Por: Luis Eduardo Celis La política de Paz Total asume los enormes desafíos y retos para tramitar el conjunto de violencias organizadas y sobre todo las raíces en las que se han soportado desde hace más de seis décadas, insistiendo en que son viejos conflictos no tratados que han mutado en nuevos ciclos de violencia quizás con nuevas características y adaptándose al contexto, pero sin perder sus raíces donde logran su permanencia. Si se quiere, es un permanente reciclaje, con nuevos actores, herederos de otros armados, con nuevos énfasis y quizás variaciones circunstanciales, pero manteniéndose en viejas circunstancias que no cambian y les dan soporte: ausencia de democracia, conflictos por el territorio y su uso, regulación de economías e inexistencia de un estado social y de derecho, por mencionar temas de fondo a tramitar y que están en el interés y compromiso del gobierno que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez. La política de Paz Total viene desplegándose hacia el conjunto de actores que hacen violencia de manera sistemática y que tienen control de territorios y comunidades, afectando sus derechos y vulnerando sus existencias, no es un pequeña geografía, por el contrario han crecido en los últimos seis años, en medio del incumplimiento del Acuerdo de paz pactado con las FARC en 2016 y de la persistencia por mantener el control sobre importantes rentas del narcotráfico y de minería en el caso de los herederos del paramilitarismo, hoy principalmente agrupados en esa red que es el Clan del Golfo, o en el viejo alzamiento armado del ELN, la última de las organizaciones rebeldes y ese archipiélago procedente de las FARC, que siendo una minoría en relación con los que pactaron la paz, por el incumplimiento del gobierno Duque, han crecido de manera considerable. Hemos visto estos días la respuesta del Clan del Golfo a la política de control territorial desplegada por el Gobierno Nacional ante la acción desenfrenada por mantener el control de la minería en el bajo Cauca, un control por supuesto criminal, autoritario y depredador del medio ambiente, muy lejos de las prácticas ancestrales de la población campesina y minera de este territorio con el cual el gobierno tiene canales de comunicación y concertación de políticas que reconocen sus derechos a mantenerse en sus regiones, en el marco de una acción regulada y responsable con el medio ambiente. Esta tarea de concertar con la población y proteger sus derechos, entre los que se encuentra sacarlos de la esfera del control del Clan del Golfo o de otros ilegales, no es tarea fácil, pero es la que se debe hacer. Por supuesto que hay que persistir en un entendimiento con el Clan del Golfo, desde la política de sometimiento que ahora se discute en el Congreso de la República, no hay que desfallecer y pensar que solo queda el camino de la acción militar y policial, que por supuesto hay que mantener y que junto con asumir un ordenamiento democrático de estos territorios, con garantías para la población, son los asuntos centrales a seguir trabajando, donde la oferta de reducción de penas y posibilitar que mantengan porciones de los recursos acumulados de manera ilegal son pilares de un sometimiento para estas mafias que tienen una oportunidad de salir de la ilegalidad y ser parte de estos territorios respetando la Constitución del 91. Hay en curso consultas de lo que se denomina el Estado Mayor Central de las FARC (así no nos guste esta denominación), esperemos que pronto se vea un proceso de entendimiento con estas disidencias del proceso anterior, allí hay una importante presencia territorial que puede ser parte de importantes agendas de desarrollo y construcción de paz, si se logra un entendimiento posible y en el marco de las políticas trazadas por el presidente Gustavo Petro en su importante agenda de cambio, que tiene en los temas territoriales una prioridad como quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo que ahora se discute en el Congreso de la República. El proceso con el ELN cuenta con una agenda, una mesa que viene trabajando de manera comprometida y ganando en ritmo y que tendrá en el tercer ciclo a desarrollarse en Cuba, luego de la semana santa, el importante reto de pactar un cese bilateral de fuego y hostilidades y tener unos diseños de participación que involucren a una diversidad social, gremial y política para trabajar por una visión compartida de paz y de país soportada en las transformaciones pertinentes y necesarias para avanzar en democracia de calidad, equidad y superación de tantas exclusiones. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha presentado su informe de la situación humanitaria en 2022, es la descripción del sufrimiento que siguen viviendo muchas comunidades, un sufrimiento y vulneración de derechos que nos llama a persistir en la política de Paz Total, aquí lo pueden consultar: El CICR lleva 54 años en Colombia, agradecer el trabajo que adelantan sus 504 integrantes, de los cuales el 86% son colombianas y colombianos y el otro 14% son mujeres y hombres de 28 nacionalidades. esas 504 personas todos los días acompañan a las comunidades que sufren de manera directa estas violencias a superar. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial; Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico Buenaventura enfrenta una crisis humanitaria que se ha agudizado de manera incremental durante los últimos tres años y que a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno Nacional y la Iglesia, que consiguieron des-escalar la violencia en la zona urbana, en lo rural la situación no ha mejorado y, por el contrario, tiende a empeorar a raíz del control social y restricciones a la movilidad que han impuesto las disidencias de las FARC y a los últimos anuncios sobre que se termina el cese bilateral con el Clan del Golfo, en el marco de las discusiones sobre la Paz Total. Toda esta situación llevó a que el día 22 de marzo, nueve consejos comunitarios de Buenaventura y comunidades indígenas realizaran una marcha desde el casco urbano hasta el sitio conocido como “El Gallinero”, ubicado en la entrada de la ciudad, en donde realizan un bloqueo que ha dejado parcialmente incomunicada la ciudad-puerto con el interior del país. El propósito es exigirle al Gobierno Nacional acciones que garanticen la vida digna en sus territorios y a los grupos armados ilegales que cesen las violencias en contra de la población civil. Se trata de los consejos comunitarios de Bahía Málaga, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Cajambre, Mayorquin, Yurumanguí y Naya; que conforman, en su mayoría, el Palenque el Congal del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Estos consejos comprenden el 95% de la extensión territorial de Buenaventura, zona donde la guerra no ha dado tregua, principalmente por la limitada implementación del Acuerdo de Paz de la Habana de 2016. Las guerras que no dan tregua en la zona rural A finales del año pasado el presidente Gustavo Petro anunciaba que Buenaventura sería el laboratorio de la Paz Total. No se trató de un anuncio vacío, sino reconociendo las complejidades de las guerras que se están desarrollando en la ciudad de manera simultánea, especialmente en la zona rural, donde aún la Paz Total parece no hacer eco. En los ríos de Buenaventura tienen presencia las cuatro grandes estructuras armadas ilegales que hay en el país: el ELN, el Comando Coordinador de Occidente (CCO), la Segunda Marquetalia y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo. Estas se disputan a sangre y fuego el control territorial, la minería ilegal, la producción primaria de la coca, las rutas entre los ríos y la salida al océano Pacífico. La situación más compleja se vive en Calima y Yurumanguí. En Calima, desde inicios del año pasado, la población ha sido víctima de la disputa entre el ELN y las AGC. Desde el Bajo Calima se han desplazado alrededor de 3.000 familias hacia el casco urbano de Buenaventura y a ciudades como Cali. Además, veredas han quedado totalmente confinadas por los reiterados enfrentamientos entre ambas agrupaciones (Ver: Crisis humanitaria en zonas rurales de Buenaventura y recomendaciones sobre la violencia territorial). En cuanto a Yurumanguí, este se ha convertido en el epicentro de la disputa entre la Columna Móvil Jaime Martínez del CCO y la