Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana En el marco del mes del Orgullo o Pride, la Línea de Investigación en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta este boletín acerca de las diversas formas de violencia y vulneración de derechos hacia la población LGTBIQ+ que han tenido lugar en este año, así como un breve análisis de su comportamiento entre 2021 y 2022; abordando los delitos de homicidios, feminicidios, amenazas, lesiones personales, tentativa de homicidio y hostigamiento o discriminación. Lo anterior, a manera de un llamado a las administraciones locales –e igualmente al Gobierno Nacional– para que trasciendan los discursos políticos hacia estrategias contundentes: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la población LGTBIQ+ son obligaciones de las instituciones y tomadores de decisión que no depende de posturas políticas, sino de deberes constitucionales. Por tanto, es esencial que estos actores prioricen el abordaje de los prejuicios y estigmatizaciones que transcurren con la aquiescencia y mirada cómplice de una sociedad y un Estado que –desde su acción u omisión– se mantienen atascados en el pasado y les cuesta materializar la igualdad de derechos para todos los colombianos. Metodología y recolección de la información En cuanto a la recolección de datos, se tiene en cuenta que la caracterización de los distintos tipos de violencia contra la población LGTBIQ+ es inadecuada, insuficiente o simplemente no priorizada en diversas ocasiones: la confusa clasificación del género en casos de feminicidio a mujeres trans o la no identificación del género y orientación sexual de las víctimas de otros delitos son evidentes al revisar las bases de datos abiertos de instituciones como la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación (instituciones que ya cuentan con protocolos específicos para atender a la población LGTBIQ+). Igualmente, las múltiples denuncias que se viralizan en redes sociales y en plataformas que abanderan los derechos de esta población dan cuenta de la poca priorización para la atención de estas violencias, así como de procesos revictimizantes y poco efectivos para la restitución de derechos. Considerando lo anterior, la recolección de información para este boletín contempló tanto fuentes primarias como fuentes secundarias. En cuanto a las fuentes primarias, se tomó en cuenta la información publicada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional que se encuentra disponible para todo público desde los portales de datos abiertos de cada entidad. Sin embargo, la normalización y centralización de los datos supuso un desafío en particular relacionado con la forma en la que las instituciones rastrean y organizan la información en lo referente a los delitos consignados en contra de la población LGTBIQ+: no hay información con referencia a la identidad de género u orientación sexual, esenciales para poder relacionar las violencias contra esta población. Por tanto, los datos de homicidios, feminicidios, amenazas y discriminación del 2022 encontrados en el portal de datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación se contrastaron con informes de organizaciones de la sociedad civil que priorizan las variables más adecuadas para entender el comportamiento de los delitos y conductas que impactan a la población LGTBIQ+ . En particular, el informe No se mata lo que no se olvida: informe sobre la situación de los Derechos Humanos de personas LGTBIQ+ en Colombia publicado por la organización Caribe Afirmativo, fue la base de sustentación de los datos del año 2022. Por otro lado, los datos de 2023 se recogieron mediante un riguroso seguimiento a la información publicada por prensa, se recogió información sobre homicidios, lesiones personales o tentativa de homicidio, extorsión y secuestro, estos casos al ser los que más incidencia han tenido en lo corrido del año. Adicionalmente, se adjuntaron datos de desplazamiento en contra de la población LGTBIQ+ otorgados por la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV). En conjunto, el presente boletín recoge información de diversidad de fuentes institucionales (Fiscalía, Policía y UARIV), sociales (Caribe Afirmativo) e informativas (medios de comunicación y prensa). Descripción y análisis de datos: principales delitos y distribución de casos Comparativo de datos 2021-2022 Tabla No. 1. Violencias contra población LGBTIQ+ 2021-2022 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Caribe Afirmativo A partir de estos datos se identifica que la violencia más recurrente contra la población LGBTIQ+ es la amenaza, ya que si bien para el año 2021 se reportan solamente 91 casos, para el año 2022 –primer año en que la Fiscalía reporta este tipo de conducta– el número de casos llega a los 3.527; dando un total de 3.624 víctimas de amenazas en los dos años. La segunda violencia de la cual son víctimas es la discriminación y el hostigamiento, para la cual no se cuenta con datos del 2021, pero suma un total de 1.725 casos para el 2022. En tercer lugar –y coherente con el apartado anterior– se encuentran el homicidio y el feminicidio, para los que se registró un total de 350 víctimas en los dos años, resaltando el hecho de que para el 2022 se presentó una reducción del 30% en los casos con respecto al año anterior. Finalmente, se encuentra la violencia policial, con un total de 207 casos (Caribe Afirmativo, 2023). Tabla No. 2. Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género 2022 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Caribe Afirmativo En las estadísticas sobre las violencias de las que fueron víctimas las personas pertenecientes a la población LGBTIQ+ durante el año 2022, se tiene que son los hombres gais los que más víctimas han reportado, con un total de 2.444. En segundo lugar, se encuentran las mujeres lesbianas, para las que se reportó un total de 1.207 víctimas, seguido por las personas con experiencia de vida trans, con 515 víctimas, los hombres bisexuales, con 478 víctimas y las mujeres bisexuales, con 440 víctimas. Otras identidades reportan un total de 318 víctimas y, finalmente, 89 casos de identidades sin identificar. En total, se tiene que durante el 2022 hubo 5.491 víctimas de violencia contra la población LGBTIQ+ (Caribe Afirmativo, 2023). Estos datos evidencian que las violencias más recurrentes fueron las amenazas, con un total de 3.527 casos, seguido de la discriminación, en el que la cifra es de 1.715, luego el homicidio con 145 víctimas, y finalmente la violencia policial con 104 casos. Tabla No. 3. Homicidios por Orientación Sexual o Identidad de Género 2021-2022 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Caribe Afirmativo A partir de los datos revisados, se puede evidenciar que las principales víctimas LGBTIQ+ de violencia homicida durante los años 2021 y 2022 fueron los hombres gay; habiendo 79 casos en el primer año y 47 en el segundo que suman un total de 126 víctimas de homicidio. En segundo lugar, se encuentran las mujeres trans, para quienes se reportaron 47 casos en el primer año y 24 en el segundo, dando un total de 71 víctimas de homicidio. A estas poblaciones les siguen los hombres bisexuales, con un total 49 víctimas en los dos años, los hombres trans con 28 víctimas, las mujeres lesbianas con 24 víctimas, otras identidades para las que reportan 16 víctimas, mujeres bisexuales con 10 víctimas, y las identidades sin especificar que suman un total de 26 víctimas. El total de casos reportados durante 2021 y 2022 deja un total de 350 víctimas de homicidio pertenecientes a la población LGBTIQ+. Gráfico No. 1. Violencias por departamento 2022 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Prensa Respecto a la distribución geográfica, para el año 2022 se tiene que Bogotá fue la entidad territorial con mayor número de casos de violencia contra la población LGBTIQ+, con un total de 1.678 víctimas, lo que representa el 30,5% del total de los casos a nivel nacional. A esta le siguen Valle del Cauca con 706 víctimas totales, y Antioquia con 547, siendo un aspecto a resaltar el que en estos dos últimos se presentaron 25 y 24 homicidios respectivamente, mientras que para el caso de Bogotá el número de homicidios fue de 9. A estos les siguen los departamentos de Santander, con 394 víctimas, Cundinamarca con 273, Meta con 234, Atlántico con 200, Norte de Santander con 168, Tolima con 161 y Huila con 136 víctimas totales, resaltando que en este último no se reportaron casos de homicidio. Datos 2023 Durante el transcurso de 2023, Colombia ha sido testigo de una serie de casos alarmantes de violencia contra personas LGBTIQ+. Estos sucesos están relacionados principalmente con homicidios y amenazas u hostigamientos, y reflejan la urgente necesidad de abordar y combatir la discriminación y el odio en el país. Los hechos de homicidio se han caracterizado por su ocurrencia en lugares privados (habitaciones, casas o apartamentos) y por la violencia con la que se dan, en la mayoría de los casos mostrando signos de maltrato físico. Además, siguiendo la tendencia del 2022, se evidencia que las víctimas se concentran en personas gay y personas con experiencia de vida trans. Más preocupante aún, los homicidios hacia la población trans se han concentrado en activistas que actúan en defensa de la población LGBTIQ+. En este sentido, es importante destacar que estos casos de violencia no solo representan actos individuales de odio, sino que revelan patrones de discriminación y prejuicio arraigados, en el que las víctimas son seleccionadas sistemáticamente en razón de su orientación sexual o identidad de género. Por ejemplo, en el barrio El Poblado II de Cali, específicamente, el 26 de febrero de este año, la activista LGTBIQ+ Shaina Vanessa Pretel Gómez, de 28 años, fue atacada violentamente mientras compartía con otras personas en un apartamento de la zona. Shaina era una defensora de los derechos de las personas negras y trans, y su activismo la convirtió en blanco de este acto de violencia. Hasta el momento, un hombre de 26 años fue