Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La invitación del presidente de los Estados Unidos al presidente de Colombia para reunirse este 20 de abril en la Casa Blanca, ha generado en el país –en los medios de comunicación– distintas impresiones, entre las cuales están las de quienes festejan dicha invitación –me refiero a los medios no comprometidos con poderes económicos ni con sectores políticos, la mayor parte de ellos periodistas y personas que opinan en las redes sociales– y quienes han mostrado incomodidad e irritación con esta noticia, casi todos movidos por el fundamentalismo de la derecha, que les impide transigir con los triunfos de la izquierda. Me refiero a los que siempre habían sido medios oficiales, como el canal de noticias Caracol TV, por ejemplo, que en un claro acto de incultura política tituló esta noticia con el rótulo de “Pesadilla”. La realidad es que las relaciones con los Estados Unidos siempre, en cada gobierno, se cubrían de expectativas acerca de si ellos tendrían interés o no en reunirse con nuestros gobernantes recién posesionados. Se trataba de una situación de intrigas políticas, soportada sobre la consideración de que ellos eran el imperio y nosotros la colonia: los norteamericanos ordenaban y nosotros debíamos obedecerles. Insólitamente, la clave diplomática o el factor más importante para medir el éxito de un gobernante colombiano, era su capacidad para no romper dicho desequilibrio. Con todo, la necesidad de ser reconocidos por un imperio del cual legalmente no somos colonia, proviene desde el inicio de estas mismas relaciones. Cabe recordar que cuando Colombia alcanzó su independencia y la hizo oficial, los Estados Unidos –pese a conocer de primera mano las causas justas que la motivaron– se tardaron varios años en reconocer al gobierno bolivariano como dueño y soberano de estos territorios. Desde entonces se ha venido repitiendo puntualmente: los Estados Unidos se toman el tiempo que ellos creen necesario para validar los gobernantes nuestros, quizás en respuesta a una táctica de simple inteligencia de seguridad nacional, que conlleva el perfilamiento del presidente como de su grupo político. Algo muy lógico, si tenemos en cuenta la complejidad que geopolíticamente implica guardar una relación estable con un país, no solamente cercano, sino además bien posicionado por tener acceso a dos océanos. Sea como fuere, lo cierto es que estas relaciones han estado supeditadas a que sean los estadounidenses quienes las aprueben o certifiquen y nunca ha sido al contrario. El equilibrio intrínseco de la palabra bilateralidad, de la que tanto se habla en las relaciones internacionales, resulta difícil de comprender si vemos que en dichas relaciones (militares y comerciales) siempre los Estados Unidos han tenido más peso, en una balanza que para los colombianos no ha sido justa, ni fiel, ni sensible. Podría alguien argüir que dicho desequilibrio es consecuencia de los favorecimientos económicos y militares que los norteamericanos nos brindan, por cuanto nosotros poco le aportamos en transacciones comerciales, mientras que ellos nos compran más de la tercera parte de nuestra oferta exportadora para todo el mundo. Aun cuando, ante los países pobres, los países acorazados tienen mayor posicionamiento y ventaja a la hora de hacer negociaciones económicas, políticas o diplomáticas; lo cierto es que los Estados Unidos –el país más acorazado del mundo– sólo ha tenido con nuestros gobernantes –excepto ahora con el presidente Gustavo Petro– relaciones de traza capitalista; es decir, dadas a favorecer los negocios y empresas de los ricos y dadas a maltratar, laboral y humanamente, a los pobres. Desde 1823, cuando se establecieron por primera vez las relaciones entre las dos naciones libertarias, todos los gobiernos de acá y de allá han sido de derechas. De ahí la tendencia de nuestros gobernantes a plegarse a ciegas a la ideología de los gobernantes norteamericanos. Por eso han sido fieles a sus directrices políticas y han sido muy prestos a la hora de mantener –sin escrúpulos de ninguna índole– las formas del capitalismo salvaje en nuestro hemisferio. Por todo eso llama la atención que el presidente Joe Baiden se haya interesado por consolidar las relaciones con Gustavo Petro, no sólo ahora en ocasión de esta reunión personalizada, sino desde el triunfo del presidente colombiano. Un interés que ha venido siendo develado en informaciones de prensa surtidas por funcionarios de todos los niveles del poder administrativo norteamericano. Valga decir, sin embargo, que estas “nuevas” relaciones, si bien no están fundadas en la tradición de conformidades entre estados de derecha, ni tampoco lo están en la tradición de repulsa de los Estados Unidos hacia los gobiernos de izquierda, sí están fundadas en afinidades personales de ambos mandatarios. Afinidades o inquietudes que van más allá de lo que siempre se ha planteado en las relaciones y/o negociaciones entre ambos estados. Pero, bueno, ¿cuáles son los temas comunes a ambos mandatarios? Sin lugar a dudas se trata de asuntos que también son comunes en el pensamiento autocrítico del siglo XXI, como reconocer los daños que el desarrollo capitalista inescrupuloso le han ocasionado al planeta y a los seres vivos. De ahí la necesidad de cuidar el medio ambiente, el establecimiento de energía limpias en reemplazo de las llamadas energías fósiles, el reconocimiento de los derechos humanos y, especialmente, el amparo a los menos favorecidos. Esas mismas preocupaciones y coincidencias programáticas de trabajo político entre Biden y Petro, a mi juicio, son las que dan solidez a este encuentro y son también las que fundan expectativas promisorias en unas relaciones tradicionalmente condicionadas por la dependencia económica, y cargadas de solemnidades cortesanas de sumisión. De tal suerte, luego de este encuentro del día jueves 20, no es difícil prever el comienzo de una nueva etapa en las relaciones de Colombia y los Estados Unidos, pues esta se dará por primera vez en un plano de mutuo respeto, como deben ser las relaciones diplomáticas entre países que se consideran cultos en cuanto al correcto ejercicio del derecho internacional. En tal contexto, quienes se oponen a este coyuntural encuentro entre Biden y Petro –porque se oponen a la consolidación de la paz y a las reformas del cambio–están en verdad pensando más desde el lastre que desde la ingravidez. Están replegándose en los rincones de sus propios miedos, en vez de afrontar una realidad que no es negativa para nadie, como lo es el fortalecimiento de un planeta donde se respete al medio ambiente, en el que los derechos humanos no sean tema de debate, sino de atención y soluciones, y donde las relaciones geopolíticas dejen de estar concentradas en las consideraciones del poder militar o en los desequilibrios económicos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Daniela Garzón, Investigadora Nacional; Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad La solidez de la coalición de gobierno, que venía trabajando como un relojito, se ve hoy en tela de juicio por cuenta del paquete de reformas sociales que el gobierno Petro ha puesto en la agenda pública en los últimos meses. La negativa, en varias ocasiones, de los partidos Conservador, Liberal y La U a acompañar la reforma a la salud ha mostrado el resquebrajamiento de esa coalición que hace unos meses algunos analistas decían sería una aplanadora. Esto ha venido sumado a las diferencias de opinión entre el propio presidente del Congreso y líder de la coalición del Pacto Histórico, Roy Barreras, y ministros como Carolina Corcho. Tal situación ha hecho que se dude de la aprobación del paquete de reformas, e incluso que se plantee la posibilidad de que toda la agenda reformista se detenga por las peleas en el Congreso, que impedirían la aprobación de cualquiera de las que integra el paquete social, a saber: salud, laboral y pensional. Sin una coalición de gobierno mayoritaria, el gobierno de Gustavo Petro tendría entre otras opciones: Apelar a la “democracia plebiscitaria”, como ya lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, para presionar en las calles al legislativo a aprobar sus reformas. Moderar las expectativas de sus reformas y negociar con los partidos políticos la aprobación de cambios que no necesariamente toquen los intereses que los partidos defienden. Mantener el “rifirrafe” con los partidos e intentar negociar con cada una de las reformas los votos necesarios para su paso. En este momento la coalición de gobierno está conformada de la siguiente manera: En Senado, de 106 Senadores, 77 son de la coalición de gobierno. De esos 77 senadores, 38 (casi el 50% de la coalición) pertenecen a los partidos Liberal, Conservador y La U. De la lista del Partido Liberal se excluye a Mario Castaño, quien está preso en este momento y en juicio por múltiples delitos. Si en julio de este año estos tres partidos decidieran salirse de la coalición de gobierno, o si de facto dejaran de votar los proyectos de Petro, el gobierno contaría con 39 senadores. Sumando a un partido como el Conservador, tendría 54 votos, con lo que le alcanzaría para aquellos proyectos que no necesitan mayoría calificada. Ahora bien, si por alguna razón estos tres partidos decidieran armar un nuevo “bloque opositor” junto con Cambio Radical –que hace poco decidió pasar de la independencia a la oposición– sumarían 49 senadores. Con partidos como Centro Democrático, Colombia Justa Libres y Mira, estos ya serían mayoría con 66 de 106 senadores. Las cuentas en la Cámara de Representantes, por su parte, son las siguientes: De 187 representantes (incluyendo las 16 curules especiales de paz), 145 pertenecen a la coalición de gobierno. Entre liberales, conservadores y la U suman 75 representantes (el 51%), que hoy están dentro de la coalición de gobierno. Sin ellos, la coalición de gobierno quedaría conformada por 70 representantes. Sumando al conservatismo, que es el que tiene más curules en Senado de estos tres partidos, pero no en Cámara, la coalición quedaría conformada por 97 representantes. De la misma manera, si formaran un “bloque opositor” junto con Cambio Radical, tendrían en total 94 representantes, la mitad de la Cámara. Y si se sumaran a los ya opositores, como Centro Democrático, Liga Gobernantes y Mira, al cálculo, conformarían una mayoría de 113 representantes. Estos cálculos muestran que para el gobierno es necesario mantener al menos a dos de los tres partidos dentro de su coalición de gobierno para garantizar que tenga sentido presentar el gran bloque de reformas que tiene en mente y en el cual ha avanzado en esta segunda mitad de la primera legislatura. El último mes la pelea alrededor de la reforma a la salud ha hecho evidente que no es nada fácil convencer a estos tres partidos de apoyar sin observar con lupa cada una de las reformas que propone el gobierno de Petro, y sin modificarlas de fondo. Para estos partidos el haberse declarado de gobierno al parecer solo significa tener mayor chance de estar dentro de la repartición burocrática. Es por eso por lo que, ante la negativa inicial de acompañar la reforma a la salud, el presidente solicitó la renuncia de los viceministros de los ministerios que se cuentan como cuotas de estos partidos dentro del gabinete, como una manera de presionar a los partidos. El mensaje del presidente es claro, si no hay votos en el Congreso, no hay puestos. Sin embargo, esta estrategia aumenta no solo el costo de la gobernabilidad de Petro, sino la rapidez con la que puede moverse el Congreso para tramitar ese gran paquete de reformas y las que están por venir. Con tantas trabas, el paso por el Capitolio se hace lento, y a esta legislatura le quedan apenas nueve semanas. La siguiente legislatura será aún más complicada, por los intereses electorales que mantendrán entretenidos a los congresistas tratando de ganar en sus respectivas regiones, y en ella se estirará más la cuerda por cuenta de las disputas entre aquellos partidos que son parte del bloque de gobierno en lo nacional pero que serán rivales en lo local. En todo ese maremágnum de intereses, entre mantener el poder regional, garantizar el flujo de recursos para las elecciones de octubre y no perder burocracia, es que se cocina el cambio que Petro prometió en campaña y que se presume querrá llevar a cabo con la menor cantidad de modificaciones posibles, cuando el reloj de sus cuatro años sigue corriendo. La gasolina en un Congreso tan diverso difícilmente aguanta más de dos años.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Muchos y muchas han catalogado el acceso a un cargo de elección popular como el "cuarto de hora", y su práctica dibuja lo que significa para cada uno. Desde antes del 2010 nos planteamos con el maestro Carlos Gaviria (que en paz descanse) y con Gustavo Petro, buscar el cambio para el país de regiones que somos. Inicialmente, dos millones de votos con el expresidente de la Corte Constitucional; luego, ocho millones en la campaña de Gustavo en 2018; y más de once millones para el triunfo del junio 19 de 2022. Ese aumento progresivo en el tiempo de los resultados electorales nos diferencia de otras propuestas en varios aspectos: en primer lugar, la presentación de candidaturas colectivas, no unipersonales; se parte del querer personal, pero se define en los espacios comunitarios de los partidos, movimientos y organizaciones sociales que nos juntamos para presentar una alternativa al tradicionalismo. En segundo lugar, son aspiraciones programáticas, algo así como confeccionar primero el vestido y luego ver a quién le queda bien; es claro que cuando nuestros compatriotas eligieron al compañero presidente Petro, se veían reflejados en las propuestas consignadas en el documento Colombia Potencia Mundial de la Vida: obreros y funcionarios que quieren que las condiciones laborales conquistadas antes de la "flexibilización laboral", que aumentó la brecha entre ricos y pobres, vuelvan nuevamente con el sello de dignidad laboral; las y los colombianos que de un momento a otro pasamos de ser personas con derecho a la salud a "clientes" de las EPS y las IPS, con el triste y conocido paseo de la muerte, con sus nefastos resultados; los pensionados y pensionadas que veían en cada reforma aumentar su edad de disfrute del ahorro de toda su vida. Y entre muchas más, la Paz Total, con su resultado esperado de reintegración a la vida civil de hombres armados y, en caso de no ser posible un acuerdo total, por lo menos que los acuerdos humanitarios regionales o locales sean un bálsamo al permanente dolor de la guerra. Durante las últimas décadas se crearon verdaderos carteles para robar más de $50 billones anuales de los recursos públicos, incluso con acciones desde la institucionalidad —como Agro Ingreso Seguro o los $70 mil millones del programa Centros Poblados para la conectividad de nuestros estudiantes en la Colombia profunda— y cientos de ejemplos más que la ciudadanía libre evalúo y decidió castigar a esa clase política en las elecciones de Congreso y Presidencia. Se trata de dos visiones muy distintas: la privatizadora y utilitarista de los recursos económicos sin escrúpulos para llenar sus arcas particulares; versus la humanista, que coloca al centro de la gobernabilidad a la persona y no a la plusvalía. Dos visiones que se debaten hoy en la esfera nacional si el “cuarto de hora” es para enriquecer funcionarios y contratistas, o para servir a la comunidad. Yo creo que es "la hora de los de a pie", de la lógica gubernamental de "mandar obedeciendo", de que los candidatos, por las oportunidades que tienen de acceso a los medios de comunicación y a espacios de decisión, sean "espejos de la gente", su voz, sus aspiraciones, sus sueños. Definitivamente sí es la hora de implementar en las regiones los cambios que van siendo aprobados en lo nacional, para que lleguen hasta los municipios, ya que somos un país de regiones. Algo que nos exige pensarnos desde el Cauca, es nuestra condición diversa: indígenas, afros, campesinado, procesos sectoriales organizativos de mujeres, expresiones culturales, sexualidades variadas, animalistas, ambientalistas. Debemos construir un programa regional que dé cuenta de la necesidad de contener el enfoque diferencial, en todos los aspectos y contenidos. Es la hora de los sin tierra, de los acuerdos con los gremios de la producción y el comercio; es la hora de hacer un pacto por la producción de alimentos, de planear alrededor del agua y lo que ello significa. Mientras para unos el cuarto de hora fue funcional para enriquecerse, para los otros –nosotros–, los desposeídos, hoy en el gobierno, el cuarto de hora es para avanzar, en forma gradual y responsable, en producir los cambios necesarios para una sociedad más equitativa. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Vivimos en un mundo digitalizado, que usa las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todo momento: desde un sencillo teléfono móvil hasta un sofisticado ordenador, pasando por la asistencia computarizada en la conducción de un carro. Incluso, para acceder a esta columna de opinión y leerla, usamos una máquina, la cual está conectada a la internet, que nos lleva a una página web y desde allí podemos abrir el texto y proceder a leer este primer párrafo. Para poder desenvolvernos adecuadamente en este contexto hemos tenido que acudir a dos recursos: primero, al trabajo acumulado de la humanidad, que por siglos ha servido para crear y desarrollar estas tecnologías. Y segundo, a las habilidades y capacidades que tenemos como seres humanos para interactuar con estos artefactos, acceder a la información que depositamos en los múltiples lugares que disponemos para ello —libros, repositorios, páginas web— y leerla. En esta dinámica de avance de las tecnologías recientemente nos sorprendió la noticia de que la compañía norteamericana OpenAI lanzó al mercado el ChatGPT. Un sistema de chat con el que podemos interactuar y pedirle que realice un amplio número de actividades, como hacerle consultas y dialogar sobre un tema, ayudar con la elaboración de gráficas y crear nuevas, traducir un texto a varios idiomas —son más de 50 idiomas que conoce—, redactar un texto o producir un código o algoritmo para otra máquina. Esta sorprendente tecnología —considerada la mayor revolución tecnológica en el último tiempo—, que se inscribe en la llamada inteligencia artificial (AI) GPT-3, se nos presenta como una herramienta muy valiosa para hacer tareas de estudio, investigar, publicitar un producto o ayudarnos a resolver múltiples problemas. En breve, se nos muestra como un valioso desarrollo tecnológico, fruto del conocimiento humano, que nos puede ayudar a hacer la vida más fácil y, por tanto, mejorar nuestra condición. Este ha sido, precisamente, el objetivo y la dinámica de la ciencia en la historia de la humanidad. En los últimos cuatro siglos hemos tenido varias revoluciones tecnológicas que nos han mejorado la existencia, aunque también causado efectos no deseados: una primera fue a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra, donde se desarrollaron en masa las máquinas de hilar, que aumentaron la producción de telas a gran escala. Otra revolución importante ocurrió en el siglo XX, con la tecnificación y la programación de máquinas, que generó nuevamente cambios en la automatización de la producción. Y como siempre ocurre con todo desarrollo tecnológico, en torno a estos avances se presentan cuestionamientos, advertencias y críticas. Los debates sobre las consecuencias que traen estos avances científicos —en el empleo laboral o la ética en la toma de decisiones— y los riesgos que generan —con manipulación de las decisiones de las personas— han sido una constante. Sin embargo es una dinámica de progreso que se puede discutir e introducir acciones para controlar. En las primeras décadas del siglo veinte, el economista austriaco Joseph Schumpeter, elaboró una teoría con la que trató de explicar este fenómeno recurrente de transformación que provocan las innovaciones tecnológicas. Dijo que la humanidad debe de acostumbrarse al continuo avance en las invenciones, fenómeno al que llamó “destrucción creativa”. Refiriéndose con la primera palabra al cambio continuo de hábitos de las personas y con la segunda a la adaptación permanente que hacemos a otras invenciones para mejorar. Nos dijo Schumpeter que en nuestras vidas es permanente la búsqueda de cambios, de innovaciones y de nuevas creaciones para hacer las cosas. Esto ocurre en la cotidianidad —como mejorar nuestras técnicas para cocinar— en los procesos productivos —donde se busca desarrollos tecnológicos que aumenten la productividad y la competitividad— y en todos los escenarios de la vida social. Hace tres décadas, por ejemplo, tener un celular era un lujo y hoy casi todo mundo posee uno por necesidad —en Colombia hay, en promedio, dos registrados por cada habitante—. Tomemos como caso mi situación como columnista semanal en este portal. Cada ocho días busco elaborar un texto corto —alrededor de mil palabras— sobre un tema de interés general; y supongamos que a partir de ahora voy a utilizar la ayuda del ChatGPT, debido a su presencia y potencial utilidad. Luego de bajar el aplicativo e instalarlo en mi procesador le indico que proceda a elaborar un texto sobre un problema —que podría ser las dinámicas de la inflación en Colombia en los dos últimos años y los dos principales factores que explican el comportamiento—. Lo que hace la Inteligencia Artificial es reunir con rapidez la información que tiene y elabora un texto en el que coherentemente cuenta lo que encontró sobre el fenómeno que le indagué en la literatura. Sobre el texto que nos entrega podemos decir que está bien elaborado desde el punto de vista gramatical —pues conoce las reglas de elaboración de escritos— y que presenta una información enciclopédica valiosa —con cifras y datos que incluso yo no conozco—. Pero al mismo tiempo que leo me doy cuenta que: primero, es un texto que no es mío, pues tiene otro estilo, otro tono y otra estructura a la que estoy acostumbrado. Segundo, que asume una postura valorativa con la que puedo no estar de acuerdo —mi postura como economista puede ser que en que las dos variables explicativas no son correctas—. Y tercero, que el contenido que me presenta no estén aquellas pequeñas cosas que me gustan, como la referencia continua a autores o ideas del pasado —como la del economista austriaco que uso en este ensayo—. Esta situación, que lo más seguro sea también la suya, nos debe llevar a reconocer que, a pesar de los avances con la IA, existen muchas limitaciones, sobre todo en esta fase inicial de experimentación. La elaboración de un escrito, tipo columna de opinión, requiere de la presencia constante de un humano, que la guía, escudriñe y la suscriba. La máquina requiere de unas indicaciones apropiadas sobre qué buscar —pues la elección de un tema exige de la intuición y el saber social—; necesita de una inteligencia que le haga las preguntas apropiadas —las cuales, bien elaboradas, ya contienen una respuesta, como decirle que busque si la inflación en Colombia está asociada a factores agro-alimentarios y no debido a la reactivación económica en la pospandemia o el conflicto entre Rusia y Ucrania—; y requiere elegir los argumentos que apoyen la tesis —como los datos que presentó el Banco de la República en noviembre 4 de 2022 sobre La inflación de alimentos en Colombia: una comparación con otros países. En síntesis, se requiere de una persona que guíe a la máquina, que dude de la información y cuestione el contenido que le presenta, que verifique lo que se dice allí y que, finalmente, le dé un orden creativo. La elaboración de una columna de opinión requiere de mucho cuidado desde el principio —comenzando por el título, para que establezca con precisión la tesis quiero desarrollar—, para que genere sensaciones en el lector —mediante el uso de ejemplos, anécdotas o analogías— y para que motive controversias o consensos —tanto por los argumentos como el tono irónico, burlesco o conciliador—. En especial, la escritura de un texto requiere de la presencia del ser humano para que se responsabilice de valorar lo escrito, de plantear la tesis y de ponerle el tono por lo que se dice allí, pues será el columnista quien reciba la crítica y la enemistad o las valoraciones positivas. Para que haga las preguntas pertinentes, imagine escenarios y cree sensaciones. Finalmente, el autor será responsable de tomar decisiones, como ponerse en lugar del otro y decidir si el texto tiene los elementos adecuados y suficientes para detenerse y poner un punto final, no aburriendo más al lector ni haciéndole perder el tiempo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Todo depende en la vida de la forma en que vemos la realidad. No tenemos otra forma de comunicarnos y de actuar sino desde una profunda subjetividad, porque eso somos, mujeres y hombres que nos movemos en la vida con nuestra particular forma de ver e interpretar la realidad en la que nos desenvolvemos día a día. Yo tengo mi mirada del ELN, la mía, que trato de contrastar con la dura realidad y los hechos, y sobre ese plano de lectura de realidad me he hecho una comprensión de esta organización que ha persistido en una acción armada por ya casi seis décadas. Cuando me preguntan: ¿el ELN ya tomo la decisión de dejar las armas?, mi respuesta es no, esa decisión no ha sido tomada. Cuando me preguntan: ¿el ELN dejó de creer en la acción violenta para hacer su política?, mi respuesta es no, esa decisión no ha sido tomada en el ELN. Cuando me preguntan: ¿es viable un proceso de paz con un ELN que no ha tomado la decisión de dejar las armas, ni la decisión de seguir combinando política con violencia?, mi respuesta es sí, es posible construir un acuerdo con el ELN, que pase de las armas a la paz, eso es perfectamente posible si se construye con ellos y ellas, con esa organización de dos mil quinientos combatientes que se mueven en una red de milicias de más de siete mil personas y que tienen amigos y amigas en las comunidades en que se desenvuelven, por supuesto que sí, ese acuerdo es posible. Cuando pienso en el ELN y sus coordenadas de actuación veo una organización que desde su IV Congreso en 2004 tomó una decisión fundamental en la que se mantiene hasta hoy y es guía para cada combatiente y militante del ELN que se levanta vivo: hoy es otro día para vivir la acción estratégica del ELN, la “Resistencia Armada” en la que se afincó cuando concluyó que le era imposible imponerse sobre su enemigo, a saber y como dicen ellos “la oligarquía colombiana y su aliado el imperialismo norteamericano”. Ese es el proyecto central del ELN, que se traduce en ser Estado paralelo donde lo pueda ser, así sea a escala veredal, como en las seis veredas en las que permanece en Caucasia, donde existen sesenta y seis veredas y donde la autoridad en esas seis veredas no es el Estado Colombiano y sus instituciones, sino que lo es el ELN. O ser cogobierno en el Sarare Araucano: Tame, Fortul, Arauquita y Saravena, donde el ELN es un estado que en algunas cosas manda más que el Estado Colombiano, o que lo digan las empresas petroleras Parex y Sierra Col, que han suspendido su operación petrolera o la llevan a media marcha desde hace diez semanas. El ELN, junto a su “Resistencia Armada”, tiene otra formulación estratégica: está dispuesto a transitar el camino de la solución negociada, de la construcción de un acuerdo de paz, pero eso está en posibilidades, en un escenario a construir, en tanto que la “Resistencia Armada” no es futuro, es el presente, y ahí siguen, con profunda desconfianza de que sea posible salir de la “Resistencia Armada” e instalarse en un acuerdo de paz, el cual está por construir. El ELN está dispuesto a recorrer el camino de la solución negociada, pero ese camino hay que construirlo, hoy está en ciernes con la mesa y la agenda concertada con el gobierno del presidente Gustavo Petro, con un amplio respaldo de comunidad internacional y de la sociedad colombiana que queremos avanzar en una democracia de mayor calidad, con transformaciones sociales y amplia participación de la mayor diversidad social que sea posible convocar y articular en este proceso. Los cinco procesos de diálogos y negociaciones en los que ha participado el ELN no han sido exitosos porque ningún gobierno ha tenido una propuesta sustancial que haga viable el proceso, todos los cinco anteriores procesos han girado en torno a que el ELN deje de hacer lo que hace, deje de secuestrar, deje de extorsionar, deje de reclutar menores y deje de colocar minas, por supuesto que todo ello es importante, pero ha resultado insuficiente, se requiere mucho más que decirle al ELN que deje esa acción con tantos estragos sobre comunidades y territorios; se requiere construir con el ELN un proceso en el que sus aspiraciones de cambio se vean reflejadas, eso es lo que quiere el ELN, ver cambios en la dura realidad colombiana, que ellos conocen y han vivido por seis décadas. Quisiera tener una varita mágica para que el ELN se convirtiera en una fuerza civil que haga política de manera civilista, quisiera tener una varita mágica para que las Fuerzas Armadas colombianas fueran plenamente respetuosas de la Constitución del 91 y los corruptos y los que siguen en la guerra fría se transformaran en ejemplares oficiales y soldados de la Colombia que los debe respetar y apoyar por su dedicación y compromiso, quisiera tener una vara mágica para que Arauca, Catatumbo, el Sur de Bolívar, el Pacífico, el Bajo Cauca y el Sur del Cesar, y los doscientos veinte municipios donde hoy permanece el ELN en su proyecto de “Resistencia Armada”, tuvieran carreteras, escuelas, puestos de salud, derechos y democracia de calidad y las madres no sufran por que sus hijos e hijas se van a la guerra, hombre y mujeres jóvenes pobres y cristianos que mueren en las filas del Ejército Nacional, o del ELN o del Clan del Golfo, una tragedia por superar. Desafortunadamente esa vara mágica no existe y hay que hacer la tarea con nuestra fuerza ciudadana y persistir en el cambio. Al ELN se le preguntan muchas cosas y quienes lo hacen están en su derecho, igualmente el ELN pregunta por la voluntad de cambio, por la seriedad de lo que se firma, si lo que se firma y no se cumple entonces para qué insistir en ese camino, se pregunta por sus militantes que mueren en las cárceles sin debida atención médica, el ELN igualmente tiene sus preguntas, por ejemplo, por sus siete combatientes asesinados fuera de combate en Buenaventura según su versión en enero pasado. El próximo ciclo, el tercero en La Habana, delegación de gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN tienen el reto de construir un acuerdo sobre participación de la sociedad y sobre cese bilateral de fuego y hostilidades y podrán preguntarse mutuamente sobre las preguntas e inquietudes que tienen. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Igor Parma, Internacionalista “La integración es más retórica que otra cosa, la integración europea es concreta, la integración de América del Norte es concreta, concretísima, la integración latinoamericana es discursiva”, dijo Petro en su discurso en la Cumbre Iberoamericana el pasado 25 de marzo. La integración latinoamericana siempre ha estado marcada por las desigualdades, los conflictos y la inestabilidad de la región. La Cumbre Iberoamericana fomenta un encuentro de los gobernantes de países de lengua española y portuguesa en una plenaria en donde puedan acordar estrategias de integración. Incluso actores políticos de fuera de América Latina —además de España y Portugal, miembros de la Conferencia Iberoamericana— pueden participar, como pasó en esta cumbre con la presencia del jefe de diplomacia europea, Josep Borrel, rompiendo una secuencia de ocho años sin presencia europea en la cumbre. En esta XXVII Cumbre, las expectativas para una América Latina ideológicamente cohesionada, con las mayores economías regionales con gobiernos de izquierda, creó altas expectativas políticas. Temas como la crisis climática, la inmigración, la seguridad alimentaria, los cuestionamientos sobre el sistema financiero actual y los derechos humanos son algunos de los temas que acercan a estos gobiernos ideológicamente similares en Latinoamérica. Incluso antes de la Cumbre ya se habían anunciado movimientos políticos que señalaban a un nuevo impulso de reintegración latinoamericana, como la declaración de que Argentina volverá a integrar la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), y anunciando la expectativa de que Brasil ratificaría en la Cumbre que seguiría esos mismos pasos. La Cumbre Iberoamericana parecía así un evento de demostración de fuerza de América Latina, en donde sería posible ver un ensayo de un nuevo impulso de reintegración latinoamericana. Desafortunadamente, lo que se pudo constatar fue un ensayo de ausencias, choques y diferencias entre los gobiernos, un escenario que demostraron, más que el potencial de integración latinoamericana, los retos que enfrentará la región en los próximos años. Ya en las presencias de los 22 estados miembros se pudo notar cierta diferencia de prioridades en algunos de los gobiernos. Lula, presidente de Brasil, confirmó su presencia a un viaje oficial a China, no a la cumbre, aunque la aplazara después cuando se enfermó el presidente brasileño. Su representación fue hecha por el Canciller Mauro Vieira. Además de la no presencia de Lula, ni el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, ni su canciller, Marcelo Ebrard, asistieron a la cumbre, con la presencia mexicana representada por el subsecretario mexicano Maximiliano Reyes. Por más que la presencia de las dos economías latinoamericanas más grandes se ha hizo sentir, su diferente jerarquización de representantes señala las diferentes prioridades de esos dos países en el escenario de integración iberoamericana. La ausencia de Nayib Bukele y Nicolás Maduro también se hizo sentir, con la representación salvadoreña hecha por el vicepresidente, Félix Ulloa, y la venezolana por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil. Entre los presentes, la cumbre trajo a la luz la diferencia entre los conceptos de izquierda en América Latina. En tonos conflictivos entre discursos, las sospechas y diferencias entre gobiernos furtivamente fueron introducidas en la agenda Iberoamericana. Boric, presidente chileno, dejó claro su aversión a la práctica de cancelación de ciudadanías a opositores políticos, conducida por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega. En su discurso, tras hacer un recordatorio de la dictadura chilena, afirmó que “por eso, estimados colegas, no es aceptable de parte nuestra callar ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo en Nicaragua que acaba de privar de su nacionalidad a 94 opositores y deportar a más de 200 presos políticos. Lo hemos dicho antes, pero bien vale recordar que pareciera no saber, Ortega, que la Patria se lleva en el alma y en la sangre y no se quita por decreto”. Otra intervención del presidente chileno señala otro punto de conflicto entre las distintas izquierdas latinoamericanas. Gabriel Boric siguió su acusación a Ortega afirmando que “hoy vemos en el mundo entero nuevos riesgos y amenazas que acechan a la democracia que tanto ha costado construir […] los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y no con menos”. Esta posición, por mucho que sea directamente asociado en contexto con sus acusaciones a Nicaragua, señala también una divisa entre las izquierdas históricas de América Latina y las izquierdas modernas. Esta oposición se hace notar en una comparación con el discurso de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba. El gobernante cubano afirmó que “reiteramos nuestra firme solidaridad con los legítimos gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, sometidos a persistentes intentos de desestabilización. Porque también los ha sufrido y conoce sus costos humanos, políticos y sociales, Cuba condena y rechaza el injerencismo que fractura los consensos.” Vemos en esos dos discursos los diferentes encuadramientos que ponen en cierta oposición diferentes izquierdas en América Latina. Tradicionalmente, tenemos las izquierdas herederas de los socialistas tradicionales, representados históricamente por Cuba y Venezuela, pero que vienen debilitándose ya desde hace una década. En oposición, con nuevas formulaciones teóricas y coyunturales, tenemos a ejemplo Chile, con Gabriel Boric, e incluso Lula que, por mucho que sea parte de las izquierdas tradicionales en su época de sindicalista, ablandó su discurso revolucionario con fines de ser elegido en su primer gobierno y, en esta nueva elección, se eligió por una coalición que lo obligará a renunciar al modelo tradicional y acercarse a las nuevas izquierdas. Otro atrito que se hizo fuerte en la cumbre fue entre Colombia y Perú, en lo que Petro defendió el expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde su intento de disolver el congreso peruano. Petro afirmó que “Pedro Castillo debería estar aquí, el golpe se lo dieron a él”. Esta intervención culminó a que Perú retirara de forma definitiva a su embajador de Colombia. Las diferentes conceptualizaciones de izquierdas, sumadas a sus diferentes prioridades, se tradujeron en dos resultados que muestran que un nuevo ensayo de integración latinoamericana tiene todavía muchos retos a resolver. En primer lugar, los dos diferentes proyectos latinoamericanos: uno dirigido por la Celac, en el cual México buscaba junto con Argentina una hegemonía regional, pero que hoy es cuestionada por la actuación presidencial mexicana frente a Iberoamérica. El segundo dirigido por Argentina y Brasil con la revitalización de Uasur, con la expectativa de que Brasil vuelva a la organización en los próximos días. Esa revitalización significaría una integración más acelerada, no de la América Latina, sino de la América del Sur. El segundo resultado, más bien clasificado como una deficiencia, fue la imposibilidad de la cumbre lograr un acuerdo sobre su propuesta de reforma del mercado financiero mundial, que sería planteada por el gobierno brasileño en el encuentro del G-20 el año próximo. Este acuerdo fue delegado a los ministros de Hacienda y Finanzas de los Estados miembros. Por más que lograron plenamente acuerdos en tres de sus cuatro objetivos principales —clima, seguridad alimentaria y brecha digital—, la cumbre reveló que una posible integración latinoamericana tendrá necesariamente que afrontar diversos retos. Las diferencias ideológicas de los mandatarios regionales son todavía profundas y pueden descarrilar el proceso de integración latinoamericana, tornándolo difuso y poniéndole escollos que se volverán insuperables.

Por: Odevida El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) Capítulo Venezuela presenta su informe Venezuela: mujeres y lideresas sociales y políticas, víctimas de violencia y represión , en el que se visibiliza la situación de violencia que afecta a las mujeres lideresas sociales y políticas en el contexto de crisis que vive Venezuela, y las violaciones a sus derechos humanos que han sido invisibilizadas por el Estado. Odevida ha acompañado a organizaciones de mujeres familiares de presos políticos y mujeres sindicalistas que dan cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos a los que son sometidas las defensoras en contextos de represión y criminalización, así se pudo identificar que la represión del Estado Venezolano se ejerce de manera diferenciada sobre las mujeres lideresas sociales y políticas en razón de su género. Según la ONG Foro Penal, entre enero de 2014 y septiembre de 2021, 412 mujeres fueron catalogadas como presas políticas en Venezuela. El 33% de estas mujeres refirieron haber sido sometidas a torturas y tratos crueles durante su detención y reclusión por parte de los agentes del Estado. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos Sobre la República Bolivariana de Venezuela ha documentado casos de abuso y violencia sexual contra estas mujeres detenidas por parte de funcionarios del Estado, policiales y militares principalmente, pero también por parte de agentes paraestatales y grupos armados irregulares. Cabe destacar que la persecución y represión también ha afectado a defensores/as de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró de enero a diciembre de 2022, 396 ataques o incidentes de seguridad. De estos, 267 (67%) tuvieron como afectadas a organizaciones de derechos humanos, 120 (30%) tuvieron como víctimas a defensores de derechos humanos y 9 (3%) fueron defensoras de derechos humanos. Frente a estos hechos, Odevida recomienda eliminar las disposiciones discriminatorias que contengan los Códigos Civil y Penal venezolanos, debiendo aprobar el Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género; garantizar legislativamente la paridad; implementación de un sistema de recolección de data estadística sobre la violencia contra la mujer, desglosados por indicadores de género, entre otras. Lea el informe completo aquí :

Por: Ghina Castrillón Torres; Dennis Arley Huffington, Investigadores Territoriales Oficina Pares Pacífico El proceso de paz urbana en Buenaventura se encuentra en crisis debido a nuevos enfrentamientos entre Shottas y Espartanos, los cuales vienen ocurriendo desde hace cinco días. La desaparición, tortura y asesinato de alias "Súper" habría sido el motivo de la reactivación de las confrontaciones en los barrios de la ciudad. Alias "Súper" formaba parte de los voceros designados por los Shottas en las negociaciones que esta agrupación, junto a los Espartanos, adelantan con el Gobierno Nacional en el marco de la Paz Total, que tiene a Buenaventura como territorio piloto. De acuerdo con lo expresado por el Alto Comisionado para la Paz, el vocero de los Shottas habría sido torturado y posteriormente asesinado. Sin embargo, esta información no se ha podido oficializar porque se desconoce el paradero del cuerpo. Se espera que sea encontrado pronto para esclarecer los hechos. El llamado es a fortalecer el proceso, superar la crisis y continuar con los acercamientos para lograr la paz urbana. Hay que reconocer que se ha logrado disminuir los índices de violencia bélica en el casco urbano del distrito. Sin embargo, la crisis es de confianza y hace evidente el desgaste de un acuerdo que parte del clamor ciudadano. Pero está soportado en la voluntad de los grupos delincuenciales y, por lo tanto, es frágil. Por lo que situaciones como la muerte de uno de sus integrantes o las desavenencias por la repartición de zonas para cobros de impuestos pueden romper un proceso que ha sido destacado como un laboratorio primordial de la Paz Total. ¿Se rompió la tregua? De acuerdo con las autoridades y diversos medios locales de comunicación, la desaparición de alias "Súper" se dio el 01 de abril, previo al inicio de Semana Santa. Desde entonces, hubo tensiones por posibles retaliaciones que se hicieron realidad el domingo 09 del mismo mes, cuando se reportaron enfrentamientos en la comuna 12 de la ciudad. El alcalde encargado, Arlinton Agudelo, afirmó que la tregua no está rota, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de Paz aseguró que el proceso sigue y que es una crisis que se puede superar. Pero en las calles de Buenaventura la sensación es de temor a que se regrese a un escenario de guerra urbana. Los habitantes de las comunas 7, 10 y 12 han reportado balaceras tanto en la noche como a plena luz del día. En medio de esta zozobra, se han completado ya cinco días y se han reportado un par de homicidios. Además, se han conocido videos compartidos en redes sociales de sujetos patrullando las calles con armas de fuego de alto alcance, como fusiles y subametralladoras. Existe preocupación entre la población civil, los intermediarios y el propio Comisionado de Paz por las confrontaciones que se han presentado en los últimos días en Buenaventura. Al romperse el acuerdo, se podría desencadenar un nuevo incremento en los homicidios y delitos de alto impacto, y esta nueva oleada de violencia podría desarrollarse de manera aún más cruel debido al fortalecimiento económico y armado que han tenido los grupos en los últimos seis meses a través de sus economías ilegales, sumado al ciclo de venganzas que se están incubando. Tensiones en las negociaciones por el control de las economías ilegales El proceso ya venía tensionado por supuestos incumplimientos entre integrantes de los grupos en la división de sus zonas de injerencia delictiva y se hizo pública desde la semana anterior cuando dieron a conocer dos comunicados que pusieron en alerta a las autoridades y sembraron incertidumbre entre la población civil sobre la solidez del proceso de paz. En dichos comunicados, ambos grupos, sin ningún miramiento, hacen claridades sobre cómo se lleva a cabo el pago de las extorsiones, haciendo alusión al acuerdo que tienen de distribución de zonas para dichos cobros. Advierten que los pagos se deben hacer se manera equitativa para las dos agrupaciones, situación que comerciantes y empresarios vienen denunciando desde el inicio de la tregua, manifestando el aumento de este delito, el cual ha obligado a cerrar varios establecimientos comerciales en la ciudad. No obstante, a pesar de lo que manifiesta el gremio de comerciantes, de acuerdo a los reportes oficiales, la extorsión en la ciudad ha tenido una disminución considerable, como se muestra en la siguiente gráfica: Gráfico No. 1 Elaborado por: Oficina Pares Pacífico. Fuente: SIEDCO Se evidencia un comportamiento diferente en el número de casos, pasando de 58 casos en el primer trimestre de 2021 a 76 casos en el mismo periodo de 2022, y a 25 en el mismo periodo del 2023, reconociendo que puede haber subregistro, por lo que desde la Oficina Pares Pacífico se manejan la siguiente hipótesis sobre dicha disminución: Lo que realmente hay es una reducción en las denuncias por parte de las víctimas, y esto se debe a una mayor presencia y control criminal por parte de los grupos armados después de la tregua e inicio del proceso de paz que permitió a los integrantes de estos grupos retornar a zonas y lugares que por las fronteras invisibles, asesinatos selectivos y amenazas, no podían transitar. A esto se le suma la desconfianza que hay entre sectores de la ciudadanía con los operadores de seguridad y justicia, debido que en el distrito hay un fuerte rumor de que parte de la institucionalidad está cooptada por la delincuencia organizada. Si bien no existe prueba o indicio alguno sobre la veracidad de este rumor, se ha convertido en un mito urbano que obstaculiza el acceso a la justicia y la actuación de las autoridades para hacerle frente a este tipo de delitos. Aún así no deja de ser preocupante que estos grupos estén emitiendo este tipo de comunicados en un momento en el que se busca consolidar la Paz Total. A pesar de haber manifestado su intención de paz, estas acciones muestran que todavía ejercen un fuerte control de la extorsión en la ciudad como base de su sustento ilegal. Por ello es menester que las autoridades actúen de manera inmediata para recuperar la gobernabilidad sobre la ciudad que se le ha cedido a la delincuencia con consecuencias lamentables para la cotidianidad de los hogares como lo es el tener que pagar una canasta familiar por encima del promedio nacional en un contexto de altos precios de los alimentos. Posibles escenarios y recomendaciones de la Oficina Pares Pacífico Desde la Oficina Pares Pacífico se manejan como hipótesis tres posibles escenarios después de que se violara la tregua entre Shottas y Espartanos: Primero: la ruptura total del proceso de paz urbana y el levantamiento de las negociaciones. Aunque se considera el menos probable, no se puede descartar que pueda ocurrir, máxime cuando aún no hay una ruta jurídica clara y aprobada que permita pasar de la fase exploratoria hacia el sometimiento. Si esto llegase a ocurrir también es posible que las guerras rurales se entrelacen con la urbana. De acuerdo con las palabras del Alto Comisionado de Paz en Blu Radio, donde afirmó que “todo esto obedece a que hay una intervención de un nuevo grupo que tiene pretensiones y objetivos en Buenaventura”, ya se estarían configurando nuevas alianzas criminales en la ciudad. Según los análisis de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), podría tratarse de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Pares había dado a conocer que este escenario podría llegar a suceder en un artículo titulado Buenaventura Acorralada. Allí se había advertido sobre la posibilidad de que las guerras rurales y urbanas se entrelazaran, lo que representaría una crisis en el proceso de paz urbana, donde los protagonistas serían Shottas aliados con las AGC y los Espartanos con el ELN y la Segunda Marquetalia. Segundo: Que las fricciones actuales se logren superar con nuevos acuerdos entre Shottas y Espartanos con el Gobierno Nacional y el proceso continúe en el estado en el que estaba antes de la desaparición de alias ‘Súper’. Sería el escenario ideal, pero las garantías en materia de seguridad para los voceros y participantes deben cambiar. El Estado debe brindarles la protección necesaria y, de ser posible, trasladar toda la comisión negociadora a una ciudad capital hasta que haya una mayor consolidación del proceso que permita, por lo menos, iniciar con el desarme por parte de los grupos armados urbanos. Tercero: Iniciar mesas de negociación por separado. Lo ocurrido con alias ‘Súper’ fragmentó profundamente la confianza entre ambas agrupaciones criminales, por lo que continuar en una mesa conjunta, además de ser difícil, puede ser poco beneficiosa si no se logra recuperar la intención real de hacer la paz. Sus voceros no se sienten seguros o haya vendettas contra los demás voceros. Por ello, una alternativa sería la de continuar los diálogos de manera independiente. Si bien el Gobierno Nacional desde un inicio exigió que debía ser de manera conjunta, también hay que reconocer que, con la designación de Buenaventura como Laboratorio de Paz Total, no se pueden permitir el fracaso en un proceso que ha dejado en los últimos meses resultados positivos a pesar de estar en etapa exploratoria. Para el presidente Petro sería un golpe político si no se llega a consolidar el proceso en la ciudad, pues podría poner entre dicho las negociaciones que se quieren iniciar por los acercamientos con estos grupos en otras ciudades. Si no se aborda adecuadamente la resolución ante esta situación de crisis, existe el riesgo de que se presente un recrudecimiento de la violencia en la ciudad, como se vivió en 2021 y 2022, lo cual representa un duro golpe para la Paz Total que ya está llena de incertidumbres. Por lo anterior, es fundamental que se reconozca la importancia de una mirada integral y territorializada de la Paz Total en Buenaventura para prevenir que los grupos se fortalezcan financieramente y contener el reclutamiento de jóvenes. Por esta razón como oficina en el Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación le hacemos un llamado al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y a los miembros de los Shottas y Espartanos, para que no desistan y continúen trabajando activamente a la construcción de la paz en Buenaventura. Aun reconociendo las situaciones complejas que han llevado a los recientes sucesos de violencia: es momento insistir en la paz.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Nos contaron los mayores que el bienestar social y la igualdad de oportunidades fueron las banderas y los sueños que signaron la vida política de personajes desde Galán el comunero, Policarpa Salavarrieta, María Cano, López Pumarejo y su “revolución en marcha”, Quintín Lame, el “indio” Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, Camilo Torres y Bateman, entre otros; fuesen sus acciones resultado de una actividad individual o representasen una voluntad y un anhelo colectivos. Los pensamientos, luchas y apuestas desde postulados socialistas y comunistas, pasando por pensadores liberales como Uribe Uribe más conocido por su ideario político a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo sindicalista, o la apuesta de Álvaro Gómez Hurtado con su postulado de la crisis del régimen y el acuerdo sobre lo fundamental, hasta la apuesta de Álvaro Leyva Durán por la solución político del conflicto armado; todos estos se enfrentan a los efectos sobre la población del arrollador modelo económico capitalista, desde inicios del siglo XX, en un país premoderno; a su mentalidad y su infraestructura institucional con énfasis en la inversión en la industria y la agro-industria cercana a los aeropuertos y al neoliberalismo con su apertura económica, responsable del atraso y la pobreza de las regiones en la Colombia profunda. La Constitución del 91 es lo más cercano al acuerdo sobre lo fundamental, hoy expresado en el Pacto Histórico para avanzar en el camino de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, colocando lo social en el centro de la agenda política, como en su momento lo hizo la carta magna, por la que pasamos de ser un estado de derecho, a ser un estado social de derecho, quizás la mayor conquista de la papeleta que dio vida a la Asamblea Nacional Constituyente como voluntad popular, no de la vieja clase política que secuestró la institucionalidad para su beneficio económico. Varias generaciones desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX han procurado construir ambientes de bienestar comunitario, desde las aguerridas luchas obreras de Chicago, con su huelga de 1886 que conquistó las ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreación. En Colombia, esa construcción se refleja en: los esfuerzos de reforma agraria liberal de Pumarejo; las conquistas laborales en la lucha de María Cano; las tomas de tierra lideradas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); la creación de las cuatro grandes centrales obreras; la imponente oleada de paros cívicos con sus pliegos y la movilización ciudadana, casi siempre por acceso y tarifas de servicios públicos; la emergencia del movimiento indígena, la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); y la conquista del reconocimiento como etnia de los pueblos afro, en el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993. Estos avances sociales y políticos de reconocimiento a nuestra diversidad étnica, cultural, religiosa y de género, consignados en la Constitución del 91, se vieron truncada con la presencia emergente de una nueva clase mafiosa que hizo uso del “conglomerado” narcotraficante para mantenerse aferrada al poder, con la complicidad de esa oligarquía que ha controlado las tres ramas del poder (ejecutivo, legislativo y judicial). Sirviéndose de las instituciones para financiar las campañas políticas y con el manejo burocrático de retornar los favores recibidos, la clase política tradicional fue labrando la pérdida de credibilidad en las instituciones. La “juntanza”, la “minga”, la “conversa” de un pueblo que se expresó incluso bajo el temor a los efectos de la pandemia del Covid-19, una nueva generación de muchachos y muchachas que, como les han quitado todo, para perder no tenía nada, las calles volvieron a ser habitadas en un hermoso matrimonio campo ciudad. El resultado final: un nuevo gobierno, un programa para hacer de Colombia “una potencia mundial de la vida”. Este es un momento de transición, la alternatividad ha ganado el Gobierno, pero el poder lo conserva la oligarquía, que mediante sus grandes medios de comunicación continúa su práctica a base de mentiras, determinadora de la opinión de los más desfavorecidos. De resaltar las palabras del presidente Gustavo Petro en el discurso del triunfo el 19 de junio del año anterior: "nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos. Sino porque primero hay que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo, la nueva esclavitud". Con 20 senadores y 30 representantes a la Cámara, siendo la fuerza política más grande, no alcanza a tener la mayoría necesaria para la toma de decisiones, de ahí que el “acuerdo nacional”, conseguido inicialmente con varios partidos tradicionales, garantizaría el paso de las reformas estructurales, sin desconocer las lógicas fricciones, por ser estos beneficiarios de los anteriores gobiernos. El cambio, la mágica palabra que unió mayoritariamente a los colombianos votantes, avanza en su concreción, lentamente, primero diseñando para luego implementarse, no se puede opacar la destinación de un subsidio significativo para las mujeres cabeza de hogar con niños menores, el esfuerzo por volver lo público a la administración estatal, los derechos laborales dignos, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la entrega de los dineros de la salud directamente a las IPS, en fin, éste, con sus errores y aciertos, es nuestro gobierno, así lo vemos desde el Cauca digno y rebelde. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo Los líderes de los partidos Conservador y Liberal, Efraín Cepeda y César Gaviria, llevarán a cabo reuniones separadas con sus respectivas bancadas para analizar la propuesta de reforma de la salud presentada por el Gobierno, la cual ha sido objeto de diversas críticas. Recordemos que el Partido Liberal, seguido del Partido de La U y luego del Conservador, se retiraron de la discusión de la reforma de la salud. Estos dos últimos partidos debido a que el último borrador presentado no incluyó nada de lo acordado con el Gobierno en las reuniones previas. Se tiene previsto que la reunión del Partido Conservador se lleve a cabo el martes 11 de abril, mientras que la del Partido Liberal tendrá lugar el miércoles 12 de abril. Durante estas reuniones, los líderes de cada partido evaluarán la posibilidad de adoptar una postura unificada en relación al tema en cuestión. Es importante destacar que se buscará establecer una línea de acción clara y coherente en ambos partidos. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), mencionó que en estas reuniones posiblemente no solo se aborde el tema de la reforma a la salud, sino que también se discutirán las estrategias que cada partido adoptará para afrontar los debates sobre las reformas pensional y laboral, además de la reforma penitenciaria y la ley de sometimiento. Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, evaluará la posibilidad de que la bancada de su partido actúe con la ley de bancada en relación a la iniciativa del Gobierno. Por su parte, César Gaviria, director del Partido Liberal, sostendrá dos reuniones separadas el día 12. A las 4:00 p.m se reunirá con los senadores y a las 6:00 p.m con los representantes a la Cámara, con el fin de reafirmar la decisión de no apoyar el proyecto presentado por la ministra Carolina Corcho. En una declaración reciente, Gaviria señaló que la posición de su partido “siempre ha sido la de fortalecer el aseguramiento, sin destruir o limitar la participación del sector privado en pro del derecho fundamental a la salud y los objetivos sociales de Colombia, preservar la libertad de elección de las personas dentro del sistema y evitar la inadecuada gestión del riesgo financiero del sector salud”. Según Juan Alejandro Pérez, en estas reuniones es probable que los líderes de los partidos llamen a la orden a los miembros de sus respectivas bancadas y se negocie en grupo y no de manera individual. Esto significa que es posible que se exija que la votación a la reforma a la salud sea en bancada. A pesar de que esta reforma no ha sido bien recibida por algunos partidos, incluidos los Liberales y los Conservadores, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios de Salud, Jaime Urrego, señaló que es necesario cambiar el sistema de salud y que se aceptan críticas y aportes. Asimismo, destacó la importancia de la construcción democrática y el fortalecimiento institucional en este proceso. Cabe añadir que entre los puntos claves de la reforma a la salud, se destaca la descentralización de la ADRES, entidad encargada de administrar los recursos del sector salud, para fortalecer el mecanismo de giro directo hacia clínicas y hospitales del país. Además, se plantea la creación de un sistema de información que haga público en qué y cómo se gastan los recursos que se invierten, con el fin de atacar el robo de recursos en el sector. Otro punto importante es la eliminación de las EPS y la implementación de los Centros de Atención Primaria como primer contacto del paciente con el sistema de salud. Para ello, se prevé establecer más de 2.500 centros de salud que atenderían a alrededor de 20.000 colombianos cada uno. Sin embargo, esta propuesta ha sido objeto de críticas, especialmente en lo que se refiere a la estructura de planta y personal de cada centro. Según el análisis de Juan Alejandro Pérez, el gobierno Petro enfrenta un desafío para reconstruir la confianza de su coalición. Pérez sugiere que si el Gobierno quiere que la reforma sea aprobada, deberá replantear su manera de negociar y priorizar los proyectos de ley, incluyendo la ley de sometimiento, la penitenciaria, la laboral y la de salud. Según el asistente de investigación, el Gobierno debe entender que en este momento hay una "tormenta" de situaciones que deben replantearse y estudiarse, como la seguridad, especialmente con las elecciones locales programadas para octubre. Juan Alejandro Pérez también indicó que existe la posibilidad de que se convoque a sesiones extraordinarias para discutir en mayor detalle proyectos como la reforma de salud. En caso de que esto suceda, es probable que las sesiones se lleven a cabo a finales de junio o mediados de julio, pero dependerá del desarrollo de los debates en los próximos días.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos En respuesta a la matriz mediática que está girando alrededor de la idea de una crisis de seguridad nacional, la línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su informe Mitos y realidades de la Paz Total , con datos y tendencias sobre la violencia en Colombia desde el año 2019 hasta la actualidad, analizando las cifras de violencia homicida y otros repertorios de violencia asociados al conflicto armado, como el desplazamiento forzado, el confinamiento, los homicidios de líderes y lideresas sociales, las minas antipersona y los eventos de restricciones a la asistencia humanitaria. Variación de homicidios El análisis de los homicidios es uno de los indicadores básicos para medir la temperatura de la seguridad a nivel nacional. La violencia homicida viene en aumento en el país desde el año 2021, cuando se presentaron 25.530 casos, un 17% más que en el 2020 (21.870 casos). En 2022 se presentaron 25.850 homicidios, un punto porcentual más que en 2021. Aunque la variación porcentual de homicidios de 2021 al 2022 no es alta, hay que destacar que en algunos departamentos los homicidios crecieron de manera considerable, como en el caso de Arauca, cuya variación fue del 109% (190 homicidios en 2021 y 398 en 2022). En este departamento el repertorio de violencia no sólo es incremental, sino que da cuenta de la disputa armada entre grupos armados organizados, como las disidencias de las FARC y el ELN. En otros departamentos como Bolívar, cuya variación de homicidios 2021-2022 fue del 43% (457 casos en 2021 vs. 652 casos en 2022), el número de casos se concentra en la ciudad de Cartagena, que varió un 51% (245 casos 2021 vs. 369 casos 2022), pero esto no responde necesariamente al accionar de grupos armados organizados, sino más bien a un fenómeno de extorsión y amenazas por parte de bandas delincuenciales. Desplazamientos forzados, reclutamiento de NNA, confinamiento y asesinato de líderes y lideresas sociales A nivel nacional el desplazamiento forzado, medido en hechos victimizantes, y las denuncias por utilización de menores decrecieron en un 12%. Sin embargo, departamentos como Arauca y Vichada registran hechos muy por encima del promedio nacional, siendo Arauca el departamento más afectado con un incremento del 568%, lo que da cuenta nuevamente del intenso conflicto entre disidencias y ELN. En el caso de la utilización de menores, si bien hay decrecimiento en las denuncias, de acuerdo a la información de organizaciones sociales y de derechos humanos en terreno, esta situación obedece a una disminución de la denuncias debido a las diferentes barreras de acceso para interponerlas y la creciente violencia en contra de autoridades y liderazgos indígenas, que en departamentos como el Cauca son quienes más se resisten al reclutamiento forzado y a la utilización de niños, niñas y adolescentes. La tendencia nacional del confinamiento también lleva una curva ascendente desde el año 2016 con el peor incremento del 2019 al 2020, cuando se presentó una variación del 122%. De 2020 a 2021 hubo una disminución del 29% de los casos (44.285 casos en 2020 a 31.253 en 2021), y se presentó un leve incremento a 2022 del 5% (32.688 casos). Frente al asesinato de líderes y lideresas sociales se registra una curva similar. Un pico en 2020 con 233 casos, que cayó a 136 casos en 2021 (-39%) y que subió a 180 en 2022 (variación del 32%). Si bien comparativamente el 2022 tuvo un mejor desempeño con respecto a las cifras presentadas durante el 2020, también es evidente que la tendencia de homicidios contra líderes y lideresas sociales aumentó ostensiblemente con respecto al año inmediatamente anterior 2021. Si analizamos cómo se distribuyó territorialmente el asesinato de líderes y lideresas podemos observar que este flagelo se presentó en al menos 29 de los 32 departamentos del país, concentrándose específicamente en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Putumayo, Arauca y Valle del Cauca. Estos seis departamentos concentran el 60% de toda la violencia contra los defensores de derechos humanos a nivel nacional. Una diferencia considerable en relación con otras zonas del país. Sobre las acciones de la fuerza pública Durante el 2021 y el 2022 el repertorio de acciones de la fuerza pública tuvo disminuciones pequeñas en acciones como la incautación de marihuana y minas ilegales intervenidas, que es natural en años de cambio de gobierno. Entre los resultados operativos que se incrementaron está la incautación de clorhidrato de cocaína. Respecto a los homicidios contra miembros de la fuerza pública se continuó la tendencia a la baja, registrando una disminución de seis homicidios del 2021 al 2022 y de 27 eventos de lesión. Ceses al fuego Aún no existen estadísticas consolidadas que permitan afirmar con certezas hasta qué punto los ceses al fuego existentes se cumplieron. Sin embargo, a partir del monitoreo de Pares se pueden observar puntos de inflexión que dan luces al respecto. Los ceses al fuego tuvieron problemas de diseño desde un inicio, en tanto al no estar acompañados de mesas de negociación instaladas, la verificación se dificultó. Otro error de diseño que se advirtió desde la sociedad civil fue que la firma de ceses al fuego bilaterales no implicaba desescalamiento de la violencia contra civiles, en tanto una de las principales causas es la disputa violenta por el control territorial de grupos enfrentados entre sí. De esta forma, los incentivos eran completamente insuficientes. Algunos análisis y conclusiones Este análisis encuentra que si bien es importante atender de forma urgente la crisis de seguridad y violencia en Arauca, Chocó, Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, y en general en todos los territorios en disputa, la matriz mediática que señala una crisis general de seguridad nacional no es acertada. Por el contrario, el país sigue con tasas de mejora en varios de sus departamentos y ciudades. De igual forma, la fuerza pública ha continuado activa, aunque es necesario recuperar credibilidad en la presencia territorial de la misma. Desde el punto de vista de la política de paz, muchas son las recomendaciones y virajes necesarios, porque está claro que los errores de diseño, sumados a un exceso de expectativas hacia los actores armados y baja capacidad operativa del gobierno, sí han producido escenarios de violencia multi-actor que son sumamente delicados de manejar, como en el caso de Arauca, o como lo fue en el Bajo Cauca Antioqueño durante el paro minero. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, los mapas, los análisis y contextos, aquí :

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Esta columna de opinión, que tiene aires de reseña de libro, está dedicada a presentar la antología de textos Un país por descifrar, publicado este año por el sello Editorial Universidad de Antioquia con apoyo del Instituto de Estudios Políticos de la misma universidad. El libro hace parte de la Colección Claves Maestras, con la que la editorial busca recoger las voces escritas y los pensamientos de las profesoras y los profesores más destacados e influyentes de esta alma mater, la misma que este año cumple 23 décadas de existencia. En este se recogen 120 columnas de opinión que la maestra María Teresa Uribe de Hincapié publicó en el periódico El Colombiano entre 1985 y 1987. Son escritos en los que se analiza un momento crucial de la historia política del país: acoge hechos tan trágicos como la Toma del Palacio de Justicia, que dividió la historia del país y sirvió para contar, a partir de allí, las víctimas del conflicto armado; o el protagonismos que alcanzó el narcotráfico como combustible del motor de la guerra en el país. La manera como está organizado el texto –en cuya división participaron varios profesores de la casa de estudios de la que hizo parte la maestra– tiene la virtud de mostrar la vigencia de su pensamiento. Pues proponen una división de temas que recoge asuntos de interés general, como los asociados al conflicto armado y las negociaciones de paz; al igual que asuntos de cultura política y ciudadana, vinculados a las transformaciones que durante ese tiempo se estaban dando en torno a la descentralización administrativa de Belisario Betancur y Virgilio Barco. Igualmente, es un texto que tiene un interés para públicos más específicos: aquellos que buscan siempre, en los escritos de la maestra, sus grandes contribuciones al análisis del conflicto armado y la construcción del Estado nacional en Colombia. Las reflexiones que María Teresa realiza las hace en un momento histórico que le permitieron ahondar en sus intereses académicos, pues se estaba gestando la descentralización del poder y forjando otros relacionamientos regionales; además, las violencias y las guerras estaban generando transformaciones en las acciones colectivas y los derechos de la ciudadanía. En síntesis, aunque son textos que están escritos para una coyuntura específica, llama la atención la actualidad del pensamiento de la columnista. Allí encontrarán asuntos casuísticos y aleatorios como “De volcanes, atentados y revelaciones” donde habla de la tragedia dejada por la erupción del Volcán Nevado del Ruíz en noviembre de 1985, que coincide con la alerta naranja que hoy estamos viviendo. También, como temas estructurales y no superados, asociados a las múltiples guerras que hoy persisten o al asesinato de líderes sociales y políticos, está “El tiempo del exterminio” sobre el genocidio de la UP. Fueron cerca de tres años de continua reflexión que sirvieron a la profesora para presentar sus análisis en temas muy diversos. Quedando evidenciado su amplio saber de la realidad colombiana y también su habilidad para abordar los temas que deberían estar en la agenda pública. Por ejemplo, en sus artículos sobre Mujeres y Feminismo  (pp. 237-252) habló de “El decenio de la mujer” y en el fortalecimiento del movimiento feminista en Colombia, además del “reto de consolidar y hacer cumplir las determinaciones adoptadas en el país durante el decenio” (p. 241). Incluso, a la maestra le quedó tiempo, en aquellos años de turbulencia, para reflexionar sobre su amada alma mater y criticar “La soledad de la Universidad” y la violencia contra la comunidad académica, al igual que la necesidad de defenderla, pues en la primera semana de agosto de 1987, en la Universidad de Antioquia, “en menos de diez días habían muerto cinco estudiantes y dos profesores” (p. 355). Valiosas reflexiones in situ que le sirvieron a la profesora para que, una década después, la invitaran los directivos de la Universidad a reconstruir su historia, la cual en 2003 celebró sus primeros dos siglos de existencia. Son escritos cuidadosamente elaborados, con títulos llamativos en los que se nota, en su trabajo, el esfuerzo por usar metáforas y analogías —como “El aprendiz de brujo” y “Las dos caras de Jano”—, o dichos populares —como “Contame más bien cuentos de vivos” o “En un bosque de la China…”— para llegar, con un lenguaje sencillo, a un público más amplio. Con lo que queda demostrado, una vez más, el compromiso de la profesora como intelectual con el país y con desarrollar una escritura “tranquila, clara y sumamente provocadora” (p. 16), como lo señala su compañera de trabajo y presentadora del libro, la profesora Liliana López. Son 12 secciones y 120 columnas de opinión que, durante cerca de tres años, sirvieron a la profesora para hacer una mirada crítica del país. En Un país por descifrar nos encontramos con un texto que ayuda a descubrir los hilos del poder en Colombia y que debido a su potencia analítica muy bien podría haberse llamado “Descifrando un país”, título que la profesora no hubiese aceptado debido a que —como dice la profesora López— atesoraba “el valor de la humildad” y tenía un constante deseo de dejar planteadas hipótesis y no solución de casos. En conclusión, este es un bello libro con el que la Editorial Universidad de Antioquia hace un homenaje a una profesora y líder intelectual, que abandonó su cuerpo en enero de 2019, pero que supo con sus palabras y reflexiones quedarse para siempre entre nosotros. Supo con su don de maestra ganarse el respeto de todos y convertirse en “la figura de intelectual que marcó el rumbo de los estudios politológicos en el país” (p. 13) y que hoy continúa guiando con su prosa rigurosa y pensamiento crítico la mente de muchos analistas que siguen sus trabajos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.