Por: Redacción Pares A comienzos de este gobierno, cuando aún podría hablarse y se tenía viva la esperanza de la paz total, las disidencias que habían quedado del proceso de paz con las Farc se aglutinaron en el Estado Mayor Central, el EMC, que tendría un comandante único, Iván Mordisco. Sin embargo, la distancia entre él y sus demás comandantes fue cada vez más grande. Tanto Andrey Avendaño como alias Calarcá se fueron alejando de las prerrogativas de Iván Mordisco. Parte de estas diferencias tiene que ver con su concepción de los diálogos de paz. Tanto en el norte del Cauca como en el sur del país, Mordisco dejó ver sus diferencias con los otros frentes. La confrontación sería inevitable. Y lo fue. En Guaviare las fuerzas de Calarcá se han venido expandiendo. Según un reporte dado por El Espectador , ya son 10.000 las personas que están confinadas en Guaviare que viene sufriendo enfrentamientos desde hace por lo menos un mes. Los que se enfrentan son el EMC, de quien sigue estando al frente Iván Mordisco contra el EMBF, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, del que está al frente Calarcá Córdoba. Con este insurgente, el gobierno de Gustavo Petro tiene vivo un proceso de paz. El Guaviare no es el único departamento donde se han venido incrementando los combates, también han aparecido brotes de violencia en Meta y en Caquetá. Desde la página de la Fundación Pares ya veníamos advirtiendo desde el año pasado sobre lo tensas que estaban las relaciones entre los bloques que alguna vez pertenecieron a las Farc. A comienzos de esta semana se reportaron enfrentamientos en el área rural de San José del Guaviare. A los combates se suman otros atentados contra la comunidad en los que se suman desplazamientos de familias campesinas, amenazas a líderes y el reclutamiento forzado. Los datos de la Defensoría del Pueblo son contundentes: son 10.000 personas las que están confinadas después de que Iván Mordisco sometiera al territorio a una medida extrema, el bloqueo de una trocha que comunica a sesenta veredas del Guaviare, perjudicando sobre todo a la población de Calamar. La preocupación es que este bloqueo no solo impide el comercio sino la libre circulación de personas, el desplazamiento de niños hacia sus colegios y, sobre todo, el transporte de medicinas. A pesar de los reclamos de la Defensoría del Pueblo, Iván Mordisco no se moverá. Con el transcurso de los días, la situación se agrava. La esperanza de paz que tenían estos territorios se desvanece. Al parecer, la única certeza que sigue quedando es la de la guerra eterna.

Por: Redacción Pares Desde finales del año pasado un nombre se ha escuchado de manera atronadora, el de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. Este hombre parecía tener las llaves de la corrupción de los puertos del país. Exfiscales como Martha Mancera aparecieron en informes por supuestamente haber entorpecido la investigación que podría llevar a la captura del reconocido zar del contrabando. Desde hace más de veinte años, Marín Buitrago ha estado en el ojo de la política nacional, ayudando presuntamente a campañas políticas y siendo un consentido de sucesivos gobiernos. En noviembre de 2024, fue capturado en España y desde ahí se pensaba que podría ser extraditado a Colombia. La campaña Petro también salió salpicada al parecer por los dineros de Marín Buitrago, pero el principal interesado porque se esclarezca esta situación es el propio presidente de los colombianos. Desde que Marín está en Portugal, él y su abogado han usado todo tipo de estrategias para no regresar al país. Ahora, a todo este panorama se suma Estados Unidos. Es tal el afán por tener de vuelta a Marín Buitrago que nunca, en estos cinco meses de gobierno de Trump, Petro se ha visto tan conciliador con su homólogo norteamericano, así se refirió: ahora los norteamericanos quieren llevárselo a Estados Unidos y por eso no lo han traído aquí. Yo le solicito al presidente Trump, porque soy consciente, a pesar de las distancias ideológicas con Trump, hay una genuina lucha por la libertad, por los criterios republicanos, por una idea de democracia y de autonomía comunitaria que respeto”. Si bien el presidente abrió la posibilidad de que los dineros de Marín Buitrago podrían haber entrado a su campaña, tampoco olvidó que, desde hace varias décadas, otros gobiernos pudieron haberse beneficiados por su apoyo financiero. “Que hable de sus 38 años de vinculación con las instituciones colombianas protegiendo su contrabando que ha arruinado miles de mujeres (…) no es posible que neonazis mafiosos se tomen los gobiernos y las fiscalías de América Latina, pero tampoco las instituciones de Estados Unidos”. Estas declaraciones de Gustavo Petro se dieron durante su televisado consejo de ministros del pasado martes 3 de junio en el que habló, entre otras cosas, de la decisión que tendrá para radicar en definitiva la Consulta Popular, a pesar de la resistencia que tienen tantos otros sectores que están en contra de su gobierno y de sus cambios. Sin embargo, uno de los puntos que le siguen preocupando es que los gringos se lleven a Marín Buitrago a alguna de sus cárceles, algo que sería muy malo para conocer las verdades que podrían hundir a más de un poderoso. Esto ya sucedió en el pasado con la extradición de los comandantes paras, desmovilizados durante el gobierno de Uribe, y a los que se llevaron a cárceles gringas para que no dijeran una sola palabra de lo que querían saber las víctimas y el pueblo colombiano: la relación entre el paramilitarismo y la fuerza pública, además de su conexión con influyentes políticos.

