Por: Línea Democracia y Gobernabilidad A la Gobernación de Caldas El panorama, por ahora, por quién sucede a Luis Carlos Velásquez Cardona como gobernador de Caldas parece que será determinado por las decisiones y apoyos que den tanto el exgobernador y actual senador Guido Echeverri, como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano. Este último está a la espera de que el movimiento que fundó en Caldas, Gente en Movimiento, reciba personería jurídica para avalar candidatos en las elecciones locales del 2023. Gente en Movimiento solicitó a inicios de este año al Consejo Nacional Electoral (CNE) su personería jurídica. Al parecer, el senador Guido Echeverri ya tendría su candidato a la gobernación, este sería Luis Roberto Rivas. Rivas es un político de origen conservador con una amplia trayectoria en el departamento, en el pasado ya fue diputado de Caldas, alcalde de Manizales y viene de ser gerente de la Industria Licorera de Caldas. Rivas aspiraría por un movimiento significativo de ciudadanos. Además de Rivas se perfilan como posibles candidatos Manuel Correa, Mauricio Londoño y Camilo Gaviria. El exdiputado por el partido de La U, Manuel Correa, sería el candidato del representante caldense por el movimiento de Mauricio Lizcano, Wilder Escobar Ortiz. Aún no hay certeza si Lizcano, jefe natural de Gente en Movimiento, vaya a apoyar a Correa para la gobernación. Manuel Correa es abogado de la Universidad de Caldas y Magíster en Derecho, con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, ha sido dos veces concejal de Manizales por el partido y una vez disputado de Caldas por el mismo partido. Por el lado del actual diputado caldense por el partido Conservador, Mauricio Londoño, este hizo pública su aspiración desde el año pasado renunciando a la presidencia de la corporación a la que pertenece para no quedar inhabilitado como candidato a la gobernación por el partido Conservador. Por otro lado, el actual diputado por el estatuto de la oposición e hijo de la excongresista uribista Adriana Gutiérrez, Camilo Gaviria, volvería a aspirar a la gobernación por el Centro Democrático. Como se evidencia, por el momento el panorama para la gobernación de Caldas está aún muy prematuro. Lo que sí hay que tener muy claro, como se dijo anteriormente, es que las figuras del senador Echeverri y el director del DAPRE, Lizcano, serán determinantes para esta elección. Además de esto, el candidato que haya tenido algún tipo de relación con el exsenador liberal, Mario Castaño (Ver: Mario Castaño aceptó delitos por corrupción ante la Corte Suprema de Justicia), líder de una red de corrupción interdepartamental, no tendrá chance alguna de llegar a ser gobernador allí. Precandidatos cuestionados a la Gobernación de Caldas Luis Roberto Rivas Montoya es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cuenta con una especialización en derecho comercial en la Universidad de Caldas. También es especialista del Programa Presidentes de Empresa y del Programa de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Luis Roberto es hijo de Roberto Rivas, exalcalde de Manizales y presidente de Seguros Atlas. Inició su carrera política en 1995 como diputado de la Asamblea Departamental de Caldas. FueAalcalde de Manizales durante el periodo 2005 – 2007 cuando se presentó como candidato de la coalición entre lo que hoy es el Partido de La U (antes Nuevo Partido) y el Movimiento de Salvación Nacional, obteniendo 34.286 Votos. Unos meses después de salir de la Alcaldía, Rivas se vio envuelto en el escándalo de Integramos S.A., empresa comisionista que era propiedad de la familia Rivas. Dicha empresa buscaba personas que invirtieran en operaciones en la bolsa agropecuaria. El negocio consistía en que, a cambio de financiar negocios de exportación de café, los inversionistas ganaban hasta un 15% de rentabilidad anual y los Rivas un 3% de comisión. En uno de esos negocios, con la empresa Frutales de Cosecha, Integramos consiguió que 130 inversionistas depositaran su plata en la empresa estatal Almagrario y recibieran certificados de depósito de mercancía a cambio. Recibieron ganancias en una ocasión, hasta que el escándalo de DMG dañó el rentable negocio. En ese momento, dos exportadoras de café locales, Ecocafé y Máximo, propiedad del polémico exgobernador Mario Aristizábal, emitieron certificados de operaciones de café con Almagrario por más plata de la que tenían en inventario, otro escándalo que generó un duro debate en el Congreso. Según Rivas, Almagrario tomó entonces el dinero de la fiducia de Frutales para llenar ese hueco y luego se quedó sin cómo responderles a sus 130 inversionistas. El escándalo estalló casi al tiempo que el de DMG y la Superfinanciera intervino la empresa como presunta cabeza de una pirámide que había captado recursos ilegalmente. Después de eso, la Supersociedades intervino a varios familiares de Rivas que estaban en la junta de la empresa y al propio exalcalde, y definió este caso como “el proceso más complicado que hay, incluso por encima del grupo Nule y el de Frontino”. Tras ese escándalo, Rivas se retiró de la vida pública y se dedicó a los negocios inmobiliarios de su familia, hasta que para el periodo 2015-2017 se postuló nuevamente para la Alcaldía de Manizales, obteniendo el segundo lugar con 44.211 votos. Luego de esto, en 2016, aceptó el cargo de gerente general de la Industria Licorera de Caldas al cual renunció el pasado 24 de octubre de 2022. Luis Roberto Rivas Montoya habría renunciado como Gerente de la Licorera de Caldas para aspirar a la Gobernación de Caldas en representación de un grupo significativo de ciudadanos el cual próximamente se inscribirá ante la Registraduría Nacional para recibir la autorización e iniciar la recolección de firmas. A la Alcaldía de Manizales Manizales presenta en estos momentos un panorama con mucha especulación sobre posibles candidatos y alianzas, pero muy poca de esa información ha sido confirmada por los diferentes precandidatos y grupos políticos. El nombre que tiene en estos momentos más fuerza para ser alcalde de Manizales es el de Jorge Eduardo Rojas. Rojas ya fue alcalde de la ciudad por el partido de La U durante el periodo 2012-2015 y quien también fue ministro de Transporte en el gobierno de Juan Manuel Santos. Por el momento no se tiene certeza si Jorge Rojas sería candidato por el partido de La U. En el caso de Carlos Mario Marín, actual alcalde de Manizales, este quisiera poner sucesor. Por ahora quien parece ser el candidato de Marín es Carlos Alberto Arias. Arias fue secretario de Deportes en la administración de Marín, de hecho, esta administración en su cuenta de Twitter, al anunciar la salida de Arias de la Secretaría, lo presentó como precandidato a la alcaldía, algo que llegó a ser interpretado como proselitismo político. Según fuentes territoriales de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el problema de esta candidatura es que tiene una estrecha relación con una administración municipal con una imagen desfavorable muy alta. Esto también evitaría que Arias sea avalado por la Alianza Verde, partido que avaló en el pasado a Marín. Por parte del actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano, aún no se sabe quién pueda ser su candidato. Existe la posibilidad de que si le otorgan personería jurídica a su movimiento, Gente en Movimiento, Lizano busque también una alianza con el Pacto Histórico en el departamento para apoyar a algún candidato. También existe la posibilidad que Mauricio Lizcano busque una alianza con uno de sus aliados en el departamento de Caldas, Carlos Mario Marín, para que los dos pongan candidato único. Respecto a quienes están recogiendo firmas, aparecen los nombres de John Robert Osorio Isaza, Jorge Alberto Betacurt, Paula Andrea Toro y Miguel Trujillo. Osorio promueve su movimiento la recolección de firmas con el nombre Sí Podemos Manizales y Jorge Alberto Betacurt lo hace por +Fe. Por parte de Paula Andrea Toro, el movimiento se llama Una y el de Miguel Trujillo se llama Revivamos Manizales. Estos últimos dos han sido secretarios de Desarrollo Económico de Caldas. En el caso específico de Trujillo, este es muy cercano al senador Guido Echeverri, pero aún no se sabe si Echeverri lo apoye en esta aspiración. ¿Quién es Jorge Eduardo Rojas? Jorge Rojas estudió ingeniería civil en la Universidad Javeriana de Bogotá y es especialista en desarrollo gerencial de la Universidad Autónoma de Manizales. Respecto a su carrera política, Rojas inició como concejal de Manizales para el periodo 2002-2005. Luego hizo parte de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMAS) como gerente técnico. Luego de su paso por EMAS fue secretario de Obras Públicas de Manizales en las alcaldías de Luis Roberto Rivas y de Juan Manuel Llano. Luego, para el periodo 2012-2015 Rojas fue elegido alcalde de Manizales con casi 40 mil votos. En su aspiración fue coavalado por el partido de La U y por el partido Conservador. Al salir de la alcaldía fue nombrado ministro de Transporte en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Precandidatos cuestionados a la Alcaldía de Manizales Carlos Alberto Arias Jiménez es abogado graduado de la Universidad de Manizales con una especialización en derecho constitucional y administrativo de la Universidad Externado. Además, es magíster en derecho del Estado con énfasis en gobierno y desarrollo de entidades territoriales. Durante 2020 y 2022 fue secretario de Deportes de Manizales. Estando ocupando el cargo, fue cuestionado porque habría favorecido a familiares y amigos en cargos públicos de la ciudad. Carlos Alberto Arias renunció en 2022 a la Secretaría del Deporte y se ha especulado que posiblemente buscará aspirar a la Alcaldía de Manizales con el apoyo del alcalde Carlos Mario Marín. Respaldo que se podría confirmar de ser cierto el presunto señalamiento por proselitismo político por parte de la administración para favorecer los intereses de Arias en su aspiración a la Alcaldía.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Faltando 9 meses para las elecciones de autoridades locales, Atlántico se prepara para un fenómeno sin precedentes. Es la primera vez que en la hegemonía de los Char se presenta un ambiente incierto producto de las investigaciones por presunta compra de votos que se llevan a cabo en la Corte Suprema de Justicia contra Arturo Char, pero también porque es la primera vez que enfrentan un Gobierno Nacional adverso a su poder. A pesar de esto, este clan político no está dispuesto a perder su poder clientelar en el departamento, prueba de ello ha sido el reciente fichaje del futbolista Juan Fernando Quintero para el Junior de Barranquilla, manteniendo así la tradición de esta familia de realizar muy buenos fichajes previo a elecciones. Conforme a fuentes territoriales de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los Char tienen una estrategia ante la nueva fuerza electoral, el Pacto Histórico. De acuerdo a lo comentado en círculos políticos, esta posible estrategia consiste en llevar a cabo un pacto de no agresión en el que los Char abran el paso a un candidato alternativo a la Gobernación del Atlántico que sea cercano a ellos, es decir que genere confianza en ambos sectores políticos, mientras el Pacto Histórico permita que nuevamente la Alcaldía de Barranquilla quede para los Char. Este pacto no significa que ambos sectores no presenten candidatos para cada cargo, sino que representa el compromiso de no presentar candidatos que representen una verdadera competencia electoral. A la Gobernación del Atlántico Este pacto de no agresión ha implicado una división interna del Pacto Histórico entre quienes lo ven como una oportunidad y entre quienes consideran que estas alianzas son contrarias al sentido de la coalición. Entre quienes estarían favor de impulsar está vía está la casa Política de los Torres Villalba, debido a que han sido aliados de los Char y ahora son cercanos al gobierno al tener al interior de su estructura a Pedro Flórez, senador del Pacto. De acuerdo con fuentes de prensa, Flórez tendría intereses en realizar una coalición entre el Pacto Histórico y el Partido Liberal para las elecciones a gobernador. Esta alianza es posible, si se tiene presente que los Torres Villalba cuentan con un representante a la cámara por el Partido Liberal, Dolcey Torres. La oposición a esta alianza al interior del Pacto Histórico se encontraría representada por Miguel Ángel Del Río, abogado de Aida Merlano Rebolledo ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de compra de votos por parte de los Gerlein y los Char. Entre los precandidatos que más suenan para la Gobernación del Atlántico, que podrían ser garantías tanto para el Pacto Histórico como para los Char, están José Antonio Segebre, exgobernador del Atlántico 2012-2015, y Alfredo Valera, excandidato a la Gobernación de Atlántico en 2015 por los partidos Alianza Verde y La U, quien se enfrentó a los Char en esa elección que dio como ganador a Eduardo Verano. Según las fuentes de Pares, Segebre es el candidato ideal para esta alianza, si se tiene encuentra que en el 2011 su candidatura a la Gobernación fue respaldada por los Char, asimismo estuvo presente en las campañas presidenciales de los alternativos en el departamento, primero en la consulta con Alejandro Gaviria, luego en la primera vuelta con Sergio Fajardo y en la segunda vuelta con Gustavo Petro. En esta misma línea del pacto de no agresión, en el sonajero para la Gobernación suena el nombre de Martha Villalba, líder junto a su esposo de la casa política de los Torres Villalba, y el del exgobernador liberal Eduardo Verano. Según fuentes de prensa, la cercanía entre Alex Char y Eduardo Verano fue clave para que fuera electo como gobernador en el 2015. Verano en la actualidad es el candidato con mayor favorabilidad por parte de sectores políticos tradicionales. Por el lado de la Colombia Humana, otro nombre que se ha impulsado desde la izquierda es Máximo Noriega, asesor del diputado Nicolás Petro, quien sería el alfil del Pacto Histórico en las negociaciones de este grupo político con distintos clanes del caribe colombiano. A la Alcaldía de Barranquilla El precandidato de los Char para la Alcaldía de Barranquilla es inicialmente Alex Char, sin embargo están considerando considerando el nombre de Carlos Acosta, exfuncionario de las alcaldías de Pumarejo, Elsa Noguera y Alex Char. La relevancia de Acosta al interior de la baraja de los Char depende del curso de la investigación por compra de votos en la Corte Suprema de Justicia. Por el momento, son los candidatos con mayor visibilidad y probabilidad de éxito. En oposición al continuismo político de los Char, han aparecido precandidatos como Luis Enrique Guzmán Chams, quien se presenta como una alternativa frente al continuismo político de este clan, sin representar un sector alternativo. Es importante recordar que Chams confesó haber sido parte del entramado criminal de corrupción del Megatanque de Barranquilla. A pesar de esto, fuentes de prensa aseguran que Charms acudirá a la ciudadanía por medio de firmas para poder avalarse. Otros precandidatos que tienen la intención de acudir a las firmas es Marco Orozco, a través de su movimiento Ciudadanos 1A y elex concejal y empresario Harry Silva Llinás. Fuentes de Pares indican que ni Orozco y ni Silva son candidatos fuertes por el momento en el sonajero de la ciudad. Por parte de los alternativos se ha mencionado como precandidato a Cristóbal Padilla, quien fue delegado de Gustavo Petro ante la Junta Directiva de Monómeros. En esta misma línea desde algunos sectores del Pacto Histórico se ha impulsado a Miguel Ángel del Río, postulación proveniente de los sectores radicales de la coalición que estarían en oposición al pacto de no agresión con los Char. Por parte del Polo Democrático Alternativo se proclamó como precandidato a la Alcaldía en una asamblea del partido al abogado y actual concejal Antonio Bórquez, quien en las pasadas elecciones se enfrentó al hoy alcalde Jaime Pumarejo y logró llegar al Concejo vía estatuto de oposición. Conforme a las investigaciones de Pares, Bórquez se ha destacado por su control político a la administración de Pumarejo En relación a las otras alcaldías del Atlántico es importante mencionar que el pacto de no agresión aparentemente sólo implican la Gobernación y la capital, Barranquilla. Sin embargo, existe la posibilidad de un acuerdo desde la Gobernación que permita la repartición de los demás municipios del departamento, teniendo en cuenta los distintos intereses electorales. Precandidatos cuestionados Gobernación Alfredo Varela es profesional de negocios internacionales con una especialización en finanzas. Fue dos veces concejal de Barranquilla por Cambio Radical y excandidato a la Gobernación del Atlántico por los partidos de la Alianza Verde y La U en 2015. Ha tenido una larga relación con los Char que oscila entre amistad y enemistad. Según fuentes de prensa, Varela intentó impulsar una candidatura desde Cambio Radical para la Alcaldía de Barranquilla en el 2011, la cual no fue respaldada por los Char, quienes terminaron avalando a Elsa Noguera. Posteriormente, para 2015 Varela decidió lanzarse a la Gobernación fuera de las toldas de Cambio Radical y compitiendo con el candidato electo de los Char, Eduardo Verano. A pesar de esto, los Varela y los Char son familias que han crecido juntas, puesto que el padre de Varela fue el asesor jurídico de Fuad Char. Entre los cuestionamientos más importantes de Varela se encuentra el caso Navelena, caso de corrupción que llevó a una investigación de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría contra los directores de la Corporación Autónoma Regional Del Río Grande De La Magdalena (Cormagdalena), entre quienes se encuentra Varela como director de esta organización en 2017. De acuerdo con la Contraloría, esta investigación tuvo lugar en razón a que los estudios y diseños que fueron entregados por Navelena y recibidos a satisfacción por Cormagdalena no han prestado utilidad alguna para dar cumplimiento al proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Está investigación se encontraba vigente para el 2022, tras haber sido declarada como caso de impacto nacional por el contralor Carlos Hernán Rodríguez. Martha Villalba Holdwaker es abogada con especialización en desarrollo social, ha sido primera dama de la Alcaldía de Puerto Colombia 2001-2003, diputada del Atlántico 2004-2007, alcaldesa de Puerto Colombia 2008-2011 y representante a la cámara por Atlántico en dos periodos: 2014-2018 y 2018-2022. En la actualidad es una de las mujeres más poderosas del Atlántico, al ser líder de una casa política de Puerto Colombia junto con su esposo, Camilo Torres. Está casa política tiene un emporio empresarial alrededor del alumbrado público en Atlántico y Santander, el cual sustenta la actividad política del grupo familiar. Entre los cuestionamientos más importantes se encuentra que fue acusada por la Corte Suprema de presunto peculado en favor de terceros y contrato sin requisitos legales por la liquidación de un contrato de malla vial en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, en 2011, mientras era alcaldesa. En la actualidad se desconoce el curso de esta investigación, por el momento no existen condenas. Alcaldía Alejandro Char, mejor conocido como Alex Char (Ver: Alejandro Char candidato presidencial: el autoricharismo quiere llegar a la Casa de Nariño), es ingeniero civil de la Universidad del Norte, con especialización en alta gerencia de la Universidad de los Andes y maestría en gerencia de proyectos del Georgia Institute of Technology en Estados Unidos. Char fue concejal de Barranquilla en 1997, gobernador del Atlántico solo por nueve meses en 2003 y dos veces alcalde de Barranquilla, entre los periodos 2008-2011 y 2015-2019. El clan político al que pertenece el exalcalde de Barranquilla es el clan Char. Dicho clan, en cabeza de su padre, Fuad Char, a medida que han transcurrido los años ha construido una estructura económica y política que domina gran parte de Barranquilla y el Atlántico. Esta estructura está compuesta por una vasta red de políticos en los distintos niveles administrativos, la cadena de supermercados Olímpica, el banco Serfinanza y el equipo deportivo Junior de Barranquilla. Este poder lo han logrado amplificar en otros departamentos de la región caribe como Sucre, Córdoba, Magdalena, La Guajira y Bolívar. Alejandro Char ha sido cuestionado no solo por el hecho de pertenecer a uno de los clanes más poderosos del país, sino también por una serie de investigaciones que lo involucran a él. El escándalo que más resuena en estos momentos en contra de Alejandro Char es el de la exsenadora conservadora, Aída Merlano, hoy prófuga de la justicia. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia condenó a Merlano a más de 11 años de cárcel por delitos electorales. Durante la investigación de la Corte, Merlano acusó a los Char de compra de votos en las elecciones de 2018 para el entonces candidato, y luego presidente, Iván Duque. Por estas acusaciones la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagación al senador Arturo Char, hermano de Alejandro. La primera audiencia se iba a llevar a cabo el 24 de enero de 2023, pero Arturo cambió de abogado por lo que la audiencia quedó aplazada. En entrevista con la periodista Vicky Dávila, Merlano dijo: “Alex Char quiere ser el dueño de toda Colombia y no le importa por qué medios, hace lo que sea. Yo podría decir que es capaz de vender hasta su alma al diablo para lograr sus objetivos”. Además de esto acusó a Alejandro Char y Arturo Char de enviar a sus abogados para planear su fuga. Otro cuestionamiento reciente que cae sobre la familia Char se debe a las denuncias realizadas por el precandidato a la Alcaldía Luis Enrique Guzmán Chams. Luis Enrique Guzmán denunció que habría pagado coimas a los Char para quedarse con contratos. Guzmán instauró una queja en la Procuraduría por presuntas irregularidades en la celebración de varios contratos. Dicha investigación fue archivada recientemente porque, según la Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello, cuota de los Char, esta entindad no tiene las competencias para realizar la investigación. Carlos Acosta es ingeniero electrónico con estudios en economía. Ha hecho su recorrido en lo público de la mano del clan Char, pues en sus administraciones ha sido gerente de Ciudad, gerente de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe y secretario general. En estos momentos aspira a la Alcaldía de Barranquilla. En caso de que Alejandro Char no se lance por el caso de Aída Merlano la segunda opción podría ser Carlos Acosta Juliao. Luis Enrique Guzmán Chams es abogado y ganadero barranquillero. Se dio a conocer en la vida pública por las denuncias que hizo en contra del Clan Char. Según Guzmán Chams, él habría pagado coimas a funcionarios de la administración de Barranquilla que involucrarían a Arturo Char y Alejandro Char para quedarse con el contrato para la construcción del Megatanque de Barranquilla. Este contrato tenía el fin de proveer el suministro de agua para más de 800.000 habitantes de Barranquilla. Dicho proyecto tuvo una inversión de casi 40.000 millones de pesos, su construcción inició en 2015 y debía entregarse en 2017, debido a estas denuncias el proyecto no se finalizó. Tras estas denuncias, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría abrieron investigaciones, pero recientemente la Procuraduría archivó la investigación, por el momento la Fiscalía y la Contraloría no se han pronunciado al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado viernes 02 de junio se inició la fase de diálogos con las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá. La instalación protocolaria del espacio de conversaciones socio-jurídica se realizó en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí. La cual contó con la presencia de múltiples representantes, entre ellos: de la Iglesia Católica, la Comunidad Internacional, las comunidades locales y de la academia –en la que estuve como representante delegado del rector de la Universidad de Antioquia–. La instalación de la mesa coincide con el inicio en el Congreso de la República de los debates sobre la propuesta de Ley de Sometimiento a la Justicia. Una norma con la que se busca fortalecer uno de los pilares de la política de Paz Total del Gobierno Nacional; aquella que le apunta a dejar sentada las bases para la construcción de una Paz Urbana en el país mediante el sometimiento a la justicia de las estructuras armadas criminales (Ver: Ley de sometimiento: malestares y posibilidades). A pesar de que esta iniciativa corre el riesgo de no ser aprobada en el Congreso o sufrir variaciones importantes, los líderes de los grupos delictivos organizados de Medellín y el Valle de Aburrá –entre ellos Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”), Gustavo Adolfo Pérez Peña (alias “El Montañero”), Albert Antonio Henao Acevedo (alias “Albert”) y Freiner Alfonso Ramírez García, (alias “Carlos Pesebre”)– manifestaron en la fase de acercamiento –que duró nueve meses– su disposición a incorporarse al espacio de diálogo socio-jurídico y aportar a la construcción de la paz completa en el país (Ver: Lo urbano en la construcción de paz). El objetivo de esta mesa no es discutir tratamiento jurídico especial para los líderes de las estructuras criminales que se encuentran en la cárcel. Tampoco que se les retiren las peticiones de extradición, pues este es un tema que no se considera en la propuesta normativa. Según lo expresaron los representantes de las organizaciones que hablaron en la instalación, el objetivo es buscar alternativas dialogadas para la construcción de un espacio urbano pacífico en el que sea posible la sostenibilidad económica y social del territorio. En el Valle de Aburrá existen, por lo menos, 14 agrupaciones armadas ilegales –casi la mitad de las que tiene todo el territorio nacional–, compuestas por alrededor de 250 grupos criminas y 12 mil integrantes –en su mayoría jóvenes– que se dedican a desarrollar actividades ilegales y criminales como la producción y tráfico de estupefacientes, prostitución, extorsión, robo, etc. La idea con el diálogo socio-jurídico es incorporar a esta población a las dinámicas económicas de la legalidad como solución a largo plazo de la violencia urbana. Las miradas y opiniones frente a este nuevo pilar de la Paz Total, que inicia su segunda fase, son muy diversas. Unos sitúan las discusiones en el corto plazo, advierten que este es un proceso de sometimiento y no de negociación, por tanto convocan a tener un enfoque de administración de justicia y creación de incentivos para el acogimiento individual y colectivo a la justicia. Acompañado de un seguimiento a la reducción de la violencia en el territorio, como un cese al fuego y de hostilidades. Otros ponen la mirada en el mediano plazo y en las personas que están participando desde las cárceles. Se preguntan por los instrumentos e incentivos que tendrán los empresarios criminales para que entreguen sus grandes fortunas y renuncien a las rentas ilícitas. Llaman la atención de no caer en el juego de negociar un plan de retiro para los líderes de las estructuras armadas y en la urgencia de que una vez cumplan penas no vuelvan a sus actividades criminales. Finalmente, están los que ponen la mira en el horizonte. Piensan que esta es una muy buena oportunidad para que se avance definitivamente en el desmonte de estas estructuras armadas. En la conveniencia de buscar alternativas de empleo y educación para que los miles de jóvenes que hacen parte de estas estructuras ilegales se retiren e incorporen a la vida económica legal. Quitar la base colectiva a estas organizaciones y comenzar con el derrumbe de una cultura de la ilegalidad que ha durado por décadas. Este último camino, observé en la instalación de la mesa, fue el que se discutió y se propuso al inicio de las conversaciones de la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Las intervenciones del padre Jaime Henao –de la Pastoral Social de Medellín–, de Néstor Osuna –ministro de Justicia– y de Danilo Rueda –el Alto Comisionado de Paz– se dirigieron a invitar a trabajar, desde el espacio de conversaciones, en construir condiciones para que los jóvenes se incorporen a trabajos legales y las comunidades se atiendan, escuchen, reparen y se les proteja sus derechos. Un especial nombramiento y atención recibieron en las diversas intervenciones las víctimas del conflicto urbano. El ministro Osuna insistió en la necesidad de que “cualquier arreglo de paz debe ser respetuoso con las víctimas”. Lo mismo que el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Javier Sarmiento, quien dijo que estaban allí para “la protección jurídica” de este importante actor. Y finalmente, la Comunidad Internacional, representada por Daniel Millares, dijo en un comunicado conjunto que se respetaría el derecho de las comunidades y las víctimas. En esta lógica, el trabajo que se espera en Medellín y los demás municipios que componen el Valle de Aburrá será hablar con la gente: partiendo de los microespacios que ocupan en el sector y el barrio, y luego ampliándose a la comuna y las ciudades. Diálogos que prometen serán “abiertos” y buscarán “construir la ciudad que queremos”. De allí que se espera concurran todos los actores del territorio, desde la víctima hasta el victimario, desde el comerciante que es extorsionado o desplazado por la violencia de las bandas hasta “los muchachos de los barrios” que están en el crimen y requieren contar también su verdad. En síntesis, se le unió a la mesa de la Paz Total el componente de la Paz Urbana. Un espacio de diálogo que tendrá muchos retos, como los de reconocer problemas, explorar y proponer programas sociales y económicos –que incentiven la dejación de armas y el acogimiento de formas de trabajo legales– y avanzar en la búsqueda de la verdad, el perdón y la reconciliación. Un pacto colectivo en el que se logren transformar las comunas y espacios urbanos y se construya la paz barrial y territorial. Nota: La Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación acaba de publicar un informe titulado Sin Paz Urbana no hay Paz Total, en el que indagan sobre la cuestión conceptual e institucional de la Paz Urbana y hacen un análisis de la convivencia y la seguridad ciudadana en las áreas metropolitanas del país en las que se están llevando diálogos de Paz Urbana, entre ellas Medellín y el Valle de Aburrá. Léalo, aquí. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Con el liderazgo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se han reunido todos los presidentes de Suramérica para volver a pensar los temas comunes como región. Es un viejo anhelo que vuelve a cobrar fuerza en un mundo lleno de retos y desafíos que hacen necesario avanzar en esa dirección: una región suramericana capaz de tramitar lo común de manera organizada y tener una voz y una acción unificada en los temas globales. Suramérica son doce naciones con una historia compartida y parte de un solo territorio donde vivimos cerca de cuatrocientos millones de personas en dieciséis millones de kilómetros cuadrados. Con este peso y dimensión son muchos los asuntos a trabajar de manera coordinada y con un enorme potencial de transformación si se actúa de manera conjunta. Una economía de cuatrocientos millones de personas puede y debe avanzar en una acción coordinada, son muchos los campos en los que somos complementarios y donde se pueden hacer sinergias virtuosas para las partes y para el conjunto de Suramérica, pero ello requiere trabajo conjunto, construcción de políticas y de una institucionalidad que le dé soporte a la integración. Desde el año 2006 se habló de dotarse de una institucionalidad para la integración y ella se concretó en la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR), que cobró vida plena en 2011, cuando nueve países ratificaron mediante sus parlamentos la adhesión a este referente de integración, que inició su proceso de conformación y se dotó de una serie de espacios decisorios con el liderazgo de presidentes, cancilleres y una secretaría general con sede en Quito. Todo parecía promisorio para UNASUR, hasta que la falta de madurez política para convivir en la diferencia política desintegró la organización, lo que llevó a la mayoría de los países integrantes a retirarse de ella. Suramérica puede avanzar en integración económica sin duda alguna, haciendo comercio justo y complementario, potenciado un trabajo coordinado para que cada economía crezca y apoye el desarrollo regional. Para ello hay que avanzar en los mecanismos y las políticas concretas que permitan crecimiento y distribución de los recursos para avanzar en los desafíos de mayor cohesión social y garantía de derechos universales, saliendo de la segregación y la exclusión en la que viven partes importantes de nuestras sociedades. En una agenda de prioridades para Suramérica está la protección y restauración ambiental, donde sobresale la Amazonía compartida por: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, es decir ocho de los doce países suramericanos tienen territorio en este importante ecosistema y territorio de interés mundial como lo es la Amazonía. Ligado a la protección y restauración de la Amazonía tenemos el vital tema de la crisis climática y la transición energética, en el que se pueden construir políticas compartidas. También hay que salir de la fracasada guerra contra las drogas y formular una nueva política para el relacionamiento del mundo con este cada vez más diverso mundo de “drogas”, esa es una discusión y una reformulación global, allí se puede construir una voz como Suramérica y promover las necesarias y pertinentes reformulaciones. Hay que volver a UNASUR, como lo ha anunciado el presidente Petro en la reciente cumbre de presidentes en el Brasil, avanzar en un relacionamiento sobre los intereses comunes y saber convivir entre todo el espectro político, aprendiendo de las experiencias pasadas, frente a las que esta diversidad no supo llevar adelante esta necesaria integración. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana Será muy difícil hablar de Paz Total si no se incluye en la política de paz a todos los actores generadores de violencia en el país, no solo a los grupos armados organizados de carácter político, sino también a las estructuras criminales que proliferan en las ciudades y que generan problemas de seguridad y convivencia ciudadana. En Colombia, el 80% de la población vive en las ciudades y la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha registrado alrededor de 60 estructuras criminales que operan y generan violencia en los territorios urbanos. Es por esto que el Gobierno Nacional se ha volcado ha iniciar conversaciones con estas estructuras criminales urbanas, intentando acuñar el término Paz Urbana. ¿Qué es la Paz Urbana? La Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares presenta su informe Sin Paz Urbana no hay Paz Total para intentar responder esta pregunta en términos conceptuales e institucionales, así como diagnosticar las áreas metropolitanas del país en las que el Gobierno Nacional está llevando a cabo conversaciones con estructuras criminales, a saber: Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín y Quibdó. En este informe se intenta responder a la pregunta ¿qué se necesita para lograr la Paz Urbana?, y se hacen recomendaciones al respecto para cada una de las áreas metropolitanas anteriormente mencionadas. Consulte toda la información, el análisis, los mapas y las recomendaciones sobre Paz Urbana, aquí :

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La principal de las estrategias del llamado golpe blando –del cual se habla como una maniobra de la oposición para tumbar a Petro– es crear ambientes de ingobernabilidad. Los golpes blandos son una estrategia de explícita traza maquiavélica, cuya fórmula está fundada no en cómo conseguir el poder y mantenerlo –que es la premisa de El Príncipe– sino en todo lo contrario, en cómo derrocar presidentes y tumbar gobiernos. Al decir de Gene Sharp, autor De la Dictadura a la Democracia –ensayo escrito en 1993 que alude por primera vez al golpe blando–, se trata de promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, como lo es la denuncia, con o sin fundamentos, de actos de corrupción o abuso del poder. En tal propósito, el golpe blando está ligado a la creación de rumores y falsas noticias en contra del gobernante. Una tarea en la que las informaciones mentirosas son el medio expedito para fabricar perjuicios en sus cercanos colaboradores, debilitándolos moralmente. De ahí que, a partir del éxito comercial del mentado ensayo de Sharp, se hubieran puesto en boga las llamadas fake news. Dicho texto, que contiene más de 190 estrategias para facilitar la caída de gobernantes y cinco etapas para llevarlas a cabo, plantea como medio de acción primordial la construcción de mentiras. Así, la primera etapa del golpe blando es la promoción de intrigas y la divulgación de falsos rumores*, como decir, por ejemplo, que la Presidencia de la República ante un robo que le hicieran a la secretaria de la presidencia, Laura Sarabia, secuestró y torturó sicológicamente a su niñera tras haberla sometido a un interrogatorio validado por las buenas costumbres y por los protocolos de ley. La segunda etapa del golpe blando consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el poder*. Aunque resulte a todas luces un hecho obtuso, el presidente Petro recibió un llamado de atención de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –sumada consciente o inconscientemente al golpe blando– en la que se le señala de estar censurando periodistas, cuando en realidad lo evidente ha sido que, en su personalísimo derecho de defensa, el presidente ha desmentido a quienes en calidad de periodistas han actuado por fuera de la ética de su profesión y se han distanciado del buen comportamiento moral. La tercera etapa del golpe blando se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales, y en la manipulación de la población para que emprenda manifestaciones y protestas amenazando las instituciones*. En el caso del presente nuestro, y del presidente Petro, esta tercera etapa ha sido fallida. Tanto la marcha de los empleados de Rappi, como el plantón de los coroneles retirados, terminaron siendo impertinentes; pues este gobierno, como no lo hicieron los anteriores, ha buscado y prometido mejorarles la situación. La cuarta etapa del golpe blando consiste en la realización de operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de "ingobernabilidad"*. La prueba reina del cumplimiento de esta cuarta etapa –siempre de la mano de periodistas mezquinos– sin duda son las intenciones de dañar las relaciones del presidente con las instituciones judiciales, como por ejemplo con el Concejo de Estado y las altas cortes. Y ni qué decir de las actuaciones de la Procuraduría, que pretende suspender al senador Wilson Arias. La quinta y última etapa del golpe blando tiene por objeto forzar la renuncia del gobernante, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones al tiempo que se mantiene la presión en la calle con el fin de ir preparando el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país*. Pese a ello, ya es imposible el llamado aislamiento internacional, porque al gobierno de Petro lo han respaldado públicamente en sus programas, entre otros estados y organismos internacionales, el FMI –que ha dicho que apoya las diferentes políticas de su gobierno–; el Banco Mundial –que se comprometió a respaldar los procesos para la reformas pensional y laboral–; el gobierno de los Estado Unidos –que apoya plenamente el proceso de Paz Total–; y la Organización para la Cooperación y el desarrollo económico, la OCDE –que ha respaldado las reformas laboral y pensional de su gobierno y ha rotulado a Colombia como el quinto país con mayor crecimiento económico–. En fin, el golpe blando es una sucia estrategia que los opositores al gobierno de Petro están empleando con el propósito de azuzar a inocentes sin ninguna preparación intelectual y a sus seguidores –igualmente inocentes y sin preparación intelectual– para que sientan odio contra la persona del presidente y contra su gobierno. No obstante, es muy difícil –si no imposible– levantar a un pueblo contra un presidente que lo ampara y le cumple las promesas. De modo que en Colombia las acciones abanderadas por los medios de comunicación del régimen sin duda serán fallidas. Igual se equivocan quienes sueñan con una intervención militar directa, un golpe fuerte, porque hoy es bastante claro que los militares y los policías, pero especialmente sus familiares cercanos, prefieren una política de paz y no una política de guerra en la que ellos son quienes exponen y pierden la vida. Con todo, y aunque la estrategia de los golpes blandos ha sido concebida para derrocar dictadores; si miramos los países y los gobernantes a los cuales, fructuosa o infructuosamente, se les ha aplicado, nos daremos cuenta de que eso no es cierto. De hecho, quienes los han puesto en práctica –los Estados Unidos y sus aliados incondicionales– sólo lo han usado para tumbar gobiernos comunistas o socialistas, para tumbar gobiernos de izquierda o progresistas y, por supuesto, para tumbar gobiernos democráticamente constituidos que, a su juicio, afectan sus intereses o ponen en riesgo su “seguridad nacional”. En Latinoamérica ya son muchos las gobernantes víctimas del golpe blando: Fernando de la Rúa en Argentina, Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Nicolás Maduro en Venezuela, Dilma Russel en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia y, entre otros, Pedro Castillo en el Perú. De igual forma, todos estos golpes dados en calidad de “blandos” –frustrados o no– han sido actuaciones que, puestas en comparación con los procedimientos de los golpes militares tradicionales, son igual de violentas. En el Perú, por ejemplo, en ocasión del golpe blando dado al presidente Pedro Castillo, se reportaron más de cincuenta muertos y cientos de heridos. Pero, bueno, ¿qué posibilidades hay de que al presidente Petro le den un golpe blando? Yo diría que ninguna, porque, pese a la existencia de pruebas de su fragua, también es cierto que existen elementos para asegurar su fracaso. Sólo basta considerar el respaldo popular al presidente por parte de millones de colombianos y colombianas que votaron para elegirlo y el respaldo de quienes, más allá de ser sus electores, están siendo beneficiados por sus proyectos de gobierno. Por estas claras razones, no es difícil sopesar y concluir que el presidente Petro es inmune a un golpe blando y, por el contrario, las intentonas por dárselo, en efecto bumerang llevarán al llamado régimen al debilitamiento y a su desestructuración. *Estos apartados están apoyados en el texto Estado Blando en Marcha. De: https://larosaroja.org/golpe-de-estado-blando-en-marcha/ *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia que sanciona al excandidato presidencial Rodolfo Hernández con destitución e inhabilidad general por 14 años. La decisión se basa en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que demostraron el interés indebido del exalcalde de Bucaramanga en el proceso de selección de un contrato para el aprovechamiento y disposición de residuos sólidos. Según la investigación, Rodolfo Hernández tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar en el contrato, proporcionándoles información privilegiada para obtener ventaja sobre otros competidores en el proceso de selección. Además, se comprobó que el exalcalde sostuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía involucrada, en la cual se acordó la designación de una persona para elaborar los términos que favorecerían a dicha firma contratista. El caso en el que se ve involucrado Hernández se remonta a la crisis por el manejo de basuras en Bucaramanga, por la cual la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) realizó una invitación pública para seleccionar una nueva tecnología de disposición de residuos, que finalmente acabó en un proceso de contratación directo que Hernández adelantó con la Unión Temporal Vitalogic RSU. Aunque la adjudicación no se llevó a cabo, se radicó una queja disciplinaria en la que se señalaba que el hijo de Rodolfo, Luis Carlos Hernández, había suscrito un acuerdo de corretaje en la firma del contrato entre la EMAB y Vitalogic, para otro contrato inicial de consultoría por $344 millones (Ver: Los cuestionamientos de Rodolfo Hernández). Según la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Vitalogic es una empresa dedicada a “alcanzar una solución ambiental y eficiente para la disposición final alternativa de los residuos sólidos urbanos” (Ver: En la tierra de Rodolfo, ¿logrará ser rey?: empiezan a moverse fichas por la Gobernación de Santander). Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Pares, resalta que la reciente decisión vuelve a plantear el debate sobre la capacidad de la Procuraduría para privar a las personas de sus derechos políticos sin que exista una sentencia judicial. La investigadora destaca que esta situación genera interrogantes en torno a los límites y facultades de la Procuraduría en cuanto a la imposición de sanciones que afectan la participación política de los individuos. Cabe mencionar que en 2019 la Procuraduría le formuló a Rodolfo Hernández pliego de cargos por celebración indebida de contratos y en 2020 la Fiscalía lo imputó por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por haber intervenido en la dirección del contrato que se esperaba suscribir entre la EMAB y alguien que tendría relación con Vitalogic, Jorge Alarcón Ayala. Tras el anuncio de la Procuraduría, la defensa de Rodolfo Hernández, líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, anunció que apelará la decisión de la Procuraduría. El abogado del exalcalde de Bucaramanga, Julio César Ortiz, argumenta que no existen fundamentos probados que respalden la sanción impuesta, alegando que no se ha demostrado la injerencia de Hernández en el caso. El defensor también destacó que el fallo no debería frenar la aspiración de Hernández a la gobernación de Santander y manifestó la disposición de recurrir a instancias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si fuera necesario. La decisión de la Procuraduría ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y social de Bucaramanga. Muchos ciudadanos expresaron su descontento ante los actos de corrupción en los procesos de contratación, destacando la importancia de combatir la impunidad y promover la transparencia en la gestión pública. La destitución e inhabilidad de Rodolfo Hernández plantea interrogantes sobre el futuro político del excandidato presidencial. Con su aspiración a la gobernación de Santander en juego, la apelación de la decisión buscará demostrar la inocencia del político y restablecer su imagen ante la opinión pública. Daniela Garzón plantea la necesidad de realizar ajustes en relación con los poderes de la Procuraduría para imponer sanciones que afecten los derechos políticos de las personas, especialmente cuando no existe una sentencia judicial firme, como es el caso del juicio en curso contra Rodolfo. En esta situación, Garzón argumenta que Rodolfo podría apelar la decisión y mantener su postulación como aspirante a la gobernación hasta que se confirme una sentencia definitiva. Sin embargo, reconoce que esto implicaría un desgaste considerable, ya que el fallo de la Procuraduría arroja una sombra sobre todo el proceso judicial en curso. En el marco de este caso, se espera que las autoridades profundicen las investigaciones. El caso de Rodolfo Hernández es un recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la contratación pública, así como de promover una cultura de integridad en el ejercicio de la función pública. Conforme el caso avance y se desarrollen nuevas etapas legales, resultará esencial mantener un seguimiento cercano de su evolución y las decisiones que se adopten en relación con la apelación. No obstante, será necesario aguardar para determinar si la apelación presentada por Rodolfo es la opción adecuada. Quedan todavía numerosas incógnitas por resolver, las cuales solo podrán ser elucidadas a través de investigaciones y pruebas que se divulguen en el transcurso del proceso.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado martes 23 de mayo continuó el debate en torno a la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Allí se reanudó la discusión del articulado que conforma la reforma. Después de horas de deliberación, se alcanzaron finalmente 14 votos a favor y 6 en contra, lo que aprobó en la Comisión la reforma a la salud con un total de 144 artículos. La reforma a la salud propuesta tiene varios objetivos, según le comentó Iván Jaramillo Pérez, Magíster en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). En primer lugar, busca mejorar el acceso a los servicios de salud, ya que aproximadamente el 25% de la población en las áreas rurales de Colombia no tiene acceso a ellos. Otro objetivo importante es mantener o reducir el gasto de bolsillo en salud, que actualmente representa el 14% de los ingresos de los hogares colombianos. Se busca aliviar la carga económica que implica para las familias el pago directo de servicios médicos. El proyecto de ley también se enfoca, según Jaramillo, en desarrollar un modelo de atención primaria en salud, con el fin de mejorar la atención preventiva y el cuidado de la salud en general. Este enfoque está respaldado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y se basa en la idea de que la prevención es fundamental para un sistema de salud eficiente. Además, existe un interés en quitar el manejo de los recursos públicos a las empresas privadas, especialmente a las entidades promotoras de salud (EPS) aunque todavía no está claro cómo se llevará a cabo esta transición. Otro aspecto importante es dignificar al recurso humano en salud, especialmente a los médicos generales y enfermeras, quienes a menudo no reciben un trato justo. En cuanto a la atención primaria en salud, Jaramillo mencionó que se espera que el nuevo modelo sea preventivo, predictivo y resolutivo, siguiendo la doctrina de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Esto contrasta con el enfoque del Banco Mundial, que prioriza la protección económica de los pacientes y sus familias, especialmente en casos de tratamientos de alto costo. Sin embargo, algunos opositores argumentan que la atención primaria en salud no ha demostrado científicamente reducir los costos del sistema y lo ven como un gasto adicional que podría destinarse mejor a la curación. También se cuestiona si la prevención es una demanda de la población en general o solo de los expertos en salud. En relación con las EPS, según Iván Jaramillo, hay divergencias sobre si la reforma busca realmente acabar con ellas o simplemente cambiar su nombre y restringir su poder. Las EPS actualmente manejan grandes cantidades de recursos públicos, lo que ha generado críticas y protestas de diferentes sectores. Para reducir el poder de las EPS, Jaramillo explicó que se plantean medidas como la separación de la propiedad de las instituciones prestadoras de servicios (IPS) de las EPS y el giro directo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a las IPS. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el control y la auditoría de las cuentas por parte de las EPS, lo que podría mantener su influencia en el sistema. Durante la última jornada en la Comisión, se debatieron aproximadamente 27 artículos, entre los cuales se encontraba aquel que otorga atribuciones extraordinarias al actual presidente de la República. La propuesta logró superar este primer obstáculo gracias al respaldo de algunos miembros de los partidos Liberal y de La U, quienes, a pesar de tener diferencias con el articulado, votaron en su mayoría a favor. En esta fase final del debate, se aprobaron 14 nuevos artículos y se eliminaron nueve, según confirmó el presidente Gustavo Petro, quien celebró el avance de la jornada a través de su cuenta de Twitter. A continuación, se detallan los nuevos artículos que fueron aprobados en la Comisión; en el Primer bloque, el artículo 82, con 2 votos en contra y 6 a favor, tiene como objetivo la creación de Unidades Zonales de Planeación y Evaluación en Salud a nivel departamental y distrital. Los artículos 100, 132 y 133 también obtuvieron mayorías en el Congreso, con 14 votos a favor y 6 en contra. Estos establecen la función jurisdiccional de la Superintendencia de Salud, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; y la consulta y el consentimiento libre, previo o informado de las comunidades negras, raizales, palenqueras y del pueblo Rom (Ver: Avanza la discusión de la Reforma a la Salud: el 84,2% de los artículos fueron aprobados). Los artículos 24, 122 y 124 conformaron el segundo bloque aprobado durante la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara. Estos artículos se encargan de la formulación de una política de formación, la autorregulación médica y la coordinación regional de las redes de atención en todo el país. Cabe destacar que el artículo 124 recibió modificaciones propuestas por los representantes Camilo Esteban Ávila y Víctor Salcedo. Asimismo, se corrigió el artículo 123, que obtuvo 18 votos a favor y ninguno en contra, eliminando la imposición a los médicos de asumir la responsabilidad de los resultados en la prestación de servicios profesionales. Tercer bloque, los artículos 4, 46 (con modificaciones) y 95 también fueron aprobados. Estos artículos abordan los derechos de permanencia de los servidores, la definición del modelo de salud y el sistema de inspección, vigilancia y control. Además, se aprobaron las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Petro para capitalizar a la Nueva EPS. Con 14 votos a favor y 6 en contra, el artículo 138 del proyecto fue aprobado, aunque la reforma planteaba seis facultades, la Comisión decidió aprobar el artículo con una sola facultad. Esto permitirá al presidente dictar disposiciones y llevar a cabo operaciones presupuestales necesarias para capitalizar a la Nueva EPS durante el período de transición. Por otro lado, se acordó la eliminación de varios artículos por consenso entre los partidos políticos y el Gobierno. Los artículos 36, 59, 70, 71, 72, 74, 79, 80 y 81 fueron eliminados tras recibir 18 votos a favor y 2 en contra. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que esta decisión se tomó con el objetivo de avanzar en el debate y encontrar puntos intermedios. La ponencia de la reforma a la salud ya ha sido radicada, aunque se espera que aún se realicen algunas modificaciones a dicho documento. Para esto, será necesario presentar una enmienda a la ponencia, tal como ocurrió en el primer debate. Se tiene previsto que el proceso de discusión en plenaria comience esta semana, aunque Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares, sugiere que probablemente se inicie la próxima semana. En cualquier caso, es necesario esperar para confirmar si se logrará discutir el proyecto durante esta semana. En caso de que la reforma sea aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, pasaría a un tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Si el proyecto es aprobado en dicha Comisión, avanzaría a la plenaria del Senado. Si los textos aprobados en Cámara y Senado son diferentes, pasaría a conciliación entre representantes a la Cámara y Senadores con el fin de que salga un solo texto que pase a sanción presidencial. Se espera que este proceso de discusión y ajustes siga generando debates intensos, pero con la meta de alcanzar una reforma integral que responda a las necesidades de la población y garantice un sistema de salud eficiente y equitativo.

Por: Daniela Garzón, Investigadora Nacional Alianza Democralat, Capítulo Guatemala Línea Democracia y Gobernabilidad El pasado viernes, la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca ratificó la decisión de mantener suspendida la candidatura de Carlos Pineda Sosa a la presidencia para las elecciones que deberán surtirse el próximo 25 de junio. Pineda aparecía entre el primer y el segundo lugar en la mayoría de las encuestas electorales reportadas. Con esta decisión, tres son los binomios electorales que se quedan por fuera de la contienda, en medio de un clima de zozobra y pérdida de garantías democráticas por la persecución judicial a periodistas, activistas y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) por parte del aparato judicial. Tal persecución ha sido liderada en especial por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a la cabeza de Rafael Curruchiche, incluido en la Lista Engel y quien expuso las acusaciones contra el actual ministro de Defensa de Colombia, y exjefe de la CICIG, Iván Velásquez. Pineda Sosa es candidato por el partido Prosperidad Ciudadana, empresario de transportes y tiene cultivos de palma aceitera y banano. Era hasta hace un par de meses prácticamente un desconocido en la política, pero a partir de una novedosa campaña en Tik Tok estaba dando una gran pelea por pasar a la segunda vuelta. Hasta que el partido Cambio, del condenado por narcotráfico y excandidato presidencial Manuel Baldizón, interpuso un amparo contra Prosperidad Ciudadana que fue aceptado el 19 de mayo por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por presuntas irregularidades en la asamblea nacional del partido, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2022. Esa decisión fue ratificada por la Corte de Constitucionalidad la semana pasada, al no aceptar el recurso de apelación de Pineda, con lo que no solo su candidatura, sino la de los más de 1.200 candidatos avalados por Prosperidad Ciudadana, quedaron por fuera de la posibilidad de presentarse a las elecciones de alcaldías, gobernaciones y Congreso. La decisión de la Corte de Constitucionalidad se suma a otras decisiones polémicas que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que han dejado por fuera las candidaturas de la líder indígena Thelma Cabrera y del empresario Roberto Arzú. Las exclusiones de estas candidaturas han beneficiado a los otros candidatos en carrera, especialmente a Edmond Mulet, Sandra Torres y Zury Ríos, entre quienes probablemente estén los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta. Las decisiones contra los binomios de Cabrera y Arzú El primer caso de exclusión de un binomio electoral fue el de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del partido de izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que proviene de la Coordinadora de Desarrollo Campesino (CODECA). El TSE negó la inscripción de la candidatura de Rodas, aspirante a vicepresidente, quien había sido Procurador de Derechos Humanos, porque según el Registro de Ciudadanos, el finiquito —un tipo de paz y salvo con los organismos fiscales— presentado por Rodas y necesario para la inscripción no tenía validez, pues aparecían cargos jurídicos y una denuncia en su contra. Lo extraño del caso de Rodas es que la denuncia por la cual se le negó la inscripción fue interpuesta por el actual Procurador de Derechos Humanos, José Córdova, por supuestas irregularidades en el cobro de una indemnización después de que se conocieran las intenciones electorales de Rodas. Las denuncias se habrían presentado entre el 30 de diciembre de 2022 y el 06 de enero de este año, cuando la proclamación de Cabrera y Rodas fue el 28 de diciembre. La Fundación contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que ha estado detrás de muchas de las acciones que han acabado con exfiscales de la CICIG tras las rejas, interpuso la acción contra la candidatura de Rodas por no tener el finiquito el 18 de enero. Así, finalmente, el TSE negó la inscripción de la candidatura del binomio Cabrera-Rodas. El segundo caso de exclusión fue el que sacó de la carrera al binomio de Roberto Arzú y Daniel Esteban Pineda. Arzú es un empresario y político, hijo del expresidente y alcalde Álvaro Arzú Irigoyen. Arzú está relacionado con proyectos de fútbol y con una empresa constructora de centros comerciales en Guatemala. Ideológicamente puede ubicarse en la derecha del espectro político. Arzú pasó de ser cercano al gobierno de Jimmy Morales, que fue el que expulsó a Iván Velásquez de Guatemala, a no poder presentarse a las elecciones de este año. Fue proclamado como candidato a la presidencia por el partido Podemos el 11 de diciembre de 2022, junto a Pineda, pero el 06 de febrero de este año el TSE revocó su candidatura al recibir un recurso de nulidad del partido del expresidente Morales —Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación)— porque habría incurrido en campaña anticipada. A Arzú se le había advertido en marzo de 2022 que estaba haciendo campaña anticipada por la entrega de unas pipas de agua al tiempo que usaba gorras con el lema #HagamosGrandeAGuate. La Corte Suprema de Justicia rechazó varios amparos interpuestos por Podemos y hace unos pocos días la CC declaró sin lugar los recursos y confirmó que Arzú y Pineda no podrán participar. Ambas decisiones, de acuerdo con organizaciones internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch (HRW) deberían ser revisadas, pues sus criterios son dudosos y ponen en riesgo tanto los derechos políticos de los involucrados como la credibilidad del proceso electoral. La desproporción en las sanciones parece evidente. Ambas decisiones, sumadas a la exclusión de Carlos Pineda, contrastan con los casos de Zury Ríos y Sandra Torres, quienes sí mantienen sus candidaturas a pesar de dos grandes cuestionamientos que pesan sobre ellas. Las cuestionadas que sí van La candidatura de Zury Ríos se mantiene a pesar de estar expresamente prohibida en la constitución guatemalteca. Ríos es la hija de Efraín Ríos Montt, político y dictador, quien dio el golpe de Estado en 1982, y fue declarado culpable por genocidio en 2013, a pesar de que la CC anuló la sentencia a los pocos días de declarada. Zury Ríos ha sido diputada en el Congreso durante varios periodos, promueve una agenda de derecha que defiende no solo las actuaciones de los militares durante el conflicto armado y la dictadura proclamada por su padre, sino agendas antiaborto, valores conservadores y familiares. La salida de Pineda de la baraja electoral le da posibilidades de pasar a segunda vuelta. Su candidatura fue avalada a finales de enero por el TSE, después de que la coalición Valor-Unionista la proclamara como su candidata en diciembre de 2022, junto con Héctor Cifuentes. Ríos ya había intentado ser candidata en 2019 pero en ese momento no tuvo vía libre, y apegados al texto constitucional la candidatura debería ser inviable. De acuerdo con lo consignado en el artículo 186 de la Constitución, una de las prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República es ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del caudillo o los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar “que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”. La CC dejó en firme la candidatura de Ríos, que fue impugnada por el partido Cabal de Edmond Mulet, al negar el pasado 18 de mayo el amparo presentado por esa colectividad. Por otro lado, tampoco se vio afectado el binomio de Sandra Torres y Romeo Guerra, avalado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En este caso, Guerra estaría inhabilitado para presentarse como candidato vicepresidencial por ejercer como ministro de culto de una iglesia, acorde con lo expuesto por el candidato del partido TODOS, Ricardo Sagastume. Esta prohibición también se encuentra consignada en el mismo artículo 186 mencionado anteriormente, pues de acuerdo con ello no pueden ser candidatos a presidente o vicepresidente “los ministros de cualquier religión o culto”. La CC confirmó que Guerra sí podrá presentarse a elecciones, al ratificar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar el amparo que presentó TODOS. Así las cosas, con dos cuestionamientos evidentes estas candidaturas estarán en el tarjetón el próximo 25 de junio, ambas con altas probabilidades de pasar a segunda vuelta. Entretanto, tres candidatos fueron excluidos y negados sus recursos de amparo, en lo que parece una muestra casi indiscutible de la politización de los órganos judiciales con funciones electorales en medio de una campaña a la que le sobran críticas, le faltan garantías y que pinta un panorama muy sombrío sobre el futuro de la democracia en Guatemala.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La decisión que tomó la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), de dar libertad a la administración de la empresa para intervenir –entre junio y diciembre de 2023– la tarifa del servicio de energía eléctrica en el departamento de Antioquia, ha generado gran polémica durante estas últimas semanas. La decisión de la Junta fue posibilitar la aplicación de una medida temporal de “estabilización” de la tarifa, que permite descontar durante tres meses –de junio a septiembre– un 0,6% de la factura en el componente del servicio de energía eléctrica. Y luego ir aumentando el cobro, desde octubre hasta diciembre, para que al finalizar el año 2023 se encuentre al mismo nivel que comenzó en junio. La razón de esta medida es que la empresa está atendiendo al llamado que le hizo el gobierno de Gustavo Petro para explorar mecanismos de reducción de tarifas en los servicios públicos. Una solicitud que comenzó en octubre de 2022, con el llamado de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y que continuó en febrero de 2023 cuando el presidente de la República decretó su intervención en el control de la regulación de los servicios públicos (Ver: Petro y la función reguladora del Estado). A ambos llamados ha respondido la empresa: primero, cuando se comprometió en octubre con otras empresas públicas de servicios de energía a controlar el incremento del precio de la electricidad, llamado el Pacto por la Justicia Tarifaria (Ver: Pacto por la Justicia Tarifaria), y que para EPM ha resultado en “un esfuerzo de 2 billones de pesos para contribuir a estabilizar las tarifas de energía y aliviar el bolsillo de los usuarios”. El segundo esfuerzo lo va a comenzar a realizar en junio y representará para la empresa otro aporte por alrededor de $400 mil millones. Está decisión, según lo explicó el gerente general de la empresa, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, tiene dos etapas: en un comienzo la reducción será del 0,6%, que se le restará al saldo con el que cada uno llegó al mes de mayo y que se dará por cuatro meses –de junio a septiembre–. Un alivio tarifario que equivale a bajar $600 en una factura de $100.000 y que, según el gerente, permitirá en septiembre “tener la tarifa mínima”. Luego se tendrá una segunda etapa, entre octubre y diciembre de este año, cuando comenzará a subir lentamente la tarifa, lo que se verá reflejado en la factura hasta alcanzar, al finalizar el año, el mismo valor que se pagó en junio. Reducción que, como se ha dicho, representa un subsidio directo al consumo de $400 mil millones; y que la empresa lo lee como una transferencias de utilidades a la inversión social que hace periódicamente al municipio de Medellín. Está decisión unilateral de EPM, como se dijo, está causando mucha controversia. Una primera crítica viene de los habitantes de la ciudad y de las personas que están encargadas de cuidar y hacer seguimiento a la destinación de los recursos de Medellín. Como se dijo, esta es una decisión que compromete recursos del municipio y beneficiará a los 127 municipios de Antioquia –incluso se vinculó al municipio de El Carmen de Atrato (Chocó)–, que son cerca de seis millones de personas. Los críticos dicen que esta decisión de subsidiar a otra población por fuera de Medellín no es apropiada. Las utilidades de EPM son de la ciudad y para la ciudad, no para otros territorios, aunque allí se preste el servicio. Históricamente ha sido así y la ley lo plantea también así para cada unidad administrativa. Un alcalde no puede tomar la decisión de dar subsidios a los habitantes de otro territorio que no sean de su jurisdicción, y si lo hace estaría ante un detrimento patrimonial, incluso si a gente del otro territorio le presta el servicio y necesita el subsidio. La segunda crítica se relaciona con la sostenibilidad financiera de la empresa. Aunque la Junta Directiva de EPM diga que “el desempeño financiero del Grupo EPM en el primer trimestre fue excepcional”, y que por esa razón, puede “tomar este tipo de medidas para beneficiar a los usuarios”, lo cierto es que la empresa en los últimos años ha tenido serios problemas financieros, que ponen al negocio en riesgo. El Concejo de Medellín cuestiona a la Junta de EPM dejar de recibir $400 mil millones que pone en apuro el futuro de la empresa, en un momento en el que, según el último balance contable, se registra una disminución anual del 10% en los ingresos de EPM Matriz. Un tercer cuestionamiento viene de las demás empresas del sector de los servicios públicos domiciliarios. EPM se presenta como una compañía que viene a alterar la natural dinámica regulatoria del país. Para las empresas del sector existe una normatividad –las leyes 142 y 143 de 1994– que EPM debe respetar. Estas normas le dan a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) el monopolio de gestionar y definir las tarifas, y lo que hace la empresa es pasar por alto el acuerdo regulatorio y con ello pone en riesgo todo el mercado. La decisión de la Junta de EPM le está dando malas señales a los diversos agentes del mercado. A los oferentes los está motivando a un comportamiento autorregulatorio que no es conveniente y que precisamente se trató de evitar con el surgimiento de la CREG. Además, la empresa, indirectamente, está cuestionando la iniciativa privada al hablar el alcalde Quintero de la “necesidad de más empresas públicas en Colombia”. Finalmente, otro cuestionamiento es el político. Para la opinión pública, el alcalde Daniel Quintero Calle está actuando como un oportunista. Lo que busca el mandatario local es medio cumplir una promesa de campaña: aquella en la que dijo que al llegar al gobierno “congelaría las tarifas de servicios públicos”. Promesa imposible de cumplir en el país dada la normatividad existente. Lo que hace Quintero en el último semestre de su gobierno es decir que lo intentó hasta el último momento. Sin duda, para los críticos esta decisión de congelar –incluso que funciona como baja en las tarifas– es un comportamiento demagógico, con la que Quintero busca, por un lado, cuasi-cumplir una promesa electoral y, por el otro, mejorar su imagen para apoyar sus candidatos o los del movimiento al que está inscrito y aumentar sus opciones de continuar en el poder. Pues la decisión la toma en plena época electoral, cuando va de salida y cuando la ciudad y el departamento elegirán los nuevos mandatarios locales y regionales. En conclusión, a pesar de las críticas que tiene esta decisión, este momento lo podemos ver como una oportunidad para que en el país se discutan temas clave de la regulación de los servicios públicos domiciliarios. La estabilización de las tarifas de energía eléctrica en Antioquia es una invitación directa al Gobierno Nacional para que piense en la posibilidad de crear un fondo para la estabilización de tarifas del sector, pues como vimos el año anterior, el alto incremento de la tarifa en el país generó graves problemas, como ocurrió en la Costa Caribe, donde las tarifas subieron hasta un 50% en un año. Además, la decisión de EPM deja sobre la mesa importantes temas para discutir, como la autonomía o no que pueden tener las empresas del sector para bajar la tarifa de los servicios públicos –si lo pueden hacer de manera unilateral o no– y cuándo lo pueden hacer –para que no se considere esto como una decisión política y electoral–. También una ocasión para hablar de la forma como se establece la tarifa del servicio y la actualización de la misma, en especial, en un periodo en el que el fenómeno climático está elevando los precios de bolsa de la energía eléctrica y afectará, sin duda, las tarifas en los próximos meses. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Con la participación de cooperativas de mineros, mineros ancestrales y artesanales, agremiaciones, empresas privadas, organizaciones sociales, academia y autoridades locales y nacionales, se llevó a cabo la Cumbre Nacional Minera durante los días 27 y 28 de mayo en la ciudad de Bogotá. Este espacio se creó con el objetivo de recibir propuestas y avanzar en la creación de una nueva Ley Minera que refleje las necesidades y perspectivas de todos los actores involucrados. En la Cumbre participaron más de 1.500 actores de la minería y habitantes de 13 regiones del país con fuerte presencia de operaciones mineras en diversos sectores, como “minerales industriales, piedras preciosas, tierras raras, metales, carbón y materiales de construcción”. Durante los dos días se llevaron a cabo 50 mesas de trabajo para abordar temas cruciales relacionados con los territorios mineros, los componentes hacia una nueva Ley Minera, la industrialización y la transición energética, así como la regularización de la minería no formal. Estas discusiones fueron fundamentales para avanzar en la construcción de una “Minería para la Vida”, que priorice el ordenamiento territorial minero en torno al agua, promueva la diversificación de las actividades económicas en las regiones mineras, impulse una transición energética justa e industrialización, y dignifique la vida de los mineros y habitantes de los territorios mineros. Durante la Cumbre, se abordaron cuatro ejes fundamentales. Algunas de las propuestas planteadas incluyeron: Territorios Mineros: reconocer la minería ancestral en los procesos de planificación y reorganización minera, garantizando el respeto de los derechos humanos y priorizando la vida. Realizar una caracterización de la población minera teniendo en cuenta sus diferencias y diversidades. Nueva Ley Minera: revisar y armonizar las legislaciones minera y ambiental para brindar una mejor protección de los ecosistemas y las poblaciones, así como proporcionar mayor certidumbre jurídica a los titulares mineros. Planificar adecuadamente las fases del ciclo minero. Minería con Propósito, Industrialización y Transición Energética Justa: actualizar el catastro minero y su articulación con el catastro multipropósito. Reconocer las oportunidades que ofrece la minería para la industrialización y la transición energética justa. Apoyar la restauración ecológica y los procesos de diversificación productiva. Regularización de la minería no formal y estrategia de una Minería Para La Vida: desarrollar caracterizaciones poblacionales y territoriales para un adecuado planeamiento minero. Promover la democratización en el aprovechamiento de los minerales del país. Establecer procesos de apoyo y vigilancia para resolver conflictos y brindar herramientas a las comunidades mineras. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, destacó la importancia de este diálogo sin precedentes con el sector minero para construir una nueva política en el país. La intención es superar los efectos de más de 22 años de regulación que han generado numerosos conflictos socioambientales en el sector minero. Vélez enfatizó la importancia de priorizar el ordenamiento territorial y escuchar las voces de las comunidades mineras ancestrales, los pequeños mineros y las comunidades afectadas por la gran minería (Ver: La minería en el Postconflicto: Un asunto de quilates). Durante la Cumbre se abordaron diversas problemáticas y desafíos desde múltiples perspectivas, involucrando a las comunidades mineras, las empresas, la academia y las poblaciones de los territorios mineros. En un esfuerzo conjunto con el Gobierno Nacional, se recopilaron valiosos insumos que serán fundamentales en la elaboración del texto de la nueva Ley Minera. Como resultado de esta Cumbre, el Ministerio de Minas y Energía anunció que en el segundo semestre de 2023 se presentará al Congreso el proyecto de ley para modernizar el sector minero en el país, conocido como la “Ley Minera”. Es preciso destacar que dicho proyecto incorporará tanto los aportes y conclusiones surgidos de la Cumbre Nacional Minera, como las contribuciones provenientes de la ciudadanía, obtenidas a través de audiencias públicas y otras instancias de diálogo. Este enfoque participativo garantizará que la nueva legislación refleje las necesidades y aspiraciones de todos los actores involucrados en el ámbito minero. La participación de alrededor de 1.500 actores de la minería en este encuentro resalta la importancia que se le atribuye a la creación de una legislación inclusiva y sostenible. Como parte de este proceso, la Comisión Accidental del Congreso de la República ha llevado a cabo 28 audiencias públicas en diferentes regiones del país, donde se han recopilado valiosos aportes para la construcción de la nueva ley. Además, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera han realizado foros técnicos y reuniones con empresarios del sector minero, buscando promover la diversidad de voces y perspectivas. La ministra Vélez hizo un llamado a los congresistas de las comisiones quinta tanto del Senado como de la Cámara para que se involucren en la construcción y el trámite de la ley en el Congreso. Destacó que este proceso debe ser inclusivo y contar con la participación de diversos sectores políticos, ya que se trata de un tema de interés nacional. En relación a la transición energética, la ministra resaltó la importancia de pasar de un modelo extractivista a uno productivo. Esto implica no solo extraer minerales, sino también generar cadenas de valor y promover la industrialización. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el conocimiento geo-científico para identificar de manera precisa la ubicación de los minerales, evitando conflictos con áreas de reserva forestal, territorios étnicos y recursos hídricos. Se espera que los lineamientos discutidos durante el evento sienten las bases de una nueva ley que fomente una minería sostenible, en armonía con el entorno socioambiental y en beneficio de las comunidades mineras. La incertidumbre generada por las políticas energéticas del gobierno de Gustavo Petro ha mantenido en expectativa a los pequeños mineros, quienes temen medidas radicales que puedan afectar su sustento ancestral. Sin embargo, la ministra Irene Vélez dejó claro en estas reuniones que la construcción de la ley minera se realizará de manera conjunta con la participación de la gente, garantizando una representación equitativa de todas las voces. Al finalizar la Cumbre, la viceministra de minas, Johana Rocha, mencionó que uno de los mayores aprendizajes de estos dos días fue que “efectivamente en la diferencia es posible construir”, además dijo: “la tarea que estamos adelantando es histórica. Es la primera vez que un Gobierno convoca a la ciudadanía interesada, representada por sectores muy diversos, para construir la ley del sector minero; para analizar el impacto de la normativa vigente a la fecha y para identificar las propuestas que nos permitan lograr un sector más moderno, orientado a proporcionar bienestar a las poblaciones, a contribuir a la industrialización del país, a incentivar la diversificación productiva de los territorios mineros, y a cimentar condiciones de justicia social y ambiental. La nueva Ley Minera será una ley de todos”. Se espera conocer cuáles serán las verdaderas prioridades del ministerio y cómo se retrasará la agenda a partir de ahora. Debemos recordar que estamos hablando de miles de mineros que a menudo carecen de acceso a la conectividad o no han sido considerados en otras propuestas mineras. Por lo tanto, aún existen algunas incertidumbres sobre cómo se desarrollará realmente la agenda.

Foto MP Durante seis meses el equipo de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación trabajó en los departamentos de Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Meta para hacer una investigación sobre los riesgos a los que están expuestos los militantes de la Marcha Patriótica, su historia y su aporte al proceso de paz en La Habana. La Marcha Patriótica es un movimiento social y político que incursionó oficialmente en la vida política el 21 de abril de 2012. Su emergencia lo convirtió en un actor clave en el proceso de paz. Sus expectativas de participación política están ligadas a la apertura democrática que el país necesita con urgencia. Su agenda política, principalmente agrarista, es uno de los aspectos nodales para la solución política y negociada del conflicto armado. Una parte de la investigación recoge la historia política reciente en ocho municipios de cuatro departamentos del territorio nacional: Santander de Quilichao y Buenos Aires, Cauca; La Montañita y San Vicente del Caguán, Caquetá; Vista Hermosa y Puerto Rico, Meta; El Tarra y Teorama, Norte de Santander. El estudio de las relaciones entre los concejos y las alcaldias de dichas muncipalidades, fue clave para determinar la fortaleza institucional del Estado local y para identificar oportunidades de incursión e injerencia en la vida política local del movimiento Marcha Patriótica. En los mismos cuatro departamentos, la Fundación analizó las relaciones políticas que el Movimiento tiene con instituciones, partidos, actores armados, entidades privadas, entre otros actores. Esas relaciones se calificaron como cooperantes, conflictivas y neutras, información que permitirá hacer otros análisis políticos sobre posibles aliados y construcción de redes de apoyo. La Fundación Paz & Reconciliación identificó nueve hipótesis de riesgo que se ciernen sobre la Marcha Patriótica, hay riesgos inminentes, probables y posibles. Por ejemplo, unos de los riesgos inminentes supone que las limitaciones legales para el ejercicio de la política no pueden superarse y con ello se restrinjan los espacios políticos de participación de la Marcha Patriótica. A continuación se muestran los informes completos sobre la caracterización del Movimiento Marcha Patriótica. Descargar aquí