Por: Redacción Pares ‘No’, fue la respuesta que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dio al Gobierno Nacional la semana pasada frente a la petición de suspender las órdenes de captura contra los cabecillas y voceros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo, y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, ‘Gonzalito’ y ‘Bayron’. Hay que recordar que la ley 2272 de 2022, conocida como la ley de la Paz Total, habilita al Gobierno no solamente a realizar negociaciones con grupos armados al margen de la ley “con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz”; sino también tener “acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”. Esto quiere decir que la ley contempla acercamientos con grupos políticos guerrilleros, como lo son el ELN y las disidencias de las FARC, para una salida pacífica del conflicto, pero también negociaciones para el sometimiento a la justicia de Grupos Armados Organizados (GAO) que se dediquen a actividades delictivas y a las economías ilegales, como el Clan del Golfo. Para ello, la ley contempla diferentes mecanismos, como la suspensión de órdenes de captura. El parágrafo 2 del artículo 8 de la ley 2272, especifica que: “Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos. Este mismo procedimiento podrá seguirse con relación a los voceros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. Y a pesar de la petición del Gobierno de suspender no solo los operativos en contra de los voceros del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que ya están suspendidos, sino también las órdenes de captura de sus voceros y cabecillas, con el fin de poder tener diálogos para el sometimiento de estas estructuras criminales, todo enmarcado en la ley 2272, Barbosa cerró la semana pasada diciendo, en entrevista para Blu Radio, que: “el jefe de la policía judicial de Colombia es el fiscal general de la Nación. La suspensión de operativos judiciales no significa la suspensión de operativos de captura contra esas personas a las cuales yo no les suspendí las órdenes de captura con fines de extradición”. Según León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este pulso que propone Barbosa amenaza la política de paz del Gobierno y tiene un matiz de carácter político más que judicial: Y empieza Barbosa esta semana subiendo el volumen, diciendo en entrevista para María Isabel Rueda en El Tiempo que “el presidente tendrá que recomponer” su política de paz y amenazando al director general de la Policía Nacional, General Henry Sanabria, afirmando que “el decreto no suspendió las actividades de policía judicial en el país. Punto. Si el general (Henry) Sanabria lo hace de otra manera, tendrá que ir a la Fiscalía a responder por omisión”. Para León Valencia, las declaraciones del fiscal extralimitan sus funciones y marcan, más bien, un revanchismo con el gobierno Petro: Por causa de este desencuentro, el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación mantendrán una reunión el próximo 30 de enero, con el fin de discutir este y otros temas. Esta semana, Francisco Barbosa viajará a Washington para reunirse con su contraparte del Departamento de Justicia, el fiscal Merrick Garland, para hablar, justamente, sobre la Paz Total y el tratamiento de los miembros de los grupos criminales en el país en medio de estos procesos de negociación. El país estará expectante ante las declaraciones de Barbosa en Washington, y las organizaciones de la sociedad civil y periodistas, atentos para el contraste de la información.

Por: Juan Manuel Velandia, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad En 2020 el actual registrador, Alexander Vega, junto al gobierno de Iván Duque, presentó ante el Congreso Nacional una nueva reforma al Código Electoral con mensaje de urgencia, el cual fue declarado como inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-133/22. Sin embargo, el registrador hizo caso omiso a la decisión de la Corte, y en agosto del 2022 volvió a presentar, con el apoyo del gobierno de Gustavo Petro, el mismo Código Electoral con algunos cambios mínimos. Esta fue la primera reforma clave que radicó el gobierno Petro, la cual ha estado inmersa en diversas controversias. Por un lado, la reforma llegó con mensaje de urgencia debido a que el proyecto se tenía que expedir antes de las elecciones de 2023, sin embargo, el gobierno tuvo que retractarse, ya que una de las razones por las cuales la Corte Constitucional tumbó la pasada reforma fue porque ese mensaje incurría a una ausencia de un debate amplio, trascendente y participativo. Por otro lado, la iniciativa presentaba varias inconsistencias e irregularidades dentro del Código, lo que hizo que algunos congresistas estuvieran de acuerdo con la Corte Constitucional afirmando que este proyecto se debe discutir sin afanes, por tal motivo su discusión tuvo que reanudarse hasta este año. Ahora bien, es importante recordar que la actual reforma al Código Electoral debe de haber cumplido los cuatro debates para convertirse en Ley antes del 20 de junio de 2023, que termina la legislatura, puesto que al ser una Ley estatutaria no puede discutirse en sesiones extras. Siguiendo esto, después de ocho meses de su presentación, la iniciativa, que busca la regulación del derecho a las atribuciones de la organización electoral y la transparencia en procesos de elecciones, entró nuevamente a la discusión hasta el pasado mes de abril, luego de que la Comisión Primera del Senado aprobara la reforma en su primer debate. Cabe resaltar que la discusión presentó grandes trabas, pues senadores como Ariel Ávila (Alianza Verde), Humberto de la Calle (Centro Esperanza), Paloma Valencia, María Fernanda Cabal (Centro Democrático), David Luna (Cambio Radical), Alejandro Chacón (Partido Liberal) y María José Pizarro (Pacto Histórico), no estuvieron de acuerdo con algunos puntos clave de la reforma e hicieron la radicación de proposiciones modificatorias y de archivo para artículos específicos, en total fueron aprobados 271 artículos de los 277 que tenía el proyecto. Luego de que la reforma pasara su primer debate en la Comisión Primera del Senado en abril, la discusión continuó este martes 16 de mayo en la plenaria del Senado para su segundo debate, el cual logró sortear con 55 votos a favor y 2 en contra. La iniciativa tuvo como ponentes centrales a los senadores Germán Blanco, del Partido Conservador, y Alejandro Vega, del Partido Liberal. Los puntos clave que se aprobaron en la plenaria, fueron: Voto electrónico mixto (Aprobado): se trata del artículo 242 que instauraría medios tecnológicos en todas las etapas del proceso electoral para las votaciones de Autoridades, Corporaciones Públicas y Mecanismos de Participación Ciudadana (Plebiscito, Referendo, Cabildo Abierto). El día de ayer se aprobó y empezaría a regir a partir del año 2029. Este no sería obligatorio, sino que se haría de forma progresiva. Este punto es uno de los más polémicos, ya que desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hemos señalado los diversos problemas que presentan el funcionamiento del Software Electoral y sus auditorías en cada elección, pues no existen ciertas garantías que deriven en el correcto funcionamiento de esta votación. Jornada de votación extendida (Aprobada): se trata del artículo 61, el cual indica la extensión de la jornada de votación hasta las 5:00 p.m. Este artículo no tuvo mayor problema en la votación. La autenticación de identidad (Aprobada): el artículo 134 establece que la Registraduría sería la encargada para determinar las condiciones y características de la seguridad de la cédula. La recategorización del cargo de registrador municipal (Aprobada): indica que el registrador municipal pasaría del nivel técnico al nivel profesional. Sin embargo, hubo puntos polémicos que no fueron aprobados, como el empadronamiento, según el cual ciudadanos serían multados con medio salario mínimo si no le informaban a la Registraduría su cambio de domicilio. La senadora Paloma Valencia en su cuenta de personal de Twitter publicó que fue una de las que votó a favor del hundimiento de este punto polémico, el senador Ariel Avila, también en su cuenta de Twitter, afirmó “que este punto era un riesgo de seguridad para las personas debido a que se les obligaba a exponer su información personal”. La reforma al Código Electoral tiene el tiempo justo, pues aún le faltan los últimos dos debates en la Comisión Primera de la Cámara y en la Plenaria de la Cámara, estos dos últimos debates deben de llevarse a cabo antes del 20 de junio. Aunque la reforma va superando los debates, queda claro que esta ha sido altamente cuestionada, empezando por su máximo ponente, Alexander Vega, quien no cuenta con una buena imagen. Vega inició su carrera como magistrado del Consejo Nacional Electoral de la mano del ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, investigados por sus relaciones con Odebrecht. También se le cuestiona presuntamente por estar implicado en el caso de Odebrecht en Colombia, según la Fundación Paz & Reconciliación. Esto ha influido a que la Registraduría haya perdido gran parte de su confiabilidad, junto a los hechos históricos que Pares ha señalado a lo largo de los periodos electorales. Para concluir, desde la Fundación Paz & Reconciliación se sigue haciendo el llamado a la necesidad de una reforma institucional antes de una reforma al Código Electoral, que también es necesario. Sin embargo, es pertinente realizar primero una reforma al órgano electoral de Colombia con el mismo objetivo del proyecto que fue hundido en esta legislatura que buscaba la despolitización del Consejo Nacional Electoral. Este era un proyecto clave, ya que también buscaba desconcentrar el poder de la Registraduría Nacional, por tal motivo la Fundación sigue mantenido su postura e invitación a no seguir votando y apoyando la misma reforma al Código Electoral que ya fue hundida por la Corte Constitucional.