Por: Redacción Pares Al exministro de Defensa Iván Velásquez y a la exfiscal Luz Adriana Camargo les dieron una noticia demoledora el pasado lunes 2 de junio. La fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, emitió una orden de captura que fue remitida a Interpol contra Velásquez y Camargo por un supuesto caso de corrupción en Odebrecht mientras estuvieron en ese país. Por supuesto, esto era una infamia. Se trataba de una venganza contra estos funcionarios incorruptibles, que se dedicaron a desenmascarar a los pesos pesados de la corrupción de ese país. Otro de los fiscales que aseguraron que tanto Velásquez como Camargo habían incurrido en delitos de corrupción fue Rafael Curruchiche, quien sostuvo que, mientras Velásquez permaneció en Guatemala, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos de Odebrecht en 2017. Solo los sectores más radicales de la derecha colombiana no vieron en esto una infamia. Uno de los primeros en reaccionar fue el propio presidente Petro quien, durante el consejo de ministros del pasado 3 de junio, se refirió a este hecho y le dio órdenes a la canciller Laura Sarabia de dejar por escrito que la fiscal Porras no podrá entrar al país: “Usted tiene que expedir el acto administrativo, que creo que tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia y de sus amigos mafiosos”. Hay que recordar que, por ejemplo, Curruchiche, aparece en una lista negra en los Estados Unidos en donde lo meten al lado de nombres de mafiosos. A esta determinación Petro también afirmó lo siguiente: “No entra (Porras) a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar de gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana, se le prohíbe la entrada a Colombia. Eso lo quiero para mañana (este miércoles)”. Es que el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó esta semana que la solicitud de la fiscal guatemalteca de lograr conseguir la circular roja de Interpol no tenía asidero real, ya que tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad. La portavoz del secretario general de la ONU reiteró lo siguiente: “(Guterres) reitera que el personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, goza de inmunidad frente a los procesos judiciales con respecto a los actos realizados en el desempeño de su misión”. Estaba cantado que la Fiscalía guatemalteca iba a tomar este tipo de decisiones contra Velásquez y Camargo, por eso el presidente Petro afirmó que esa entidad obedece al crimen. Lo que sucedió esta semana en Guatemala contra el exministro de Defensa y la fiscal colombiana es la prueba fehaciente de que en ese país centroamericano algo malo está sucediendo.

Por: Redacción Pares Parecía que, aunque saldría del gobierno, los términos entre el magnate de Tesla y el presidente de los Estados Unidos serían buenos. Las razones de dar un paso al costado en la oficina DOGE, que controlaba el presupuesto norteamericano, tenían que ver con la caída de las ventas de Tesla. La gente en Estados Unidos empezó a asociar su nombre con el de la motosierra. Cuatro meses después de llegar a la presidencia, Musk se había quemado. Pero, parecía que, a pesar de esto, la relación de ambos seguía rebosante de salud. Este 4 de junio todo cambió. Elon Musk fue directo y llamó “Abominación repugnante” al proyecto de ley de Trump para recortar impuestos y aumentar el gasto en defensa. Se está buscando recaudar 350.000 millones de dólares para aumentar seguridad fronteriza, deportaciones y seguridad nacional. El proyecto de ley pasó por estrecho margen en mayo en la Cámara de representantes. La plata saldrá del bolsillo de los norteamericanos. Es increíble lo que ha cambiado Musk. El principal adalid del rescate del presupuesto público ahora ha cambiado el chip, y se dirige directamente a los congresistas que le dieron el aval a Trump sosteniendo que "Vergüenza debería darles a quienes votaron a favor" y que la deuda que cargará los Estados Unidos es “aplastantemente insostenible”. Musk estaba de acuerdo con que se recogieran 500.000 millones de dólares para fortalecer una gran IA que hiciera prescindibles muchos trabajos de personas común y corrientes, esto despertaba todo su entusiasmo. Pero es que este proyecto de ley, que es considerado por Trump como su “bebé favorito”, afecta directamente a Musk, ya que recortaría, de manera drástica, la financiación de vehículos eléctricos y tecnologías relacionadas en las que se incluyen las compañías Tesla y Space X, ambas de Musk. Con esta última, el magnate sudafricano esperaba llevar a los seres humanos al espacio e incluso aspira colonizar Marte. Esto es toda una traición de Trump al creador de Tesla, quien invirtió en su última campaña presidencial la friolera de 250 millones de dólares. Musk tiene la guardia arriba y advirtió desafiante, a través de la red social X, de la que él también es dueño: "En noviembre del año que viene, despediremos a todos los políticos que traicionaron al pueblo estadounidense". Mientras algunos republicanos le restan importancia a estas críticas y afirman que igual Musk seguirá siendo el segundo violín del presidente, algunos demócratas no caben de la felicidad, y están comprando palomitas y Coca-Cola, viendo cómo termina una peligrosa y breve amistad.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Lo que empezó como una declaración de Armando Benedetti luego del medio día , terminó con una confirmación del presidente Petro en la noche, en medio de una alocución presidencial que duró media hora en los canales nacionales públicos y privados . La Consulta Popular, contra todo pronóstico, será decretada, bajo el concepto de que el Senado cometió varias irregularidades en la votación de la misma, por lo que la votación que la terminó hundiendo no sería válida y el gobierno tendría vía libre para decretarla, con sus 12 preguntas originales. En esa alocución el presidente aseveró, además, que estaba siendo víctima de una persecución  de la llamada “Junta del Narcotráfico”, establecida presuntamente en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y que estaría buscando matarlo, luego de que el presidente denunciara la influencia del reconocido contrabandista alias “Papá Pitufo” en amplios escenarios del Estado y propusiera a Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía. Con la apertura de un fuerte frente jurídico en su contra, el presidente se arriesga con una nueva movida que termina por romper las vías de negociación institucionales y avanzar por una vía excepcional que lo lleva al margen de la legalidad, profundiza en el antagonismo entre pueblo y Congreso que ha ido alimentando desde el pasado 1ro. de mayo con el acto de la Espada de Bolívar, y  estaría ambientando la necesidad de un cambio institucional profundo de cara a 2026 . —Petro quitó el primer ladrillo del muro institucional y se asomó a ver qué había Fuente: Presidencia de Colombia. En los medios de comunicación y las redes sociales ya se venía ambientando que Gustavo Petro tomaría la decisión de decretar la Consulta Popular, apoyado en los criterios jurídicos de sus asesores. Dos expresidentes de la Corte Constitucional  (Eduardo Montealegre y Luis Ernesto Vargas), junto con el abogado Yefferson Dueñas fueron los que terminaron por concretar el concepto jurídico con el que el gobierno aspira a enfrentar el aluvión de demandas cuando firme y emita el decreto. No es para menos. Frente a las declaraciones ya el presidente del Senado, Efraín Cepeda, indicó que en el mismo momento en el que el gobierno firme el decreto, instaurarán acciones judiciales para evitar que el proceso surta efecto . Del mismo modo, ya varias organizaciones de la sociedad civil ( como la Fundación para el Estado de Derecho ), abogados y juristas han indicado que están preparando todo el andamiaje legal para evitar lo que consideran como la ruptura del orden constitucional en el país. Aunque el gobierno ya había elegido desde al menos mediados de 2023 la vía de los decretos y las emergencias sociales y económicas, junto con el estado de conmoción interior en el Catatumbo, para implementar de manera parcial algunas de las premisas fundamentales de su paquete de reformas sociales, el que decida decretar la Consulta Popular con un concepto jurídico aún en debate le estaría llevando a romper uno de los límites que el sistema político le impone. Específicamente, estaría consolidando en la práctica la ruptura con la sujeción al trámite legislativo representativo como única vía para refrendar transformaciones estructurales , e n medio de la discusión que se ha abierto en el país sobre si la democracia representativa ha bastado para resolver las necesidades del país , y la emergencia de medidas en el marco de lo que permite el Congreso con los mecanismos de participación ciudadana para someter a discusión y votación iniciativas de manera mucho más directa. Esta ruptura ha sido interpretada por los partidos políticos y los gremios económicos como una intentona de “golpe de Estado” , quienes han llamado a que el sistema de pesos y contrapesos reaccione y a las autoridades a que eviten de cualquier modo que la iniciativa del presidente tenga efecto. Fuente: Cuenta de X de Ricardo Ospina. Según La Silla Vacía , en caso dado de que el presidente decida lanzar el decreto, la pelota caería en la cancha de las autoridades electorales y de las autoridades judiciales a donde seguramente llegue el proceso. Por un lado, el registrador nacional, Hernán Penagos, queda en el dilema de aceptar el decreto y comenzar el trámite administrativo para llamar a la votación; por el otro, tanto como si Penagos aceptara o se negara al decreto, las demandas que se interpondrán contra el recurso llegarán eventualmente a la Sección Quinta del Consejo de Estado — famosa porque, como contamos en esta historia, allí se han caído varias de las personerías jurídicas de algunos partidos aliados al gobierno, como también han sido inhabilitados varios excongresistas del Pacto Histórico —, donde la corte deberá tomar decisión y emitir jurisprudencia. Aunque ya se puede prever que, en caso dado, el concepto del Consejo de Estado será desfavorable , luego de que en la tarde del 3 de junio indicara en un auto que la votación del Congreso fue legítima, y que por ende el proceso de la consulta se había terminado allí. De todos modos, el cálculo de Armando Benedetti, ministro del Interior, es que eventualmente la decisión del Consejo de Estado pueda ser apelada en la Corte Constitucional , que es tribunal de cierre, y donde el gobierno tiene varios magistrados cercanos nombrados en los últimos meses. Aun cuando las altas cortes decidan en contra del decreto, el gobierno tiene ahora mismo un argumento muy fuerte para aseverar que las instituciones (cooptadas, en su discurso) impiden el avance de una agenda social reformista, y de agudizar las contradicciones con la institucionalidad. Esto se manifiesta en la posición de la mayoría de los sindicatos y las organizaciones sociales reunidas en el Comando Nacional Unitario de la Asamblea por las Reformas sociales y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CNPC) que, en un comunicado, indicaron no apoyar la reforma laboral, resucitada el pasado 14 de mayo tras el hundimiento de la Consulta Popular en Senado, a la que consideran una “contrarreforma al servicio de los grandes gremios económicos”, como consta en su último comunicado. Fuente: Cuenta de X de FECODE. Del mismo modo, quiere medirle el termómetro político al escenario preelectoral, con la posibilidad de ver qué tanto apoyo conserva hacia las elecciones de 2026, según también lo señaló El Espectador . —¿Sobrevivirá la revivida reforma laboral de Angélica Lozano? Fuente: Diego Cuevas, El País América Colombia. El principal efecto que tiene el anuncio del Presidente de decretar la Consulta Popular pega en el Senado de la República, específicamente en su plenaria, donde esta semana debe presentarse, según los tiempos del Congreso, la ponencia que llegará a esa corporación y que abrirá el debate la próxima semana sobre la revivida reforma laboral. El golpe impacta en los miedos de que esta iniciativa termine hundiéndose, luego de que hubiera logrado una amplia mayoría y consenso en la Comisión Cuarta del Senado, donde Angélica Lozano logró, con algunos cambios, mover el proyecto . No obstante —y a pesar de que la reforma finalmente fue votada casi de forma unánime en la mayoría de su articulado, siendo problemático solo los artículos referidos al inicio de la jornada nocturna y los recargos dominicales, que ganaron por una mayoría apretada—, el consenso ha sido frágil. Ya al cierre del debate el pasado martes 27 de mayo, el bloque de oposición de derechas declaró, a través del senador Carlos Meisel (Centro Democrático) y de Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) habían indicado que dudarían de acompañar la iniciativa, luego de sentir que la Comisión los había traicionado al haber aprobado dos proposiciones de Lozano , en las que se rompía el acuerdo sobre mantener las exenciones y excepciones a MyPIMES y pequeñas empresas tanto de la reducción de la jornada nocturna, como de los recargos dominicales y festivos. De hecho, ya el lunes 2 de junio, Carlos Meisel había indicado que existían dificultades para que su partido apoyara el proyecto en la plenaria de la próxima semana si no había un regreso al acuerdo anterior , donde se aplicaba un régimen gradual y escalonado donde las MyPIMES estuvieran exentas de aplicar la jornada nocturna desde las 7:00 pm. Es posible que el Centro Democrático presente una proposición reviviendo este artículo, pero sin muchos apoyos de los partidos independientes, es posible que al final decidan darle su voto negativo. El problema deviene cuando, junto con este escenario donde el bloque de oposición (que suma ahora mismo más de la veintena de votos en Plenaria de Senado) puede retirarse del apoyo a la reforma, la bancada del Pacto Histórico decida, por su lado, evitar su apoyo a la iniciativa o retirarlo, luego de que el gobierno indicara que el proyecto de ley encabezado por Lozano desnaturaliza, en su mayoría, la esencia progresista de su proyecto original. La estrategia del bloque de gobierno ha sido presentar una ponencia alternativa de la reforma laboral  —la misma que presentó Aída Avella el 26 de mayo, a las vísperas del inicio del debate y que, en esencia, es el mismo texto aprobado en Cámara de Representantes— con la que esperan darle batalla al proyecto de Lozano. Sin embargo, esta ponencia, al igual que en Comisión Cuarta, no tiene los apoyos suficientes para ser aprobada, especialmente con los más recientes choques entre el gobierno y el Congreso, que ahora mismo tienen las relaciones rotas entre el presidente y el Senado. Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, indicó que, eventualmente, si no se aprueba la ponencia mayoritaria, se lanzarían con la Consulta Popular como último escenario  para que los puntos de la reforma laboral fueran votados por el pueblo. El tema radica en que, si el apoyo irrestricto a la Consulta llevará a que se abstengan de votar y, sin el apoyo mayoritario de la bancada de gobierno, el proyecto de Lozano se caiga. Por ahora, el mayor riesgo que corre la reforma laboral es que ambos bloques, tanto el opositor como el oficialista, terminen evitando votar el proyecto, lo que lo llega a su virtual hundimiento. Dependerá, por ahora, en la negociación sobre la construcción de la ponencia que llega a Senado, junto con la alta cantidad de proposiciones que hubo en Comisión Cuarta que fueron enviadas como constancias para ser discutidas en la plenaria del Senado, si Lozano logra que su proyecto se salve. —¿Todos los caminos conducen hacia una nueva constituyente? Fuente: Wikimedia Commons. Según algunos asesores en el Congreso que hablaron con la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) de manera anónima, está claro que la apuesta de algunos de los congresistas del Pacto Histórico es comenzar a reactivar la idea de una nueva asamblea constituyente como el gran escenario ambientador de la próxima campaña electoral hacia 2026. Esto es coherente con lo que dijo en su momento Clara López a la periodista Cecilia Orozco Tascón en uno de los vídeopodcasts de Revista Raya, emitido el pasado domingo 18 de mayo . En aquella emisión, López indicó que la movilización popular podía llevar hacia una potencial asamblea nacional constituyente, en un escenario político donde la profunda polarización existente complejiza y termina bloqueando cualquier intento de generar los cambios sociales demandados desde 2019 y 2021. Además, indicó a Orozco que cualquier negativa de tramitar la Consulta Popular terminaría de manera inevitable en nuevas reflexiones sobre la urgencia de cambiar la institucionalidad del país. Del mismo modo, las declaraciones del presidente en el Consejo de Ministros del 3 de junio iban en la misma dirección. Petro declaró: “(...) el pueblo tiene que tomar en sus manos el destino de Colombia si llegasen a pasar estas cosas —que espero no pasen (...) no es una amenaza—. Simplemente, cualquier ser humano que tenga tres dedos en la cabeza sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. No pasa sino una sola cosa: las instituciones se van, y no es una amenaza. Es lo que ya sucedió en el pasado, en Colombia, varias veces. Entonces, aquí estamos ante unas reformas sociales que garantizan acabar la pobreza extrema, llevar felicidad a los pobres (...)”. Lo que sí es verdad es que no es la primera vez que el gobierno decide tomar el camino de una potencial Asamblea Nacional Constituyente tanto para movilizar a sus bases políticas, pero también para presionar al Congreso a nuevos escenarios de negociación política en el marco del bloqueo del trámite de sus reformas. Ya el pasado 14 de marzo de 2024, en un evento en la Plaza de la Resistencia en Siloé, Cali, el presidente propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente  si las instituciones colombianas no aprobaban las reformas sociales impulsadas por su gobierno. Petro argumentó en ese momento que, si un gobierno elegido popularmente no podía aplicar la Constitución porque las instituciones lo rodean para impedirlo, entonces Colombia debería ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque luego moderó su mensaje frente a la posibilidad de una Constituyente bajo la idea del “poder constituyente” — que analizamos en este artículo hace casi un año largo ya —, sí parece que la tendencia fuera a que volviera a retomar esta idea, aún no como un proceso inmediato de convocatoria a un proceso de tal magnitud, pero sí como una forma de habilitar ese horizonte simbólico en el debate público, más en el escenario preelectoral y con la posibilidad de que la Consulta Popular se caiga en la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Por: Paola Marín Molano Recientemente se dieron a conocer  los diferentes puntos de ubicación para combatientes de los procesos de dialogo que viene adelantando el gobierno nacional el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Aunque estos dos procesos son diferentes, ambos comparten la iniciativa de implementar zonas en las cuales se puedan concentrar a combatientes de estos grupos armados para iniciar su tránsito y reincorporación a la vida civil. A pesar de que este proceso podría ser parte final del conflicto contra estos grupos armados, surgen diferentes dudas frente a las condiciones de seguridad para su implementación.   