Segunda Marquetalia, esta última que está en alianza con el ELN. En este corregimiento, junto al Naya, Cajambre, Mayorquin y Raposo, los grupos armados ilegales ejercen una fuerte presencia forzada en medio de los caseríos y la población civil, además de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como los asesinatos de Edinson Valenzuela (30 de octubre de 2021), directivo de la Junta de Gobierno del río Raposo, y Arley Cuero, directivo veredal en Cajambre. También se han presentado desapariciones como las de Edinson Valencia y Abencio Caicedo, autoridades étnicas del Consejo Comunitario de Yurumanguí, quienes el 28 de noviembre de 2021 emprendieron un viaje hasta el río Naya y a la fecha se desconoce su paradero (Ver: En Yurumanguí faltan dos constructores de paz). Algo similar ocurrió en noviembre del año pasado, cuando 4 personas que salieron desde la bahía de Buenaventura con destino a Yurumanguí fueron interceptadas en el camino sin volverse a saber de ellas. Entre las víctimas se encontraba un firmante de paz. El clamor de las comunidades Ante la difícil situación humanitaria que deben enfrentar, el constante riesgo y el desespero, las comunidades se tomaron las vías de hecho con el único propósito de que se les permita vivir en paz y dignidad en sus territorios ancestrales. Las comunidades hacen un llamado al Gobierno, en especial al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al ministro del Interior, Alfonso Prada, para abrir una mesa de diálogo que gire en torno a 20 puntos de petición que dieron a conocer a través de un comunicado público, de los cuales, resaltan cuatro: Los acuerdos con los actores armados ilegales deben extenderse a desmontar el control social que tienen al interior de las comunidades, entre ellos, no estar en medio de la población civil ni sus dinámicas organizativas y no hacer más retenes ilegales en los territorios, que como denuncian líderes, retienen sus documentos de identidad y sus celulares para revisarles el contenido. Que, en un gesto de buena voluntad y compromiso con la paz, los grupos armados devuelvan a los líderes y habitantes desaparecidos, como lo son Édinson Valencia y Abencio Caicedo, además que esclarezcan los asesinatos de las dos autoridades étnicas de Cajambre y Raposo. Que se establezca una ruta, para que, en un tiempo no mayor a cuatro meses, los grupos armados devuelvan a los jóvenes y menores reclutados para la guerra en sus territorios. Adelantar e implementar en el menor tiempo posible un plan de saneamiento del territorio contra la minería ilegal con maquinarias pesadas, control del narcotráfico (factores como expansión de la siembra de coca, insumos y laboratorios) y demás economías ilegales que dificulten la vida de las comunidades en el territorio y sustenten la guerra. Liderazgos bonaverenses y el llamado al Gobierno Nacional Se han iniciado los primeros acercamientos presenciales entre la comunidad y el Gobierno Nacional, de acuerdo con Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura: “de ayer a hoy nos han hecho varias llamadas. Aquí en Buenaventura hoy hay una comisión que la está encabezando la viceministra de Diálogo Social del Ministerio del Interior. Nosotros estamos solicitando la presencia del Alto Comisionado de Paz y del ministro del Interior, y ahí para allá digamos quienes se sumen. Igual nosotros vamos a atender el llamado que nos están haciendo ahora, entre una hora vamos a estar ahí conversando”. Frente a la gestión del Alto Comisionado para la Paz, Mario Angulo entiende que su agenda es muy apretada para tanto que se trata de abarcar, pero manifiesta como central la necesidad de que se cuente con una comisión que estudie la realidad de los territorios con estos actores armados, pero que además se propicie la participación de las comunidades, el cuidado de la naturaleza y la protección de los liderazgos. Asimismo, la lideresa Maricruz, de Yurumanguí, resalta que lo que se está demandando es “una acción principal para proteger la vida en los territorios que tiene que ver con que se revisen los acuerdos bilaterales que se están haciendo en el marco de las distintas negociaciones que está haciendo este Gobierno, porque no es posible que el Gobierno desde el nivel nacional esté haciendo unos acuerdos y en los territorios nuestros esté la situación, o sea, tan jodida, tan crítica de retenes, de confinamiento, de reclutamiento, de señalamiento”, que como lo resalta Maricruz son acciones que violan los derechos que se tienen como pueblo, de ahí la urgencia de la revisión de la situación por parte del Gobierno Nacional para poder avanzar en la construcción de la paz. Finalmente, la lideresa María Riascos, de la cuenca del río Anchicayá, le dice al Gobierno Nacional que “las comunidades necesitan que el alivio humanitario sea real y que sea ya, no podemos seguir esperando y que el Estado Colombiano, el Gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez avancen a través de quien tienen que avanzar en esos diálogos de paz, porque es que las comunidades están pasándola muy mal y somos los que hemos vivido el embate de la guerra, somos los que hemos perdido nuestros hijos e hijas, nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestros amigos, hemos sido los que hemos salido desplazados del territorio y también somos los que vamos a pagar ahora en supuestamente tiempos de la Paz Total”.

Por: Katerin Erazo, Periodista La reforma política ha sido un tema recurrente en la agenda política de los diferentes gobiernos. Desde hace varios años se ha hablado de la necesidad de hacer cambios significativos en el sistema electoral y político, con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia y fortalecer las instituciones. La discusión alrededor de esta reforma siempre ha sido compleja y polémica. En el Congreso los diferentes partidos políticos han tenido posturas encontradas y se han presentado múltiples propuestas que no han logrado consenso. El gobierno Petro también presentó su reforma política en septiembre de 2022. Sin embargo, esta acaba de caerse, luego de que el presidente Gustavo Petro y los miembros del Pacto Histórico expresaran su desacuerdo con la ponencia del proyecto de reforma política que se estaba discutiendo el día de ayer en la Comisión Primera del Senado. A través de un comunicado, la bancada del Pacto Histórico pidió al presidente archivar la reforma política, argumentando que se habían introducido "micos" que demuestran la falta de voluntad política de algunas bancadas para modificar las reglas de juego. Entre las principales críticas que se han hecho se encuentran la falta de medidas efectivas para detener la corrupción y promover la transparencia en la política, la ausencia de financiación estatal para las campañas electorales, la falta de paridad y alternancia en las listas cerradas y la puerta giratoria que permitiría a los congresistas ser ministros y volver a ocupar la curul durante el periodo legislativo, si lo desean. Petro señaló que la reforma política no aporta a un avance en la calidad de la política, ya que no contempla temas progresistas como la financiación estatal de las campañas y la igualdad de curules para hombres y mujeres. En este sentido, el mandatario señaló la necesidad de hacer cambios más profundos en el sistema político y electoral del país. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que el proceso de reforma política es un acto legislativo que ya ha había superado una primera vuelta de debates, los cuales se llevaron a cabo en cuatro etapas: una en la Comisión Primera del Senado, otra en la Comisión Primera de la Cámara y dos más en las plenarias del Senado y la Cámara (Ver: Lo que se aprobaría de la reforma política). Durante este proceso de conciliación se modificó el texto que sería sometido a una segunda vuelta de debates, a través de consensos entre las distintas fuerzas políticas. Según Pérez, la reforma política que acaba de hundirse, era la "moneda de cambio" del Gobierno para lograr que los partidos tradicionales de su coalición, como el de La U, el Liberal y el Conservador, aprobaran sus reformas sociales. Sin embargo, esta situación estaba generando discusiones internas en el Pacto Histórico y en el Partido Verde, que son partidos que posiblemente acompañarán a Petro durante su mandato. En este sentido, la no aprobación de la reforma política podría tener un impacto significativo en la estabilidad política y la capacidad del gobierno para avanzar con sus propuestas legislativas (Ver: Los puntos clave de la reforma política de Gustavo Petro). El día de ayer, durante la sesión de la Comisión Primera del Senado, el presidente de la corporación, Roy Barreras, sorprendió a los asistentes con un gesto poco común: romper en pedazos la ponencia sobre la reforma política en curso. Durante su discurso, Barreras expresó su posición sobre la propuesta gubernamental. La reacción de Barreras evidenció la fuerte oposición que existe a la reforma política y el grado de polarización que ha generado entre los distintos actores políticos. El presidente del Congreso hizo un llamado al Gobierno y al ministro Alfonso Prada para que retiraran la reforma la cual, según su criterio, "ya no tiene absolutamente ningún sentido". El presidente del Senado reiteró su oposición a la lista cerrada obligatoria, una de las medidas incluidas en el proyecto y aseguró que es necesario "escuchar la voz del pueblo" en un tema tan importante como el de la reforma política. Algunos sectores consideran que la reforma es necesaria para fortalecer la democracia, mientras que otros la ven como una maniobra oportunista para beneficio de ciertas élites. El futuro de la iniciativa es incierto, pero lo que queda claro es que Barreras no se quedará callado ante lo que considera una amenaza a la estabilidad institucional del país. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, el hundimiento de la reforma política es un hecho positivo, ya que esta iniciativa no habría logrado solucionar los problemas del sistema de partidos ni reforzar las ideas partidistas o ideológicas. En cambio, habría corrido el riesgo de perpetuar las llamadas "dictaduras de bolígrafos" en los partidos, es decir, la concentración del poder en un pequeño grupo de dirigentes que toman decisiones sin consultar a las bases ni fomentar la participación ciudadana. Según Pérez, es necesario buscar soluciones más integrales y participativas que permitan fortalecer la democracia y la representatividad de los partidos políticos en el país. Además, el asistente de investigación de Pares sostuvo que es necesario avanzar hacia una idea realista sobre qué debe ser y qué no debe ser para fortalecer la democracia, el sistema electoral y el sistema de partidos en Colombia. Juan Alejandro Pérez enfatizó en dos aspectos fundamentales que, a su juicio, deben ser considerados en la construcción de una nueva reforma política. En primer lugar, Pérez destaca la importancia de contar con una base sólida de fundamento técnico para la elaboración de la reforma, la cual debe estar orientada hacia el cambio y la evolución necesaria para mejorar el sistema político en el país. En segundo lugar, considera que es urgente transformar el Consejo Nacional Electoral, un órgano electoral encargado de investigar campañas, pero que es elegido por los mismos partidos políticos. Desde la Línea de Pares se hace un llamado a la reforma o eliminación de este Consejo Nacional Electoral para garantizar una mayor transparencia y equidad en el proceso electoral (Ver: La reforma al Consejo Nacional Electoral debe ir primero que el Código Electoral).

Por: Igor Parma, Internacionalista Existen muchas definiciones de lo que son los derechos humanos (DD.HH.), es una discusión muy larga que se sitúa en un espectro amplio de derechos y culturas. Sin embargo, hay un consenso internacional en sus principios, según la caracterización que hace UNICEF. Esos principios son: universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, igualdad y no discriminación, participación e inclusión, y rendición de cuentas y Estado de Derecho. Entender así los DD.HH. significa decir que estos se aplican a todos, no pueden renunciarse ni arrebatarse, son indivisibles, están relacionados y confieren igual dignidad a todos. Es entender que cada persona, por su simples condición de ser humano, los tiene en toda su plenitud. Que se violen los derechos humanos no quiere decir que quienes lo hacen los vayan a invalidar en sus discursos. Esto se constata en el hecho de que es casi imposible encontrar un gobernante que se defina en contra total de los derechos humanos. El consenso internacional frente a la necesidad de los derechos humanos es algo que caló con fuerza en las relaciones entre los países, oficializado desde la implementación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2006. Al día de hoy, es virtualmente imposible encontrar a líderes o países que no hayan ratificado la mayor parte de los 18 tratados internacionales de derechos humanos, con la mayoría absoluta de los países del Sistema ONU como parte en, al menos, diez de los 18 tratados. Es por este consenso que la oposición y eventual corrosión a los derechos humanos no se construye por oposición ante estos, sino que la estrategia preferida por populistas y aquellos que buscan concentrar el poder es hacer un encuadre distinto en el discurso –porque toda acción política es precedida por un discurso–: niegan las violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus países o culpan a otros de estas. Es lo que hace Bukele cuando afirma que “son más importantes los derechos de la gente honrada [que los de los encarcelados]” o cuando Maduro dice que los hechos de violencia contra los derechos humanos son por parte de “pequeños grupos que queman, que atacan […] quien está violando los derechos humanos en Venezuela son pequeños grupos fascistas”. Ortega también utiliza de la misma estrategia asegurando que “prisioneros que inventan que los están torturando […] simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua ante los organismos internacionales manejado por yanquis”. Vemos que los gobiernos que efectivamente están violando los derechos humanos no niegan su importancia, sino que los encuadran de otra manera, culpando a otras organizaciones de las violencias que ellos mismos producen. Cuando confrontamos informes y misiones de verificación encontramos que, en efecto, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela son orquestadas por el gobierno, que hay encarcelamientos arbitrarios sin el debido proceso en El Salvador y que las violaciones a derechos humanos en Nicaragua no son invenciones. Los tres gobiernos se asemejan en sus estrategias de negar, rechazar e ignorar estos informes, y luego la estrategia por ellos preferida y que más resuena entre aquellos que les apoyan: decir que a las organizaciones de los derechos humanos no les interesan de hecho los derechos humanos. Lo que afirman es que estas organizaciones son actores políticos que desean desestabilizar su gobierno o que, en palabras de Bukele, “no han defendido los derechos humanos de la gente honrada (…) la gran mayoría de la gente honrada, a nadie le importan sus derechos”. Lo que logran estas estrategias discursivas es formular una excusa, un espantapájaros que no da cuenta de lo que sucede en la realidad. Es desenfocar el hecho de que hay violaciones a los derechos humanos en sus países, violaciones que les generan beneficios rentables, que les permiten concentrar poder y tomar control del aparato de violencia del Estado. Por este motivo es que la acción de organizaciones de defensa a los derechos humanos tienen que enfocarse en la acción estatal, a través de los principios de rendición de cuentas y del Estado de Derecho. Es entender que violaciones a los derechos humanos pasan dentro de un contexto amplio, un contexto de busca de poder, por control del aparato estatal que debilita las estructuras democráticas, dificulta el retorno a una normalidad que no les tenga en el poder y persigue enemigos políticos bajo una autoridad propia al Estado. Las funciones de las organizaciones de defensa a los derechos humanos se tienen que enfocar así en las víctimas de la violencia estatal, no por ser organizaciones de amigos de pandilleros –como afirma Bukele–, sino porque la violencia estatal suele ser una herramienta de concentración de poder, de instalación de dictaduras. Los argumentos que son utilizados por los gobiernos que sistemáticamente violan los derechos humanos son nada más que excusas: cuando dicen que el esfuerzo de derechos humanos es conducido por el gobierno estadunidense es algo sin sentido, pues los