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un movimiento político sin precedentes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado la denominada "muerte cruzada", disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a elecciones generales anticipadas. Este anuncio llega en medio del juicio político en su contra y marca un cambio significativo en el panorama político ecuatoriano. En su mensaje a la nación, Lasso justificó esta medida como una respuesta a la "grave conmoción interna y política" que enfrenta el país. Después de presentar su defensa ante la Asamblea Nacional por las acusaciones de peculado formuladas por la oposición, el mandatario decidió recurrir a esta opción constitucional antes de que el juicio político avanzara hacia la moción de censura. Esteban Ron, decano de ciencias jurídicas en la UISEK de Ecuador, afirmó a Pares que la disolución del legislativo a través de dictamen ejecutivo es uno de los mecanismos de compensación de poder más complicados y complejos dentro del contexto constitucional latinoamericano. Esteban explicó que el presidente Lasso ha empleado la figura de la disolución absoluta de la Asamblea Nacional, que involucra a todo el cuerpo legislativo, basándose en una grave crisis política y un estado de conmoción interna. Según Esteban, esto se justifica debido a dos razones principales: la obstaculización de la gobernanza por parte de la Asamblea Nacional en contra del presidente y la falta de mecanismos efectivos para la implementación de políticas públicas. Esteban Ron enfatizó que la figura utilizada por el presidente es plenamente constitucional y se ha utilizado tres causales, siendo la causal número dos la grave crisis política y conmoción interna, respaldada por un dictamen unilateral del presidente. El presidente ecuatoriano expresó también la necesidad de un nuevo pacto político y social que permita a Ecuador superar la profunda crisis política en la que se encuentra sumergido. Argumentó que la confrontación irracional e inútil en la Asamblea Nacional ha obstaculizado los esfuerzos para enfrentar los desafíos de la inseguridad y el terrorismo que amenazan al país. Según el presidente, un sector de la política nacional ha intentado derrocar a su gobierno democráticamente elegido durante los últimos dos años. Guillermo Lasso denunció que el proyecto desestabilizador se intensificó con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo y con la promoción de un juicio político infundado en su contra. Lasso afirmó que este proceso carece de pruebas y contradicciones, calificándolo como confuso, ilegal e ilegítimo. Afirmó que sus acusadores han sido impulsados por un sobrehumano rencor y han sido incapaces de encontrar cualquier evidencia en su contra. El gobernante ecuatoriano señaló que ha intentado promover el diálogo político como una herramienta para garantizar la gobernabilidad, pero la obstrucción constante por parte de la oposición ha generado una grave crisis política y una conmoción interna, erosionando la confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Lasso destacó que la oposición ha activado numerosos juicios políticos contra ministros con el objetivo de generar inestabilidad en el gabinete y obstaculizar el trabajo del Gobierno. Según Esteban Ron, se ha iniciado un juicio político al presidente de la República de Ecuador basado en la acusación de infracción de peculado, es decir, la disposición arbitraria de fondos públicos en beneficio personal o de terceros, los cuales incluso han sido calificados por la Corte Constitucional. Esteban señaló que el juicio político se encuentra en la etapa del juicio propiamente dicho, es decir, en la fase de interpelación del presidente Lasso. Además, explicó que se ha completado la primera parte del proceso, que implica la presentación de cargos, las respuestas correspondientes y sus respectivas réplicas, y que actualmente están en la fase de intervención de los asambleístas. Según Esteban Ron, hoy debían intervenir 31 asambleístas, después de lo cual se cerraría el debate y se procedería a la votación sobre la destitución en el juicio político. Sin embargo, debido a la falta de una Asamblea, dicho juicio político pierde todo efecto jurídico. Esteban mencionó que no existe ninguna delegación a otro órgano estatal para continuar con el proceso. Además, Esteban Ron explicó que existe una crisis política que no es reciente, sino que se arrastra desde hace más de un año, a partir del paro indígena. Esta crisis se fundamenta en tres premisas: en primer lugar, la falta de atención por parte del gobierno a los compromisos derivados del paro; en segundo lugar, el incumplimiento de compromisos políticos por parte del ejecutivo en relación con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, dado que la Asamblea no ha aprobado ninguna de las leyes propuestas por el presidente de Ecuador; y en tercer lugar, una falta de gobernanza específica por parte del presidente. Frente al anuncio de Guillermo Lasso, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas, Hilario Beltrán, convocó a una movilización pacífica en el parque Centenario este miércoles 17 de mayo en rechazo a la “muerte cruzada” anunciada por el presidente Lasso. Beltrán informó que a las 4:00 P.M. se concentrarán junto con otras organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular. En Quito, estas mismas agrupaciones ya están organizadas para llevar a cabo una movilización. Según el dirigente sindical, estas acciones representan el inicio de una serie de medidas y advirtió que si los sectores educativos y de salud se ven afectados, continuarán protestando en las calles. Una de las preocupaciones expresadas por Beltrán es que, al no contar con una legislatura, no existirá una fiscalización de las decisiones gubernamentales, ya que se tomarán mediante decretos. Según Esteban Ron, las protestas se dividen en dos tendencias. La primera se centra en el decreto ejecutivo de "muerte cruzada", que exige la renuncia del presidente Lasso, argumentando que ya no es capaz de gobernar. La segunda tendencia, proveniente del sector indígena ecuatoriano, también se opone a la "muerte cruzada". Sin embargo, según Ron, esta postura está motivada principalmente por intereses políticos, debido a la representación significativa que los indígenas tienen en la Asamblea, una representación que difícilmente se repetiría en las próximas elecciones. Ron señala que estas protestas pueden considerarse una crítica al mecanismo que podría generar posibles arbitrariedades cuando el presidente está gobernando solo. Es importante destacar que las fuerzas de seguridad deben respetar estas protestas, las cuales seguramente se llevarán a cabo de manera pacífica por parte de la ciudadanía y las organizaciones sociales. Además, es fundamental que se proteja la integridad de los manifestantes y se respete su derecho a protestar. Según Esteban Ron, en el momento actual y mientras el decreto ejecutivo de “muerte cruzada” esté plenamente vigente, el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo responsable de las elecciones en Ecuador, tiene la obligación de convocar a elecciones en un plazo máximo de siete días y llevar a cabo las mismas en un plazo de 90 días. Esteban mencionó que durante estas elecciones se elegirá un binomio presidencial y 137 asambleístas, tanto a nivel nacional como provincial, que serán elegidos para terminar el periodo presidencial, es decir, hasta 2025. El proceso electoral en sí puede durar entre cinco y seis meses, siempre y cuando el decreto ejecutivo esté en vigor y no se presente ninguna demanda de inconstitucionalidad.

