Por: Mónica Castillo Díaz, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Este contenido también fue publicado en Las 2 Orillas El domingo 23 de abril se llevaron a cabo las elecciones a nivel de nacional de los precandidatos de la Colombia Humana –partido que hace parte de la coalición del Pacto Histórico– a las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos y juntas administradoras locales. 26 mil militantes en 536 municipios participaron de la consulta interna que definió a los representantes de la Colombia Humana que harán parte de la consulta para elegir a los candidatos de la coalición del Pacto Histórico, prevista para el 04 de junio. En varias regiones del país se vieron resultados sorpresivos, como fue el caso del precandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Rubén Fernando Morales Rey, reconocido, entre otras cosas, por haberse desempeñado como segundo juez laboral del circuito de Bucaramanga y quien falló el 09 de junio de 2022 en un proceso en contra de Rodolfo Hernández, quien cobró protagonismo en el panorama político nacional tras su candidatura a la presidencia en 2022, apoyado por varios sectores de la derecha. La demanda laboral, radicada en 2017 por un exempleado de su empresa familiar Hernández Gómez Constructora S.A. –HG Constructora S.A.–, fue un punto de quiebre en la carrera jurídica de Morales, quien presentó su renuncia como juez del Palacio de Justicia de Bucaramanga en octubre de 2022, luego de denunciar persecución judicial y política en medio de la campaña presidencial de Hernández, antes de proferir el fallo. El ahora precandidato Morales denunció al abogado Eduardo Pilonieta –defensor de Hernández– de ofrecerle presuntamente un soborno por mil millones de pesos, según varios medios, solicitándole aplazar la audiencia que se llevaría en contra del excandidato presidencial y que lo obligaría a pagar una multa por 170 millones de pesos. Días antes de conseguir su pensión, y tras negarse a recibir dicha suma de dinero, Morales manifestó en varios medios que estaba recibiendo amenazas de muerte y persecución, por lo que asegura que le abrieron 14 procesos disciplinarios y recibió diversas amenazas anónimas de muerte. Así las cosas, en medio de una protesta inusual, el abogado renunció a su cargo disfrazado de cardenal de la inquisición, con una campana y haciendo un exorcismo a la rama judicial. ¿Quién es Rubén Morales? El abogado santandereano se desempeñó como juez del Palacio de Justicia de Bucaramanga durante más de 30 años. Actualmente ejerce como docente universitario en la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Cooperativa y como decano de la Facultad de Derecho de la Uniciencia de Bucaramanga. Frente a su labor como juez laboral poco se sabe; sin embargo, en las múltiples entrevistas que dio en medio del escándalo por el soborno, se asume como un hombre entregado a la justicia, en varias ocasiones manifestó que “su vida se acabó por ese proceso” y que es “un perseguido político por obrar correctamente”. Su renuncia no surgió únicamente por las presiones de las amenazas, sino que, según él, para poder denunciar libremente casos de corrupción por parte de funcionarios. El exjuez candidato Hasta el pasado 23 de abril no se sabía de sus aspiraciones a la Alcaldía de Bucaramanga ni de su militancia en la Colombia Humana, posterior a su renuncia como juez. Como se conocía desde las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, el único candidato fuerte para participar en la competencia por la Alcaldía de Bucaramanga era Carlos Sotomonte, con el apoyo de la alcaldía de Juan Carlos Cárdenas. De los resultados oficiales de la consulta interna de la Colombia Humana, Morales consiguió poco menos de la mitad de los votos, de los 272 totales obtuvo 124, enfrentándose a Andrés Álvarez Suarez (70), Elmer Rojas Sánchez (20), Nelson Fonseca Patarroyo (11), Álvaro Román Álvarez Claros (5) y Jaime De Jesús Barreto Barrios (5). Lo anterior supone que Morales ha conseguido diferencias de voto significativas con relación a los demás aspirantes, a pesar de que no se trata de un número de votos significativo. No obstante, habrá que ver cuál será su apuesta en su primer ejercicio político, que según su cuenta de Twitter gira alrededor de su trayectoria jurídica: “Llegó el juez”. Esto podría ser un punto a favor en la medida del aumento de las quejas de la población en general frente a la efectividad del sistema judicial, aunque su fuerza política no se muestre hasta ahora determinante. ¿Cuáles son sus probabilidades? Ahora bien, la elección de Morales como representante de la Colombia Humana, en un contexto conservador como el santandereano envía un mensaje sobre lo que sería la posible alianza entre el partido y Rodolfo Hernández. Esto resulta clave en la medida en que, pese a que la militancia de la Colombia Humana en Santander es baja –la cantidad de votos da cuenta de esto–, fueron ellos quienes realizaron fuerte oposición a la candidatura de Hernández a la Presidencia, a pesar de que el departamento sea su bastión político, pues solo en las elecciones presidenciales de primera vuelta Hernández recibió allí 784.054 de los 1’176.605 votos del departamento; mientras que para Petro fueron apenas 244.837. ¿Y la alianza Rodolfo y Pacto Histórico? Durante las elecciones presidenciales de 2022 Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fueron férreos opositores, situación que se intensificó cuando Hernández logró entrar a disputar la presidencia en la segunda vuelta. No obstante, en la medida tomada por Petro de establecer vínculos estratégicos con los políticos más influyentes del país, realizó acercamientos con Hernández, que llevaron a suponer una posible alianza, neurálgica en el departamento, dada la popularidad del santandereano, no solo entre la derecha del país, sino con diversos sectores, teniendo en cuenta que Hernández alcanzó incluso mayor votación que la que llevó a Iván Duque a la Presidencia de la República. Lo anterior ha generado varias incógnitas alrededor de la posible alianza entre algunos integrantes del Pacto Histórico, incluyendo los acercamientos del presidente Gustavo Petro, y Rodolfo Hernández, teniendo en cuenta que, según comentarios del mismo excandidato presidencial en conversaciones con otros lideres políticos de la región, él sería el candidato que apoyaría la Presidencia a la Gobernación de Santander. Esto supone varios puntos importantes como, por ejemplo, la afirmación de que el presidente apoyaría esta candidatura, que pareciera ser una mera estrategia discursiva, dadas las limitaciones del presidente Petro y la imposibilidad de generar apoyos en campañas políticas. Ahora viene la cuestión de si los avales de la Colombia Humana se orientarán hacia intereses propios del partido y no a propósito de los compromisos estratégicos que tienen previamente establecidos. En ese caso, si la elección de Morales trasciende en la consulta del Pacto Histórico, esto dejaría dos escenarios posibles: uno en el que, de ser sólida la alianza entre esta coalición y Rodolfo Hernández, este último se vea en la obligación de apoyar a quien lo denunció en plena campaña; u otro en el que simplemente el Pacto y la Liga Gobernantes Anticorrupción tomen caminos opuestos. De suceder esto último muy seguramente va a dar paso a efectos contraproducentes en la misión del Pacto Histórico de establecer su representatividad a nivel regional y local en las elecciones de este año, teniendo en cuenta el favoritismo en este departamento hacia Rodolfo Hernández y la escaza consolidación del Pacto Histórico en la región.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Es el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Columbia. Fue representante a la Cámara en el periodo 2006-2010 y senador de la República entre 2010 y 2018. Entre su experiencia profesional se cuentan cargos como secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre 2004 y 2005; asesor de despacho del Ministerio de Comunicaciones, en 2003; consultor PNUD en el Ministerio del Interior y de Justicia, en 2003; y secretario de Tránsito de Manizales, en 2002; entre otros.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University. Es oriunda de Tumaco, Nariño, tiene amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva, entre otros. Actual viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de Minciencias.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario con estudios profesionales en cirugía cardiovascular en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia) y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia). Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En Colombia, como ocurre en la inmensa mayoría de países del globo, prima la economía popular. Esta es una forma de organización económica del trabajo autónomo, caracterizada por la independencia laboral, en la que las personas deciden sobrevivir con su propio trabajo y producir para el autoconsumo, el intercambio o la venta de bienes y servicios. En nuestra realidad, este tipo de economía pulula por doquier. Son aquellos pequeños negocios manejados, generalmente, por una persona o dos de un mismo grupo familiar o comunitarios. Son pequeños emprendimientos dedicadas a asuntos mercantiles —como producción, distribución y comercialización de bienes y servicios— y no mercantiles —actividades domésticas o comunitarias—. Como ejemplo de esto tenemos en las grandes ciudades las personas que se dedican a manejar un taxi o un Uber, a recorrer las calles como vendedores ambulantes o por catálogo, a elaborar productos de panadería o confeccionar ropa. También los hay por millones en el campo: dedicados a cultivar mandarinas, a criar gallinas, a levantar ganado o a producir café. En total, según la última Encuesta de Micronegocios (EMICRON) del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) —donde se registra la información sobre emprendimiento e informalidad— al nivel nacional se tenían, para el cuarto trimestre del año pasado, 5,3 millones de micronegocios —que ocupan entre una y nueve personas—. Un rasgo importante de los micronegocios es que el propietario del negocio también trabaja en él con el fin de sostener el proyecto productivo y darle a su núcleo familiar, comunitario o asociativo, una vida digna. Lo que significa que estos trabajares(as) independientes son propietarios(as) y controlan las actividades para las que trabajan. Otros rasgos importantes de la economía popular es que se distancian de la gran empresa, en la medida en que no basan la producción en la explotación laboral, no buscan la producción en masa —pues no tienen capacidad para ello— y no es posible la acumulación de capital, pues los ingresos que recibe el negocio generalmente solo da para la sobrevivencia de las personas que están vinculadas a la unidad económica. Este es el mundo real y concreto en el que viven la mayoría de colombianos y colombianas. Una economía popular que sirve para mantener y sostener alrededor del 80% de las familias en Colombia, que ocupa a más de 21 millones de personas —de los 24.9 millones que están económicamente activos en el país— y genera alrededor de 55 billones de pesos en la producción nacional —según datos para 2021—. Estas cifras y otras han sido las que motivaron al gobierno para que, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, incorpora en el artículo 58 el apoyo a la economía popular. La idea presentada allí es ofrecer a los pequeños emprendimientos, en especial los del campo, créditos que les permita salir de una necesidad financiera —como ajustar los recursos para comprar insumos o tener algo para comer mientras pueden vender sus productos—. Es un fondo de financiamiento de 6 billones de pesos para la economía popular que se llamará Open Finance. Recursos que se destinarán inicialmente a los pequeños agricultores o campesinos, pero que buscarán extenderse. La idea es proponer un modelo financiero para que puedan acudir a él los 21 millones de micronegocios que hay en el país. Esta es una idea que ha sido probada hace ya varias décadas en otras regiones del mundo. Fue popularizada y defendida con éxito por Muhammad Yunus, el fundador del Grameen Bank o Banco de los Pobres, quien difundió un modelo de microcréditos a los pequeños emprendedores con la finalidad de luchar contra la pobreza. Este es un modelo que resultó tremendamente eficiente, debido a que las personas que se endeudan demostraron ser muy buenos pagadores. Para ellos los microcréditos que les ofrecería el gobierno o las organizaciones que los apoyan son una muy buena opción, si lo comparan con los paga diarios que les exigían el sector informal e ilegal. La idea en el Plan Nacional de Desarrollo es generar una política pública de alto impacto económico y social. Una que sea capaz, por un lado, de apoyar el empleo y el desarrollo de la economía, pues recordemos que los micronegocios emplean en Colombia más del 80% de la fuerza laboral, tanto formal como informal. Y, por el otro, reducir la pobreza. En el país la población que trabaja por cuenta propia, los independientes y los autoempleados son los que más problemas tienen para conseguir todo aquello necesario para la vida. Lo que busca el programa de préstamos es apoyar la capacidad de estos emprendimientos para generar ingresos y sobrevivir. También es una idea que pretende ofrecer opciones de ingreso al sistema financiero para quien no las tiene. En nuestra economía buena parte de los micronegocios tienen cerrada las puertas en el sistema financiero; solo el 30% de los 5,3 millones de microempresarios accedieron a la financiación formal luego de solicitar crédito. Finalmente, es una estrategia del Estado para luchar contra las organizaciones criminales. Una parte de las rentas ilícitas en el país procede de los cobros de interés que se le hace a los pequeños comerciantes por los préstamos 'gota gota'. La idea es que los necesitados ciudadanos acudan al apoyo institucional para prestar los 200 o 300 mil pesos y no a las mafias que cobran excesivos intereses. En conclusión, el Gobierno, mediante el apoyo financiero a la economía popular, le está enviando señales a la población —aquella que se le consultó y se involucró en los espacios consultivos— de que sus voces y propuestas fueron escuchadas y tenidas en cuenta en la elaboración de este plan de desarrollo. Que el Gobierno tiene entre sus prioridades crear un sistema de acceso a crédito para los excluidos. A trabajar en cambiar el sistema financiero actual para que incluya a aquella población no bancarizada. Una población olvidada, marginada y muy necesitada que requiere que se cumpla la palabra de democratizar el sistema económico para asegurar la sostenibilidad económica, alimentaria y ciudadana. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Recorrer las regiones de nuestro departamento es la clave para identificar las necesidades, conocerlas, hablarlas con las comunidades y pensarse con ellas las alternativas. Pero no me refiero solo a las necesidades básicas insatisfechas que alimentan el cuerpo; otras, a veces más importantes, son las del alma. Y es por ahí que quiero iniciar, expresando que el aspecto que se debe recuperar es la confianza. Pasamos del valor de la palabra a enriquecer a los notarios, y aún así mucha gente trampea. Se han firmado acuerdos entre la institucionalidad y las comunidades, pero al irse el funcionario pareciera que se llevara el compromiso, algo así como que lo consensuado no fuera responsabilidad del Estado a través de su gobierno. Es necesario recuperar la vocación de servicio, entenderse el funcionario público, empleado o cualquiera otra categoría en la que se encuentre, como servidor, acompañante, puente entre la necesidad y la solución. Se precisa apostar a que lo esencial de la sociedad sea administrado por lo público, entre ellos los servicios básicos para la vida humana, mínimo vital para los sectores marginales de la comunidad que debe ser asegurado por el Estadp. Ello sin desconocer que estamos en un estado social de derecho que debe garantizar la existencia de la propiedad privada, la competitividad de quienes, con todo derecho, buscan la plusvalía como finalidad. En ese contexto, compete a la institucionalidad, con una concepción humanista, propender por la redistribución de la ganancia y su reinversión social en la prestación de los servicios públicos. Hay que pasar del discurso sobre la corrupción a enfrentarla, y todos sabemos que este cáncer no está en la etapa de la ejecución, se incuba en la elaboración de pre y pliegos de condiciones. Algunos asuntos urgentes en el Cauca: la vía al mar; la carretera Santa Rosa - Descanse - San Juan de Villalobos; el mantenimiento de toda la malla carreteable del departamento; el saneamiento básico en nuestro Pacífico Medio; el cuidado de nuestro Macizo; el turismo en nuestro Oriente; los acuerdos interétnicos e interculturales; los pactos sobre el uso y tenencia de tierras en el norte; y alternativas de sistemas productivos; en fin, todo esto es lo que entendemos en el Cauca como la Paz Total. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

De: Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Desde el inicio de esta primera legislatura del denominado “Congreso del Cambio” se ha mostrado que la cantidad de trabajo que tiene este no es despreciable, en parte por un gobierno que pone agenda todos los días y que desde que entró el pasado 07 de agosto de 2022 ha venido radicando y apoyando iniciativas en el legislativo. En la primera parte de esta legislatura vimos un Congreso que aprobó la Reforma Tributaria, el Acuerdo de Escazú, el Prepuesto General de la Nación, la prórroga de la ley 418 o ley de Paz Total, la creación del Ministerio de la Igualdad, al igual que primeras vueltas de proyectos de acto legislativo como la reforma política o la creación de la jurisdicción agraria. Además de una moción de censura en Senado contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la cual fue negada. Esta segunda parte de la legislatura tuvo un inicio adelantado, pues el gobierno citó en febrero a sesiones extraordinarias para empezar el debate de la reforma a la salud, algo que no tuvo efecto en la aceleración del trámite de dicha reforma, pues dos meses después la ponencia radicada por el gobierno no ha sido debatida aún en primer debate en la Comisión Séptima de Cámara. Esta semana 12 sesiones de la agenda del gobierno sigue su curso en el legislativo, al igual que ejercicios de pesos y contrapesos respecto a la tarea de funcionarios del gobierno, como lo son los ministros. Mociones de censura La agenda del lunes 24 de febrero de 2023 estuvo marcada por la votación en plenaria de la Cámara de Representantes de la moción de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. En el debate de moción de censura, que se realizó el pasado 12 de abril, Leyva fue cuestionado por los nombramientos de varios embajadores porque, según los citantes, no tendrían experiencia en la carrera diplomática. El lunes 24 se realizó la votación, la cual quedó: 13 aprobando la salida del ministro y 108 negándola. Leyva se une a Irene Vélez como los dos ministros que han sorteado una moción de censura. Por el momento es el tercer debate de moción de censura en lo que va corrido del gobierno Petro, el segundo que se realiza este año, al igual que el segundo que se realiza en la Cámara de Representantes. Para este miércoles 26 de abril el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue citado en la Cámara de Representantes a rendir cuentas sobre su labor respecto a la situación de seguridad. Velásquez se une a Leyva y a Vélez como los ministros que habrán enfrentado un debate de moción de censura en casi nueve meses de gobierno. Reforma a la salud La reforma a la salud lleva dos meses en el Congreso de la República y aún no ha superado el primer debate. Para las dos de la tarde de este 25 de abril está citada la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en el orden del día aparecen ocho proyectos de ley para discutir y el primero es el que modifica el sistema de salud, es decir, el proyecto de reforma a la salud radicado por el gobierno. Después de mucho tiempo se espera que haya una mayor certeza acerca del futuro de esta reforma, pues en las últimas semanas se ha visto que partidos de la coalición de gobierno como La U, el Liberal y el Conservador, se han mostrado reacios a apoyar la ponencia de gobierno, al punto que en momentos han dicho que se bajan del apoyo a dicha reforma porque el gobierno no acoge las modificaciones que ellos proponen, inclusive el partido liberal presentó una ponencia alternativa al proyecto. Lo que sí queda claro acerca de esta reforma es que los partidos ya mencionados quieren negociar su apoyo, pues tuvieron la oportunidad de hundir el proyecto en la votación de la ponencia negativa presentada por Cambio Radical y el Centro Democrático y votaron negativo a esta ponencia. Veremos si el gobierno ya cuenta con los 12 votos necesarios para pasar a segundo debate, en la plenaria de Cámara de Representantes, la reforma a la salud o deberá continuar aplazando el debate de hora tras hora y semana tras semana, como lo ha venido haciendo, para continuar en su búsqueda de votos. En su defecto otra posibilidad que se abre en el camino es el inmovilismo, donde ninguna parte sede, ni gobierno ni partidos, lo que puede llevar a que el gobierno retire la reforma, como lo ha dicho en reiteras ocasiones la ministra de Salud, Carolina Corcho. Plan Nacional De Desarrollo La base de la transformación territorial que propone el gobierno de Gustavo Petro se encuentra en el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) que en esta semana inicia debate en plenarias de Cámara y Senado, luego de pasar y ser aprobado en las comisiones económicas de ambas cámaras. La discusión del PND ha tenido una gran deliberación al interior del Congreso, se han presentado más de 4500 proposiciones, según le dijo al diario El Espectador la representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, Katherine Miranda. Pese a que el PND se ha construido bajo una agenda de consensos y como una herramienta que busca responder a la necesidad de tener una hoja de ruta de transformación territorial como país, partes de la opinión pública se han centrado en las facultades extraordinarias y transitorias que se le daría a Gustavo Petro. El debate debe ir más allá y debe centrase en plantear lineamiento​s de políticas públicas para temas como la educación o la transición energética, aspectos que respondan a la modernización del país. El 07 de mayo es la fecha que el gobierno tiene presupuestada para que el PND ya tenga la firma presidencial, por ello se hace necesario la aprobación en plenarias del proyecto esta semana y su conciliación la próxima semana. Jurisdicción Agraria En el Congreso esta semana se dará el quinto debate dentro de la Comisión Primera de Senado del proyecto de acto legislativo que busca la creación de una jurisdicción agraria, como se planteó en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 con la guerrilla de las extintas FARC. Juristas como Rodrigo Uprimny sostienen que este proyecto, sumado al que reconoce al campesinado como sujeto de derecho, es una gran oportunidad para el fortalecimiento de la democracia. La creación de una jurisdicción agraria, según Uprimny, permitirá que se resuelvan los conflictos rurales en su integralidad y se desarrolle jurisprudencia agraria en Colombia, algo que es requerido. Pese a ello, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y las altas Cortes se han opuesto a la creación, la primera ve innecesario la creación de la jurisdicción, pues argumenta que los derechos campesinos ya están garantizados y las segundas que esta creación es costosa e innecesario porque consideran que ya hay órganos supremos frente a lo agrario, como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Al parecer el proyecto tendría cambios después de la reunión de ponentes del proyecto y magistrados de las Cortes. Ya no se crearía la jurisdicción agraria aparte, sino que solo se crearía una sala mixta civil agraria. Ya veremos cómo se presentará y votará en la Comisión Primera de Cámara, recordemos que, al ser un acto legislativo en su segunda vuelta de debates requiere votación calificada, es decir, la mitad más uno de la votación total para que pase a sexto debate dentro de la plenaria de Cámara de Representantes. Regularización del uso adulto del cannabis Se espera que este 25 de abril se dé el sexto debate en plenaria de la Cámara de Representantes al proyecto de acto legislativo sobre la regularización del uso adulto del cannabis, el cual es liderado por el representante liberal Juan Carlos Losada. Este proyecto plantea un nuevo enfoque de consumo desde la salud pública y no de criminalización. Según expertos, como María Alejandra Vélez, investigadora y profesora de la Universidad de los Andes, este proyecto además de reducir los daños que son asociados al consumo, también es una estrategia que sirve para para prevenir el consumo adolescente. A la par permite el control por parte del Estado del mercado, al igual que hacerle seguimiento a la calidad de las sustancias que sean consumidas. Este proyecto va en concordancia a lo propuesto por el gobierno acerca de que la guerra contra las drogas ha fracasado y que hay que entender que el enfoque que ahora debe darse desde la salud pública. Al igual que como con el proyecto de jurisdicción agraria, que requiere votación calificada, pasa con este proyecto para pasar a séptimo debate dentro de la Comisión Primera de Senado. Si observamos, esta semana está bastante movida, al igual que las semanas que vendrán con la discusión del resto del paquete de reformas sociales, como las reformas laboral y pensional. También sobre el debate de ley penitenciaria y la ley de sujeción de grupos criminales. El común denominador de la agenda legislativa es que el gobierno pone la agenda y el legislativo responde. Básicamente en estos nueve meses el gobierno hizo trabajar a los congresistas y sus reformas han hecho que dentro de los partidos se den discusiones ideológicas, algo que no pasaba hace mucho tiempo.

Por: Luis Eduardo Celis El presidente Gustavo Petro ha convocado una Conferencia Internacional sobre la crisis política venezolana, se desarrollará en Bogotá la última semana de abril y hay expectativa por lo que allí pueda transcurrir y el derrotero que se marque. La novedad de esta conferencia es que participará la administración del presidente Joe Biden, al más alto nivel, lo cual sin duda es una gran noticia porque los Estados Unidos está ampliamente involucrado en el devenir de la situación política de Venezuela y es un gran jugador en la construcción de alternativas para que el país vecino logre un camino de entendimiento y superación de las enormes dificultades que ha traído la complicada política de bloquear importantes activos del estado venezolano, los cuales pueden estar sobre cuarenta mil millones de dólares, hoy en Bancos de los Estados Unidos y de otros países Europeos, dinero se requiere para urgentes necesidades sociales en Venezuela. La crisis política venezolana se puede resumir en que sectores de la oposición al gobierno consideran que no hay garantías para la competencia política y el chavismo considera que hay sectores de la oposición que juegan a la ilegalidad y la violencia, que quieren sacar a las malas al presidente Nicolas Maduro. La política del país tiene sus complejidades: deterioro de las reglas de competencia, falta de credibilidad en las instituciones electorales, acciones violentas e ilegales de sectores opositores, líderes políticos presos o suspendidos en sus derechos políticos, una crispación que por momentos se ha vuelto violencia, amenazas de invasión promovidas desde la administración Trump —con aliados en Colombia que han ido a aventuras conspirativas y acciones de hecho—, todas estas acciones controladas por el gobierno venezolano, y la tensión de un gobierno de mentiras como el que se inventó Juan Guaidó. En fin, la lista es larga y dolorosa. La Conferencia de Bogotá será una muy buena oportunidad para avanzar en entendimiento y en procesos que ayuden a la sociedad venezolana: hay que salir del bloqueo y avanzar en acuerdos para que la competencia política sea con garantías y creíble, en un sistema electoral que tiene muchas más fortalezas que el colombiano, por eso es que desde este lado hay que andar con mucho cuidado al opinar sobre la situación de Venezuela y en lo posible no pontificar sobre nada, que Venezuela, su sociedad y su sistema político resuelvan sus temas sin presiones ni violencia. En la reunión de esta semana entre el presidente Petro y el presidente Biden se habló de Venezuela y el presidente Petro fue claro y directo: hay que salir del bloqueo a los activos venezolanos y a su economía, y debe haber acuerdo entre oposiciones y gobierno para adelantar unas elecciones presidenciales plenamente democráticas y creíbles para todo el país. El presidente Petro está liderando una agenda de paz no solo para Colombia, igualmente sabemos que una paz política en Venezuela es buena no solo para Venezuela, igualmente lo es para Colombia y para toda la región, y lo que nos conviene es una Venezuela con estabilidad para los importantes temas binacionales en los que trabajamos de manera coordinada: migración, economía, protección ambiental, transición energética, construcción de paz. La Conferencia de Bogotá es una muy buena noticia y seguro saldrán caminos de entendimiento. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Igor Parma, Internacionalista “Dejamos claro que los Estados Unidos tiene un compromiso resuelto con nuestra asociación con Colombia”, fueron las palabras del secretario de Estado estadounidense Antony J. Blinken, en la conferencia de prensa después de encuentro con el presidente Gustavo Petro en la casa Nariño el 03 de octubre del año pasado. En esa ocasión, una delegación de Estados Unidos, encabezada por Blinken, se reunió con Petro y algunos ministros de Colombia. En sus discursos a la prensa, los dos presidentes repasaron la agenda de ese día. Petro empezó señalando el tema que es, quizás, el más frecuente históricamente en la Agenda Colombia-EEUU: el narcotráfico. Sin embargo, su discurso resaltó también un cambio significativo, pues lo discutieron “esta vez, desde otra óptica. Una óptica que yo llamaría más flexible, que tiene que ver con una visión más integral del problema del consumo y la producción de drogas en este continente y articulado a un esfuerzo ahora que tuvo su colaboración también con el gobierno de los Estados Unidos en la época de Obama, que es el proceso de paz”. Este nuevo enfoque a un problema antiguo no es algo muy sorprendente en la óptica de Petro, que es un defensor de una perspectiva sobre un nuevo enfoque al problema del narcotráfico y a las políticas antidrogas. Un mes después del encuentro con Blinken, por ejemplo, el presidente de Colombia mencionó este problema otra vez en el Foro de París sobre la Paz. Petro en esa ocasión dijo: “cambien la política antidrogas y asuman, con valentía, la conducción de la sociedad hacia la economía descarbonizada, cambiando el poder; si no lo hacemos nosotros, lo hará la humanidad sin nosotros”. Ahora Petro encuentra en Biden un aliado a este nuevo enfoque al problema del narcotráfico. El 21 de Abril de 2022, el presidente estadounidense envió al congreso su Estrategia Nacional de Control de Drogas. Según su nota de prensa, la estrategia tiene dos ejes principales “la adicción no tratada y el tráfico de drogas”. Sin embargo, mirando el documento oficial, su estrategia se centró en siete prioridades. De esas, seis tienen que ver con tratamiento de la adicción y solo una con “reducir la oferta de substancias ilícitas” —que ocupa el quinto lugar en la lista de siete prioridades—. La estrategia declara que “salvar vidas es nuestra estrella del norte”. No solo en la cuestión del narcotráfico convergen las administraciones Biden y Petro. El cambio climático también es una preocupación de ambos gobiernos. La presidencia de los EE.UU., el 27 de Enero de 2021, publicó su “Orden Ejecutiva para Hacer Frente a la Crisis Climática Dentro y Fuera de Nuestras Fronteras”. En esta orden, Biden declara que la crisis climática debe estar al frente de la política externa y seguridad nacional de los Estados Unidos. Según el presidente estadounidense “los Estados Unidos trabajarán con otros países y pares, tanto bilateral como multilateralmente, para poner el mundo en un camino climático sostenible.” Además de los temas de narcotráfico y cambio climático, el tópico de la Paz Total también genera expectativas en este encuentro entre los dos líderes. Quizás la apuesta más audaz del gobierno Petro, la Paz total busca una solución definitiva del conflicto armado en Colombia. Por más que establezca mesas de negociación con varios grupos armados y su implementación haya mejorado tasas de seguridad en varios departamentos y ciudades, la formulación e implementación de acuerdos será algo complejo y costoso. Después de frustraciones en su propuesta de reforma política y un acalorado debate sobre la reforma de la salud, la Paz total se establece como el buque insignia del gobierno Petro. Frecuentemente comparado con el Acuerdo de Habana, el proyecto de la Paz total busca evitar los errores cometidos en el acuerdo con las FARC, como por ejemplo la imposibilidad de financiar la reparación a las víctimas, anunciada por Petro el 11 de abril de este año. En efecto, los tópicos que se discutieron durante la visita de Petro a los EE.UU. fueron anunciados por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, como “cooperaciones económicas y de seguridad, esfuerzos para combatir el cambio climático, el narcotráfico, abordar el reto regional de migración y promover valores democráticos y derechos humanos y laborales en la región y el mundo.” Con eso se entiende que uno de los temas también abordados en los encuentros entre los dos presidentes fueron la situación venezolana, sea con respecto a la situación entre el gobierno y oposición, o sobre la crisis de migración regional. Un liderazgo regional en el diálogo sobre Venezuela es algo que Petro ya había señalado y en lo que fue aprobando políticas que hollaron este camino como cuando estableció a Venezuela como país garante de las negociaciones con ELN, cuando abrió la frontera con Venezuela tras un cierre de siete años o cuando pidió a los países de la comunidad andina reintegrar a Venezuela en el bloque. Resolver la situación venezolana en su reintegración a la sociedad internacional —la cual sufrió duros golpes en los últimos seis años desde los esfuerzos contrarios ilustrados por la creación del grupo de Lima— sería una victoria geopolítica para Petro, proyectando a Colombia como potencia regional y potencialmente aliviaría la crisis humanitaria de los refugiados venezolanos. Además, sería una victoria también para Biden, que sufre grandes críticas en su política externa desde el desastre de la evacuación de Afganistán, en un mundo en donde la influencia china y rusa crecen, y la estadounidense, disminuye. La coyuntura parece favorecer una nueva configuración de una antigua alianza entre Colombia y Estados Unidos. Aliados no tan probables en la gestión Petro —por sus discursos y por hacer parte de la llamada izquierda moderna—, sin embargo el presidente colombiano sigue intentando equilibrar su discurso con las oportunidades que un acercamiento a los EE.UU. de la gestión Biden puede traer a su propio gobierno. Esa nueva antigua alianza se dejará sentir en esos días de la visita oficial de Petro a los Estados Unidos.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 17 de abril, el presidente Gustavo Petro participó en el Foro Permanente para las cuestiones Indígenas que se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, como parte de su visita inicial a Estados Unidos. Durante su intervención, el primer mandatario presentó los planes de su gobierno para combatir el cambio climático y proteger la selva amazónica. El presidente Petro inició hablando acerca de la extracción de petróleo, recordando las palabras del dirigente indígena colombiano del pueblo u'wa, Roberto Cobaría, quien hace varias décadas afirmó que extraer petróleo de la tierra era equivalente a “extraerle la sangre a la Madre Tierra y que esto solo tendría como consecuencia la muerte y la extinción de la vida en el planeta”. En un contexto mundial de emergencia climática, las palabras del presidente Petro se interpretaron como una llamada de atención hacia la transición hacia una economía sostenible y la necesidad de reducir la dependencia del petróleo. Según el presidente, la única solución a la crisis climática sería detener la extracción de petróleo, carbón y gas. Durante este Foro, el presidente Petro también destacó la importancia de proteger la selva amazónica y avanzar hacia la descarbonización de la economía. En su discurso, el mandatario anunció que Colombia pondrá más de 150 millones de dólares para construir un "patrimonio común" que permita revitalizar la selva amazónica en su frontera natural y contribuya al equilibrio del clima mundial. Ver: (Del carbón al carbono neutral) Además, el jefe de Estado confirmó que se convocó una “cumbre de países que tienen responsabilidad territorial sobre la selva amazónica” con el fin de que se reúnan para que puedan construir un programa común que se pueda dialogar con el resto de la sociedad. La cumbre de la Amazonía se realizará en agosto en Belém, Brasil. “Queremos que los pueblos indígenas que habitan esas selvas, las de la Amazonía y las otras circundantes, nos permitan su apoyo para que esta cumbre pueda ser una fusión entre el deseo indígena del equilibrio vital y la realidad política, que se plasma a partir de la administración, las propuestas y la agenda de los gobiernos que tenemos soberanía sobre ese territorio”, destacó el primer mandatario. Cabe añadir que la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha realizado importantes esfuerzos en relación con la Amazonía, centrándose en la deforestación y la minería. Según Catalina Lema, asistente de investigación de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, la Amazonía continental perdió alrededor de casi 2 millones de hectáreas en 2021, y desde entonces hasta 2023 se han intensificado los puntos de mayor pérdida de la cobertura de los bosques en la alta Amazonía colombiana y en la Amazonía peruana. En cuanto a la minería, aunque la mayor cantidad de concesiones se encuentran en la Amazonía brasileña, las comunidades indígenas de los pueblos Ñengatú y Uwittojja, entre otros, han reportado altas afectaciones a los derechos humanos y ambientales debido a la minería ilegal que se realiza en el estado de Amazonas, en Venezuela, vinculada a la minería promovida por el gobierno en el arco minero del Orinoco. Esto demuestra que la Amazonía está conectada con los ciclos ecosistémicos de otras regiones como la Orinoquía y el piedemonte andino. Por lo tanto, las estrategias de conservación, como la ejecución de bonos de carbono, son insuficientes, ya que los riesgos que enfrenta la Amazonía hoy en día tienen que ver con estas actividades extractivas y la deforestación para megaproyectos, lo que es muy diferente de la pérdida de área de bosque como si fuera un hecho aislado. De acuerdo con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, la Amazonía colombiana perdió 113.572 hectáreas de bosque entre abril de 2021 y marzo de 2022. Además, el Observatorio para la defensa de la vida (ODEVIDA) de Pares ha trabajado principalmente con organizaciones indígenas, quienes han expresado su preocupación por estas actividades extractivas en sus territorios. Ver: (Informe - Amazonía venezolana: una historia de muchos Haximú) Es importante destacar que muchas medidas que benefician al norte global, como los bonos de carbono implementados en la Amazonía, han afectado negativamente el tejido social de las comunidades indígenas. En este sentido, Pares apoya la gobernanza de los pueblos amazónicos sobre sus territorios. También, durante el discurso que realizó el presidente Petro en el Foro, mencionó que la crisis climática es una de las mayores crisis integrales que enfrenta la humanidad en la actualidad. En este sentido, afirmó que la guerra no es una opción para escapar de las soluciones necesarias para abordar esta problemática, y destacó la importancia de presionar por la paz mundial. De acuerdo con Petro, la guerra solo conlleva “muerte” y no ofrece una solución duradera a la crisis climática, lo cual hace que sea fundamental actuar con celeridad para evitar consecuencias aún más graves en el futuro. El primer mandatario subrayó que “si la selva amazónica desaparece, no solo desaparece el agua de Colombia, que beben más de 50 millones de habitantes, sino que desaparece buena parte de la existencia humana. El equilibrio climático se rompe, por tanto, recuperar, revitalizar la selva amazónica se vuelve un imperativo mundial”. Además, mencionó que la guerra solo está ocultando la incapacidad del poder mundial para resolver la crisis climática, la cual requiere que se deje de consumir petróleo, carbón y gas. Para Petro, este cambio supone desafiar la base misma de la acumulación de ganancias en el mundo, que se ha sustentado en estos recursos durante más de un siglo y medio. Por tanto, es necesario adoptar medidas concretas y urgentes para proteger el planeta y asegurar un futuro sostenible para la humanidad.

Por: Katerin Erazo, Periodista El próximo martes 25 de abril, en Bogotá, se llevará a cabo una conferencia internacional centrada en la situación política de Venezuela. La iniciativa para convocar esta cumbre proviene del presidente Gustavo Petro y su objetivo es promover un diálogo sobre el respaldo a las negociaciones en curso entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. En la conferencia se espera la presencia de delegados de Estados Unidos, países de la Unión Europea y otras naciones latinoamericanas. Como parte de los preparativos para el evento, el presidente Gustavo Petro sostendrá, antes de la cumbre, reuniones con los partidos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro los días 21 y 22 de abril. El canciller Álvaro Leyva señaló que la reunión tiene como propósito la normalización de la situación en Venezuela a través de un diálogo efectivo entre el Gobierno y la oposición, una meta que comparten muchos países. Además, se busca garantizar que las elecciones previstas para el año 2024 en Venezuela cuenten con las debidas garantías y transparencia. Según Leyva, el objetivo final es alcanzar un acuerdo entre las partes para llevar a cabo unas elecciones justas y democráticas en el país. El presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en este momento en una gira de trabajo en Estados Unidos, tiene previsto solicitar a su homólogo estadounidense, Joe Biden, el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela para lograr una mejor democracia en el país vecino. “Lo que estamos buscando es que se levanten las sanciones, que se abra un canal humanitario, que se dé una posibilidad para que Venezuela pueda recuperar su economía”, dijo Petro en una entrevista al medio de comunicación El Colombiano. Venezuela ha sido objeto de una serie de órdenes ejecutivas, leyes y acciones de diverso tipo dictadas por tres gobiernos estadounidenses. Estas medidas suman un total de siete órdenes ejecutivas, dos leyes dictadas en Estados Unidos y alrededor de 929 acciones, de distinto tipo, principalmente de carácter económico, pero también político y hasta cultural, que han contribuido a configurar las herramientas que sustentan el bloqueo permanente contra Venezuela. Cabe destacar que estas cifras no incluyen las acciones que no tienen carácter legal, pero que también forman parte del bloqueo. María Fernanda Barreto, escritora colombo-venezolana y experta en geopolítica, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la conferencia que se llevará a cabo es “coherente con los planteamientos iniciales de la política exterior del nuevo gobierno de Colombia”. De acuerdo con Barreto, el gobierno de Colombia ha planteado una diplomacia de paz y busca asumir una vanguardia regional en la reactivación de mecanismos de integración y en la reactivación de relaciones, especialmente entre Colombia y Venezuela. Barreto mencionó que Colombia también busca apoyar los procesos de diálogos en Venezuela, en particular con los sectores de oposición. Sin embargo, destaca que la exigencia permanente de Venezuela para que se dé este diálogo es que se levanten las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, es decir, que cese el bloqueo contra el país. Este bloqueo ha sido avalado por amplios sectores de la oposición venezolana. Por lo tanto, según la escritora, el levantamiento de estas medidas es uno de los objetivos planteados por el gobierno colombiano, con el fin de romper el bloqueo y evitar que se sigan imponiendo medidas coercitivas contra Venezuela o cualquier otro país de América Latina. Si se logran estos objetivos, según la escritora, sería más sencillo mantener el diálogo y lograr que este rinda frutos para que Venezuela pueda continuar su desarrollo en paz, sin ser objetivo de guerra. Cabe añadir que la conferencia que se llevará a cabo en Bogotá recibió el apoyo de Nicolás Maduro, quien expresó su deseo de establecer “reglas del juego iguales para todo el mundo”. En un programa de televisión estatal venezolano, Maduro pidió “pasar la página” del período de sanciones y persecución económica, y manifestó su apoyo a la cumbre convocada por Petro. Cabe recordar que desde la llegada de Petro en agosto pasado, Venezuela y Colombia han retomado relaciones, y ambos líderes se han reunido en cuatro ocasiones desde entonces. Por su parte, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, considera que la conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá es una oportunidad de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, siempre y cuando se celebren elecciones libres. Guaidó enfatizó en que cualquier solución al conflicto debe respetar los derechos humanos, promover elecciones presidenciales libres y acabar con la persecución política y la falta de libertad de prensa. Aunque cree que las posibilidades de que Maduro convoque elecciones libres son escasas, considera que las sanciones de Estados Unidos podrían levantarse gradualmente si se garantizan unas elecciones justas. Para María Fernanda Barreto la cumbre es interesante porque se ha convocado con respeto a la soberanía venezolana y con el aval del presidente actual del país venezolano, lo que contrasta con otras cumbres que fueron “espacios de conspiración contra Venezuela”, como el Grupo de Lima. Barreto considera que la convocatoria refleja la voluntad de diálogo y respeto por parte de los convocantes. Además, como colombo-venezolana residente en Venezuela, Barreto señala que ella y los sectores más amplios del pueblo venezolano tienen grandes expectativas con respecto a la conferencia. En primer lugar, esperan que cese el hostigamiento y las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, las cuales han afectado al pueblo venezolano en los últimos años. En segundo lugar, esperan que se deje de apostar a la injerencia militar regular e irregular, incluyendo la invasión paramilitar desde Colombia y operaciones como la Operación Gedeón, que Barreto considera acciones de guerra que desestabilizan a Venezuela. Por último, esperan que se logre un diálogo entre los actores legítimos venezolanos, sin injerencia externa y en pleno respeto a la soberanía venezolana. Finalmente, Barreto mencionó que se espera que Estados Unidos reaccione de manera positiva debido a que las medidas coercitivas unilaterales que han impuesto no solo contra Venezuela, sino también contra muchos otros países en el mundo, les han “jugado en contra” y han contribuido a su derrota. Según Barreto, la hegemonía estadounidense, que había comenzado a manifestarse fuertemente desde mediados del siglo XX, se encuentra en su más grande crisis, y necesita levantar estas medidas coercitivas unilaterales para evitar su definitiva caída, ya que lo que han demostrado estas medidas es que son un “búmeran” que afecta la propia expansión económica de los Estados Unidos y de los países del norte global que se suman a ellas. En última instancia, Barreto sostiene que “lo que se está haciendo es facilitar las relaciones y prácticamente impulsar las relaciones entre los países no subordinados a los Estados Unidos y al norte global” “Así que estas medidas han demostrado ser una piedra en el zapato de los propios países que las han dictado, en este caso Estados Unidos y algunos países de Europa y Canadá. Es de esperarse que los Estados Unidos estén intentando levantar estas medidas y esta podría ser una muy buena oportunidad, ya que hasta el momento no existe ningún antecedente histórico de que los Estados Unidos hayan levantado alguna medida que haya dictado contra otros países en estos términos. Así que, bien, esta podría ser la primera vez que lo hagan, lo cual sería un buen momento. Esta conferencia podría ser un buen argumento para que los Estados Unidos cesen en esa presión que al final nos ha perjudicado muchísimo”, finalizó Barreto.

