Por: Laura Bonilla, para @confidencialcol Hace varios años mi profesor de historia de México, Fernando Escalante, decía en una clase que el fetiche por la norma que tenemos los latinoamericanos es igual a la pasión por violarla. Colombia es un ejemplo perfecto de esa paradoja: por una parte, es un productor de leyes que se fundamentan en el castigo como principio rector de la sociedad, pero por otra la vida cotidiana funciona en la constante violación de la norma y en la evasión de las reglas. Queremos un país libre de corrupción, pero no queremos tocar la cultura que la origina y el sistema de incentivos que la mantiene. Así no lo queramos aceptar, todos y todas vivimos inmersos en la cultura de la corrupción. Esa cultura pasa efectivamente por la recomendación política, pero también porque la política se convirtió en un mecanismo para conseguir empleo y por el tipo de liderazgos políticos –personalistas al extremo– que hemos construido como sociedad, los cuales en vez de invertir la mayor parte de su tiempo, recursos y energía en el bienestar general, deben hacerlo en sobrevivir en el mundo político, a costa de los resultados que deberían estar produciendo. Sobre la recomendación política hay todo tipo de polémica. La verdad es que es el eje de la contratación pública y lo que produjo que la clase política, especialmente la regional, se concentre en intermediar recursos, dado el profundo centralismo que nos gobierna. Si se piensa en la trayectoria vital de los Nule, es fácil encontrar que el primer contrato de esa empresa creada por hijos de exgobernadores y políticos lo obtuvieron gracias a sus contactos. Se repite la fórmula con Julio Gómez, con Emilio Tapia, o con los contratistas de la alimentación escolar. Contrario al prejuicio, no es el exceso de descentralización lo que ha producido élites regionales súper poderosas, sino el centralismo que creó la necesidad de intermediación de recursos, cargos y puestos públicos. Tan culpable es el senador clientelista como el ministro con el que interactúa o el financiador de la campaña. La segunda razón es que la corrupción se convirtió hace muchos años en una forma de movilidad social. De hacerle trampa a la vida. En una sociedad tan desigual como la colombiana tener o no tener empleo hace la diferencia. Y tener empleo en el Estado, aún más. Así, en la política del día a día, la competencia por el empleo es tóxica y mediada en gran parte por la recomendación política. No hay trayectoria al desarrollo compatible con el clientelismo, ni en América Latina, ni en Europa, ni en Asia, ni en África. No importa con cuánto ahínco defendamos la frase de: se gobierna con los amigos. Así, la cultura de la corrupción ha permeado hasta los huesos nuestros liderazgos políticos y un poco también a la sociedad en general. Eso traducido al liderazgo político e institucional crea todo un círculo perverso, independientemente de la ideología que profesemos. Creamos monstruos colectivos, para luego quemarlos y castigarlos a la luz pública, mientras los grupos de la contratación siguen siendo los mismos, las campañas políticas impagables y las barreras de acceso para los liderazgos políticos más representativos de las bases sociales de Colombia son prácticamente insalvables. Por esa misma vía no hay partidos políticos que funcionen o perduren con líderes políticos que oscilan entre personalidades e intermediarios. Lo que estamos viendo con tristeza es que en vez de partidos de ideas volvemos a la fracasada idea de partidos de personalidades. En las próximas regionales vamos a estar llenos de personalismos tan importantes que necesitan colectividades hechas a su medida. El partido de Íngrid Betancourt, el partido de los Galán, el partido de Quintero, el partido de Rodolfo Hernández, el partido de Roy Barreras y cualquier otro que sienta que lo más importante en la política es que le hagan caso. Si la corrupción es el hueco por el que se va la esperanza de un país más equitativo, ¿por qué defendemos continuar con el mecanismo, con tanta ferocidad? Demandamos a gritos castigo, pero seguimos haciendo lo de siempre. Es curioso cómo una sociedad como la colombiana no ha hecho conciencia sobre la calidad de instituciones que producen estas prácticas arraigadas en la cultura política del país. En la semana que pasó, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) lanzamos una idea arriesgada para poner la corrupción en el centro del debate nacional, con la irreverencia que a veces caracteriza las ideas de la sociedad civil que, por supuesto, debe ser analizada, revisada y enriquecida por las personas más expertas y conocedoras, por las comunidades regionales que sufren la frustración de que su vida nunca cambie y también por quienes toman las decisiones. Pero tal vez lo más importante que se develó es que no queremos reconocer la cultura de la corrupción y las consecuencias que ha traído sobre el diseño institucional. En ese espíritu vamos a insistir. No podremos tener un cambio si no tenemos una conversación nacional y honesta sobre la corrupción. Sobre las formas de hacerlo, tenemos la mente abierta para aprender. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Migración, Frontera y Conflicto En 2022 asesinaron a siete líderes y defensores de derechos humanos y a un firmante del acuerdo de paz en Norte de Santander; es decir, hubo un aumento del 32%, en comparación con el 2021. En febrero de 2023 continuó el flagelo en el departamento. José Antonio Santiago Pérez, delegado departamental a la Federación de Juntas de Acción Comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal de Socuavó, zona rural de Tibú, recibió varios disparos y fue hallado sin vida en la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra. En 2019, Pérez fue víctima de un atentado, recibió tres impactos de bala y posterior al hecho le asignaron un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, en diciembre de 2021, le hurtaron la camioneta blindada en la que se movilizaba y, desde entonces, estuvo desprotegido. Frente a este homicidio, Pepe Ruíz, defensor del Pueblo en Norte de Santander, dijo a RCN Radio que: "aunque es el primer líder asesinado este año en Norte de Santander, un alto número de presidentes de juntas de acción comunal de Cúcuta y Tibú son víctimas de amenazas”. En enero de 2023, Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz y representante ante la Mesa Municipal de Víctimas de Tibú y del Consejo Departamental de Norte de Santander, denunció amenazas de muerte contra ella y contra su padre. En febrero de 2023, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, denunció amenazas por la labor de defensa de derechos humanos que realizan desde la organización. Asimismo, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció que desde el 2021 han sido víctimas de seguimiento, señalamiento, hostigamiento y procedimientos arbitrarios por parte de la Policía Nacional. Los hechos ocurren antes o después su participación en audiencias para defender los derechos humanos y en lo corrido del 2023 ya han sucedido tres incidentes contra sus integrantes. Gustavo Quintero, miembro de Ascamcat y una de las víctimas, señaló que: “la situación cada vez se ha hecho más recurrente; nos preocupan los términos de seguridad, los hechos ocurren en presencia del hijo de nosotros, un menor de edad, y los policías vienen y no se identifican”. De acuerdo a Cañizares, en 2022 la Fundación Progresar acompañó 67 casos de amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos. Mientras tanto, y en medio de una violencia que no cesa, las organizaciones sociales continúan con sus labores y esperan que las autoridades competentes brinden más eficacia en la prevención y protección para garantizar la vida.

Por: Luis Eduardo Celis La residencia en Bogotá de Hildebrando Vélez, padre de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, ha sido asaltada. El móvil de esta agresión es el robo de información para seguir montando nuevas agresiones. El robo de información ha sido practicado en los últimos años contra periodistas, centros de pensamiento, líderes sociales y políticos. Es una forma de atacar a opositores, de intimidarlos. En algunos casos las personas optan por el silencio o el exilio y los agresores logran su propósito de acallamiento. No hay investigaciones penales con resultados a pesar de que los autores materiales están ligados a alguna forma de poder, no son simples delincuentes actuando por el robo de unos computadores, Muy por el contrario, son acciones ligadas a agendas de acción política. Que ocurra es grave, que no se sancione lo es más. Esa impunidad, como todas las impunidades, alienta a quienes violan la ley a persistir y permanecer en su lógica de actuación criminal. En Colombia vivimos una época de cambio. El robo de información a Hildebrando Vélez está ligado a la actuación del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que lideran una agenda de cambio en la que está el tema energético y minero donde el liderazgo de la ministra Irene Vélez Torres juega todos los días como la responsable de primera línea de las necesarias e importantes transformaciones que se requieren en estos sectores tan importantes para la sociedad colombiana. Las agresiones delincuenciales y el saboteo a la acción de gobierno deben ser respondidas con acción judicial y rechazo ciudadano. Tantos años de atropellos y violencias, muchas de ellas dirigidas desde instancias de poder, deben quedar atrás y eso requiere mucha acción ciudadana y rigor desde el gobierno, afortunadamente un gobierno como el del presidente Petro, comprometido con una democracia de mayor calidad. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El 23 de febrero, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción presentaron el proyecto de Juicio Nacional Anticorrupción en el Instituto Caro y Cuervo, Bogotá. Cerca de 60 personas asistieron a esta presentación, entre ellas se encontraban congresistas y medios de comunicación como RCN, Caracol, Canal Uno y CM&. Este evento tuvo dos momentos, el primero fue las palabras por parte del director de Pares, León Valencia, y de Michel Levien, director del Instituto Anticorrupción. El segundo fue un espacio en el que el público, al igual que los medios de comunicación, realizaron sus preguntas frente a esta iniciativa. Para el director de la Fundación Pares es importante no dejar la corrupción “quieta”. Durante su intervención, dijo: "la corrupción es el cáncer de la democracia, muchos proyectos políticos interesantes se han acabado por la corrupción”. Luego, durante su intervención, el director del Instituto Anticorrupción, Michel Levien, dijo que esta iniciativa pretende llevar los casos de macrocorrupción a una Sala Transitoria Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia. Según explico el director de litigio estratégico del Instituto Anticorrupción, Alejandro Alvarado, el Juicio Nacional Anticorrupción tiene dos objetivos principales, el primero es investigar y juzgar casos complejos y desarticular estructuras criminales que se han servido de la corrupción como medio para el favorecimiento indebido de sus intereses privados, desviando el poder público y fomentando la cultura de la ilegalidad. El segundo es generar confianza en la justicia, acercando a la ciudadanía a los juicios y haciéndola partícipe de ellos. Alvarado explicó que por medio de dos tareas se podrían logran estos dos objetivos: por un lado, entregando un mandato a las Naciones Unidas para la conformación de una Comisión Internacional Contra la impunidad en Colombia que se encargue, junto con la Fiscalía General de la Nación, de investigar y acusar los casos más graves. Y por el otro lado, creando una Sala Transitoria Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia con una duración de tres años, esta, compuesta por jueces colombianos que juzgarían los casos presentados por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia (CICIC) bajo las mismas reglas procesales del código de procedimiento penal vigente. Cabe señalar que esta iniciativa también pretende reivindicar el papel de las organizaciones de víctimas, periodísticas, de la sociedad civil, asociaciones de vecinos, comunidades étnicas, veedurías e instituciones educativas que se han dedicado a denunciar los casos de corrupción y cuyas voces muchas veces han sido disminuidas. Finalmente, este evento cerró con algunas preguntas hechas por la prensa. Luego de esto se pasó a un refrigerio para terminar la jornada de esta presentación. Desde Pares y el Instituto Anticorrupción se espera que el Gobierno acompañe este Juicio Nacional Anticorrupción hasta cumplir la tarea, darle a Colombia justicia y verdad.

Por: Katerin Erazo, Periodista Hoy, 21 de febrero, se conmemora el primer año de un histórico veredicto emitido por la Corte Constitucional colombiana, mediante el cual se eliminó la penalización del aborto en el país. La Sentencia C-055 permite que las mujeres, que antes arriesgaban su salud y sus vidas para interrumpir un embarazo no deseado, ahora tengan accesos a una atención médica segura y legal para este procedimiento, siempre y cuando se realice antes de las 24 semanas de gestación. Esta decisión fue tomada en respuesta a la lucha de más de 100 organizaciones y miles de activistas que han alzado su voz para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Uno de los movimientos que demandó el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad fue Causa Justa, por tal motivo, esta Sentencia también fue denominada “Sentencia Causa Justa” (Ver: Despenalización del aborto: “Esta sentencia es el reconocimiento de los derechos a las mujeres”). Antes de esta Sentencia existe otra que es la C-355 de 2006, la cual permitía el aborto solo si cumplía tres casos excepcionales: violación, malformación del feto o cuando la vida de la madre estaba en peligro. Ahora, con esta Sentencia (C-055), hasta la semana 24, sin importar las circunstancias, las mujeres pueden abortar, sin embargo, si se pasa del tiempo estipulado entrarían a operar las tres cáusales anteriormente mencionadas. La Sentencia Causa Justa ha enfrentado resistencia por parte de sectores conservadores y religiosos que se oponen al aborto en todas sus formas. Aun así, esta Sentencia ha sido un logro significativo para la salud y los derechos de las mujeres en Colombia. Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos y vocera del movimiento Causa Justa, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que esta Sentencia es muy importante en el contexto regional de las Américas, teniendo en cuenta el “retroceso” que hubo en Estados Unidos con la decisión de la Corte Suprema de revertir “la histórica decisión que protegía el acceso al aborto en Estados Unidos”. Catalina Martínez mencionó que América Latina está dejando varias lecciones importantes para el Norte, una de ellas es la utilización del marco de derechos humanos a nivel regional, ya que en la mayoría de las constituciones de América Latina se incorporan los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, lo que ha permitido avanzar conforme van avanzando estos estándares a nivel internacional y regional. Martínez señaló tres elementos que pueden dar frente a este fallo: el primero es que ha habido una voluntad por parte del Gobierno de implementar la decisión de la Corte Constitucional; el segundo es que según la Fundación Oriéntame, la cual es una de las prestadoras de este servicio más importante en el país, las mujeres que han acudido a buscar servicios de aborto no han aumentado de manera significativa en este año. Martínez aseguró que la gran mayoría ha acudido al servicio en las primeras doce semanas de gestación y, adicional a esto, se ha registrado un aumento de mujeres que han abortado por medio de sus EPS, lo que quiere decir que el marco legal que se tiene hoy en día en Colombia les ha dado confianza para acercarse a los servicios de salud de manera más oportuna. El tercer elemento es acerca de lo que se ha construido frente a la despenalización social, es decir, cómo el movimiento Causa Justa que sigue existiendo y fortaleciéndose frente a esto, sigue poniendo en el debate nacional este tema y ha contribuido a formar e informar a la opinión pública. “La decisión legal es muy importante, pero necesitamos poder seguir luchando contra el estigma que existe en la sociedad para lograr una debida implementación”, añadió Martínez. Viviana Bohórquez, directora de la Fundación Jacarandas le dijo a Pares que uno de los retos que tiene el Gobierno frente a este tema es difundir la información sobre el aborto legal en Colombia, promoviendo espacios comunitarios, educativos y en medios de comunicación, ya que muchas veces algunas mujeres que han llegado a esta Fundación no tienen conocimiento de que el aborto es legal, lo que ocasiona los abortos clandestinos que podrían atentar contra su salud y sus vidas. En un comunicado hecho por Jacarandas, la Fundación aseguró que el 96% de las mujeres que las han contactado son menores de 30 años, el 90% de las mujeres que necesitan un aborto tienen menos de doce semanas de gestación y el 26% de las personas que llegan a esta línea son menores de edad. Esta Fundación ha asesorado un promedio de 10 personas diarias que han consultado sobre el aborto este año. En esta misma línea, Catalina Martínez menciono que es importante implementar las políticas y protocolos con todo el personal médico a lo largo del territorio, con el fin de que estos profesionales conozcan sus obligaciones y se puedan desarrollar campañas de difusión para potenciar todos los derechos que deben saber las mujeres al momento de querer abortar. Algo importante de este marco legal en Colombia es que todas las personas son libres de tomar la decisión, es decir que aquellas mujeres que no estén de acuerdo con el aborto, no van a tener que acceder nunca a este servicio de salud. Martínez destacó la importancia de garantizar el acceso a los servicios de aborto a todas las mujeres en el país, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como niñas víctimas de violación que viven en zonas rurales. En este sentido, subrayó la necesidad de que estos servicios no se limiten solo a las grandes ciudades, sino que se extiendan a lo largo y ancho del territorio nacional, ya que a pesar de que los casos de violación están incluidos en las causales establecidas en la sentencia C-355, para acceder al aborto, más de 4.000 niñas dieron a luz en Colombia en 2020, según el DANE. Este hecho sugiere que estas menores, cuyo embarazo se presume que es producto de una violación sexual, deberían haber tenido acceso a un aborto bajo la causal de violación, pero no lo hicieron debido, tal vez, a la falta de información, el estigma que existe en algunas instituciones de salud u otros obstáculos. Por tal motivo que Catalina Martínez enfatizó la necesidad de ampliar el marco legal para garantizar un acceso amplio y efectivo a todos los servicios de aborto para las mujeres en el país.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil En Colombia los jóvenes representan una parte importante de la población y su participación en el desarrollo del país es esencial. Sin embargo, las juventudes enfrentan diversos desafíos que afectan su bienestar y su capacidad para alcanzar sus metas y sueños. Una de las problemáticas más urgentes para los jóvenes en Colombia es el desempleo. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondientes al trimestre móvil septiembre-noviembre de 2021, la tasa de desempleo juvenil en el país es del 19,8%. Este índice es especialmente elevado en algunas regiones y sectores económicos y se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19 y la crisis económica resultante. Además, la falta de acceso a una educación de calidad es otro de los retos que enfrentan las juventudes en Colombia. La deserción escolar es una problemática persistente en el país, muchos jóvenes abandonan sus estudios debido a factores como la falta de recursos económicos, la violencia en sus comunidades o la falta de oportunidades laborales. Según el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de deserción escolar en educación media en el 2020 fue del 7,1%. Otro de los desafíos que enfrentan las juventudes en Colombia es el reclutamiento por parte de grupos armados delincuenciales y la economía ilegal. Según el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2021 se presentaron 227 casos de reclutamiento forzado de jóvenes en Colombia. Ante estos desafíos es necesario que se tomen medidas que promuevan la generación de empleo y el acceso a oportunidades laborales para los jóvenes, así como iniciativas que fortalezcan la formación y el desarrollo de habilidades para mejorar su empleabilidad. También se requiere una mayor inversión en educación, tanto en términos de recursos económicos como de políticas públicas que aseguren una educación de calidad y pertinente para las necesidades de las juventudes en el país. Además, es importante abordar las causas que llevan a los jóvenes a ser reclutados por grupos armados delincuenciales y a participar en economías ilegales. Esto implica una respuesta integral que aborde factores como la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades y la violencia en las comunidades. En cuanto a las propuestas políticas en este ámbito, el Plan de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" propuesto por el presidente Petro incluye iniciativas como el programa Jóvenes en Paz, que busca ofrecer alternativas de empleo y educación para los jóvenes que viven en contextos de violencia y la condonación de deudas del ICETEX para que los jóvenes puedan acceder a una educación superior sin tener que endeudarse excesivamente. Por otro lado, también se ha planteado la eliminación del Esmad, unidad de la Policía Nacional encargada de controlar disturbios y manifestaciones, por su histórico de violencia y abuso de poder en el manejo de la protesta social. La propuesta ha generado debate y controversia, con algunos argumentando que es necesario mantener una fuerza especializada en el control de disturbios, mientras que otros señalan que la disolución del Esmad es un paso necesario para una reforma policial integral que garantice el respeto a los derechos humanos y la protección de la ciudadanía en el contexto de la protesta social. La eliminación del Esmad o su reforma profunda se presenta como una medida para reconstruir la confianza entre la ciudadanía y la Policía Nacional y para garantizar el respeto de los derechos humanos y el diálogo en las movilizaciones sociales. En conclusión, las juventudes colombianas enfrentan una serie de desafíos y oportunidades en la actualidad. La deserción escolar, el desempleo y la vulnerabilidad a la violencia y la criminalidad son algunos de los principales problemas que enfrentan los jóvenes en el país. Sin embargo, también hay una gran cantidad de jóvenes que están activamente involucrados en la transformación de sus comunidades y trabajando por un futuro mejor para ellos mismos y para Colombia en general. A través de políticas y programas enfocados en el desarrollo integral de los jóvenes se puede ayudar a superar los desafíos que enfrentan y permitirles alcanzar todo su potencial. La participación y el empoderamiento de los jóvenes son claves para construir un país más próspero, justo y equitativo en el futuro.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Treinta días cumple la jornada de huelga de nuestros maestros agremiados en la Asociación de Institutores del Cauca (Asoinca), quienes, en una legítima, legal y excelente actividad de economía popular, tienen los recursos económicos para sostener una jornada de paro reconocida por la ley. Dos reivindicaciones sociales agitan en su pliego de peticiones: el primero, la estabilidad laboral de los aproximadamente nueve mil quinientos docentes que por la política de "tasa técnica" –es decir, el número de alumnos necesarios en lo urbano (40) y lo rural (20) para asignar un profesor que cumpla con la tarea de educar en cada salón o en la metodología de rotación por grados– se ha producido la denominada "necesidad del servicio" en un atentado contra la calidad de la educación y el derecho al trabajo de quienes por vocación se convirtieron en formadores de hombres y mujeres que en diferentes disciplinas componen nuestro sociedad. El segundo, cuello de botella hoy, es la resistencia frente al operador privado del servicio de salud de los educadores y sus familias, la empresa Cosmitet, que actúa como EPS en la intermediación de recursos, al igual que presta algunos servicios como IPS privada. De los dos puntos ya hay acuerdo público sobre el primero: el neoliberal ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se comprometió a mantener la planta de profesores durante los cuatro años del gobierno del cambio. Pero el hueso duro de roer está en relación con el prestador de servicios de salud que está en manos de Cosmitet; su lógica de mercado capitalista de la rentabilidad es desestimular el uso del servicio para acumular en sus manos los recursos del presupuesto nacional destinado por el gobierno, conocido como Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero transferido a las EPS para la administración del servicio, pues realmente son las IPS (clínicas y hospitales, públicos y privados) quienes prestan el servicio médico al usuario. Más de 120 hombres y mujeres, denuncia Asoinca, han muerto en el tiempo de los contratos con esta EPS. El esquema de atención en salud que rige para los maestros es por regionales (diez en todo el país), en manos del Fondo de Prestaciones Sociales del magisterio, cuya junta directiva para la toma de decisiones está compuesta por tres delegados del Gobierno Nacional y dos de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), en consecuencia con la realidad de ser un régimen especial, como los de la rama judicial, las fuerzas armadas y el Congreso de la República. Ese esquema ha llevado a que los docentes de los departamentos del Cauca, Nariño y Valle reciban una mala atención por parte de Cosmitet. Es por lo anterior que el sindicato ha planteado constituirse en veedor del uso de los recursos de la salud aportados por el Gobierno a Cosmitet, para lo cual propone constituir una unión temporal con el Hospital Universitario San José, de carácter público. Esa unión temporal sería la regional número once, sólo para el Cauca, con el propósito de mejorar la prestación del servicio, introducir equipos técnico de última generación, etc. Un acta general y un oficio firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, serán puestos a consideración de la asamblea general del magisterio del Cauca el martes 21 de febrero, en el auditorio de Asoinca, para tomar la decisión sobre si se levanta la huelga o se mantiene. El mayor respeto y admiración por quienes forman las generaciones para servir a la patria; nuestra energía positiva para que sean esas dos actas favorables a los educadores, sus familias y la sociedad en general. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Cuando terminó el primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Caracas, Venezuela, en diciembre pasado, no nos imaginábamos que el segundo ciclo –que se viene desarrollando desde el 13 de febrero en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social de la Ciudad de México– iniciaría con la discusión del importante pero espinoso tema de un cese bilateral al fuego. Este tema comenzó a posicionarse tan solo a mediados de enero, un par de semanas después del desafortunado anuncio que hizo el presidente de la República Gustavo Petro de una tregua multilateral al fuego con varios grupos armados ilegales, entre los que incluyó al ELN. Anuncio que fue desmentido días después por la agrupación armada y catalogado por ella misma como una “crisis” en las nuevas negociaciones de paz con el Estado colombiano. Un impasse que provocó, como vemos, un aplazamiento del abordaje del fundamental punto uno de la agenda con el ELN, relacionado con la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz. Se generó un dejar para después este componente que es, tal vez, el más importante y estratégico para la construcción de un tratado de paz que ponga fin a la guerra con la última guerrilla de Colombia y el continente americano. Afortunadamente, la discusión sobre el cese al fuego y de las hostilidades es un tema que, sabiéndolo abordar –como se intenta hacer en esta ocasión– tiene la virtud de abrir varias ventanas de oportunidades para el proceso, con lo que se puede avanzar metodológicamente el camino que quieren las partes en este nuevo y, esperemos, definitivo encuentro: la implementación inmediata de los acuerdos a los que se llegue, para aumentar confianza y efectividad en las negociaciones. Entre la ventana de oportunidades que abrió está la obligación del ELN de inyectarle a este tema imaginación y novedad. Pues produciría un desconcierto en la sociedad el anuncio de un cese al fuego tradicional: esta guerrilla nos tiene acostumbrados a realizar actos de este tipo de manera sistemática –en épocas de navidad, de Semana Santa, en elecciones, etc.– y resultaría poco estratégico que, en esta ocasión, luego de tanta discusión y alboroto, nos ofrecieran lo mismo. De allí que se puede decir que se avecinan, por lo menos, cuatro cambios en este tema. El primero es un paso del énfasis de un cese al fuego a uno de reducción de las hostilidades. Las partes están trabajando en México en cambiar el foco de una tregua o cese del uso de los fusiles y tropas, como es habitual, a una reducción de las hostilidades contra la población civil. El objetivo es que se reduzcan las acciones tradicionales contra los civiles, como el minado, los secuestros, las retenciones, el reclutamiento de menores y las extorsiones; pero también sutiles, como el confinamiento obligatorio y el cumplimento de normas sociales que hacen parte del ejercicio del poder territorial. Acciones en las que se involucra a niños, niñas, adolescentes, mujeres y ancianos. La idea principal es afectar lo menos posible a estas poblaciones. El segundo cambio se encuentra en el enfoque territorial del cese al fuego. Aunque el deseo es que sea una tregua nacional, en un primer momento el ELN está hablando de una parálisis de actividades asociadas a la guerra en varios de los territorios donde tiene presencia. La confluencia de otros actores en los territorios donde el ELN hace presencia ha provocado una complejización del conflicto. Lo más apropiado es que se comience con ceses a las hostilidades donde esta guerrilla tiene mayor dominio y luego se amplíe a otros territorios, en los cerca de 200 municipios –el 20% de los que conforman a Colombia– en donde el ELN tiene presencia armada. Este énfasis territorial provoca la aparición de una tercera novedad en la que ya se viene trabajando: el imperativo de implementar de forma inmediata lo acordado. Esta es una actuación que se ve en la práctica y en movimiento. En el primer ciclo se acordaron varios alivios humanitarios y es evidente que las partes trabajan en esto, tanto con los presos políticos como mediante de la caravana humanitaria que hace poco recorrió zonas del Bajo Calima y el Medio San Juan en Chocó. La idea nuevamente es que el cese de hostilidades tenga inmediata aplicación. Finalmente, una cuarta innovación sería en el giro de un cese de hostilidades temporal a uno permanente. El hecho de que el ELN desarrolle el cese al fuego y de las hostilidades en sus territorios, con la población con la que tiene vínculos y afectos, hará que sea muy difícil que un derecho adquirido y en el que se avanza positivamente se retroceda con el pasar del tiempo. Que se quede lo ganado, esta sería la exigencia que la misma comunidad le haría a los armados. Convirtiendo un alivio temporal en uno que sea difícil quitar, al menos, por el ELN que pone siempre a la población en primer lugar. Todos estos hechos aumentarán los alivios humanitarios en las regiones que sufren el conflicto. Con ello la población y las comunidades se darán cuenta de las bondades de la paz, verán que los pactos de cese a las hostilidades se materializan en transformaciones reales en la vida, pudiendo realizar sus labores normalmente y aumentando la confianza ciudadana en el proceso. Con lo que se avanzaría, incluso, en el primer tema de la agenda, en la participación de las comunidades. Mejorando el clima para las conversaciones y brindando garantías materiales para su participación. En conclusión, la temprana inclusión en la agenda de cese al fuego y hostilidades está posibilitando al proceso realizar cambios importantes. Las partes están trabajando con imaginación y creatividad, intentando diferenciarse de otros procesos de paz en materia de cese al fuego. Y con ello, al mismo tiempo que se respetan los protocolos, le están dando al ELN protagonismo y diferenciación con otros actores involucrados en la Paz Total. Esperemos que este giro que está permitiendo dinamizar las discusiones, también haga que se mire con otros ojos la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz, para que se dé algo similar: que se retomen los aprendizajes, se capitalicen experiencias y se inyecte novedad, que sea otro acto creativo donde se inventen nuevas rutas para avanzar en las transformaciones que requiere la democracia, como rezan los otros puntos de la agenda de negociaciones. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Grufides, Entre Pueblos, Odevida Internacional, Pares Desde 2016, el Gobierno Peruano inició la construcción de una política pública para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. En aquél año, el país aprobó un protocolo de protección y posteriormente (2019) se consideró al Ministerio de Justicia como encargado del protocolo, además de abrir un registro de situaciones de riesgo (2020). Al año siguiente (2021) se aprobó también el mecanismo intersectorial de protección a personas defensoras, así como una política sectorial a nivel del Ministerio del Ambiente. Asimismo, en el mismo año, el país aprobó un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos y en 2022, el Ministerio Público aprobó el “Protocolo de Actuación Fiscal para la Prevención e Investigación de los Delitos en Agravio de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos”. A pesar de estos avances institucionales en materia de defensa, en Perú la agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos sigue siendo desalentadora. Los casos de violencia contra este tipo de defensa se mantienen y aumentan en algunos territorios, siendo el departamento de Cajamarca uno de los más graves. Este informe de investigación tiene como objetivo contribuir a fortalecer el acceso de defensores y defensoras de derechos humanos en Cajamarca, Perú, a las políticas estatales de protección. Para lograrlo se hace 1) el diagnóstico de riesgos de la defensa de los derechos humanos en el territorio, considerando modalidades de agresión y actores involucrados; 2) la identificación de las barreras para el acceso a las medidas de protección; 3) la elaboración de propuestas y recomendaciones para la superación de estas barreras. Como resultado de la investigación se encontró que en Cajamarca, Perú, las principales dinámicas de violencia contra defensores y defensoras se generan en el ámbito de influencia de empresas formales y con la participación de actores estatales mediante el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Actualmente, el tipo de defensa que genera más agresión es la defensa de los derechos de la mujer. Actualmente, no existe ningún impedimento para que el Mecanismo Intersectorial actúe frente a los patrones de violencia como los que prevalecen en Cajamarca. Sin embargo, la falta de autonomía y participación de la sociedad civil en la gobernanza del Mecanismo constituye una barrera para que este aborde dinámicas de violencia perpetradas por actores estatales. Finalmente, La violencia contra las personas defensoras en Cajamarca se relaciona con problemas estructurales, entre los que destacan la precariedad de la ciudadanía ambiental, el uso arbitrario de la fuerza en protestas, y la falta de coordinación intercultural de la justicia. Les invitamos a leer el informe completo Defensoras y defensores de los derechos humanos en Cajamarca, Perú: luchas y desafíos para su protección efectiva , aquí:

Por: Laura Bonilla, para @confidencialcol En la historia, cuando las izquierdas han alcanzado el gobierno, desestiman la corrupción como un problema. Parte de la explicación es porque se concentran en transformar el sistema como un todo y desprecian los mecanismos de funcionamiento de las instituciones, del Estado, de la economía. Esto es claro en las últimas reformas que presentó el Gobierno y que se fundamentan en el paradigma de que todo lo público es mejor, y que basta querer hacerlo y garantizar los recursos para que funcione bien. Pero en el mundo esta idea es más bien relativa. Hay tantos casos de modelos públicos exitosos –como en Europa del norte– como desastrosos –en el caso de la India–. Lo que hace que muchos países en desarrollo hayan fracasado estrepitosamente en el paradigma de lo público es justamente lo que se desprecia como problema: la corrupción. Así, la política más virtuosa para la superación de la pobreza puede terminar trayendo más pobreza. Las transferencias monetarias directas pueden promover mejores condiciones materiales de vida para las personas más rezagadas de la sociedad o pueden también crear un sistema perverso de incentivos que deriven en clientelismo y en detrimento mismo de la democracia, creando incluso más pobreza. Así mismo, la salida fácil de dejar todo en manos privadas tiene el mismo problema al crear élites y oligopolios con dinero público que concentran la ganancia, pero no distribuyen un peso. Por eso, el cómo se hacen las cosas es tan importante como el qué. Es fundamental entender el mecanismo de la corrupción, cómo y de dónde proviene, para saber cuáles son las decisiones que debemos tomar en las elecciones regionales que se aproximan. En Colombia las leyes anticorrupción son punitivas o prohibitivas, lo que no ha ayudado a evitar que los corruptos manejen el dinero público, sino a crear mayores barreras de acceso para el resto de la sociedad. El centro del mecanismo radica en el poder de intermediación de la clase política con la ordenación del gasto. Voy a tratar de explicar cómo funciona. Por una parte, entre los actores del sistema está el Estado central que tiene el control de la mayor parte de los recursos, los intermediarios políticos (usualmente congresistas) y una serie de contratistas o privados que ejercen de “prestamistas” o financiadores de campañas. La función primaria de los senadores o representantes es ubicar personas de su confianza en distintas instituciones y gestionar recursos de inversión para financiar sus propias campañas y las de sus aliados regionales. Así, se garantiza una cadena de confianza en la intermediación. Se vuelven súper poderosos porque ningún mandatario local puede gobernar sin ellos. Pero sus servicios son demasiado costosos. Entre más alejado sea el municipio, entre más vulnerable su población, el congresista tiene más poder sobre los mandatarios regionales y estos menos posibilidad de orientar el presupuesto a las necesidades de su territorio y no a pagar las deudas de campaña. Una vez la persona es electa en la alcaldía debe garantizar la devolución de su dinero, que por supuesto no es tan alta en la reposición de votos. Al final, el contratista no hace otra cosa que mover dinero público. Saca una comisión de su relación política, ejecuta o no el objeto del contrato, se queda con una porción importante que invierte nuevamente en campañas para que le sea retribuido con ganancias. En este caso, toda la financiación de campañas es estatal. Por eso, la corrupción no puede ser desestimada para un gobierno que quiere poner lo público en el centro de las reformas sociales. En la ejecución de la política pública el Musa Besaile petrista hará lo mismo que el Musa Besaile uribista y es garantizar su propia financiación por encima de las necesidades del territorio. Estas élites tienen la capacidad de adaptar sus formas a cualquier sistema, de montar EPS como Solsalud –fachada del condenado Luis Alberto Gil– o de torcer la contratación pública a su favor a cambio de gobernabilidad. Da igual cuál sea la norma. Al final, cualquier institución creada terminará siendo objeto de sofisticados pliegos tipos y prestando un servicio de pésima calidad. Los derechos de la gente es lo que menos le importa al mecanismo. Piénsenlo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla, para @confidencialcol Todo gobierno que llega en toda América