EE.UU. son signatarios solamente de cinco tratados internacionales y no representan una referencia en el campo; decir que son grupos fascistas que violan derechos humanos en Venezuela es intentar encubrir que las violaciones son orquestadas por organismos gubernamentales con fines políticos; igualmente decir que las organizaciones de derechos humanos solo se ocupan de los derechos humanos de los criminales, o que son organizaciones amigas de pandilleros, es más que falso, también se configura como un intento de encubrir que no hay actualmente un claridad de los crímenes por los que se están encarcelando a los ciudadanos de El Salvador y que la misma “gente honrada” que Bukele dice defender puede ser encarcelada por esta falta de claridad. Las organizaciones de derechos humanos y todos quienes las apoyamos debemos alzar las voces en protesta en contra del apoyo popular a los gobiernos que violan los derechos humanos, que encubren con sus discursos de aparente interés estos derechos las miles de víctimas de su accionar. Debemos buscar fortalecer al Estado, garantizando que su violencia no exceda lo que es justo. Es garantizar el debido proceso de juicio justo, garantizar que el Estado tenga una prestación de cuentas transparente, accesible y que permita una rotación de poder, elecciones libres y sin coerción, que sean sistemas democráticos sostenibles. La pérdida de derechos humanos es algo que no necesariamente pasa de golpe, pero sí despacio al principio. Los líderes populistas lo hacen siempre con alguna excusa, algún propósito que de inicio suena digno. El problema es cuando empiezan con los abusos y se sobrepasan en sus medidas para supuestamente solucionar el problema. Es ahí cuando se deben alzar las voces en protesta para que el apoyo popular no les cubra hasta que consoliden el control estatal y de las instituciones.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El minero muerto, El barequeo, Intranquilidad por enajenamiento de las minas, Homenaje al trabajo, Las fuerzas migratorias o La mesa vacía del niño hambriento podrían ser los titulares de cualquier escrito periodístico o columna de opinión de esta semana en Colombia. Pero no es así, estos son algunos de los nombres que el maestro antioqueño Pedro Nel Gómez le dio a sus obras más importantes elaboradas en Medellín entre 1935 y 1936. A partir de 1932 –luego del regreso del maestro al país y después de su viaje a Europa, entre 1925 y 1930– Pedro Nel convirtió el Palacio Municipal de Medellín, que apenas se estaba construyendo, en su principal proyecto artístico para probar el fresco, una nueva técnica en pintura que él estaba ensayando. Las paredes de este simple pero majestuoso palacio de gobierno le sirvieron para retratar tanto las dinámicas de progreso que se vivían en la sociedad a comienzos del siglo XX como los grandes problemas políticos económicos y sociales que se tenían. Entre 1934 y 1938, cuando el maestro realizó estas obras, Colombia vivía un importante momento de su desarrollo económico y político, con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. A este gobierno liberal le tocó afrontar y resolver problemas fundamentales de la sociedad –que incluso hoy aún se sienten– en temas laborales, educativos, agrarios y religiosos. Y que lo llevaron a tomar decisiones tan importantes como el derecho a la huelga o la función social que debe cumplir la tierra en el país (Ley 200 de 1936). Aquella fue también una época en la que el gobierno de Medellín estaba realizando grandes inversiones en obras de infraestructura pública. En 1931 se construyó un sistema municipal de alcantarillado para la recolección de aguas sucias de las calles y en 1932 se inauguró la hidroeléctrica de Guadalupe. Además la ciudad tenía una industria floreciente que la había convertido en el referente nacional en hilos y tejidos. Todo esto quedó plasmado por el maestro Gómez en aquellas paredes, sitio que hoy alberga al actual Museo de Antioquia. Pero los frescos del museo también contienen la mirada crítica del maestro. Allí se retratan los grandes problemas del territorio. La economía colombiana para aquel entonces estaba enfrentando los estragos dejados por la crisis mundial de 1929, se vivía un amplio desempleo y un crecimiento demográfico acelerado. Además, las mujeres presionaban a las fábricas para entrar a laborar y ayudar con sus ingresos a los empobrecidos hogares que tenían. Pedro Nel se involucró con la sociedad mediante el uso de un pensamiento crítico que, además de abrir los ojos al público, supo plantear la necesidad de programas sociales y apoyos a la clase trabajadora –industriales y mineros– y a la población desplazada del campo que ahora comenzaba de nuevo a inundar las laderas de la ciudad. Así mismo, problemas sociales como el abandono estatal con las niñas y niños, que quedó en obras que perduran como La mesa vacía del niño hambriento, o las difíciles condiciones de trabajadores mineros en el fresco El minero muerto. Obras críticas pictóricas que lo hicieron ver ante la élite del país como un pensador socialista y revolucionario. De allí que entre 1950 y 1951, en plena época de la Violencia, el alcalde de Medellín, José María Bernal –quien también fue ministro y candidato a la Presidencia de la República–, cubrió con telas la obra Las fuerzas migratorias, que se encontraba en el salón principal de la Alcaldía, por tener mujeres desnudas, exhaustas o muertas de cansancio, como hoy lo deben de estar los miles de migrantes que transitan por el Tapón del Darién colombiano hacia Estados Unidos. Esos mismos espacios, que desde hace 88 años sirvieron de escenario para la discusión sobre los problemas del país y que hoy albergan una de las colecciones de arte más importantes del país y del mundo, el 16 de marzo de 2023 recibieron un conjunto de empresarios antioqueños, agrupados en la Fundación Proantioquia, para realizar su asamblea anual de socios y hacer el balance de las acciones ejecutadas con el objetivo de aportar a la transformación social. A este encuentro de empresarios antioqueños –que reunió a los directivos de ISA, Nutresa, Argos, Postobón, Sura, Haceb y Bancolombia, entre otros– fue invitado el Presidente de la República Gustavo Petro, quien pronunció un discurso al que podemos llamar de Diálogo y Acción. Luego de la presentación de la Fundación sobre sus programas de apoyo al desarrollo del departamento, pronunció un discurso de 24 minutos en el que habló de la necesidad imperante que tiene el país de realizar un diálogo nacional para acordar y hacer posible una transformación de la estructura económica y democrática. Según sus palabras, “no se trata de una moda”, “de un tema pasajero” o de “un simple devenir” de la historia. Se trata de una demanda social que desde hace muchas décadas el país está solicitando, una necesidad de hablar colectivamente para buscar consensos y soluciones y actuar en la transformación. Un gran diálogo de país que nos ponga de acuerdo para introducir cambios al modelo económico y que sirva para redistribuir las tierras del país para afrontar la transformación productiva con equidad. En conclusión, el espacio que hace más de ochenta años sirvió para discutir y tomar varias de las decisiones más importante para la ciudad en asuntos públicos y que hoy preserva en sus paredes algunos de los frescos más importantes del país, sirvieron esta semana para que los empresarios de Proantioquia y el Gobierno colombiano se comprometieran en trabajar en un gran diálogo nacional, para que sea posible avanzar en la misión de transformar el modelo productivo. Un modelo económico que tenga en cuenta al mismo tiempo el campo, la industria, los saberes ancestrales y los conocimientos científicos, entre otros factores. Uno en el que se logre una transformación de la tierra, una modernización agraria democrática como base de la industrialización. Uno en el que florezca una producción industrial que se caracterice por el uso de energías limpias y con menos huella de carbono. Un modelo que por fin resuelva nuestros problemas, y que siguen siendo casi los mismos que hace noventa años denunció el maestro Pedro Nel, pero que debido a la falta de voluntad política tanto de los gobiernos como de las élites económicas parece que estuviéramos condenados a nunca superar. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Realmente no ha bastado con la expedición de la Ley 2272 de 2022 denominada de "Paz Total", que en varios territorios de la nación, y específicamente en el Cauca, ha revivido la esperanza de un nuevo amanecer a partir del diálogo con las estructuras armadas presentes en la geografía rural y urbana. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 27 líderes y lideresas han sido asesinados durante los primeros tres meses del presente año, llegando a 1.436 las víctimas desde la firma en 2016 del "Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", momento de esperanza para las y los colombianos, que no duró más de un año. A la salida de las FARC-EP de los territorios de influencia político militar, fue reiterativo el llamado a los gobiernos Santos y Duque a copar esos espacios, fundamentalmente rurales, con la presencia de la Fuerza Pública y la institucionalidad civil, y una significativa inversión social. Incluso propusimos la creación de una policía comunitaria más persuasiva que letal, dotada de bastones de mando y armas cortas, sin armas largas. Lo que no supimos leer en su momento es que la guerra, o por lo menos la capacidad de generar zozobra por parte de las denominadas disidencias, era funcional a la aplicación del modelo neoliberal imperante para la segunda década de este siglo. La muestra más clara de ello es que terminada la preocupación por las FARC como ejército guerrillero, se presentó la aparición en el debate nacional de los carteles del cemento, del papel higiénico, de la hemofilia, de los pañales, del azúcar, etc. La falta de atención de los gobiernos a las zonas más apartadas del país favoreció que las disidencias de las FARC y otras organizaciones armadas iniciaran una fuerte confrontación armada por el control territorial en nuestro Cauca. Hoy, más de 12 estructuras armadas se disputan el control en los campos, y los habitantes de veredas y corregimientos volvieron a ver las "comisiones", compuestas de cuatro o más unidades armadas, recorriendo las zonas, intimidando a la población y buscando apoyo popular a su presencia. Y como la guerra se degrada, en el afán de posicionarse en esas zonas para ejercer presencia y control sobre la vida cotidiana del campo y sus gentes, sembrar el terror se convirtió en elemento clave para afianzar su presencia. Por ello, disparar ráfagas de fusil contra miembros de la autoridad indígena, en el marco de un enfrentamiento entre dos de esas estructuras, es visto como normal por quienes conforman tales estructuras, así el resultado de la acción haya sido el asesinato de Wilson Bomba, concejal y autoridad tradicional indígena en el municipio de Caldono, norte del Cauca. En varias oportunidades hemos pedido de manera cordial y respetuosa a los mandos del Comando Coordinador de Occidente, que aglutina ocho de estas estructuras, así como a la denominada Segunda Marquetalia y al ELN, desarrollar diálogos humanitarios que permitan, con autorización de nuestro Gobierno Nacional, pactar puntos vitales para las comunidades rurales, como compromisos de las organizaciones armadas: respetar la vida de lideresas y líderes sociales y de derechos humanos; reconocer las tradiciones culturales y religiosas de las comunidades étnicas y del campesinado; permitir el libre desarrollo de las actividades asociadas a esas tradiciones; garantizar la actividad proselitista electoral de todas las tendencias políticas, sin vetos; y cesar de imponer a los pobladores la ley seca, toque de queda o los denominados "impuestos de guerra". Si no podremos tener los beneficios de la Paz total, que por lo menos lleguemos a acuerdos humanitarios para tener una mínima armonía, aunque no compartamos su forma de lucha ni su modo de operar. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Fundación Pares Para @confidencialcol Es el nombre de la película ganadora del Oscar, pero también podría ser el título de más de una estrategia del gobierno. Especialmente de su política de paz en la que todos hemos puesto esperanzas, pero de la que en realidad sabemos muy poco. Para rematar, el presidente Petro hizo unas declaraciones contra el acuerdo de paz con las FARC, en las que asegura que el Acuerdo quedó mal hecho, para sufrimiento de los miles de combatientes desesperados por el incumplimiento y especialmente afectados por el reciente desplazamiento del ETCR de Mesetas. Como el título de la película, la Paz Total requería que se cumplieran la totalidad de las premisas bajo las que se formuló la idea: todos los actores, negociar al mismo tiempo y en todas partes, con un equipo demasiado pequeño para el tamaño del reto, mientras otras agendas estatales iban a su ritmo adelantando otras reformas. Sin esas premisas, la mesa está totalmente coja y hay que replantear qué hacer. Recapitulemos. Por una parte, ya no están todos los actores (ya no hay mesa con el Clan del Golfo) y la ley de sometimiento, si bien es un buen negocio para quienes están en la cárcel, no necesariamente para los que están por fuera. Es una ley que se hizo para los grupos que sientan que su posición peligra y prefieran ganar un 6% que perder el 100. Ese no es el caso. Si no es el Clan del Golfo quien se someta a esa ley, se pueden hacer negociaciones con grupos menores como Los Pachenca en la Sierra Nevada, pero sin grandes impactos. Si uno queda afuera, la Paz Total ya no es total, y volvemos al bucle del reciclaje de grupos. Con el ELN se hizo un pomposo cierre del segundo ciclo y se anunció una agenda importante, que se ha defendido con ahínco por parte de la mesa. Incluso José Félix Lafaurie dirigió un comunicado a Humberto de la Calle explicando por qué para su sector, el ganadero, fue más fácil aceptar la negociación con el ELN que con las FARC. Pero al mismo tiempo, el ELN en sus pronunciamientos defiende con demasiada vehemencia sus recientes ataques tanto a la fuerza pública como a la población civil, escudados en que son ellos los llamados a “limpiar” el territorio de los males que lo aquejan. Con las disidencias también el gobierno está en una posición complicada. Por muchos baches que tenga el Acuerdo con las FARC, su cumplimiento es una obligación del Estado Colombiano, y especialmente la protección de la vida de sus firmantes debe ser una prioridad. En zonas como Arauca, Meta-Guaviare, Putumayo, Cauca y Nariño, no está funcionando ningún cese y por el contrario las cifras muestran un preocupante aumento de la agresión de todos los grupos contra las organizaciones sociales, especialmente las indígenas. Incluso, la presión de los grupos a las organizaciones comunitarias está completamente desbordada. Ahora mismo hay más frustración entre grupos que ambiente de negociación. Y la única mesa que está instalada, que es la mesa del ELN, insiste en que son el único grupo que tiene el carácter político necesario para que se hable de proceso de paz. Una es la frustración de la ciudadanía y sus manifestaciones, y otra es la frustración de prácticamente todos los grupos armados del país, al mismo tiempo y en todas partes. Finalmente, pareciera que el gobierno no entendiera que el mundo de hoy no es el mismo mundo en el que negoció el presidente Santos. La comunidad internacional, que otrora acompañó tan fervorosamente el proceso de paz e incluso hizo su mejor intento para que éste no fuera completamente saboteado, está agotada de apoyar un estado que incumple, y en una región poco importante para la geopolítica de hoy. A la menor duda retirarán su apoyo. Diplomáticamente, eso sí. Sin garantes internacionales, es difícil mantener los apoyos que requiere un proceso de paz. A esto hay que darle una vuelta. El gobierno debe volcarse a la presencia territorial, esa sí con método, recursos e instituciones. La Paz Total necesita con urgencia la seguridad humana que se ha anunciado por parte del gobierno, pero que aún no llega. Es imperativo que el estado haga presencia territorial. Y sí, en muchos casos esta presencia debe ir acompañada de fuerza pública. Con total respeto a los derechos humanos, por supuesto. De lo contrario, la cancha de los incentivos, que es donde se juega la realidad, seguirá estando gravemente desbalanceada en contra del Gobierno, de la ciudadanía y de las comunidades que son quienes actualmente sufren las confrontaciones violentas. Ningún grupo negocia donde cree que ya ganó. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Congreso de la República inició este jueves 16 de marzo un nuevo periodo de sesiones ordinarias, en el que se discutirán importantes proyectos para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que las sesiones ordinarias son un periodo establecido en el calendario legislativo de un cuerpo colegiado, como el Congreso de la República, durante el cual se realizan reuniones plenarias en las que se discuten y se toman decisiones sobre proyectos de ley, temas de interés nacional, informes y otras iniciativas presentadas por los miembros del cuerpo legislativo. Estas sesiones tienen una duración previamente establecida, que suelen durar tres meses, y se convocan automáticamente, sin necesidad de una convocatoria especial. Por su parte, las sesiones extraordinarias fueron las que se llevaron a cabo en febrero, son aquellas que se realizan fuera del periodo de sesiones ordinarias y solo pueden ser convocadas por el presidente de la República con el fin de que el Congreso se reúna para discutir y tomar decisiones específicas sobre temas determinados. Estas sesiones tienen una duración máxima de 30 días y solo pueden ser convocadas para abordar puntos específicos que han sido previamente definidos por el Primer mandatario. Durante los próximos tres meses se espera que se acelere la agenda legislativa, que aborda temas como las reformas pensional, laboral, política, ley de sometimiento, código minero y reforma a la salud. Según el asistente de investigación de Pares, los debates específicos sobre lo que le interesa al Gobierno pueden llegar a darse en sesiones permanentes, el cual es el “mecanismo que tiene el Congreso para bloquear una agenda y discutir un tema en específico, es decir, solo discutirían un único tema hasta que se acabe la sesión”. El próximo miércoles 22 de marzo habrá un debate de moción de censura contra la actual ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Este debate fue solicitado por la oposición política. La moción de censura es un mecanismo que tiene el poder legislativo para evaluar y, en su caso, destituir a un ministro en ejercicio. Este proceso se lleva a cabo mediante un debate en el Congreso, en el cual los legisladores pueden cuestionar la gestión del ministro y evaluar si este está cumpliendo con sus funciones de manera adecuada. Si se obtiene una votación mayoritaria en contra del ministro, este deberá renunciar a su cargo. La moción de censura es una herramienta importante de control político y permite a los legisladores hacer responsable a un ministro de su gestión, garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Juan Alejandro Peréz también mencionó que el 29 de marzo sería el primer debate, este año, de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que será liderado por el senador David Luna, de Cambio Radical. Cabe añadir que el ministro ya había sido citado en el mes de noviembre del año pasado. Entre otras novedades que traerá este nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República se destaca, según el medio de comunicación WRadio, el reciente ingreso de Cambio Radical a la coalición de oposición, partido que ha solicitado garantías en su nueva participación. En medio de este panorama, el Gobierno se esfuerza por mantener unida su coalición conformada por los partidos Liberal, Conservador, de La U y el Pacto Histórico, pues de ello dependerá la aprobación de sus iniciativas, que han sido objeto de importantes debates en el país. Los aliados del presidente en el Capitolio tienen como meta aprobar la mayor cantidad de proyectos antes del 20 de julio, fecha límite en la que el Pacto Histórico continuará presidiendo Cámara y Senado. Posteriormente, el Partido Liberal asumirá la dirección de las plenarias (Ver: La ambición reformista de Petro: ¿se dinamitará la coalición de gobierno?). El presidente del Senado, Roy Barreras, expresó su confianza en que esta legislatura será memorable, ya que el Congreso tiene “la responsabilidad y la posibilidad de liderar las reformas que el país necesita con la decisión soberana de sus miembros”. Barreras agregó que, en este contexto, es fundamental que se trabaje en conjunto para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta Colombia, en especial en temas que han sido criticados como las reformas pensional, laboral (Ver: Centrales obreras presentan propuestas para la reforma laboral), política y a la salud (Ver: Reforma a la salud, ¿manzana de la discordia?). Durante el inicio de dichas sesiones ordinarias, Barreras informó que el próximo martes 21 de marzo, los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro presentarán un informe ante el Congreso acerca de su labor como miembros de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cepeda anunció que expondrán el estado actual de la mesa y de los diálogos de paz ante el Senado de la República (Ver: Los diez logros más importantes del ciclo de México entre el Gobierno Colombiano y el ELN). Finalmente, Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, señaló que esta Línea espera que se apruebe la ley de sometimiento y la reforma de salud, aunque en cuanto a las reformas pensional y laboral, la situación no es muy clara. Además, la Línea también espera que la coalición se mantenga unida, ya que esto influiría en las perspectivas políticas. Pérez también destacó que este Gobierno ha demostrado habilidades de negociación en medio de ciertas dinámicas, gracias a la presencia de dos figuras clave como Roy Barreras y Alfonso Prada. Por lo tanto, la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares espera que continúen negociando y busquen soluciones viables para cada reforma, en especial, para que la ley de sometimiento se apruebe lo más pronto posible (Ver: Novedades, debilidades y retos: un análisis del proyecto de ley de sometimiento a la justicia).

Por: Luis Eduardo Celis Arauca lo tiene todo para salir de las violencias con las que coexiste desde hace cuarenta y tres años, cuando se instalaron con profundas raíces en este bello y vital territorio. Para avanzar en la enorme tarea de salir de profundos conflictos de orden social, político y económico en los que se afincó el ELN, hay que actuar con imaginación y propuestas ya construidas desde el importante tejido comunitario y organizacional existente en el departamento, que hay que recordar fue promovido y acompañado por los gobiernos de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, en cuyos mandatos se promovieron las cooperativas agrarias, las juntas de acción comunal y la asociación de usuarios campesinos, la ANUC, ese formidable proceso social que se mantiene vivo en Arauca y que tiene la responsabilidad de seguir trabajando por una Arauca en paz. El principal conflicto a resolver hoy en Arauca es la desconfianza de una parte de la sociedad araucana, la del mundo social organizado que fue traicionado y maltratado por el Estado Colombiano que, luego de darles tierra, los apoyara y ayudara a organizar entre 1958 y 1972; cuando vinieron las demandas, las protestas y los conflictos, los gobiernos de Misael Pastrana y Alfonso López Michelsen fueron incapaces de darle salidas adecuadas a estas crisis, vino la desconfianza profunda y allí surgió el ELN, que ha mantenido hasta el día de hoy arraigo en Arauca. La Paz Total debe tener como prioridad a Arauca. Por allí pasa la negociación y el acuerdo por construir con el ELN, para ello se requiere acción conjunta entre el Gobierno Nacional, con el liderazgo de la oficina del Alto Comisionado de Paz, el gobierno departamental, los gobiernos municipales y el mundo social y gremial, para promover la participación y la construcción de las transformaciones a implementar en el corto, mediano y largo plazo, como lo establece la agenda firmada entre el Gobierno y el ELN en Ciudad de México el pasado 10 de marzo. El Plan Nacional de Desarrollo en proceso de discusión y formulación en el Congreso de la República debe también contemplar una acción en Arauca. Los temas estratégicos identificados desde hace años y los cuales se deben actualizar en la dinámica de participación que van a ofertar el Gobierno y el ELN, luego del tercer ciclo a realizarse en La Habana en abril, son los pilares para una Arauca en paz. Restañar la desconfianza es el puente a construir. Tarea de gobierno y sociedad Araucana, difícil, pero posible. Se deben concertar con el mundo campesino araucano las condiciones para potenciar su proyecto de vida, su economía, sus derechos sociales, su cultura, que pasa por la posibilidad de contar con los mecanismos para permanecer en su territorio sin la zozobra de que alguien los vaya a despojar de lo suyo. Arauca requiere superar la incomunicación física que hoy tiene, sus vías no son las trochas de la colonización de los años sesenta, pero incluso ahora en el siglo XXI son medias trochas, una vergüenza para un territorio que le ha aportado tanto a la economía colombiana. Las vías de la Soberanía y la Ruta de Los Libertadores pueden ser construidas por la industria del petróleo hoy presente en Arauca en concertación con el Gobierno Nacional. El petróleo tiene mucho que ver con la Arauca de las últimas cuatro décadas y hoy sufre los rigores de un conflicto armado plenamente vivo y actuante, hay que hacer un juicioso y sereno diálogo para ver una ruta de cambio en la que el petróleo juegue un papel de paz y democracia de calidad en este reto de construcción de acuerdos, transformaciones y visión compartida de paz. Arauca lo tiene todo para ser un protagonista de la Paz Total, la construcción de un acuerdo de paz del que participe el ELN, eso se juega en los próximos meses, hay que jugar ese partido tan importante, nadie en Arauca debe quedar por fuera, no es fácil pero es posible. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Odevida, Capítulo Perú En el marco de las movilizaciones ciudadanas que se han desarrollado en Perú durante los últimos meses por causa de la crisis democrática e institucional, las mujeres peruanas se han visto afectadas de manera diferencial a causa de su género, sufriendo desigualdades frente a los hombres, así como múltiples y simultáneas discriminaciones basadas en prejuicios y estereotipos sobre atributos, roles de género y asignación de espacios y responsabilidades de las mujeres en la sociedad patriarcal machista. En este sentido, la respuesta de la autoridad frente a las mujeres se ajusta no solo a los estereotipos de género, sino a toda una cultura patriarcal que hace que las mujeres sean violentadas de manera diferenciada en contextos de protestas. Por ejemplo, cuando se produce la detención de mujeres en las protestas, las fuerzas intervienen basadas en un androcentrismo que ve al ciudadano como a un hombre letrado y urbano.Bajo esta perspectiva, las mujeres son privadas de un conjunto de derechos; por ejemplo, el acceso a útiles de higiene menstrual o son detenidas con sus hijos/as menores de edad o estos quedan en estado de desprotección. Si bien los hombres detenidos durante los operativos contra la movilización ciudadana en Perú fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza, las mujeres también se vieron afectadas por formas diferenciadas de violencia, con connotaciones y naturaleza claramente sexista y sexual, enfocada en partes íntimas de sus cuerpos, cargada de estereotipos en cuanto a sus roles de género, en el hogar y en la sociedad, así como en cuanto a su credibilidad, con el distintivo propósito de humillarlas y disciplinarlas por ser mujeres que presuntamente estaban participando en una manifestación pública en contra de la decisión de autoridad estatal. Todo esto sin mencionar otro tipo de afectaciones, como que en las protestas a los hombres se les ha asignado el rol de voceros y tomadores de decisiones, mientras que a las mujeres se les han dado las labores de atención a los heridos y todo lo relacionado con los cuidados sociales y familiares; además de que el cuidado de la familia y los hijos es un aspecto de sus vidas que deben seguir atendiendo independientemente de las manifestaciones sociales. Perú es un país con una democracia débil, aparentemente laica, en donde los grupos anti derechos consolidan avances, mientras que las mujeres enfrentan serias restricciones para el ejercicio y goce de sus derechos. Le invitamos a leer nuestro informe Impactos en el contexto de la movilización Ciudadana 2022-2023: profundizando desigualdades de género con toda la información y el análisis de la situación de las mujeres en el marco de las movilizaciones peruanas aquí :

Por: Línea Migración, Región y Frontera Como un “imperio del terror” ha sido catalogada la presencia del Tren de Aragua en Norte de Santander. El grupo criminal, oriundo de Venezuela y con centro de operaciones en el Centro Penitenciario de Aragua, se consolidó en 2013, cuando Héctor Rustherford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, estableció alianzas con miembros del grupo y, en 2017, se convirtió en el líder carcelario más importante de Venezuela. A través de la ruta que recorren los migrantes, desde 2018 llegaron a distintas ciudades latinoamericanas, como Cúcuta y Villa del Rosario, ubicadas en zona fronteriza colombiana. La llegada del Tren de Aragua a Norte de Santander generó disputas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la banda Los Urabeños, encargados de controlar las trochas. No obstante, y de acuerdo con InSight Crime: “aunque la presencia de presuntos miembros del Tren de Aragua en el departamento colombiano de Norte de Santander ha continuado, el conflicto con la guerrilla parece haber bajado de intensidad en 2022”. Considerando que el grupo opera impunemente desde Venezuela, y teniendo en cuenta su experticia para corromper oficiales al punto de lograr el control de sus actividades ilícitas desde la cárcel, el panorama resulta desalentador para los nortesantandereanos. El control del narcotráfico, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, el tráfico de migrantes y la detonación de artefactos explosivos, son algunos de los delitos cometidos por la organización criminal en la zona fronteriza. Según una fuente consultada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el crecimiento de la banda coincide con el ingreso de los carteles del narcotráfico al departamento. Así, la convergencia de los actores ha generado una tercerización criminal, pues mientras las organizaciones mexicanas contratan al Tren de Aragua, estos, a su vez, han subcontratado para la realización de distintas actividades ilícitas. De acuerdo con La Opinión, los comerciantes de La Parada y del centro de Cúcuta deben acceder a las extorsiones, porque la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) no ha logrado controlar los crímenes. La fuente consultada por Pares agregó que Norte de Santander es una caja registradora para los actores al margen de la ley. El Tren de Aragua, por ejemplo, hace seguimiento a los negocios y cobra con base en la facturación de ingresos. Versiones extraoficiales recibidas por el periódico en mención señalaron que las “vacunas” alcanzan los treinta millones de pesos y, además, los comerciantes son obligados a vender drogas en sus locales. En septiembre de 2022 fueron capturados cuatro presuntos integrantes del Tren de Aragua, por una extorsión de 25 millones de pesos a un comerciante. Amenazado de muerte junto con su familia, el afectado informó a las autoridades y se logró la captura cuando los delincuentes esperaban recibir tres millones de pesos en el parque Santander de Cúcuta. Tres meses después, en diciembre de 2022, también capturaron a dos miembros cuando pretendían cruzar la frontera con dos armas, 201 gramos de presuntas sustancias ilícitas y una lista de empresarios tachirenses para extorsionarlos. Asimismo, a través de un video y con artefactos explosivos en mano, intimidaron a un ciudadano en febrero del presente año. En la grabación, que posteriormente se hizo viral, los delincuentes aseguraron dar plazo hasta las 6:00 de la tarde, para la entrega del dinero solicitado y, mientras mostraban armas y artefactos, agregaron: “(Si no) vamos a tener que actuar en contra de los tuyos y en demostraciones que tal vez serán demasiado graves tanto para ti como para tus negocios. Tenemos 55 gramos de C4 con intención de detonarlo ya sea en tus negocios o en tu residencia. Motivo por el cual esperamos comunicación en el transcurso de las horas. De no hacerlo, de mañana para adelante vas a tener una guerra con nuestra organización, que no vas a poder soportar”. Carlos Suárez, comandante de la Policía del área metropolitana de Cúcuta, le dijo a Blu Radio que cuando los miembros del Tren de Aragua son judicializados, cambian de nombre para evadir su responsabilidad por los actos cometidos en años anteriores. Se han hecho llamar los de Saúl, los Alemanes, los Nazis y los AK47. La primera denominación corresponde a uno de los delincuentes de mayor peligrosidad, pues alias Saúl, quien tiene circular azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), es responsable de dos hechos ocurridos en Cúcuta durante 2022: una masacre contra cuatro músicos y la muerte de un policía en retiro. No obstante, la fuente consultada por Pares señaló que los diferentes nombres corresponden a la subcontratación, pues, por ejemplo, los AK47 son los responsables del sicariato. Las autoridades también han establecido los vínculos de estas nuevas denominaciones con el Tren de Aragua. En agosto de 2022, Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la nación, señaló que cinco integrantes de la estructura AK47, pertenecientes a la banda, fueron imputados por homicidio agravado y fabricación, trafico, porte o tenencia de fuego agravado. Los cargos debido a su responsabilidad en una masacre ocurrida el 27 de agosto de 2022, en el barrio Pueblo Nuevo de Cúcuta, donde asesinaron a cuatro personas. Además, en diciembre de 2022, cuatro venezolanos, tres hombres y una mujer, entre ellos un menor de 17 años, fueron secuestrados por el Tren de Aragua. Las víctimas viajaban desde Chile hacia su país, pero al llegar al Corregimiento La Parada (en Villa del Rosario), fueron ingresados a la fuerza y bajo amenazas a una bodega que tenía fachada de agencia de viajes. Horas después, los familiares de los secuestrados recibieron una extorsión de 100 mil dólares y un video donde amenazaban con armas de fuego a las personas privadas de la libertad. Frente al hecho fueron capturadas cuatro personas y se incautaron cuatro armas de fuego, setenta cartuchos 9mm y tres celulares. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, Cúcuta ocupa el puesto 49 en el último ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Hechos como la explosión ocurrida en el barrio El Callejón, el 23 de febrero de 2023, a las 6:40 de la tarde, han mantenido al territorio en esa lista desde hace varios años. Respecto a la granada, que dejó quince personas heridas y locales comerciales y vehículos afectados por las esquirlas, el coronel Carlos Andrés García Suárez le dijo a Infobae que: “todo indicaría que son cobros extorsivos a establecimientos de comercio”. Respecto al hecho, Pares conoció los estados de WhatsApp de José Manuel Acosta Mogollón, alias “Niño Valencia”, cabeza del Tren de Aragua en Cúcuta y su área metropolitana, 12 minutos posteriores a la explosión, el presidiario publicó tres videos del hecho delictivo y escribió: “cuando sienta el bum de este perreo intenso, es el chu chu que viene y no frena”. Además, agregó: “las cosas se hacen como digamos los dueños de la película (…) y eso va con todo el que no copee”. En octubre de 2022 también detonaron una granada en un bar de Cúcuta, dejando tres personas heridas; posteriormente, el 25 de noviembre, volvieron a cometer un ataque contra un hospedaje, sin dejar víctimas. Los actos evidencian el poder del grupo, incluso desde la prisión. Diego Villamizar, defensor de derechos humanos, denunció en Semana que el Tren de Aragua controla la cárcel Modelo de Cúcuta. Los integrantes del grupo tienen lujos, organizan fiestas con la participación de conjuntos vallenatos, consumen drogas, hacen videollamadas con teléfonos de alta gama y extorsionan a los demás reclusos por el uso de celdas, teléfonos e ingreso de alimentos o visitas. Según el veedor, la autoridad de la banda ha permitido el incremento de cocaína, tusi y marihuana al interior del centro pentenciario. Las investigaciones han revelado videos donde se observa a los presos construyendo piscinas en la terraza de la cárcel, modificando los pisos de las celdas con mármol y porcelanato, y disponiendo de una tienda o bar con neveras y heladerías. Según Ronna Risquez, autora del libro El Tren de Aragua. La megabanda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, y quien recibió amenazas junto con sus familiares al anunciar la publicación de su obra, antes de que los reclusos abandonen la prisión de Tocorón, los miembros del Tren de Aragua los reclutan para trabajar en países como Colombia, Perú, Chile o Ecuador. Aprovechando las condiciones de los exconvictos, obtienen mano de obra para sus crímenes en Venezuela o en el exterior. La libertad de los presidiarios en la cárcel, así como la continuidad de las extorsiones, los secuestros, los asesinatos y la detonación de artefactos explosivos, genera cuestionamientos en la sociedad civil. La fuente consultada por Pares señaló que la gravedad del control ejercido por el Tren de Aragua aún no se dimensiona, porque las personas tienen miedo de hablar. Asimismo, señaló: “¿cómo las autoridades no van a saber todo lo que ocurre? Con un pie de fuerza tan importante, es evidente que hay una relación criminal entre la fuerza pública y las estructuras criminales”. Mientras tanto, los rosarienses y los cucuteños siguen obligados a vivir bajo la imposición de sus leyes y las consecuencias de no acatarlas, pues quienes se niegan a sus peticiones son declarados objetivo de la organización.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad En medio de una afanada reestructuración de la administración municipal de Itagüí ocurrida en 2011, en cabeza del alcalde encargado Luis Guillermo Pérez Sánchez (ficha política de Carlos Andrés Trujillo), el 30 de diciembre de ese año, a través del decreto municipal 1421, la Alcaldía de Itagüí creó una empresa industrial y comercial del estado, denominada Agencia de Desarrollo local de Itagüí (ADELI). Meses después, durante el primer año de la alcaldía de Trujillo en Itagüí (2012-2015), y bajo el decreto 1309 del 23 de octubre de 2012, se le dio continuidad a ADELI, luego de hacerle transformaciones internas para su regularización. Algunos concejales de la ciudad denunciaron en 2015 que la creación de esta empresa tuvo vicios de trámite. A causa de estas denuncias, en un fallo de primera instancia, dos años después, en 2017, el Juzgado Veintitrés Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín determinó nulos los decretos y acuerdos que creaban y regulaban a ADELI, a pesar de que ya llevaba 6 años en operación. La administración municipal de Itagüí apeló el fallo, lo que permitió a ADELI seguir en operaciones con normalidad. Cuatro años después, en 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la Sala Quinta Mixta C, ratificó en segunda instancia la sentencia del Juzgado Veintitrés Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín en el cual declaraba nula la conformación de ADELI. A causa de este fallo, la actual administración municipal de Itagüí, en cabeza de José Fernando Escobar (otra ficha política de Trujillo), volvió a crear ADELI de manera exprés, bajo el decreto 361 del 31 de mayo de 2021 y reestructurado bajo el Acuerdo 002 del 1 de junio de 2021. Las firmas que aparecen en este Acuerdo (exprés) 002 son las de Jorge Eliecer Echeverry y Johnatan Serna, ambos aliados políticos de Carlos Andrés Trujillo. En estos momentos la Procuraduría General de la Nación (PGN) adelanta investigaciones sobre presuntas irregularidades en ADELI, pues sostienen que esta empresa habría sido creada para saltarse la normatividad de contratación pública, la transparencia y la eficiencia en el gasto público, para solo contratar de forma directa mediante convenios interadministrativos; convenios que están siendo hoy investigados por la PGN. Así mismo, desde su creación hasta el 2020, ADELI solo contrató con la Alcaldía de Itagüí y con nadie más. A pesar de que para determinar si hay presuntas irregularidades respecto a la entrega de contratos a ADELI les corresponde a las autoridades realizar una investigación exhaustiva a las etapas precontractuales, contractuales y de seguimiento a estos proyectos, queda un manto de duda razonable sobre las relaciones y ciertas cercanías políticas de parte de Carlos Andrés Trujillo con los implicados en todo el proceso que ha vivido esta empresa desde su creación espuria desde el 2011. Lea el informe con todos los datos, el análisis y los anexos de los acuerdos, decretos y contratos de ADELI, aquí: