Por: Nataly Triana, Investigadora Nacional; y Mónica Castillo, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Un amplio sector de la oposición venezolana acudirá a elecciones en el mes de octubre para elegir un candidato unitario que represente a esta colectividad y compita con el oficialismo en las elecciones presidenciales del 2024. Esta unidad entorno a mecanismos democráticos es relevante, en especial cuando existen sectores de la oposición que se encontraban reacios y por primera vez han optado por participar electoralmente. No obstante, son claros los retos para dotar a estos comicios de transparencia, representatividad, legitimidad y legalidad. El gran dilema de revitalizar este sector, desde la promoción de las primarias, ha mostrado las dificultades que esta enfrenta a la hora de consolidar una base social que apoye las candidaturas de los partidos opositores. En ese sentido, lograr unidad en medio de la crisis de representatividad implica, sin duda, un reto contundente para motivar a la población de que el voto es una herramienta de cambio. Muestra de ello es la investigación sobre cohesión política de Datincorp, que da cuenta de la postura apática y desconfiada de los electores venezolanos, resultado de las decisiones de la oposición, sus políticas, polémicas, así como disolución del gobierno interino. Las fisuras al interior de los partidos y entre sus propios representantes son un reto vital a superar para conseguir una verdadera fuerza electoral. Gráfico 1. ¿Cuánta confianza tiene usted en los líderes políticos de Venezuela? Fuente: Datincorp De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la participación electoral en Venezuela está altamente mediada por mecanismos de cooptación o clientelares que permiten a los ciudadanos la obtención de algún beneficio a cambio de su voto. Estos mecanismos residen principalmente en el Sistema Patria, sistema a través del cual el Estado venezolano concede ayudas como el cobro del salario a funcionarios públicos y la recepción de contribuciones económicas. Esta dinámica ha sido explotada por el oficialismo con el fin de mantenerse en el poder a pesar de la crisis social, económica y humanitaria. En la experiencia de un sector de la oposición, estos mecanismos han impedido competir en igualdad de condiciones con el oficialismo. Sin embargo, pese a tal sabotaje, en las elecciones de autoridades locales y regionales del 2021 lograron tres de las veintitrés gobernaciones: Cojedes, Zulia y Nueva Esperta. Estos Estados son sumamente importantes para estos comicios, ya que podrían tener algunas bases sociales fortalecidas que permitan la promoción de estas elecciones. No obstante, la ausencia de estos mecanismos, la apatía electoral, la migración forzada, la falta de legitimidad de la oposición tras los escándalos de corrupción en los manejos de los activos extranjeros y las propias complejidades del sistema electoral venezolano son escenarios que debe sortear la Comisión Nacional de Primarias (CNP) para que este sector político pueda convertirse en una fuerza electoral competitiva en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué es la Comisión Nacional de Primarias de la Oposición? La Comisión Primaria es el ente encargado de organizar las elecciones primarias de la oposición venezolana en el 2023. Esta comisión está encargada de construir, aprobar e implementar el cronograma electoral, así como hacer cumplir el reglamento común para llevar las distintas campañas electorales. Este organismo tiene el propósito de llamar a la unidad política y para ello está conformado por respetados académicos y miembros de la sociedad civil como garantes, quienes tienen una considerable independencia partidista, siendo este aspecto fundamental para otros sectores que no pertenecen a la Plataforma Unitaria1. Esta comisión está presidida por Jesús María Casal, profesor en Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cuáles son los principales retos de estas elecciones? Los principales retos para la elección primaria de la oposición son principalmente la fragilidad de la unión al interior de este grupo político y la gran cantidad de candidatos inhabilitados que tienen la aspiración de participar. Así mismo, en términos estructurales, el ventajismo institucional del gobierno venezolano también es un obstáculo en mecanismos esenciales como el Registro Electoral, el préstamo de las máquinas de votación y los colegios electorales. Oposición Fracturada e Inhabilitada La fragmentación interna que vive hoy la oposición venezolana no es un tema nuevo en la coyuntura política nacional, las disputas por y entre liderazgos han sido el talón de Aquiles de su relacionamiento. El camino que han recorrido en las últimas dos décadas ha mostrado la falta de coordinación de un proyecto político democrático, los intereses y ambiciones personales han limitado la discusión y toma de decisión entre sus representantes. En su afán de eliminar el oficialismo en Venezuela, se han quedado sobre la mesa acuerdos necesarios que logren unificar las ideas para materializarlo; sin ir muy lejos, mientras un sector busca la vía democrática, otros deseaban el uso de la fuerza y algunos sectores esperaban abrir un espacio de diálogo. La finalidad de defender la democracia ha quedado desdibujada entre una lucha de egos y protagonismos. Lo anterior se vio reflejado en las discusiones entre lo que hasta finales de 2022 fue el G4 (grupo de los cuatro partidos de oposición más representativos), que vienen del desgaste de sus políticas hasta los resultados que dejó el gobierno interino de Juan Guaidó. Sus controvertibles gestiones pusieron en duda la capacidad de la oposición y reforzaron la desconfianza de la ciudadanía venezolana frente a la posibilidad de cambio. Si bien su accionar causó ciertas disputas con el chavismo, al final no generó transformaciones significativas a la realidad política y social de Venezuela, ni con la propuesta del cese de usurpación, ni con el gobierno de transición y aún menos con la coordinación de elecciones. El declive de la imagen tanto de la oposición como del mismo líder del partido Voluntad Popular (VP) fueron algunos de los detonantes de la crisis de legitimidad y aceptación que enfrenta hoy todo el sector opositor. La rivalidad eterna entre estos partidos por mesianismos en la escena política llevó a que actualmente solo tres integren tal agrupación; luego de que Primero Justicia y Nuevo Tiempo lideraran y ejecutaran la iniciativa de disolver el gobierno interino de Juan Guaidó bajo el argumento de una decisión estratégica de regeneración de la oposición y los cuestionados manejos de los activos en el extranjero, VP reaccionó afirmando que se trató de un acto de traición. Ahora bien, esa serie de disputas no solo se gestaron dentro del G4 (ahora G3). Otra arista importante la juega el ascenso de Vente Venezuela en cabeza de María Corina Machado. La carrera por las primarias ha llevado a enfrentamientos entre gran parte de los representantes de la oposición, como lo pone en evidencia las últimas declaraciones de este partido, que ha acusado al G3 de desestimular la participación ciudadana, puesto que estos están a favor de la asistencia técnica del CNE a las primarias, a lo que se oponen férreamente. Lo anterior muestra que la falta de un discurso sólido que una a la oposición en la lucha hacia la democracia ha creado una atmósfera de división que no ha hecho más que impedir sus propias victorias electorales y darle significancia al régimen de Nicolás Maduro. En paralelo, de cara a una participación política libre y competitiva, la oposición debe hacer frente al dilema de las inhabilidades. De acuerdo con las fuentes de Pares, dentro de los criterios de postulación para las primarias se aceptarán candidatos inhabilitados. Sin embargo, eso plantea un problema estructural en caso de victoria de algún candidato o candidata inhabilitados, pues si bien se implementará el mecanismo de sustitución, esta dinámica podría recargar y desgastar el proceso electoral. Por tal motivo, es neurálgico que en los diálogos en