Por: Walter Aldana Político Social Alternativo En los últimos 20 años, más como promesa que como realidad, durante los periodos de campaña los candidatos y candidatas han predicado la "lucha frentera" contra la corrupción, que en lo público afecta al erario, la calidad de vida y el diario vivir de los colombianos y caucanas todos. Los anuncios de meter en cintura la manera descarada de robar y el actuar antiético de los corruptos fueron seguidos de la promulgación de las leyes 1474 de 2011 y 2195 de 2022, y la creación de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación que se sumaría a las funciones de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. A la cabeza de esa unidad, el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira designó a Luis Gustavo Moreno con la pomposa definición de "zar anticorrupción". El resultado no pudo ser peor, aunque sí esperable: más de cincuenta billones de pesos por año se perdieron por la corrupción en la institucionalidad, mientras el gran "zar", quien se mostraba como máximo exponente de la ética, se lucraba cobrando coimas por cerrar procesos contra corruptos, y terminó preso el 07 de marzo de 2018. De buena fe se creyó que las medidas adoptadas pondrían el tatequieto a tan abominable práctica, pasando por alto que quienes hacen las leyes y el ejecutivo que las propone mayoritariamente tienen vínculos con la clase comerciante e industrial que les financia sus campañas políticas con la aspiración de ser favorecida con normas de su conveniencia. Por ello es entendible que el referendo contra la corrupción se haya perdido el 26 de agosto de 2018, cuando participaron solo 11 millones de las 36 millones de personas aptas para votar, no logrando configurar el 51% necesario para ser aprobado, quedando ante el mundo como un país tolerante con la corrupción y haciendo evidente la inmensa influencia de la clase oligárquica por medio de los grandes medios de comunicación bajo su control. Como complemento a las normas anticorrupción, el establecimiento creó el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP 1), que obliga a los entes territoriales y a los institutos descentralizados a subir a esta página su historia de contratación, lo que hizo creer que era otro paso más en la brega por el uso limpio de los recursos públicos. Para tranquilizar a las ciudadanas y ciudadanos y dar apariencia del "compromiso de los gobernantes" con la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, se creó el SECOP 2, que en esencia es la posibilidad que tiene el proponente y el ciudadano de ser visibles en los procesos de contratación. Ahora bien, si existen los mecanismos para ejercer control, ¿por qué no funcionan y aumenta la corrupción? La respuesta es sencilla: el veneno está en los pre pliegos y los pliegos en los que se amarran los contratos entre administradores y proponentes corruptos y, siendo así, todo control se hace sobre lo perversamente determinado. Contratistas que hacen los pliegos, consorcios o uniones temporales que compran contratos o pagan para que otros no se presenten y veedurías con poca capacidad técnica, enfrentadas al gobernante por no haber votado con él, son el telón de fondo de la corrupción rampante que desangra los presupuestos públicos y condena a los más vulnerables al desamparo oficial. Finalmente, tres cosas debemos hacer en el departamento del Cauca al respecto: formular una política pública de transparencia; crear nodos especializados de veeduría, formados, capacitados y participando desde la identificación de la necesidad hasta la ejecución de los proyectos; e impulsar ferias de contratación que son, ni más ni menos, la socialización de las oportunidades. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Igor Parma, Internacionalista “Un gran pacto para salvar la selva amazónica en favor de la humanidad. Hacia un cambio de la política antidrogas; un Brasil garante de la.paz en Colombia y el estudio de la interconexión eléctrica de las Américas con fuentes de energías limpias.” Eso escribió el presidente Petro en su cuenta de Twitter el 02 de enero de este año, al momento de la ceremonia de inauguración del presidente Lula, en Brasil, por su tercer mandato. Los dos países vivieron al tiempo un cambio político similar. De Bolsonaro a Lula en Brasil y de Duque a Petro en Colombia. Cómo constató el profesor Mauricio Jaramillo en entrevista a Contra Reloj: “Petro ha despertado en el progresismo latinoamericano una suerte de expectativa muy grande”. En efecto, la conexión entre Petro y Lula ya se había mostrado fuerte incluso antes que Petro fuera electo por el pueblo colombiano. En uno de sus discursos, Lula dijo que, por más que no estuviera acostumbrado a interferir en elecciones en el extranjero, pedía que los y las colombianas votaran por Petro “para que desde octubre, Brasil y Colombia puedan unirse a otros países y construir una América del Sur fuerte, con integración política, económica, cultural, para que tengamos un bloque muy fuerte para negociar con otros bloques en todo el mundo”. Los dos países poseen un histórico de aproximación también en las gestiones anteriores de Iván Duque y Jair Bolsonaro. El 19 de octubre de 2021 firmaron siete acuerdos de cooperación en Brasilia. Esos acuerdos se suman a unos memorandos de entendimientos —que se pueden entender como un compromiso futuro de cooperación en determinadas áreas— y una carta de intención, en un total de 15 instrumentos oficiales entre los dos países. La cooperación Colombia-Brasil, aunque se presente robusta en número de instrumentos, todavía no se ha traducido ni por Petro ni por Lula en hechos. Ambas gestiones enfrentan ahora retos en sus gobiernos. Petro con el hundimiento de la reforma política y la dificultad de la Paz Total, así como las tensiones alrededor de las reformas de los sistemas de salud, laboral y de pensiones que están en discusión, y Lula con obstáculos en la gestión de la economía y dificultades para componer y mantener la mayoría para la aprobación de reformas importantes como la tributaria, prometida por su ministro de Economía, Fernando Haddad. Se entiende que en este contexto la cooperación regional no sea una prioridad en la agenda de los dos países. Sin embargo, una cooperación en la región amazónica ofrece una oportunidad de integración a bajo costo que puede aproximar A los dos países y conferirles protagonismo en el escenario latinoamericano. Si bien hablar de la Amazonía es siempre un asunto sensible en el escenario internacional y regional, el diálogo Colombia-Brasil se facilita por una serie de factores coyunturales. Primero porque las políticas de frontera brasileras son coordinadas bajo el concepto de “faixa de fronteira” que agrupa los países vecinos a Brasil en tres grandes arcos: Norte —involucrando desde las Guayanas hasta Perú—, Central —Bolivia y Paraguay— y Sur — Paraguay, Argentina y Uruguay—. En el arco Norte, Colombia y Brasil se constituyen como las dos mayores economías. Además de eso, hay un reconocimiento en Brasil de problemas en común que enfrentan los dos países en la región, como “incursiones de mineros brasileros y extranjeros, acción de redes internacionales de tráfico de cocaína y pasta de coca, cercanía con áreas del conflicto colombiano y una incertidumbre en relación al comportamiento indígena en relación a estas cuestiones”. Ahora que los gobiernos de Colombia y Brasil se acercan ideológicamente, se presenta una posibilidad de desarrollo regional. Es cierto que coordinar políticas en esta región es algo complejo que demanda una gran cantidad de capital político, que necesitaría también coordinar y definir conjuntamente cuestiones que en cada nación de por sí ya son complejas, como el status de tierras indígenas, el desarrollo y la transformación. Sin embargo, podrían formularse cooperaciones para la región amazónica que sean sencillas, no demandarían mucho capital político —una vez que son espacio común entre los países— y permitirían un protagonismo colombiano y brasilero en una iniciativa que resonaría en el contexto latinoamericano y que podría por fin colaborar a la integración y fortalecimiento regional, algo a lo cual ambos gobiernos aspiran. Una de esas posibilidades se encuentra en el intercambio de tecnología. Brasil empezó a utilizar satélites para monitorear y señalar operaciones de minería ilegal en su territorio. Esta nueva metodología mostró resultados de caídas de hasta el 78% de nuevas alertas en sus territorios. Una cooperación tecnológica tiene beneficios adicionales también, además de su simple utilización. El uso de herramientas tecnológicas permite un rebosamiento en el desarrollo de diversas áreas. Es un efecto secundario del intercambio de tecnología, distintas áreas están vinculadas y todas se desarrollan de la mano. En esta situación, un desarrollo en tecnologías de vigilancia por satélite trae beneficios no solo en el empleo y coordinación de satélites, sino que se suman beneficios para las telecomunicaciones, para sectores de alta tecnología y conlleva beneficios que se pueden traducir al área de seguridad nacional. La cooperación Colombia-Brasil enfocándose en la Amazonía sería además un fuerte impulso para la cooperación e integración latinoamericana. Si bien Colombia ya se hace presente en 14 de los 18 bloques que componen el sistema Interamericano de integración regional y subregional según la CEPAL, hace mucho tiempo, el país tiene dificultades en protagonizar esfuerzos de integración regional. Se puede entender que, por largo tiempo, Colombia y sus presidentes estuvieron justamente ocupados con las consecuencias de su conflicto interno, sea en el combate a los narcos, o en el conflicto con las guerrillas, los retos presentados en el escenario doméstico dificultaron la acción internacional más allá de este ámbito. Sin embargo, hay señales por parte del presidente Petro recientemente de que, con el desarrollo de la Paz Total, es hora buena de que Colombia empiece a tener un protagonismo mayor en el área ambiental. Es lo que explicó el presidente Petro en la cumbre Iberoamericana cuando dijo: “no podemos perder los tiempos en una guerra, cuando los tiempos de la humanidad se están acortando por la crisis climática”. Petro señala así que uno de los cambios que pretende su gobierno es dejar de mirar solo hacia adentro de Colombia, con las espaldas al extranjero, revirtiendo así un movimiento de retracción internacional enfocado más en relaciones bilaterales, como hizo el expresidente Duque, por ejemplo con la salida de Colombia de UNASUR. Buscar cierto protagonismo regional puede ser un reto para Colombia, puesto que el escenario latinoamericano es complejo, multifacético y con grandes áreas de competencia y potencias regionales como Brasil, Argentina y Chile. Enfocar este impulso inicial en la macro agenda climática y, además, en la Amazonía, representa para Colombia una oportunidad de protagonismo por dos razones de la coyuntura actual, de las cuales se puede aprovechar la gestión Petro. La primera es que ya hay un organismo regional para la Amazonía, la OTCA —Organización del Tratado de Cooperación Amazónica—, que cuenta con un numero de Estados miembros reducido (solamente Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela toman parte una vez que son los países amazónicos). El segundo factor coyuntural es, como ya mencionado, la victoria de Lula en Brasil. Lula fue uno de los presidentes en la historia de Brasil que más utilizó la diplomacia presidencial. Esos dos factores coyunturales presentan a Colombia una ventana de oportunidad por componer un escenario en el que Colombia y Brasil son las potencias más fuertes del bloque y en la que su impulso puede más fácilmente direccionar la acción regional. Petro puede usar este espacio para avanzar su agenda ambientalista y de integración latinoamericana con poca resistencia, incluso encontrando un espacio de enfoque para su propio proyecto de diplomacia presidencial, evidenciado recientemente en su anuncio de que convocará una conferencia internacional para el diálogo en Venezuela. La cooperación Colombia-Brasil se presenta de esta manera como una oportunidad de consolidación de un esfuerzo que ya ocurre en una coordinación entre los dos países. Sería una oportunidad de afrontar problemas que acometen a ambas naciones, como la minería ilegal, la polución de acuíferos y la deforestación de la selva amazónica. Enfocarse en el escenario amazónico permitiría un campo de acción en el que el protagonismo colombiano se haría sentir más fuerte y no costaría mucho capital político, pues podría enfocar sus acciones de manera que afronten un espacio común a los estados miembros de la OTCA. Sería también un espacio en el que Colombia no tendría la competencia por el liderazgo regional de otros países latinoamericanos, alejándose de escenarios posibles, como la vuelta de la Unasur, protagonizada por Brasil y Argentina, o la acción de integración regional de Mercosur, bloques de los cuales Colombia no toma parte (Unasur) o al menos no cómo algo más allá de un estado asociado (Mercosur).