Por: Nataly Triana Guerrero, Investigadora Nacional Línea Democracia y Gobernabilidad Las agendas en materia de género han sido secundarias en el gobierno de Gustavo Petro, pese a que fueron sus principales apuestas durante la campaña presidencial. Prueba de esto ha sido la poca relevancia que ha generado al interior del gabinete los nombramientos de funcionarios, servidores públicos y/o asesores del gobierno que han sido señalados por ser presuntamente responsables de distintas Violencias Basadas en Género, entre estos se destacan Víctor de Currea Lugo y Pedro Santana. Algunos de estos nombramientos se han caído debido al ejercicio ciudadano de distintas mujeres y organizaciones feministas, no obstante, los llamados de atención dados por parte de este sector de la sociedad civil han demostrado ser irrelevantes para el gobierno de Petro, ya que nuevamente aparece en el sonajero el nombramiento de Hollman Morris como director de RTVC, quien en la actualidad tiene una denuncia archivada ante la Fiscalía General de la Nación por violencia sexual. Aunque periodistas como Jorge Eduardo Espinosa señalan que el gobierno se encuentra en búsqueda de la persona para este cargo y que el presidente Petro quisiera que fuera ocupado por una mujer, el gobierno no ha desmentido o confirmado por el momento esta información. Así mismo, tampoco ha procurado pronunciarse sobre el lobby que el mismo Morris ha propiciado para insinuar su posible nombramiento. A esto se le suma el silencio que ha tenido el presidente sobre las denuncias por acoso y persecución presentadas por parte de algunas militantes a la dirección de la Colombia Humana, partido político que integra la coalición de gobierno y del cual hace parte el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con fuentes de prensa, estos hechos victimizantes se han dado debido al ejercicio político de algunas mujeres y sus principales responsables serían miembros de esta misma colectividad. Tampoco el gobierno se ha pronunciado sobre la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por parte de algunas mujeres contra un militante de la Colombia Humana por amenazas y hostigamiento. Esta denuncia es sumamente importante, ya que sus denunciantes pertenecen a un sector crítico de la izquierda en torno a las agendas feministas y de género del nuevo gobierno. Ministerio de la Igualdad, viviendo en el limbo El gobierno del cambio se había comprometido desde su campaña a trabajar por una vida libre de violencias contra las mujeres, pero al día de hoy ha guardado silencio sobre las denuncias por VBG que involucran a uno de los partidos de gobierno y algunos funcionarios, servidores y/o asesores. Pero esta no es la única falencia que tiene el gobierno alrededor de las agendas de género, ya que su principal promesa con las mujeres, el Ministerio de la Igualdad, es una cartera que se encuentra en riesgo de quedar como un saludo a la bandera. El Ministerio de la Igualdad es una cartera que, aunque en la campaña por la presidencia se suscribió inicialmente a las agendas de mujer, se ha ido ampliando con el tiempo a todas las poblaciones que han sido históricamente excluidas. Esta cartera que fue aprobada en diciembre del año pasado y sancionada en enero de este año, ha causado mucha preocupación por la ausencia de financiación, lo que impediría en efecto que tuviera un impacto real sobre la vida de las distintas poblaciones que involucra, las cuales son alrededor de 14 grupos según lo descrito por la ley. Por el momento, el único dinero con el que cuenta esta cartera proviene de la Ley de Adición Presupuestal, la cual estipula que 1,78 billones de pesos cubriría a distintos programas y carteras con fines sociales, entre los que se encuentra el Ministerio de la Igualdad. La imposibilidad de poder asignar más recursos previo a esta ley se debe a que esta cartera no existía cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación del 2023. Conforme a fuentes de Manifiesta, de estos 1,78 billones de pesos solamente se destinarán 500.000 millones de pesos para esta cartera. Lo que según este medio significa que tendría inicialmente una de las asignaciones presupuestales más pequeñas del gobierno. Debido a esta pequeña asignación presupuestal, el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo había creado el Fondo para la Igualdad y la Equidad, el cual permitirá inicialmente robustecer la asignación presupuestal mediante las asignaciones del Presupuesto General de la Nación, aportes de otras entidades públicas, donaciones y recursos de cooperación nacional e internacional con el propósito de respaldar los programas y proyectos que ejecutaría está cartera. No obstante, este fondo fue hundido en las comisiones económicas del Congreso de la República, siendo así el único de los 17 fondos que se contemplaron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que no logró ser aprobado. La razón fundamental de esto se debe, según los congresistas de la oposición, a la ausencia de claridad sobre la destinación de los recursos. No obstante, el motivo también puede obedecer a un voto castigo por parte de este sector político debido a la postura inflexible del gobierno nacional con la reforma a la salud. Frente a la destinación de recursos, Valentina Enciso, coordinadora de Acción Política de Artemisas, señala que se debe tener presente que el Congreso de la República no tiene entre sus funciones determinar el cómo ejecutar esta cartera, ya que está función pertenece al sector administrativo de la rama ejecutiva. Sin embargo, esta fue una de las razones fundamentales por medio de las que este sector político no solamente hundió la reforma, sino que también sustentó una demanda en contra de la creación del ministerio. Teniendo en cuenta que el hundimiento de este fondo corresponde principalmente a una acción de la oposición y que no es competencia del legislativo determinar el cómo ejecutar esta cartera, parte de esta victoria de la oposición se dio también en parte a la incapacidad del gobierno para poder defender la necesidad de un fondo dedicado al ministerio, cuando existen múltiples programas en distintas carteras y otras entidades del Estado dedicadas a las mismas poblaciones que la ley contempla en la creación del Ministerio de la Igualdad. En la actualidad existe en el país un reto de carácter ideológico para comprender lo que significa la desigualdad y los mecanismos a través de los cuales podría llegarse a la igualdad mediante la nueva cartera. A esta ausencia de financiación se le debe agregar una falta de urgencia y relevancia, ya que se percibe que el Ministerio de la Igualdad no es una prioridad, en comparación con otras agendas como la Paz Total, la reforma a la salud, la reforma pensional, entre otras. Mientras el gobierno nuevamente intenta buscar la manera de asegurar recursos adicionales para esta cartera por medio del PND, el tiempo para la reglamentación y asignación de recursos se hace cada vez más corto, pues desde la sanción de esta cartera se tienen seis meses para asegurar el funcionamiento, tiempo que se cumple en junio de este año. La paridad como respuesta La paridad del gabinete ha sido la respuesta de Gustavo Petro frente a las críticas que han cuestionado los compromisos del gobierno con las agendas de género debido al nombramiento de presuntos agresores. Esta serie de hechos confirma que el gobierno de Gustavo Petro no ha priorizado las agendas de género, pero en particular que nunca comprendió lo que significaba convertirse en un gobierno que se nutre de las perspectivas feministas y anti patriarcales, tal y como se comprometió en su programa de gobierno. Por el momento, para Gustavo Petro las agendas de género están reducidas a la paridad al interior de su gabinete, dejando de lado que esta es una base desde la cual se debe avanzar como punto de partida y no como meta.