acuerdo No. 9 de Cuba –. Y que ellos son los suficientes para que la Mesa elabore el Plan Nacional de Participación. Entonces, sería a partir de este momento cuando comienza la implementación de las dos siguientes fases. La segunda tarea que plantea la Mesa a la sociedad es sentarse en los diversos espacios y escenarios diseñados para la participación e identificar los problemas sociales, políticos y económicos que han dado origen a los conflictos en Colombia y aún se mantiene. Para realizar esta labor de diagnóstico de problemática se convocará a las comunidades, a los pueblos étnicos y afrocolombianos, a las mujeres y los jóvenes, y a la población LGTBIQ+ a escuchas sus voces. Se tratará de un ejercicio de participación en el que se tendrá como objetivo la identificación de las principales problemáticas de los territorios donde habitan y conviven esas comunidades. Serán las voces de la ciudadanía excluida –las que han sufrido toda clase de conflictos violentos durante décadas– las que señalen las problemáticas específicas y harán las demandas sobre lo que requieren sean atendidas. Podrá ocurrir –como pasó en los Foros Consultivos Oficiales en el proceso con las FARC-EP– que las problemáticas estén asociadas al subdesarrollo del campo o al tema de la protección especial de las víctimas, pero lo que será cierto es que los temas se ampliarán. Aparecerá la situación de pobreza y desigualdad en los espacios urbanos –donde habita la mayoría de la población del país–, saldrá al debate el componente minero y energético, y las y los jóvenes presentarán su situación en términos de educación superior y de empleo, y en las necesidades de cambio en el sistema democrático. En fin, serán muy variados los diagnósticos sobre los problemas que se tienen en el país. Una vez se recorra este momento del diagnóstico de problemas vendrá la fase de propuesta de soluciones. El llamado subsiguiente es a que esta población –que ha participado de forma “activa, propositiva, incluyente, deliberativa, vinculante y eficaz” (Acuerdo No. 9)– ahora pase a construir propuestas de cambio, se ponga en el rol de “construir una agenda sobre la democracia y transformaciones” que le permita al país y sus territorios la “superación de los conflictos político, social, económico y armado”. Esta será una fase en la que la sociedad se reunirá para dialogar y conjuntamente construir visiones de desarrollo. Se espera que en este momento la sociedad elabore múltiples propuestas de cambio para esa variedad de problemas que identificaron en la fase anterior. Serán transformaciones pendientes y pertinentes, construidas con la voz de todos y todas, en un ejercicio dinámico y pluralista que permita presentar una visión de paz. Propuestas de cambio en los diversos ámbitos y necesarios para cerrar conflictividades y construir una paz duradera y general. En síntesis, serán alrededor de 17 meses –entre enero de 2024 y mayo de 2025– en las que la sociedad tendrá el reto y la importante tarea de diagnosticar los problemas más importantes del país y proponer una agenda de cambio. Se construirá durante este tiempo un laboratorio democrático para la paz: un proceso de democracia participativa y de construcción planificada de las transformaciones para la paz. Un espacio para que, desde la sensatez y las necesidades de la población, se construya una ruta para el cambio. El objetivo final es que con este proceso de participación de la sociedad se le entregue a la Mesa de Diálogos de Paz –que habría estado acompañando y presente en todo el proceso– los insumos para que se avance en las negociaciones. Una propuesta que se espera se convierta en un ‘Gran Acuerdo Nacional’, una ‘agenda de transformaciones para la paz’ con carácter vinculante, dirigidas a cambiar diversas realidades y ayudar a finalizar el largo conflicto armado y hacer posible la paz completa. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Pares Para @confidencialcol El piloto de la Paz Total, que pudo haber sido un laboratorio de reconciliación, está muriendo en medio del constante ruido de las balaceras en el puerto más importante del Pacífico colombiano. En este momento, culpar a otros no tiene un gran impacto. Sin embargo, sí existe una profunda irresponsabilidad institucional que se extiende por todos los poderes del Estado. Por un lado, la obsesión por obtener victorias políticas rápidas llevó al Gobierno Nacional a desperdiciar posiblemente la mejor oportunidad de lograr la paz en el ámbito urbano. En medio del enredo de proyectos, acuerdos políticos y bancadas, el Estado olvidó que tiene a su disposición numerosos instrumentos normativos para actuar rápidamente. Esto incluye fortalecer