México entre la oposición y el oficialismo se pueda negociar el aspecto de las candidaturas inhabilitadas para a las elecciones presidenciales del 2024. No obstante, esta posibilidad se encuentra lejana tras las recientes discusiones entre ambos sectores políticos entorno al incumplimiento del Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano. Registro Electoral y Participación Política Otro de los retos que debe contemplarse dentro de las prioridades estratégicas de la Comisión Primaria, es cómo garantizar el acceso al voto tanto de la población residente como de quienes se encuentran en el extranjero. El profesor y politólogo John Magdaleno mencionó este como uno de los puntos esenciales dentro de la organización de las elecciones. La posibilidad de que los ciudadanos venezolanos puedan votar desde el exterior implica la colaboración del gobierno de Nicolas Maduro, el cual tiene a su disposición distintas embajadas. No obstante, estas no son ciertamente una garantía como centros de votación, puesto que además de comprometer disposiciones por parte del oficialismo, solo serán accesibles para quienes cuentan con residencia legal. Ahora bien, la dificultad no radica exclusivamente en la colaboración del oficialismo, sino también en la cantidad considerable de embajadas que, según fuentes de Pares, se encuentran cerradas. De acuerdo con ACNUR, existen siete millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, de quienes la mayor parte residen en América Latina y el Caribe. Para el 2022, A.C Súmate estimó alrededor de un millón de venezolanos fuera del país que, pese a que se encontraban en edad para votar, no estaban inscritos en el Registro Electoral. A lo anterior se le suma que actualmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene una deuda pendiente entorno a la actualización de la información de los ciudadanos en el Registro Electoral. Conforme a fuentes de prensa, el CNE no ha implementado una campaña para inscribir en este registro a jóvenes votantes y tampoco ha presentado facilidades para movilizar las máquinas de inscripción fuera de las Oficinas Regionales Electorales (ORE). Este proceso en las embajadas es mucho más complejo, según denuncias recibidas por Pares, estas actúan con discrecionalidad, obstaculizando en sí la inscripción a este registro. La relevancia del registro electoral se debe no solo a que permite conocer a los ciudadanos habilitados para votar y que facilita el cambio de centros de votación según la residencia, sino también a que determina el nivel de representatividad que puede tener la oposición entre quienes están habilitados para votar. Estas fallas en el registro electoral, según Paola Bautista, responden al oportunismo y a los intereses del gobierno de Nicolás Maduro, es decir, al ventajismo institucional en Venezuela. Para contrarrestar esta dinámica, Bautista propone ejercer una presión política internacional, específicamente regional, por parte de Estados como Colombia, Chile y Brasil, que han expresado su solidaridad con Venezuela y que, además, han sido los países con mayor impacto ante la ola migratoria venezolana. Transparencia y Legitimidad A este entramado se superpone la gestión técnica de las elecciones y el rol que podría jugar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Recientemente la Comisión Nacional de Primarias ha solicitado el apoyo técnico del CNE, para lo que han establecido una comisión técnica que determine las condiciones que deberían cumplir, sin que esto signifique entregar el control de las elecciones y poner en riesgo la identidad del elector. En la actualidad el CNE designó una comisión técnica para evaluar el uso de los centros de votación, la tecnología y la organización de jornadas especiales de actualización del registro electoral. Sin embargo, fuentes de Pares han coincido en que existe la posibilidad de que el CNE no brinde todas las facilidades para lograr un proceso amplio y transparente. Pese a que no se ha concretado su participación en estos comicios, la situación ya sugiere escepticismo por parte de algunos sectores opositores, como María Corina Machado, quien se opone a la intermediación de este organismo. Conforme a las investigaciones de Pares, los riesgos de fuga, corrupción y mecanismos de corrupción electoral no residen necesariamente en el software electoral, por el contrario, tienen lugar en las reglas de juego de las elecciones y la cercanía que algunos de los miembros del CNE puedan tener con el oficialismo. Esto traería implicaciones negativas en términos de transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad y eficiencia. No obstante, no se puede desconocer que sin esta asistencia técnica la ejecución de las elecciones sería casi que imposible en términos logísticos. De no realizarse en los centros de votación y/o colegios electorales que estén al alcance de la población, es necesario proponer espacios confiables que permitan la seguridad del material electoral y la facilidad de movilización de los ciudadanos. Así, a la espera de candidatos confirmados, el panorama de las elecciones primarias de la oposición en Venezuela es aún vacilante. Lo único cierto es que, para esta contienda electoral, se viene un camino álgido y laborioso

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Hace 250 años, el padre de la ciencia económica, Adam Smith, se encontraba trabajando en la escritura de su gran libro Una Investigación sobre la naturaleza y causa de la Riqueza de las Naciones. En esta obra, que se considera la base intelectual del sistema de mercado, el gran científico de la economía nos argumentó sobre la importancia de la libertad de empresa y de comercio para aumentar la riqueza y el bienestar social. A pesar de lo generoso que fue Smith con los empresarios, resaltando su sacrificio al invertir su dinero en la economía, supo también advertir sobre los riesgos que existen cuando los hombres del mismo ramo de negocios se reúnen. En sus palabras, este tipo de agentes inician sus reuniones buscando “entretenerse o divertirse”, pero terminan siempre sus conversaciones “en una conspiración contra el público, o en alguna maquinación para elevar los precios”. Esta conjetura que Smith realizó al inicio de la formación del capitalismo, sobre una práctica social en su tiempo, se ha convertido en una ley de conducta de los empresarios en el mundo actual. Es normal escuchar cómo empresarios de todo tipo –sea de medicamentos, de gasolina o de pañales– se reúnen y conspiran para controlar la oferta de bienes, reducir la calidad de los procesos productivos o aumentar el precio de un servicio. Un caso de este tipo viene ocurriendo en Colombia y la región desde comienzos del año pasado en la industria del transporte aéreo. El 29 de abril de 2022 la prensa informó lo que debería haber sido una buena noticia para el país, pues dos empresas colombianas se unían para enfrentar los estragos económicos causados por la pandemia y dejar atrás el fantasma de la bancarrota, además de enfrentar el fenómeno del incremento de los precios en los hidrocarburos. Avianca informó que había comprado el 100% de las acciones de la compañía colombo-peruana Viva Air. Y de inmediato se encendieron las alarmas. La supuesta buena noticia resultaba para el país en un atentado contra la libertad de empresa y de comercio, además, se convertía en un riesgo para el bienestar de los usuarios-consumidores del servicio público de transporte aéreo. En una columna que publiqué en su momento, titulada Avianca y Viva Air, una alianza que perjudicará a los usuarios, advertía sobre “las consecuencias que traerá para los usuarios la fusión. En especial, hay que advertirles a los reguladores sobre los efectos que conllevará la inminente concentración del mercado. Las alianzas han perjudicado a los consumidores y han afectado el bienestar social”. En especial, en un mercado cautivo, “caracterizado por una falta de sustitutos y con un control oligopólico sobre las rutas troncales, que hace escasa la competencia”. De allí que sugería la elaboración de “un estudio detallado que aventure efectos negativos y la manera de evitarlos. Daños que podrían aparecer para los empleados, acreedores, proveedores y accionistas, pero, lo más seguro, es que afectará negativamente la calidad en el servicio de los millones de usuarios que tiene el nuevo holding”. Desde aquel anuncio se han tenido, por lo menos, tres grandes momentos en este proceso: el primero ocurrió en agosto de 2022, el ocho de ese mes las empresas aprovecharon el cambio de gobierno y el revolcón en los cargos públicos para entregarle al Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) la solicitud de autorización de la integración de las dos compañías, en la cual desaparecería Viva Air y se constituirá otro holding empresarial llamado Avianca Group International Limited (Avianca Group). Pensaban alegremente que esta coyuntura de cambio de gobierno serviría como cortina de humo para que se aceptara con facilidad esta propuesta integracionista. En su lugar, los organismos reguladores se dieron cuenta de la situación irregular e ilegal. Advirtieron que la compra del 100% de Viva Air por parte de Avianca se había dado sin las autorizaciones respectivas y que se estaban violando claramente la regulación colombiana. El segundo momento ocurrió el 04 de noviembre del mismo año, cuando la Aerocivil negó la solicitud de integración a ambas empresas. Para el ente regulador no existían suficientes motivos para aprobar la unión, ya que la empresa no dio signos de crisis económica y, además, la unión tendría profundas implicaciones operacionales que atacarían directamente tanto la libertad de empresa como el bienestar de los usuarios-consumidores. El tercer momento está ocurriendo en estos días. Luego de la negación por parte de la Aerocivil, Viva Air y Avianca Group han interpuesto una demanda de segunda instancia para que se avale la integración. Las dos empresas más grandes del transporte aéreo en el país, la primera con cerca del 40% del mercado y la segunda con el 20,9% –las demás son Latam con 20%; Wingo, 4,5%; Easyfly, 4% y Satena, 2,2%–, esperan que a más tardar este viernes 17 de marzo de 2023 se les dé respuesta “positiva” a su solicitud. Las empresas, por supuesto, no se han quedado quietas esperando la respuesta. Durante los últimos 10 meses, la inmensa inversión exige que se sigan moviendo las fichas y avanzando en su meta comercial. Buscan convertir el nuevo holding en el más grande y poderoso de la región. En esta lógica, Avianca Group se ha reunido frecuentemente con otros empresarios, como la empresa chilena SKY y la brasileña GOL, para construir una empresa llamada Grupo ABRA que se ubicaría entre las veinte empresas más grandes del mundo, con 280 naves. Por su parte, en el mercado interno, Viva Air viene aplicando como mecanismos de presión la parálisis de sus actividades comerciales. El 04 de marzo suspendió sus operaciones de manera temporal. Está ha buscado presionar al Estado mediante el descontento de los usuarios con la posible pérdida de sus recursos –pues la empresa vendió hasta por un año sus tiquetes– y la congestión en las salas de los aeropuertos. Además ha insinuado el despido de sus 1200 empleados si la situación no se arregla a su favor. De lograrlo, es decir, de causar el efecto que buscan las dos empresas y que las autoridades regulatorias les autorice la integración, estaríamos en una situación de monopolio en este mercado. Las dos empresas –que movilizan entre ambas más de 15 millones de pasajeros– tendrían 59 rutas nacionales, por las que se moviliza el 93,7% del tráfico aéreo del país, y en 16 de ellas el 100%. Este es un momento clave para que los distintos organismos del Estado se unan y dialoguen. Para que la Aerocivil, las superintendencias de Industria y Comercio (SIC), y de Sociedades, y el Ministerio de Transporte analicen los efectos de la integración en los usuarios y la industria. Que cumplan a cabalidad sus papeles de regulación, vigilancia y control para que no se perjudique a los actores del sistema: a las empresas su derecho a la libre competencia y a los usuarios-consumidores su bienestar social. En breve, que el Estado, mediante sus organismos, se conviertan en defensores de los derechos constitucionales y de las virtudes económicas del capitalismo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo La credibilidad en los muestreos, encuestas, etc., cada día es más cuestionada en nuestro país y en el departamento del Cauca. Y es por la forma poco profunda, o por lo menos no seria, con que algunas firmas o medios informativos se dan a la tarea de posicionar candidatos. La muestra más reciente de ello es la nada acertada encuesta informal del medio virtual Meridiano Regional. Inicio por comentar el poco conocimiento de los procesos al interior de los partidos, de hacer una labor investigativa o por lo menos indagar con los y las dirigentes de los partidos, movimientos y organizaciones sociales sobre nombres. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones que conforman el Pacto Histórico, su proceso democrático da como resultado que en el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), su elección interna saca del escenario de candidaturas a los compañeros Gilberto Muñoz Coronado y Feliciano Valencia; igualmente el parecido ejercicio dentro del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) elimina como precandidato al profesor Oscar Salazar. Tres “candidatos” presentes en el muestreo. En los últimos ejercicios electorales se ha denunciado la creación de “perfiles falsos” para votar por el candidato que dicen, igualmente sería el candidato quien “pague” la encuesta, e incluso se construyen “bodegas” con numerosas personas para manipular a los votantes, creándoles mentirosos resultados y direccionando a la opinión. No es mi interés en ningún momento generar acciones contra medio informativo alguno, pero este llamado surge de creer eso sí que la claridad, la investigación y el compromiso con la verdad, es comportamiento ético, de muchísimos periodistas y sus espacios; ahora en su mayoría virtuales, en relación a lo que se difunde. ¿Son los medios de comunicación los autorizados por el Consejo Nacional Electoral para hacer encuestas y muestreos?, ¿estamos ya en los tiempos definidos por la ley? Como se lee en un comentario en la referida situación: de un momento a otro se dificulta el ingreso a la plataforma, mientras la “registradora” aumenta sobre un candidato; limitando de esta manera el derecho a estar bien informada la población. ¡Totalmente seguro de que la verdadera encuesta… es el 29 de octubre! Link post de Facebook mencionada: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02URRocgjdz39ThbSAKnvpFUEKTXNgM3ma2YZjr5iDZR8GtLyNvAqZi9CcYq6VWCUVl&id=851424944887797&mibextid=Nif5oz *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luara Bonilla, para @confidencialcol Si hay una expresión que resuma al gobierno de Gustavo Petro es la famosa frase del excomandante del M19, Jaime Bateman: “hay que preparar el gran sancocho nacional”. Pero un sancocho también requiere método y cuidado. El orden en el que se colocan los ingredientes, la calidad de estos, el fuego, la leña, determinan si es un éxito o un fracaso. Con la Paz Total es igual. Ahí es donde tenemos que mejorar, especialmente cuando se está tratando de la apuesta más ambiciosa que ha tenido el país para tener una sociedad más pacífica e incluyente. Creo que es normal que cuando se tienen más respuestas que preguntas se llegue a ejecutar una idea sin pararse a analizar las consecuencias. También es fuerte la tentación de ubicar siempre la responsabilidad en los enemigos. Pero esa curva de aprendizaje, tan natural en cualquier lugar, en Colombia tiene el correlato de la violencia más larga del mundo respirándole al cuello. Cualquier chispa prende el fuego, cualquier error lo estalla todo. Y tiene razón en eso el presidente, los saboteadores son muchos y la incertidumbre no ayuda. La ecuación de la Paz Total es paradójicamente sencilla: desactivar todos los factores de violencia organizada, especialmente el narcotráfico, reconocer el carácter político de la última guerrilla del continente y además quitarles poder estructural a las mafias y a las violencias. Hasta aquí suena todo muy lógico, ¿pero qué pasa si nos equivocamos en las premisas? Varias cosas están pasando en diferentes territorios, que retan la cosas que consideramos verdades. Es una especie de explosión de expectativas en un contexto altamente violento. Y una cosa es lidiar con la frustración acumulada y justamente rabiosa del movimiento campesino que ha pasado décadas firmando acuerdos incumplidos y otra es lidiar con la frustración de los pequeños y medianos mineros en medio del control territorial de un grupo armado. Sí, es necesario que aceptemos que los grupos armados controlan territorio y población, y en eso hay mucho más que un ansia de apropiación de rentas ilegales. Esa premisa, la de que no hay grupo puro, es totalmente cierta. ¿Entonces, qué está fallando? ¿Por qué no cesa la violencia? La hipótesis que quiero aventurar en esta columna es que todos los actores del sancocho de la Paz Total tienen la percepción de que ganarán, porque perciben al actor más grande y fuerte –en este caso a las Fuerzas Armada – como ausentes del juego. En eso, el ELN exige en la mesa de diálogo que el Estado limpie a Arauca de disidencias, algunos grupos cruzando la frontera incluso piensan que podrán negociar títulos mineros en el marco de la Paz Total, y los frentes del Chocó y Nariño están listos a disparar y a conservar territorio. Mientras tanto, el Clan del Golfo se asegura sus provisiones y su control en un momento de incertidumbre, haciendo lo que más saben hacer los grupos de violencia organizada en Colombia: utilizar población civil. Ante la incertidumbre, cada uno de ellos busca acumular el bien que les permitirá una mejor posición en la negociación: mayor control territorial. En el sur del país, la agrupación conocida como el Estado Mayor Central de las FARC se postula a sí misma como una organización político militar, cuando hace meses en el Putumayo amenazaba los liderazgos sociales que intentaban construir una economía alternativa a la coca. Ahí, ellos se impusieron, considerando incluso enemigos a los antiguos proyectos de sustitución alternativa de la coca. Este caso, el del Putumayo, hace que la premisa de que en esos territorios todos los campesinos quieran sembrar tranquilamente coca porque es lo que más les produce, de forma libre, y que el actor armado es un simple cobrador de rentas, es falsa. La coca también fue impuesta de forma violenta, aunque rentable. Y aquí viene mi otra hipótesis, tal vez mucho más polémica a los ojos de mis colegas violentólogos: el narcotráfico ha sido motor de la violencia, pero hoy la violencia en sí misma es una economía ilegal y tal vez la más rentable de todas. Eso quiere decir que hay más variables a considerar en un proceso de acercamiento y negociación con los actores armados, pero especialmente hay que responder a la pregunta: ¿cómo logro que la violencia deje de ser rentable? Sobre esto tratarán mis columnas posteriores. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Ha terminado en México el segundo ciclo del proceso de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Estos son los diez logros más importantes que dejan estas cuatro semanas de trabajo. 1. Se cuenta con “La Agenda de México”, que es el derrotero para adelantar este proceso de paz. En esta agenda se mantiene la estructura ya establecida en el proceso entre el gobierno Santos y el ELN, siendo los ejes estructurantes que se reafirman: participación de la sociedad, trabajar por una democracia que le dé soporte a una Colombia en paz y las transformaciones necesarias que puedan confluir en una visión compartida de paz. 2. La agenda firmada le da fuerza a la participación de las mujeres, los pueblos étnicos y la importancia de asumir el potencial natural y su restauración como fundamento de todo este esfuerzo de acción social y ciudadana. 3. El Gobierno Colombiano y el ELN coinciden en que hay muchas exclusiones y antidemocracia por superar, que es mucho el sufrimiento vivido y que todos los responsables deben asumir sus responsabilidades para poder avanzar. Ese derrotero de reconocimientos coloca la perspectiva de que asumiendo que son muchos los actores y responsables de estas largas violencias se puede avanzar. 4. Sobre la participación de la sociedad para la construcción de la paz y de manera específica en este esfuerzo compartido entre el Gobierno y el ELN, se reconoce por las dos partes que ya tienen un conjunto de propuestas formuladas en las audiencias de Tocancipá en octubre de 2017 y otras audiencias realizadas en el mes de noviembre del mismo año, igualmente lo avanzado en el último ciclo en La Habana con el expresidente Santos en julio de 2018. Estos insumos tienen importantes propuestas que colocan a los territorios y los temas identificados como referentes para lo que será, en palabras de Silvana Guerrero de la delegación del ELN, la propuesta que la mesa haga en lo que se considera es el “corazón” de este esfuerzo de paz. 5. En cuanto al cese bilateral, faltando por precisar el delicado tema de “hostilidades” y no solamente el parar los tiros mutuamente, también se reconoce que hay que partir de la experiencia de lo aprendido en el cese bilateral que se logró entre octubre de 2017 y enero de 2018, el cual ha sido el único bilateral y de una duración significativa. Si se parte de esta experiencia y se logra que tenga viabilidad en los territorios donde permanece la confrontación, que sea “temporal con vocación de continuidad” y cuente con veeduría y verificación, es mucho lo avanzado para lograr establecer las bases de ese propósito de una negociación en un ambiente de paz y salir del tercer ciclo de Cuba con los lineamientos y el detalle para lograr establecer el cese bilateral de fuego y hostilidades. 6. En este segundo ciclo se presentó el informe de la Caravana Humanitaria adelantada de manera conjunta por el Gobierno y el ELN, con la participación de las organizaciones étnico territoriales de afrocolombianos e indígenas y el acompañamiento de la comunidad internacional e iglesias. Sin duda, de esa caravana lo aprendido y sus compromisos son aspectos clave no solo para ese par de territorios, igualmente lo son para otras zonas donde se pueden adelantar acompañamientos similares en comunidades que sufren. 7. La presencia del ministro de Justicia Néstor Osuna, que presentó en la mesa las iniciativas del Gobierno para avanzar en una reforma penitenciaria necesaria y pertinente para superar una crisis ya prolongada, una amplia vulneración de derechos y una ineficacia en la acción resocializadora que debe tener la permanencia en estos centros de reclusión. Sobre este propósito el ELN mostró identidades con lo que propone el Gobierno y allí está su interés por la situación de los seiscientos veinte presos que afirmó Pablo Beltrán, el jefe de la delegación del ELN, permanecen en cárceles colombianas. El tema de presas y presos del ELN debe ser asumido de manera pronta y eficaz por el Gobierno. 8. El ambiente de trabajo conjunto y disposición a afrontar que se puede avanzar en una dirección compartida queda ratificado en este segundo ciclo por Gobierno Colombiano y de ello es evidencia la agenda firmada y los compromisos de continuidad. 9. La ratificación del protocolo que sustenta la participación del grupo de países acompañantes conformado por Alemania, España, Suiza y Suecia, el cual se logró construir en el desarrollo de este segundo ciclo, en el que el Gobierno Colombiano y el ELN reafirman la importancia de su trabajo, acompañamiento y compromiso con este proceso de paz. 10. La reafirmación por el Gobierno Colombiano y el ELN de que Cuba ha sido un socio comprometido y perseverante en este esfuerzo de paz, que siempre se ha contado con su trabajo, compromiso y profesionalismo, ratificado con creces durante el gobierno del expresidente Iván Duque que maltrató a Cuba y su gobierno al desconocer la existencia de un protocolo de ruptura. Volver a Cuba es la ratificación de todo el aporte de la isla para una Colombia en paz.

Por: Katerin Erazo, Periodista Los jóvenes tienen un papel fundamental en todos los ámbitos sociales y su importancia no debe ser subestimada. Desde la política hasta la cultura, pasando por la economía y la tecnología, los jóvenes están liderando cambios y transformaciones que impactan de manera positiva en la sociedad. En la política, los jóvenes son una fuerza cada vez más activa y comprometida en la defensa de sus derechos y en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. En muchos países del mundo, los jóvenes están liderando movimientos sociales que buscan la reforma de las instituciones y la participación activa en la toma de decisiones políticas. En la cultura, los jóvenes están impulsando nuevas formas de expresión artística y creativa que reflejan las inquietudes y los valores de su generación. Desde la música o el cine hasta la moda y la literatura, los jóvenes están rompiendo con los moldes tradicionales, pero de igual manera explorando nuevas formas de comunicación y de representación. En la economía, los jóvenes son el motor del emprendimiento y la innovación, creando nuevas empresas y proyectos que generan empleo que le brindarán riqueza a sus comunidades. Además, los jóvenes están liderando la transformación digital de la economía y la sociedad, desarrollando nuevas tecnologías o modelos de negocio que están cambiando la forma en que vivimos y trabajamos. Con el propósito de brindar apoyo y oportunidades a la población juvenil en sus comunidades, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha colaborado con ellos en diversos ámbitos sociales. Para lograr este objetivo, Pares cuenta con la Línea de Jóvenes, la cual es coordinada por Miguel Ángel Rubio. Rubio destacó que en 2021 los jóvenes expresaron su apoyo a demandas sociales y territoriales que generaron una nueva agenda política en el país. A través de marchas y protestas contra la injusticia, esta población alzó su voz, aunque esto los hizo objeto de estigmatización y señalamientos. Según el coordinador, fue la participación activa de los jóvenes en este movimiento lo que llevó a la elección de Gustavo Petro como presidente, quien ha sido reconocido por sus posturas en el estallido social. De hecho, Petro ha nombrado a Gabriela Posso como consejera para las juventudes en un intento por reconocer el papel de los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa. En la actualidad, la Línea de Jóvenes liderada por Rubio tiene varios proyectos en el horizonte. Uno de ellos es la organización de un gran encuentro en la ciudad de Buenaventura en colaboración con otras 15 organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de este evento es que los jóvenes puedan establecer una agenda conjunta de interlocución con el Gobierno Nacional sobre temas importantes como la Paz Total, los diálogos de paz con el ELN y el diálogo pendiente con la primera línea. Además, se espera que los jóvenes definan una agenda social, política y económica que se convierta en un mandato nacional para el país y para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este proyecto futuro ha generado un gran interés entre organizaciones de la sociedad civil, las cuales han expresado su disposición para unirse a la propuesta que cuenta con diversos proyectos. Según Miguel Rubio, se planea recopilar recursos económicos y metodológicos para que los jóvenes puedan hacer oír sus voces en el ámbito sociopolítico. De esta manera, se busca dar visibilidad a las demandas de los jóvenes para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. “Hoy los jóvenes son transformadores del territorio, haciendo lectura política y dando las discusiones más gruesas en el congreso y en el Gobierno”, destacó Miguel Ángel Rubio. Desde febrero la Fundación ha estado en conversaciones con diversas organizaciones de la sociedad civil y académicas, con el propósito de conformar un comité promotor y otro organizador, así como de buscar los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto en la ciudad de Buenaventura. El objetivo del proyecto es consolidar un encuentro que pueda materializarse gracias al esfuerzo conjunto de estas entidades. Miguel Ángel Rubio explicó que se escogió Buenaventura como sede del evento por dos razones principales. En primer lugar, debido a que el Gobierno ha implementado allí los pilotos de Paz Total, puesto que esta ciudad ha sido gravemente afectada por el conflicto armado y el reclutamiento de jóvenes en actividades ilegales. En segundo lugar, porque la Fundación cuenta con una importante presencia en la ciudad, especialmente en su labor con las comunidades negras y afrocolombianas. El coordinador también destacó que la Fundación desea llevar esta iniciativa a zonas que suelen ser olvidadas por otros programas. En resumen, la elección de Buenaventura como sede del encuentro se debe tanto a su relevancia estratégica como a la fortaleza y experiencia de la Fundación en la zona. Miguel Ángel Rubio señaló que actualmente existe cierto descontento entre los jóvenes con el Gobierno actual. Esto se debe a que no están viendo los resultados esperados del Plan Nacional de Desarrollo ni de las propuestas gubernamentales. No obstante, la juventud sigue atenta a que se cumpla lo prometido por el presidente en cuanto a aspectos sustanciales. Por esto, aunque hay cierta insatisfacción, los jóvenes mantienen su compromiso y expectativas en relación a las promesas de desarrollo del Gobierno. “Si no se cumplen, seguiremos desde las organizaciones civiles y juveniles reportando estos incumplimientos para que los jóvenes queden como prioridad en la agenda política”, señaló el coordinador. La Fundación ha tenido experiencias previas de acompañamiento a jóvenes, las cuales han dado importantes resultados. Un ejemplo de esto son las Escuelas de Liderazgo Juvenil de la Fundación Pares, que han sido establecidas en cuatro ciudades diferentes: Pereira, Cúcuta, Buenaventura y Pueblo Rico, Risaralda. Estas escuelas han arrojado importantes hallazgos, entre los que destaca el descubrimiento de jóvenes con formación política. En definitiva, gracias a la labor de la Fundación se ha logrado evidenciar la importancia del liderazgo juvenil y su potencial para el desarrollo de la sociedad. Rubio destacó que Pares ha logrado formar a dos consejeros municipales de juventud. Además, en la Escuela de Liderazgo de Pueblo Rico se ha trabajado con una líder de la diversidad sexual que ha asumido un papel destacado en la promoción de dicha temática. En Buenaventura se han logrado establecer casi 15 organizaciones de jóvenes, en su mayoría afrocolombianos y de comunidades negras, gracias a la labor de la Escuela de Liderazgo. Por su parte, en Cúcuta, se ha establecido una escuela fronteriza que coincidió con la apertura de la frontera con Venezuela. En resumen, la Fundación ha logrado importantes resultados en la formación y liderazgo de jóvenes en diferentes regiones del país. Este año, la Línea de Jóvenes ha realizado un importante ejercicio al posicionar a los jóvenes en primera línea de discusión y en la agenda nacional. Como resultado de todos los frutos obtenidos, se espera que estos proyectos permitan una mirada política, social, cultural y económica prevalente sobre los jóvenes del país, lo que a su vez contribuirá a mejorar su posición y permitirá una renovación de los liderazgos políticos y sociales. Es un propósito clave de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) formar una nueva élite política en el país, no solo con gobernantes, sino también con empresarios, educadores, académicos y jóvenes que hoy en día están mostrando importantes rasgos de liderazgo. Por esta razón, se espera que tanto otras organizaciones como el Gobierno apoyen estos proyectos, de modo que finalmente se logre una reivindicación de la agenda juvenil en Colombia y se trace un camino para que todos los jóvenes que tienen propuestas e ideas para una buena transformación del país puedan ser escuchados y tomados en cuenta. Finalmente, el coordinador de la Línea Juvenil de Pares, Miguel Ángel Rubio, informó que se está buscando una proyección internacional para expandir las estrategias que han desarrollado en Colombia. "Hemos iniciado conversaciones con México para explorar la posibilidad de replicar nuestras estrategias con organizaciones sociales de ese país. Esperamos que este esfuerzo también dé resultados positivos, tal como ha sucedido con otros proyectos".