capturado como el presunto agresor. También, el 19 de enero, en Medellín, la activista trans conocida como "La Gata" fue encontrada sin vida en su habitación con múltiples heridas de arma cortopunzante. La Gata, era reconocida en la Comuna 4 por su labor. Por otro lado, Kasandra, una destacada lideresa social trans en Cesar, sufrió un atentado en su vivienda el 05 de mayo. Kasandra es gestora de la Casa de Caribe Afirmativo y promotora de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ ante la Mesa de Víctimas del municipio, y ya había sido objeto de ataques y amenazas previas, lo que la obligó a desplazarse fuera del municipio para garantizar su seguridad. En un contexto similar, Dani Sharith Polo, conocida como "La Pola" y también representante de las víctimas LGBTIQ+ en el Caribe colombiano, fue víctima de un atentado. Desafortunadamente, “La Pola” falleció el 12 de mayo, doce días después del atentado. Su contribución ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz en los casos de justicia y reparación para esta población fue significativa. Estos actos de violencia no son casos aislados. En San Benito, Sucre, una mujer trans llamada Luisa Fernanda, de 28 años, fue atacada por la espalda con un arma blanca el 29 de abril y falleció el 05 de mayo. Según Caribe Afirmativo, hasta mayo de este año se habían registrado 22 personas LGBTIQ+ víctimas de violencia en todo el país. Además, se destaca que en un lapso de diez días, ocurrieron los tres hechos de violencia reseñados en la región de la Costa Caribe. Tabla No. 4. Violencia contra la población LGBTIQ+ 2023 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Prensa Los datos recogidos a partir de información de prensa para el año 2023 muestran que se han registrado un total de 75 casos de violencia contra población LGBTIQ+, siendo los homicidios el tipo de violencia más recurrente, con 30 casos, seguido de las lesiones personales, que suman 15 casos, y otros como el hurto a residencias, la extorsión, el secuestro, la tortura, la violencia sexual y la desaparición. Adicionalmente, con respecto a las amenazas, se presenta un importante contraste con relación al año 2022; si bien apenas se puede tener en cuenta el primer semestre del 2023, la visibilización en prensa de 4 casos no es de ninguna manera proporcional con las cifras presentadas por la fiscalía en 2022, que alcanzan casi los 4.000 casos, permitiendo indagar sobre la priorización de estos casos por parte de los medios de comunicación y la opinión pública. Gráfico No. 2. Violencia contra la población LGBTIQ+ por municipios y por mes 2023 Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Prensa Estos datos evidencian que Bogotá es la ciudad que más casos de violencia contra esta población ha reportado en lo que va del año 2023, con un total de 11 casos, en donde se resalta el registro de 5 homicidios. A esta le siguen las ciudades de Medellín y Cali, ambas con 8 casos en total, la primera con 5 casos de homicidio y la segunda con 3. La siguiente ciudad es Barranquilla, en la que se reportan un total de 5 casos, siendo 4 de estos homicidios, seguida por Barrancabermeja con 4 casos totales, resaltando el hecho de que no se registran homicidios. En total se han registrado 30 casos de homicidios y 15 casos de lesiones personales o tentativa de homicidio. Por otro lado, durante el primer semestre del año 2023, los meses en los que más se reportaron violencias contra la población LGBTIQ+ han sido el mes de marzo, con un total de 15 casos, de los cuales 7 fueron homicidios, seguido de abril con 14 casos en total, en el que se reportaron 5 homicidios y 5 casos de tentativa de homicidio, luego el mes de mayo en el que la cifra total fue de 12 casos, de los cuales 7 fueron homicidios, el mes de enero en el que la cifra fue de 11 casos, con el reporte de 4 homicidios, seguido de febrero con 8 casos, de los cuales 6 fueron homicidios, y finalmente el mes de junio en el que no se obtuvieron datos para tentativa de homicidio, secuestro y hurto a residencia, pero en el que se reportó 1 homicidio. Consideraciones clave - Las agendas políticas que movilicen discursos a favor de la población LGTBIQ+ son muy necesarios para materializar transformaciones reales, pero el impacto de estos discursos en la gestión de los gobiernos locales sigue siendo deficiente. Los avances con relación a la protección de la población LGTBIQ+ se han alcanzado gracias a su propia organización, movilización y resiliencia. - Las vulneraciones a los derechos fundamentales de la población LGTBIQ+ no son hechos aislados que ocurren de manera esporádica, al contrario, se producen y reproducen en medio de una estructura social permeada de machismo, inequidad y complicidad. Ahora bien, como se mencionó en las reflexiones del Informe de Vivir sin Miedo, los cambios necesarios en la sociedad para mitigar estas vulneraciones toman tiempo. Entre tanto, la movilización social de la población LGTBIQ+ por la materialización de sus derechos seguirá siendo esencial para exigir que exista un hilo conductor que oriente hacia una sociedad más igualitaria, así como una estrategia de contención efectiva que garantice –por lo menos– condiciones suficientes de protección. - Es evidente que la población LGBTIQ+ se enfrenta constantemente a riesgos y vulnerabilidades que terminan consumándose en hechos violentos como el homicidio o las retenciones ilegales, hechos basados en el odio y la discriminación, por ello los esfuerzos de la institucionalidad deben estar orientados a generar acciones preventivas que permitan dar cuenta de situaciones que adviertan un posible escenario de violencia. - El subregistro es un factor común en el análisis de los datos delictivos, ya que muchas veces las víctimas prefieren no denunciar un hecho violento debido a varias razones, como la falta de confianza en las instituciones o el miedo a que se revictimice; en el caso de la población LGBTIQ+ este subregistro puede ser mayor, ya que ciertos hechos son producto de la discriminación y muchas veces no se dan garantías de protección ni de reparación al daño. - La homofobia es aún una realidad que invade las ciudades y municipios de Colombia, esto se ve reflejado en los registros de amenazas y discriminación que se dieron en el año 2022, pero además se evidencian en la cantidad de denuncias públicas hechas a través de las redes sociales o en espacios comunes donde no debería ser un problema ser LGBTIQ+ como restaurantes, bares o centros comerciales. Referencias Bibliográficas Caribe Afirmativo (2022, febrero). Programa Ejecutivo Cuerpos Perseguidos. Recuperado de https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2022/02/CUERPOS-PERSEGUIDOS-REJECUTIVO-VF.pdf Caribe Afirmativo (2021, noviembre). Factores de persistencia de las violencias contra personas LGBT. Recuperado de https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2021/11/Entre-silencio-y-palabras_Factores-de-persistencia-de-las-violencias-contra-personas-LGBT.pdf Caribe Afirmativo (2023, marzo). Informe de derechos humanos LGBTIQ 2023. Recuperado de https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-DDHH-LGBTIQ2023-CA.pdf El Espectador (2023, 15 de marzo) Fiscalía lanza guía sobre cómo investigar las violencias contra las personas LGBTIQ. 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Recuperado de https://www.wradio.com.co/2023/06/23/bogota-no-pagara-por-derechos-secretario-de-gobierno-por-transmision-de-la-final-del-fpc/ Dejar en el pie de la tabla la fuente. o aclarar si es desde el contraste de las diversas fuentes que se mencionan anteriormente. [IM1]

Por: Katerin Erazo, Periodista Este domingo 25 de junio, se llevó a cabo una retransmisión del discurso del presidente Gustavo Petro desde Francia, en un encuentro con la comunidad colombiana en París. Sin embargo, este hecho generó polémica debido a la calidad de la grabación y al tiempo que estuvo al aire, aun así, también hubo quienes apoyaron su alocución. (Ver: Presidente Petro propone “Plan Marshall" para combatir el cambio climático) El discurso, que tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos, abordó diversos temas, entre ellos el avance de las reformas sociales del Gobierno ante el Congreso y la importancia de reducir la desigualdad social para construir paz y justicia social, también el presidente Petro abordó el tema de la marcha de la oposición que tuvo lugar el pasado martes 20 de junio, a la cual se refirió con críticas, calificándola como una movilización de élites y no de la clase obrera. Asimismo, el primer mandatario destacó la importancia de mejorar el sistema de salud y pensiones en el país. Hizo énfasis en la necesidad de destinar el dinero público a fortalecer los hospitales y puestos de salud, en lugar de permitir que sea utilizado por personas que “adquieren aviones privados para su beneficio personal”. Gustavo Petro enfatizó la importancia de llevar la atención médica a regiones desfavorecidas y a los sectores populares, y propuso un pacto social que mejore las condiciones de los trabajadores. Además, anunció su intención de presentar nuevamente ante el Congreso proyectos de ley relacionados con reformas laborales y educativas, así como la reforma agraria. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se puede analizar el discurso del presidente Gustavo Petro como una expresión más de radicalización democrática. En este sentido, Pérez destacó que Petro negociará sus reformas directamente con los congresistas, en lugar de hacerlo a través de los líderes de los partidos políticos. Si estas reformas no son aprobadas, es muy probable que se llame a la ciudadanía a tomar las calles, buscando así una forma de democracia en acción en los espacios públicos. Cabe mencionar que, hasta el momento, las propuestas de reforma a la salud y pensional presentadas por el Gobierno han sido aprobadas en su primer debate en el Legislativo. Sin embargo, el trámite de ambos proyectos se retomará después del 20 de julio, al finalizar el primer periodo de la legislatura. Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Pares, resaltó varios aspectos del discurso de Petro. En primer lugar, mencionó que la segregación social y la desigualdad en Colombia no son invención del presidente, sino que él está poniendo estos problemas en evidencia. Bonilla hizo referencia específicamente a la reforma laboral como un ejemplo de esta situación, señalando que revela que el 58% de las personas han estado en la informalidad. Según Bonilla, esta reforma pone de manifiesto una fuerte preocupación a favor de las personas en situación de informalidad, lo cual es relevante. En segundo lugar, Bonilla destacó que el presidente Petro vuelve a los principios fundamentales de la izquierda a nivel mundial. Según ella, esto implica tomar medidas en beneficio de los trabajadores y garantizar un mayor acceso a los derechos en general para una población que ha sido históricamente subrepresentada. Bonilla explicó que es normal que el discurso mencione a trabajadoras domésticas y a empleos que son menos valorados en la sociedad, ya que esto reconoce la voz de aquellos que han sido subrepresentados. Las declaraciones del presidente Petro generaron opiniones encontradas entre la ciudadanía. Mientras algunos apoyaron sus planteamientos a favor de la equidad social y el fortalecimiento de los servicios públicos, otros lo criticaron por considerar que sus discursos carecen de sustancia y por interrumpir la programación televisiva sin justificación. Algunas de las criticas fue por Cambio Radical que a través de un trino, afirmó: "Es un refrito de un discurso que dio en Francia y para el que ordenó encadenar a todos los canales del país. De alocución en alocución vamos para “Aló presidente'". Camila Zuluaga, reconocida periodista, expresó su descontento en redes sociales, afirmando: "A esta hora la presidencia interrumpe nuevamente la programación de televisión nacional para repetir un discurso del presidente Gustavo Petro". Algunos críticos argumentaron que Gustavo Petro no respeta la libertad de prensa ni la libre elección de la audiencia, y lo acusaron de grosería hacia los colombianos al transmitir un discurso repetitivo y deplorable en horario estelar de un domingo. María Alejandra Villamizar, otra destacada periodista, manifestó: "Si van a convertir todos los discursos que el presidente Gustavo Petro hace en sus viajes en alocuciones, por favor grábenlas y prodúzcanlas mejor". Por su parte el director de la Fundación Pares, León Valencia, destacó la intervención del mandatario y su fuerte cuestionamiento por el fracaso del trámite de sus reformas en el Congreso. Según Laura Bonilla, existen críticas comprensibles respecto a la forma directa en la que el presidente abordó la problemática de la segregación social en Colombia. Bonilla mencionó que es comprensible que esto genere cierta preocupación, ya que nunca antes se había tenido un presidente que enfrente de manera tan directa este tema. Sin embargo, también señaló que existe una preocupación confusa, debido a que se critican incoherencias en el gobierno que, en muchos casos, son incoherencias que la sociedad colombiana nunca había rechazado. Un ejemplo que dio Bonilla fue que en gobiernos anteriores, se evitaba hablar del clientelismo, y ahora resulta ser un gran problema construir gobernabilidad a partir de las clientelas. Bonilla enfatizó que no es que esto esté bien, pero actualmente se está enfrentando un espejo que muestra la realidad. Otro punto mencionado por Laura Bonilla es que los partidos políticos están completamente desorientados, ya que no saben cómo interlocutar con un presidente que, además de gestionar sus propias burocracias, también tienen que aprobar cosas que en muchos casos son ideológicamente opuestas a sus intereses. Según Bonilla, puede funcionar tanto en la negociación política uno a uno como en la representación política en los partidos.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Pares Para @confidencialcol La moraleja de este cuento infantil es extraordinaria. Un grupo de hombres astutos, disfrazándose de sastres, lograron venderle al emperador el traje más hermoso del mundo, sabiendo que era vanidoso. Le advirtieron que solo los sabios y dignos de su posición podrían ver el traje, por lo que ninguno de sus ministros le informó que estaba saliendo a la calle completamente desnudo. El engaño solo se descubrió cuando un niño exclamó: “¡el rey está desnudo!”. En medio de la actual coyuntura política colombiana, en la que ocurren tantas cosas simultáneamente, muchos de nosotros, como opinadores públicos, nos encontramos dando vueltas en círculo, buscando explicaciones para el estado de desnudez en el que se encuentra el país político y cómo, al igual que el rey de la historia, se está volviendo ridículo. El reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) sobre el desempeño legislativo y el comportamiento del “Congreso del Cambio”, junto con el 69% de desaprobación hacia nuestro parlamento, revela mucho. Por un lado, durante muchos años nos hemos autoconvencido de que el sistema de distribución del poder en Colombia era natural y democrático. No obstante, las presiones ejercidas por el gobierno Petro sobre el sistema político colombiano, tanto en su aspecto nominal como en el real, han expuesto profundas fracturas. He escuchado a muchos exfuncionarios destacados y genuinamente competentes afirmar que en el pasado se protegía a los trabajadores estatales y que los nombramientos se basaban en criterios técnicos. Afortunadamente, esta coyuntura ha permitido que una parte de los medios de comunicación, que antes aceptaban las “cuotas políticas” como algo normal, ahora evidencien la falsedad de este argumento. Incluso la frase “uno gobierna con los amigos” está empezando a perder fuerza. El escándalo Sarabia-Benedetti ha puesto al descubierto la profundidad de las negociaciones políticas, siempre llevadas a cabo en secreto, y ha revelado que es habitual que a algunos políticos profesionales se les paguen aviones privados, mientras su riqueza crece en medio de negocios que nunca quedan lo suficientemente claros. Sin embargo, también pone de manifiesto la profunda hipocresía de una Colombia que durante años afirmó que esto era normal en una democracia. Por otro lado, quizás los más consternados sean aquellos que acompañaron la campaña del actual presidente, sufriendo las malas compañías de los lobistas e intermediarios profesionales. Esta semana, Mario Alcocer también mencionó el acompañamiento constante a la primera dama y cómo se posiciona una región frente a un ministro, lo cual ha generado preocupación. Pero tal vez el hecho de que la política esté desnuda a la vista de toda Colombia nos ayude a mirarnos en ese espejo con honestidad. Actualmente, el sistema está diseñado de manera que gobernar sin clientelismo resulta imposible. ¿Tiene sentido reclamar que se reconstruya la gobernabilidad de la nada? Durante décadas, la función primordial de los políticos regionales ha sido el lobby y la intermediación para conseguir empleos en Bogotá que se les niegan en sus propias regiones. Esto ha llevado a que ellos y sus allegados asciendan y se conviertan en líderes de un Estado cada vez más mediocre. ¿Es lógico rechazar este comportamiento sin detenernos a pensar cómo cambiar la cultura del “recomendado” que impera en nuestra vida diaria? ¿Es lógico seguir teniendo leyes hiper restrictivas para que la contratación pública solo quede en mano de los contratistas, profesionales y recomendados? Los gobernantes y gestores mejor valorados han sido aquellos que han sabido balancear con éxito este tipo de pactos políticos y al mismo tiempo cumplir uno que otro programa. Han avanzado poco a poco, generando pequeños cambios, pero también enormes frustraciones sociales que nos han costado muy caro. En muchas regiones de este país, el Estado ha mirado hacia otro lado mientras actores armados asumían la responsabilidad de impartir justicia, establecer reglas e incluso llevar a cabo proyectos de infraestructura, a costa de la vida de demasiadas personas. No fueron pocos los funcionarios públicos, incluidos congresistas, que aceptaron beneficios de la corrupción y la violencia. ¿No es hora de detenernos y aceptar que nuestra democracia regional es precaria porque así lo ha preferido el centro político? ¿No es cierto que la razón por la cual no hemos logrado liberarnos de los clanes políticos es porque sus poblaciones no tienen oportunidad de acceder a bienes y servicios públicos sin su intermediación? Queridas personas que me leen, ¿no creen que es el momento de reflexionar sobre cómo construir gobernabilidad sin corrupción ni clientelismo? Al menos valdría la pena revisar algunos planes. Una reforma laboral podría haber sido parte de la solución para librarnos del lastre de los congresistas recomendando hojas de vida para cualquier empleo público (lo cual no es normal) y de los funcionarios con un jefe político (tampoco es normal). Pero ya sabemos cómo terminó esa propuesta.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Es claro que para el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es imposible avanzar en el proceso de paz sin que se vincule a la sociedad. Así quedó expresado tanto en el Acuerdo de Quito –firmado en 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos–, como en los acuerdos firmados hasta el momento en el gobierno de Gustavo Petro: el de México –el 10 de marzo de 2023– y el de Cuba –el 09 de junio del mismo año–. En todos ellos, las partes establecieron lo prioritario que es la participación de la sociedad para avanzar en el proceso de paz. Ponen en el centro de la discusión a “la voz de las comunidades, pueblos y territorios urbanos y rurales” (Acuerdo No. 9). Llaman a vincularse a los que cuidan el campo, a los pueblos afrocolombianos e indígenas, a las mujeres y los jóvenes y a la población LGTBIQ+. El Primer Acuerdo de Cuba –o Acuerdo No. 9– establece una secuencia de tareas que deberá realizar la sociedad colombiana, acompañada, por supuesto, de los integrantes de la Mesa de Diálogos de Paz. Tareas que deben seguir un orden estricto y secuencial, para poder avanzar en el desarrollo del contenido de la Agenda de Negociación establecida en México. Y cuyos puntos iniciales son: 1. La participación de la sociedad en la construcción de la paz; 2. Democracia para la paz y 3. Transformaciones para la paz. Para avanzar en la ejecución de los puntos de la Agenda, se le ha planteado a la sociedad tres tareas: la primera es el alistamiento para la participación –llamado ‘fase de diseño’–. Que consiste en proponer las metodologías y los escenarios que le permitan a la sociedad participar de manera “activa, propositiva, incluyente, deliberativa, vinculante y eficaz” (Acuerdo No. 9). Diseño que es necesario para que se pueda asumir con responsabilidad las otras dos tareas. La segunda labor es realizar un diagnóstico de los problemas del país –la cual se realizará en la ‘fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz’–. Tarea que, lo más seguro, comenzará en el próximo año, en 2024. El objetivo de esta segunda etapa será definir los problemas sociales, políticos y económicos que deben abordarse necesariamente para construir una propuesta de cambio. Esta será una fase de diagnóstico de los problemas del país. Finalmente la tercera es “construir una agenda sobre la democracia y transformaciones” que le permita al país y sus regiones la “superación de conflicto político, social, económico y armado”. Allí se buscará formular los cambios necesarios para la construcción de la paz estable y duradera. Una especie de hoja de ruta para que el Estado implemente los cambios necesarios para dar respuesta a las causas del conflicto armado y social. Actualmente, el proceso de paz se encuentra en la fase primera de alistamiento de la participación, que durará seis meses –hasta el 09 de diciembre de 2023–. Esta comenzó desde el mismo momento en que se suscribió el Primer Acuerdo de Cuba –el 09 de junio–, cuando se dio a conocer el tema sobre la participación de la sociedad y en él la creación de un Comité Nacional de Participación (CNP), de las tres fases o etapas de esta participación y de la tarea de construir un Plan Nacional de Participación. Dado que esta fase se encuentra en proceso, quiero en esta columna referirme a la primera de las tres tareas que tiene la sociedad civil en esta etapa de participación. Y sugerir un camino para su abordaje. Como dije, el Primer Acuerdo de Cuba estableció que se creará en el país para este proceso de paz un Comité Nacional de Participación (CNP), el cual estará integrado por 30 procesos sociales, comunitarios e institucionales; quienes, junto a la Mesa de Diálogos de Paz, tendrán la tarea de “dinamizar la convocatoria, la participación y la construcción de propuestas con un sentido transformador para construir una visión compartida de paz que dé soporte y referencia a este acuerdo” (Ver: Bitácora 26: diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN). En este Comité participan ocho integrantes de la delegación de paz –cuatro del Gobierno y cuatro del ELN–. Y dado que los lineamientos de esta organización es integrar al mayor número de actores de la sociedad, se ha establecido que lo integrarán los pueblos étnicos, organizaciones, gremios e instituciones. Y para ello la Mesa de Diálogos de Paz convocó 81 actores; los mismos que fueron identificados, nombrados e invitados a unas reuniones que comenzarán a más tardar el 25 de julio. La tarea de este CNP, durante la fase de alistamiento, será identificar, discutir y señalar los mecanismos que podrán usarse para participar la sociedad civil. Y le deberá entregar a la Mesa de Diálogos de Paz “un plan conceptual, operativo y logístico para promover y facilitar la intervención de la sociedad en el diseño de la participación” (Acuerdo No. 9). Elementos que servirán a la Mesa para elaborar, a partir de diciembre de 2023, el Plan Nacional de Participación. Para realizar esta tarea, la propuesta es que los representantes de la sociedad, reunidos en el CNP, recurran, tanto a la experiencia internacional como la nacional, para analizar las valiosas experiencias. Las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) mostraron que en el país hay muchas opciones de involucrar a la sociedad, desde consultarla en comisiones, en talleres o en coloquios, hasta llevarla directamente a la mesa de diálogo. Una mirada atrás nos muestra a una sociedad que estuvo en los Foros Consultivos Oficiales, que se generaron alrededor de los puntos del Acuerdo Final. También, a las víctimas y comunidades étnicas y de género que fueron a La Habana. Incluso, una sociedad que participó e incidió desde los diversos espacios colectivos a las que se les convocó en el país, donde realizaron audiencias públicas o en mesas de trabajo permanente (Ver: Participación de la sociedad civil en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC -ep- (2012-2016)). Todas está variedad de mecanismos de participación han sido muy bien valorados tanto por la sociedad como por la comunidad internacional y académica. Espacios y dispositivos que sin duda deberán retomar los que muy pronto se reúnan en la Mesa Nacional de Participación. Y con los cuales se podrá “promover y desarrollar los espacios de diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación; sistematizar las diferentes propuestas de los procesos sociales convocados; y aportar a la construcción del Acuerdo Nacional” (Acuerdo No. 9). En síntesis, la primera tarea de la sociedad será ponerse de acuerdo sobre el cómo le gustaría participar e incidir en las decisiones que se tomen en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN. Deberá suministrarle los materiales para que se pueda construir un Plan Nacional de Participación. Estamos en una dinámica de participación tipo cascada, donde el segundo paso y los posteriores dependen del buen desempeño del primero. Afortunadamente, la experiencia reciente nacional e internacional sobre participación de la sociedad nos ha dejado muchas lecciones. Lo que debemos hacer es incorporar estas experiencias y enriquecerlas con la imaginación creativa de una cultura política donde la participación y el diálogo ha estado presente en las últimas décadas. De esta manera estaremos listos para avanzar en el cumplimiento de las otras dos tareas: la del diagnóstico y la de las propuestas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El presidente Gustavo Petro, ha participado activamente en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial realizada en París, Francia, el pasado jueves 22 de junio. Esta cumbre fue convocada por el presidente francés Emmanuel Macron, con el objetivo de establecer los cimientos de un nuevo pacto financiero internacional destinado a brindar apoyo a los países más vulnerables frente a la crisis climática. El evento tuvo lugar en el Palacio Brongniart y congregó a más de un centenar de líderes mundiales, destacando por su importancia en los ámbitos económico, social y ambiental. La cumbre contó con seis mesas redondas, 30 eventos etiquetados y más de 50 actos paralelos, consolidándose como uno de los certámenes internacionales más relevantes del año 2023. Natalia Lever, directora de The Climate Reality Project América Latina le expresó a la Fundación Paz & Reconcilición (Pares) la importancia crucial de la Cumbre de París. Según Lever, esta cumbre se vuelve imprescindible debido a la necesidad de reestructurar nuestra arquitectura financiera, la cual se basa actualmente en un modelo económico obsoleto y explotador tanto de los ecosistemas como de las personas. Explicó que el propósito de esta cumbre es establecer un nuevo pacto financiero que nos permita llegar a acuerdos y enfrentar las tres principales amenazas: la pobreza, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. También, mencionó que aunque se ha debatido mucho sobre respuestas financieras para abordar el problema del cambio climático, lo que aún no se ha presenciado son las inversiones a corto plazo. Por lo que para Natalia Lever es algo que sería ideal observar como resultado de esta cumbre. Durante su intervención en la cumbre, el presidente Gustavo Petro presentó una propuesta sobre la implementación de un “Plan Marshall” para combatir el cambio climático y financiar la lucha contra la crisis climática. Enfatizó la importancia de respaldar un plan de tal envergadura para afrontar el desafío climático, presentándolo como un catalizador para reactivar la economía mundial, enfocándose en soluciones concretas frente a la crisis climática. Petro sugirió la idea de cambiar la deuda por acciones climáticas, lo que implicaría un cambio institucional en el sistema financiero mundial. Según el mandatario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras deberían priorizar la transferencia de recursos a través de derechos especiales de giro hacia tenedores de bonos de deuda pública, bancas multilaterales y la reducción de servicios de deuda en todos los países del mundo. El “Plan Marshall” propuesto por Petro encuentra sus raíces en el programa estadounidense que contribuyó a la reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. El presidente colombiano busca que, a través de la financiación del FMI, se establezca un fondo internacional dedicado a la preservación de selvas, ríos y otros recursos naturales afectados por el cambio climático. Esta visión implica la creación de ingresos adicionales derivados de una tasación a las transacciones financieras mundiales, destinados a acciones globales para superar la crisis climática y la reducción de la deuda pública en todos los países. El presidente Gustavo Petro hizo énfasis en que este enfoque implicaría un nuevo diálogo entre el norte y el sur, donde el objetivo no sería únicamente proporcionar préstamos o una ayuda marginal, sino establecer una sociedad que promueva la vida de la humanidad en su conjunto. El mandatario subrayó la importancia de lograr emisiones de gases de efecto invernadero cercanas a cero para salvar a la especie humana y preservar la vida en el planeta tierra. En ese sentido, resaltó la necesidad de realizar una inversión pública masiva y liberar deudas para financiar el “Plan Marshall” contra la crisis climática. La participación del presidente Petro en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial en París también incluyó una reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Ambos líderes compartieron una visión común sobre la importancia de trabajar juntos para abordar los desafíos ambientales y promover la sostenibilidad global. Además, durante su encuentro, abordaron temas de vital importancia como la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, los procesos de diálogos con el ELN, la protección de la Amazonía y la transición energética. Macron expresó su respaldo a las iniciativas propuestas por Petro. Natalia Lever mencionó que es interesante la propuesta de Petro, ya que se suma a la voz de la presidencia de Barbados, un país altamente vulnerable al cambio climático. Además, Lever resaltó que tenemos un nuevo presidente frente al Banco Mundial, quien ha recibido varias propuestas y varios llamados desde la sociedad civil para que en la reestructuración que están haciendo del banco, se tome en cuenta esta propuesta de intercambio de acción climática por deuda. El “Plan Marshall” propuesto por el presidente Gustavo Petro ha generado grandes expectativas en la comunidad internacional, ya que busca establecer mecanismos financieros sólidos para hacer frente al cambio climático y proteger los recursos naturales del planeta. La presidenta de la Unión Europa, Ursula Von der Leyen, aseguró que las industrias que más contaminan podrían imponérsele más impuestos. “Poner impuestos al carbón, es una herramienta eficaz para reducir emisiones y cómo hacemos de tal manera que la industria y el sector de la movilidad y los que contaminan tengan una opción”, señaló Von der Leyen. Natalia Lever sugirió que para hacer frente a los desafíos del cambio climático, se debe considerar la implementación de un costo a la contaminación, empezando desde la producción, incluso abarcando el tema de las materias primas. Además, destacó la necesidad de aumentar la efectividad y fortaleza del multilateralismo, ya que una de las deficiencias en la nueva arquitectura financiera propuesta es que los países desarrollados no han cumplido con sus compromisos de inversión y financiamiento a los países en desarrollo. Por esta razón, según la directora de The Climate Reality Project América Latina, es fundamental restablecer la confianza y fortalecer las relaciones entre los países desarrollados y en desarrollo. Esto implica establecer un costo a la contaminación y reforzar el multilateralismo. Lever enfatizó: "La ciencia nos ha dejado claro que las respuestas más inmediatas, importantes y rentables implican abandonar los combustibles fósiles. Debemos dejar de subsidiarlos y comenzar a invertir esos recursos en energías renovables. También debemos promover una movilidad más sostenible en nuestras ciudades, fomentar la creación de espacios urbanos más verdes y reestructurar nuestro sistema alimentario hacia la agricultura regenerativa y sostenible". Cabe resaltar que la ceremonia de clausura de la cumbre se llevará a cabo hoy, viernes 23 de junio, donde el presidente Petro participará en sesiones de debate de alto nivel sobre inversión social, clima y pobreza, antes de regresar a Colombia con nuevas perspectivas y propuestas para abordar los desafíos ambientales y financieros que enfrenta el mundo. (Ver: En foro de la ONU Petro llama a detener la extracción de petróleo y proteger la selva amazónica)

Por: Luis Eduardo Celis La naturaleza está enviando mensajes claros y contundentes: hay muchas cosas por cambiar en el relacionamiento de la humanidad con ella y Arauca no es la excepción. De la cordillera oriental bajan múltiples quebradas y ríos que van a dar al río Arauca y este, en las últimas semanas, ha inundado varias comunidades, vías terciarias y principales. Es tal la rudeza de estos hechos que la Gobernación de Arauca declaró desde el mes de abril la calamidad pública y lo mismo han hechos las Alcaldías de Arauca capital, Arauquita, Tame, Fortul y Saravena. Según los registros hay cerca de tres mil familias directamente afectadas y cerca de quince mil personas durmiendo con el agua al cuello. Y no es una metáfora, es la dura realidad. El primer paro del Sarare se dio en enero de 1972 y fue motivado por el derrumbe de los puentes artesanales que el mundo campesino había construido con la ayuda de los ingenieros militares. Las lluvias de esa época se los llevaron y son los mismos puentes que luego de más de medio siglo, década tras década, colapsan, siendo hoy la situación ambientalmente más compleja, que en ese ya lejano 72 nadie hablaba de crisis climática. Hoy es una amenaza que puede acabar con la humanidad, como bien lo enfatiza el presidente Gustavo Petro cada vez que tiene la oportunidad en alguna tribuna internacional o nacional. Ante esta difícil situación, el rico mundo organizado de Arauca acaba de realizar un paro cívico, que tiene la buena noticia de que transcurrió sin violencia y ha sido tramitado en una importante negociación con un Gobierno Nacional abierto al diálogo, que reconoce que la protesta es un derecho legítimo y se ha llegado a una concertación con la activa participación de la Gobernación de Arauca, las alcaldías involucradas y una importante facilitación de la Defensoría del Pueblo, representada por el delegado para el diálogo social: Fernando Calero, quien conoce desde hace mucho tiempo Arauca y sus conflictividades. Agradecer este buen trabajo de la Defensoría para actuar como facilitador en la solución de esta movilización social y la respectiva negociación. En los compromisos adquiridos para resolver esta situación hay que destacar el involucramiento positivo de la empresa petrolera Parex, que han estado de cara a la comunidad para resolver de manera ágil muchos aspectos que no dan espera y en los que el actor privado pueden actuar de manera más ágil. Este tipo de comportamientos ayudan a tender puentes y generar buena comunicación con el sector petrolero que históricamente ha sido muy cuestionado por las formas en que la industria se ha relacionado con el territorio, donde hay viejas deudas por asumir y balances sobre un desempeño que ha tenido cosas muy buenas, otras muchas catastróficas y no pocas terribles. La negociación de este pliego, con énfasis en acciones de corto y mediano plazo, debe ser cumplido de manera estricta por todos los involucrados y firmantes y en ello cabe una responsabilidad al Ministerio del Interior de ser fiel compromisario en lo que le compete al Gobierno Nacional, que está involucrado desde la Unidad de Gestión del Riesgo, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Ministerio del Medio Ambiente, que puede facilitar procesos con Corporinoquia, y, desde el Ministerio de Minas, los diálogos con las empresas petroleras. Hay una grave crisis en los temas socioambientales en Arauca, las dinámicas de ocupación del territorio, todas las actividades económicas que en el sector se desarrollan deben mirar sus responsabilidades, sin echarse la pelota unos a otros. Sin ser experto en el tema puedo afirmar que tanto el mundo campesino, como los petroleros, tienen responsabilidades por asumir. Viene una dinámica de participación para construir un acuerdo de paz, eso es lo que han acordado el gobierno del presidente Petro y el ELN, y allí la voz y el protagonismo de Arauca son centrales. Aquí pueden consultar el acta de compromisos firmados:

Por: Attila Lenti Analista e investigador La noticia del rescate de los cuatro niños que sobrevivieron durante 40 días en las selvas del Guaviare recorrió el mundo. Es usual que el cubrimiento internacional de los medios sobre Colombia sea alrededor de malas noticias, normalmente asociadas con narcotráfico y conflicto armado. Sin embargo, esta vez se le hizo seguimiento detallado al desarrollo de la búsqueda y el rescate incluso en países que casi no reportan sobre Colombia, como es el caso de mi país, Hungría (igualmente por fuera del radar de la opinión colombiana). La noticia equivale a un milagro y produjo una catarsis emocionante. Pero más interesante aún que este milagro se asocia con un tema que nuestro mundo positivista, construido a partir de estándares del Occidente, se ha negado a reconocer: la efectividad práctica y el valor del conocimiento tradicional indígena, clave para la sobrevivencia tanto de los niños en la selva, como de la humanidad misma. Si bien en Colombia –que recientemente transitó el camino de ser un país rural para convertirse en un país urbano– la vida cotidiana se entrelaza con saberes originados en la vida campesina y de los pueblos étnicos, los pueblos indígenas y sus conocimientos a menudo han sido despreciados. La situación no es mejor en el exterior, donde el tema no va más allá de la exotización de la ayahuasca y unos rituales chamánicos en la selva para viajeros en busca de aventura e iluminación. La mirada cambia para aquellos científicos e investigadores que se esfuerzan diariamente para entender la enorme complejidad de los ecosistemas tropicales y su relación con aquellos grupos humanos que por miles de años han podido vivir en armonía con ellos. Poblaciones que han usado de manera sostenible lo que nosotros llamamos “recursos naturales”, que son, en realidad, nuestro entorno natural, la base de nuestra existencia. Los esfuerzos de personas como Alexander von Humboldt, uno de los pioneros del pensamiento ecológico, o como Richard Evans Schultes, padre de la etnobotánica, han sido apenas los primeros pasos de un proceso que hoy llegó a ser fundamental para la sobrevivencia de la especie humana. La Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) ha producido múltiples informes escalofriantes (que aparentemente pocos leen) sobre la pérdida y el pésimo estado de nuestra biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que ofrece, sin los cuales no podemos vivir. Una de sus más importantes conclusiones es que el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es clave para preservar los ecosistemas ante la crisis climática mundial que enfrentamos. Su singular diversidad biológica y cultural convierte a la cuenca del Amazonas en el bioma más importante del mundo, y su sistema hidrológico es indispensable para el control climático del planeta. Lastimosamente, hoy la Amazonía es una fuente de materia prima con todas las terribles consecuencias de la extracción. Según las predicciones de la ciencia, la deforestación de la Amazonía en estos años de cambio climático estará alcanzando el nivel del punto de no retorno: cuando la región de manera irreversible comienza a convertirse en sabana. Es la amenaza inminente del colapso del clima, de los ciclos globales del agua, de gran parte de la biodiversidad del planeta, con impactos para la humanidad que (no) se puede imaginar. Tenemos retos que hay que resolver de manera urgente. Es un hecho que donde existe presencia indígena hay menos deforestación que en otras partes. O sea, se trata de los maestros de la conservación silvestre. En los paisajes bioculturales de la región, los grupos indígenas dominan los secretos de copiar los procesos de la naturaleza en sus prácticas agroecológicas milenarias (como la práctica agroforestal ancestral de la chagra), de la manutención de los servicios ecosistémicos en diversos entornos naturales, el manejo de los suelos complicadísimos de la selva, la atracción de los polinizadores y de los animales dispersores de semillas, el uso y manejo de los recursos hídricos, y la medicina tradicional basada en un profundo conocimiento botánico, entre otros. Los niños que sobrevivieron en la selva no vienen de cualquier tradición: con un fragmento del conocimiento botánico indígena huitoto lograron lo imposible. Sin embargo, muy pronto este territorio puede convertirse en una fuente de conocimientos para la sobrevivencia humana. La ciencia ya entendió que la diversidad biológica, el capital más grande de los países del Sur, y la diversidad cultural, son inseparables. Se debe profundizar el intercambio con los saberes indígenas cuanto antes. No basta con elegantes recomendaciones en informes de organismos internacionales, el trabajo práctico debe comenzar ya con proyectos articulados y sostenidos a largo plazo, con la escucha activa tanto de la comunidad científica como de los actores políticos. Por supuesto, mientras tanto se debe proteger a los pueblos nativos y asegurar la continuidad intergeneracional de sus saberes ancestrales, garantizando asimismo su modo tradicional de vivir. Claro, no se garantiza que los frutos de este intercambio de saberes vayan a ofrecer resultados viables en el marco del actual modelo económico capitalista. Existen cálculos sencillos que demuestran la imposibilidad de que la economía siga creciendo por el uso cada vez mayor de materia y energía que devora nuestros ecosistemas (no solo amazónicos, también europeos, canadienses, siberianos, etc.), haciendo que nuestro planeta se vuelva inhabitable. La inquietante observación del economista Giorgos Kallis es que, con una tasa de crecimiento del 3% anual a nivel mundial, tendríamos una economía 19 veces más grande en un siglo, lo cual es a todas luces un planteamiento absurdo. Hay que parar, pensar y realizar cambios. Las culturas sostenibles han vivido por milenios sin crecimiento y sin problemas. Considerándose parte del bosque, siendo un solo cuerpo. Para aprender de ellos no es necesario retornar a la caza y la recolección. Pero sí, como un primer paso, podemos aprender algo simple: que siempre hemos sido parte de la naturaleza que tiene sus límites. Aquél que la respeta puede sobrevivir en ella. Sin eso, los niños perdidos en la selva somos nosotros. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista La esperada reforma laboral, uno de los proyectos del gobierno de Gustavo Petro, sufrió este martes 20 de junio un duro golpe al no lograr el quórum necesario para su votación en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Con esto, el plazo para la aprobación de las reformas clave del gobierno en las sesiones ordinarias del Congreso llegó a su fin, dejando al Gobierno sin el respaldo legislativo que esperaba tener en su primer año de mandato (Ver: Reforma laboral, nuevo reto para el gobierno). El mismo día en que la oposición convocó a marchas en las principales ciudades del país en rechazo a los proyectos del Gobierno, la reforma laboral se desplomó en el Congreso. El martes 20 de junio representaba la última oportunidad para que el proyecto continuara en curso, debiendo superar al menos el primer debate en las sesiones ordinarias de la legislatura actual (del 20 de julio de 2022 al 20 de junio de 2023) para aspirar a ser discutido en sesiones extraordinarias. La caída de la reforma laboral ha sido considerada como un asunto de gran gravedad por el Gobierno. Según el presidente Gustavo Petro, como dijo a través de su cuenta de Twitter, este hecho demuestra la falta de voluntad de paz y pacto social por parte del poder económico, ya que los dueños del capital y los medios de comunicación lograron influir en el Congreso en contra de los derechos y la dignidad de los trabajadores. Además, Petro aseguró que el gobierno del cambio no abandonará los intereses de los trabajadores. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó las dos razones detrás del hundimiento de esta reforma laboral. En primer lugar, señaló que la presentación de la reforma a la salud ocupó la agenda durante varios meses, lo cual redujo el tiempo disponible para la votación y el debate de otras reformas, incluyendo la laboral. En segundo lugar, mencionó el escándalo de Bennedeti-Sarabia, el cual provocó que las votaciones se pospusieran durante dos semanas debido a la falta de quórum. Pérez destacó que la reforma laboral nunca logró generar consensos entre los diferentes partidos políticos. Tanto el Partido Liberal, el Partido Conservador, La U, Cambio Radical y el Centro Democrático, se mostraron en oposición a esta propuesta de reforma. El asistente de investigación también señaló que otra razón fundamental detrás del fracaso de la reforma fue el manejo político que se le dio. La decisión de presentar todas las reformas de manera simultánea en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes resultó poco acertada, especialmente considerando que se estaba saliendo recién del debate sobre la reforma a la salud. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, se pronunció sobre el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso de la República, atribuyéndolo a la necesidad de realizar reformas pensando en el beneficio de toda la ciudadanía, considerando los efectos sobre los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, los desempleados, los emprendedores, los informales y las capacidades de Colombia para generar mejores condiciones para todos. De acuerdo con el medio de comunicación City TV, se identificaron diez puntos clave en esta reforma laboral. En primer lugar, se tenía previsto dar prioridad a la contratación a término indefinido. En segundo lugar, se establecerían jornadas suplementarias tanto diurnas como nocturnas. En tercer lugar, se propuso aumentar el pago dominical al 100%, en lugar del 75% actual. En cuarto lugar, se mantendría la protección del trabajo en plataformas digitales. En quinto lugar, se buscaría reintroducir el preaviso para los trabajadores. En sexto lugar, se buscaba eliminar la violencia laboral. En séptimo lugar, se fortalecerían los derechos sindicales. En octavo lugar, se mantendrían las ocho horas legales de trabajo diarias. En noveno lugar, se planteaba eliminar los contratos colectivos con organizaciones sindicales. Por último, en décimo lugar, se pretendía establecer la modalidad de jornal agropecuario. Es importante destacar que esta derrota de la reforma laboral se produjo en medio de una intensa jornada legislativa en la que se convocaron plenarias de la Cámara y el Senado, así como algunas comisiones, con el objetivo de dar trámite a proyectos trascendentales que tenían como plazo máximo este último día (20 de junio) de las sesiones ordinarias. La no aprobación de la reforma laboral representa un duro golpe para el gobierno de Gustavo Petro, convirtiéndose en una de las tres reformas sociales más polémicas de la temporada. El presidente de la Comisión séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, lamentó el resultado y afirmó que se hizo todo lo posible por impulsar el proyecto, pero desafortunadamente no se logró. No obstante, Escaf destacó que el gobierno seguirá comprometido en generar cambios y apoyar a los jóvenes. Ahora, el Gobierno deberá replantear su estrategia y explorar otras vías para lograr sus objetivos en materia laboral. Aunque la reforma laboral no pudo avanzar en esta ocasión, la administración de Petro insiste en su compromiso de promover políticas que beneficien a los trabajadores y busquen la equidad en el ámbito laboral. La reforma laboral se convierte en la primera de las reformas sociales propuestas por el Gobierno que se hunde en el Congreso. Mientras tanto, la reforma a la salud logró superar exitosamente su primer debate en la misma comisión y se espera que, en sesiones extraordinarias, pueda avanzar en su proceso legislativo. Por otro lado, la reforma pensional destaca por contar con un ambiente más favorable, a pesar de haber sido la última en iniciar su debate. De hecho, esta reforma ha obtenido una aprobación ágil en el primer debate de la Comisión Séptima del Senado, gracias a los acuerdos previamente alcanzados entre los ponentes y la ministra Ramírez. Cabe añadir que hoy el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, informó que el próximo 20 de julio, en el inicio de la segunda legislatura compartida entre el Congreso y el Gobierno, se presentará nuevamente la reforma laboral. Juan Alejandro Pérez, por su parte, sugiere que al retomar esta reforma se debe considerar la necesidad de replantearla, buscar un consenso más amplio y realizar cambios en el gabinete para generar mayor confianza.

Por: Alianza Democralat, capítulo Guatemala Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Acción Ciudadana Al noroccidente de Ciudad de Guatemala se encuentra el departamento de Huehuetenango, el cual es la cuna de uno de los clanes con mayor poder político en la actualidad, gracias a la existencia de una alianza con el presidente Alejandro Giammattei: el clan Hernández. El clan Hernández es liderado por la diputada Sofía Jeanetth Hernández Herrera, quien llegó por primera vez al Congreso de la República en 2012, y que desde 2022 está incluida en la Lista Engel, en la que Estados Unidos incluye a funcionarios, exfuncionarios o empresarios considerados corruptos o responsables de graves conductas antidemocráticas en países centroamericanos. de la mano del Partido Patriota. En estos once años, Sofía Jeanetth Hernández ha construido su pequeña dinastía, pues ha colocado a varios familiares suyos en puestos claves dentro del gobierno que tienen que ver con la administración del departamento de Huehuetenango. Su expareja, hijos, hermanos y hermanas, sobrinos y hasta cuñados, gozan de puestos en la administración y en el Congreso gracias a la influencia de Sofía Jeanetth. Pero esto no es lo único. Sofía Jeanetth Hernández ha sido señalada de presuntamente estar relacionada con las redes de tráfico de drogas y otros ilícitos conocida como Los Huistas, que tiene su centro de operaciones en Huehuetenango, específicamente en el municipio de Santa Ana Huista. A pesar de que a Hernández Herrera nunca se le ha podido comprobar un vínculo directo con Los Huistas, familiares de la legisladora sí han sido procesados por la justicia guatemalteca y estadounidense por estar involucrados en actividades de narcotráfico. Para la campaña electoral de 2023, el Clan de la familia Hernández de Huehuetenango puso a varios de sus integrantes en los listados de candidatos a diputados al Congreso de la República y Parlamento Centroamericano (Parlacen), por el partido Vamos. Lea el informe completo con toda la información del clan Hernández de Guatemala, aquí:

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Terminan las sesiones ordinarias de la primera legislatura del que fue llamado el “Congreso del Cambio” con los esperados altibajos y un Gobierno que debe pedalear cada vez más fuerte para la aprobación de sus reformas sociales. Luego de un periodo de “gozosos”, en el que Roy Barreras y Alfonso Prada lograron en la primera legislatura dar importantes golpes como la aprobación de la reforma tributaria, la escogencia del contralor general, ratificar el Acuerdo de Escazú, entre otros; se vino un duro periodo de “dolorosos”, por cuenta de la fractura de la coalición de Gobierno producto de la discordia generada alrededor de la reforma a la salud. La salida de los partidos Conservador y La U de la coalición, así como dos “revolcones” ministeriales, fueron el resultado de esta crisis. Sin lugar a duda, quien ha marcado la agenda y las tareas del legislativo ha sido el Gobierno. El resumen de esta legislatura ha sido que el Gobierno Petro propone y el Congreso responde: sea aprobando proyectos, hundiéndolos o no discutiéndolos. El Gobierno ha priorizado 37 proyectos, de los cuales ha logrado aprobar 11 (seis sancionados y cinco que faltan por sancionar). ¿Cómo van en el Congreso los demás proyectos del Gobierno? ¿Cuál será la estrategia de Petro para aprobar sus reformas en la siguiente legislatura? Le invitamos a leer nuestro balance completo sobre la primera legislatura del Congreso, aquí:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El 15 de junio de 2023 se sintió uno de los coletazos del estallido social que vivió el país entre 2019 y 2022. El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley “por el cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país”. Esta fue una de las banderas que las y los jóvenes enarbolaron en las protestas de 2019 y que se hicieron más visibles en la época de pandemia en 2021. Esta ley –a la que solo le falta la sanción presidencial y que comenzará a regir “a partir de la fecha de su promulgación” (art. 8°)– establece que el Gobierno Nacional se compromete a destinar los recursos para pagar “el valor de la matrícula de los programas de pregrado en Instituciones de Educación Superior Pública” (art. 2º) –que comprende las instituciones técnicas, tecnológicas o universitarias–; además a avanzar en la eliminación de las “barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa” (art. 1º). Como dije, esta norma ha sido presentada como un gran logro del movimiento de jóvenes que supo posicionar en la esfera pública la necesidad de avanzar en la gratuidad del servicio de educación superior. Lograron defender este bien meritorio que genera –además de las externalidades positivas en términos de formar profesionales para atender las demandas de trabajo– un aumento en los niveles de ingresos de los hogares y permite el ascenso social y económico. De allí que está norma, que se conoce como la Ley de Matrícula Cero, logrará beneficiar hoy a más de 750 mil jóvenes que están en la educación superior pública. Una política de Estado que busca la inclusión, la redistribución y la democratización del acceso al conocimiento y la formación de una educación con calidad. Una iniciativa que tiene entre sus logros permitir el involucramiento de otros niveles de gobierno –a los municipios, distritos y gobernaciones– en esta iniciativa. De esta manera, territorios departamentales, como Tolima, o distritales, como Bogotá, podrán “transferir recursos o cofinanciar la política pública de gratuidad en la matrícula” (art. 4º, parágrafo 2º). Dando continuidad con programas de matrícula cero que, en lugares como Quindío y Medellín, han servido para apoyar a una juventud que se encuentra al borde del abismo. Precisamente porque está ley representa una buena noticia en medio de una situación difícil para el país y para la juventud es que es necesario hacer varias aclaraciones sobre está norma que pronto comenzará a implementarse. Lo primero que hay que decir es que este subsidio solo cubre a “los programas de pregrado” de IES públicas. No cambia para nada la situación actual frente al financiamiento de los programas de pregrado en universidades privadas y de posgrado en general. Si un joven desea estudiar en una universidad privada debe pagar y si quiere hacer una especialización o una maestría, sea en una universidad pública o privada, deberá hacerla con sus propios recursos. Lo que equivale hoy a pagar una matrícula por semestre en promedio ocho millones de pesos. También, que este subsidio cubre solo el valor de la matrícula. Un apoyo, que hay que decirlo, ya se da en la mayoría de Instituciones de Educación Superior (IES). Desde hace más de dos años la gratuidad en la matrícula era una realidad y se llama Política de Gratuidad en la Matrícula o Matrícula Cero. Lo que viene a hacer esta norma es dejar en firme, como política de Estado, lo que ya se había ganado en época de pandemia. Como ocurre en Medellín, donde las IES adscritas al municipio desde hace un par de años aplican está política. Igualmente, este es un subsidio que solo se entrega a una población priorizada. No es un derecho para toda la población. Por el momento solo cubrirá tan sólo a aquellos “grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con la focalización socioeconómica Sisbén IV (…) víctimas del conflicto armado, los que pertenezcan a las comunidades étnicas: indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como a quienes pertenezcan a población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país”. Otra aclaración, es que este apoyo se mantiene a lo largo de la carrera, pero si se cumple unos requisitos. Un derecho adquirido conlleva grandes responsabilidades. El artículo 5º dice claramente que el Ministerio de Educación se encargará de “establecer los requisitos académicos para la permanencia de los estudiantes beneficiarios de la gratuidad en la matrícula. Asimismo, establecerá las medidas a imponer a los estudiantes que dejen su proceso de formación inconclusa y hayan sido beneficiarios de la gratuidad en la matrícula”. Finalmente, es importante llamar la atención sobre la implementación de la norma. A pesar de que se dijo que está tendría aplicación inmediata, dice la ley aprobada que su financiamiento dependerá de “la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Gobierno Nacional” (art. 3º), por tanto, podrán tener justificaciones los mandatarios para decir que no tienen recursos para cumplir esta norma. Es necesario mencionar estas advertencias sobre la norma aprobada, en especial para trabajar en los temas que se pueden cambiar. Dos de los asuntos prioritarios son: por un lado, avanzar en medidas que puedan “garantizar la permanencia y terminación de los procesos formativos de los jóvenes”; y por el otro, la búsqueda de una implementación inmediata y sostenida que permita cumplirle a la juventud. En cuanto a la deserción, como sabemos, uno de los problemas de los y las estudiantes que ingresan a la educación superior pública no es la matrícula –que como se ha dicho está subsidiada–, el problema es la alta tasa de deserción, que supera hoy el 40%, es decir, de cada diez jóvenes que entran, cuatro salen rápidamente debido a dificultades para el sostenimiento y manutención del estudio –alimentación, transporte y vivienda–. En este sentido se hace necesario que se piense en complementar la política de matrícula cero con otras medidas de apoyo a los estudiantes para garantizar la permanencia educativa. Y en cuanto a la implementación sostenida, es claro que para su aprobación tanto los ministerios de Hacienda y Educación dieron su aval. Pero se requiere trabajar en conseguir los recursos, hacer las apropiaciones y entregarle el dinero a las Instituciones de Educación Superior. No se puede dejar esta responsabilidad a las universidades, pues es común del Gobierno Nacional aprobar reformas y luego entregar su cumplimiento a las IES sin el aumento de los recursos para hacerlo de forma sostenida. Debe existir desde el Gobierno Nacional una garantía de los recursos y que estos estén en el Sistema General de Participación. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Esteban A. Tello, Investigador Pares-Pacífico En los últimos días, el sur del departamento del Chocó ha sido protagonista por causa de los combates que se presentan entre las estructuras armadas ilegales y acciones del Ejército Nacional en el territorio. La presencia de grupos armados ilegales ya hace parte del día a día del departamento, y aunque generaban múltiples afectaciones a la población, su poder territorial no generaba conflictos entre sí, ni con las Fuerzas Armadas. Esta situación era producto de acuerdos que alcanzaron el ELN con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) desde el 2018; en ellos pactaban unos límites territoriales que en términos generales se venían respetando. Esto permitió mantener una especie de calma a pesar de la diferencia de intereses de cada una de esas organizaciones armadas ilegales, pues al respetar dichos límites evitaban enfrentarse entre ellos, un “status quo”. Todo esto cambió con la irrupción del grupo postfarc del Frente 30 en el territorio, así como la avanzada del Ejército sobre ciertas zonas donde antes poca o ninguna presencia tenían. ¿Cómo se ha dado la disputa? El Litoral del San Juan es el municipio que limita en el sur con el departamento del Valle del Cauca. Allí no llega ninguna carretera. Si se quiere visitar, se debe tomar una embarcación en Buenaventura y realizar un viaje de dos a tres horas de duración aproximadamente. El recorrido primero es por mar y después se debe remontar el río San Juan hasta llegar a Docordó, la cabecera municipal. A pesar de ser parte del Chocó su dinámica económica y social se vincula más a Buenaventura y a Cali, lo que contrasta con el resto del departamento, el cual tiene una dinámica muy fuerte con Medellín y Antioquia en general. En el Litoral del San Juan, el río desemboca en el Océano Pacífico, pero al contrario de los otros municipios que atraviesa en su descenso desde la cordillera Occidental, allí la economía principal no es la minería sino la madera y la agricultura. En ese municipio es donde más incidentes se han presentado con el ELN en los últimos años. La población allí recuerda el bombardeo de enero de 2018 en el Resguardo de “Chagpien Tordó”, donde fallecieron guerrilleros del ELN y varios menores de edad de la zona reclutados ilegalmente por la insurgencia. Esta guerrilla hoy domina el río San Juan desde La Unión, -una población de Medio San Juan-, hasta el sur, incluyendo en su control gran parte de Istmina, el Litoral del San Juan e incluso las zonas que cubren varios de sus afluentes en otros municipios como Condoto, Río Iró, Nóvita y Sipí. En este lugar, el río funciona como un corredor de movilidad clave para el control territorial desde múltiples zonas estratégicas, y es por esto que la amenaza al control de las economías ilegales y la movilidad explican que un nuevo actor armado ilegal sea un factor de inestabilidad y violencia en el municipio, sucediendo así con la presencia de las disidencias de las FARC-EP desde comienzos de junio. Cabe aclarar que las autoridades aún no confirman la presencia de ese grupo, refiriéndose a ellos sin señalarlos específicamente. Una silueta de la violencia en el sur del Chocó Las disidencias se ubicaron en uno de los corredores de movilidad hacia el Océano Pacífico, motivando a los enfrentamientos con el ELN en Pichimá Quebrada, -asentamiento humano del Resguardo indígena waunaan- y obligando a que 417 personas que conforman 97 familias aproximadamente se desplazaran a la cabecera municipal Docordó, huyendo de nuevos conflictos que puedan acaecer (OCHA). Sin embargo, otros asentamientos humanos cercanos siguen siendo afectados debido a que el accionar de estos grupos armados ilegales continúa; incluso los diferentes organismos que se encargan de atenderlos les reconocen su situación de confinamiento a las poblaciones de Pichimá Playa (wounaan), Tiveria (wounaan), Togoromá Quebrada (wounaan), Togoromá Playa (afrodescendiente) y Loma Alta (wounaan). El municipio de Nóvita se encuentra en la margen oriental del río San Juan, para llegar hasta su cabecera municipal se debe atravesar una carretera destapada desde Condoto; este municipio cuenta desde hace unos años con una base militar, permitiéndole vivir tranquilamente a sus habitantes, pues anteriormente, hizo presencia el Frente 34 de las FARC-EP y el Che Guevara del Frente Occidental del ELN. Sin embargo, la salida del primero le permitió a los “elenos” generar una hegemonía que dura hasta hoy, sobretodo en las zonas rurales, donde se evidencia con mayor frecuencia el accionar de dicho grupo armado, sobre todo en la zona del Alto Tamaná. El equilibrio roto En el municipio de Tadó, la principal preocupación de su población son las dificultades que tienen para llevar adelante la minería, -base de su economía desde hace varias generaciones- incluso el pasado mes de mayo se presentó una asonada que dejó como saldo un camión de la Fuerza Pública quemado producto de la presión que las autoridades ejercen contra la minería mecanizada. La quema de un camión del Ejército se presentó como represalia por la intervención de la Fiscalía y la Fuerza Pública en una zona de extracción minera ubicada en las cercanías al pueblo. Foto: Pares Pacífico Otro factor de inestabilidad constante en este municipio es la presencia del ELN, sobre todo en el corredor que vincula al municipio con Pueblo Rico, Risaralda, una de las vías más importantes del Departamento. En los límites entre los dos departamentos es muy activo este grupo insurgente, allí ejerce presión contra quienes se movilizan por la vía, sobre todo contra las empresas transportadoras a quienes les queman sus buses periódicamente. Los incidentes en el sur del Chocó evidencian que en las últimas semanas las condiciones de orden público están en una etapa de cambio, ya que se amenaza lo que hoy es un poder ampliamente estructurado en las comunidades, sobre los territorios y ríos de la mayor parte de municipios que componen este lugar, abarcando zonas estratégicas, múltiples economías ilegales e influencia sobre buena parte de las comunidades rurales. Hay por lo menos dos elementos generales que explican los cambios que señalamos anteriormente. El primero sería la actividad de los grupos armados ilegales que hacen presencia en esta región y los enfrentamientos entre ellos, -caso del Litoral del San Juan enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC-EP-. Y el segundo, sería la aparición de la Fuerza Pública, la cual hoy hace presencia en zonas donde poca presión ejercía en meses anteriores.