Por: Luis Eduardo Celis Esta semana se llevó a cabo en Washington el décimo Diálogo de Alto Nivel (DAN) entre la administración del presidente Joe Biden y la administración del presidente Gustavo Petro. Este es el espacio en que se revisan los temas de interés común y la agenda de la relación binacional de dos países que hemos mantenido un fluido diálogo y acción compartida. Estados Unidos ha sido nuestro principal socio comercial desde hace más de medio siglo, hacia allí van una variedad de productos: petróleo, café, manufacturas, frutas, banano, flores y, por supuesto, desde los años setenta, marihuana y cocaína que tantas tristezas han traído y que nos ató a la fracasada guerra contra las drogas, de la cual no hemos podido salir. Hoy con un gobierno de cambio en Colombia hay voluntad e interés en que esa fluida relación con los Estados Unidos contribuya a esta agenda de transformaciones, sin duda que se requiere mucho diálogo y concertar políticas en una diversidad de temas, entre los cuales, a parte del delicado tema de drogas y el imperioso asunto de reformular las estrategias para enfrentar una compleja economía del narcotráfico plenamente globalizada, tenemos otros temas de mutuo interés con los Estados Unidos, entre los que resalta la protección de la Amazonía y un tratamiento diferente a la migración. Del diálogo de alto nivel desarrollado esta semana salen muchas rutas de actuación común entre Colombia y Estados Unidos. Se ha enriquecido esa fluida comunicación que ha caracterizado la relación entre la administración Petro y la administración Biden, que ha desvirtuado los prejuicios y señalamientos malsanos que pronosticaban que este gobierno de izquierdas y con arraigo popular tendría días tormentosos con Washington. La realidad ha sido muy diferente, desde el respeto y la voluntad de acción compartida hoy se cuenta con una fluida y diversa relación sobre los asuntos de interés común. Los Estados Unidos pueden hacer mucho por los prioritarios asuntos del desarrollo rural y las oportunidades para millones de familias campesinas que requieren mejorar sus condiciones de vida. Si se persiste en ese diálogo constructivo que ha imperado entre los dos gobiernos se podrán encontrar caminos donde se articulen las necesarias reformulaciones a las políticas antidrogas y el vital asunto de protección del Amazonas, en ambos temas plenamente ligados hay mucho por hacer de manera conjunta entre los Estados Unidos y Colombia. Como ya fue señalado hay interés desde el gobierno colombiano en discutir los temas migratorios que tienen en el continente importantes flujos poblacionales de Suramérica, Centro América y desde África y Asia hacia los Estados Unidos. Este es un tema de enormes complejidades, vital para los Estados Unidos y en el que hay mucho por hacer, de ahí la importancia de la conferencia propuesta por el presidente Petro al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que se llevará a cabo en el segundo semestre de este año y en la cual se deben trazar propuestas para establecer con los Estados Unidos mecanismos y formas de asumir este enorme tema en una relación de diálogo y cooperación, de un asunto que lleva a repensar las condiciones económicas, de ejercicios de derechos y de posibilidades de movilidad poblacional, tema duro y urgente de tratar. Volviendo a los temas claves de la relación entre Colombia y Estados Unidos, tocados en este dialogo de alto Nivel, DAN, por supuesto que fue tocado el de la política de Paz Total, donde el gobierno del presidente Petro, se ha propuesto superar todas las violencias organizadas y donde hay tanto por dialogar y concertar con los Estados Unidos, en tanto ha sido enorme su involucramiento desde sus intereses de acción frente al narcotráfico y su permanente seguimiento a los temas de seguridad con una visión regional y allí Colombia siempre ha tenido un lugar destacado en los intereses de los Estados Unidos, como poder mundial y líder en el hemisferio. Una fluida y respetuosa relación entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, ha quedado ratificada con lo vivido esta semana en Washington hay muchas tareas por desarrollar y así quedo en las conclusiones de esta importante jornada. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Reza el viejo adagio popular que "las hojas del árbol no dejan ver el sol", y es lo que nos sucede: son tan grandes las necesidades básicas insatisfechas que nuestras energías institucionales se van en los temas obvios (aumento en la cobertura de salud, mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa, etc.), perdiendo de vista temas cruciales hoy para la convivencia, la seguridad y la inclusión social. Debemos retomar estos asuntos en un gobierno humano en el cual, primero que la plusvalía, esté el bienestar de la persona. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de la implementación en nuestro departamento de la política pública de atención y garantías para nuestras hermanas y hermanos venezolanos que hoy deambulan por las carreteras de nuestro Cauca y se instalan "laboralmente" en el municipio donde vean alguna oportunidad (dicho sea de paso, en décadas anteriores más de tres millones de compatriotas fueron acogidos en el país hermano). Esa política está contenida en el documento CONPES 3950 del 23 de noviembre de 2018 "Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela", y en el Decreto 216 de 2021 “Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria”, con vigencia de 10 años, y que creó el Registro Único de Migrantes Venezolanos y el Permiso por Protección Temporal. De igual manera, es preciso promover la política pública social para habitantes de la calle, en el marco del Decreto 1285 de 2022, cuyo objetivo es garantizar la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de esta población, mediante su atención integral, rehabilitación e inclusión social, con definidas competencias de los entes territoriales (municipios y departamentos) en su implementación por medio de Planes de acción territoriales, los cuales deberán incluir metas, acciones, responsables, recursos e indicadores. Una política de protección a los animales debería ser fomentada en el Cauca, en aplicación de la Ley 1774 de 2016 que establece: "el Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física". Ello deberá implicar la revisión de la práctica de las corridas de toros y la sustitución de los vehículos de "tracción animal". Asumir que los animales son seres sintientes sujetos de derechos, lleva a la institucionalidad y a las personas a ser garantes de sus derechos. De otra parte, reconocer la necesidad de generar una coexistencia pacífica y armoniosa con nuestros ríos debe ser parte de la agenda departamental, en atención a la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos y estableció órdenes orientadas a garantizar su conservación y protección, para que ello no quede en poesía. En el marco de las competencias del ente territorial departamental y con sujeción a nuestras realidades presupuestales, estas políticas, entre otras más, deberán ser consignadas para su implementación en un programa de gobierno orientado a hacer del Cauca una potencia de vida. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación; Valentina Polo, Practicante Línea Democracia y Gobernabilidad A inicios de 2023 el gobierno Petro se propuso presentar su paquete de reformas con las que busca materializar sus propuestas de campaña. El gobierno nacional, con el fin de adelantar el debate de una de esas reformas, la de la salud, citó a sesiones extraordinarias desde el 06 de febrero hasta el 15 de marzo. Estas sesiones no sirvieron de mucho para el gobierno, de hecho, en el afán de generar consensos, los partidos de La U, Liberal y el Conservador aumentaron los costos políticos respecto a su apoyo a las reformas de Petro y, para finales de marzo de este 2023, los ya mencionados partidos que pertenecen a la coalición de gobierno son la piedra en el zapato para que las reformas se materialicen. La reforma a la salud El documento original propuesto por la ministra Carolina Corcho era muy ambicioso y poco viable para varios sectores políticos. De hecho, recién se radicó ante el Congreso de la República la reforma que buscaba transformar el sistema de salud en Colombia, las primeras figuras políticas en oponerse a tan ambicioso proyecto fueron César Gaviria, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, líderes de los partidos Liberal, Conservador y de La U, respectivamente. Un artículo realizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) evidenció que uno de los caminos que podría tomar la reforma a la salud, una vez presentada ante el Congreso, sería acordar varios de sus artículos con las bancadas liberales, conservadoras y de la U que, al sumar sus curules, conforman mayoría en ambas cámaras (Senado y Cámara de Representantes). En efecto, el partido Liberal, Conservador y de La U presentaron ante el gobierno un articulado con el que aspiraban modificar algunos puntos controversiales de la reforma. Entre estas modificaciones se acordó un sistema mixto entre lo público y lo privado. Así mismo, el sistema tarifario de la salud no contemplaría un precio exacto, sino que su precio dependería de la calidad del servicio. Sin duda alguna, el punto que más generó controversia fue la eliminación de las EPS. Respecto a este punto, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro acordaron con el presidente Petro mantener la figura de las EPS, con giro directo por parte del la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y sin integración vertical. Ahora bien, el proceso para la presentación de la reforma a la salud ante el Congreso ha sido muy controversial porque, por un lado, su proceso representó el primer punto de quiebre del gabinete de Petro, que tras varios desacuerdos al interior de su equipo ministerial destituyó al ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Y hasta último minuto los puestos de Cecilia López en el ministerio de Agricultura y José Antonio Ocampo en el ministerio de Hacienda estuvieron en duda. Por otro lado, se observó cómo los distintos procesos de concertación de la reforma a la salud se dieron sin la participación de la ministra de Salud, Carolina Corcho; pues varios de sus artículos estaban siendo negociados a puerta cerrada entre el presidente Petro y los partidos Conservador, Liberal y La U. Lo que siembra dudas sobre la capacidad de la ministra Corcho para ser una figura conciliadora de la reforma. Pese a lo anterior, el Partido Liberal ha declarado que no apoyará la reforma a la salud, debido a que Corcho no tuvo en cuenta las modificaciones que solicitaba la bancada para apoyar el proyecto. Por la misma razón, después de ver el último texto de ponencia radicado, los partidos Conservador y La U se bajaron del apoyo a la reforma. Con esta decisión la reforma a la salud está en cuidados intensivos, pues en el primer debate en Cámara de Representantes el gobierno necesita 12 votos de los 21 votos para seguir adelante. Sin liberales, conservadores y de La U, no están los votos necesarios para su aprobación. No obstante, el gobierno, según Daniel Coronell, tiene la estrategia de negociar con cada congresista de los partidos de la coalición que ya no apoyan la reforma a la salud, veremos si esta estrategia, que terminará siendo muy cara, le funciona a Gustavo Petro. Reforma política La reforma política inició su quinto debate en la Comisión Primera del Senado, cargada de artículos polémicos que fueron criticados desde el 2022 y que no hacían otra cosa que alimentar a los clanes políticos y partidos tradicionales en el país. Eran varios los ‘micos’ que adornaban esta reforma, que para muchos era ‘la reforma de la politiquería’. Una de las propuestas más criticadas era la del denominado artículo ‘Roy Barreras’, que les permitía a los congresistas ser nombrados ministros, adicionalmente, este artículo proponía que si el congresista renunciaba a su cargo como ministro, podía volver a su curul sin ninguna inhabilidad, lo cual rompe con el principio democrático de la separación de poderes. Otra propuesta controversial eran las listas cerradas, que en un principio se presentaron como la mejor alternativa para acabar con la corrupción y garantizar la paridad de género. Dicha propuesta terminó desdibujada al plantear que en las próximas elecciones legislativas de 2026 se tendría en cuenta el orden de la elección de 2022 para conformar las listas cerradas, es decir, los actuales congresistas ocuparían los primeros puestos de las listas de sus partidos en 2026. Esta propuesta, además de desincentivar la equidad de género, le daba la posibilidad a los líderes de los partidos de elegir a dedo los candidatos que conformarían las listas, lo que pondría en riesgo la democracia. El último ‘mico’ era el artículo que habilitaba el transfuguismo, pues este permitía que los congresistas elegidos por voto popular pudieran cambiar de partido político sin tener que renunciar a sus curules, eliminando así el riesgo de caer en doble militancia. La ponencia presentada para el nuevo debate puso en tensión las relaciones entre el ejecutivo y algunas fuerzas políticas que hacen parte de la coalición de gobierno, como el Pacto Histórico y el partido Alianza Verde. En consecuencia, la reforma política no logró tener el apoyo necesario en la Comisión Primera del Senado, lo que desencadenó en que el presidente Gustavo Petro le quitara el apoyo a la reforma y Roy Barreras retirara la reforma tras argumentar que el documento actual no contaba con ningún tema progresista. Cabe señalar que la reforma política era la moneda de cambio de Petro para lograr que el Congreso apoyará sus otras reformas, como la de salud, la laboral, pensional y la ley de sometimiento. Petro, al darse cuenta que esta reforma además de no satisfacer a los partidos tradicionales para apoyar sus reformas estaba desgastando a sus principales aliados políticos —el Pacto Histórico y el partido Alianza Verde—, decidió quitarle cualquier tipo de apoyo. Si bien el gobierno anunció que volvería a presentar una nueva reforma política, su avance será complejo, porque si la nueva reforma política se presenta en el segundo semestre de 2023, prácticamente empezaría con el pie izquierdo, debido a que la mayoría de congresistas estarán enfocados en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Plan Nacional de Desarrollo El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es uno de los proyectos más importantes para el gobierno nacional, pues es la hoja de ruta con la que el presidente Gustavo Petro plantea las bases que regirán la administración nacional durante su mandato y que será clave para la transformación territorial. En este orden de ideas, el 20 de marzo fue radicado en el Congreso el informe de ponencia con el que se llevará a cabo el primer debate del proyecto de ley sobre el PND 2022-2026, el cual se denominó “Colombia: Potencia mundial de la vida”. Desde su radicación, varios han sido los artículos que han generado controversia en el Congreso. El primero se refiere a las facultades extraordinarias que el PND le otorgaría al presidente de la República. Esta condición especial le permitiría a Petro resolver asuntos importantes por decreto en lugar de tramitar un proyecto de ley ante el Congreso. Así mismo, con estas facultades, las cuales tienen una duración de seis meses, Petro podría poner en marcha políticas públicas como la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Otro aspecto inquietante en el PND es la prohibición de los nuevos proyectos mineros para la extracción de carbón y petróleo. Lo preocupante de esta propuesta es que el proceso hacia la transición energética implica cambios estructurales en la economía para dejar de depender de la industria petrolera como principal generador de divisas en el país. Más aún, según la Contraloría, los procesos de transformación productiva y sus impactos en el mercado laboral no se verían reflejados a corto plazo, teniendo en cuenta que el periodo del PND son cuatro años, sino que se requieren políticas sostenidas de industrialización y apoyo de otros sectores estratégicos, de los cuales sus resultados lograrían consolidarse en una o más décadas. Finalmente, la cereza del pastel es el artículo que autoriza la celebración contratos de manera directa con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro, a través de asociaciones públicas. Lo controversial de esta propuesta es que de ser aprobado el PND con este artículo se habilitaría la contratación a dedo, lo que podría promover conductas de corrupción. Así mismo, la Procuraduría General aseguró que estas modalidades de contratación “podrían llevar a la desviación de recursos públicos con fines políticos o electorales”. El proceso que le resta al PND es ser presentado en las plenarias de la Cámara de Representantes y luego en Senado, pues ya se surtió en comisiones conjuntas el debate por parte de las comisiones económicas del Congreso. El Congreso tiene como fecha máxima el 07 de mayo para analizar, debatir y aprobar el proyecto de ley. Seguramente el PND será aprobado por el Congreso antes del 07 de mayo, ahora bien, el reto del gobierno es que le aprueben los artículos fundamentales para aplicar su reforma territorial en los próximos tres años de mandato. Reforma Laboral La reforma laboral representa un gran reto para el gobierno Petro, pues, por un lado, el mandatario buscará reforzar las prestaciones sociales de los trabajadores y, por otro lado, la reforma seguirá poniendo a prueba el apoyo que tiene el gobierno nacional entre los legisladores para aprobar esta y otras reformas que el gobierno tiene pensado tramitar en el primer semestre del 2023. Al igual que la otras reformas, la laboral no se ha salvado de las críticas. Uno de los temas más álgidos que pone a debatir esta reforma es lo referente a las contrataciones de los trabajadores, pues varios gremios han argumentado que al aumentar los costos de contratación se correría el riesgo de elevar la tasa de desempleo y por ende aumentar el número de trabajadores en el mercado informal. De igual forma, se ha argumentado que la reforma laboral pone en riesgo el empleo de aproximadamente 80 mil personas que operan como repartidores a través de plataformas digitales, pues la propuesta de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, busca implementar la laboralidad obligatoria, lo que quiere decir que las empresas a cargo de estas plataformas tendrían que contratar a todos los repartidores con horario e ingreso fijo, acabando con la alternativa que tienen muchos trabajadores de determinar su tiempo laboral. Adicionalmente, esta propuesta obstaculizaría la opción que tienen muchas personas en situación de desempleo de trabajar en estas aplicaciones digitales, pues para trabajar en estas tendrían que pasar el proceso que cualquier trabajador formal realiza, esto es, enviar una hoja y aprobar los distintos filtros que imponga la empresa a la que se aplique. Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el incremento en los costos laborales, el cual se calcula que es entre un 35 a un 50 por ciento, podría dejar desempleados a más de medio millón de personas. Por lo que, de acuerdo con este gremio, la reforma laboral no sería una solución al problema de informalidad, por el contrario, dificultaría la obtención del empleo. Teniendo en cuenta lo anterior, el panorama que rodea a la reforma laboral no es muy alentador porque, por un lado, el gobierno no cuenta con el apoyo de parte de los gremios económicos y, por el otro, su proceso en el Congreso se complica sin el apoyo de la bancada conservadora, que está de acuerdo con los reclamos de los sindicatos. A esto se suman los reparos que ha hecho el partido de La U, que considera que la reforma promueve la informalidad. Por parte del partido Liberal, aún no es claro el apoyo a la propuesta del gobierno. La reforma laboral será presentada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Inicialmente, para ser aprobada en Cámara, el gobierno necesitará 12 votos de los 21 que hay. Sin el apoyo del partido Conservador, la reforma laboral lograría pasar a debate en Senado. No obstante, las otras reformas que ha presentado el gobierno nacional han evidenciado que los partidos Liberal, Conservador y de La U suelen trabajar en bloque, lo que eventualmente —de no lograr un acuerdo con estas bancadas— podría resultar en la caída de la reforma laboral en el Congreso. Y ahora, ¿qué va a pasar? Con todo esto surge la pregunta sobre cuál es el futuro del gobierno, sus reformas y la coalición de gobierno. La caída de la reforma política y la inestabilidad que presentan las denominadas reformas sociales como la reforma laboral, la reforma a la salud y, posiblemente, la reforma pensional, evidencia la crisis de gobernabilidad que está atravesando Gustavo Petro que, entre otras cosas, es causado por la rebeldía de partidos que hacen parte del gobierno como el Conservador, el Liberal y de La U al no apoyar las reformas. A esta situación de las reformas sociales se suma la situación en el Congreso de la Paz Total. La situación de seguridad en el país ha dado pie a que la denominada ley de sometimiento colectivo sea muy criticada, en especial por el fiscal General de la Nación y la procuradora General de la República. En el proceso la ley de sometimiento seguramente será reducida pero aprobada por el Congreso, con el único problema que el camino de las transformaciones que se hagan en el legislativo dará pie a que lo aprobado sea muy parecido a mecanismos que ya establece la ley actual sobre beneficios respecto al sometimiento individual. Esta situación de una posible crisis futura se ve alimentada por el surgimiento de un líder de oposición potencial, Germán Vargas Lleras, quien dejó su columna en El Tiempo e hizo que el partido Cambio Radical se declarara en oposición al gobierno. Esto demuestra que con el pasar de los meses el gobierno nacional enfrenta una creciente resistencia y alguien como Vargas Lleras puede unir a esa oposición. La caída de la reforma política no es más que la crónica de una muerte anunciada sobre lo que podría sucederle a las otras reformas que se encuentran en proceso de ser presentadas ante el Congreso, esto es, renegociación de los partidos tradicionales (Conservador, Liberal y La U) directamente con Petro, cambio sustancial del contenido de las reformas y finalmente el hundimiento del proyecto en el Congreso. Desde el inicio del gobierno Petro se planteó la complejidad detrás de mantener su coalición, en especial mantener en ella a partidos como La U, el Liberal y el Conservador. Para el primer trimestre de este 2023 se evidenció la complejidad ya anunciada y parece que es solo cuestión de tiempo para que sea en bloque o uno a uno que los ya mencionados partidos salgan de la coalición de gobierno. Esto pasará con mayor razón porque este año son elecciones locales y estos partidos quieren mantener o crecer políticamente en los territorios y si se mantienen con el gobierno, ante la situación actual que vive el país, especialmente en temas de seguridad, sus electores sin duda alguna se lo cobrarían en las urnas. Ante la situación actual a Gustavo Petro se le debe resaltar que volvió a poner en la agenda pública el debate sobre las transformaciones sociales en el país, cosa que en el gobierno de Iván Duque nunca pasó. Pese a ello, Petro debe preguntarse si su estrategia de presentar todo un paquete importante de reformas es la más adecuada para lograr las trasformaciones sociales o si debe bajar sus expectativas y priorizar la presentación y aprobación algunas de las reformas y leyes presentadas. Además de ello debe pensarse su política de seguridad, pues a partir de las decisiones que tome respecto a temas de la Paz Total su coalición sobrevivirá más o menos tiempo.

Por: Odevida Según datos del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), d e 2019 al 07 de marzo de 2023 han sido asesinadas 104 mujeres lideresas en Colombia: 22 en 2019, 34 en 2020, 28 en 2021, 14 en 2022 y seis en lo que va de 2023. El registro de asesinatos contra lideresas sociales es una violencia que no cesa y, por el contrario, todo indica un alza en estos indicadores de no tomar los correctivos necesarios en materia de seguridad priorizando un enfoque de género. Los asesinatos contra lideresas y defensoras de derechos humanos han tenido un epicentro notable en la región suroccidental del país. En 2022, el 71% de estos de estos asesinatos se concentraron en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo, departamentos en los que hay fuerte presencia de Grupos Armadas Organizados (GAO), como lo son: el Clan del Golfo, el ELN y los Grupos Armados Pos FARC (GAPF), así como presencia de economías criminales que han sido combustible de la guerra. En relación al 2023, se han presentado seis asesinatos contra lideresas, concentrándose especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, cada uno con dos y tres hechos respectivamente. De manera tal que, en perspectiva, desde 2022 estos dos departamentos se han constituido lamentablemente como epicentro para la vulneración de la vida de mujeres lideresas, sumando ambos diez casos en total, es decir, un 50% de los casos. De los 20 asesinatos desde 2022 a la fecha, los liderazgos que se han visto más afectados son los comunales, con cinco casos, es decir, mujeres lideresas que fungían como presidentas o integrantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de sus localidades o corregimientos. En segundo orden, los liderazgos indígenas son quienes se han visto más afectados, con un total de cuatro casos, que se concentran en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo. Los liderazgos comunales e indígenas componen el 45% del total de casos, lo que nos podría indicar que los tipos de organización más victimizados, en este universo de datos, son indígenas y comunales. La actividad de las mujeres lideresas se ve afectada en los territorios controlados por los grupos armados, pues las normas de regulación social impuestas por estos limitan mediante acciones de amenaza, hostigamiento e intimidación, principalmente, el pleno ejercicio de sus luchas; además en los territorios en disputa, las lideresas son propensas a ser señaladas de pertenecer o colaborar con uno u otro GAO, lo que aumenta el riesgo a ser víctimas de violencias. A su vez, las mujeres son sometidas a violencias muchas veces al interior de sus propias organizaciones, de sus círculos familiares y de la sociedad en su conjunto debido a que su ejercicio político es identificado como una amenaza a los roles tradicionales que supuestamente deben asumir, vinculados con el cuidado y circunscritos al ámbito doméstico. La identificación de responsables intelectuales y materiales de estos hechos, así como el esclarecimiento de los casos, tiene porcentajes muy bajos de eficacia por parte de la Fiscalía, en este sentido, los perpetradores permanecen impunes y las garantías de no repetición son escasas. Existe un porcentaje de casos que asciende casi hasta el 80% sin una responsabilidad determinada de un Grupo Armado Organizado (GAO) o actor no identificado, esto equivale a 81 asesinatos sin esclarecer del total de 104 casos, mientras que en el caso de los Grupos Armados Pos FARC (GAPF) se ha identificado su participación en 14 oportunidades. Lea el informe completo con toda la información, el análisis y dos testimonios de dos lideresas colombianas, aquí:

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico “No hay una política de desarrollo rural en el distrito, pero sí posiblemente está la norma de extracción, claro, de que nuestra riqueza vaya a fortalecer grandes ciudades. Pero no hay una política, contrario, de que nos fortalezca internamente para evitar desplazamiento, los malos usos de los recursos naturales (…) Aquí solo estamos esperando que haya una catástrofe. No hay un diseño para que nosotros vivamos dignamente en el territorio (…) estamos tomando decisiones de supervivencia”. Palabras de líder social de Yurumanguí, Buenaventura Estas palabras de un líder social de Yurumanguí resaltan el desespero por la situación humanitaria que actualmente se vive en las zonas rurales de Buenaventura, pero a su vez reflejan la esperanza que sienten quienes insisten en movilizarse y visibilizar lo que se está viviendo en el territorio. Complementando a la frase “no hay una política de desarrollo rural”, es clave señalar que dicha ausencia se tiene que responder con el interrogante de ¿qué ha pasado con la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)? Pregunta que también abarcan elementos de la política de seguridad e iniciativa de diálogo de paz que actualmente es impulsada desde el Gobierno Nacional y que anunció a Buenaventura como laboratorio para la Paz Total, que si bien logró resultado en la zona urbana, no se ve reflejada en las zonas rurales, en donde continúan los enfrentamientos y desplazamientos masivos (Ver: Primeros resultados de la paz en Buenaventura: cifras del delito 2021-2022). Movilización y acuerdos logrados por la vida en el territorio Como acto de respuesta y visibilización de la difícil situación humanitaria que se está enfrentando en los territorios rurales de Buenaventura, los constantes riesgos y el desespero, las comunidades llevaron a cabo la Movilización Cultural Por la Vida en el Territorio, en el sector reconocido como El Gallinero, durante los días 22 y 23 de marzo (Ver: Por la paz y la vida protestan las comunidades rurales en Buenaventura). Las comunidades hicieron un llamado al Gobierno Nacional, al Comisionado de Paz y al ministro del Interior, para abrir una mesa de diálogo y trabajar sobre 20 puntos de petición que dieron a conocer a través de un comunicado público: De estos puntos se resaltan los siguientes: Que los acuerdos con los actores armados ilegales deben extenderse para desmontar el control social que tienen al interior de las comunidades. Que, en un gesto de compromiso con la paz, los grupos armados devuelvan a los líderes y habitantes desaparecidos, como lo son Édinson Valencia y Abencio Caicedo, además que esclarezcan los asesinatos de las dos autoridades étnicas de Cajambre y Raposo. Que se establezca una ruta para que los grupos armados devuelvan a los jóvenes y menores reclutados para la guerra en sus territorios. Frente a los puntos demandados, Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura, en entrevista para la Oficina Pares Pacífico, resalta que “de esos 20 puntos hay unos 3 o 4 puntos más importantes para nosotros. Entre ellos, es que cuando el Comisionado de Paz haga esos acuerdos con los autores armados, se tenga en cuenta la realidad de los pueblos. En este caso, del Pacífico, del Sur Occidente, pero de todo un país. Porque los acuerdos bilaterales, hasta entonces, están sirviendo solamente para que el gobierno no ataque a los actores armados, pero todos siguen haciendo todas las actividades lesivas. Y acá han llegado hasta a hacer retenes en las comunidades”. A partir de dicha movilización de los días 22 y 23 de marzo, el día 24 de se llegaron a unos acuerdos entre el Gobierno Nacional y el gobierno distrital con los consejos comunitarios y organizaciones étnico-territoriales del Proceso de Comunidades Negras – Palenque Regional El Congal y Articulados: Los acuerdos logrados se agrupan en cinco temas centrales: Proceso de negociación de la paz. Medidas de protección colectivas. Asistencia humanitaria. Fortalecimiento a las organizaciones y consejos comunitarios. Reparación integral colectiva. Entre los acuerdos se encuentran la concertación de rutas de verificación, la realización de mesas técnicas de discusión, reuniones presenciales, pronunciamientos públicos, disposición de acompañamientos, entre otras actividades, que se espera que realmente contribuyan a la mejorar la situación humanitaria que hoy viven las comunidades rurales en Buenaventura. Para cada uno de los puntos se establecieron compromisos especificando responsables y fechas de ejecución, siendo, además, firmado por la viceministra para el Diálogo Social; el director de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior; el asesor del despacho de la oficina del Alto Comisionado para la Paz; el alcalde distrital; entre otros funcionarios, así como también fue firmado por varios delegados comunitarios representantes de los consejos comunitarios y organizaciones étnicas-territoriales. Persisten los enfrentamientos en las zonas rurales de Buenaventura Aún con los acuerdos logrados entre el Gobierno Nacional, distrital y las comunidades étnico-territoriales, en el marco de la protesta y movilización cultural que tuvo lugar en el sector conocido como El Gallinero en Buenaventura el pasado 22 y 23 de marzo, tan sólo tres días después, el 26 de marzo, se presentó el desplazamiento masivo hacia el casco urbano de aproximadamente 114 familias de la zona rural, más exactamente de la cuenca del Río Cajambre, en donde quedaron otras familias confinadas a causa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control del territorio. Las 400 personas que salieron de Cajambre se suman a los cientos de personas de Yurumanguí y a los miles del Bajo Calima que fueron desplazadas. En cada cuenca reportan afectaciones y se suman a las difíciles situaciones que se vive en Buenaventura y que profundizan la crisis humanitaria que se ha mantenido durante los últimos 3 años. De ahí la insistencia de las comunidades en exigir un acuerdo humanitario y que desde la Oficina Pares Pacífico se viene alertando (Ver: Crisis humanitaria en zonas rurales de Buenaventura y recomendaciones sobre la violencia territorial). Recordando, además, que en enero del presente año el Gobierno Nacional lideró la denominada Caravana Humanitaria del Bajo Calima y el Río San Juan, con el objetivo de conocer de primera mano los requerimientos de las comunicades de la región afectadas por el conflicto. Caravana que se enmarcaba en los diálogos con el ELN, pero vale la pena recordar que en Buenaventura hay presencia de distintos grupos armados y que se desarrollan tres guerras: una en las cuencas de los ríos del sur entre las disidencias del Frente Jaime Martínez de las FARC versus una alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia; otra guerra es la del Bajo Calima y el Bajo San Juan, entre el ELN y una arremetida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC/Clan del Golfo; y la tercera y de mayor concentración que está en pausa por los acuerdos entre Shottas y Espartanos. ¿Qué sigue para las comunidades rurales de Buenaventura? Lograr la Paz Total en Buenaventura implica poner el foco no sólo en las manifestaciones del conflicto armado, que claramente hay que atender de manera urgente, sino que también implica concentrar esfuerzos en analizar varios elementos que contemplen un enfoque integral que aborde la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos, empleabilidad, oportunidades de generación de ingresos, además de los acuerdos humanitarios para lograr garantizar la real protección de la vida en el territorio. Un ejemplo de ello es hacer seguimiento y tomar medidas frente a los PDET, que tienen como objetivo el impulso del desarrollo económico y social de las regiones más afectadas por el conflicto armado, contemplado en el Acuerdo del Teatro Colón, y que para el caso de la subregión del Pacífico Medio presenta serios retrasos, lo que no ha permitido centrar esfuerzos en el desarrollo rural. Destacando cifras como las expuestas en el último informe de la Agencia de Renovación del Territorio, que para agosto del 2022 exponía algunos elementos como: Entre los años 2019 y 2021 la Unidad de Restitución de Tierras entregó 1.956 predios en municipios PDET, de los cuales la subregión del Pacífico Medio no se vio beneficiada. Para el periodo 2018-2021 la Agencia Nacional de Tierras formalizó y adjudicó 264.883 hectáreas, de las cuales ninguna fue formalizada en el Pacífico Medio. Frente a los créditos aprobados a los pequeños productores agrícolas para el 2021 se resalta que mientras en las subregiones del Alto Patía y Norte del Cauca representan un total del 23,5% de dichos créditos, los mayores rezagos los presentan Pacífico Medio y Chocó con un 2,5% y un 1,4% respectivamente. Lo anterior refleja lo corto que se han quedado los PDET en el Pacífico Medio que contribuyen a la profundización de la desigualdad y la crisis en la región. De no atenderse de manera integral las problemáticas expuestas, se corre el riesgo de que las comunidades rurales en Buenaventura sigan viviendo en medio de una crisis social y económica, además de la profundización de la crisis humanitaria por la presencia de los distintos grupos armados que se disputan el control del territorio, y que cada vez sea más difícil conseguir soluciones en el corto plazo que logren atender lo urgente. Las comunidades continúan haciendo un llamado desesperado al Gobierno Nacional, apelando a la supervivencia, porque, como lo plantea el líder social de Yurumanguí: “la lucha debe continuar y uno debe estar permanente y perseverante porque la ley lo que hace es simplemente dar un derecho y reconocer el derecho, entonces el trabajo lo tenemos que hacer las comunidades (…) Solamente unidos podemos digamos, resolver todas las situaciones que tenemos, de lo contrario, lograríamos cosas, pero no lo esperado, lo soñado”.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad El lanzamiento de la Fuerza de la Paz El pasado 21 de febrero el presidente del Congreso, Roy Barreras, lanzó su partido “La Fuerza de la Paz”, con el que tendrá la capacidad de dar avales para las elecciones regionales. Bajo el lema “la paz tiene partido”, en el salón rojo del Hotel Tequendama el senador del Pacto Histórico presentó su partido acompañado, entre otros, de varios exfuncionarios del gobierno Santos, incluyendo al propio ministro Alfonso Prada, que asistiendo se arriesga incluso a una investigación de la Procuraduría por participación en política. Dentro de los invitados “ilustres” estuvo el excontralor Carlos Felipe Córdoba, los exministros Germán Cardona, Mauricio Cárdenas, Mauricio Santamaría, Griselda Restrepo y Yesid Reyes, el exprocurador Fernando Carrillo y los excongresistas avalados por Cambio Radical Germán Varón Cotrino y Rodrigo Lara. Santos mismo dio un saludo, diciendo que, aunque está retirado de la política electoral, en la defensa de la paz le parecía “oportuna” la iniciativa de Barreras. Con el nuevo partido, Barreras logra por fin el sueño de tener su propia plataforma política y se vislumbra como una competencia incluso para la propia coalición del Pacto Histórico, dentro de la que se encuentra hoy. La Fuerza de la Paz obtuvo su personería jurídica después de escindirse del Partido Alianza Democrática Amplia (ADA), gracias a la cual Barreras y su exesposa, Gloria Arizabaleta, pudieron avalarse dentro de las listas del Pacto. En medio del panorama de la explosión descontrolada de partidos políticos, Roy por fin tiene su propia “chequera” de avales y un buen capital político para estas elecciones de 2023. Roy en la coalición de gobierno, ¿un opositor en casa? Desde el comienzo del trabajo del gobierno Petro en el Congreso la piedra angular ha sido Roy Barreras. Contra algunas voces del Pacto Histórico, como la de Gustavo Bolívar, Roy se quedó con la presidencia del Congreso y ha hecho un trabajo milimétrico, junto a David Racero y el ministro Prada para sacar adelante la agenda de Petro. Solo en el primer semestre de la primera legislatura lograron la aprobación del Presupuesto General de la Nación, la reforma tributaria, la ley 418 (Paz Total – ley de orden público), la creación del Ministerio de la Igualdad y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Un Congreso andando como un relojito, trabajando horas extra y que ahora tiene como mínimo 31 reformas por delante. Sin embargo, los problemas han empezado a notarse con el trámite de la reforma a la salud. Aunque apenas desde el 16 de marzo arrancó formalmente su trámite, pues en el llamado a sesiones extraordinarias no se pudo, el inconformismo de Roy con la ministra de Salud y con buena parte de lo planteado en la reforma ha sido explícito. El mes pasado le concedió una entrevista a la Revista Semana, principal medio opositor del gobierno, en la que aunque dijo que estaba de acuerdo con el 90% de la reforma, consideraba que ella tenía una “posición un poco arrogante”. Como ha sido evidente con el pasar de los días, el gobierno apuntó alto en sus pretensiones con la reforma para poder negociar con los partidos políticos que están, de manera oportunista, en su coalición –el conservatismo, el partido de La U y el liberalismo–, pero también ha tenido que negociar con el propio Roy. Apenas hace unos días lograron “limar asperezas” con la ministra Corcho, y aunque Barreras dice que la coalición de gobierno está “sólida”, los rifirrafes que ha habido en público con otros miembros de la bancada, como el senador Alexander López, muestran otra cosa. El 09 de marzo, López le dijo a Roy “llevas tres meses atacando al gobierno del cambio por el que votaste. Agredes al movimiento social, a ministros, ¿y ahora soy yo el de la mala leche? Lo notifico, el programa del cambio se cumple a pesar de ustedes. Luchamos para sacar a nuestro pueblo de la miseria a la que ustedes nos llevaron” en un intercambio en Twitter. Wilson Arias también ha criticado a Roy. Justo después del lanzamiento de la Fuerza de la Paz dijo que tendría que elegir “entre la paz grande, de justicia social y la paz chica, neoliberal; entre ser proyecto clientelar y la renovación”. David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, incluso señaló que aunque Roy “quiere aparecer como el gran conciliador entre el Gobierno y los que atacan. Ha conseguido algo: quitarle el discurso a la oposición”, lo que muestra que las críticas públicas de Barreras y muchas de sus posiciones no han sido para nada bien recibidas dentro del corazón del Pacto Histórico. Barreras, además, ha presentado duras críticas al proyecto de Paz Total del gobierno, en el que también ha habido críticas del ex Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y de Humberto de la Calle, ambos negociadores del proceso de paz con las FARC y cercanos a Santos. A principios de marzo le pidió al gobierno suspender conversaciones oficiales o extraoficiales con los narcotraficantes y señaló que el camino era la “aprobación de la ley de sometimiento”, aunque desde el gobierno la actitud ha sido la de buscar una negociación amplia con muchos actores que son difusos de definir en su carácter político y criminal. Asimismo, pidió a los voceros del gobierno descalificar la “justicia por mano propia” después de los eventos ocurridos en Caquetá que llevaron a la retención de algunos policías por parte de un grupo de campesinos. A pesar de que Roy sostiene que sigue siendo muy cercano a Petro, las diferencias ideológicas son manifiestas. “Petro es un líder de la izquierda y yo soy un hombre de centro, liberal social-demócrata” le dijo a Caracol. La Fuerza de la Paz: competencia sin asco En la presentación del partido quedó claro que Barreras no tendrá problemas en avalar candidatos cuestionados. Además de la polémica que surgió por la pretensión de acompañar a la exgobernadora del Valle y hoy presidenta de La U, Dilian Francisca Toro, quien buscaría ese mismo cargo de nuevo, la Fuerza de la Paz también avalaría a Jorge Rey, cuestionado por presunto volteo de tierras, quien también busca de nuevo la gobernación de Cundinamarca. La Silla Vacía hizo un conteo completo de los candidatos que tendrían el apoyo del nuevo partido, que se convertiría en una piedra en el zapato para el Pacto en departamentos que fueron clave para la victoria de Petro, como el Valle del Cauca, Atlántico o incluso Bogotá, donde no se descarta que Barreras apoye a Rodrigo Lara. Barreras y otros santistas, como Alfonso Prada o Armando Benedetti, sin duda han sido operadores políticos excepcionales para Petro, pero en cualquier momento podrían armar “rancho aparte” y convertirse en una de las fuerzas opositoras del Pacto Histórico en las regionales. Es un negocio redondo el que hizo Roy: se subió al bus correcto en el momento correcto, acabó siendo presidente del Congreso y pieza clave para la aprobación de las reformas en la primera legislatura. Y a la vez, conformando una nueva casa para los santistas que de nuevo tienen un logo propio.