Por: Redacción Pares. «Para nosotros es muy importante apoyar la reincorporación de los exguerrilleros porque nos parece clave para el futuro del país, pero también para la estabilidad y la seguridad nacional. Hemos visto que, a pesar de la situación que tuvimos con la salida del proceso de algunos de los excomandantes, es importante ver que hay muchos proyectos productivos en marcha, ya implementados, y veo que la implementación va a un buen ritmo.» Al mismo tiempo creo que la comunidad internacional, como el gobierno mismo, hemos sido muy claros en que aquí estamos apoyando absolutamente a quienes están dentro del proceso y quieren seguir adelante, el mensaje ha sido ese desde todos los rincones, y ese es un mensaje que tenemos que repetir y mostrar que somos fieles y estamos firmes con la reincorporación.» (Declaraciones de John Petter Opdahl, embajador de Noruega en Colombia, en entrevista con Pares.) A continuación, encontrará en los siguientes enlaces el convenio que la Fundación Paz y Reconciliación -Pares estableció con Noruega: Parte 1 (Enlace uno) Parte 2 (Enlace 2) Parte 3 (Enlace 3)

Por: Mónica Castillo Díaz, Asistente de investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Después de la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, realizada el pasado mes de abril, poco se ha movido el diálogo entre la oposición y el oficialismo frente a lo que serán las elecciones presidenciales previstas para 2024. No obstante, la Comisión Nacional de Primarias no se detiene frente al desafío de construir un proceso electoral que concluya el 22 de octubre del presente año en la salida masiva de las y los venezolanos –dentro y fuera del país– para votar y elegir al representante de la oposición que disputará con Nicolas Maduro la presidencia del vecino país. Así, el lunes 08 de mayo, la Comisión Nacional de Primarias anunció el reglamento que regirá la contienda, el cual, entre otras cosas, anunció el inicio del registro de candidatos y candidatas de la oposición venezolana, que irá del 24 de mayo al 23 de junio de 2023 y que serán oficializados hasta el 10 de julio, y la estrategia para movilizar la votación en el exterior. Desconfianza y zozobra sobre la participación del CNE en las primarias La asistencia técnica del CNE en las primarias ha sido uno de los temas más discutidos desde todos los bandos y sigue sin haber respuestas concretas sobre esta intervención, dejando a la deriva la participación de la institución dentro de la planeación de las elecciones a cinco meses de la fecha establecida. Es importante partir de que la desconfianza en el sistema de votación del CNE no viene del funcionamiento propio de las máquinas, sino del manejo que esta institución ha hecho del sistema electoral con posible connivencia del oficialismo, que, apoyado en otras estrategias, ha logrado cooptar el sistema en función de los intereses de la facción de Nicolás Maduro. Por ello, el escepticismo alrededor de la asistencia del CNE en las elecciones opositoras de Venezuela sigue dando razones para consolidar esta creencia, así lo ponen en evidencia las múltiples denuncias que se han hecho sobre la actualización del Registro Electoral. El 11 de mayo de 2023, la ONG Súmate denunció que desde hace más de 8 meses, el CNE no actualiza el registro de votantes, por lo que los votantes no han podido tener información sobre el estado de su trámite de inscripción, no saben si tienen correcciones o sugerencias frente a la presentación de su documento para las elecciones próximas. A esto se le suma la preocupación por la falta de respuesta frente a las solicitudes que ha realizado la Comisión de Primarias, sobre todo, ante la situación de los más de siete millones de electores que se encuentran fuera del país. Ahora bien, una de las respuestas que sí recibió la Comisión y que ha puesto en tensión el proceso, fue sobre la protección de la identidad de los votantes y el retiro de las máquinas “captahuellas”. Desde inicios del 2002 el gobierno venezolano insertó en el CNE una modalidad que permite identificar a quiénes acceden al voto mediante su huella digital, no obstante, fuentes de prensa afirman que este sistema solo ha sido usado por la CIA y el FBI para identificar criminales y terroristas, y goza de entera confianza (en el reconocimiento de personas). A ciencia cierta, estas máquinas fueron una jugada casi que maestra del CNE para beneficio del gobierno. Sin embargo, y como ignora parte de la oposición, en su momento contó con su aprobación –aunque bajo persuasión–. Esto se supo luego de que el diario La Nación revelara que el exrector del CNE, Jorge Rodríguez, en 2004, negoció este instrumento para implementarlo en el referendo revocatorio presidencial que se realizaría en Venezuela en agosto de ese mismo año. Según da cuenta el informe de prensa, Rodríguez le hizo creer a la oposición que con el control de estas máquinas podrían garantizar la victoria en las urnas porque podrían evitar los problemas en los conteos manuales, aunque este omitió mencionar que este sistema no había sido usado antes en procesos electorales. Así, aunque la instalación de las máquinas haya pasado bajo aprobación de la oposición, esto fue un tiro al pie que seguramente no vieron venir a pesar de las múltiples estrategias que ha implementado el oficialismo para mantenerse invicto ante las elecciones, y usando todo lo que tienen a su alcance, pues también se supo que quien financió la compra de estas máquinas fue PDVSA, el gobierno no contaba con la solvencia para cubrir dicha compra. No obstante, hay que recalcar que la intención real detrás de la ambiciosa apuesta del CNE fue captar las huellas de los opositores y atemorizarlos para que se abstuvieran de votar y así evitar represalias. Así, esta cooptación por parte del gobierno hacia las instituciones democráticas le ha permitido acumular el poder, disfrazarlo de democracia representativa y consolidar su control sobre todo el sistema político. Aunque lo anterior ya se lee como una desventaja abismal para la oposición, puede que todavía no lo sea un escenario que pueda replicarse en las elecciones primarias, puesto que el gobierno no hace parte de la competencia. A esa ausencia es a la que se debe poner una atención significativa, comparar y evaluar el funcionamiento y la organización tanto del CNE con los resultados de la jornada respecto a unos comicios presidenciales podría dar luces de cómo la oposición puede enfrentarse a un sistema manipulado. Opiniones dividas por la intervención del CNE Con lo anterior, resulta más que obvia la desconfianza y el recelo de la oposición venezolana ante la participación de un CNE politizado, sin embargo, afirman que con su apoyo logístico o sin él, las elecciones primarias se harán. Al respecto han sido muchas las reacciones y, de hecho, un punto más en la lista de desencuentros entre en las facciones del bando opositor. Muchos reconocen que el problema no es el uso de las máquinas, porque al final nunca se han comprobado inconsistencias en su sistema. El problema real es, como ya se dijo, la forma en la que el CNE se ha visto envuelto en escenarios de beneficio para el oficialismo, por lo que el presidente de la Comisión ha mencionado la necesidad de hacer uso de los puestos de votación, ya que la misma población ha asegurado que siente que son lugares seguros para votar. Además, es una estructura ya usada, la creación de un nuevo sistema les podría tomar un tiempo considerable y retrasar o entorpecer la contienda. Ahora bien, aunque la mayoría de los organismos políticos que integran la Comisión Asesora Técnico-Electoral, al menos 9 de 16, están de acuerdo con la asistencia técnica del CNE; sectores como el G3 (Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo), aunque no están confiados por completo, han mencionado que es una herramienta que facilitaría el proceso, sin desconocer que sienten temor, así mismo lo expresaron Henrique Capriles y Benjamín Rausseo. La fracción de la oposición que se niega rotundamente a tal intervención es la de los líderes de Vente Venezuela, María Corina Machado, y Leopoldo López, de Voluntad Popular, quienes argumentan posturas opuestas y exigen que las elecciones sean completamente independientes a las instituciones del Estado, por lo que incluso proponen un procedimiento manual. El gobierno venezolano también se ha pronunciado al respecto, el vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello afirmó que la oposición sabe que el sistema electoral es seguro y que sin este no existe la posibilidad de que se realicen las primarias en el país. Afirmaciones estratégicas que han legitimado la desconfianza en el electorado, puesto que pueden reforzar la premisa de la intervención del gobierno sobre el funcionamiento del proceso que los ha mantenido por décadas en el poder. Soluciones –ambiciosas– a los votos de la diáspora El pasado 08 de mayo se publicaron dos reglamentos, uno para establecer los criterios de participación de candidatos y candidatas, y otro, bastante ambicioso, sobre el funcionamiento del proceso electoral en el exterior. En este punto, la Comisión de Primarias tiene una propuesta amplia y participativa que de realizarse podría garantizar un ejercicio del voto casi que histórico en el mundo, aunque son grandes y múltiples los retos para que no quede en el papel. En resumidas cuentas, el reglamento establece que podrán votar en el exterior y en las localidades que disponga la Comisión los ciudadanos venezolanos inscritos en el Registro Electoral; los que no se encuentren en el registro o tengan sus datos desactualizados podrán actualizarlos a partir de la creación de una App que contará con todos los mecanismos de seguridad informática y de verificación de identidad. Frente a los sitios de votación, la Comisión no propone el uso de los consulados, sino locales o establecimientos gestionados –al parecer– por los mismos ciudadanos, los cuales estarán ubicados en las zonas que concentren el mayor número de personas, probablemente las zonas fronterizas y ciudades capitales. Esta es una iniciativa con mucha independencia y que de llevarse a cabo mostraría que se pueden crear alternativas a las limitaciones que tenía la oposición, pues ante la ausencia de los consulados y la falta de gestión del gobierno por reactivarlos, realizar un proceso electoral autónomo les daría una herramienta fundamental para garantizar no solo los votos en las primarias, sino también en las presidenciales, que aunque con la población del exterior el oficialismo puede que no tenga muchos incentivos para intervenir en el voto, el reto es el reconocimiento de este. Conclusiones Es clave resaltar que la preocupación de la oposición no debería concentrarse en la intervención o no del CNE en unas elecciones que van a estar bajo su control y en las que no va a haber ningún favorecimiento. La atención debe concentrarse en aunar fuerzas y consolidar un bloque que logre hacer contrapeso al poder que ostenta el oficialismo hoy día y que se reflejará en las elecciones de 2024; en las elecciones primarias, la oposición, la Plataforma Unitaria y la Comisión de Primarias son al final un solo frente. Ahora bien, es claro y la historia política del país ha dado cuenta de que el ventajismo político y electoral característico en los comicios de Venezuela son un fenómeno que ha debilitado el proceso democrático al punto de crear una desafección política entre el electorado, nutrida de los también cuestionados escándalos de la oposición y su lucha por protagonismos. Sin embargo, romper con ese espiral es el verdadero reto para alcanzar un ejercicio democrático incluyente y participativo. Sin duda son muchos temores alrededor de las elecciones primarias, sin embargo el verdadero temor debe situarse en la concentración de la fuerza electoral que logre hacer frente al sin número de prácticas y estrategias que ha usado el oficialismo para obtener ventajas sobre las voluntades políticas del pueblo, en crear en las primarias un modelo de control electoral que puedan replicar en las elecciones de 2024 que contribuya a la transparencia y la participación.

Por: María Juliana Jiménez, Investigadora Nacional Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Actualmente la mitigación de los feminicidios y otras violencias basadas en género (VBG) hacen parte de la agenda política nacional, en tanto que diversos actores –especialmente mujeres– se han esforzado por el reconocimiento de una emergencia de VBG: no puede ser más claro que nos queremos vivas, libres y sin miedo. Gracias a la persistencia de este llamado, el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno plantea –además del reconocimiento de la emergencia– compromisos concretos que pueden orientar la mejora de la seguridad para las mujeres. Mucho antes de poder aterrizar estos planteamientos, los feminicidios volvieron a inundar los medios de comunicación en el Día de la Madre con casos en Bogotá, Santa Marta y Cómbita. Fueron diversos los titulares y enfoques: que los “protocolos de protección” de los gobiernos locales en Soacha y Bogotá fueron inútiles para proteger Érika Aponte, que la vigilancia del INPEC en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita fue absolutamente ineficiente en garantizar seguridad a Merly Andrea Rengifo, y que el escalamiento de una discusión en el barrio La Paz en Santa Marta terminó con el asesinato de Gloria del Carmen Rodríguez por parte de su esposo (un “líder comunitario” de la ciudad). Es inaceptable que casos como los presentados sean los detonantes de declaraciones a favor de las agendas feministas, el cuidado de las mujeres y protocolos institucionales que siguen siendo insuficientes. En su lugar, es necesario que la emergencia de VBG se entiendan como un asunto prioritario que amenaza contra la integridad y libertad de las mujeres todos los días. Atendiendo a esta necesidad, y reiterando el estado de emergencia, a continuación se indaga acerca de uno de los aspectos más problemáticos a la hora de abordar las VBG: el registro objetivo de los casos para poder orientar decisiones de política pública. ¿Por qué es importante centralizar los registros? Sobre los feminicidios en Colombia hay algunas claridades: 1) desde 2015 es un delito tipificado que implica condenas de hasta 65 años sin posibilidad de rebaja (Ley 1761 de 2015 Rosa Elvira Cely). 2) Los movimientos feministas se han encargado de visibilizar la gravedad de las diversas violencias basadas en género (VBG) que pueden alertar sobre posibles feminicidios, e igualmente reclamar justicia por todas las mujeres que ya no están con nosotras. 3) Si bien ha habido avances importantes en materia de respuesta gubernamental, la mitigación de los feminicidios es una meta aún muy lejana. Ahora bien, para el debido abordaje de este delito –y de las VBG asociadas al mismo– lo esencial es poder caracterizar adecuadamente los casos, es decir, saber cuántos son, dónde suceden, cuándo suceden y quiénes son los victimarios. Lograr esclarecer esa información orientaría contundentemente sobre la dimensión de la problemática y sería ideal para la formulación de políticas públicas eficientes en la mitigación de los casos. No obstante, las cifras de feminicidios en Colombia se caracterizan por ser muy poco claras: hay múltiples registros –tanto oficiales como provenientes de organizaciones de la sociedad civil– que utilizan criterios diferenciados para identificar un feminicidio, y, por tanto, los conteos son desproporcionales entre sí. Por ejemplo, mientras que el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación (SPOA) presenta 167 feminicidios en 2022, la Procuraduría General de la Naciónse refiere a 614 casos, el Observatorio Colombiano de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista presenta 619 y, finalmente, la Fundación Feminicidios Colombia acumulaba 210 casos para noviembre del mismo año. Sobre esta dificultad, Manifiesta hace un pertinente análisis comparativo entre las diversas formas de registro: destacando que mientras algunos basan su conteo exclusivamente en los criterios de la Ley Rosa Elvira Cely, otras organizaciones se basan en conceptos más subjetivos como el de de “Violencia Neoliberal Feminicida”, que abarca aspectos estructurales de la sociedad patriarcal y las relaciones de poder que se derivan de la misma. Igualmente, destaca organizaciones que diferencian los “feminicidios políticos” que tienen relación con los casos de lideresas sociales asesinadas, o aquellos asesinatos de mujeres que suceden en contextos de violencia sicarial. De este modo, es claro que el entendimiento del fenómeno dependerá de los criterios considerados. El subregistro es un segundo elemento para tener en cuenta. Como se menciona en el Informe Vivir sin Miedo 2023, publicado el pasado 08 de marzo por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hay factores contextuales que mitigan las denuncias de los feminicidios y las VBG. En primer lugar, el hecho que muchas víctimas vivan con sus victimarios dificulta a las mujeres el acceso a mecanismos de justicia y redes de apoyo: se mitigan las denuncias de VBG que pueden tener lugar de forma previa al feminicidio, o inclusive la denuncia por parte de los familiares de la víctima cuando ya ha ocurrido el feminicidio. Igualmente, lograr un registro pertinente de los casos implica un alto grado de gobernanza por parte del Estado, que lo dote de competencia para atender los casos y capacidad para lograr presencia institucional en todo el territorio: un ideal muy alejado de la realidad colombiana en la que funcionarios públicos pueden no atender adecuadamente las denuncias, revictimizan a las mujeres y no ofrecen garantías suficientes de protección. En todo caso, se atienda a uno u otro registro, hay una certeza clara que sigue justificando el movimiento feminista: a las mujeres en Colombia nos siguen matando y la respuesta estatal sigue siendo insuficiente. De hecho, las cifras presentadas por el SPOA ponen en evidencia el alto nivel de impunidad de los feminicidios: en 2022, únicamente el 49,3% de las denuncias derivaron en capturas y el 18,2% en condenas. Adicionalmente, el 49% de los casos se encuentran en proceso de investigación o indagación, mientras que solo el 15% corresponden a ejecución de penas. Ante este escenario tan desalentador, es esencial entender el estado de emergencia no como una situación de crisis sin retorno, sino como un punto de partida para movilizar acciones: el desface de las cifras puede dar cuenta de todos los factores asociados a los feminicidios y las VBG que se encuentran pendientes de abordar desde la esfera Estatal y que pueden moldear la agenda de las organizaciones y grupos que buscan incidir en la misma. Control político a los tomadores de decisión En el complejo contexto que rodea las VBG es clave mantener un fuerte control político a los gobiernos de turno; teniendo en cuenta que los asuntos de género pueden ser una excelente bandera de campaña sin que ocupen una verdadera prioridad a la hora de gobernar. Bajo esta lógica, el gobierno de Gustavo Petro ha sido especialmente polémico y las feministas no han dado espera demandando que se materialicen acciones concretas. Al respecto, Paula Valencia (profesora de VBG de la Universidad Javeriana) enumera las seis grandes propuestas de Petro en materia de género: paridad en el gobierno, acceso prioritario a la educación y a la tierra para las mujeres, la creación de un sistema nacional de cuidado, el reconocimiento de las labores de cuidado, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y un plan de acción integral contra el feminicidio. Según Valencia, todo está pendiente de esta lista y uno de los retos principales será la asignación de recursos y lograr que el Estado mejore su presencia en las zonas más alejadas donde persisten los conflictos asociados a la tenencia de la tierra. Por su parte, Valentina Encizo (coordinadora de Acción política de Artemisas) analiza que, en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo (PND), las propuestas asociadas al género fueron incluidas porque organizaciones feministas tocaron la puerta del gobierno y recibieron especial acogida de la vicepresidencia. Aunque se destaca que varias de sus propuestas –con relación a participación política y enfoque de género– hoy no hacen parte del PND, se mantiene una propuesta clave para incidir directamente en un mejor conteo de los feminicidios: la creación de un Sistema Nacional de Monitoreo de las VBG. Este sistema, si bien aspira a la unificación de los conteos, no indica un camino para unificar también los criterios bajo los cuales se caracterizan las VBG. Finalmente, Juliana Hernández (directora de la Fundación Artemisas), opina que el gobierno debe dejar de pronunciarse con tuits o fotos, y en su lugar establecer políticas públicas y sistemas de alerta eficientes, si bien destaca el potencial de algunas de las propuestas de campaña cuyo desarrollo puede no ser evidente aún. Estas lecturas, dan cuenta de la dimensión estructural de los asuntos de género, pues el abordaje de los feminicidios no depende únicamente de un conteo regulado, sino de un conjunto de factores sociales, económicos y políticos que rodean aquellos escenarios de violencia y que dependen de un gobierno eficiente: ¿cómo podrían mitigarse los feminicidios en las zonas rurales si el Estado no gobierna eficientemente en todo el territorio?, ¿cómo se puede priorizar el abordaje de las VBG sin la participación de las mujeres en el diseño de las políticas de gobierno? Que no se agote el feminismo Considerando lo expuesto, se reitera, por un lado, lo valiosos que son los avances logrados en cuanto a la visibilización de las VBG: es claro que la consciencia sobre estas violencias, y especialmente sobre los feminicidios, proyecta por sí sola una mirada más consciente y objetiva de las problemáticas que permean a la sociedad colombiana. Sin embargo, es claro que los retos que enfrenta el Estado en cuanto al abordaje de los feminicidios abarcan no solamente los retos técnicos en cuanto a la caracterización de los casos y la debida lectura del fenómeno, sino también importantes retos políticos para trascender los discursos y concretar transformaciones reales que le permitan a las mujeres colombianas pensar en un futuro en el que sea posible vivir sin miedo. Por otro lado, en tanto que la deconstrucción de la sociedad patriarcal abarca aspectos estructurales, el feminismo debe estar presto a entender que los cambios de comportamiento tomarán tiempo e igualmente la adaptación del Estado a una sociedad verdaderamente igualitaria. Lo anterior será especialmente retador en países como Colombia, donde prima la corrupción, la violencia, la debilidad institucional y, consecuentemente, la impunidad. No obstante, el feminismo avanza porque –ante este entorno– las mujeres nos organizamos, exigimos y nos movilizamos para incidir en la construcción de una sociedad más justa. Por tanto, ser conscientes de estas condiciones estructurales no implica que el feminismo deba consentir la ineficacia Estatal ni el silenciamiento de los feminicidios bajo discursos de “crímenes pasionales” o “tragedias amorosas”. De hecho, gracias a la constancia del feminismo, hoy la priorización de las VBG hace parte del PND, orientando una voluntad política clara que puede movilizar diversas agendas hacía la introducción transversal de enfoques de género pertinentes y objetivos; materializando acciones que apunten a transformaciones de fondo Adicionalmente, teniendo en cuenta los diversos temas que copan las agendas políticas del gobierno, es claro que las organizaciones feministas serán –una vez más– las encargadas de exigir y garantizar que el reconocimiento de la emergencia de VBG no quede en un asunto discursivo, sino que se traduzca en acciones contundentes que den inicio al largo proceso de transformación de los comportamientos misóginos y violentos que permean nuestra sociedad.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 25 de abril se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, ubicado en Bogotá, la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, convocada por el presidente Gustavo Petro. La reunión contó con la participación de 20 países invitados, entre ellos México, Canadá, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y España (Ver: En Bogotá se celebrará conferencia internacional para tratar situación política en Venezuela). Esta cumbre concluyó con una declaración final que busca impulsar la realización de elecciones libres y transparentes en el país vecino. El Canciller Álvaro Leyva presentó los puntos comunes acordados durante el encuentro. En primer lugar, se destacó la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En este sentido, se hizo hincapié en la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021. Además, se acordó que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones que pesan sobre el país. En este punto, se espera que la eliminación de las sanciones pueda contribuir a generar un clima de confianza propicio para la realización de elecciones libres y justas en Venezuela. Otro punto importante es la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México. En este sentido, se espera que la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela se acelere para facilitar el proceso de diálogo entre las partes involucradas. Cabe señalar que entre las conclusiones que mencionó el canciller está que “representantes de un grupo de países que hicieron parte de la Conferencia Internacional informarán a Nicolás Maduro, a partidos y sectores de oposición y de la sociedad civil, los resultados de la misma para su evaluación y comentarios”. Es importante destacar que se busca la participación de todos los actores políticos y sociales involucrados en el proceso. El analista político y profesor de la Universidad Santo Tomás, Carlos Chaves, explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la conferencia convocada por el presidente Petro responde a la necesidad de articular nuevas estrategias de mediación en la crisis entre la oposición venezolana y el Gobierno de Maduro. Según el analista, las tres conclusiones del canciller abordan temas sensibles para ambas partes, como las elecciones libres y transparentes, que son una demanda fundamental de la oposición venezolana; y la demanda incesante al régimen de Maduro para que se levanten las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, que superan las 900. Por otro lado, Indira Urabaneja, analista Político y CEO de la ONG Reunificados de Venezuela, le dijo a Pares que tras la Conferencia Internacional, “Colombia encendió una luz en el túnel para la solución de la crisis venezolana”. Ya que desde noviembre del 2022 las negociaciones entre el Gobierno y la oposición se cancelaron y el mecanismo de México está en peligro de desaparecer. Por esta razón, Urabaneja mencionó que el papel relevante que el presidente Petro ha estado desempeñando en el tema de Venezuela se vuelve de gran importancia. La analista expresó su felicidad con esta cumbre y mencionó que como venezolana celebra esta conferencia como un primer paso para alinear las voces de la comunidad internacional hacia una solución pacífica a la crisis de Venezuela, además destacó que este encuentro ha dejado aspectos claves y muy positivos, debido a que los tres puntos de las conclusiones de esta cumbre son vitales para avanzar y alcanzar una solución a la crisis venezolana. Desde su punto de vista, dijo que lo más estratégico de esta conferencia es que revive y reposiciona el tema de Venezuela ante la comunidad internacional. Tras las conclusiones hechas por el canciller Álvaro Leyva, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sacó un comunicado en el que reitera su exigencia para que sean levantadas todas las medidas coercitivas unilaterales que constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo del país. En este sentido, el Gobierno Venezolano reclama la devolución de los activos pertenecientes al Estado que han sido ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras. Además, Venezuela reitera que el camino para avanzar en el diálogo político pasa por el cumplimiento a cabalidad del compromiso alcanzado en la Mesa de Negociación en México, que contempla la creación de un Fondo Social para la inversión en servicios públicos, salud, educación y mitigación de riesgos. El Gobierno de Venezuela también exige la liberación del diplomático venezolano Alex Saab, quien, según el comunicado, fue injustamente detenido en los Estados Unidos de América. En el comunicado menciona que Venezuela cree en la diplomacia de paz y en la construcción de relaciones constructivas basadas en el respeto y en condiciones de igualdad, para edificar relaciones de cooperación y beneficio mutuo entre todos los pueblos del mundo. Es importante destacar que Venezuela se encuentra actualmente en una situación política y económica compleja, en la que se han impuesto sanciones y medidas coercitivas que han afectado gravemente la calidad de vida de la población. En este contexto, la exigencia del Gobierno Venezolano para el levantamiento de estas medidas se convierte en una prioridad para el desarrollo del país y el bienestar del país vecino. Ante este escenario, Indira Urabaneja mencionó que surge la interrogante de si el presidente Petro, en representación de Colombia, tendrá la capacidad de influir en el Gobierno de Venezuela para reducir o reconsiderar su lista de exigencias. Urabaneja destacó que se sabe que aunque es común que ambas partes eleven sus demandas en las negociaciones, es poco probable que estas sean inamovibles. “Como ciudadana, no puedo dejar de cuestionar la rigidez de estas solicitudes”, señaló la analista política. Carlos Chaves explicó que el presidente Petro convocó esta conferencia por dos razones. En primer lugar para desmarcarse completamente de la política exterior hacia Venezuela del Gobierno anterior. En segundo lugar, Petro busca demostrar la capacidad de Colombia como líder regional en América Latina y como actor mediador en conflictos, especialmente en Venezuela, una promesa de campaña que ahora se ha convertido en una política activa dentro de la estrategia de la política exterior del gobierno actual. Esto podría explicar el papel de Colombia en la convocatoria de esta conferencia. Se espera que en una segunda oportunidad se convoque a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro para hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día 25 de abril. Esto demuestra el compromiso de los países presentes con el proceso político de Venezuela y su voluntad de continuar trabajando para lograr soluciones pacíficas y sostenibles (Ver: La Conferencia Internacional sobre la crisis política en Venezuela). El Canciller Álvaro Leyva finalizó sus conclusiones destacando la intervención del presidente Gustavo Petro en horas de la mañana como el punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado. En este sentido, se espera que se continúe avanzando en la dirección trazada en la Conferencia Internacional. Según el analista Carlos Chaves, ahora habrá que esperar a que se siga la hoja de ruta establecida en la conferencia y se logren avances más concretos en la próxima reunión, como el establecimiento de un cronograma efectivo para elecciones libres y transparentes, acompañado del levantamiento progresivo de sanciones. Chaves señaló que estas sanciones se irán levantando a medida que se cumpla el cronograma de elecciones libres, y que se tenga en cuenta la propuesta de Colombia de que Venezuela vuelva a ingresar al sistema interamericano de derechos humanos. Finalmente, Indira Urabaneja, Analista Político y CEO de la ONG Reunificados, compartió con Pares el panorama de los y las venezolanas frente a esta cumbre, Urabaneja nos comentó que la mayoría de las y los venezolanos se muestran con escepticismo, ya que han pasado cinco años desde el último diálogo iniciado y han tenido alrededor de quince procesos, aún así las personas sienten que nada ha cambiado. Las y los venezolanos creen que estas iniciativas sobre Venezuela son más para el reacomodo político de las élites que para abordar sus problemas más urgentes, como el salario, la seguridad y los servicios públicos, entre otros. “A pesar de esto, existe un poco más de esperanza debido a la cercanía que tenemos con Colombia y al compromiso que ha demostrado el presidente Petro. Sabemos que si Venezuela está bien, Colombia también lo estará y viceversa. De ahí que se abra una pequeña esperanza. Colombia es una especie de doliente directo de nuestra crisis y, por ello, quiere contribuir a una solución definitiva. Hay que recordar que más de 2,4 millones de venezolanos han sido acogidos por nuestro hermano país”, puntualizó la analista venezolana.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En materia de política económica la labor de los tomadores de decisiones es bastante compleja. Las decisiones que toman inciden de manera muy diversa en los agentes económicos y, en muchos casos, los efectos son contradictorios, incluso, para la misma agencia gubernamental. Esta dinámica hace que veamos a los funcionarios estatales como actores en continuas disputas, incluso, como si trabajaran en bandos contrarios. Un ejemplo claro de este tipo de situación ocurre hoy en terreno de la fijación del precio de la gasolina. En este tema se observa enfrentamientos continuos entre la cartera de Minas y la de Hacienda: vemos a una ministra que aboga por un incremento bajo y regulado del precio del combustible; y un ministro que defiende, por el contrario, un aumento sostenido y cercano al del mercado. Lo que da la impresión, ante la opinión pública, de que estamos en una arena política atiborrada de peleas al interior del Gobierno. Como saben, desde agosto de 2022 el gobierno Petro tomó la decisión de reducir el subsidio a la gasolina corriente, generando un aumento del precio del galón mes a mes en $600 pesos. Lo que ha permitido pasar de un precio inicial de $9.200, en agosto del año anterior, a $11.767 a principios de mayo de 2023; con la intención de llegar en diciembre a los $16 mil. La razón de este incremento está en el deseo del Gobierno de reducir el creciente déficit fiscal que está dejando el subsidio a la gasolina: el precio interno está muy por debajo del externo, y el Estado debe asumir el diferencial mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este subsidio ha producido un hueco fiscal que en agosto de 2022, al final del gobierno de Iván Duque, estaba en $37 billones de pesos —unos 7.100 millones de dólares—. Lo que hizo el presidente Petro al llegar fue poner al frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se comprometiera con la reducción del déficit: primero con José Antonio Ocampo, y luego con Ricardo Bonilla. El objetivo —según la autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)— es en año y medio aumentar el precio de la gasolina corriente en 67,5%. Y, hasta la fecha, lo viene cumpliendo: ha reducido el déficit en 5 billones —situándolo en $32 billones— y para finales de diciembre de 2023 estará en 22 billones. Este compromiso gubernamental ha sido muy bien valorado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), además de los organismos internacionales y las agencias de riesgo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero también ha causado un efecto crítico entre la ciudadanía y diversos sectores económicos y una respectiva caída en la imagen del gobierno: los cerca de 17 millones de usuarios que tienen vehículos y 11,3 millones que utilizan motocicletas consideran esta decisión es impopular y que atenta contra el bienestar al aumentar el costo de vida. Por esta razón la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, salió recientemente a sugerir la necesidad de revisar la fórmula tarifaria de la gasolina corriente. Su propuesta es la de cambiar la metodología para el establecimiento del precio del combustible: una que tenga en cuenta el menor precio de la producción de gasolina interna. Según la ministra, al país le cuesta menos producir gasolina y, por tanto, este 50% de la gasolina que producimos debería tener un precio menor a la gasolina importada. Esta propuesta de inmediato causó un choque con el Ministerio de Hacienda, dado que su labor es tener saneadas las finanzas públicas, sabe que un incremento por debajo de lo planeado hará que el déficit fiscal continúe creciendo, lo cual haría que se desconociera la recomendación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Además, la baja en el precio interno la tendría que asumir directamente Ecopetrol: la empresa estatal que representa para el Ministerio una de las mayores fuentes de recursos —en 2022 generó unos ingresos de $37,7 billones, debido al aumento del precio—. Adicionalmente, el recién posesionado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, nos recuerda lo regresivo que resulta para la sociedad el mantenimiento de este subsidio. Según las cifras que maneja, el 70% de los consumidores de gasolina son de los estratos socioeconómicos más altos. Y además insiste en que este Gobierno tiene como premisa atacar la desigualdad, la regresividad y atender la población más pobre y peor situada, haciendo falta los recursos que se destinan al FEPC; incluso propone revisar para mediados del año el precio del combustible ACPM que hasta el momento se ha tocado poco. En síntesis, el caso de la variación en el precio de la gasolina evidencia lo común que es en el país las peleas entre ministerios y agencias estatales; sus objetivos son distintos, incluso contrarios. Lo que vemos diariamente son funcionarios públicos que defienden intereses sectoriales e intentan hacer su papel lo mejor posible, para que su gestión sea buena. En este caso, una ministra de Minas que quiere defender el bienestar de los usuarios del servicio del combustible; y un ministro de Hacienda que desea proteger la estabilidad financiera del Estado y las utilidades de la empresa que tiene a cargo. Incluso, como dije al inicio, pueden existir contradicciones al interior de cada ministerio. Por ejemplo, la ministra de Minas es consciente de que el incremento real en el precio de la gasolina estimula el consumo eficiente y reduce el consumo del carburante; contribuyendo a la reducción de las emisiones de gases contaminantes del medio ambiente e incentivando la transición energética al impulsar la electrificación vehicular. A pesar de ello, propone una reducción en precios que genera un consumo irracional excesivo, un precio bajo que hace que la gente malgaste el combustible y aumenta la acción contaminante. Lo mismo pasa con el ministerio de Hacienda. Entre sus responsabilidades, como miembro del Banco de la República, está el control de la inflación. Él sabe que el incremento en el precio del combustible genera un efecto cascada en los costos de producción, aumentando los precios en muchos bienes y servicios —especialmente en los alimentos—, por tanto se esperaría que apoyara la reducción del precio del carburante; sin embargo, su objetivo de sanear las finanzas está por encima de este otro. En conclusión, debemos estar habituados a las discrepancias ministeriales y agencias del Estado. Es necesario comprender que todas ellas tienen objetivos diversos y que es imposible encontrar una única postura de parte del Estado. En materia de toma de decisiones siempre habrá contradicciones, no estamos ante un organismo estatal monolítico. Hay que dejar que los funcionarios defiendan intereses y encontrar puntos medios en los que las pérdidas de bienestar no las asuman los más débiles. De allí que debemos esperar que en los próximos meses los espacios de diálogo ministerial se amplíen y busquen establecer formas de hacer que las decisiones sean más coherentes ante la opinión pública. En materia de precio de combustibles es conveniente que se sienten los ministerios en mesas técnicas para que revisen variables y propongan medidas de cálculo de los precios de la gasolina que afecten lo menos posible al país, este debe ser su objetivo mayor. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico El pasado 07 de marzo 2023, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Oficina Pacífico publicó el Boletín 2: Violencias Basadas en Género y Desplazamiento en Buenaventura en el que, con el apoyo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), se logró hacer una investigación con el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Buenaventura, resaltando las afectaciones y violencias basadas en género contra las mujeres durante el período 2017 a 2022. Dicho informe fue presentado en la Mesa Intersectorial Contra las Violencias de Género en Buenaventura el pasado 09 de mayo con el fin de aportar elementos de contexto y análisis para lograr comprender la particularidad de la existencia de las violencias basadas en género en un territorio en el que confluyen grupos armados que se disputan el territorio urbano y rural. La Mesa Intersectorial Contra las Violencias de Género en Buenaventura es un espacio de gran importancia dado que es un mecanismo articulador que pretende promover las acciones efectivas contra dichas violencias, de ahí que confluyan representantes del Ministerio Público, la Fiscalía, la Secretaría de las Mujeres, Equidad de Género e Igualdad de Derechos, organizaciones de mujeres y de comunidad sexual y de género diversa, así como el sector salud y distintos liderazgos sociales. Violencias contra las mujeres en cifras: Buenaventura 2017 - 2023 Si bien el Boletín 2: Violencias Basadas en Género y Desplazamiento en Buenaventura contempla los años 2017-2022, para el desarrollo de la Mesa Intersectorial Contra las Violencias de Género desde la Oficina Pares Pacífico se añadieron las cifras de los primeros cuatro meses del año 2023 para lograr tener una lectura de la situación de forma actualizada. A partir de dicho ejercicio, a continuación de presentan las cifras de las violencias contra las mujeres que corresponden al primer cuatrimestre (enero-abril) de cada año, entre 2017-2023: Violencia Intrafamiliar: Según las estadísticas delictivas de la Policía Nacional, en el primer cuatrimestre de los años 2021 y 2022 se presentó una considerable reducción en el número de casos de violencia intrafamiliar, de los cuales las mujeres víctimas representan más del 80% de los casos, en los que, si bien se presenta una disminución en comparación al año 2020, es alarmante que el comportamiento para el año 2023 aumentó sustancialmente en comparación con el mismo periodo del año 2022, que entre los meses enero-abril del 2023 se registran 77 casos, de los cuales 67 corresponde a violencia contra las mujeres. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Delitos Sexuales: Lo mismo ocurre con el número de casos de delitos sexuales contra mujeres, que en los últimos años ha presentado un comportamiento relativamente similar, resaltando que 28 de las 35 víctimas que van registradas en el año 2023 fueron mujeres. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Desaparición forzada: Ya para los delitos como desapariciones forzadas, el comportamiento se invierte, presentando que la mayoría de las víctimas son hombres, lo que tiene correspondencia con los repertorios violentos propios del conflicto que se viven en Buenaventura y que en los últimos años tuvo un recrudecimiento, especialmente en el año 2021, que fue cuando inició la nueva ola de violencia. En los primeros cuatro meses del 2023 ya van registrados seis casos de los cuales cinco corresponde a hombres. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa Homicidios: Así como con el número de desapariciones, para el caso de homicidios pasa igual, es decir, la mayoría de víctimas son hombres, que también tiene correspondencia con las dinámicas del conflicto entre grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio tanto urbano como rural y que para el año 2021 se refleja un significativo incremento en el número de homicidios. De los dos casos de homicidios contra mujeres, al menos uno corresponde con la caracterización de feminicidio, pero actualmente no aparece registrado así por la Policía Nacional, ni por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el que una mujer de 33 años fue hallada asesinada con signos de violencia y se investigaba si la muerte había sido a causa de asfixia mecánica, presuntamente en manos de su expareja sentimental quien fue capturado días después en el departamento de Nariño, según indican las autoridades, intentando huir hacia la frontera con Ecuador. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Recomendaciones para la prevención de riesgos y la protección Ante el panorama expuesto, es importante recordar las recomendaciones hechas en el Boletín 2: Violencias Basadas en Género y Desplazamiento en Buenaventura mencionado anteriormente, y que han sido complementadas con los aportes logrados a partir de las discusiones desarrolladas en el marco de la Mesa Intersectorial Contra las Violencias de Género en Buenaventura: Fortalecer los ejercicios de formación en temas de género a funcionarios y funcionarias de las entidades que atienden a las víctimas tanto de Violencias Basadas en Género para evitar situaciones que revictimicen a las personas, especialmente a las mujeres y a la comunidad LGTBIQ+. Formación que debe ser continua, dado que se siguen presentando situaciones revictimizantes. Rediseñar los registros de víctimas de las violencias basadas en género para que permitan caracterizar a las mujeres y a las personas de la comunidad LGTBIQ+ para poder identificar de formas más detallada a las víctimas y así poder presentar respuestas acertadas. Consolidar canales de comunicación eficaces entre las entidades locales, regionales y nacionales que permitan avanzar en la caracterización de hechos victimizantes y el reconocimiento de criterios para que se eliminen las inconsistencias en la información publicada, lo cual afecta el poder conocer la realidad que viven las comunidades, lo que afecta a su vez la atención a las víctimas. Acompañar a las organizaciones de mujeres y liderazgos que atienden a las víctimas de violencias basadas en género, especialmente cuando sus victimarios son miembros de los grupos armados ilegales, dado que se agudiza el riesgo que viven las víctimas y las organizaciones que les brindan apoyo. Destacando que si bien es posible reconocer los avances que se han logrado para atender las violencias basadas en género, así como también se resalta la disposición de las entidades por implementar el enfoque de género en muchas de sus estrategias, es importante hacer un seguimiento constante al comportamiento de estos hechos victimizantes, dado que en el contexto de conflicto que vive Buenaventura, se hace mucho más complejo que las víctimas puedan acceder a las rutas de atención y prevención, lo que significa la existencia de un subregistro que pudiera dar evidencia de un número mucho mayor de dichas violencias. Finalmente, y de cara al año electoral, es crucial que se logre seguir posicionando en la agenda pública la importancia de la inclusión del enfoque de género desde una mirada interseccional en las propuestas y compromisos que asuman las candidaturas con la ciudadanía para lograr avances reales en la reducción de las violencias basadas en género.

Por: Luis Eduardo Celis La Comisión de la Verdad adelantó un importante trabajo de valoración de nuestra violencia de más de seis décadas. Es una comprensión de un proceso social e histórico que la sociedad colombiana está por apropiarse y desde ahí enriquecer la acción por un orden de democracia de mayor calidad, que supere las exclusiones y las barbaries que siguen presentes hasta el día de hoy. La sociedad colombiana se mueve entre permanecer en las viejas violencias que se reciclan y mantienen las viejas raíces que las soportan o superarlas. Exclusiones a los derechos, acumulación de poder vía desplazar y atemorizar, uso de la fuerza para controlar territorios y poblaciones, ausencia de estado social y de derecho en muchos territorios y comunidades, esas son las tareas que siguen pendientes. La Comisión de la Verdad presentó un relato de lo vivido, unas explicaciones de estos procesos y unas propuestas para salir de estos órdenes autoritarios y criminales. Son enormes desafíos que deben ser liderados por este gobierno en su mandato de tres años y tres meses que le quedan y que debemos trabajar para que tenga continuidad en el próximo gobierno que igualmente debe ser de compromiso con una Colombia en paz. En estas últimas semanas se ha vuelto a conversar sobre el informe de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones. El Gobierno propuso un artículo para implementar las recomendaciones y desafortunadamente no fue aprobado, lo cual muestra que estamos ante un tema sensible y que, por decirlo suavemente, tiene valoraciones múltiples desde las fuerzas de paz y de cambio, y abiertos contradictores de las fuerzas sociales y políticas que se sienten cómodas y han acumulado enorme poder en estas largas violencias por superar. Colombia, desde la fuerza de cambio, y en su importante diversidad ahora cuenta con el informe de la Comisión de la Verdad, un referente cultural, de acción social y política. Y así no hayan quedado sus recomendaciones en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, debemos seguir persistiendo en que el relato, las valoraciones y las recomendaciones sean referente de acción. Ahora que se habla de "defenestrar" al gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, sólo hay que ir al informe de la Comisión de la Verdad para ver cómo en esta Colombia sigue viva la doctrina de la seguridad nacional y su criatura del enemigo interno, una de las tantas tareas para superar en este excluyente régimen político que asesina, persigue y en donde hay fuerzas políticas que se creen con el derecho de actuar por fuera de la Constitución Nacional de manera impune. Esperemos que la Fiscalía General de la Nación haga su tarea con quienes de manera alevosa actúan por fuera de la ley y nuestro ordenamiento constitucional. Tenemos un informe de la Comisión de la Verdad el cual debe ser apropiado en las escuelas y universidades colombianas, debe entrar a la televisión, debe ser referente en diversidad de espacios. Ese fue el compromiso del presidente Gustavo Petro cuando lo recibió como presidente electo en junio pasado y a fe que lo va a cumplir. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su segundo informe de violencia político-electoral del actual calendario electoral. Este informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 30 de abril de 2023. La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Durante el periodo de tiempo analizado, se registraron 99 víctimas de violencia electoral en 67 hechos asociados. Del total de víctimas (99), dieciocho (18) fueron asesinadas, trece (13) sufrieron un atentado y 68 fueron amenazadas. En relación con el informe inmediatamente anterior (Ver: Primer informe de violencia político-electoral [29 octubre 2022 – 28 febrero 2023]), correspondiente a los primeros cuatro meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023), se dio un incremento del 63% en el número de hechos registrados, y del 54% en el número de víctimas contabilizadas. Este segundo informe de violencia político-electoral causa gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, la concentración geográfica de los hechos, el perfil de las víctimas, la filiación política de estas y los presuntos perpetradores aquí:

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda A propósito del enfrentamiento entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro, por causa de que este último dijo ser el jefe del primero, salieron a relucir las nociones acerca de la estructura del Estado. En efecto, siendo estos dos funcionarios representantes de dos de las tres ramas del poder, los críticos del gobierno –no todos opositores suyos– se han manifestado con el argumento de que el presidente, o mejor, la rama ejecutiva, no está por encima de ninguna de las otras dos ramas, ni de la legislativa ni de la judicial. Eso podría considerarse una reflexión lúcida, si consideramos que el Estado de Derecho, para su funcionamiento eficaz y eficiente, ha de tener garantizada la autonomía de esos tres poderes; pues sólo así es posible el equilibrio entre ellos. Sin embargo, y de esto a menudo discuten los profesionales del derecho, los regímenes presidencialistas como el nuestro se caracterizan porque, diga lo que digan las constituciones, siempre hay espacio, por causa de efectos políticos –“actos políticos” les llamaba Locke– para que el jefe de la rama ejecutiva sea quien finalmente lleve las riendas del Estado. Una anomalía ceñida al rótulo “jefe” con el cual se distingue al representante jerárquico de la rama ejecutiva, en calidad de suprema autoridad, pues la frase “jefe del Estado” –como nuestra constitución califica al presidente del Gobierno– desde la interpretación jurídica gramatical significa, explícita e implícitamente, que alguien dirige y manda sobre todos aquellos que participan de ese Estado. De hecho, la palabra “jefe”, según la Rae, significa en su primera acepción “persona que manda sobre otras”. Y no hay otra acepción contradictoria de ello. Además de esa claridad gramatical –que implica la condición de subordinado que tendría el fiscal ante el jefe del Estado–, vale dar claridad sobre los hechos en cuestión y hacerlo a partir del concepto de la división de poderes. Al respecto, lo primero que un entendido descartaría de esa división de poderes, es que los tres representantes jerárquicos de sus ramas de poder, puedan ser al tiempo “jefes” con igual condición de tales. Se trataría entonces de una figura –la de los tres jefes– semejante a otra que nada tiene que ver con la división de poderes, tal y como hoy la entendemos; es decir, discriminada en tres áreas administrativas bien determinadas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Me refiero a la figura denominada Triunvirato, que los romanos, en los tiempos de su república (siglo I A.C.), crearon para resolver problemas de disputas políticas entre sectores que se sentían con derecho a imponer sus gobernantes. Así, por medio de alianzas, se puso en práctica una suerte de “pacto histórico”, para controlar el escenario político y hacerlo con supremo poder. Otra cosa muy distinta es la división de ese poder absoluto, no para distribuírselo, sino para repartirse las tareas que permitirían el funcionamiento del Estado, en términos de garantizar la prosperidad de su población. En concordancia con este entendimiento, la división de poderes fue esbozada inicialmente por Thomás Hobbes en el año 1651. En su obra más conocida, Leviatán, Hobbes propone el desmonte del llamado “derecho natural a mandar” – exclusivo de las familias reales– y propone instaurar el derecho (entiéndase parejo a carta constitucional) como un contrato social. Lo que Rousseau redondearía años más tarde (en 1762), precisamente en su obra El Contrato Social. Esto nos indica que, pese a esa primera división del poder público en dos ramas (división que buscaba la implementación de un modelo de gobierno democrático, para que el poder dejara de estar concentrado en el rey) y pese a los aportes de John Locke (en el siglo XVII), dicho poder, si bien dejó de entenderse como concentrado en una monarquía absoluta, pasó a ser un poder centrado en una monarquía moderada. Más tarde, gracias a los estudios de Montesquieu, la división de las tareas en la administración del Estado se especificó, al determinarse los tres campos de acción necesarios para la estructuración de un Estado lejano del modelo monárquico, pero muy cercano al modelo advertido por Locke, denominado “monarquía constitucional”. De ahí que, por el peso de la tradición monárquica tan milenaria, aún en nuestros días, la carga de solemnidad y de liderazgo sigue centrada en el representante de la rama ejecutiva, en nuestro caso en el presidente elegido por el pueblo. ¿Y quién discute acaso que los presidentes, en el modelo político latinoamericano, no han tenido siempre primacía sobre las otras dos ramas, e incluso facultades de reyezuelos, o mejor, típicas de las monarquías constitucionales? Los constitucionalistas de nuestro país, y también los abogados estudiosos, saben las críticas que los especialistas han expuesto acerca de los ilimitados poderes del presidente. Basta recordar, en el caso de nuestro campus académico, el ensayo del profesor Carlos Restrepo Piedrahita, escrito en 1983, que titulado Imagen del presidencialismo latinoamericano: el héroe del barroco, da cuenta de las casi ilimitadas facultades de los presidentes. Una herencia proveniente todavía de las ideas de Locke, para quien el rey debería tener un conjunto de facultades discrecionales en virtud de su prerrogativa, que el pensador inglés definió como la potestad del rey “para actuar discrecionalmente en aras del bien común, sin ceñirse a los dispuesto por el derecho e incluso en contra de él"[1]. Desde tal perspectiva, en la estructura de nuestro Estado, pese a la división de los poderes, quien manda con supremacía es única y estrictamente el presidente de la República. Que eso sea así es una anomalía de la democracia y que sea distinto es una mera utopía de los modelos democráticos. En la Constitución Política de Colombia, por ejemplo, en su artículo 115, se precisa que “el presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa”. Lo cual quiere decir, si atendemos el método jurídico de la interpretación gramatical, ya expuesto aquí, que el presidente Gustavo Petro, querámoslo o no, es la autoridad superior en nuestro país; y como jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, es quien gerencia las actividades, todas, del Estado. Mandato que no le impide ser respetuoso de la autonomía de las otras dos ramas y de los órganos de control; pero sí le corresponde, como suprema autoridad de esas ramas, vigilar porque sus tareas sean cumplidas. Por ejemplo, siendo el presidente el responsable de la paz, de la sana convivencia y de la vida de cada uno de los colombianos y colombianas, puede y debe hacerlo, porque así se lo autoriza la constitución, pedirle al fiscal, por ejemplo, que le rinda cuentas sobre hechos que, a su juicio, y siempre fundados en investigaciones probas, estén atentando contra el orden público, contra la sana convivencia y contra la vida de los colombianos y las colombianas. En el presente de las ideas políticas, los historiadores e investigadores sociales saben muy bien que el poder en los tiempos monárquicos garantizó que el Estado no fuera un botín de rapiña, disputado siempre caóticamente. La democracia, que en términos de su definición primaria, es el poder en manos de muchas personas, no ha podido llevarse a cabo desde los tiempos de Solón (a quien se le ocurrió como modelo de gobierno hacia el siglo VI a.C.), sino a través de la figura de la representación. De tal manera, el pueblo no tendría que reunirse cada vez que hiciera falta una decisión administrativa, sino una sola vez, en la cual se escogería un ciudadano –por sus virtudes personales y concordancia ideológica con los deseos de su pueblo– para que decidiera en adelante, y por un tiempo determinado, en representación de todos. De tal suerte, pensar que la suprema autoridad de un Estado está en manos de tres cabezas es desconocer el desarrollo y vigencia de la democracia participativa que le otorga –dentro del modelo de los regímenes presidencialistas–, el poder a una sola persona y no a tres, como en los tiempos del triunvirato de CneoPompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco Licinio Craso, que duró desde el 60. a.c. hasta el 53 antes de Cristo. [1] Joaquín Varela Suanzes-Carpegna. División de poderes y sistema de gobierno en la Gran Bretaña del siglo XVIII. En: file:///C:/Users/ACER/Downloads/division-de-poderes-y-sistema-de-gobierno-en-la-gran-bretana-del-siglo-xviii.