las habilidades y capacidades locales, aprovechar la cooperación internacional en beneficio de la paz, aliarse con la sociedad civil, implementar intervenciones en materia de derechos humanos y trabajar con programas de desarrollo y paz. Sin embargo, sobre todo, se perdió la oportunidad de utilizar eficientemente las herramientas del proceso de paz firmado con las FARC. Al mismo tiempo, la postura de la Fiscalía no puede ser calificada de otra forma que perversa, ya que el Fiscal Barbosa parece dispuesto a quemar el país con tal de que a Petro le vaya mal. En lugar de cumplir su rol y trabajar en colaboración con todo el aparato estatal en aras del bien común y garantizar la justicia, la Fiscalía está demasiado ocupada desempeñando un papel político que no le corresponde. En tercer lugar, la Paz Total demuestra cuán poco le importa al legislativo (con algunas excepciones) el bienestar colectivo. El liderazgo legislativo se está enfocando cada vez más en sus agendas personales, sin mostrar empatía hacia lo que está sucediendo en el puerto. Mientras las bancadas más cercanas al Gobierno parecen negar la realidad, discuten cifras y se niegan a escuchar las cada vez más desesperadas peticiones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, la oposición utiliza la violencia para demostrar que la paz no sirve de nada. Ya son muy pocas las personas en el Congreso que aún creen en el éxito de este proceso. En medio de esta irresponsabilidad política, se está gestando una nueva guerra en Buenaventura. Recientemente, como ha mostrado frecuentemente la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ha surgido un nuevo grupo armado. Nuestras investigadoras, aterrorizadas por las balaceras, informan desde debajo de la mesa del comedor, mientras que el tejido social está agotado de pedir una ayuda que nunca llega. Como ha expresado nuestro coordinador de la oficina Pacífico en Twitter: “las armas están en todas partes”. Lo cierto es que lo más perverso que puede hacer el Gobierno es utilizar la excusa de que este conflicto se venía gestando desde antes, como algunos han afirmado. Claro que sí, esta nueva guerra creció cuando el gobierno anterior hizo añicos el Acuerdo de Paz y desvió su atención mientras los grupos armados tomaban control territorial. No se puede permitir repetir ese nivel de cinismo. Debemos corregir el rumbo. En este momento, asignar culpas no tiene ningún beneficio; los egos deben dejarse a un lado. Cada obstáculo que se presente entre los encargados de la política de paz y seguridad se traduce en vidas perdidas y un horizonte de paz que se aleja cada vez más. El reto es considerable. La militarización no funciona, pero el Estado tampoco puede delegar el control territorial, una situación que se ha venido gestando desde 2016. Solamente una estrategia combinada, en la cual la presencia de la fuerza pública respalde la construcción de paz, se bloquee el acceso a armas y dinero, se debilite la economía ilícita y, sobre todo, se proteja a las personas en un conflicto irregular, puede brindar una luz de esperanza en la situación actual. Esto debe ir acompañado de una presencia institucional permanente. No se trata de caravanas, reuniones o visitas esporádicas. Es necesario establecer oficinas en el territorio, fortalecer las instituciones, asignar presupuesto para programas y proyectos que contribuyan a la disminución de la violencia, y utilizar audazmente las herramientas disponibles para fomentar la desmovilización y el desarme de los grupos armados. Cada vida perdida en Buenaventura y cada día de violencia alejan aún más el horizonte de la paz. La vida vale mucho más que la complacencia política. Incluso sin ley de sometimiento, hay que actuar.

Por: Luis Eduardo Celis En Colombia hay enormes diferencias regionales que producen que enormes territorios vayan muy atrás en derechos y ciudadanía de calidad, lo cual se corresponde con una incapacidad del Estado para hacer sus tareas. En esas circunstancias en las que hay ausencia estatal, otros terceros reemplazan al Estado, ejerciendo acción de manera ilegal y ejerciendo violencia. El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han liderado el equipo de gobierno para tener presencia en La Guajira, uno de los territorios donde se sufre hambre y sed por parte de la comunidad wayuu desde hace décadas. Algo que debe ser superado con acción de la sociedad y de los gobiernos, y para eso se requieren capacidades, recursos económicos y funcionarios con la competencia y el compromiso para llevar adelante una acción de la mano de instituciones de la sociedad. Eso es un propósito pendiente que ha tenido un impulso desde finales de los años ochenta, cuando se logró la elección popular de alcaldes y tuvo un nuevo empujón con la Constitución del 91. Los gobiernos locales requieren más competencias, recursos económicos y capacidades para liderar paz y desarrollo en sus territorios, tenemos un ordenamiento en el que la Nación concentra de manera excesiva competencias y recursos, y las entidades territoriales son en extremo precarias, no tienen cómo asumir los enormes retos que se tienen para liderar sus comunidades y territorios. Esto debe cambiar con transformaciones normativas y con políticas pertinentes con las que el estado local y regional sea fuerte, legítimo y con las capacidades técnicas que se requieren. El gobierno de Gustavo Petro puede darle un nuevo empujón a la descentralización, esperemos buenas noticias de la misión de expertos coordinada por el maestro Darío Indalecio Restrepo, que de manera participativa viene haciendo esta importante tarea de la cual debemos tener un derrotero de acción en los próximos meses, informe que debe ser analizado de la forma más amplia posible e implementado en lo que se considere pertinente. La acción de gobierno desde las regiones es un buen camino, es asumir en terreno los desafíos, dialogar con las autoridades territoriales, escuchar a las comunidades organizadas, trazar una acción y unos compromisos. Ese camino se debe mantener y ampliar en las próximas semanas y meses, esperemos una presencia en Arauca, Cauca y los Montes de María, por mencionar tres territorios prioritarios, y en Putumayo, Guaviare y Nariño, para proponer una ruta. Esa presencia y compromisos muestran el compromiso de este gobierno con unos territorios en paz, reto por supuesto de amplia envergadura. Los compromisos asumidos en La Guajira deben ser monitoreados y cumplidos con estricto rigor, así se creará una cultura de decir y cumplir, que tanta falta nos ha hecho en nuestra cultura política. Tenemos un camino recorrido en muchos temas clave, pero igualmente reafirmar que hay muchas exclusiones e inequidades a superar, en lo cual este gobierno tiene un mandato de cambio y la convicción de que hay muchas regiones muy atrás en derechos y condiciones para llevar adelante las tareas para lograr paz y desarrollo con inclusión. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Durante los días 15 y 16 de junio, se llevó a cabo en Buenaventura el Encuentro Nacional de Juventudes por la Paz, la Inclusión y la Participación. Este evento reunió a diversas organizaciones juveniles de diferentes partes del país, quienes se congregaron con el objetivo de construir soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentan los jóvenes en términos de inclusión socioeconómica, acceso al empleo y emprendimiento (Ver: Jóvenes de Colombia le apuestan a la paz desde Buenaventura). El encuentro fue coordinado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en alianza con USAID Colombia, Fhi360, Ayuda en Acción, Fundación Corona, Viva la Ciudadanía, Bienestar Familiar, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Redprodepaz, Agenda Joven, SUEJE, Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemán, Instituto Colombo-Alemán para la Paz, Extituto, Codhes y PNUD. Para abordar las problemáticas y buscar soluciones efectivas, se organizaron 10 mesas de trabajo que se centraron en diferentes líneas temáticas. Estas incluyeron: inclusión socioeconómica, transformación del territorio, construcción de paz, participación política y protesta, derechos humanos, política de drogas, género y diversidades, desarrollo rural integral, migración y víctimas, y cambio climático (Ver: Pares apunta al fortalecimiento político de los jóvenes en 2023). El encuentro permitió a los participantes conocer las iniciativas comunitarias y territoriales existentes para promover la transformación del territorio y mejorar la calidad de vida de los jóvenes rurales. Además, se discutieron los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes en cuanto a la inclusión socioeconómica, acceso al empleo y emprendimiento. En las mesas de trabajo se generaron propuestas innovadoras y pertinentes para abordar las problemáticas identificadas. Algunas de estas propuestas incluyeron la reducción de impuestos a empresas privadas que contraten jóvenes, eliminar la tarjeta militar como requisito para acceder al empleo, promover la justicia restaurativa para jóvenes y garantizar el acceso a créditos con seguimiento y acompañamiento. También se propuso repensar la formación profesional, homologar saberes ancestrales en la educación formal y fortalecer los espacios de recreación, deporte y cultura. Con relación a la transformación del territorio, se planteó la necesidad