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Entrevista con Paola Zavala Saeb, directora de la Organización Comunitaria por la Paz (OCUPA) México1 Miguel Ángel Rubio (Pares): ¿cómo es el contexto de violencia en México y cómo afecta a los jóvenes de hoy en Ciudad de México y en el país en general? Paola Zavala Saeb: a mí me preocupa la realidad mexicana con respecto a los jóvenes en dos cosas: 1a utilización de los jóvenes para cometer delitos muy graves, particularmente los homicidios, lo que me lleva a preguntas muy fuertes a nivel jurídico y ético. En México hace algunos años habíamos avanzado en una reforma penal en la que se trataba que los jóvenes no recibieran el mismo trato penal que los adultos. Actualmente los menores de edad tienen un sistema de justicia distinto, hay un sistema de justicia para adolescentes, en el que hasta los 18 años este tratamiento es diferente. Los centros de internamiento son completamente distintos, de casa hogar, donde les dan muchas capacitaciones, etc. Y sus penas son muy cortas, entonces lo que pasa es que están siendo utilizados por el crimen organizado, porque estos chavos, pues si llegan a pisar la cárcel, su pena será corta y saldrán, entonces aquí en México hemos hecho ya algunos estudios, que evidentemente están basados en testimonios de cuánto les pagan por matar a alguien y el promedio que hemos encontrado desde OCUPA son 6.000 pesos al mes, 6.000 pesos por vida cegada. Esto suena aterrador, que los jóvenes estén dispuestos a hacerlo por esa cantidad de dinero y cómo son usados. Y otros a los que ni siquiera hay que pagarles, que son cooptados desde muy temprana edad. Porque i tú estás en un entorno como el de estos barrios, en los que todo es violencia, todos tus compañeros hacen lo mismo, tus vecinos se dedican a la criminalidad y no es mal visto, hasta incluso es aplaudido por las familias, por las madres, por las novias, por las canciones, por la cultura, etc., lo que haces es adaptarte a ese entorno y entonces son jóvenes que piensan en el sicariato porque es un modo de vida, es como un nuevo estatus al cual aspirar y eso es muy grave. Ustedes lo tienen muy claro con Escobar, pero aquí también tienen al Chapo y algunos que también pueden ser vistos como héroes en cierto sentido, también llevados por las narco-series y todo esto. Son roles a los cuales aspiran los jóvenes, además cuando no tienen de donde más agarrarse, cuando no hay una estructura estatal educativa, cuando no hay posibilidades reales de subir en la escala social, me refiero a la económica, cuando todo tu entorno las posibilidades que ofrece son violencia, pues los chavos desde muy temprana edad empiezan a reproducir y a vivir esa violencia y además desde una perspectiva que antes no teníamos vista, que es sin culpa, con orgullo. Miguel Ángel Rubio (Pares): ¿qué ha hecho el Estado Mexicano para contrarrestar un poco esta violencia de los jóvenes en el país? ¿Qué programas, qué ideas o estrategias ha diseñado el gobierno específicamente para los jóvenes? Paola Zavala Saeb: las estrategias del gobierno de Andrés Manuel López Orador se contraponen muchísimo. Primero el presidente dice que “abrazos no balazos”, que la violencia genera más violencia en el discurso. Y pues hace ciertas cosas de política pública en las que a mí no me queda claro cómo inciden en la disminución de la violencia. Porque son política pública general, o sea es cierto que ha abierto nuevas universidades públicas, es cierto que apoya becas para mantenerte en las escuelas, sobre todo a nivel de estudio esto es importante, sin embargo sigue con la idea prohibicionista de las drogas muy arraigada, igual que Calderón, idéntico a quien declaró la guerra contra las drogas en México. En ese sentido tú estás todo el tiempo oyendo en la radio que las drogas destruyen y viene un aumento a la prisión preventiva oficiosa. En México, como tenemos una incapacidad absoluta para poder juzgar conforme a los derechos humanos a la gente, nos hemos puesto algunos límites constitucionales, entonces contemplamos la figura de la presunción de inocencia, entonces tu tendrías que ir a la cárcel con una sentencia condenatoria, o sea una vez que has vivido tu proceso que puede determinar que eres culpable. Pero en México no, hay una serie de delitos que puedes vivir el proceso dentro de las cárceles, en lo que averiguan si eres culpable o inocente con una acusación por parte del fiscal. Al principio lo hicieron para delitos muy muy graves como secuestro y homicidio, y ahorita son 30 delitos los que merecen prisión preventiva, ya porque son incapaces de comprobar la culpabilidad. Hoy la mayoría de las personas que caen a prisión por medio de la prisión preventiva oficiosa son jóvenes, es decir, tenemos un Estado súper punitivo y eso ha pasado con Andrés Manuel López Orador, se ha vuelto más punitivo y punitivo a gente que ni siquiera estamos seguros de su culpabilidad, que ya te sabes el perfil: pobres, sin defensa adecuada, sin terminar la educación básica, que evidentemente casi siempre que tienen una acusación tienen sentencias condenatorias. En Guajaca, un territorio con muchísima población indígena, el 100% de las acusaciones acaban en sentencia condenatoria. Evidentemente esto tiene una relación clarísima con temas de pobreza y de defensa inadecuada, hasta de temas de lenguaje de que no tuvieron ni traductor ni nada, resulta que ahí sí es eficiente el Ministerio Público y todos los que a los que acusan los condenan. Ahí hay una cosa muy grave que está afectando particularmente a las juventudes, que es la prisión preventiva oficiosa. Pueden estar en cárcel, la Constitución dice que dos años, pero la verdad es que todos están más de dos años y ese es un tema muy importante y no desapareció en México con este nuevo gobierno, incapaz de reconocer avances de otras administraciones y otros tipos de gobierno, cosas que hicieron y que tenían muchos aciertos. A mí me parecía un acierto una Subsecretaría de Prevención Social del Delito, y era una Secretaría que no estaba adscrita a Seguridad Pública, sino a la Secretaría de Gobernación, o sea tenía una perspectiva social y justamente se estaban haciendo investigaciones. ¿De dónde son los cuadrantes con mayor número de delitos?, ¿qué delitos se comenten?, ¿quién los está cometiendo? Pero cero incidencia pública diferenciada, o sea abrir escuelas, poner universidades no necesariamente se va a traducir en bajar los niveles de delincuencia, porque los chavos que están delinquiendo pues muy probablemente ya no están en la escuela, ya han sido cooptados y vienen de entornos que son mucho más complejos que solo hacer la preparatoria y no están entrando para nada a pensar los fenómenos delictivos de manera diferenciada, territorial, por delito, hasta por edades y por contextos en los estados, ni a nivel federal ni a nivel local, no hay una política de prevención real de la violencia y eso es lo que a mí más preocupada me tiene, eso no existe en México, lo que hay es una prevención desde el punto de vista policivo, militarista, que está pasando por el otro lado, si no quieres entrar al narco, tienes enormes posibilidades de entrar al ejército, o sea, el ejército es ahorita la instancia estatal más atractiva para un joven, porque te dan escuela, porque le dan con su familia, vivienda, créditos, becas, entonces la verdad es que si tú eres un chavo pobre de una comunidad como Michoacán, tienes dos opciones, o el narco o el ejército, y pues la gente hay muchos chavos que están siendo captados por el ejército con esta misma lógica de guerra y policía que no creo que nos lleve a ningún lado. Pares: ¿los jóvenes tienen en México alguna instancia que reglamente la participación política? Paola Zavala Saeb: en la Ciudad de México existe el Instituto de la Juventud y también existen instancias a nivel federal de México como país. Los institutos juveniles son parte del gobierno, pero desde ahí están vistos como instancias de gobierno en las que la participación está sobre todo ubicada a hacer programas, prevención, deporte, cultura, conciertos, capacitaciones, etc., pero no un tema de participación política. La participación política en todo caso se está promoviendo desde los propios partidos políticos. Cada uno empieza a aportar a su base juventudes o no. De hecho, el PRI tiene su base de jóvenes, también MORENA, Jóvenes con MORENA. Pero si me preguntas a mí, me preocupa que México en este momento vive una gerontocracia. La media del gabinete es de 75 años, el fiscal general de la nación tiene 82 años, muchas personas de nuestro gabinete son personas adultas mayores y hay poca participación de los jóvenes. A mí me llama mucho la atención ver que se está militarizando el país, que ya no hay policías civiles y que no hay un movimiento de jóvenes que lo esté cuestionando. ¿Por qué?, pues porque quienes hoy son jóvenes nacieron ya en un lugar militarizado, esto lleva 15 años, entonces su perspectiva ya es de un país militarizado. Lo que hay en este momento son dos movimientos de incidencia política importante: el movimiento de las diversidades sexuales y desde luego los feminismos, movimiento que llena las calles, y que ha cuestionado a este presidente, que llegó como con mucha legitimidad, lo que lo puso frente a las cuerdas. Fue el movimiento feminista en México, que es el que tiene muchas generaciones de mujeres, pero que es un movimiento juvenil. Ahora el 08 de marzo fue impresionante como se llenaron las calles no sólo de la ciudad, sino de todas las ciudades en México y eran jóvenes, mujeres jóvenes y en esa agenda de los feminismos hay mucha complejidad y diversidad, pero yo sí creo que el punto nodal de los feminismos en México es la violencia, no es solo evitar la violencia hacia nosotras, sino superar frecuentemente la violencia social entre todos y todas, entonces ahí es por donde yo veo a lo mejor como una semilla importante en las jóvenes. Miguel Ángel Rubio (Pares): ¿cuál crees tú, serían esas demandas principales, esos reclamos gruesos de los jóvenes en México hoy? ¿Qué dispositivos se necesitarían para que esos jóvenes que están en esa situación de violencia extrema? ¿Cuáles podrían ser esas demandas? Si hubiese un estallido como el que hubo en Colombia, ¿qué crees tú que pedirían? Paola Zavala Saeb: yo creo que un cambio en la política de drogas. Pares: ¿por qué? Paola Zavala Saeb: porque si bien es cierto que nacieron en un contexto militar y todo eso, el referente histórico que tienen es que los tres partidos hegemónicos en México han usado la misma fórmula. Miguel Ángel Rubio (Pares): ¿cuáles son esos tres partidos? Paola Zavala Saeb: El PRI, El PAN y ahora MORENA, derecha, centro e izquierda, o sea, igualito los tres. Pares: como estamos acá, y ¿cuál ha sido el enfoque que han frente a las drogas? Paola Zavala Saeb: el punitivo y el apostar a los militares y a la prohibición, y al castigo, pero no ha resultado ser eficaz, mi miedo es que sea, al contrario, que, ya estando la mesa puesta, se exija un movimiento como el de Bukele. Miguel Ángel Rubio (Pares): un bukelismo. Paola Zavala Saeb: un bukelismo Pares: es una categoría que aparece en la ciencia política hoy, interesante. Paola Zavala Saeb: y le está funcionando, Miguel Ángel, en términos reales de disminución de homicidios, los ha bajado radicalmente. Miguel Ángel Rubio (Pares): ¿pero a qué costo, a un costo político? Paola Zavala Saeb: a la gente no le importa el costo, a ti y a mí nos interesa el costo. Pares: no, pero aquí somos víctimas de eso, es decir en Colombia hubo bukelismo antes de que Bukele se inventara eso, aquí tenemos 6.402 jóvenes asesinados durante el periodo de un presidente de la república. Paola Zavala Saeb: ¿de qué presidente? Miguel Ángel Rubio (Pares): elex presidente Uribe, los famosos falsos positivos, 6.402 jóvenes que el Ejército Colombiano y la policía asesinaron bajo la política de presión y de mostrar resultados, entonces había que mostrar resultados militares para que la imagen del presidente se mantuviera arriba y el Ejército iba matando, ni siquiera poniendo preso, ni siquiera cogiéndolos para meterlos a cárceles como Bukele, no, directamente los iban matando, les iban poniendo traje militar y las botas al revés y los hacían pasar como guerrilleros. Entonces, ¿qué costo tuvo esa política de seguridad democrática? Paola Zavala Saeb: ¿y bajó los índices? Pares: no bajó los índices de inseguridad, pero aumentó los índices de criminalidad. Hay un movimiento hoy muy poderoso que se llama “Las Madres de Soacha”, que son precisamente madres que exigen al gobierno que les digan donde están los cuerpos de esos muchachos asesinados. Porque aquí en Colombia tenemos un dicho, en la región paisa, que dice “de eso tan bueno no dan tanto”. Lo que quiere decir es que eso que parece tan excelente tiene su trampa y su gato encerrado. Paola Zavala Saeb: yo creo que es momento en México de irlo haciendo grande, porque creo que hacia allá van, mira cómo a Bukele sí le está funcionando y la gente no hace un análisis más profundo, la verdad la gente punitiva lo que quiere es que no la maten a ella, si matan al del frente pues ni modo, no o sea pues en algo andaba, es terrible Miguel Ángel Rubio (Pares): es una cultura del crimen, bueno interesante ese cuento. Bueno y el cambio en la política de drogas sería si la legalizaran, supongo. La legalización para bajarle la incidencia del narcotráfico, lo mismo que acá. Paola Zavala Saeb: y también creo que hay que empezar desde el discurso de la libertad, o sea yo creo que ya se agotó que el narcotráfico no tiene sentido como mercado, pero podríamos llegar con los jóvenes con el tema de la libertad, del control de riesgos, de pues es tu cuerpo manito, finalmente, ya más allá de todo eso, porque se está muriendo tantísima gente, porque otros deciden consumir, o sea, no tiene sentido.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Por raro que parezca, en especial con un gobierno de “izquierda”, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) –el organismo de crédito más importante del mundo– elogió este mes al gobierno de Gustavo Petro por el buen manejo macroeconómico que le está dando al país. En su comunicado de presa 23/90, sobre su Artículo IV de Colombia, felicitó a las autoridades económicas del país “por la notable solidez de sus políticas y marcos institucionales”. En el balance que entregó el organismo multilateral este 22 de marzo –luego de la visita de los funcionarios del Fondo a Bogotá a mediados de febrero y después recoger y contrastar la información que tenían de primera mano sobre las distintas variables de la economía– reconoció que el Gobierno nacional ha sabido asumir los retos que le impuso el periodo de pos-pandemia, caracterizado por una recesión mundial y graves problemas financieros. Para el Fondo resultan muy acertadas las políticas que han ejecutado los tomadores de decisiones, lo que ha permitido que Colombia se destaque entre las economías emergentes por ser una de las más dinámicas y prósperas, con un crecimiento económico del 7,5% para 2022. Incluso advierten que, a pesar del incremento proyectado del 1% para este año y del 1,9% para el próximo, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) es envidiable, si lo comparamos con otros países. En breve, para el FMI la economía colombiana se encuentra en una senda de crecimiento sostenible –que estima se eleve en los próximos años a 3,3%–, de allí su admiración y nota de felicitación en este último informe donde respalda “la resiliencia de la economía y su capacidad para responder a las crisis”. Por eso, el informe concluye y certifica que “la política económica del país continúa siendo sólida y encaminada a corregir los desequilibrios macroeconómicos de la pandemia”. Estos buenos resultados son fruto de un manejo macroeconómico acertado, al menos, en cuatro tipos de decisiones. La primera se asocia a la reducción del déficit fiscal. El Gobierno nacional, en lugar de endeudarse y aumentar su gasto en época de pos-pandemia, ha adoptado una conducta de moderar el gasto y cumplir la regla fiscal. El déficit creciente del gobierno central, dejado por la pasada administración que subsidió el consumo de la gasolina, viene reduciéndose durante este nuevo mandato. Según las proyecciones del Fondo, la decisión de ajustar las tarifas de los combustibles hará que el hueco fiscal desaparezca en pocos años y mejoren las finanzas públicas. La segunda decisión importante ha sido la política monetaria restrictiva que viene aplicando el Banco de la República para controlar la inflación. La decisión del emisor de subir las tasas de interés permitirá controlar el nivel creciente de inflación y hará que en los próximos meses se disminuya gradualmente esta variable. Para el FMI, a finales de 2023 la inflación descenderá a niveles del 8,4% y en los dos siguientes años, al cierre del gobierno Petro, nuevamente el índice de precios al consumidor (IPC) volverá al 3% en promedio. La tercera decisión acertada del Gobierno es la de plantear una serie de reformas estructurales con las que se busca “mejorar la equidad y la inclusión social” y proteger a la población más vulnerable. Para el Fondo, las reformas a los sectores de la salud, las pensiones y los mercados laborales son necesarias y convenientes para el país en términos de reducir los desequilibrios internos, de allí que “vieron muy positivamente los objetivos de estas reformas”. En este sentido, según el organismo multilateral, el gobierno Petro está actuando de forma correcta al proponer y defender una serie de reformas económicas y sociales con las que busca promover la transformación productiva con justicia social. Valora el hecho de aprobar una reforma tributaria con la que busca incrementar el gasto social. Aunque reconoce también que este es un tema difícil, en especial con los poderes económicos pues afecta sus bolsillos, de allí que le pide al Gobierno “hacer reformas con cautela”. Estas reformas deben ser consultadas, dialogadas e implementadas con prudencia y cuidado, pues pueden afectar la estabilidad fiscal y financiera del país. Finalmente, la cuarta decisión importante es la de impulsar la transición energética. Esta es una tarea en la que también debe avanzarse con cuidado, mediante un plan a mediano y largo plazo. Esta es una meta estructural que debe impulsarse de forma gradual, pues transformar la dependencia de la economía en productos minero-energéticos como el petróleo y el carbón es una tarea de largo aliento. Pero debe ser una meta frente a la cual debe iniciarse desde ya, para que el planeta transite a una reducción de la emisión de carbono a una situación con un crecimiento económico más sostenible. En síntesis, el organismo económico multinacional felicitó al gobierno colombiano por el buen manejo que le está dando a su macroeconomía. Le dieron su bendición por su compromiso con la reducción del déficit fiscal, el control de la inflación, las iniciativas de reformas sociales y la apuesta por la transición energética. Medidas que han permitido al país que se ubique en la senda del crecimiento sostenible. Una bendición que puede resultar incómoda para algunos sectores, en especial para los críticos del modelo neoliberal y de mercado que impera en Colombia y en el mundo. Pues saben muy bien que el FMI es tal vez el organismo que más defiende y protege las políticas de mercado y al sector financiero internacional. De allí que miren con desconfianza este tipo de honores que le hacen al país. Sin embargo, hay que ver lo positivo y estratégico que puede resultar esta mención de honor del FMI. Esta puede verse como una oportunidad para el país de acceder a créditos más baratos y con menos trámites para realizar inversiones y salir de posibles apuros financieros. La buena evaluación significa que las calificadoras de riesgo mejoraran la confianza inversionista en el país y los bancos prestamista le ofrecerán créditos a menos costos –Línea de Crédito Flexible (LCF) por aproximadamente 9.800 millones de dólares– debido, precisamente, a la “sólida resiliencia de Colombia”. Finalmente, un visto bueno externo que sirve para decirle a la sociedad y al mundo que el gobierno colombiano está trabajando decididamente en cumplir su promesa de desarrollar y desplegar el capitalismo. Que viene impulsando un modelo de mercado que apoya las transformaciones productivas, la industrialización y desarrollo económico, pero que está acompañado con unas políticas que buscan también la justicia social. Un modelo que logra impulsar el crecimiento económico y, al mismo tiempo, provoca que este bienestar se derrame en todos los sectores sociales para reducir la pobreza y las desigualdades. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación presenta su Balance anual de convivencia y seguridad ciudadana – Comparativo 2021 – 2022 , ofreciendo una lectura general de la seguridad en las principales zonas urbanas del país. Los datos referenciados en el presente informe –que comprenden al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022– hacen parte del Sistema Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional. El análisis presentado se hizo en torno a dos tipologías: Delitos de Alto Impacto Social y Resultados Operativos. De los Delitos de Alto Impacto fueron seleccionados un total de siete: Homicidios, Lesiones Personales, Hurto (a personas, a vivienda y a automotores), Extorsión y Amenazas. De Resultados Operativos se consideraron: Capturas, Incautación de Droga e Incautación de Armas. Ahora bien, sobre los territorios analizados se tuvieron en cuenta las aglomeraciones urbanas (que implican una ciudad principal y los municipios aledaños) que generalmente considera la Línea de Investigación para el seguimiento a hechos de coyuntura y análisis de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, estas son: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta. Aquí las cifras más relevantes por Delitos de Alto Impacto y Resultados Operativos a nivel nacional: - Homicidios: 13.543 casos en 2022 que representan un aumento del 1,3%. - Lesiones personales: 110.358 casos para 2022, aumentando 4,7% con respecto a 2021. - Hurto a personas: 352.483 casos registrados en 2022, con un aumento del 29%. El 38,5% de los hurtos suceden a mano armada. - Hurto a residencias: 33.686 casos en 2022, aumento del 6,7% en comparativo a 2021. La gran mayoría de los hurtos a residencias suceden a las 0hrs. - Amenazas: 86.241 casos, con un aumento del 63,7%. Pitalito, Girardot, Barrancabermeja y Jamundí son loscinco de municipios con más casos por cada cien mil habitantes. - Extorsión: 8.632 casos en 2022, aumentando el 10,6% frente a 2021. El 46% de los casos ocurre mediante llamada telefónica. - Capturas: se capturaron 187.024 personas en 2022 (+2,6%). Los delitos con más capturas fueron: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (48.315 capturas); hurto a personas (22.049 capturas); fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (14.995 capturas). - Incautación de estupefacientes: 722 toneladas incautadas en 2022, representando un aumento del 1%. Marihuana y Cocaína representan el 90% de las incautaciones. - Incautación de armas de fuego: 16.430 armas incautadas en 2022, aumentó 11,5% frente a 2021. Revólver (14.851 incautaciones) y Pistola (11.849 incautaciones) son las armas más incautadas. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, los mapas, los análisis y contextos por aglomeración urbana y el resumen de organizaciones delincuenciales que operan en las aglomeraciones priorizadas, aquí:

Por: Katerin Erazo, Periodista El Congreso instaló una nueva comisión para hacer seguimiento a los casos de corrupción en el país, llamada “Comisión Accidental Anticorrupción y de Integridad Pública”, la cual se encargará de investigar y hacer seguimiento a los casos de corrupción en Colombia, así como de proponer medidas para prevenir y combatir este fenómeno que ha afectado negativamente a la sociedad colombiana durante décadas. La Comisión Anticorrupción fue instalada por el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero (Pacto Histórico), y la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde). Además, esta Comisión estará integrada por miembros de diferentes partidos políticos, entre los que se encuentran Jennifer Pedraza (Dignidad), Carolina Giraldo, Duvalier Sánchez, Katherine Miranda (Alianza Verde), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Daniel Carvalho (Centro Esperanza), Carlos Ardila (Partido Liberal), Julio César Triana y Carolina Arbeláez (Cambio Radical). La Comisión tendrá un mandato de tres años. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que la Comisión tiene una función fundamental: trabajar en proyectos concretos para combatir la corrupción. Además, busca incentivar y unificar la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el control y la fiscalización de los recursos públicos. Pérez señaló que, aunque se trata de un control político, la Comisión no tiene competencia jurídica para juzgar casos de corrupción, ya que esta tarea corresponde a otras instancias como los tribunales. El asistente de investigación agregó que la Comisión tiene como objetivo principal articular procesos de investigación e información que involucren a actores políticos, académicos y centros de pensamiento, con el fin de identificar y prevenir casos de corrupción. En este sentido, la Comisión busca generar un enfoque preventivo que permita abordar la corrupción desde sus raíces y no solo tratar sus consecuencias una vez que se han producido. La corrupción afecta negativamente la economía, la política y la sociedad en general. En Colombia este fenómeno ha sido un problema constante durante décadas, ya que ha afectado todos los niveles de gobierno, desde las autoridades locales hasta los funcionarios del más alto nivel. En los últimos años hubo varios casos sonados de corrupción que fueron investigados por las autoridades y que generaron un gran impacto en la opinión pública. Uno de los casos más destacados de corrupción en Colombia es el escándalo de corrupción de Odebrecht, que se extendió por varios países de América Latina. Odebrecht, una de las mayores constructoras del mundo, fue acusada de pagar sobornos millonarios a políticos y funcionarios en varios países para obtener contratos de obras públicas. En Colombia se reveló que la empresa había pagado sobornos a políticos y funcionarios para obtener contratos de construcción de infraestructura en el país. Entre los implicados estuvieron el exsenador Otto Bula y el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quienes aceptaron cargos y recibieron condenas. También hay otros implicados en proceso de investigación y juicio, como el exsenador Bernardo Miguel Elías. Sin embargo, algunos han criticado que la justicia colombiana no ha sido lo suficientemente contundente en este caso y que aún hay muchos responsables que no han sido identificados o sancionados. Otro caso reciente de corrupción en Colombia es el escándalo de corrupción en la justicia conocido como el “Cartel de la Toga”. Este caso involucró a jueces y magistrados que habrían aceptado sobornos para manipular procesos judiciales a favor de algunos políticos y empresarios. La investigación del caso ha llevado a la detención de varios jueces y magistrados, entre ellos el exmagistrado Francisco Ricaurte y el exfiscal Luis Gustavo Moreno, quienes recibieron sobornos a cambio de favorecer a personas investigadas por delitos de corrupción. El proceso continúa en curso y se espera que en los próximos años se den nuevas condenas y se esclarezcan más detalles sobre este caso de corrupción que ha conmocionado al sistema judicial colombiano. También está el caso “Carrusel de la Contratación” que fue un escándalo de corrupción en Colombia que se dio a conocer en 2010. Este caso involucró a varios empresarios, funcionarios públicos y políticos que participaron en un esquema de sobornos para la adjudicación de contratos públicos en Bogotá. Entre los empresarios involucrados se encontraban Emilio Tapia, Julio Gómez, Eduardo Zambrano y Germán Olano. Entre los funcionarios públicos involucrados se encontraban el entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno, para ese momento senador de la República. Así como varios exconcejales y exfuncionarios de la administración pública. Todos estos personajes fueron investigados y algunos de ellos fueron condenados por los delitos de corrupción en los que participaron. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos casos de corrupción que han afectado a Colombia en los últimos años. Estos casos ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas concretas para detener la corrupción en el país. Por esta razón, la Comisión Anticorrupción es un primer paso en esta dirección, pero se necesita un compromiso continuo y una voluntad política para lograr resultados efectivos. La Línea de Gobernabilidad y Democracia de Pares “aplaudió” la creación de esta Comisión, reconociendo que es un paso inicial importante en la lucha contra esta problemática. Sin embargo, es importante destacar que queda mucho por hacer en este sentido. La Línea recordó que hace aproximadamente un mes, la Fundación Pares presentó un proyecto a los congresistas, la presidencia y a la opinión pública sobre la creación de un tribunal anticorrupción, teniendo en cuenta que una de las promesas en la campaña del presidente Gustavo Petro fue la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa pretende llevar los casos de macrocorrupción a una Sala Transitoria Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia e investigar y juzgar casos complejos y desarticular estructuras criminales que se han servido de la corrupción como medio para el favorecimiento indebido de sus intereses privados, desviando el poder público y fomentando la cultura de la ilegalidad. Ver: (Pares e Instituto Anticorrupción presentan a la opinión propuesta de Juicio Nacional Anticorrupción) Por esta razón, uno de los principales objetivos para esta Línea de Pares es asegurar que se investiguen y juzguen de manera efectiva los grandes casos de corrupción en el país. Según Juan Alejandro Pérez, además de la creación de esta Comisión, lo ideal sería que se implementen mecanismos efectivos para investigar y judicializar los casos de corrupción en el país, de manera que se asegure la justicia y se evite la impunidad. Es importante tener en cuenta que muchas personas han sido víctimas de la corrupción y, por tal motivo, merecen un reconocimiento como tales. En este sentido, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de protección y reparación para las víctimas de la corrupción, con el objetivo de garantizar sus derechos y lograr una sociedad más justa y equitativa. En definitiva, la creación de la Comisión Anticorrupción es una medida positiva y necesaria en la lucha contra la corrupción en Colombia. Sin embargo, se necesitan esfuerzos continuos y coordinados para lograr erradicar este flagelo del país, y para fortalecer la integridad y transparencia en todas las instituciones y sectores de la sociedad. La Fundación Pares, reconocida por su labor en la denuncia de grandes casos de corrupción, se encuentra comprometida en la lucha contra este flagelo. Por esta razón, su equipo está disponible para dialogar y proponer recomendaciones que puedan ser de utilidad en la lucha contra la corrupción en el país. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), afirmó que en Pares están atentos a las invitaciones para participar en audiencias públicas y hacer que la lucha contra la corrupción siga siendo un tema prioritario en la agenda pública del país. Pérez también destacó la preocupación de Pares ante la alta corrupción e impunidad que se presenta en casos de corrupción en Colombia. Resulta fundamental que todas las instancias del Gobierno y de la sociedad civil trabajen juntas para combatir la corrupción y garantizar una administración pública transparente y honesta. La Fundación Pares se suma a esta tarea, con la convicción de que solo a través del trabajo conjunto y la implementación de medidas efectivas se podrá avanzar en la lucha contra la corrupción en el país.