ZUT Norte de Santander En esta zona se ubicará el Frente 33 del EMBF del Bloque Magdalena Medio. Recientemente se formalizo mediante la Resolución Ejecutiva No. 161 del 23 de mayo de 2025 y su objetivo es facilitar la implementación de acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes. La zona tendrá una duración de siete meses, contados a partir de la entrada en vigor de la resolución, y tendrá un plazo inicial de 45 días para el traslado de los miembros del Frente 33 y la adecuación de la zona. Durante este período, se suspenderán las órdenes de captura, incluidas las de extradición, contra los miembros acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.  La ubicación exacta de la ZUT se detalla en un documento técnico de carácter reservado. ZUT en Roberto Payán, Nariño y Putumayo. Estas zonas fueron acordadas con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia, liderada por alias Wálter Mendoza. La primera zona, se estableció en el municipio de Roberto Payán (Nariño), como parte de los acuerdos alcanzados durante el quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y la CNEB. El propósito de esta ZUT es servir como espacio de capacitación y ubicación temporal para los miembros de la disidencia, facilitando su tránsito hacia la vida civil. La zona de Putumayo será complementaria a la zona de Nariño, aunque la ubicación exacta aún no ha sido definida públicamente, se espera que funcione bajo condiciones similares a las de la ZUT en Nariño. ¿Qué retos tienen estas zonas? Las tres ZUT establecidas, pueden tener diversos retos en su implementación. Sin embargo, la que más ha generado controversia es la del municipio de Tibú, debido a la agudización del conflicto, desatado por el ELN en la subregión del Catatumbo. En primer lugar, se ha planteado el riesgo geoestratégico, en tanto implica ubicar al Frente 33, en un territorio históricamente disputado, sin que existan condiciones de seguridad claras. (Pares, 2025). Es claro de que, a pesar, de que la Resolución presidencial contempla la participación de la fuerza pública, el control territorial en el Catatumbo es dinámico y volátil, con una fuerte presencia del ELN, que ha demostrado capacidades militares crecientes, como el uso de drones con explosivos y tácticas de emboscada. La concentración de miembros del Frente 33 en una zona delimitada no solo los vuelve blancos evidentes en el contexto de disputa, sino que podría activar nuevos ciclos de violencia entre actores armados, exacerbando la crisis humanitaria que ya padecen las comunidades. De igual forma, existe incertidumbre frente a la capacidad institucional y operativa en torno al funcionamiento de la ZUT. Aunque la Resolución, estipula responsabilidades sobre seguridad, adecuación territorial, atención integral a poblaciones vulnerables y programas de transformación socioeconómica (como la sustitución de economías ilícitas). Quedan dudas sobre los mecanismos de verificación, la identificación de los miembros del EMBF, y sobre los protocolos logísticos para garantizar su seguridad. Es claro que su implementación depende de una articulación efectiva entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, que aún no se a fortalecido, aun después de haber declarado estado de excepción tras la ola de violencia a comienzos de este año. Por su parte, la instalación de las ZUT para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Nariño y Putumayo, también pueden enfrentar riesgos derivados de la fragmentación interna entre disidencias en territorios altamente disputados. En Putumayo, la situación se agrava por la disputa abierta entre fracciones del EMC encabezados por el Frente Carolina Ramírez, que han sostenido enfrentamientos armados por el dominio de enclaves clave como Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y la frontera con Ecuador. Esta superposición de zonas de influencia, sin una clara delimitación de territorios ni mecanismos de coordinación entre los distintos procesos de diálogo, puede amenazar con desbordar las capacidades institucionales de verificación y control, y poner en riesgo a las comunidades que habitan estos territorios, que podrían verse atrapadas en nuevas escaladas del conflicto armado bajo la implementación de estos acuerdos. Es claro que las ZUT, son un avance en los procesos de negociación territorial que hasta ahora tenían muchos obstáculos. Pero su implementación, no puede ser una experiencia de ensayo y error, y más bien deben prever todos los riesgos posibles. En Colombia ya existen experiencias acumuladas con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) aplicadas en el marco del proceso de paz con las ex Farc en el año 2016, y sin lugar a duda, se pueden generar importantes lecciones que deberían ser consideradas en la implementación de estas nuevas ZUT. Finalmente, uno de los riesgos principales radica en la ubicación geoestratégica de estas zonas, recordemos el caso del ETCR de Puerto Asís en Putumayo o las de Miravalle, Caquetá, que tuvieron que reubicarse por amenazas a firmantes. Situar estas Zonas, en corredores estratégicos de grupos armados, expone a sus ocupantes a amenazas, desplazamientos forzados e incluso asesinatos, lo cual afecta tanto su seguridad, como la legitimidad de los procesos. Por tanto, si las ZUT no vienen acompañadas de una presencia integral, sostenida y coordinada del Estado, podrían convertirse en enclaves de riesgo más que en plataformas de transición a la Paz. Referencias ·       Fundación Paz & Reconciliación (2025). Preocupaciones por la instalación de la Zona de Ubicación Temporal del Frente 33 del EMBF en el Catatumbo. ·       Presidencia de la República. (2025). Resolución Ejecutiva No. 161 del 23 de mayo de 2025, “Por la cual se establece una Zona de Ubicación Temporal y se dictan otras disposiciones”. Bogotá: Diario Oficial. [Archivo PDF]. Disponible en archivo proporcionado por el usuario. ·       República de Colombia. (2022). Ley 2272 de 2022, “Por la cual se prorroga y modifica la Ley 418 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia de paz”. Diario Oficial No. 52.213. ·       República de Colombia. (1997). Ley 418 de 1997, “Normas sobre orden público y mecanismos de paz”. Diario Oficial No. 43.222.

Por: Redacción Pares Desde el pasado 31 de marzo, el presidente de los Estados Unidos estaba intentando por todos los medios cerrar las operaciones del Instituto de Paz de los Estados Unidos, USIP. Ese día, al edificio del instituto, en Washington, ingresaron funcionarios enviados por Trump, que tenían como fin el desmantelamiento del organismo. Esto provocó un enfrentamiento con los empleados del instituto que derivó en una demanda de parte de cinco miembros de la junta directiva, alegando que fueron despedidos ilegalmente de sus cargos. En una primera instancia, la justicia norteamericana, fueron reincorporados a sus puestos de trabajo y se le ordenó a Trump cesar los esfuerzos de su administración para acabar con la USIP. Pero, dos meses después, Steve Hege, exdirector del programa en Colombia, anunció que desde el 31 de mayo las puertas de la institución se cerraron. En los últimos veinte años, este instituto había sido fundamental para los esfuerzos de diversos gobiernos para alcanzar el final del conflicto armado. En todo el mundo, USIP venía trabajando para apagar los conflictos globales desde el año 1984. A través de este comunicado, Steve Hege anuncia el final de las operaciones en el país a pesar de haberle ganado en los estrados la alevosa decisión del gobierno de los Estados Unidos:

Por: Redacción Pares Los números son escalofriantes: durante mayo de este 2025 se han registrado en Barranquilla y su área metropolitana 71 asesinatos, lo que significa una subida considerable teniendo en cuenta que, en ese mismo lapso, en 2024, se registraron 64 homicidios. Estos se distribuyeron de la siguiente forma: en Barranquilla ocurrieron 36, en Soledad 17, en Malambo 7 casos y en Puerto Colombia 4. En las últimas horas, una masacre conmocionó a la ciudad. Ocurrió en la noche del 2 de junio a las 10:15, muy cerca del peaje de Los Papiros en plena Vía al mar. Allí, en una cabaña, se realizaba una fiesta electrónica privada. Cuatro hombres llegaron en motos al lugar y empezaron a disparar. En el lugar fueron asesinadas: Maciel Karina Gómez quien era la DJ encargada, Ronald José Alarcón y Luis Alfredo Vergara. La fiesta había empezado en la mañana del domingo y se extendió durante horas. El ataque estaría dirigido hacia una de las nueve personas que resultaron heridas en el lugar. Se trata de Raúl Henao Farías, a quien le dicen el Choco y quien estaba en ese lugar. A él le dispararon en el fémur. El motivo del ataque fue un problema con las cuentas del grupo. Alias el Choco, según información de El Heraldo, se habría enfrentado con uno de los líderes de esa banda, alguien a quien le dicen el Turco. “Los Costeños” son un remanente de “Los Rastrojos” y los principales protagonistas de la ola de criminalidad que vive Barranquilla. Siguiendo el rastro de estos delincuentes, podemos encontrar su origen en el Valle del Cauca, a comienzos de este siglo, cuando se convirtieron en el ejército personal de alias Jabón. Los “Rastrojos costeños” viven del sicariato y la extorsión. Uno de sus máximos líderes, el Negro Ober, está encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, después de aparecer en un video en el que amenaza con matar a comerciantes de Barranquilla y Soledad si no le cambiaban las condiciones de reclusión, una amenaza que también surgía por la detención de su compañera sentimental. Con el paso de las horas, se espera saber más detalles sobre lo que sucedió en esta masacre en Puerto Colombia, ya que al parecer varios de los heridos tienen antecedentes judiciales.

Por: Redacción Pares Es bueno repasar en qué va el juicio de Uribe y, además, ante la pobre cobertura de los medios de comunicación tradicionales, es importante recordar sus principales hitos. No hay que olvidar que fue Uribe quien denunció, primero en 2012, a Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Tres años atrás, Cepeda había viajado a las cárceles en Estados Unidos donde estaban comandantes paramilitares como Mancuso, que empezaron a hablar de supuestos vínculos de Uribe con ellos. En 2014, es cuando Iván Cepeda le arma debate a Uribe intentando probar que él y su hermano Santiago, junto con los hermanos Villegas, crearon el Bloque Metro de las AUC. Inmediatamente, esa tarde, Uribe demanda a Cepeda ante la Corte Suprema por manipulación de testigos. El fallo sale en 2018 y se convierte en un boomerang contra el expresidente. Desde esa fecha se le devolvió la denuncia. Uribe renuncia a su curul de senador para no ser juzgado por la Corte y sí por la Fiscalía. En ese momento, encabezada por Francisco Barbosa. Allí tuvieron suficiente tiempo para dilatar el proceso hasta que llegó la fiscal Luz Adriana Camargo. La jueza Sandra Liliana Heredia ha sido vital para que el caso no precluya, a pesar de los intentos dilatorios de la defensa del expresidente, encabezada por Jaime Granados. La fecha de preclusión es el 8 de octubre. En este momento, la defensa está mostrando a sus testigos, algunos de ellos envueltos en polémica como el papá de Monsalve, quien, según mostró Coronell, estaría libreteado. Así lo denunció el periodista en La W Radio.  La defensa de Iván Cepeda denunció a uno de los testigos presentados por el equipo jurídico de Uribe: Óscar Monsalve, quien fue mayordomo de la finca Las Guacharacas, por presunto fraude procesal. Según unos audios del pasado 19 de mayo, se escucha cómo Óscar Monsalve recibía instrucciones de cómo debía responder a las preguntas en el juicio de Uribe y que, según se pudo escuchar en los audios presentados por Coronell, estaba destinado para “cagar” a Cepeda. En lo que se alcanza a escuchar, se puede determinar que el señor Monsalve conocía previamente las preguntas que le iban a hacer en el juzgado: “Esas preguntas me las van a hacer allá. ¿Usted conoce a Uribe? Lo vi una vez como a una cuadra de retirado. ¿Ha hablado con él? Nunca he hablado con él. Ni el saludo nos hemos dado". En la denuncia que presentó la defensa de Cepeda queda establecido lo siguiente: “en las grabaciones queda en evidencia que Óscar Monsalve Correa en su declaración tenía por propósito hacer manifestaciones calumniosas y mendaces en contra de la víctima, el senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro, y, para eso, se escucha en la grabación que dice que hay que ‘cagarse a Iván Cepeda’ y al mismo tiempo decir que ‘no conocía a Uribe’, todo por indicaciones de Juan Guillermo Villegas”. Hay confianza en que no se dé el principal objetivo de la defensa de Uribe: lograr que el caso precluya.

Por: León Valencia Nadie podría haberlo dicho. En Europa líderes y gobiernos conservadores o socialdemócratas moderados encabezan la resistencia al nacionalismo de Donald Trump, a su agresiva política arancelaria, a su postura frente a la seguridad mundial, al abandono de las responsabilidades de Estados Unidos en los organismos multilaterales y a la ruptura de valores fundamentales para occidente.   En Alemania Friederich Merz, líder de los demócratas cristianos, prefirió conformar gobierno con el Partido Socialdemócrata Alemán [PSD] que obtuvo la más baja votación desde la segunda guerra mundial en las elecciones de febrero de 2025 y desechó a la ultraderecha, que dio un gran salto electoral, con la clara intención de fortalecer la unidad europea y acometer tareas de cohesión y seguridad.   Emmanuel Macron, el presidente de los franceses, quién ha sido un crítico de la política norteamericana desde el inicio de su mandato, no la tuvo fácil para conformar un gobierno con centristas y liberales, después de que una coalición de izquierdas, en cabeza de Jean-Luc Mélenchon, recibió la mayor votación y la ultraderecha volvió a asustar a los galos con su imparable ascenso en las elecciones de julio de 2024. La coalición de Macron es débil internamente, pero tiene un importante juego en la arena europea y en el contexto mundial.   Donald Tusk, primer ministro, a la cabeza del gobierno de Polonia, ha protagonizado una férrea oposición a la invasión de Rusia a Ucrania y a los acercamientos de Trump con Vladimir Putin. Perdió, en las elecciones del pasado domingo primero de junio, el pulso con la ultraderecha que logró poner en la presidencia a Karol Nawrocki. Pero, aun así, Nawrocki, tendrá que mantener una distancia con Estados Unidos dada la sensibilidad que despierta en los polacos la actitud de Trump en el conflicto entre ucranianos y rusos.   Keir Starmer, un abogado de derechos humanos de gran sensibilidad social es un caso aparte. Asumió el liderazgo del Partido Laborista en abril de 2020, después de la grave derrota en las elecciones de 2019 y de 10 años de gobiernos de derecha. Se propuso la modernización partidaria y la recuperación de la confianza de los ingleses en su partido, triunfó en esta dispendiosa tarea y las urnas les sonrieron de nuevo a los laboristas en las elecciones de julio de 2024.  Ahora, no ahorra tiempo en dejar atrás el fracasado Brexit y regresar al seno de la Unión Europea con el ánimo de participar activamente en la resistencia a Donal Trump.   Pedro Sánchez, presidente de España, uno de los cinco países grandes de Europa, ha sido, quizás, el crítico más duro de la política de Donald Trump y ha sobrevivido a la feroz oposición que han desatado el Partido Popular y Vox, partidos de derecha y ultraderecha, en medio de mayorías precarias en el congreso de los diputados. Las dificultades internas no le han permitido Sanchez jugar en los últimos tiempos un papel de liderazgo en Europa; pero, aun así, es un bastión de la resistencia a la actual política norteamericana.   En América Latina la situación es distinta. Son caracterizados líderes de izquierda quienes asumen la riesgosa tarea de tomar distancia de Donald Trump. Inácio Lula Da Silva en Brasil; Claudia Sheinbaum en México; Gustavo Petro en Colombia; y Gabriel Boric en Chile. Estos presidentes, que encabezan las tres principales economías de la región, afrontan el triple reto de promover reformas sociales; proteger las instituciones democráticas, tanto de la ofensiva de la derecha populista, como de las autocracias de izquierda; y redefinir su ubicación en la geopolítica mundial, buscando nuevos acercamientos con China y con la Unión Europea.   Dos fotografías son emblemáticas de esta nueva y dolorosa era de las relaciones internacionales. Una, es reciente, del 10 de mayo en Kiev, aparece Macron, Merz, Starmer y Tusk y al centro la imagen de Volodomir Zelenski. La dos, tiene ya algunos meses, es de noviembre de 2024 en Rio de Janeiro y aparecen Lula, Sheinbaum, Petro y Boric.   El cuarteto de la fotografía de Kiev le sirvió a Luisa Corradini como ilustración de un artículo para el Grupo de Diarios de América [gda] publicado en El Tiempo este domingo primero de junio. Corradini, describe con detalle, los esfuerzos que se hacen en Europa para recoger 150 millones de euros con el fin de dotar con nuevos equipamientos y estrategias la seguridad a los países huérfanos ahora de la protección norteamericana; también, para poner en práctica medidas económicas que permitan paliar los graves efectos del proteccionismo de los Estados Unidos.   La imagen con el cuarteto de presidentes de Latinoamérica fue difundida por Claudia Sheinbaum en su cuenta de X con un texto que en pocas palabras lo dice todo: “América Latina unida. Nos encontramos con nuestros amigos los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Chile, Gabriel Boric Font, y Colombia, Gustavo Petro Urrego en la Cumbre de Líderes del G20”.   En Canadá y Australia no se quedan quietos. Estos dos países han participado en algunas reuniones de Europa y están explorando la posibilidad de vincularse a la Unión Europea. Todo dependerá de la manera como se desarrolle el temerario plan de Donald Trump.  Las primeras medidas de Trump y el alocado anuncio de que quería anexar a Canadá, causaron tanto estupor en el país vecino que transformaron el escenario electoral. Antes del triunfo de Trump, el conservador Pierre Poilievre, ganaba por amplio margen la competencia por la presidencia de Canadá,  pero en abril  de 2025 las urnas le dieron el triunfo al liberal Mark Carney con el claro mandato de distanciarse de Estados Unidos.   El tiempo dirá en que termina el desafió de un hombre, Donald Trump, y de un país, Estados Unidos, al mundo entero. Si la locura nos lleva al desastroso escenario de una guerra como ocurrió en las décadas del treinta y el cuarenta del siglo pasado, o, lo que se produce, es un traumático reacomodo de la política mundial en el cual Estados Unidos cede su liderazgo y da paso a un mundo auténticamente multipolar.

Por: Redacción Pares El horror no para en Gaza. Desde el 7 de octubre de 2023 la guerra cesa por momentos muy cortos. La venganza de Israel se enfrascó en la población más inocente, la de mujeres y niños, la de hombres hambrientos. Desde el comienzo de la arremetida israelita sus balas y bombas se han centrado en destruir hospitales, colegios, complejos de vivienda. Los críticos a Netanyahu hablan de exterminio al pueblo palestino. En la lista interminable de los horrores, este fin de semana, volvió a suceder lo que no tiene nombre. En la ciudad de Rafah hay varios centros de refugiados, de personas que esperan ser atendidas porque están heridas, porque sus hijos tienen hambre. Mientras llegaba un camión con ayuda humanitaria, arribaron también tanques y drones artillados con municiones. Sin mediar palabra comenzaron a disparar contra la población. Hasta el momento, el saldo de personas asesinadas es de 27 y otras 90 están heridas. Según el alto comisionado para la ONU Volker Turk estos ataques mortales constituyen “crímenes de guerra”. Es la tercera vez que este tipo de ataques ocurren en lugares como estos, en donde la gente simplemente se aferra a una esperanza. El problema que se ha tenido con la ayuda recibida por la organización Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) es que es una mezcla entre organizaciones norteamericanas e israelitas y sus orígenes son bastante extraños. No se ha encontrado una forma eficaz de llevar ayuda a las víctimas del conflicto Israel-Palestina. La ayuda humanitaria no puede depender de Israel, teniendo en cuenta el evidente odio que sienten hacia sus vecinos. Paralelo a esto, los bombardeos no cesan. El domingo en la noche, mientras una multitud se dirigía a recibir alimentos en un centro de acopio, fueron bombardeados de manera indiscriminada. El resultado fue 31 palestinos muertos y 171 heridos. Hay que recordar, todo el tiempo, el número de víctimas y lo asombroso que puede resultar el hecho de que no se hayan tomado medidas más duras para repeler y condenar a Israel. En los 600 días de confrontación ya van 54.470 muertos, el 90% de ellos gazatíes, y una considerable mayoría son mujeres y niños, y 124.463 heridos. Este fin de semana también se elevó otra denuncia que habla a las claras de lo difícil que está siendo cubrir el conflicto. Reporteros sin fronteras habla de más de 200 periodistas asesinados por Israel y está exigiendo que los dejen entrar a ese territorio para poder cubrir la noticia y mantener al mundo informado sobre lo que ya tiene nombre: genocidio. La respuesta de Israel sigue siendo espesa.

Por: Redacción Pares D1, desde que abrió sus puertas en 2009, se convirtió en un referente de precios bajos. En 2015 el grupo Santo Domingo, a través del grupo Valorem, adquirió estos almacenes populares por sus bajos costos. Sin embargo, hay una sombra que empieza a posarse sobre él. Se trata del fantasma de la explotación laboral. En las últimas semanas un tema ha estado candente: el de los derechos laborales de los colombianos. La reforma laboral ha sido una de las banderas del presidente Gustavo Petro y ha sido plenamente respaldada en las calles y dentro de la opinión pública. Se necesita que, por parte de los empresarios, se respete a sus empleados. Por eso sorprende tanto que los D1 tengan supuestos problemas referentes a la explotación laboral. El propio ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que los empleados, supuestamente, estarían trabajando 12 horas al día. Sus trabajadores no han recibido el beneficio del pago de las horas extras. El ministro se basó en una nota que publicó el noticiero de Señal Colombia, en la que se afirma que en 2024 la cadena de supermercados tuvo utilidades por 373.000 millones que equivalen a lo que ganan 225.000 trabajadores al mes. El ministro ordenó una investigación inmediata. Las directivas de D1, ante esta acusación, decidieron responder con un comunicado contundente en donde se refiere a lo siguiente: “La compañía cumple con toda la normatividad legal en Colombia y mantiene un firme compromiso con el bienestar, la seguridad y el desarrollo de sus más de 24.600 empleados directos con contrato laboral a término indefinido en todo el territorio nacional, lo que nos posiciona como uno de los mayores empleadores formales del país”. En este momento, según la empresa, se cuenta con 24.000 empleos en donde el mismo número de personas tiene un contrato a término indefinido. Además, se ha afirmado que las organizaciones sindicales disponen de una continua comunicación con las directivas de la empresa. La empresa hizo la advertencia de cuidarse mucho sobre cadenas de desinformación, que lo único que buscan es desprestigiar a una de las marcas más conocidas del país.