Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A cuatro meses de haberse aprobado la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total, se tiene claro que el componente que mayores críticas tiene es el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. Frente a los otros cuatro componentes –la implementación integral del Acuerdo con las FARC, las negociaciones políticas con el ELN, las conversaciones con las Disidencias y la Segunda Marquetalia, y los diálogos vinculantes con la sociedad civil–, a pesar de los desacuerdos, los cuestionamientos son menores. Paradójicamente, las críticas a este componente no han provenido de las organizaciones criminales, estas, por el contrario, estas han sido muy receptivas con la propuesta gubernamental. Desde el principio han manifestado con cartas y comunicados su deseo de iniciar acercamientos con el Gobierno, han delegado en abogados poderes para que los representen y, además, han buscado pactar ceses al fuego y de hostilidades y cumplir lo prometido. Las críticas, en su lugar, provienen de algunos partidos políticos y de grupos de la sociedad civil, quienes ven en la propuesta de ley de sometimiento un tratamiento especial a los criminales, esto, a pesar de que la norma insiste en que este es un tema de justicia ordinaria. Para los apáticos es inaceptable que el Gobierno quiera “negociar con hampones”, como si estos grupos tuvieran alguna ideología política; y cuestionan la propuesta de ley, pues se les ofrece a criminales “incentivos” para que se acojan a la justicia. Desean, en cambio, que los “bandidos” sean perseguidos y capturados por la Fuerza Pública, judicializados y encarcelados para que paguen por sus acciones. Esta situación de cuestionamiento y malestar ciudadano evidencia, por lo menos, tres asuntos presentes en la sociedad colombiana. La primera es lo incómoda que la ciudadanía se siente frente a estos actores armados. El crimen organizado es un fenómeno que se ha generalizado en el país. Es casi imposible hallar un sitio en el territorio nacional –sea un municipio, un barrio o una vereda– en el que no tenga presencia una organización delictiva o criminal. Su presencia se ha convertido en una variable que todo mundo reconoce y detesta. Las organizaciones criminales han experimentado un crecimiento asombroso en los últimos 20 años. Son grandes conglomerados, medianas empresas y pequeños emprendimientos dedicados a negocios ilícitos: trafican con drogas, extorsionan a comerciantes e industrias y poseen un extenso portafolio de actividades ilícitas, con el que logran regular la venta de arepas o gaseosas y ofrecer al mismo tiempo sofisticados armamento a otras organizaciones criminales o servicios de seguridad privado. La segunda situación que se evidencia es lo poco acostumbrado que estamos a negociar con organizaciones criminales. Son cuarenta años de negociaciones de paz con grupos guerrilleros o alzados en armas, las cuales, a pesar de los vacíos, han dejado buenas experiencias, de allí que hemos aprendido a tolerar y aceptar las negociaciones políticas y, por tanto, la oposición a nuevas mesas con el ELN y las disidencias de las FARC es menor. Pero la experiencia con las negociaciones y los sometimientos de organizaciones criminales no ha sido satisfactoria. Tanto la desmovilización de las Milicias Populares de Medellín, en los noventa, como la desmovilización de los grupos paramilitares, en el dos mil, no dejaron buenos resultados: no hubo verdad, ni justicia, ni reparación. De allí que la gente tiene muchas reservas con los procesos de paz y los sometimientos de los criminales. Finalmente, tenemos que reconocer que como sociedad conocemos muy poco a estas estructuras criminales. Estamos frente a un fenómeno que cambia permanentemente, tanto en el tiempo como en el espacio, pues una cosa eran los negocios en el decenio de 1980 y otra lo es hoy: mientras hace cuatro décadas los criminales se dedicaban al tráfico internacional de cocaína o al sicariato, hoy los negocios son la extorsión y la prostitución; o mientras en Bogotá crece hoy la extorsión y el microtráfico, en el Urabá lo hace el tráfico de personas, y en otros lugares la minería ilegal, la deforestación o los juegos de azar. No estamos en presencia de simples negocios, sino de complejas actividades económicas con una diversidad de redes y alto grado de organización. Hoy conviven en el país grandes empresas criminales –Grupos armados organizados (GAO)– que tienen presencia en varios territorios y muchas relaciones con el exterior. Hay también empresas medianas, cuyo accionar es en una gran ciudad o una región y que se les conoce como grupos delictivos organizados. Finalmente, pululan por todos lados microempresas u organizaciones criminales difusas, con accionar en un barrio o sector que venden drogas y que no se imaginan ni les interesa saber quién es el que le suministra los bienes ilegales que ofrecen. En síntesis, muchas personas repudian la propuesta de una Paz Total con las organizaciones criminales, pues su vida cotidiana está afectada por los negocios criminales, no hay experiencias positivas que generen confianza en el proceso que se inicia y son un fenómeno social que se desconoce casi en su totalidad, a pesar de convivir con él. Las víctimas no quieren pasar de nuevo por la situación de escuchar largos silencios en las audiencias públicas o recibir miserias de sus victimarios sabiendo que están tapados en plata. A pesar de las críticas, hay que reconocer que este componente de la Paz Total abre algunas ventanas de oportunidades para la sociedad. Una, es que permite enfrentar el componente que más violencia genera en el país. El crimen organizado se ha convertido en un gran cáncer que es necesario atender y controlar. La opción de sometimiento colectivo abre la posibilidad de reducir el fenómeno criminal, aunque sea por un tiempo, pues hay que ser realistas, mientras no se acabe con los incentivos económicos seguirán apareciendo empresarios de este tipo. Son actores criminales que tienen las capacidades para subsistir, permanecer, mutar y sobrevivir en un entramado organizativo e institucional. Otra, es que tenemos una oportunidad con la propuesta de Ley de Sometimiento de avanzar en el conocimiento en este cambiante fenómeno. La Ley propone que será compromiso de los acogidos brindar información valiosa sobre el accionar de las organizaciones, la forma de operar y de ejercer violencia en los territorios. Y aquí seamos soñadores: para las víctimas se abre la posibilidad de acceder a la verdad y obtener reparación, incluso esta es una idea incorporada en la propuesta del nuevo Plan de Desarrollo Nacional –artículo 168, Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)–. Esta es una magnífica oportunidad para conocer el lado oscuro de la luna, para tener información sobre su estructura externa y el relacionamiento con otras organizaciones –redes–. Para indagar por la manera como internamente operan en el mundo criminal y con ello saber sobre sus jerarquías, establecimiento de mandos y burocracias. En especial, para conocer los factores de permanencia del crimen organizado en Colombia. Pues, a pesar de las políticas de seguridad, estas agrupaciones criminales siguen surgiendo y expandiéndose en el país. Continúan vinculando a la población y sus jóvenes en el uso de la violencia para seguir operando sus negocios ilegales. De allí que será necesario avanzar en conseguir información de primera mano para tomar mejores decisiones; información que nos sirva para construir una radiografía y un análisis de sus estructuras y actividades en todos los territorios y dar pasos más firmes en un problema que nos está destruyendo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Daniela Garzón y Natalia Reina, Línea de Democracia y Gobernabilidad El 03 de marzo de 2023, nuestro medio aliado de la Red Lidderat, Citará News, en compañía de otros reputados periodistas, convocaron el primer debate de precandidatos a la Alcaldía de Quibdó. Al llamado asistieron los precandidatos Walter Arango, Luis Gregorio Mosquera, Jader Cuesta, Modesto Serna y, virtualmente, Santiago Blandón y Darwin Lozano. Estos dos últimos abandonaron el debate por temas de conexión después de la primera ronda de preguntas. En este primer encuentro se trataron principalmente dos temas: desarrollo económico y seguridad. Lamentablemente desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) no pudimos hacer seguimiento a todo el encuentro por problemas de transmisión, pero aplaudimos que se hagan estos ejercicios que le permiten a la ciudadanía conocer las ideas que llevarán los candidatos a sus campañas sobre los temas que deben resolverse en la capital chocoana. Sobre el primer tema, empleo y desarrollo económico, las respuestas de los candidatos variaron, pero la mayoría coincide en buscar caminos para aumentar el interés inversionista en Quibdó. Walter Arango mencionó la posibilidad de reinvertir los impuestos para bajar la tasa de desempleo. Luis Gregorio Moreno habló de las posibilidades de crear un capital semilla para los emprendedores quibdoseños, algo así como $5000 millones para la primera fase. Por su parte, Jader Cuesta fue el más incisivo al decir que hay que definir el modelo de ciudad porque hoy Quibdó “no tiene un producto ni una eficiente prestación de un servicio que lo identifique”. Habló de un programa, “Empleos para la paz”, que suena bastante factible porque serían apenas 600 empleos en oficios varios, como el de barrer las calles. Modesto Serna centró su respuesta en los asuntos culturales, en tener en cuenta la idiosincrasia y trabajar de la mano de los dueños del territorio, en este caso, los Consejos Comunitarios y las comunidades indígenas. Para él “la educación es una aliada estratégica para la generación de empleo”. Finalmente, de los candidatos que respondieron virtualmente, Blandón habló de reactivar el campo y crear empresa a escala industrial, de invertir en sectores como el de las gaseosas. Darwin Lozano de la importancia de desarrollar políticas públicas, sin hacer énfasis en cuáles y por qué. Sobre la promoción del desarrollo económico, Blandón habló de incentivar el turismo y del desarrollo de un modelo de competencia con perspectiva de género. A su vez, Modesto Serna habló de lo que podríamos denominar un tipo de “autarquía”, que en Quibdó se produzcan los productos que se consumen y no todos tengan que provenir de otros municipios o departamentos del país. También de la necesidad de crear un fondo de emprendedores para que las personas no deban recurrir a las economías de préstamo informales o “gota a gota”. Jader Cuesta explicó su idea de centrarse en la producción de más de 150 productos que podrían hacerse en Quibdó y que con ello podría haber una proyección de “más de 500 empresas”. Fue, a su vez, el precandidato que más énfasis hizo en la importancia de mirar campos de desarrollo laboral como la programación, pues hoy es de los que más demanda y mejores salarios tiene. Al abordar los temas de seguridad, hay que tener en cuenta que en Quibdó la seguridad se ha deteriorado en el último año y que la principal queja de sus habitantes está relacionada con la extorsión y con el aumento en la tasa de homicidios, principalmente de hombres jóvenes. Las respuestas de los candidatos variaron entre lo imperioso de crear empleos y alternativas para que los jóvenes no se vinculen a los grupos armados ilegales y la necesidad de mejorar el pie de fuerza de la policía. Ninguno de los candidatos planteó programas muy específicos para que los jóvenes no se vinculen a las economías criminales. Walter Arango, por ejemplo, mencionó que se debe conocer lo que “ellos” (los jóvenes) quieren y pedirle ayuda al Gobierno Nacional para los recursos. Por su parte, Luis Gregorio Mosquera propuso que se destinaran recursos para la construcción de escenarios deportivos y volvió a mencionar los capitales semilla para promover emprendimientos. Jader Cuesta habló del vínculo entre el empleo y el desincentivo a entrar en los grupos armados y puso sobre la mesa, de nuevo, la necesidad de promover la enseñanza de ciencia y tecnología para ello. Modesto Serna prefirió hacer hincapié en el mejoramiento del aparato de fuerza pública, particularmente el de la policía. Sobre cómo mejorar la seguridad, el único que se distancia del aumento de pie de fuerza y la capacidad de acción de la policía es Jader Cuesta, que insiste en que el problema pasa por las oportunidades que tienen los jóvenes para no alimentar las redes criminales. Los demás coinciden, a grandes rasgos, en que la seguridad se mejora si la policía tiene mejores condiciones y mayor número de uniformados para actuar. La carrera por la Alcaldía que hoy ocupa Martín Sánchez Valencia apenas comienza. Sánchez Valencia llegó allí siendo conservador y por el acuerdo entre liberales (el cordobismo) y conservadores, que permitió además que Ariel Palacios llegara a la gobernación. Hasta ahora su alcaldía ha pasado más pena que gloria, por la inacción y los escándalos en los que se ha visto involucrada, incluidas las denuncias del personero Domingo Ramos sobre los vínculos de Sánchez Valencia con las amenazas en su contra. Algunos de los candidatos al finalizar el debate hicieron un llamado para que los candidatos que provienen de fuerzas políticas tradicionales participen en estos espacios y pueda conocerse lo que le proponen a los quibdoseños. La capital del Chocó tiene aún muchos problemas sin resolver, los servicios públicos, la violencia, la criminalidad y la falta de empleo sin duda están en el top de los más urgentes. Desde Pares seguiremos poniendo la lupa al proceso electoral, apoyándonos en las iniciativas de periodismo independiente como Citará News, que hoy abren espacios para el debate público.

Por: Katerin Erazo, Periodista La corrupción es un problema que afecta a todos los países del mundo, y Colombia no es una excepción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, el país obtuvo 39 puntos sobre 100, evidenciando la persistencia de serias problemáticas estructurales que afectan a toda la población. Por esta razón, es crucial que el Gobierno tome medidas con mayor contundencia y actúe para combatir el delito que desde diferentes sectores, ha generado profundas brechas de desigualdad y pobreza en el país. Sin embargo, parece que algunos políticos aún no han entendido la importancia y su papel para implementar soluciones. Vale la pena resaltar la postura del presidente Gustavo Petro, quien no asistió a las altas cortes en la Casa de Nariño, en noviembre del año pasado. Este hecho generó una gran indignación entre los magistrados, que expresaron desaires y un sentido de humillación a causa de la falta por parte del mandatario. Si bien el problema de la corrupción es complejo y difícil de abordar, es necesario asumir una postura desde el Gobierno que contemple el fortalecimiento de la justicia, los procesos de investigación, las recomendaciones sobre transparencia para detectar a tiempo el delito y así mismo, medidas efectivas para prevenirlo. En la misma línea, el Senador Iván Cepeda respaldó a León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), y sus propuestas para abordar la problemática histórica en Colombia. Cabe resaltar que durante los últimos años, se han reportado varios casos de corrupción que han sacudido el país. A continuación, se presentan algunos de los casos de corrupción más sonados en Colombia: Odebrecht: Este caso de corrupción es uno de los más conocidos a nivel mundial, y Colombia no fue la excepción. Se trata de una empresa brasileña de construcción que admitió haber pagado sobornos a funcionarios públicos de varios países para obtener contratos de obra pública. En Colombia, se han visto implicados varios políticos y empresarios, y las investigaciones siguen en curso. Reficar: La Refinería de Cartagena (Reficar) fue un proyecto de modernización de la refinería más grande de Colombia, con una inversión de más de 8 mil millones de dólares. Sin embargo, el proyecto se convirtió en un caso de corrupción que implicó a varios funcionarios públicos y empresarios, quienes habrían recibido sobornos y generando sobrecostos. AIS: El Agro Ingreso Seguro (AIS) fue un programa del gobierno colombiano para impulsar el sector agropecuario del país. Sin embargo, el programa se convirtió en un escándalo de corrupción, ya que se descubrió que algunos de los beneficiarios eran empresas fantasma o políticos que no tenían relación con el sector agropecuario. Corte Suprema de Justicia: En 2017, se destapó un escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, en el que varios magistrados habrían recibido sobornos para manipular procesos judiciales. El caso generó gran indignación en el país y llevó a la destitución de varios magistrados implicados. Carrusel de la contratación: Este caso de corrupción se refiere a una red de políticos, empresarios y funcionarios públicos que manipularon procesos de contratación en Bogotá para beneficiarse económicamente. El escándalo llevó a la destitución del alcalde de la ciudad en ese momento, Samuel Moreno, y a la condena de varios implicados en el caso. Estos son solo algunos de los casos de corrupción que han generado un gran impacto en Colombia en los últimos años. Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, enfatizó en la importancia de que el Gobierno de Gustavo Petro aborde el problema de la corrupción, ya que esto fue parte de su agenda de campaña. Además, esta problemática desvía una gran cantidad de recursos salariales que podrían destinarse a la solución de múltiples problemas en el país. (Ver: ¿Quiénes son los políticos conservadores presuntamente involucrados en el escándalo de los OCAD-Paz?) Garzón también enfatizó que es sumamente difícil abordar los graves problemas de Colombia, como la pobreza, la criminalidad y las economías ilegales, sin abordar primero la corrupción, ya que esta se alimenta de cada uno de ellos. La investigadora citó el caso reciente (2022) del senador liberal Mario Castaño, quien lideró una estructura criminal en complicidad con alcaldes, funcionarios y particulares cómplices, y se apropió de recursos multimillonarios de la administración pública que provenían del patrimonio del Estado. (Ver: Mario Castaño aceptó delitos por corrupción ante la Corte Suprema de Justicia) Según Garzón “el Gobierno tiene un margen de maniobra limitado en cuanto a la agenda anticorrupción, ya que "actualmente, ir en contra de los políticos podría perjudicar la aprobación de las reformas en el Congreso. Se encuentra en una encrucijada, ya que si el gobierno persigue a los políticos corruptos, es posible que pierda su apoyo en el Congreso para la aprobación de las reformas”. Cabe recalcar que según Transparencia por Colombia, el país obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100 y ocupa el puesto 91 entre 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022. Aunque la calificación obtenida no varió respecto al año pasado, Colombia cayó cuatro puestos en el ranking global debido a que cinco países que compartían posición y puntaje con Colombia en 2021, lograron mejorar su desempeño. A nivel mundial, la calificación promedio se mantuvo sin cambios en 43 sobre 100 y más de dos tercios de los países tienen un grave problema de corrupción. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda tuvieron el mejor desempeño en el IPC 2022, mientras que Yemen, Venezuela, Sudán del Sur, Siria y Somalia siguen siendo los países peores calificados. En las Américas, el promedio obtenido fue de 43 puntos sobre 100 por cuarto año consecutivo; Canadá, Uruguay y Estados Unidos tuvieron la mejor calificación, mientras que Venezuela, Haití y Nicaragua fueron los peores calificados. Ante esta situación, Transparencia por Colombia señaló que la corrupción aún no ha sido contrarrestada de manera suficiente y se requieren medidas para abordar la corrupción que aumenta los niveles de conflictividad en el país, fortalecer la identificación de riesgos de corrupción relacionados con la consolidación de la paz y contrarrestar los efectos de la misma en la calidad de vida, los derechos humanos y el ambiente. Además, menciona que se necesita una visión clara del Gobierno para combatir la corrupción, incluyendo un fuerte componente de lucha anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por: María Victoria Ramírez Piangüita de los raiceros yo te quiero sacá pa’ comprame un vestido pa’ la noche de navidá. Con diez docenas de piangua que yo pueda sacá la negrita tiene su pinta pa’ la noche de navidá. Piangüita de los manglares que en los raiceros está no te me pongas difícil y dejate pescá. A los negritos del puerto el niño Dios les llegará si sudan sacando piangua en los raiceros del manglar. Piangüita de los raiceros por Dios dejate sacá que me mata la tristeza si no estreno en navidá. Mary Grueso Romero[1], Ese otro yo que sí soy yo En un pequeño archipiélago, a una hora y media en lancha de Buenaventura, se encuentra la Asociación Comunitaria de Mujeres Piangüeras de Bahía Málaga, una organización conformada por 28 afrocolombianas, que adelanta iniciativas de capacitación y fortalecimiento con las 114 mujeres que en esa zona se dedican a la recolección del molusco como actividad económica. En su página de Facebook expresan que la Asociación “da a conocer los procesos de conservación que se vienen realizando en el territorio mediante el monitoreo del manglar y el molusco piangua”. La Asociación está encabezada por Matilde Mosquera, una mujer de 26 años, estudiante de sociología de la Universidad de Pacífico, que cuenta con el apoyo de las mujeres de la comunidad que reconocen en ella liderazgo y capacidad técnica. Las mujeres de la Asociación han recibido capacitación y se han certificado como monitoras de piangua y manglar, esto las autoriza para velar porque la explotación de la piangua se haga con apego a las normas ambientales que determinan un límite mínimo en el tamaño de la piangua que se extraiga. Ellas son las que vigilan los manglares y prohíben la extracción de pianguas de menos de 5 centímetros; también velan por que no se talen los manglares y ponen los manglares en periodos de descanso y reproducción, para ello realizan actividades de concientización con la comunidad en general del archipiélago. Ser monitora de manglar las dota de la autoridad para sacar de su territorio a quienes infrinjan las normas sobre explotación de los recursos naturales que están encargadas de cuidar. Según Matilde, la asociación cuenta con recursos para la compra de piangua, mediante un proyecto piloto que les ha permitido comercializar y realizar convenios con otras organizaciones para eliminar intermediarios en la cadena de distribución. Hace alrededor de un año crearon un fondo rotatorio para ayudar a sus asociadas a atender emergencias de salud, entre otras necesidades. Han logrado que el 54% de ellas se haya beneficiado del fondo. ¿Pero cómo es el oficio de pianguar? Así lo describe el artículo El oficio de las mujeres piangüeras, una tradición del pacífico colombiano: “cuando la marea ha bajado en los manglares y las raíces de los árboles adaptados a las aguas saladas quedan al total descubierto, las mujeres salen en grupo, en lanchas, van hacia las raiceras, van armadas con sus baldes y canastos. Algunas mujeres llevan gorra, pues el sol es totalmente abrasador. Algunas van en vestidos, otras en camisa y pesqueros, pero todas van trepando entre el marañal de raíces, haciendo equilibrio y balanceándose entre los árboles, para después enterrar sus pies en suelo lodoso y salado. Escarban en aquel barro por horas. Mientras buscan y miden las pianguas hablan entre ellas, se cuentan chismes y cantan. Aman cantar”. María Mercedes Jaramillo, del Fitchburg State College, escribe en 2005 sobre la obra de Mary Grueso, a propósito de la relación del pueblo del Pacífico con su entorno: El rico y complejo legado cultural de origen africano de las gentes del Litoral Pacífico aflora en diversos aspectos de la vida cotidiana; así, cantos, actitudes, ritos, danzas, creencias, tradiciones se nutren en esa memoria. Con estos elementos se organiza el quehacer existencial y se nutren comportamientos y sistemas de socialización que les han permitido a los afrocolombianos sobrevivir las duras condiciones de la esclavitud y de la marginación. Sin duda alguna, Grueso Romero es consciente de la importancia de conservar esa memoria y por eso, recoge rimas, refranes, giros, mitos, cantos, y “juegos fonéticos y lingüísticos” característicos de la región (Alaix, 183). En su obra se plantea su destino personal insertado en el destino de la comunidad y afianzado en el entorno del paisaje marino. El canto acompaña el inicio de la faena ardua en el que las mujeres piangueras se entierran en el lodo del manglar durante extensas jornadas para extraer el molusco. Ese recurso que hoy se encuentra en peligro por la contaminación y tala del manglar, además de la extracción indiscriminada del molusco, encuentra en la Asociación Comunitaria de Mujeres Piangüeras de Bahía Málaga una fuerza colectiva dispuesta a proteger el ecosistema. Estas mujeres negras, enterradas en el lodo negro, para extraer el molusco negro con que alimentan a su comunidad, que pese a las condiciones difíciles que entraña su trabajo, son conscientes de que su labor es estratégica, que está conectada con la supervivencia de su comunidad y conservación del oxígeno vital para la perpetuación de la vida en todas sus manifestaciones. [1] Mary Grueso Romero (Guapi, 1947) inició sus estudios en el Litoral y obtuvo su título de Maestra Bachiller en la Universidad del Quindío, luego se especializó en gestión de proyectos culturales y en lúdica en la Universidad los Libertadores de Bogotá. Trabaja en recreación y desarrollo cultural y es una de las participantes del grupo de poetisas del Museo Rayo en Roldanillo.

Por: Luis Eduardo Celis Está en curso el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN, este ciclo se desarrolla en México, inició el lunes 13 de febrero y debe concluir la próxima semana, tras completar cuatro semanas de trabajo. Las dos delegaciones han presentado mensajes coincidentes en la instalación de este segundo ciclo, haciendo énfasis en que hay compromiso y voluntad por construir conjuntamente nuevas realidades que hagan posible la concreción de un acuerdo de paz. El Gobierno Colombiano y el ELN tienen enormes coincidencias que hacen que este proceso de paz vaya hacia adelante, ambos tienen pasión por la más amplia y diversa participación de la sociedad. Ambos saben y trabajan por cambios que hagan posible que el estado social y de derecho formulado en la Constitución Nacional del 91 sea realidad más allá de la formalidad y el papel. Sobre la participación de la sociedad para la construcción de la paz hay un trabajo adelantado durante los diálogos entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN, sobre estos acumulados hoy se puede avanzar, hay que esperar qué sale de este ciclo en un punto que es vital para que esta mesa gane dinámica y pueda promover acción social y ciudadana en una perspectiva de transformaciones y cambio. La participación va a tener a los territorios donde persiste la acción armada del ELN como uno de los escenarios clave, hay que escuchar a las comunidades, los gremios, los gobiernos locales de Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar, sur de Cesar, buena parte del Pacífico colombiano, al Cauca y Nariño, el bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño. Estos serán territorios clave para promover diálogos ordenados, propositivos y eficientes en el uso del tiempo, para construir un conjunto de propuestas transformadoras que nutran este acuerdo, eso es perfectamente viable y se puede hacer en los próximos diez meses y sería deseable que, en un primer impulso de estos diálogos entre marzo y abril, se construyan propuestas que puedan ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que ahora se discute en el Congreso Nacional. Las propuestas transformadoras que han presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, tanto las incluidas en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, como las apuestas de cambio en salud, pensiones y temas laborales, pueden ser temas a discutir en esta dinámica de participación, junto a otros que están bien arriba en la agenda pública, como los temas rurales, el ordenamiento democrático del territorio y la transición energética, por mencionar algunos. La agenda de gobierno con respaldo social debe concurrir a este proceso de diálogo y negociaciones que se adelanta con el ELN. En el tema de la participación de la sociedad en la construcción de paz se pueden promover múltiples escenarios y procesos territoriales y temáticos, reconociendo lo que ya existe como espacios y procesos de participación, donde hay una riqueza acumulada que reconociéndola puede potenciar este esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el ELN. Lograr un cese bilateral de fuego y hostilidades ha sido parte de este ciclo en México, ya veremos qué tanto logran avanzar en un punto en el que igualmente hay la fundamental identidad de adelantar estos diálogos y negociaciones sin los estruendos de las balas y las bombas. Es un punto con muchos detalles por acordar, en el que las dificultades no son pocas, pero de eso se trata este proceso, de reconocer dificultades y asumirlas de manera conjunta. Igualmente ha sido materia de diálogo el urgente tema de los asuntos humanitarios, en el que hay mucho por hacer y el tiempo apremia. El sufrimiento es permanente y el Gobierno y el ELN lo saben. Vamos a ver qué nuevas formulaciones logran establecer, con el importante precedente de la Caravana Humanitaria ya desarrollada y la prioridad de las presas y los presos del ELN que, en la voz de Pablo Beltrán, jefe de la delegación de dialogo e integrante del Comando Central del ELN, son 620 personas, recluidas en las cárceles colombianas, las cuales pueden ser protagonistas de este proceso de paz. De este ciclo vamos a tener con seguridad la agenda acordada y firmada como guía de todo el proceso, es un ciclo muy importante para que estos diálogos y negociaciones tomen en buen ritmo de trabajo y logros compartidos, que se requiere como señal inequívoca de que estamos ante un proceso que lo tiene todo para ir hacia adelante. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Igor Parma, Internacionalista Cuerpos encarcelados, dispuestos en filas bajo el más perfecto control de una fuerza policial aparentemente rígida, implacable, que conduce grupos de personas en los que la identidad individual se pierde en un mar de rostros aterrorizados, cabezas rapadas mirando el suelo y cuerpos tatuados. El video que subió esta semana el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a sus redes sociales dividió la reacción del público entre quienes ven en esto una fuerza digna de alabanza y quienes se preocupan por la violación de los derechos humanos. Tanto Bukele como sus simpatizantes y otros grupos, respondieron a quienes se preocuparon por las violaciones a los derechos humanos de los encarcelados, argumentando que antes no se habían preocupado por el derecho humano de las víctimas que por años sufrieron bajo el control de las pandillas salvadoreñas. Bukele y sus simpatizantes enredan así a sus interlocutores con un argumento de suma cero, según el cual la preservación de los derechos humanos de un grupo de personas solo puede pasar en detrimento de los derechos de otros. Bukele gradualmente se ha ido transformando a sí mismo en un símbolo político de manera peligrosa y que prenuncia un futuro incierto para El Salvador. Es innegable que la desarticulación de las pandillas trae beneficios para la sociedad salvadoreña, un notable desarrollo social económico en el país ha traído como consecuencia el crecimiento de la popularidad del presidente, que cuenta con el 89,5% de aprobación de la sociedad frente a la guerra del Estado contra las pandillas. Pero la peligrosa acción política de Bukele no está per se en el combate a estos grupos, sino en la instrumentalización narrativa que utiliza para promover su imagen personal como un salvador, un mensajero de Dios, una figura ciertamente mesiánica que diverge de todos los que le hacen oposición, sean actores domésticos o internacionales. El presidente Bukele frecuentemente construye su imagen indirectamente como si fuera la única persona posible para redimir los salvadoreños y protegerles del caos y del dominio de las pandillas. Esto lo hace a través de un discurso que, al tiempo, deshumaniza a los pandilleros encarcelados, aísla a los salvadoreños del escenario internacional y de sus instituciones, y se constituye a sí mismo y a las fuerzas policiales como instrumentos de Dios, en una teología política propia. La deshumanización de los pandilleros encarcelados es algo que hace tanto explícita como implícitamente. En un discurso en un evento de graduación de nuevos soldados y policías, luego del inicio del régimen de excepción en El Salvador, en abril de 2022, Bukele empezó refiriéndose a las pandillas como un cáncer para la sociedad salvadoreña. Segundos después dijo que “ahora se esconden como ratas literalmente. No lo digo como ofensa para las ratas, por supuesto, pero que literalmente se esconden en hoyos”. Luego, al final del argumento, el presidente dijo que “por eso, curar a nuestro país de las pandillas es como curar un cuerpo con cáncer. Pero es eso o que muramos de cáncer”, haciendo una clara alusión a que se deben eliminar los pandilleros. A lo largo de su mandato y del régimen de excepción, esta deshumanización se ha ido agravando. En noviembre de 2022, Bukele ordenó a la Dirección de Centros Penales destruir lápidas en tumbas que hacían referencia a las pandillas salvadoreñas, impidiendo la identificación de estas por sus familiares, por más que el presidente haya afirmado que “no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba”. Esta acción se basó, según Bukele, en una interpretación del Decreto No. 458 de 2011, que prohíbe las referencias públicas apologéticas a las pandillas (grafitis o publicidad, por ejemplo). En su discurso, el presidente compara la situación salvadoreña al combate del nazismo en Alemania. Asociaciones como esta son presentadas de manera incompleta e involucran a todo el grupo de encarcelados y lo presentan como si fueron todos miembros de las pandillas de El Salvador, cuando estos no pasaron por un juicio ante un tribunal (por cuenta del régimen de excepción que opera actualmente en El Salvador), algo a lo cual incluso los Nazis tuvieron derecho en el tribunal de Nuremberg. El discurso de Bukele está hecho como si no hubieran en El Salvador testimonios de encarcelamientos arbitrarios, sin derecho a un juicio justo y como si la propia figura del presidente en su relación con esas mismas pandillas no fuera dudosa. Junto a la deshumanización, Bukele emprende un esfuerzo aislacionista en la sociedad salvadoreña frente al escenario doméstico e internacional. Es un esfuerzo que, por más que cambie su intensidad con el público a quien se dirige, es consistente en su aislamiento. En el escenario doméstico, su discurso es más agresivo y contundente. El presidente se refirió a las ONG de derechos humanos –entre comillas según Bukele por cuestionar que defiendan derechos humanos– en su discurso en la graduación de nuevos policías y soldados (abril de 2022) en el inicio del régimen de excepción como organizaciones de amigos de pandilleros, aunque haya hecho la salvedad de que “no son la mayoría de la comunidad internacional". Luego afirmó: “¿de que habrán servicio las ONG si nosotros no tuviéramos problemas? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Ellos necesitan que haya baño de sangre y analizar el baño de sangre porque de eso viven”. Posteriormente, en el mismo discurso, hablando de los ingresos de los grupos de pandillas, afirmó que provienen de la extorsión, la venta de droga, los negocios criminales, “aparte del financiamiento que reciben interno y externo de los actores políticos que buscan desestabilizar el país”. Encierra su argumento con un juego de palabras denominando a las ONG de derechos humanos como “ONGs de defensa de derechos de los criminales”. Bukele persistió, en el mismo discurso, en aislar a la sociedad salvadoreña también de sus instituciones. Mencionó que el sistema judicial del país era –una vez que se suspendió por el régimen de excepción– en total corrupto. Lo hizo después de comparar la lucha contra las pandillas con una lucha contra el cáncer, en la cual “es eso o que muramos de cáncer”. Bukele se dirigió a los nuevos policías, afirmando que “me imagino que…ustedes se frustraban cuando llevaban el montón de pandilleros arrestados y a los tres días salían libres por jueces corruptos”. Construye así una imagen de desconfianza a las instituciones sin emprender esfuerzos para una reforma posterior que ponga garantías o mecanismos de control para solucionar el problema de eventual corrupción de jueces. En efecto, la última reforma judicial firmada en El Salvador por Bukele fue en 2011, con el Decreto No. 144, posteriormente suspendido por la Cámara de Familia, toda vez que fue era un decreto polémico con potencial para jubilar cerca de un tercio de los jueces del país en ese momento. En el escenario internacional, Bukele emprende los mismos esfuerzos de aislamiento, aunque con un discurso más blando, presentando a El Salvador en su discurso a la Asamblea General de la ONU como un vecino pobre siendo demandado por un vecino rico –supuestamente las grandes potencias del sistema internacional– que le quiere impedir reparar su casa por querer “venir a mandar en nuestra casa”. Pide después a la comunidad internacional que “reconozcan nuestros derechos a ser libres, a ser independientes de verdad” y remata diciendo que “estas Naciones Unidas se crearon…con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país…”. El aislamiento que conduce Bukele es así una estrategia discursiva política que debilita sus instituciones democráticas y no pretende ofrecer a la población salvadoreña una mejoría ni una alternativa que no se encuentre en su persona, en su misión y compromiso supuestamente con su pueblo para redimir a El Salvador de su pasado violento. Para esto utiliza una teología política propia, presentándose a sí mismo y su fuerza policial como una herramienta que cumple la voluntad de Dios. En su discurso Cómo estamos logrando la victoria… de noviembre de 2022 presentó la lucha contra las pandillas en un mar de referencias a Dios, al bien y al mal. Afirmó que “nosotros seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios todos nosotros para llevarle paz, libertad y felicidad a lo pueblo salvadoreño. Y nosotros [él mismo y la fuerza policial, a quien se dirige] somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo”. Luego habló de una degradación de los valores fundamentales en el mundo, valores que se pierden cada vez más, lo que lleva a la degeneración de sociedades que alguna vez fueron grandes. Contrapone esto el escenario de El Salvador bajo su mandato, afirmando que “los valores que antes estaban degradados en nuestro país ahora son los más importantes…¿Cómo no va surgir una nación que pone primero a Dios?”. Estas acciones discursivas constituyen el mayor peligro de Bukele frente al futuro de la sociedad salvadoreña. Con su discurso y acción política, el presidente debilita las instituciones democráticas, construye una fuerza policial subordinada a él y deshumaniza una figura de enemigos que, sin un sistema que les confiera un juicio justo, bien puede ser modelada para conformarse a enemigos políticos, lo que ya sucede con la restricción a libertad de prensa en el país. En su acción político-discursiva, Bukele arroja una sombra de incertidumbre sobre el futuro del país y el posible fin del régimen de excepción.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su primer informe de violencia político-electoral del actual calendario electoral. Este informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 28 de febrero de 2023. La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Durante el periodo de tiempo analizado, se registraron 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados. Del total de víctimas (64), once (11) fueron asesinadas, diez (10) sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas. En comparación con la violencia electoral sufrida en años anteriores, el número de víctimas de la violencia política permanece en una víctima día por medio, desde el año 2019. Aunque todos los hechos de violencia política tienen graves consecuencias en la calidad de la democracia local, los siguientes llamaron especialmente la atención: - El atentado contra la congresista Aida Quilcué el 29 de octubre de 2022, que se suma a múltiples amenazas que ha recibido en el pasado en su contra. - El asesinato del periodista, denunciante de corrupción, Wilder Alfredo Córdoba, en noviembre de 2022. El hecho ocurrió en La Unión, Nariño. - Dos asesinatos en la misma semana de miembros del Pacto Histórico en Magangué, Bolívar. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022. - Los explosivos hallados cerca de la antigua vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez, días antes de una visita que realizaría allí, en Suárez, Cauca. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, la concentración geográfica de los hechos, el perfil de las víctimas, la filiación política de estas y los presuntos perpetradores aquí:

Por: Oficina Pares Pacífico El pasado 27 de febrero diversas organizaciones juveniles de Buenaventura inscribieron la veeduría ciudadana denominada “Comité Juvenil: nos la jugamos por el CAIJU” para hacer control, vigilancia y seguimiento a la ejecución del proyecto de mejoramiento y dotación del Centro de Atención Integral a la Juventud (CAIJU) del distrito de Buenaventura. Este espacio es de vital importancia porque, como su nombre lo indica, es para el uso prioritario de los y las jóvenes que se han visto atrapadas por las guerras en los últimos años y carecen de diversificación de escenarios para la realización de su ser. Este centro de atención, que fue una donación del Ejército Sur de los Estados Unidos, lleva más una década esperando ser un espacio en que finalmente la juventud de Buenaventura pueda converger, desarrollarse y promoverse. Durante los últimos diez años, varios pronunciamientos y manifestaciones se han desarrollado por parte de los jóvenes en el CAIJU, pidiendo se recupere este espacio tan importante que se ha usado para otros fines y que en muchos casos no ha tenido dolientes desde la institucionalidad. En la actualidad, la juventud bonaverense desde diferentes liderazgos abanderan este proceso para hacer veeduría ciudadana a la ejecución de este proyecto que han esperado por años. Los problemas ya conocidos de corrupción en Buenaventura hacen que este tipo de iniciativas cobren especial relevancia, pues buscan que las pocas obras de inversión que se realizan culminen satisfactoriamente y no se repita lo sucedido con la sede del SENA y la Casa de la Cultura, por dar un par de ejemplos, que llevan más de 5 años en construcción y se desconocen sus fechas de terminación. Por ello, en el último año se han constituidos veedurías para la adecuación de la vía Simón Bolívar, la remodelación del Estadio Marino Klinger y la más reciente: el mejoramiento del CAIJU. Nace la veeduría juvenil Para la conformación de la veeduría se realizó una asamblea el 22 de febrero, para ello, inicialmente se realizó una amplia convocatoria al subsistema de participación juvenil. Del espacio participaron algunos consejeros locales de juventudes de las localidades 1 y 2; la Plataforma Distrital de Juventud que opera en el distrito; los y las jóvenes que usan con regularidad las instalaciones del CAIJU, ya sea para actividades deportivas, artísticas u organizativas; organizaciones juveniles; organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de juventud o vienen trabajando con esta población; y el acompañamiento técnico y logístico del programa Activa Buenaventura y la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) con su oficina Pacífico como socia local del Programa Juntos por la transparencia de USAID. De ahí se constituyó la veeduría “Comité Juvenil: nos la jugamos por el CAIJU” de acuerdo a los lineamientos de las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015. Que posteriormente fue inscrita en las oficinas de la Personería para hacer control, vigilancia y seguimiento a cada una de las actividades y etapas contenidas en la ejecución del contrato No. MC-014-2022 ejecutado por la Asociación de Municipios Unidos Del Sur De Antioquia (MUSA) y la contratista Loraine Ximena Ferrin Viafara, con una vigencia de 9 meses. ¿Cuál es el alcance del proyecto del CAIJU? El CAIJU es un escenario de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las juventudes, en cabeza de alrededor de cien organizaciones juveniles que se encuentran adscritas a la Plataforma Distrital de Juventud, la cual es un escenario de participación ciudadana juvenil establecida por la ley estatutaria 1622 de 2013, modificada por la ley estatutaria 1885 de 2018. De acuerdo con información de la Alcaldía Distrital: “en años anteriores, el espacio del CAIJU fue utilizado como albergue para familias víctimas del conflicto armado de la comunidad indígena Chagpien. En diciembre de 2020, la administración actual de la Buenaventura con Dignidad, logra, en conjunto con la Unidad para las Víctimas y la Gobernación del Valle, el retorno a su territorio de las familias desplazadas y la reintegración local de otras que se encontraban en este lugar dejando el sitio disponible para su adecuación”. Debido al estado deteriorado del lugar y las constantes exigencias por parte de los jóvenes, se tomó la decisión de realizar su adecuación y dotación. A través del Decreto 2095 de noviembre de 2022 se viabiliza, prioriza y aprueba el proyecto de mejoramiento de las instalaciones. Inicialmente, el presupuesto destinado era de 500 millones para mantenimiento, pero luego de un diagnóstico preliminar y reuniones con colectivos juveniles quedó establecido un valor de 1.250 millones, incluyendo dotación, para un total 1.575 millones de pesos colombianos. Las principales intervenciones y mejoras para el CAIJU son: Recuperación y dotación de cuatro salones multiuso, con aire acondicionado, televisión de 70’’, sonido y micrófono. Oficina administrativa con sistema de 12 cámaras de circuito cerrado de televisión, y mobiliario. Cambio total de baterías sanitarias cumpliendo la norma para personas con movilidad reducida. Cambio total y ampliación de pisos en cerámica antideslizante. Estucado y pintura de acabado. Recuperación de cocina y comedor tipo cafería. Recuperación y mejoramiento de encerramiento en malla eslabonada con concertina de seguridad. Recuperación de piso y dotación de cancha múltiple. Construcción de canal para agua lluvia en perímetro de la cancha múltiple. Cambio y ampliación de cubierta. Diseño eléctrico con iluminación led en salones, cocina, baños, pasillos y cancha, cumpliendo normatividad RETIE. Recuperación y dotación de caseta de vigilancia y puerta de ingreso. Reparación y mejoramiento de sistema de canalizado de agua lluvia. Recuperación de espacios de esparcimiento, plazoleta para prácticas culturales. Cuatrocientas sillas plásticas tipo rimax, 30 mesas plegables tipo banquete, cinco computadores portátiles tipo empresarial, extintores, camillas y señalización de seguridad. Recuperación de zonas verdes. La juventud está expectante La necesidad más inmediata es obtener rápidamente la resolución por parte de la Personería, debido a que los trabajos de mejoramiento ya iniciaron desde hace un mes. Una vez conseguida la resolución, los jóvenes quieren “empezar a fortalecer los aprendizajes a través de módulos pedagógicos para hacer un buen desarrollo de nuestra veeduría, conocer otros lineamientos”, según contó uno de sus integrantes a Pares Pacífico. De acuerdo a lo expresado, es un compromiso que adquirieron con los acompañantes técnicos (Activa Buenaventura y la Fundación Pares). Sobre el proceso de veeduría como tal, el entrevistado manifiesta que: “Yo creo que el proceso va a ser un proceso muy ameno, creo que la veeduría va a crecer, será un proceso íntegro. Los jóvenes están muy interesados en el espacio porque ha sido una lucha desde hace muchos años por la remodelación y adecuación, entonces, creo que los jóvenes van a ser más partícipes tanto de este proceso como del buen uso del CAIJU. Estaremos pendientes.” Dado los múltiples casos de corrupción que ya se conocen en Buenaventura, la confianza de la ciudadanía con relación al desarrollo de este tipo de proyectos es grande. Sin embargo, parte de las reflexiones que surgieron en el diálogo sobre la conformación de la veeduría al CAIJU tiene que ver con la importancia de generar nuevas formas de interacción frente al control y seguimiento a la obra. En ese sentido, se espera que la veeduría a desarrollar no sea solamente una herramienta para “vigilar que no se roben los recursos”, sino sobre todo para que en el marco de la comunicación y el derecho se cumpla lo estipulado, se respeten los procedimientos y se garantice el goce pleno de la participación ciudadana. Finalmente, la veeduría sigue siendo un proceso en constante construcción, está abierta, con el propósito de que más jóvenes u organizaciones puedan sumarse o acompañarla integrando. Se hace el llamado para quienes quieran ser parte, las puertas están abiertas.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil En Colombia, los hombres transgénero son una población vulnerable que enfrenta una serie de obstáculos en el acceso a derechos fundamentales. El país ha avanzado en algunos aspectos, pero aún hay mucho por hacer para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para esta población. Según un informe del Observatorio Nacional de Discriminación contra las Personas LGBTI en Colombia, el 38% de las personas transgénero en el país han sido discriminadas en el ámbito laboral, el 28% han sufrido discriminación en el acceso a la educación y el 27% han enfrentado discriminación en el acceso a servicios de salud. Además, el 73% de las personas transgénero han sufrido algún tipo de violencia en su vida, ya sea física, sexual o psicológica. Ahora bien, la discusión sobre las condiciones sociales, socioeconómicas y de garantía de derechos se ha centrado en las mujeres transgénero prevalentemente. Esto es evidente en términos de los despliegues mediáticos que han logrado estas personas, en cargos de gobierno que han obtenido o en procesos de visibilización, estudios, investigaciones, programas etc., que organizaciones de la sociedad civil han direccionado a las mujeres transgénero, sobre esto hay suficiente ilustración y personalidades visibles. Pero los hombres trans, mujeres que se auto perciben hombres y que toman la decisión de construir su vida desde esta identidad y percepción, ¿cómo han sido visibilizados en estas iniciativas en el país? Frente a esto, en un artículo del diario El Tiempo del año 2021, se habla del subregistro sobre violencias a hombres transgénero en Colombia, del que quizá el caso más sonado ha sido el de Carlos Torres en Bogotá, del que se sospecha fue asesinado presuntamente por la Fuerza Pública. Y en la discusión pública, la cuestión sobre los hombres transgénero versa siempre sobre el asunto del servicio militar en Colombia, sobre este particular se conoce el informe de DeJusticia, Red Distrital de Hombres Trans y Ayllu de 2021, entre otros. A pesar de estos obstáculos, existen organizaciones en Colombia que trabajan para garantizar los derechos de los hombres transgénero. Una de ellas es la Fundación Santamaría, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por los derechos de las personas LGBTI en Colombia. La Fundación cuenta con un programa específico para hombres transgénero, que brinda acompañamiento psicológico, asesoría legal, apoyo en la búsqueda de empleo y acceso a servicios de salud. Otra organización importante es Colombia Diversa, que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de la población LGBTI en Colombia. La organización ha desarrollado una serie de iniciativas para promover la igualdad de derechos para los hombres transgénero, incluyendo campañas de sensibilización, talleres de formación y apoyo en la lucha contra la discriminación. En Pares, desde la línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil, en concordancia con la Línea de Género, estamos haciendo apuestas al respecto. Desde las escuelas de liderazgo juvenil hemos potencializado liderazgos en diversidad sexual en Pueblo Rico, Risaralda y Pereira, que han permitido desde nuestro quehacer empezar a construir un camino para que nuestra incidencia política y nuestra capacidad de investigación, ejecución y construcción de proyectos apunten a mejorar estas comunidades y a formar liderazgos en este sentido que sean preponderantes en el devenir de la nación. En cuanto al acceso a servicios de salud, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia emitió una resolución en 2018 que garantiza el acceso a servicios de salud integrales para las personas transgénero en el país. La resolución establece que las personas transgénero tienen derecho a recibir atención médica en igualdad de condiciones y sin discriminación, incluyendo la atención en salud sexual y reproductiva, la hormonoterapia y la cirugía de reasignación genital. En conclusión, los hombres transgénero en Colombia enfrentan una serie de obstáculos en el acceso a derechos fundamentales, pero existen organizaciones y políticas públicas que trabajan para garantizar sus derechos y promover la igualdad de oportunidades. Es importante seguir luchando para que todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir en igualdad de condiciones y sin discriminación. Estamos en la misión de hacer rastreo de este tema que no ha sido tan público en la discusión nacional, escribiremos más al respecto buscando ampliar, ayudar y construir la discusión siempre con apertura democrática.

Por: Ernesto Medrano y Juan Alejandro Pérez, Asistentes de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad En el marco de la reforma a la salud se han presentado diversas discusiones sobre los posibles impactos que esta tendría en el desarrollo del trámite legislativo y el acceso a la salud de los colombianos. Esto significa que al menos tres aspectos fundamentales, además de los asuntos técnicos, tendrían que ser analizados a la luz del trámite legislativo de la reforma, en aras de comprender los posibles resultados políticos. En primer lugar, se debe analizar cómo llega la coalición de gobierno para el trámite de una reforma que enfrenta fuertes cuestionamientos y que genera cierto temor en la opinión pública. Posteriormente, se debe evaluar la discusión sobre el origen de la norma, es decir, si debe tramitarse como ley estatutaria o ley ordinaria. Y finalmente, se deben tener en cuenta las implicaciones diferenciadas respecto al tipo de ley y la estrategia del gobierno para su aprobación. La discusión sobre la reforma a la salud inició desde el anuncio realizado por el Gobierno Nacional, cuando se presentó la agenda legislativa que adelantaría en 2022. En ese momento, las principales reformas sociales fueron pospuestas para adelantarse en el segundo periodo legislativo. El Gobierno arrancó con la reforma tributaria, estableciendo el piso para la financiación de las futuras reformas sociales que impulsaría en 2023: reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral. Sin embargo, en la agenda legislativa del gobierno se estiman cerca de 37 iniciativas. Pese al ímpetu reformista del Gobierno Nacional, los partidos que integran la coalición de gobierno han expresado los sus reparos frente a la reforma a la salud. Uno de los principales cuestionamientos sobre la reforma fue la falta de socialización de la misma, que se dio a conocer solo hasta la fecha de su radicación ante el Congreso. En principio existen tres tipos de visiones sobre la necesidad de la reforma desde distintos sectores de la sociedad colombiana. Por un lado, están quienes consideran que el sistema actual de salud no es perfecto, pero funciona y no es necesario que se modifique sustancialmente; por el otro se encuentran los que consideran que la reforma se debe aprobar guardando fidelidad con el proyecto de ley radicado; y, finalmente, están quienes destacan la necesidad de la reforma, pero sostienen que se deben realizar modificaciones en su estructura e implementación. El desarrollo de la discusión técnica y política de la reforma a la salud generó mucho revuelo en la coalición de gobierno. Principalmente los partidos Liberal, Conservador y La U, cuestionaron el espíritu de la reforma. Sin embargo, luego de una reunión con los presidentes de los partidos de la coalición de gobierno, Petro logró el respaldo constructivo de las colectividades políticas; principalmente del Partido Conservador y el Partido de La U, con lo que podría lograr las mayorías necesarias en el Congreso (Ver: Reforma a la salud, primera prueba de fuego para el Gobierno y su coalición) Fuente: Twitter Cambio Sin embargo, la discusión de la reforma a la salud no fue a costo cero, pues el proceso de negociación de los partidos fuertes que conforman la coalición de gobierno cambia y se encarece. Adicionalmente, minutos después de la rueda de prensa conjunta de los partidos de la coalición de gobierno, fue anunciada por medio de una alocución presidencial la decisión del reemplazo de tres cabezas ministeriales: Alejandro Gaviria, del Ministerio de Educación; Patricia Ariza, del Ministerio de Cultura; y María Isabel Urrutia, del Ministerio del Deporte. Lo llamativo de esto es que la decisión del presidente fue tomada luego de que se filtrara una carta en la que varios miembros del Gobierno Nacional planteaban reparos al proyecto de reforma a la salud y uno de los firmantes era Gaviria. La resistencia de la opinión pública frente a la necesidad de una reforma a la salud fortalece la capacidad de negociación de los partidos que integran la coalición de gobierno. Tal es el caso de los partidos Conservador y La U, que son necesarios para que el gobierno logre asegurar las mayorías requeridas para la aprobación de sus reformas. Por esto, la salida de las tres cabezas ministeriales no supone mayores problemas para el Gobierno Nacional, pues no tenían fuertes filiaciones partidistas que repercutieran en los procesos de negociación con las bancadas parlamentarias. ¿Ley estatutaria u ordinaria? La discusión acerca del tipo de trámite de la reforma aún sigue viva. En esencia, el debate está en si reforma debe ser tramitada por medio de una ley estatutaria o una ordinaria. Pero esa decisión aún está por ser resuelta en el Congreso, debido a que el contenido de la reforma impacta en su trámite. Mientras que el gobierno sostiene que la reforma se debe tramitar como ley ordinaria, algunos expertos constitucionalistas, como Rodrigo Uprimny, sostienen que debe presentarse como ley estatutaria. Conceptualmente, una ley estatutaria es aquella que consagra los derechos y deberes fundamentales. Por su parte, las leyes ordinarias desarrollan y reglamentan el núcleo de las leyes estatutarias. Así, la discusión sobre la categoría legal de la reforma a la salud no es sencillo, pues la ley estatutaria de la salud –1751 del 2015– estableció los principios reguladores del derecho fundamental a la salud. Por su parte, el Gobierno, en cabeza de la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha afirmado que la reforma a la salud se tramitará como ley ordinaria debido a que no se modifica la definición primordial del derecho a la salud, pero en cambio, sí reforma la ley 100 de 1993, que fue una ley reglamentaria. En la otra orilla se encuentran algunos constitucionalistas que sostienen que la reforma sí toca la definición del derecho fundamental a la salud porque transforma las condiciones de acceso al mismo, pasando de un modelo de diversas entradas –EPS– a uno de entrada única, el CAPS o redes integradas. La discusión sobre si la ley debe ser estatutaria u ordinaria también tiene un impacto en la viabilidad política de la reforma a la salud, pues reconfiguraría las mayorías necesarias para que reforma sea aprobada. Actualmente se tramita como ley ordinaria, lo que significa que se puede discutir en sesiones extraordinarias que pueden iniciar desde el 6 de febrero hasta el 15 de marzo. La categoría legal también incide en la comisión a la que va la norma, pues en este caso de ser ley ordinaria iría a la Comisión séptima de Senado y Cámara. De acuerdo con el Gobierno, el trámite iniciaría en la Comisión Séptima de Cámara, cuyo presidente es Agmeth Escaf, alfil político del Gobierno. Adicionalmente, este tipo de leyes necesitan la mayoría simple, es decir, necesita de la mitad más uno de los asistentes a la sesión de votación. En contraste está el trámite de la ley estatutaria. Si se tramitara como estatutaria, la reforma no puede discutirse en sesiones extraordinarias. Además, ya no se discutiría en comisiones séptimas, sino que pasaría a las comisiones primeras de Senado y Cámara. A lo anterior se suma el hecho de las mayorías necesarias cambiarían, pues serían ya mayoría calificadas, es decir, para aprobar el articulado se necesitaría la mitad más uno de los integrantes de las comisiones y las plenarias. Adicionalmente, las leyes estatutarias requieren de un examen de constitucionalidad previo para definir si se apegan o no a la Constitución. Así, el gran riesgo que asume el Gobierno Nacional es que en el trámite de la reforma como ley ordinaria incorpore asuntos correspondientes a una ley estatutaria, lo que implicaría que la Corte Constitucional tumbaría los artículos que considere inexequibles. Otro aspecto importante que se modificaría en caso de tramitarse por ley estatutaria es que en el articulado no podrían incluirse las seis facultades extraordinarias al presidente de la República. Con ellas, el presidente busca modificar el régimen laboral en salud, capitalizar la Nueva EPS y crear incentivos para que las EPS puedan transitar a la prestación de servicios de salud. Sin embargo, la atribución de facultades extraordinarias abrió una discusión sobre los límites al ejecutivo. En síntesis, la discusión política del trámite legislativo de la reforma a la salud se enmarca en la capacidad del Gobierno de establecer vasos comunicantes con los partidos que integran la coalición de gobierno. La misma que le permitió adelantar la reforma tributaria. Pero pese a los cambios que hubo en la presidencia del Partido Conservador y la distancia con el Partido Liberal, alrededor de la reforma a la salud, el Gobierno ha logrado mantener la dinámica de la coalición. Sin embargo, la discusión fundamental en el Congreso y que podría ser elevada al Consejo de Estado, es si la ley debe ser tramitada como ley estatutaria o ley ordinaria, pues al zanjarse este debate se reducirían los riesgos de que la norma o sus partes puedan ser declaradas inconstitucionales.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Después de muchos ires y venires, con la presencia de la senadora por la circunscripción especial indígena, Ayda Quilcué, el senador Robert Daza y los representantes Jorge Bastidas, Hermes Pete y Juan Pablo Salazar, gran bancada de nuestro departamento (faltando el senador Paulino Riascos y el representante Orlando Castillo), se realizó la jornada de discusión del Pacto Histórico Cauca, el pasado domingo 26 de febrero, con la participación física de este bloque Caucano nunca antes tan numeroso en representación de un proyecto político. Cada partido, movimiento y organización social ha venido desplegando sus actividades internas para definir quiénes de su fuero interno serán sus pre-candidatas o pre-candidatos a juntas administradoras locales, concejos municipales, alcaldías y gobernaciones, en representación de ese bloque popular que se jugó a fondo en las elecciones de congresistas en marzo de 2022 y en las presidenciales de mayo y junio, con el resultado positivo y triunfador conocido por la opinión pública, que coloca al Pacto Histórico como la primera fuerza social, política y electoral, la esperanza conocida como "Colombia potencia mundial de la vida". El reencuentro del pasado domingo es la señal clara de mantener la firme decisión de aterrizar en el departamento y en los municipios las bondades de las reformas estructurales convertidas en leyes de la República, en los tres pilares señalados por el presidente Petro el 19 de junio, día del triunfo: el ambiental, la paz total y el desarrollo de la Constitución del 91. Es muestra, además, de la firme convicción de hacerlo con lideresas y líderes jugados en el proceso comunitario, medidos en las calles y en los seminarios ideológicos y políticos. Es un NO rotundo a candidatos "prestados" o "impuestos", traídos como reencauche de la política y los partidos tradicionales. Inicia el comunicado público emitido por los participantes en el evento afirmando que "en el Cauca el cambio será posible", y cierra con un mensaje claro: "radicalmente decimos: no somos continuismo, somos fuerza de cambio". Quiere decir ello que el Pacto Histórico tendrá un candidato o candidata a corporaciones de nominación unipersonal (gobernación y alcaldías) y listas propias a la asamblea departamental, a los concejos municipales y a las juntas administradoras locales. Con esta postura el Pacto Histórico ratifica en el Cauca su condición unitaria, su interés por cautivar a las ciudadanías libres, la necesidad de definir desde la casa grande para que, determinados sus voceros a las corporaciones, se implemente una amplia política de alianzas, de fuerzas coincidentes con los cambios necesarios hoy para mejorar las condiciones de vida digna. No solo acuerdos para sumar votos, sino consensos para el cambio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En Colombia estamos acostumbrados a que cada vez que se quiera dar solución a un problema público o atender una necesidad colectiva se piense tan solo en dos opciones: o bien que se recurra al mercado para que la libre iniciativa privada lo atienda, o bien que el Estado mediante sus empresas se encargue de ello. A la gente se le olvida por completo que las comunidades también pueden atender este llamado y aportar a las soluciones. Que existen personas que pueden unir esfuerzos y brindar una alternativa colectiva a esa necesidad pública, como la de proveer el servicio de agua potable, recolectar las basuras o tener una tienda que ofrezca algún tipo de bien o de servicio. Han normalizado la idea de que en nuestro entorno tan solo existen dos opciones para solucionar nuestras necesidades. Por eso, esta última semana, cuando el presidente de la República Gustavo Petro propuso que las comunidades podrían convertirse en oferentes de internet en varios territorios apartados del país, muchas personas se sorprendieron e, incluso, intentaron ridiculizar este importante anuncio. La propuesta la hizo el mandatario el 24 de febrero, cuando visitó el resguardo indígena de Pueblo Nuevo, en Caldoto, Cauca. Para el presidente y la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sandra Urrutia, las comunidades muy bien pueden encargarse de gestionar y administrar las redes comunitarias de internet en diversos puntos del país. Esta es una propuesta que no surge del vacío, ni mucho menos sale del sombrero del presidente y su ministra, brota de la experiencia positiva que por décadas se ha acumulado en nuestros territorios. Son más de tres mil espacios comunitarios donde se ha evidenciado que esta propuesta por la conectividad comunitaria es una realidad; más de 15 mil acueductos comunitarios y cientos de recicladores de basuras. En el país existen experiencias valiosas en el servicio de internet, como la Red del Viento, que actualmente tiene 54 puntos de conexión y atienden por lo menos la demanda de 600 personas en varios lugares de nuestro territorio nacional. También la Red Poliniza, que tiene 40 familias y 120 personas conectadas en La Macarena, Meta; o en Uribia, en La Guajira, donde hay 144 personas conectadas. Esta es una idea que, además de ser muy práctica y bastante viable legal y económicamente, tiene la virtud de potenciar otros valores que ni la iniciativa privada ni el Estado pueden generar. El Gobierno está recurriendo a la opción que le ofrece la ley de que cualquier persona natural o jurídica puede prestar el servicio de telecomunicaciones en Colombia. La dificultad se encuentra más bien en la ilusoria creencia de que es la iniciativa privada la mejor opción. Idea que ha provocado que el Estado se enrole en una lucha irrazonable contra las organizaciones comunitarias y la defensa de la gran industria. Dejando a muchos territorios y grupos poblacionales –más del 70% de los habitantes de la ruralidad– sin atender el servicio de internet. Ahora el gobierno Petro propone colocar la mira en la tercera opción. Buscará incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 a las comunidades en la contratación pública de redes de internet como opciones válidas, viables y efectivas que es necesario resaltar y apoyar. Hace consciente la idea de que tanto el mercado como el Estado han fallado en la prestación de este importante servicio. Tenemos a grandes operadores privados que ven poco atractivo las inversiones en los territorios rurales, debido a los altos costos y el bajo monto de las ganancias. Además, a un Estado que no tiene las manos para lograr incorporar a esta población y que lo que ha hecho es “abudinear” las telecomunicaciones. Con la opción de la prestación del servicio por parte de las comunidades, el Gobierno está logrando, en primer lugar, hacer posible que las comunidades abandonadas –como las de la Amazonía, el Vaupés, Guainía, Guaviare, Chocó, San Andrés o el Cauca– tengan en los próximos meses la esperanza de contar con un servicio de internet para poder disfrutar de las mieles del progreso tecnológico. No es presentable que en pleno siglo veintiuno las comunidades rurales, los afrodescendientes y los habitantes de los barrios populares no puedan acceder al derecho que tienen a estar informados y se encuentren por fuera de las redes de comunicación. Que estas poblaciones no puedan participar en convocatorias públicas, en los ofrecimientos de apoyos que entrega el Estado o en los avances científicos y tecnológicos que entrega la comunidad internacional. Y como segundo logro está la creación de capital social o comunitario. Dejar en manos de las organizaciones de la sociedad civil este servicio permite empoderar a las comunidades para la autogestión de su derecho a estar informado. El Gobierno está fomentando la asociatividad, el apoyo mutuo y la creación de redes. Con esto se está creando un valioso activo que ayudará a proteger a las personas de la pobreza y estimulará el desarrollo. En síntesis, la propuesta del gobierno Petro, además de presentarse como solución a un problema público que no han podido atender ni el mercado ni el Estado, se propone como una acción que busca fortalecer la democracia; defendiendo el derecho de la ciudadanía a la información y creando un activo social para la defensa de la pobreza y la exclusión. La idea con esta propuesta no es que el Estado se limpie sus manos con la responsabilidad que tiene con la ciudadanía de prestar los servicios de utilidad pública. Lo que se pide es que amplíe su papel, apoyando a estos actores sociales para que se pueda entregar servicios de calidad, a bajo costo y donde todos puedan acceder a ellos. Es muy conveniente para el país aprovechar las opciones que le da la ley para apoyar a las comunidades para que puedan cumplir con las exigencias técnicas y prestar el servicio de forma adecuada. Es hora de que las comunidades demuestren una vez más su potencial organizativo. Con ello se estaría avanzando en reducir el estigma que tiene frente a esta tercera opción en la economía y, al mismo tiempo, se estaría aprovechando la participación de la gente en la solución de los problemas de todos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.