de garantizar el acceso a la educación superior y al trabajo digno para los jóvenes, superando la estigmatización y promoviendo un modelo educativo contextualizado que responda a las necesidades culturales de los territorios. Se sugirió diseñar rutas efectivas de acompañamiento a la educación superior, flexibilizar los criterios de ingreso y acceso a becas, y fortalecer la participación de las juventudes en la agenda pública y política territorial. La construcción de paz también fue un tema central en el encuentro, tema en el que se evidenció la falta de representatividad de los jóvenes en los diálogos de paz. En este espacio hicieron un llamado para la realización de asambleas municipales, departamentales y nacionales donde los jóvenes tengan la oportunidad de expresar sus preocupaciones, propuestas y visiones de paz. También, destacaron la importancia de incluir a los jóvenes en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas que promuevan la convivencia pacífica y la reconciliación. En cuanto a la participación política y protesta, se enfatizó la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de los jóvenes, así como su derecho a la protesta pacífica. Se propuso promover espacios de formación ciudadana y política para fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida democrática del país. Asimismo, se resaltó la importancia de garantizar la protección de los derechos humanos durante las manifestaciones, promoviendo el diálogo y la negociación como mecanismos de solución de conflictos. La dimensión de género y diversidades también ocupó un lugar relevante en las discusiones del encuentro de jóvenes. En este espacio se planteó la importancia de promover la igualdad de género y el respeto a la diversidad, combatiendo la discriminación y la violencia hacia las mujeres, las personas LGBTIQ+ y otros grupos vulnerables. Se propuso fortalecer los mecanismos de prevención y atención de la violencia de género, así como promover la educación integral en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. En relación al desarrollo rural integral, se destacó la necesidad de promover políticas que impulsen el desarrollo sostenible de las zonas rurales y brinden oportunidades de empleo y emprendimiento a los jóvenes. Se propuso fortalecer la formación técnica y profesional en sectores como la agricultura, ganadería y agroindustria, así como promover el acceso a créditos y recursos para el desarrollo de proyectos productivos en el campo. La temática de migración y víctimas también fue abordada en el encuentro. En esta mesa se resaltó la importancia de garantizar los derechos de los jóvenes migrantes y de las víctimas del conflicto armado, brindando atención integral, acceso a la educación y oportunidades de empleo. Se propuso fortalecer los mecanismos de inclusión y protección de estos grupos, así como promover la memoria histórica y la reconciliación en las comunidades afectadas por el conflicto. Por último, se discutió la problemática del cambio climático y su impacto en las juventudes. Los jóvenes hicieron un llamado a promover la conciencia ambiental y adoptar medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Se propuso fortalecer la educación ambiental, impulsar la transición hacia energías limpias y promover prácticas sostenibles en los diferentes ámbitos de la sociedad. Según Dailer Montoya, un joven del Caquetá participante de las Escuelas de Liderazgo de Pares, su experiencia en el Encuentro Nacional de Juventudes por la Paz, la Inclusión y la Participación fue positiva. Montoya destacó que la delegación proveniente de Caquetá fue la encargada de liderar el tema de la participación juvenil y el enfoque rural en la búsqueda de una paz integral. Además, resaltó la importancia de incluir la perspectiva ambiental en los territorios y construir una agenda que pueda ser considerada en los diálogos no solo con el ELN, sino también con otros grupos armados organizados. Montoya enfatizó la necesidad de establecer una agenda de jóvenes por la paz, que permita abordar tanto la implementación actual del acuerdo de paz firmado como aspectos menos discutidos, como la paz ambiental. Para él, esta oportunidad de discutir estos temas en el encuentro fue una experiencia enriquecedora. Por esta razón, el Encuentro Nacional de Juventudes por la Paz, la Inclusión y la Participación fue un espacio de reflexión y propuesta donde las organizaciones juveniles de algunos territorios del país se unieron para buscar soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentan los jóvenes colombianos. Las propuestas generadas en este encuentro representan una base sólida para impulsar políticas públicas inclusivas y promover la participación activa de los jóvenes en la construcción de un país más justo, equitativo y en paz. Fotos tomadas por PARES

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Democracia significa, más que poder del pueblo, el entendimiento de que la autoridad ejercida por un gobernante, elegido popularmente, le ha sido prestada por el pueblo para que lleve a cabo una misión. De ahí surge la principal diferencia entre “poder” y “poder popular”. El “poder” corresponde a un modelo de gobernar plegado a la manera de los reyes y los dictadores, o plegado a un régimen como ha pasado en nuestra historia nacional, a cuyo sistema político lo rige un club de poderosos que, hasta el expresidente Duque, venían turnándose el ejercicio de la autoridad. En contraste, el “poder popular” corresponde a un modelo de gobernar plegado a las maneras de los presidentes elegidos democráticamente, a quienes el pueblo, y no el régimen, les ha prestado la autoridad. Mientras que el “poder” refiere la capacidad de una persona o grupo minoritario para imponer la propia voluntad sobre los demás –porque se tiene dinero y armas para someter al pueblo–; el “poder popular” refiere la imposición de la voluntad del pueblo sobre el mismo pueblo. En tal contexto el “poder popular” es un ente que se ordena y obedece a sí mismo. No obstante esto sólo puede darse si el pueblo le otorga facultades de autoridad a uno de los suyos para que en nombre de todos armonice las distintas ideas sugeridas por la población, y desarrolle estrategias administrativas que aseguren su cumplimiento. Desafortunadamente, la virtud sagrada de la democracia, basada en la participación de todas las personas, ha tenido como característica esencial este defecto: la voluntad del pueblo, que debería emanar de todos los sectores de la población, siempre ha emanado de uno o de muy exclusivos sectores sociales, como si la democracia en su esencia y praxis fuera antidemocrática. No por otra cosa los teóricos comunistas de la primera mitad del siglo XX encontraron en ella un carácter de clases. En la antigua Roma, y especialmente en la antigua Grecia –donde surgió el concepto de democracia–, si bien los cargos públicos de poder eran asignados tras lides de elección popular, a estas contiendas no podían aspirar ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros residentes, ni sus descendientes. Si hipotéticamente trajéramos esa noción de la democracia a nuestro presente, entonces ni las mujeres, ni los campesinos, ni los obreros, podrían participar en las elecciones para los cargos de poder público. Esa era la realidad de la democracia perfecta de la antigua Grecia: prohibirles el derecho de elegir y ser elegidos a precisas personas, porque al carecer de reconocimiento político, jurídico y social, no se les contaba como miembros de la polis. Así funcionaba la democracia ateniense, pese a que las mujeres constituían al menos un 40 por ciento de la población, pese a que los extranjeros y sus descendientes abundaban –pues el mayor comercio se daba entre raizales y foráneos– y pese a que los esclavos constituían un alto porcentaje de la población. Sin embargo, la democracia ocurría como sistema o modelo político, pero se trataba de una democracia sin representatividad, sin poder popular. Luego de esa imperfecta primera etapa de la democracia, correspondiente a los inicios de la civilización occidental, se pasaría a un modelo peor en la Edad Media; se pasaría al gobierno y control de la población por parte de un rey que no representaba al pueblo sino a poderosas familias (integrantes de la llamada realeza), que representaba a sociedades de adinerados (los llamados nobles); en fin, un rey representaba a un sector social que por su naturaleza egoísta no podía desprenderse del concepto de “poder” y le daba pelusa el concepto de “poder popular”. Aun cuando en la edad media la aristocracia estuvo basada en el vasallaje, en las guerras sangrientas y en el escaso avance científico, todavía hoy persiste en el mundo como rezago medioeval. En Colombia, por ejemplo, no es el presidente de la república quien detenta la mayor parte del poder político, sino los grupos económicos, los clanes políticos, la narco política y las familias tradicionalmente privilegiadas sin justa causa. Durante la historia política de occidente, correspondiente a la edad media, el modelo de gobierno democrático se esfumaría, al perderse el derecho del pueblo a “designar” y el derecho a “controlar”. Dos potestades que, superada la etapa de los regímenes monárquicos, revivirían como principios de la revolución norteamericana (en 1776) y luego de la revolución francesa (en 1789). Con todo, en cuanto al derecho de los pueblos a “designar” sus gobernantes, en Colombia la compra del voto y la presión electoral de los empresarios a sus trabajadores han obstruido su aplicación honesta: en efecto, los presidentes anteriores a Gustavo Petro no fueron escogidos por la espontánea voluntad de los electores, sino por la voluntad del círculo tradicional de poder (grupos económicos, clanes políticos y familias injustamente privilegiadas) que bajo la amenaza de despidos a sus trabajadores, les conminan a votar por específicos candidatos. Y en cuanto al derecho a “controlar”, exceptuando al presidente actual, los anteriores gobiernos administraron los entes de control, y las instituciones en general, como si fueran moneditas de sus bolsillos. Por fortuna, en la segunda mitad del siglo pasado y durante lo que va de este, el derecho a participar, anhelado por los pensadores de la Ilustración, se ha venido enriqueciendo con la implementación de nuevas libertades. Reivindicaciones que el presidente Petro ha adoptado poniéndolas de presente en sus propuestas de reforma y llevándolas a la práctica con puntuales realizaciones que nos permiten decir: por fin es posible la participación ciudadana y la reorganización social (por ejemplo: el presidente ha pedido a los jóvenes que se organicen en asambleas estudiantiles para sacar a delante las leyes en favor de la educación); por fin es posible la solidaridad (los subsidios a las madres cabeza de hogar, son la mejor evidencia de tal propósito); por fin podemos ejercer el respeto a la diversidad (las nuevas relaciones entre los indígenas y el ejército, el embajador Luis Gilberto Murillo en Norteamérica y la embajadora Leonor Zalabata ante las Naciones Unidas, así lo demuestran), por fin podemos validar los principios de igualdad y equidad (ya se ha reglamentado el Ministerio de la Igualdad y la Equidad), y por fin podemos apostarle a una Paz Total, porque los procesos de paz incompleta nos han mantenido en guerras continuas. El presidente Gustavo Petro ha hecho énfasis en la necesidad de fortalecer la creatividad (su interés por la implementación de la música clásica en los colegios es el mejor soporte para ello); ha promovido también el desarrollo de la autonomía, la libertad de expresión y, especialmente, ha priorizado el respeto a sus opositores, al pedirles a los miembros de la fuerza pública el cuidado de cada participante en marchas y manifestaciones en favor o en contra de su gobierno (ya no habrá nunca más manifestantes torturados, desparecidos o asesinados). Pero, bueno, estas informaciones acerca de la democracia las he repensado, no para denunciar de nuevo la imperfección de la democracia, sino para connotar aquello que la ha mantenido vigente por encima de otros modelos de gobierno. Me refiero a la obediencia cívica, que es un principio inviolable. La obediencia cívica asegura que una vez expresada la voluntad de un pueblo y precisado qué gobernante obtuvo la mayoría del respaldo popular, la obligación de cada uno de los asociados, es contribuir para sacar adelante sus programas, porque estos provienen de un mandato del pueblo. De hecho, las democracias que aun siendo imperfectas funcionan sin dramatismos, son aquellas en las cuales el pueblo –electores y opositores– se pone en la tarea de cumplir lo que el mismo pueblo pidió con su elección; porque no hacerlo es algo semejante a girar sobre sí mismo para morderse la cola. La creencia de que la oposición tiene licencias para destruir las reformas por las que un gobernante fue elegido, es un burdo acto antidemocrático. Si nos consideramos una república democrática, en la que reina el “poder popular”, lo natural es que la oposición, junto a los adeptos al gobierno, apoye plenamente las reformas y programas del presidente; pero, si nos consideramos “gente de bien”, por nuestras familias de inmerecido abolengo, por hacer parte de algún clan político, o por tener dinero y armas, el resultado previsible es que cuanto hagamos contra esos cambios, en un presente de progreso moral y ético, nos hará marginales, ambiciosos y malvados. ¿Qué hacer, entonces, cuando esto último ocurre, cuando la oposición obstruye las reformas políticas de un gobernante elegido democráticamente? Hay una sola respuesta: a falta de una figura lícita que permita el control a la oposición y con el derecho adquirido de hacer valer su voto, el pueblo puede salir a las calles, puede declararse en desobediencia civil o puede acogerse a la constitución y promover un referendo para cerrar el Congreso, que es el cubil felino de aquellos a quienes les da pelusa el “poder popular”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.