Por: Luis Eduardo Celis La semana pasada, por enésima vez, vimos la tragedia que se repite y se repite, la furia desatada, la rabia desbocada, la sangre derramada, las vidas malogradas. Lo vivido en San Vicente del Caguán es historia vieja, repetida y ya conocida. Un libreto sabido y amargo: llegan jugadores al territorio, se generan expectativas, se dividen las comunidades, se ofrece o se “michicatea”, se acuerda y no se cumple, o se cumple a medias, y empieza la acción, pero es una acción con furia. Y el desenlace se lleva vidas y genera heridas y desconfianzas que pueden ser enormes y trágicas, como las que se viven en muchos territorios. Este gobierno liderado por un presidente como Gustavo Petro, con pasión y mandato por el cambio, y una vicepresidenta que viene de la Colombia postergada y excluida de respeto y derechos, puede hacer la diferencia y darle otro rumbo a los territorios donde se viven mil conflictos por tramitar y un orden de democracia por construir con las comunidades y los actores con intereses y presencia en ellos. Ordenar democráticamente los territorios es una prioridad ligada a la política de Paz Total. Es garantizar permanencia digna y con ejercicio de derechos. Es tener la capacidad para dialogar y concertar entre diferentes, entre comunidades, empresas y lograr propósitos y proyectos compartidos. Ordenar democráticamente los territorios implica contar con políticas legítimas y construidas por el mundo social, los gremios empresariales, la academia, los partidos políticos y los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Esta diversidad de conflictos territoriales requiere acción concertada para gestionarlos, capacidades locales, capacidad para no llegar a la furia y las heridas. La negociación con los armados en el marco de la política de Paz Total es una gran posibilidad para avanzar en esta enorme tarea. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil El Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) es una entidad gubernamental nacional que tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la educación superior de calidad mediante el otorgamiento de créditos educativos. Desde su fundación en 1950, el Icetex ha sido responsable de financiar los estudios de millones de estudiantes colombianos. El Icetex ha sido una alternativa importante para que los estudiantes colombianos puedan acceder a la educación superior, especialmente para aquellos que no tienen los recursos económicos para hacerlo. Según cifras de la misma entidad, entre 2015 y 2021, se han otorgado más de 1,5 millones de créditos educativos a nivel nacional. En 2021, el Icetex recibió un total de 155.000 solicitudes de crédito educativo, lo que representa un aumento del 24% en comparación con el año anterior. La pandemia del Covid-19 ha sido un factor importante en el aumento de las solicitudes de préstamos, ya que muchas familias han visto disminuidos sus ingresos y no pueden costear los gastos de la educación superior. Recientes intentos de reforma Las modificaciones propuestas por el gobierno en 2021 a una reforma al Icetex con el objetivo de hacerlo más eficiente y sostenible, incluyeron: La creación de un fondo de garantías para los créditos educativos, con el objetivo de reducir el riesgo crediticio del Icetex y facilitar el acceso al crédito para los estudiantes. La implementación de un modelo de financiación basado en el rendimiento académico y la empleabilidad de los estudiantes, con el objetivo de incentivar el éxito académico y laboral de los beneficiarios de los créditos educativos. La eliminación del requisito de codeudor para los créditos educativos, lo que facilitaría el acceso al crédito para aquellos estudiantes que no tienen un codeudor solvente. Sin embargo, a pesar de la importancia del Icetex para facilitar el acceso a la educación superior en Colombia, la institución también ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad. Algunas de las críticas más comunes son: La alta tasa de interés de los préstamos, que puede llegar hasta el 14% anual. Algunos críticos argumentan que esta tasa es demasiado alta y dificulta el pago de los préstamos por parte de los estudiantes. La falta de transparencia en la asignación de los créditos educativos, que algunos críticos argumentan que está sesgada hacia estudiantes de estratos socioeconómicos más altos. La falta de capacidad del Icetex para garantizar la calidad de la educación que financia. Algunos críticos argumentan que el Icetex debería tener un papel más activo en garantizar que los programas de estudio financiados sean de alta calidad. ¿Qué propuestas de reforma ha planteado el gobierno Petro para esta entidad? El gobierno de Gustavo Petro ha planteado varias propuestas de reforma para el Icetex: Reducción de las tasas de interés de los préstamos: ha propuesto reducir las tasas de interés de los préstamos del Icetex para hacerlos más accesibles a los estudiantes. Aumento del presupuesto para el Icetex: el gobierno ha propuesto aumentar el presupuesto del Icetex para poder otorgar más créditos educativos a los estudiantes. Creación de un sistema de financiación mixto: en el que tanto el Estado como el sector privado aporten recursos para financiar los estudios de los estudiantes. Creación de un fondo de becas: crear un fondo de becas para financiar la educación de los estudiantes más pobres y vulnerables. Revisión de la política de condonación de créditos: el gobierno ha propuesto revisar la política de condonación de créditos del ICETEX para hacerla más efectiva y justa. Es importante destacar que estas propuestas aún no han sido aprobadas y que están en discusión en el Congreso de la República. En conclusión, el Icetex ha sido una herramienta importante para facilitar el acceso a la educación superior en Colombia, especialmente para aquellos estudiantes que no tienen los recursos económicos para hacerlo. A pesar de que ha sido objeto de críticas, las modificaciones propuestas por el gobierno podrían mejorar su eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, es importante que se aborden las críticas de manera efectiva para garantizar que el Icetex pueda seguir cumpliendo su objetivo de facilitar el acceso a la educación superior de calidad para todos los estudiantes colombianos.

Por: Esteban Salazar, @estebanalitic, Coordinador Línea Democracia y Gobernabilidad El 01 de marzo de 2023 se ha conocido, una vez más, que el Consejo Nacional Electoral (CNE), en una explosión descontrolada de partidos, ha decidido otorgar tres personerías jurídicas más: una para Independientes, movimiento del alcalde de Medellín, Daniel Quintero; otra para Andrés Pastrana como víctima del conflicto armado con su otrora Nueva Fuerza Democrática, que hoy de nueva no tiene mucho; y otra para Esperanza, Paz y Libertad -EPL. Quedan pendientes 16 solicitudes más y ya se cuentan 31 personerías jurídicas. La realidad de estas personerías jurídicas es que parecen ser más espurias que realmente promover la apertura democrática. La esencia misma del otorgamiento de las personerías jurídicas constitucionalmente se da por la capacidad de representación, la organización ideológica y la posibilidad de movilizar demandas sociales de los partidos políticos; pero no para cumplir los intereses personalistas de políticos, que es lo que pareciera estar sucediendo. La ley establece que el principio jurídico para otorgar las personerías se deriva única y exclusivamente de la capacidad de una colectividad de movilizar los suficientes votos para superar un umbral, que hoy se constituye en el 3% de cada corporación en el Congreso de la República. Lo que se traduce en alcanzar poco más de 500 mil votos. Así las cosas, la personería jurídica se materializa con la condición previa de la democracia representativa, en la que los partidos o movimientos que logren en la libre competencia democrática obtener los votos por encima del umbral, tendrán el derecho de otorgar avales durante los próximos 4 años en elecciones locales y nacionales. Sin embargo, ha habido 5 factores que han distorsionado este principio básico para el otorgamiento de personerías jurídicas, algunos derivados de decisiones de la Corte Constitucional y del CNE: La reparación política. El estatuto de la oposición. Curules indígenas y afro. Coaliciones de partidos y movimientos sin personería jurídica. Escisión. Reparación política Según lo estableció el CNE y la Corte Constitucional, en el marco del genocidio político cometido contra la Unión Patriótica (UP) en Colombia, se estableció en el marco jurídico la posibilidad de otorgar personerías jurídicas artificialmente como un mecanismo de reparación política a quienes han sido víctimas de la persecución violenta por banderas políticas en el país. A este antecedente se sumó el reconocimiento de personería jurídica para el Nuevo Liberalismo —por el asesinato de Galán—, Salvación Nacional —por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado—, el Partido Comunista —por la persecución política a este partido—, Verde Oxígeno —por el secuestro de Íngrid Betancourt—, Nueva Fuerza Democrática —por la persecución política a Andrés Pastrana— y Esperanza, Paz y Libertad —por la exguerrilla del EPL—. Estatuto de la Oposición Desde la Constitución de 1991 se estableció como mecanismo para superar el bipartidismo y otorgar garantías a la participación política la necesidad de crear un estatuto de la oposición. Solo fue hasta el Acuerdo de Paz en 2016 cuando se incluyó en el paquete legislativo del fast-track la necesidad de reglamentar este estatuto que empezó a operar por primera vez en las elecciones de 2018. En el marco del estatuto se establece que aquellos candidatos que ocupen el segundo lugar para cargos plurinominales —Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías— tendrán la posibilidad de ocupar una curul en la corporación pública correspondiente —a excepción del Congreso de la República, en donde el/la candidata/a a presidente que ocupe el segundo lugar, tendrá la posibilidad de ocupar una curul en el Senado; y el/la candidato/a a vicepresidente/a, tendrá la posibilidad de ocupar el cargo en la Cámara de Representantes—. En el caso de las elecciones presidenciales de 2018, tras la victoria de Iván Duque, quien quedó de segundo, Gustavo Petro, tomó la opción de ocupar la curul en el Senado de la República y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, ocupó la respectiva curul en la Cámara de Representantes. Si bien la regla general es que quienes superen el umbral por encima del 3% en el Senado o en la Circunscripción de Cámara de Representantes pueden tener personería jurídica, por medio de un artificio e interpretación cuestionable, el CNE extendió la posibilidad de otorgar personería jurídica al movimiento con el que se presentó Petro —Colombia Humana— a la Presidencia por haber obtenido una curul en el Senado y otra en Cámara de Representantes, y por haber sacado más de 8 millones de votos, a pesar de que estos votos no fueran para el Congreso, sino para la Presidencia. Esta misma situación se repitió en 2022, luego de la victoria de Gustavo Petro, en la que ocupó el segundo lugar Rodolfo Hernández, quien solicitó por esta misma vía la personería jurídica para su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, la cual, a pesar de haber sido aprobada por el CNE, enfrentó una suspensión por problemas con sus estatutos que se arregló recientemente y podrán presentar candidaturas en 2023. Curules indígenas y afro En aras de avanzar hacia un sistema democrático que garantizara la participación política amplia y diversa, desde la Constitución se estableció que, además de las circunscripciones de carácter nacional (Senado) y territorial (Representantes a la Cámara), se debía garantizar la participación mediante curules especiales indígenas, afro y raizal en Senado y Cámara, respectivamente. Estas curules especiales, las cuales tienen presencia en el Congreso y también son susceptibles de ser beneficiarios de la personería jurídica, se han enfrentado a diversos cuestionamientos por la instrumentalización de algunos políticos cuestionados con otros fines en el pasado, que no han sido los de representar a los indígenas, los afro y los raizales; sino la de intereses particulares. Estos son los casos del Partido de Integración Nacional, del cuestionado Yahír Acuña; y de los movimientos étnicos en los que participó el parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra. Actualmente, aunque se ha depurado dentro de estas curules y aspiraciones las representaciones políticas, sigue siendo un vehículo de aprovechamiento para la consecución de personerías jurídicas. Estos son los casos de Alianza Democrática Amplia (ADA), que surgió de Alianza Democrática Afrocolombiana y se convirtió posteriormente en fundador del Pacto Histórico; Colombia Renaciente, creado tras el ingreso del Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente al Congreso en las elecciones legislativas de 2018; Partido Ecologista Colombiano, colectividad que nació del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo que, cabe recordar, fue el que avaló a Miguel Polo Polo; y Partido Demócrata Colombiano en San Basilio de Palenque, el primer partido de origen palenquero que recibe personería jurídica en el país. Coaliciones de Movimientos políticos con y sin personería jurídica Estirando cada vez más el caucho, el CNE ha ido ampliando sus interpretaciones para otorgar personerías jurídicas en donde ha hecho extensiva esta posibilidad a movimientos políticos que no tienen personería jurídica y, a pesar de que sus miembros llegaron al Congreso avalados por otros partidos en coaliciones, ha fragmentado la personería jurídica para que cada congresista, por cada movimiento al que representa, pueda solicitar su propia personería jurídica por ser una representación de un movimiento dentro de una coalición que tiene representación en el Congreso. Sobre este aspecto, Independientes de Daniel Quintero obtuvo recientemente la personería jurídica, luego de haber puesto dentro de la coalición del Pacto Histórico a miembros de su movimiento, a pesar de estar avalados por la Colombia Humana. Escisiones Este es otro de los casos que más generan distorsiones democráticas sobre el otorgamiento de personerías jurídicas. Según lo establece el CNE, aquellos partidos que han decidido escindirse, podrán obtener personería jurídica en las partes que se decidan escindir. Este es el caso del surgimiento de Dignidad, como escisión del Polo Democrático. También es el caso de La Fuerza de la Paz, partido de Roy Barreras que viene de haberse escindido del Movimiento ADA, el cual obtuvo su personería jurídica por un consejo comunitario afro y ahora permitió la creación artificial de un partido a Barreras y al santismo. Conclusiones En suma, lo que se observa en los últimos cinco años es una clara distorsión en el sistema político-electoral sobre la forma en la que se ha otorgado personerías jurídicas por fuera de la regla general. Al menos 12 de los 31 partidos son nuevos o no cuentan con las condiciones primordiales para constituirse: la representación política, una agenda programática y la capacidad de movilizar demandas sociales. Por el contrario, en el espectro ideológico de izquierda, centro y derecha, es un grave problema poderlos categorizar o matizarlos. Es más, esta “explosión” artificial de partidos se sustenta en el fortalecimiento de proyectos personalistas que no responden al interés general, no ofrecen disciplina de partidos ni seguridad y garantías jurídicas para la participación ciudadana. Más partidos, en el contexto colombiano, no es más o mejor democracia. Y menos cuando se trata de interpretaciones artificiosas de magistrados de un CNE que es escogido por el Congreso de la República y, en su mayoría, responde a los intereses de los partidos más fuertes. Basta solo con ver cuál es el papel actual de liderazgo o promoción de proyectos políticos serios en la actualidad, de Íngrid Betancourt (Verde Oxígeno), Enrique Gómez (Salvación Nacional), Andrés Pastrana (Nueva Fuerza Democrática), los hermanos Galán (Nuevo Liberalismo), entre los demás casos de personerías jurídicas artificiales, para comprobar que lo único que han servido es para favorecer personalismos oportunistas.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La participación política de las mujeres jóvenes en Colombia ha sido un tema de discusión importante en los últimos años. A pesar de que la Constitución de Colombia garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, las mujeres jóvenes a menudo enfrentan barreras para participar activamente en la política. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, en las elecciones regionales de 2019, habla apenas de que un 33,6% de candidatas mujeres. En las elecciones locales de 2019 el porcentaje de candidatas mujeres fue del 34,1%. A nivel nacional, el porcentaje de mujeres en cargos públicos electivos es del 15,7%, según el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Además, según un informe de ONU Mujeres, las mujeres jóvenes a menudo tienen obstáculos para ingresar a la política debido a la falta de acceso a recursos, redes y oportunidades. En cuanto a la participación de las mujeres jóvenes en los Consejos Municipales de Juventudes, el informe "Participación Política de las Mujeres Jóvenes en Colombia: una radiografía de sus retos y oportunidades", publicado en 2020 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revela que en el periodo 2016-2019, el 46,8% de los miembros de los Consejos Municipales de Juventudes eran mujeres. Sin embargo, a pesar de este aumento en la participación de las mujeres jóvenes en los consejos municipales de juventudes, todavía existen desafíos significativos en cuanto a su participación en la política en general. Según el mismo informe del PNUD, el 41,4% de las mujeres jóvenes entrevistadas indicaron que no se sienten empoderadas para participar en la política y el 71,1% dijo que no ha recibido capacitación para mejorar sus habilidades de liderazgo. Así pues, a pesar de estos desafíos, hay un número creciente de mujeres jóvenes que están participando activamente en la política, particularmente en instancias como los Consejos Municipales de juventudes. Los Consejos Municipales de Juventudes son órganos de participación ciudadana que tienen como objetivo fomentar la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones locales y promover sus derechos. En estos consejos, los jóvenes pueden presentar propuestas y proyectos para mejorar la calidad de vida de su comunidad. En Colombia, las mujeres jóvenes están participando cada vez más en los Consejos Municipales de Juventudes. En el departamento de Antioquia, por ejemplo, se ha observado un aumento en la participación de las mujeres jóvenes en estos consejos, donde están liderando proyectos relacionados con la educación, la salud, la cultura y el medio ambiente. Además, en el departamento de Córdoba, las mujeres jóvenes han liderado la creación de redes de apoyo para promover su participación en la política y mejorar sus habilidades de liderazgo. Estas redes han permitido a las mujeres jóvenes tener una voz más fuerte en la toma de decisiones locales y en la promoción de sus derechos. Aunque aún queda mucho por hacer para garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres jóvenes en la política, el aumento de su presencia en los Consejos Municipales de Juventudes es un paso en la dirección correcta. Esto demuestra que las mujeres jóvenes están dispuestas a asumir roles de liderazgo y hacer una contribución significativa a sus comunidades. En conclusión, la participación política de las mujeres jóvenes en Colombia está en aumento, especialmente en instancias como los Consejos Municipales de juventudes. Si bien todavía enfrentan desafíos, el aumento de su presencia en estos espacios es un signo alentador de que las mujeres jóvenes están dispuestas a liderar y hacer una diferencia positiva en sus comunidades.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana En conmemoración del 8 de Marzo, la línea de investigación Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) entrega el segundo balance sobre Violencias Basadas en Género (VGB), abarcando el análisis comparativo entre 2021 y 2022. Lo anterior, a manera de un aporte práctico para informar, visibilizar y –una vez más– poner sobre la mesa la realidad con referencia a los feminicidios, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Para el análisis de estos delitos, se consideran los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), así como del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación. Estas cifras, son consideradas como los datos oficiales por parte del Estado en lo que respecta a dichos delitos; guiando los ejercicios de toma de decisión en materia de gestión pública para abordar las VBG. Adicionalmente, se aclara que para este informe se tienen en cuenta las ciudades que conforman las cinco áreas metropolitanas que son priorizadas por la línea de investigación en Convivencia y Seguridad Ciudadana en cuanto a seguimiento de prensa y demás labores de seguimiento: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta. Algunos de los datos clave del balance: - En 2021 hubo 185 feminicidios, en 2022, 167, esto es una disminución del 9,7% de los casos. El 47% de los feminicidios suceden en casas de habitación, y entre las víctimas el 34,7% son mujeres entre los 31 y 40 años, y el 27,5% entre los 41 y 50 años. - Los delitos sexuales aumentaron en un10,44% de 2021 a 2022, 25.151 a 27.285 casos. El 52,84% de las víctimas corresponden a personas entre los 11 y 20 años, y el 15,3% a niños y niñas entre los 0 y 10 años. - Para el año 2022 se reportaron, a nivel nacional, un total de 133.965 casos de violencia intrafamiliar, lo cual significó un aumento de un 14,3% con respecto al 2021, en el que la cifra de casos fue de 117.142. El 72,8% de las víctimas fueron mujeres en 2022. Le invitamos a leer el informe completo aquí :

Por: Oficina Pares Pacífico Presentamos este informe de análisis sobre violencias basadas en género y desplazamiento en Buenaventura para el período 2017-2022. Este producto surge de un convenio entre la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) para visibilizar las violaciones a los DDHH en Buenaventura en el periodo del posacuerdo. Las mujeres viven violencias basadas en su género que se pueden agudizar en contextos de conflicto armado como el que se vive en Buenaventura, dada la instrumentalización de los cuerpos feminizados que se reconocen como escenarios de disputa por parte de los miembros de los diversos grupos, aprovechando el estado de vulnerabilidad y lo que culturalmente pueden representar las mujeres para las comunidades en las que se espera generar afectación. De 2017 a 2022 se registraron en la ciudad: - 38 homicidios de mujeres, de los cuales 10 se tipificaron como feminicidio. - 1.654 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 1.434 se cometieron contra mujeres, el 86,7%. - 704 casos de delitos sexuales, con un 85% de víctimas mujeres. El desplazamiento forzado es otro de los flagelos que el conflicto armado ha llevado a Buenaventura. De hecho, el 87,8% de las víctimas reportadas en la ciudad entre 2017 y 2022 son desplazados y desplazadas. De acuerdo a datos del RUV de la Unidad de Víctimas (2022), un total de 57.876 víctimas se han registrado durante estos 6 años en Buenaventura. De estos, 26.578 son hombres; 31.246 mujeres y 52 pertenecientes a la población LGBTIQ+. Así, en medio de este contexto, además de las Violencias Basadas en Género, el desplazamiento es el hecho que genera más víctimas en Buenaventura y el 54% de las personas que aparecen reportadas como desplazadas desde 2017 a 2022 en la Unidad para las Víctimas son mujeres, siendo la población más golpeada. De ahí la importancia de reconocer acciones encaminadas a reconocer que las mujeres requieren una especial atención, por las mismas violencias que viven en razón de su género y además por las violencias que viven en el marco del conflicto que vive Buenaventura. Le invitamos a leer el informe completo Boletín No. 2 – Violencias basadas en género y desplazamiento en Buenaventura con toda la información y el análisis, aquí: