Por: Pares Pacífico. Como parte de sus actividades de investigación, la oficina regional Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación presenta a continuación el informe sobre la implementación de los PDET en la subregión pacífico medio, sobre el estado actual de las garantías de seguridad para los grupos étnico raciales en el país, y sobre la implementación del programa PNIS a nivel nacional y en los territorios étnico-raciales. Más que un análisis de indicadores convencionales sobre los avances en los compromisos del Acuerdo de Paz, este informe busca poner en evidencia las preocupantes tendencias de estancamiento en la implementación del PDET pacífico medio -especialmente en el departamento del Cauca-, de desfinanciación de los PNIS al nivel nacional y en los territorios étnico-raciales, y de falta de garantías de seguridad para las y los líderes étnico-raciales y sus organizaciones. En el caso de la implementación de los PDET en el Pacífico Medio, llama la atención que la subregión concentra el mayor porcentaje de población que se reconoce en alguna categoría étnico-racial del Censo, además, es importante destacar que su elaboración contiene una gran cantidad de expresiones de diversidad étnica/racial y cultural en comparación con otros PDET, y esto tiene que ver con que desde el inicio de los pactos comunitarios hasta el pacto subregional, las organizaciones que integran la mesa lograron imponer parte de sus condiciones en lo que consideraban debía contener el documento final y, a pesar de que algunos elementos no llegaron a ser parte de las iniciativas, las que fueron incorporadas son resultado de una elaboración propia y articulada entre los grupos étnico-raciales que integran el Pacífico Medio. El principal lunar en la implementación de los PDET en la región pacífica media es sin duda la decisión de hacer una fusión con el PDET Alto Patía- Norte del Cauca y establecer la coordinación en Popayán, esto fue recibido por las organizaciones como una manifestación más del racismo institucional y por eso su principal reclamo es devolver la coordinación a la ciudad de Buenaventura donde encuentran mayores posibilidades de interlocución y gestión de recursos. Desde la oficina pacífico de Pares consideramos que la decisión del gobierno Duque ha sido la de poner a agonizar el PNIS al limitarlo negándose a vincular nuevas familias (apenas 1,700 en 2019), al individualizar la intervención y no avalar los acuerdos colectivos ni respaldar el proceso en los territorios étnico-raciales, al desfinanciarlo a una cuarta parte de lo que se requería en lo presupuestal, al escudarse en el espejo retrovisor señalando que el anterior Gobierno falló en la estructuración y sobre todo, por apostarle a la erradicación forzada como política antidrogas continuando la guerra fracasada contra este flagelo. Descargue aquí el informe completo

Por: Luis Eduardo Celis Según el pueblo Kogui, que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde su tradición cultural, son nuestros hermanos mayores. Ellos viven en el centro del mundo y los hermanos menores fuimos desterrados de allí porque hemos cometido graves faltas contra la madre tierra. La dura realidad presente les da la razón, para los Kogui la humanidad debe recorrer un camino de regreso repensando su relación con la naturaleza y consigo misma, o si no cosechará lo que ha sembrado, que no es otra cosa que un camino de autodestrucción del cual se debe apartar o perecer. Es el mismo mensaje del panel de expertos y científicos frente a la crisis climática: o cambiamos o pereceremos. (Hay que invitar a los Kogui al próximo panel de expertos). Durante la visita del presidente Gustavo Petro a Alemania hemos recibido la buena noticia que dos máscaras de la cultura Kogui, que fueron llevadas por el investigador Konrad Theodor Preuss en 1915 al Museo de Etnología en Berlín, regresarán a Colombia y al seno del pueblo Kogui. Según historiadores, las dos máscaras datan de mediados del siglo XV y, por tanto, se crearon antes de la conquista española. Son de madera y se denominan “máscara del sol” (Mama Uakai) y “máscara del sol grande” (Mama Nuikukui Uakai o Malkutše). La entrega al presidente Gustavo Petro de las dos máscaras Kogui la presidió el señor Frank-Walter Steinmeier en el Museo Etnológico de los Museos Nacionales de Berlín, en su condición de presidente de Alemania. Para llegar a la buena noticia del regreso de las máscaras, han sido ocho años de relación del señor Steinmeier con el pueblo Kogui, y en todo el proceso fue clave el largo vínculo de Juan Mayr con estos hermanos mayores, y quien en su condición de nuestro embajador en Alemania le acompañó a un encuentro en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas son las palabras y el relato del señor Steinmeier de su vínculo con los Kogui, las cuales las presentó en la ceremonia de devolución delante del presidente Gustavo Petro: “Sin embargo, este día es para mí una alegría muy especial y también un gran honor por otra razón. Porque hoy se completa una historia muy cercana a mi corazón personal. Cuando en 2015 se me permitió visitar por primera vez a los Kogui en lo alto de las montañas de la Sierra Nevada —entonces en una función diferente— tuvimos muchas oportunidades de intercambio. Aprendí mucho sobre la historia de los Kogui, sus tradiciones y su forma de vida. Y recuerdo el regalo de despedida: una pulsera con una bendición especial. La llevé hasta que se desintegró años después. Pero en otra reunión con representantes Kogui en Bogotá, en 2017, renovaron el regalo, y de nuevo lo llevé durante muchos años. Estos encuentros han permanecido inolvidables para mí. Para mí hoy se cierra un círculo con esta pequeña celebración en el Palacio de Bellevue. Estas dos máscaras, que llevan más de un siglo en el Museo de Berlín, tienen un gran significado sagrado para los Kogui. Me complace que hoy puedan volver a Colombia dos máscaras que el entonces director del Museo Etnológico de Berlín, Konrad Theodor Preuss, trajo a Berlín de una visita de investigación en 1915. Estas máscaras son sagradas para los Kogui, son ‘seres importantes desde el origen de los tiempos’, como dijo una vez Mama Pedro Juan Noevita, y cito: 'Deben estar donde puedan ayudar a la naturaleza para que esté en armonía con los Kogui y el pueblo’. Lo mucho que los Kogui viven en armonía con la naturaleza me causó una profunda impresión durante mi visita. Y estoy convencido de que nosotros, los habitantes de los países industrializados del norte, podemos aprender mucho de los Kogui cuando se trata de preservar nuestro medio ambiente y nuestros medios de vida naturales para las generaciones futuras”. El regreso de las máscaras Kogui es una buena noticia, en la que se ve el trabajo del canciller Álvaro Leyva; de Laura Gil, que en su condición de vicecanciller le dio un impulso a la repatriación del patrimonio cultural colombiano hoy en muchos museos europeos y de los Estados Unidos;,de la actual embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar Mejía; y el trabajo del Ministerio de Cultura y el ICANH.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Congreso de la República aprobó esta semana el proyecto legislativo que establece la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia. Con un contundente respaldo de 76 votos a favor y solo dos en contra, el Senado dio su aprobación en octavo debate a este acto legislativo, que modifica la Constitución para implementar una justicia especializada en asuntos agrarios y de tierras. Este proyecto, que surge como resultado del primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016, tiene como objetivo principal saldar la deuda histórica que el Estado Colombiano tiene con el campesinado, que ha sido una de las principales víctimas del conflicto armado en el país. La aprobación de este proyecto en el Congreso, luego de haber pasado por ocho debates, representa un significativo avance en la implementación de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz. Es importante destacar que se logró la conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes, donde se unificaron los textos aprobados en un solo texto para que pase a sanción presidencial. El proyecto legislativo introduce una jurisdicción agraria y rural encargada de administrar justicia, lo cual implica una modificación al artículo 116 de la Constitución. Sin embargo, es importante aclarar que este proyecto no implica la creación de una nueva corte, sino que se mantienen las funciones existentes de las cortes en relación a la resolución de conflictos, investigaciones de tierras y destituciones de propiedades. Además, redistribuye las nuevas funciones que dejó el acto legislativo a Corte Suprema y Consejo de Estado. Una vez sancionada, la Jurisdicción Agraria y Rural será responsable de resolver los litigios relacionados con temas de tierras y asuntos agrarios. Esto supone un hito significativo para el reconocimiento y la protección de los derechos de los campesinos, así como para promover la igualdad con un enfoque de género, etario y territorial. Cristian López, asesor del Ministerio de Justicia, afirmó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural representa un cumplimiento por parte del Gobierno Nacional hacia el movimiento campesino. Además, destacó que esta medida honra los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en el Acuerdo Final de Paz (2016) y cumple con las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU288 de 2022. En cuanto a su implementación, López mencionó que esta jurisdicción implica que las comunidades rurales y campesinas del país contarán, por disposición constitucional, con acceso a una justicia especializada en derecho agrario. Esto permitirá abordar de manera adecuada la especificidad y singularidad de los asuntos agrarios y rurales en Colombia. Asimismo, señaló que la Jurisdicción Agraria refuerza el compromiso del Estado para consolidar y unificar la jurisprudencia especializada en derecho agrario, facilitando la resolución pacífica de conflictos y brindando una mejor administración de justicia para las comunidades campesinas y los habitantes de las zonas rurales. Los conflictos de naturaleza agraria y rural han sido una parte central del conflicto armado en Colombia. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la Jurisdicción Agraria, según López, será contribuir a la construcción de la paz a través del acceso a la justicia, la seguridad jurídica en las zonas rurales y la protección de los derechos de las comunidades campesinas. La creación de una jurisdicción especializada en derecho agrario es un paso fundamental para alcanzar estos propósitos. En términos más concretos, el objetivo de esta nueva jurisdicción es establecer una infraestructura judicial sólida en el campo colombiano, con la capacidad de resolver de manera integral los asuntos relacionados con la agricultura y la ruralidad. Esto se logrará mediante el uso de criterios, principios y procedimientos propios del derecho agrario. El resultado esperado es una administración de justicia ágil y eficiente, con una presencia robusta a nivel territorial y plena comprensión de las particularidades que involucran los conflictos en el ámbito rural y agrario. La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, destacó la importancia de esta ley para solucionar las crisis que Colombia ha enfrentado durante años en torno a la tenencia de la tierra. Se estima que más del 60% de las personas que poseen tierras en zonas rurales lo hacen de manera informal, lo que genera una gran inseguridad jurídica. Con la Jurisdicción Agraria, se espera brindar seguridad jurídica en la propiedad de la tierra y resolver los conflictos de manera rápida y efectiva. Se espera que esta jurisdicción contribuya significativamente a la resolución de los conflictos de tierras en las zonas rurales. Cristián López hizo énfasis en que, en primer lugar, es importante recordar que hasta ahora los conflictos agrarios de naturaleza civil eran tratados por jueces civiles que tenían que lidiar con numerosos casos distintos a los de índole agraria o rural. Esto, en muchas ocasiones, resultaba en demoras en la atención oportuna de los conflictos y en el uso de criterios del derecho civil tradicional para resolver asuntos que requieren un conocimiento especializado en derecho agrario. Además, la singularidad de los asuntos agrarios y rurales implicaba que un mismo predio pudiera estar involucrado en conflictos que, hasta ahora, requerían la intervención de dos jurisdicciones distintas: la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esto a menudo conducía a interpretaciones divergentes por parte de ambas jurisdicciones y a la superación de plazos razonables para resolver los conflictos en su totalidad, a pesar de los esfuerzos de la Rama Judicial. Con base en estas consideraciones, López mencionó que se espera que la Jurisdicción Agraria y Rural contribuya a la solución de los conflictos de tierras en las zonas rurales a través de los siguientes aspectos: el establecimiento de una sólida infraestructura judicial especializada en asuntos agrarios y rurales a nivel territorial en Colombia; la designación de jueces con dedicación exclusiva para resolver los asuntos agrarios y rurales, lo que promoverá una administración de justicia más ágil para el campo; la resolución de los conflictos agrarios y rurales utilizando criterios, principios y procedimientos propios del derecho agrario, lo cual garantiza una administración de justicia comprensiva de la singularidad de estos conflictos; y la consolidación de jurisprudencia y precedentes especializados en materia agraria y rural, lo que contribuirá a definir un marco legal sólido en los asuntos de referencia. Cabe señalar que el proyecto establece que el Consejo Superior de la Judicatura será responsable de implementar gradualmente la ejecución de este acto legislativo, lo cual incluye la creación de tribunales y juzgados agrarios y rurales. Estos espacios de justicia agraria tendrán un enfoque prioritario en las zonas rurales y dispersas, conocidas como PDET, y recibirán recursos gubernamentales para su adecuada implementación. Con la aprobación de este proyecto legislativo, se da un paso adelante en el fortalecimiento del sistema judicial y en la garantía de acceso a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente aquellos que se dedican a la agricultura y enfrentan desafíos relacionados con la tierra. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, enfatizó que esta medida es fundamental en el proceso de construcción de la paz, ya que gran parte del conflicto colombiano ha estado ligado a la cuestión de la tierra. Es importante destacar el respaldo recibido por parte de la Agencia Nacional Campesina, que considera que este proyecto de ley salda la deuda histórica que el Estado ha tenido con el campesinado. Como principal víctima del conflicto armado, el campesinado ha sufrido desplazamientos forzados, despojo de tierras y violencia, por lo que esta medida representa un avance significativo en el reconocimiento de sus derechos y en la búsqueda de justicia. Según dicha Agencia, entre 1958 y 2019, al menos unos 7 millones de campesinos y campesinas han sido víctimas del conflicto, al igual que unos 6 millones de hectáreas fueron despojadas o abandonadas de manera forzada. La Jurisdicción Agraria y Rural no solo se enfocará en la resolución de conflictos, sino que también buscará promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, tanto de manera individual como asociativa. Además, se establecerá un trazador presupuestal para hacer seguimiento al gasto e inversión destinados a la población campesina en las zonas rurales y rurales dispersas. Esto permitirá un mejor direccionamiento de los recursos para satisfacer las necesidades de las comunidades campesinas. Con la conciliación y la sanción presidencial por venir, la implementación efectiva de esta ley será un hito trascendental en la consolidación de la paz y la justicia social en Colombia. La Jurisdicción Agraria y Rural abre un camino hacia la reparación y el reconocimiento de los derechos de los campesinos, quienes han sido fundamentales en la historia y el desarrollo del país. Por último, es importante resaltar que, según destacó Cristian López, asesor del Ministerio de Justicia, la reforma constitucional establece en su artículo 3° que el Consejo Superior de la Judicatura llevará a cabo la implementación gradual y progresiva de los Juzgados y Tribunales Agrarios y Rurales en un plazo máximo de seis (6) meses posteriores a la aprobación del Acto Legislativo. Es fundamental destacar que esta implementación se realizará sin perjuicio de lo que la ley que desarrollará la Jurisdicción Agraria y Rural establezca. De esta manera, se busca garantizar una pronta puesta en marcha de la nueva jurisdicción especializada en asuntos agrarios y rurales, brindando un marco temporal definido para su establecimiento y funcionamiento eficiente.

Por: Dennis Huffington, Investigador Territorial Oficina Pares Pacífico Hoy 15 de junio se llevó a cabo la primera jornada del Encuentro Nacional de Juventudes por la Paz, la inclusión y la Participación en Buenaventura, al que asisten diversas organizaciones juveniles de diferentes partes del país. Al llamado acudieron delegaciones del Cauca, Chocó, Meta, Risaralda, Caquetá, Bogotá, Valle del Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Antioquia. El encuentro lo coordina la Fundación Paz y Reconciliación en alianza con USAID Colombia, Fhi360, Ayuda en Acción, Fundación Corona, Viva la Ciudadanía, Bienestar Familiar, Instituto Holandes para la Democracia Multipartidaria, Redprodepaz, Agenda Jóven, SUEJE, Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemán, Instituto Colombo-Alemán para la Paz, Extituto, Codhes y PNUD. Para su desarrollo se trabajó sobre 10 líneas temáticas divididas en 10 mesas: (1) Inclusión socioeconómica, (2) Transformación del Territorio, (3) Construcción de paz, (4) Participación política y protesta, (5) Derechos Humanos, (6) Política de drogas, (7) Género y diversidades, (8) Desarrollo rural integral, (9) Migración y víctimas y (10) Cambio climático. En ellas se busca construir soluciones conjunta entre las expresiones juveniles de los diferentes territorios a los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes en términos de inclusión socioeconómica y acceso al empleo y emprendimiento; conocer las iniciativas comunitarias y territoriales que existen actualmente para promover la transformación del territorio y mejorar la calidad de vida de los jóvenes rurales; saber cuáles son los espacios de incidencia juvenil más efectivos para promover la participación política y la protesta pacífica; el papel de la educación y la salud en la garantía y promoción de los derechos humanos de los jóvenes, especialmente de aquellos que son víctimas o están privados de libertad; las principales consecuencias negativas de la actual política de drogas en nuestra sociedad; las principales dificultades y desafíos que enfrentan las personas migrantes y las víctimas de reclutamiento en nuestro país; los principales desafíos para lograr un desarrollo rural integral y cómo pueden las juventudes desempeñar un papel activo en la construcción de paz en estas áreas. Además, de conocer cómo los diálogos locales y regionales pueden contribuir a la construcción de paz en un país diverso étnica y culturalmente como el nuestro, para desde ahí definir cómo promover una mayor igualdad de género y protección de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI en nuestra sociedad y las acciones más efectivas que pueden tomar para enfrentar el cambio climático, conservar los ecosistemas y promover formas de producción amigables con el medio ambiente. El encuentro continuará el día de mañana, cuando los y las jóvenes socializarán las posibles soluciones y propuestas a estas problemáticas a nivel nacional con enfoques territorializados en plenaria y posteriormente se les entregarán a las delegaciones del Gobierno Nacional que asisten al evento como firma de compromiso.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Congreso de la República aprobó en su último debate el acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos y de especial protección constitucional. Con 149 votos a favor y ninguno en contra, la iniciativa produce un gran avance para la población campesina, que ha luchado durante años por este reconocimiento. El proyecto de acto legislativo modifica el artículo 64 de la Constitución Política, agregando una mención que establece que “el campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección” y reconociendo que “las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos”. Además, se enfatiza en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, mejorar la productividad agrícola, impulsar tecnologías de transformación y estrategias de comercialización, proteger el medio ambiente y preservar las tradiciones y costumbres campesinas. El coordinador ponente del proyecto, Diógenes Quintero, expresó su satisfacción por este logro: “lo hemos conseguido, desde hoy los campesinos tienen nuevos derechos y protección especial. Por unanimidad, la plenaria de la Cámara aprobó el acto legislativo en último debate que reconoce al Campesinado como Sujeto Político de Derechos y de Especial Protección Constitucional”. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también celebró la decisión y destacó que esto permitirá saldar una deuda histórica del Estado con los territorios campesinos. Según Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el reconocimiento del campesino como sujeto especial de derechos individuales y colectivos implica una responsabilidad adicional para el Estado en cuanto a garantizar dichos derechos. Bonilla explica que este reconocimiento fortalece la participación política del campesino, lo cual es de gran importancia. Además, resalta que la protección no se limita únicamente a la producción de alimentos, sino que abarca otras dimensiones como la cultural, política y ambiental de la economía campesina. Esto está estrechamente relacionado con la soberanía alimentaria del país, lo cual tiene una relevancia supremamente significativa. Por último, Bonilla menciona que esta aprobación representa una especie de reparación para los campesinos, quienes han sido históricamente marginados y afectados por la violencia. En ese sentido, considera que esta aprobación es un mandato para transformar las condiciones de discriminación que han enfrentado los campesinos. Aunque el proyecto ha sido aprobado por unanimidad, aún quedan etapas por cumplir. El acto legislativo deberá pasar por un proceso de conciliación, luego será revisado constitucionalmente y finalmente estará listo para su sanción presidencial. La aprobación del proyecto ha sido celebrada por diversos congresistas y representantes. Edward Sarmiento, del Pacto Histórico, resaltó la importancia de garantizar servicios básicos como agua, salud, educación y conectividad para la población campesina. La representante Leyla Rincón, del Huila, manifestó que ahora los campesinos tienen derechos y protección constitucional especial. Además, se destacó la voz del movimiento campesino, que expresó su alegría por el reconocimiento y señaló que la Constitución y la ley protegen y garantizan los derechos políticos de los campesinos y campesinas. Este proyecto de acto legislativo tiene como objetivo principal que el Estado garantice el derecho de los campesinos a la participación ciudadana, así como velar por sus derechos individuales y colectivos, en concordancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Laura Bonilla resaltó la presencia de un equipo interesante en el Ministerio de Agricultura durante este Gobierno, incluyendo a destacadas viceministras. Sin embargo, también señaló que los desafíos que se enfrentan son enormes. Reconoció que la reforma agraria no se llevará a cabo en un corto plazo, pero considera que este ministerio puede sentar las bases para avanzar en ese sentido. Además, Bonilla destacó la importancia de la jurisdicción especial agraria, y considera que haber progresado en ese aspecto es un paso significativo para lograr una distribución más equitativa de la tierra en el país. No se trata únicamente de la cantidad de tierra que los campesinos poseen, sino también de las condiciones en las que pueden ejercer sus funciones y labores. Laura Bonilla resaltó la vulnerabilidad del campesinado, quienes enfrentan numerosas barreras de acceso a derechos fundamentales en Colombia, especialmente las mujeres campesinas, y mencionó que estas barreras están relacionadas con su condición de campesinos y con su actividad principal en el sector agrícola. Es extremadamente difícil para la población campesina obtener ingresos suficientes a partir de su labor agrícola, y también enfrentan dificultades en el acceso a servicios básicos como educación, salud y vías de transporte adecuadas. Estos son aspectos fundamentales que, a diferencia de otros reconocimientos otorgados a comunidades indígenas o comunidades negras y afrodescendientes, no se les ha garantizado a esta población campesina. Cabe señalar que Colombia enfrenta desafíos significativos en cuanto a la situación del campesinado, ya que según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el 86% de los hogares campesinos trabajan en la informalidad y el 29,3% se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Además, el acceso a servicios básicos es limitado, ya que solo el 29,8% de los hogares campesinos tiene acceso a internet y el 30,6% no posee la propiedad de sus viviendas. Estas cifras reflejan la difícil realidad que enfrenta el campesinado en Colombia. La deserción escolar en zonas rurales ha aumentado significativamente, pasando del 4,6% al 30,1% entre 2019 y 2020. Además, la concentración de la tierra es un problema evidente, ya que 501 predios concentran más del 44% del área disponible en el país, dejando solo el 0,5% de la tierra para más del 48% de los predios campesinos. Ante esta situación, el proyecto de acto legislativo busca reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los campesinos. Se estima que más de seis millones de campesinos se podrían posiblemente beneficiar de esta iniciativa, que incluye el reconocimiento a la tierra y la territorialidad campesina, así como disposiciones sobre consulta popular. El objetivo es garantizar el acceso progresivo a la tierra, así como el acceso a servicios básicos como educación, salud, vivienda, seguridad social y crédito. El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos es fundamental para fortalecer la seguridad alimentaria del país, ya que son ellos quienes producen el 70% de los alimentos que llegan a la canasta familiar. Es necesario trabajar en políticas que promuevan su desarrollo, mejoren sus condiciones de vida y les brinden oportunidades de crecimiento económico sostenible. Se espera que este proceso se realice de manera expedita para que los campesinos puedan comenzar a disfrutar de los derechos y protecciones establecidos en esta importante reforma constitucional. El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos es un paso significativo que podría resolver rápidamente conflictos sobre la tenencia de la tierra, ayuda al acceso a la justicia para dichas comunidad y guía hacia una sociedad más justa e inclusiva, en la que se valore y respete el importante papel que desempeñan en la producción de alimentos y en la preservación del medio ambiente. Ahora queda en manos de las autoridades y de la sociedad en su conjunto garantizar que este reconocimiento se traduzca en políticas y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de los campesinos y promuevan su desarrollo integral.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La ceremonia de cierre del tercer ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana, Cuba, sirvió para enunciar lo que será el énfasis de este nuevo proceso de paz. Tanto en el discurso del jefe negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, como del máximo comandante del ELN, Antonio García, se dijo que en el corazón de este proceso de paz estarán las poblaciones históricamente excluidas. Hace diez años, en junio de 2013, cuando se estaba concluyendo la negociación sobre el primer punto del Acuerdo general para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, aún no se sabía con seguridad cuál sería el énfasis de aquel proceso. Fue con el desafortunado coro del “quizás, quizás”, de Iván Márquez y Jesús Santrich, que comenzó a posicionarse la idea de que las víctimas serían el centro del acuerdo con las FARC-EP. Promesa que se ha intentado cumplir: tanto en el diseño del Acuerdo Final, firmado en noviembre de 2016, como en los seis años y medio de implementación. Al revisar el Acuerdo de Paz es evidente que las víctimas lo atraviesan todo, desde el componente del Fondo de Tierra y de los Planes de Desarrollo con Énfasis Territorial (PDET), que está en el punto uno, hasta el tema de verdad, justicia, reparación y no repetición del punto quinto, pasando por las Circunscripciones Especiales Transitorias de la Paz, que hace parte del punto dos. En esta nueva ocasión, lo que busca la delegación de la guerrilla del ELN es dejar claro que la lucha de ellos será por los excluidos. Desean poner en el corazón del probable acuerdo que firmen con el Gobierno colombiano a las poblaciones históricamente marginadas. De allí que en su discurso Antonio García haya enfatizado que su presencia en la Mesa de Diálogos de Paz tenía como objetivo llamar la atención sobre la urgencia de “escuchar la voz de la sociedad excluida, olvidada y marginada”. Tanto en palabras de Beltrán como de García subyace la idea de que ellos buscarán que, desde el comienzo del proceso de paz, participe e incida toda la sociedad. Desean que se escuche a las organizaciones sociales tradicionales, a los gremios económicos y a la academia; pero, sobre todo, insisten en priorizar a los sectores excluidos y marginados, que son comunidades campesinas, los indígenas y los afrodescendientes, a los jóvenes, mujeres y trabajadores informales. El ELN desea que estas poblaciones no estén solo en las palabras y en los discursos, en las buenas intenciones que pueden contener las propuestas y acuerdo de las transformaciones sociales y económicas que se pacten y aparezcan en el acuerdo final. El objetivo del ELN es que las grupos poblacionales excluidos también participen de todo el proceso de paz. En palabras de García, buscan que “se materialice la voz de la población para que se realicen los cambios”. El deseo de los representantes de la guerrilla en la Mesa es que a la sociedad se le escuche en todo el proceso de paz, para que sea un ejercicio dialógico, con el que se logre construir un “gran acuerdo nacional” y se avance en construir una agenda del cambio. Unos acuerdos parciales y un acuerdo final que sean tenidos en cuenta por este actual gobierno y los venideros; y que la población los sienta desde hoy, con la implementación de los acuerdos parciales. Como muestra de un deseo sincero de participación de la sociedad, la guerrilla del ELN ha firmado con el Gobierno Colombiano el Acuerdo No. 11 o Acuerdo de Cuba, en el que se establece un cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Con él, según Pablo Beltrán, se busca generar un mejor clima para la participación de la sociedad: “queremos darle la voz a la sociedad en un ejercicio de participación y haciendo un intento de retirar la violencia para que la voz se pueda escuchar más. Ese es el mensaje que traduce el acuerdo”. Un cese al fuego que debe leerse como una invitación directa a la ciudadanía a agruparse para analizar las causas del conflicto y también a proponer soluciones. De allí que en este último acuerdo se habla de una fase de alistamiento de participación de la sociedad, con unos territorios en los que se darán procesos pedagógicos para inclusión de la comunidades en la construcción de la paz y un comité de la participación que tendrá como una de sus tareas crear un reglamento nacional de participación. En síntesis, lo que buscará el ELN será construir un acuerdo para y con los excluidos. Es una guerrilla que no quiere ser representante, que busca aliados, para que sean ellos, los que nunca han participado, los que ayuden a la construcción de un acuerdo nacional que favorezca a todos. Quieren convertir a los excluidos en partícipes desde el inicio del proceso para que hablen sobre los mecanismos de involucramiento en los diálogos y de la manera como deben estar en la implementación de los acuerdos parciales. Desean que los acuerdos –los parciales y el final– sean construidos con la voz de la sociedad, en un ejercicio de participación, unos acuerdos en los que se diga y se recuerde en la historia que las protagonistas del proceso de paz final con el ELN fueron las poblaciones excluidas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Alianza Democralat, capítulo Guatemala Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Acción Ciudadana A la par de la ‘contrarreforma’ que lidera el aparato de justicia guatemalteco en contra de exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y sus notables logros en la lucha contra la corrupción en Guatemala, este año se realizan elecciones generales en el país centroamericano, en medio de un ambiente de zozobra por lo que distintos organismos internacionales han definido como un Estado cooptado por grupos de poder interesados en mantener el statu quo. Como captura del Estado, la CICIG definió la “influencia desproporcionada y no regulada de grupos de interés en los procesos de toma de decisión pública”. Una manera de esa cooptación se da a través de los vínculos entre la política y los negocios, y, como también reconoce este organismo, “puede surgir de un sutil alineamiento cercano de intereses entre élites empresariales y políticas a través de lazos familiares, amistad y la propiedad compartida de bienes económicos”. Los grupos o clanes políticos que hacen parte de esa cooptación o captura del Estado tienen como características preponderantes que suelen tener vínculos familiares entre sus miembros, una acumulación de riqueza considerable y consolidar poder moviéndose hábilmente entre lo privado y lo público. Este es el caso del Clan Córdova, una familia que opera en la región de Alta Veracruz, al norte de la Ciudad de Guatemala, la cual ha construido su poder empresarial y político desde la región y hoy apuesta en grande por la candidatura presidencial de Edmond Mulet, del partido Cabal. El clan está compuesto por los hermanos Jorge Aroldo, Édgar Tomás, Carlos Augusto y Francisco Alejandro Córdova Molina. Todos con un historial como contratistas del Estado y dos de ellos conocidos por su trayectoria política. Como contratistas, el clan Córdova destaca como desarrolladores de obra pública. Específicamente se han podido identificar nueve empresas vinculadas a la familia que han captado 2’930.295.707,91 quetzales guatemaltecos (aproximadamente US$373’762.207,64) provenientes del Estado. Contratos y ganancias que se han aumentado considerablemente desde que la familia Córdova incursionó en política en 2015 con las candidaturas de Jorge Aroldo, Édgar Tomás y Carlos Francisco Córdova a cargos de elección popular con el partido Lider; para los cargos de alcalde de Cobán, diputado al Congreso y alcalde de Chahal, respectivamente. Los Córdova ganaron estos cargos en aquella época. Acualmente, los Córdova apoyan la candidatura presidencial de Edmond Mulet Lesieur del partido Cabal. A cambio del financiamiento, el clan Córdova negoció con Cabal que la lista de candidatos a diputados en Alta Verapaz por dicha agrupación sea encabezada por Édgar Tomás Córdova Molina. También se acordó que en el municipio de Chahal, Alta Verapaz, se impulse la candidatura a alcalde de Carlos Francisco Córdova Garza, hijo de Carlos Augusto Córdova Molina. De esta manera, los Córdova buscan seguir afianzando poder político y poder económico en el norte de Guatemala. Le invitamos a leer el informe completo sobre el Clan Córdova, aquí:

Por: Laura Bonilla, Subdirectora. Para @confidencialcol Fundación Paz & Reconciliación (Pares) En mayo de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, mantenía una popularidad del 58%. Esta cifra resulta atípica para un jefe de gobierno en el mundo en la actualidad. La semana pasada, su partido, Morena, le arrebataba el DF al PRI, su penúltimo bastión político, donde jamás había perdido las elecciones, completando 23 de 32 Estados de México, que, recuerden, es Federal. Muchos intelectuales de diferentes corrientes políticas, ya sea de izquierda, centro o derecha, han señalado serias deficiencias estructurales en el gobierno, especialmente en temas como seguridad y corrupción. Estas críticas apuntan a que las políticas implementadas no han logrado la eficiencia prometida. Además, la oposición lo tilda de populista, tanto por su estilo de vida como por su constante apelación al pueblo como el principal actor constituyente y apoyo de su mandato. A pesar de que la pobreza ha aumentado, en parte como consecuencia de la pandemia, al igual que en el resto de América Latina, AMLO aún es reconocido en varios estados como el presidente de los pobres. Es interesante notar que su popularidad se mantiene a pesar de tener varios indicadores en su contra. En la región, el único líder que posiblemente conserve una popularidad similar al final de su mandato es prácticamente su némesis: Nayib Bukele en El Salvador. ¿Se debe entonces al discurso populista la única explicación de por qué AMLO es el presidente de izquierda más popular desde los primeros mandatos de Lula Da Silva o Evo Morales? Cualquier análisis comparado en la región permite asegurar que no es así. Un mandatario puede tener un discurso atractivo y popular, y una alta valoración negativa al mismo tiempo. En el caso mexicano la explicación es multicausal. Por una parte, si bien los indicadores de pobreza llevan un incremento, medido desde el 2018 al 20201, la tendencia al alza venía de antes del 2016. No obstante, la percepción de la población de clase media y media baja es que su ingreso mensual rinde, y que la ampliación de los programas sociales ha tenido un impacto directo, rápido y positivo en su calidad de vida. Prácticamente todos los mexicanos, especialmente pertenecientes al 43% de la población en pobreza, conocen a alguien que ha recibido dinero y/o que se va a lograr pensionar cuando ya había perdido toda esperanza. Lo segundo es que el incremento de las ayudas sociales se ha acompañado de la desaceleración de la inflación. En mayo, la inflación cerró en un 6,25%, después de haber alcanzado casi el 11% en el período inmediatamente posterior a la pandemia. De esta manera, el aumento del salario real, junto con las ayudas directas efectivas y oportunas, contribuyen a crear una masa crítica positiva. Este fenómeno suele atribuirse al mandatario que lo generó, como se pudo observar en los primeros años de Ayuda en Acción y su impacto en la popularidad de Álvaro Uribe en Colombia. Sin embargo, los beneficios solo pueden ser aprovechados una vez. A esto se suma la inversión directa en obras y autopistas en lugares donde previamente no se había visto inversión por parte del gobierno federal. También destaca la fuerte cohesión de Morena en apoyo al mandatario y su imagen de estar siempre ocupado y trabajando, lo cual conecta muy bien con el espíritu de la clase media y popular latinoamericana. Estas personas están agotadas de sentir que no se logra pasar de la retórica y carecen de la paciencia de las clases medias altas que pueden permitirse vivir más allá del día a día. Sin embargo, algo que a menudo pasa desapercibido pero que puede considerarse como una explicación significativa del efecto AMLO es la conexión entre su personalidad y su estilo de vida, similar al del expresidente uruguayo Pepe Mujica. Este aspecto no siempre es valorado por los líderes políticos de la izquierda latinoamericana, quienes se quejan, con razón, de la exigencia desmesurada de perfección que no sufren sus contrapartes de derecha. Equilibrar este punto no es sencillo, y ni Pedro Castillo en Perú, ni siquiera Lula Da Silva en su segundo mandato, lograron hacerlo. Parte de la caída de la izquierda en el continente se ha basado en la desilusión de un electorado cada vez más sensible a la identidad y completamente descreído de la política. Entonces, ¿cómo se puede interpretar la caída en la popularidad del presidente Gustavo Petro en tan solo nueve meses? ¿Es simplemente un golpe blando orquestado por las élites que, lamentablemente, abundan y abusan en toda América Latina? Aunque ambos líderes han generado cierta división en la opinión pública, e incluso Petro cuenta con mejores indicadores de gestión, AMLO ha logrado generar una percepción de eficacia a través de programas rápidos de transferencias monetarias directas que no requirieron complicadas argucias legislativas. Esto contrasta con la tradición colombiana, en la que se espera que todo cambio comience por la ley. El presidente Petro tiene una oportunidad a su favor con la implementación del Plan de Desarrollo aprobado. Sin embargo, debería tener en cuenta que un exceso de debate sobre las reformas podría no ser una idea tan acertada. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Gobernación del Magdalena: entre el Caicedismo y su oposición La carrera electoral por la Gobernación del Magdalena estará enmarcada por las estrategias que vaya a utilizar el Caicedismo, que quiere seguir manteniendo su fortín político en el departamento, y los partidos de derecha –opositores del actual gobernador–, los cuales ya cuentan con varios perfiles en la contienda. El fortín político del Caicedismo se consolidó en la primera victoria de Carlos Caicedo como alcalde de Santa Marta, en el periodo 2012-2015. Para el siguiente periodo (2016-2019), Caicedo mantuvo su control en la Alcaldía a través de Rafael Martínez, ficha clave para estas elecciones. En el siguiente periodo (2020-2023), Caicedo mantuvo su control nuevamente, a través de Virna Johnson. Sin embargo, para las elecciones de 2019, volvió a la arena, pero ya no como candidato a la Alcaldía, sino como candidato a la Gobernación, esta contienda la disputó con Mello Cotes, integrante del Clan Cotes. En esas elecciones, Carlos Caicedo salió vencedor con su Movimiento Fuerza Ciudadana, con una votación histórica de 343.786 votos. Ahora bien, para este escenario, el Caicedismo –Fuerza Ciudadana– jugará sus fichas clave para mantenerse en el poder. Es importante resaltar que, según Semana, Carlos Caicedo se expone a una condena de 18 años por presuntas irregularidades en el proceso de licitación, sobrecostos y demoras en la obra del contrato 00607 del 31 de diciembre de 2014. Para estas elecciones, el Caicedismo contará con Rafael Martínez como precandidato a la Gobernación. Martínez, quien es cuestionado por diversas irregularidades en su ejercicio político, cuenta con una amplia trayectoria política dentro de Caicedismo: en el pasado fue alcalde de Santa Marta y secretario de Infraestructura del actual gobernador. Además de Martínez se perfilan candidatos como Franklin Lozano con su movimiento ‘Magdalena Libre’. Lozano en el pasado fue diputado y presidente de la Asamblea de Magdalena en el periodo legislativo del 2011, además en 2014 fue elegido representante a la Cámara para el periodo constitucional 2014 – 2018 por el departamento del Magdalena, en donde integró la Comisión Quinta Constitucional Permanente. En 2018 logró reelegirse en la Cámara de Representantes. Lozano afirma que es importante que los sectores de centro derecha se unan para hacer un contrapeso fuerte a Caicedo. También aparecen precandidatas como la diputada Claudia Aaron, quien recibió la militancia del partido Nueva Fuerza Ciudadana Democrática y presentará la solicitud para recibir el aval que respaldará su candidatura. En el radar también aparece la precandidata Elizabeth Molina, quien es cuestionada por ser la ficha del condenado exsenador Eduardo Pulgar. Molina fue concejala de Santa Marta entre 2016 y 2019 y diputada de Magdalena para el periodo 2022-2023. Asimismo, en la contienda aparece el precandidato Edgardo “Nene” Pérez con su movimiento independiente ‘Haremos Proezas’. Pérez fue alcalde de Ciénaga en el periodo 2014-2019. Perfiles como Mallath Martínez, quien fue alcaldesa de Fundación, para estas elecciones buscará el aval del Partido Liberal. Otro precandidato es Juan Carlos Dávila, vicepresidente agroindustrial del grupo empresarial “DAABON”, presuntamente mencionados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro. En el pasado se ha desempeñado como miembro de la Dirección Nacional del partido Centro Democrático. Martínez encabeza las encuestas, pero Aaron no se queda atrás Es importante resaltar que la primera encuesta realizada por la firma “Diferencial Comunicación Pública”, la cual encuestó de manera presencial a 820 personas entre los días 27 y 31 de marzo y tiene un margen de error más o menos de 3,5%, demuestra que los resultados los encabeza Rafael Martínez con una intención al voto del 23,3%, en segundo lugar aparece Claudia Aaron con una intención al voto del 13,2%, en tercer lugar se encuentra Mallath Martínez con el 8,7%, en el cuarto lugar aparece Juan Carlos Dávila con el 3,4%, y por último se encuentra Elizabeth Molina con el 2,9%. El voto en blanco, más las personas que no saben por quién votar, tiene una intención del voto del 37,8%. Cabe resaltar la intención de voto de estas dos variables, ya que el panorama electoral aún es prematuro, sin embargo, esas cifras se irán reduciendo considerablemente para la fecha de las elecciones. Evidentemente, la gran sorpresa de esta encuesta es por parte de la precandidata Claudia Aaron, quien tiene gran favorabilidad dentro del departamento, demostrando así que, de cierta manera, el Caicedismo va perdiendo la confianza de las personas del departamento. Patricia Caicedo, hermana de Carlos, va por la Alcaldía de Santa Marta El panorama para la Alcaldía de Santa Marta es casi igual al de la Gobernación: el Caicedismo quiere seguir manteniendo su fortín político en los dos cargos por votación popular más importantes del departamento. Actualmente mantiene el control de la Alcaldía de Santa Marta, Virna Jonson. Para estas elecciones, cuentan con una estrategia y es apoyar a la precandidata Carmen Patricia Caicedo Omar, hermana de Carlos Caicedo. Patricia sería la ficha clave del partido Fuerza Ciudadana. En el pasado fue gerente de Servicios Públicos del distrito de Santa Marta hasta el 22 de noviembre de 2021, luego de la intervención realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En el radar político también aparece Carlos Alberto Pinedo Cuello, precandidato cuestionado en el pasado, fue concejal de Santa Marta durante 10 años, es hermano de los exsenadores Hernando y Miguel Pinedo Vidal, este último fue condenado por parapolítica. Carlos Alberto es el heredero del caudal electoral del Clan Pinedo. En 2019 obtuvo 7.905 votos y fue presidente del Concejo de Santa Marta durante el primer semestre de 2022. Sin embargo, renunció a su curul para aspirar a la Alcaldía de la ciudad. Perfiles como el de Freddy Pinzón también aparecen. Su trayectoria política se encuentra relacionada al sector público, específicamente en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Rodrigo Bastidas, como asesor jurídico en materia constitucional y de derechos humanos. Asimismo, se desempeñó como director general del Movimiento Somos, la asociación más votada en el Magdalena y Región Caribe, y la tercera en Colombia en las elecciones de los Consejos de Juventud. También se encuentra como precandidato el cura José Alfredo Ordoñez, quien ya hizo oficial su decisión de aspirar al cargo, cabe mencionar que es la tercera vez en la cual Ordoñez persigue un cargo de elección popular. Dentro de la contienda también suenan perfiles como el de la precandidata Jennifer del Toro, quien ya hizo oficial su aspiración al cargo, en el departamento la conocen por ser activista y defensora de Derechos Humanos. Las encuestas por la Alcaldía muestran que la contienda será reñida Según la encuesta realizada por la firma Diferencial Comunicación Pública, la cual encuestó de manera presencial a 820 personas entre los días 27 y 31 de marzo, y tiene un margen de error más o menos del 3,5%, la intención de voto para la Alcaldía la lidera Patricia Caicedo con un 16,4%, en segundo lugar aparece Carlos Pinedo con un 14,5%, en tercer lugar el candidato independiente Freddy Pinzón con un 13,1%. Hasta ahora, Pinzón es la gran sorpresa, ya que su favorabilidad sigue subiendo y acercándose a los precandidatos con un músculo político más fuerte. En cuarto lugar, se encuentra el cura José Ordoñez con una intención del voto del 8,8%, el voto en blanco, más las personas que no saben por quién votar, tiene una intención del 33,7%. Cabe resaltar que la intención de voto de estas dos variables puede cambiar, ya que el panorama electoral aún es prematuro, sin embargo, esas cifras se irán reduciendo considerablemente para la fecha de las elecciones. Acueducto y educación serán los temas para estas elecciones Los candidatos tendrán grandes retos en cuanto a los temas que afectan al departamento y a la ciudad, uno de ellos es el desabastecimiento y la mala calidad del agua que es un problema que lleva más de 12 años afectando a los ciudadanos, ya que el sistema de distribución del recurso es viejo y obsoleto. El segundo tema es la pésima calidad educativa de las instituciones públicas del departamento, aquí se incluye el problema del Programa de Aimentación Escolar (PAE). Las exigencias de los ciudadanos son altas en este departamento y esperan que haya una solución específica por parte de los nuevos sucesores a la Gobernación y la Alcaldía. Ahora bien, es importante mencionar que el partido político Fuerza Ciudadana es partido de Gobierno y le solicitó al Pacto Histórico incluirlo en la coalición para estas elecciones. Caicedo apoyó la candidatura de Gustavo Petro, quien en el departamento movilizó más de 300.000 votos. En el marco de la disputa por la Gobernación del Magdalena, de cara a las elecciones locales de octubre de 2023, la estrategia del Caicedismo parece concretarse también en una alianza con el partido Colombia Humana. La estrategia electoral consiste en la distribución de fichas políticas para lograr atraer los votos que obtuvo el Pacto Histórico en el departamento. Hasta el momento, los precandidatos del Caicedismo, tanto para la Alcaldía como la Gobernación, lideran la intención del voto, sin embargo, aún falta tiempo para determinar si siguen manteniendo el control del departamento. Por otro lado, partidos tradicionales y partidos de centro derecha hacen un llamado a la unidad para llegar con un candidato en común, a pesar de que hay más candidaturas, lo que algunos ven con peligro, pues no hay un acuerdo en este sector político, por eso mismo el Partido Conservador anunció que no tendrá candidaturas en el departamento.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Este miércoles 07 de junio asistí a la Plaza de Bolívar para sumarme a la marcha en apoyo a las reformas del gobierno de Petro. En realidad, aunque ese hubiera sido el propósito central de dicha movilización, personalmente me movió más el conato de golpe blando que viene calentándose con avidez, gracias a las argucias de la oposición y al temerario impulso que le están dando algunos medios de comunicación a esa trama malsana. Y me motivó, porque creo indispensable que el pueblo, cuyo poder político está en manos del presidente Petro, sería el único tumbado de ocurrir un golpe blando; lo cual, desde mi percepción, no va suceder; pero podría significar un trance de mucha violencia y persecución, porque también es previsible que ya jamás volverá a salir el poder de sus manos. Aunque no se trató de la primera marcha convocada por el presidente Petro, me llamó la atención –pues sin duda es un fenómeno raro y especial en las democracias– que tanta gente decidiera salir a protestar, o mejor, a manifestarse en favor de un gobierno. La historia política nuestra, antes del triunfo de la izquierda, es una tira de levantamientos, de marchas, de asonadas, de manifestaciones y de movimientos sociales, todos en contra de los presidentes de turno; y siempre en oposición a un ejército y a una policía formados estrictamente para reprimir. Así las cosas, algún ciudadano desapercibido podría preguntarse esto: ¿contra quién o quiénes se manifestaron los colombianos de modo tan masivo? Paradójicamente, en una suerte de país de las maravillas, la respuesta es que se levantaron contra aquellos que, teniendo el poder de las riquezas (los dueños de los monopolios económicos y los reyes de la contratación estatal) y teniendo el poder de la política tradicional (los jefes de los partidos tradicionales y los corruptos que trabajan para ellos), se resisten a los cambios propuestos por el presidente Gustavo Petro, pues estaban acostumbrados a elegir presidentes cómplices o simples títeres. A los primeros, a quienes tienen el poder de las riquezas –empresarios y grupos de poder económicos, la llamada oligarquía–, no les interesan los cambios porque, por ejemplo, la distribución equitativa de las tierras del Estado, así como la igualdad en el tratamiento financiero, tanto para pequeños y grandes empresarios, los conduce a visualizar un futuro consecuente con los presupuestos morales de un Estado de Derecho, en el que ellos no serán los únicos beneficiarios; y no les conduce a visualizar un futuro con los presupuestos inmorales a los cuales estaban acostumbrados por ser sujetos activos de de un narcoestado. En cuanto a quienes poseen el poder de la política tradicional (clanes y familias que se creen dueños del Estado, la llamada plutocracia) tampoco les convienen los cambios que implican que el espectro de las ideas políticas se amplíe democráticamente, dándole espacio a otras vertientes que por nuevas o de tradición izquierdistas, se oponen a las suyas que son fundamentalmente intolerantes. Gracias a los estudios e investigaciones de organizaciones de derechos humanos, y gracias a la Comisión de la Verdad y a la Justicia Especial para la Paz, hoy se sabe que los gobiernos anteriores a Petro: liberales, conservadores o uribistas –así lo precisa la historia que apenas ahora dimensionamos–, pusieron en práctica un sistema de exterminio para aniquilar a cuantos pobladores escogieran caminos ideológicos distintos a los suyos. El caso del genocidio a la Unión Patriótica y las declaraciones de Salvatore Mancuso, dan cuenta de ello y son prueba de tan vergonzosa atrocidad. De modo que los colombianos que salieron a marchar el 07 de junio lo hicieron antes que en favor de las reformas –que sin duda apoyan–, contra el régimen –contra los ricos poderosos y contra los clanes políticos–. Y lo hicieron contra quienes aúpan –ya sea por oligarcas, plutócratas, o por ignorantes– el golpe blando. Y, por supuesto, lo hicieron indirectamente contra los fascistas, que de asistir a las marchas no hubieran soportado la presencia de la diversidad que tanto aborrecen. En efecto, en la Plaza de Bolívar, sólo vi gente que contrasta –por oposición– con los denominados fascistas. Los fascistas tienen como principio fortalecedor de su sistema ideológico la constitución de familias modelo –conformadas por “gente de bien”– y en la marcha pululaban familias destruidas por culpa de las persecuciones criminales, por el desplazamiento y el abandono estatal a los que se les ha sometido. En su autoritarismo los fascistas rechazan todo lo que huela a comunismo, a socialismo o a izquierdas, y en la plaza vi muchos representantes del proletariado, obreros y campesinos evidenciando con sus atuendos y modales su condición de víctimas de la lucha de clases, o más exactamente, de las desigualdades sociales. Los fascistas, cuyo mundo organizacional no trasciende lo corporativo, tienen por principio la obediencia a un único partido o tendencia política, y en la plaza vi y escuché a personas pertenecientes a distintas vertientes políticas –todas defensoras de los derechos humanos y de la equidad social como base fundamental de la convivencia pacífica y del derecho al desarrollo–. Los fascistas tienen entre sus más retardatarios postulados, el racismo, no sólo contra las personas de raza negra, sino de igual manera contra los indígenas y las minorías diversas, en una tradición propia de los nazis, que en su tiempo infernal soñaron con una raza intelectualmente superior y físicamente aria; es decir, altos, blancos, fuertes y de ojos azules. Sin embargo, y para el desasosiego de los fascistas, en la plaza vi mucha gente de todas las etnias y razas, y/o pertenecientes a grupos sociales minoritarios. Los fascistas, que rinden culto a la personalidad sin méritos benévolos y lo hacen usando los medios de comunicación de su propiedad o influencia, en la marcha del 07 de junio, se habrían sentido incómodos al ver cómo la multitud que estuvo en la plaza mostró admiración y respeto no sólo por la figura del presidente Gustavo Petro, sino también por la figura de la vicepresidenta Francia Márquez y por la del presidente del Senado, Álex Flórez. De haber asistido a la plaza pública, los fascistas habrían extrañado, y se hubieran quejado por ello, las imposiciones de líneas de pensamiento o las posturas políticas de subordinación. Igual habrían extrañado la ausencia de policías, de militares, o de guardias indígenas, porque el presidente ha manifestado una y mil veces que ya no habrá autoridades violentas o que vean a los pobres como enemigos a quienes hay que atacar cruelmente. Tampoco hubieran visto persecuciones a quienes arengan contra el gobierno, aunque hubo el rechazo y la expulsión de puntuales medios de comunicación que, si bien han jugado mal con las noticias, en el ámbito de las sanas costumbres y el respeto a los otros, han debido permitirles trabajar cómodamente. En fin, si algo vieron los fascistas y los promotores del golpe blando que asistieron a las marchas, es que este gobierno ni su presidente están solos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Colombia vive una intensa e interesante dinámica política caracterizada por quienes queremos el cambio y quienes se resisten a él. Es una lucha política que se está dando en el marco de nuestro ordenamiento constitucional y que de seguro nos va a dejar una democracia de mejor calidad. No hay que temerle al debate de ideas, argumentos y proyectos de sociedad, hay que salir de la simplificación de la “polarización”, que desdibuja y simplifica un proceso político justo y necesario en la sociedad colombiana. Este orden de exclusiones, inequidades y democracia precaria, debe ser superado por un orden social que promueva derechos y nos haga una potencia mundial de la vida, como lo han propuesto el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Ese fue el proyecto político que ganó las elecciones el año pasado y que tiene un mandato signado por el propósito de cambio, cambio para avanzar en derechos, cambio para garantizar vida digna para millones de colombianas y colombianos que anhelan paz, pan en su mesa y posibilidades para llevar una vida con derechos. El presidente Petro desde su gobierno ha presentado tres proyectos de ley sobre temas centrales: salud, trabajo y pensiones. Son tres dimensiones de la vida sobre los cuales hay que transformar, en esos tres derechos hay muchas cosas que no funcionan bien y esos déficits deben ser corregidos, por supuesto avanzando en conservar lo que sea pertinente, innovar en lo que sea necesario y cambiando donde sea justo y necesario. Es un debate en curso y que está generando reacciones a esperar: los que consideran desde la oposición política que son cambios contraproducentes, los que defienden los cambios y un amplio espectro de la sociedad que está a la expectativa. Podemos afirmar que entre tradición, propósito de cambios y pasividad se mueve hoy la sociedad colombiana. Los cambios deben pasar por el Congreso de la República, es el escenario institucional y democrático, allí debe darse la discusión, el esfuerzo de concertación y la búsqueda de los consensos más amplios y la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo, hasta donde sea posible, teniendo siempre presente que hay un pulso político entre defensa de este orden de exclusiones y las fuerzas sociales y políticas que propugnan por las transformaciones. Esa lucha política está en curso y vamos a ver qué tanto se puede avanzar y hasta dónde es posible el cambio en una sociedad que viene en un interesante proceso de maduración democrática que se expresa en este gobierno, que rompe con toda la tradición republicana, donde los gobernantes han provenido de la misma raíz: más ligados a los intereses de los poderosos que de los amplios sectores excluidos de la tierra, el conocimiento y el crédito, para colocar tres variables centrales de una Colombia moldeada sobre la variable de privilegios para minorías y exclusiones para amplias mayorías. Somos una democracia participativa, por eso es plenamente constitucional y democrático que el presidente Petro llamé a la ciudadanía a la calle para enviar el mensaje de que hay cambios en curso que deben ser discutidos en el Congreso de la República. Eso está bien y es expresión de una sociedad viva y que respalda los cambios, igualmente es legítimo que otros se opongan, vamos a ver qué sale de ese ejercicio de acciones y reacciones, así son las sociedades, sólo la lucha entre proyectos de sociedad permite avanzar y en caso de Colombia, poco a poco hemos ido cambiando y transformando, saliendo de órdenes excluyentes y autoritarios, y construyendo el estado social y de derecho que nos propusimos con la Constitución del 91, que para muchas comunidades y territorios es solo letra en el papel que no se vive como derechos, por eso es que hay que cambiar en los tres temas propuestos: salud, trabajo y pensiones. Vamos al final de esta legislatura y veremos cómo transcurre este debate político, pertinente y necesario, sin duda que es en el Congreso donde se vota y se define, y en la calle y en múltiples espacios de la sociedad donde se debe seguir argumentando y construyendo propuestas ante tantos temas por cambiar. Recuerdo al maestro Estanislao Zuleta que en su hermoso ensayo El elogio de la dificultad, nos exhortaba a vivir en la diferencia y en la lucha por crear nuevas realidades, siempre desde un talante democrático y de respeto por la diferencia, esa es la experiencia en curso en la sociedad colombiana y debe ser vivida con respeto, alegría y la firme convicción de que a esta precaria democracia le falta mucho en derechos, cultura democrática, instituciones y capacidad para asumir que esta Colombia no está bien y que el cambio sereno y responsable es necesario y posible. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Gobernación del Valle del Cauca: entre La U y el Pacto Histórico De cara a los comicios del 27 de octubre de 2023, la carrera por la Gobernación sigue sin tener grandes cambios. Sin duda alguna el escenario electoral será determinado por el papel que tomen las dos grandes fuerzas políticas que están en el Valle: el Partido de La U y el Pacto Histórico. El Partido de La U cuenta en el Valle con su presidenta Dilian Francisca Toro, con gran trayectoria política en el departamento, quien en el pasado ya fue concejala y alcaldesa de Guacarí, senadora y gobernadora del departamento, en este último cargo obtuvo la máxima votación con 513.366 votos siendo la primera mujer en ocupar el puesto por voto popular y quien actualmente controla la Gobernación por medio de Clara Luz Roldán. Ahora bien, según medios como La Silla Vacía, Toro ya habría tomado la decisión de aspirar como candidata para estar al frente de la Gobernación. También está el Pacto Histórico, que en las pasadas elecciones movilizó más de dos millones de votos en el departamento. Aún no tienen un candidato fuerte que pueda hacer un contrapeso notable a Toro en estas elecciones, fuentes territoriales confirman que para elegir esa candidatura oficial harán listas cerradas y paritarias, definidas por consensos o encuestas, ya que por falta de candidatos de los partidos que integran al Pacto no harán consultas internas. Por otro lado también hay precandidatos que ya desistieron a su aspiración por la Gobernación, un claro ejemplo es la exministra del trabajo Griselda Janeth Restrepo, quien en el mes de febrero del presente año inscribió su grupo significativo de ciudadanos ‘Mi orgullo es Palmira’ para aspirar a la Alcaldía de Palmira. Además, también hay precandidatos que ya hicieron su aspiración oficial, como el precandidato por la Colombia Humana Ferney Lozano, quien fue funcionario en la Junta Administradora Local de Yumbo, exalcalde del municipio, funcionario en la Gobernación del Valle, y en la Bogotá Humana del entonces alcalde Gustavo Petro. También hay precandidatos que aún esperan por tomar una decisión oficial, como el caso de Santiago Castro, quien tiene una amplia trayectoria política, en el pasado fue representante a la Cámara, diputado del Valle, concejal de Cali, director de la Aeronáutica Civil y presidente de la Asobancaria. Según las encuestas, Toro repetiría Gobernación Gráfico No. 1. Carrera por la Gobernación del Valle del Cauca de acuerdo con las encuestas Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: https://analizarylombana.com/resultados-encuesta-realizada-por-analizar-lombana/Recopilación Encuesta del mes de abril Aunque el panorama electoral aún es prematuro, el gráfico anterior es una recopilación de una encuesta realizada por Analizar y Lombana, la cual demuestra que la mayor intención de voto es por Dilian Francisca Toro con un 33,4%, en segundo lugar aparece Santiago Castro con una intención de voto del 4,0%, como tercer lugar aparece Carlos Felipe López con una intención de voto del 2,5% y en cuarto lugar aparece Ferney Lozano con una intención de voto del 2,3%. Estos datos demuestran que Toro, sin haber afirmado públicamente su candidatura, es la gran favorita de suceder a Clara Luz Roldán con una amplia ventaja, la cual confirma el control que tiene en el departamento. Cabe resaltar que la intención del voto en blanco tiene un 20,4%, y las personas que no saben por quién votar un 33,9%. Son números altos, ya que como se mencionó anteriormente el panorama electoral aún es prematuro, sin embargo, esas cifras se irán reduciendo considerablemente para la fecha de las elecciones. En las elecciones de 2022, Toro, como presidenta del Partido de La U, jugó un papel importante, pero su partido fue uno de los grandes perdedores de la contienda electoral en Congreso y Presidencia. Es por esta razón que, ante el fracaso en las diversas alianzas realizadas con partidos de derechas, su partido resultó bajo el cobijo gobiernista de la coalición de Gustavo Petro para mantener algo de poder en el Congreso. Una coalición que ayudó al Gobierno Nacional aprobar las iniciativas en el Congreso, como la reforma tributaria. A inicios de este 2023 el Gobierno Nacional presentó la reforma a la salud, una reforma la cual presentó inconformidades dentro de las bancadas que hacían parte de esta coalición, como el Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Estas inconformidades generaron un trámite accidentado en el Congreso que hasta la semana pasada consiguió una primera votación a favor con 10 votos contra 8, sin embargo estas trabas por parte de los partidos tradicionales hicieron que el Gobierno Nacional le pidiera la renuncia protocolaria a todos sus ministros, dejando así a un lado las cuotas políticas que ya existían en el gabinete, e hiciera un revolcón ministerial. Siguiendo a esto rompió la coalición que tenía con algunos partidos como el Conservador, que ya se declaró como independiente del actual Gobierno. El Partido de La U sigue hasta ahora en la coalición de Gobierno, lo que le facilitará aún más la Gobernación a Toro. Esta decisión implicaría una apoyo a los proyectos y reformas que avanza el Gobierno, dado esto, es claro pensar que Toro perdería el apoyo de partidos como Cambio Radical, que en semanas anteriores ya había hecho una advertencia clara de que si el Partido de La U apoyaba la reforma a la salud, ellos no podrían apoyarla en su aspiración como gobernadora. La imagen desfavorable de Ospina deja en crisis a los partidos de izquierda para la Alcaldía de Cali El panorama electoral en Cali sigue avanzando rápidamente por ver quién sucede a Jorge Iván Ospina, actual alcalde, quien en su gestión ha tenido fuertes críticas por presuntos hechos de corrupción e irregularidades en la contratación Pública. Esto supone grandes retos para para las fuerzas políticas de Cali y para los diferentes precandidatos, ya que la ciudadanía exige prontas soluciones a las principales problemáticas sociales y de seguridad. La imagen desfavorable del actual alcalde deja en crisis a los partidos de izquierda, ya que cabe resaltar que Ospina llegó a la Alcaldía avalado por el Partido Verde, recibió el respaldo de activistas y líderes de la izquierda vallecaucana y miembros del Pacto Histórico. Esta situación es importante, ya que ha sido aprovechada por opositores que hoy en día son precandidatos. Al día de hoy Cali cuenta con más de 10 precandidatos que quieren estar al frente de la ciudad. El primero de ellos, y que encabeza las encuestas desde febrero, es Roberto Ortiz. Ortiz se postuló a la Alcaldía de Cali en 2019 por medio de firmas, aunque posteriormente contaría con el apoyo del Centro Democrático. Sin embargo, obtuvo el segundo lugar con 199 mil votos, lo que le aseguró un escaño en el Concejo Municipal, en virtud del Estatuto de la Oposición. Actualmente quiere llegar a la Alcaldía con el movimiento ‘Firme con Cali’. Además de Ortiz se perfilan Candidatos como el exnegociador de paz y excandidato a la Alcaldía de Cali en el 2019 Alejandro Eder, quien en el mes de marzo inscribió su movimiento ‘Revivamos Cali’. Por otro lado también se conoce la candidatura de Miyerlandi Torres, quien es prima de Dilian Francisca Toro y es la exsecretaria de Salud de Ospina, actualmente según informes de Pares, cuenta con cuestionamientos por un presunto carrusel de contratistas de la salud en el departamento del Valle del Cauca cuando ella se desempeñaba como secretaria de Salud de Cali. Perfiles como el de la opositora a la gestión de Ospina, Catalina Ortiz, quien fue representante a la Cámara para el periodo constitucional 2018-2022 por el Valle del Cauca, también suenan. En una entrevista con W Radio, Ortiz dijo que buscará el aval del partido político ‘Dignidad y Compromiso’ de Sergio Fajardo, con quien trabajó en campaña, y de Jorge Enrique Robledo. Dentro del escenario electoral también se encuentra el empresario Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, equipo del cual fue presidente entre los años 2016 y 2018. Gómez, quien no cuenta con la experiencia dentro de la carrera política, tiene todo el músculo financiero para llegar a la Alcaldía. La precandidata Juanita Cataño,quien buscará el aval del Partido Cambio Radical, cuenta con una trayectoria política como diputada en la Asamblea Departamental del Valle durante el periodo 2015-2019 por el partido Centro Democrático. Otro precandidato es Danis Rentería, quien ganó en la consulta interna de la Colombia Humana. Rentería se destaca por que fue concejal de Cali en el periodo 2012 -2015 por el partido MIO. También está el precandidato Jaime Arizabaleta, activista político de derecha, quien ya hizo oficial su decisión y buscará el aval del Centro Democrático o partidos afines a su ideología política. Gráfico No. 2. Carrera por la Alcaldía de Cali de acuerdo con las encuestas Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: recopilación encuestas (febrero, marzo y abril) Para el mes de febrero quien realizó la encuesta fue la empresa Mejía Consultores, la encuesta consultó a 500 personas vía telefónicamente entre los días 26, 27 y 28 de febrero, con margen de error de más o menos 4,38%. Los resultados colocaron en ese momento a Dilian Francisca Toro en primer lugar, con una intención al voto del 11%, en segundo lugar, con una intención al voto del 9%, estaría Roberto Ortiz, y en tercer lugar, con una intención al voto del 7%, estaría Alejandro Eder. Cabe recordar que Dilian Francisca Toro en la actualidad es precandidata para la Gobernación del Valle. En esta encuesta el voto en blanco más las personas que no saben por quién votar tienen una intención al voto del 46%. Para el mes de marzo quien realizó la encuesta fue la firma Inversiones Independientes Siglo XXI para el Diario Occidente. Esta encuesta consultó a 440 personas entre el 22 y el 25 de marzo con un margen de error de más o menos 4,7%. En este mes Roberto Ortiz lideró la intención al voto con el 17,52%, en segundo lugar aparecrió Tulio Gómez con el 13,86%, en tercer lugar quedó Alejandro Eder con el 7,35%, y en cuarto lugar salió Miyerlandi Torres, con el 6,05%. En esta encuesta el voto en blanco más las personas que no saben por quién votar tiene una intención al voto del 48,79%. Para el mes de abril la firma encuestadora fue Analizar y Lombana, la encuesta consultó a 1.000 personas entre el 08 y el 16 de abril, con un margen de error de más o menos el 3,0%. En este mes la intención al voto la lideró nuevamente Roberto Ortiz con el 22,4%, lo siguió Alejandro Eder con el 9,9%, en tercer lugar apareció Miyerlandi Torres con el 8,5%, quien tuvo un crecimiento respecto al mes anterior. En esta encuesta el voto en blanco más las personas que no sabían por quién votar tuvo una reducción significativa en cuanto al mes anterior, con una intención al voto del 35,4%. Cabe recalcar que estas dos últimas variables se irán reduciendo considerablemente para la fecha de las elecciones debido a que el panorama aún es muy prematuro. La crisis del Pacto Histórico y del Gobierno Nacional de cara al Valle del Cauca y Cali Cali fue una ciudad importante durante el Paro Nacional de 2021. Además de esto movilizó y apoyó masivamente a Gustavo Petro en las presidenciales, sin embargo los problemas que han afectado al Gobierno Nacional como el revolcón ministerial, la ruptura de la coalición con los partidos tradicionales y la negativa constante por apoyar las reformas, han hecho una fuerte injerencia en las decisiones del Pacto Histórico dentro del aún prematuro panorama electoral. Fuentes territoriales confirman que ya no harán consultas internas, si no que todo será por listas cerradas y paritarias, definidas por consensos o encuestas, para elegir una candidatura oficial fuerte que dé peso en la contienda. Como se mencionó anteriormente, las exigencias de los ciudadanos son preocupantes tanto en Cali como en el Valle, ya que esos son los retos que debe asumir los próximos alcalde o gobernador. Según el último informe de Cali Cómo Vamos, hay tres temas específicos dentro de la agenda, los cuales deben de prestarles atención. El primero de ellos es el tema de Salud, en el que sus principales problemáticas son (1) reducción de la satisfacción con el servicio de salud, (2) muertes por enfermedades cerebrovasculares y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores aumentaron, (3) aumentó el número de nacimientos en niñas (10-14 años), este tipo de nacimientos se consideran abusos por la edad de la madre, (4) tercer año consecutivo con incremento en el porcentaje de nacidos con bajo peso (menor a 2.500 gramos), (5) segundo año consecutivo en el que se duplican las muertes asociadas por desnutrición en menores de cinco años. El segundo tema es la educación, ya que hay una menor satisfacción con la educación que reciben los niños, niñas y adolescentes en el sector público. También existe una disminución de la matrícula oficial y además de eso hay una reducción en la cobertura bruta en educación primaria, secundaria y media. El tercer tema a tener en cuenta es el empleo. ya que tres de cada cinco caleños encuestados no conocen las oportunidades laborales en las áreas de su interés profesional. La brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres aumentó en 2022 frente al registro de 2021. Y el cuarto tema y el más importante es la seguridad según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, Cali es la ciudad con la percepción de inseguridad más alta del país, con 84,1%. En cuato a este último tema los precandidatos tendrán que ser bastantes firmes con sus propuestas en cuanto a la seguridad para así devolverle la confianza a los ciudadanos, estos son los temas que cada uno de ellos deberá tener en cuenta si quieren ganar la Alcaldía.