Latina construye sobre el clientelismo su gobernabilidad, y en general en la región no se percibe como algo reprochable. Las personas que nacimos y crecimos en Colombia hemos vivido aprendiendo a caminar en la delgada línea que separa la recomendación de la corrupción. Mucha gente, en muchas columnas de opinión ha cuestionado que el gobierno del cambio mantenga ese mecanismo, pero la verdad es que ni el presidente Petro tiene el poder de corregirlo. Por eso, hay mucho de absurdo en las denuncias del reencauche de las élites regionales y los clanes políticos en partidos cercanos a la coalición de gobierno. Personalmente, al haber estado un par de décadas cerca del lado de la denuncia he empezado a entender que lo raro sería que la situación cambiara. Ningún presidente ha sido electo sin su intermediación. Eso lo entendió Petro en campaña y lo ha mantenido en el gobierno. Es como si el presidente hubiera hecho un acuerdo de paz con los clanes políticos para garantizar la estabilidad del gobierno. Y funcionó parcialmente. Hasta ahora se puede contar con que tendremos un gobierno estable. Pero seamos sinceros. Los incentivos al liderazgo político, sobre todo en las regiones no están determinados por valores democráticos (o meritocráticos) de ningún tipo. El liderazgo se hereda – como el de Nicolás Petro – o como el de Musa Abraham, ambos hijos de apellidos importantes en contextos donde la ideología política importa más bien poco. Un dato: El departamento de Córdoba sólo ha elegido una congresista por fuera de las élites políticas tradicionales desde la fundación del departamento, y esta fue Eleonora Pineda, cuya carrera política fue hecha por el propio comandante paramilitar, Salvatore Mancuso. Ese tipo de liderazgo, que fue fácilmente manejable para cualquier gobierno anterior, es absolutamente tóxico en un proyecto de cambio. Negarlo significa perder la estabilidad del gobierno y aceptarlo es echarse la soga al cuello. A los gobiernos de izquierda les puede salir carísima la aceptación de la corrupción. Si en algún momento el gobierno les falla, el cheque de cobro será carísimo. Tenerlas en el sistema democrático es vivir en la zozobra permanente. El clientelismo les ha dado un poder abismal que no entienden las personas que nacieron apellidándose Sanín, porque justamente su lugar en el mundo les fue otorgado de nacimiento. La ansiedad y la angustia de perder el trabajo para un contratista es tal que son muy pocas (y valientes) las personas que logran decirle no a quienes les han conseguido su empleo. Y eso, por supuesto, incluye a las miles de mujeres sometidas a abusos y vejámenes de hombres con poder, no sólo por su propio empleo, sino por el castigo de ser retiradas para siempre de las redes clientelares. También incluye a los montones de funcionarios que no pudieron decir que no a sus jefes y les facilitaron sofisticadas rutas para amañar contratos o robar el erario público. Es el mismo mecanismo y es hora de aceptarlo. Si pierden, sabotean; si ganan chantajean. El clientelismo en América Latina, y en Colombia no ha sido una práctica libre de víctimas. Tiene todo que ver con los casos de abuso sexual por parte de políticos y también es responsable de la muerte de miles de niños en la Guajira por desnutrición. Es el que ha hecho que el talento importe poco y el que produce pérdidas billonarias en el Estado que pudieron invertirse bien y eficientemente en paliar tantos dramas sociales. Es el que hace que un campesino no tenga una vía decente. Es el que hace que puedan robar con total impunidad porque no se les puede decir que no. ¿Cómo cambiar si el mecanismo se mantiene? Una de las preguntas que siempre viene a mi mente es ¿cómo se hace para gobernar con los amigos sin que se vuelva una relación clientelista? No se puede si no se le quita a la clase política el control del empleo público. En algún momento el apellido Petro se vuelve parte de esa élite, como lo han sido los Jattin, los Burgos o los Aguilar. Este mensaje debería llegar a todos los partidos políticos ahora que están armando sus listas regionales: No hay clientelismo bueno. No hay manera de meterse en un pozo de brea y salir limpio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla, para @confidencialcol Hoy se abre un nuevo ciclo de diálogo con el ELN en el que se retomará en México lo iniciado en Caracas y gran parte del Acuerdo Paz, firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. El ELN lleva seis intentos de diálogos y la agenda tiene justamente seis puntos. Este nuevo intento, que ya cuenta con prácticamente todos sus protocolos aprobados, es lo más lejos que el país ha llegado en un intento de paz con esta guerrilla. Pero asimismo puede ser muy frágil. Muchas personas que votaron a Gustavo Petro para hacer realidad la paz con el ELN y detener la cruenta oleada de violencia que vive el país, se sienten confundidas con las últimas declaraciones de esta guerrilla en las que se ubican en oposición a la política de Paz Total y a la posibilidad de diálogo con otros actores armados, la guerrilla acusa al gobierno Petro de ponerla “en la misma bolsa” que otros grupos delincuenciales sin carácter político. Esto no es nuevo. Cada vez que el país ha abierto frentes de diálogo y negociación simultánea con distintos actores, al menos uno de ellos se declara en oposición. El propio ELN vivió la férrea y violentísima oposición de los paramilitares al eventual despeje de una zona del sur de Bolívar entre 1998 y el 2002, mientras que en el cuatrienio 2014-2018 manifestó sentirse relegado ante la prioridad de firmar la paz con las FARC. Sucedió también en la negociación de finales de la década de los ochenta e inicio de los noventa en los intentos de conversación con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, cuando finalmente señalaron de traidores a todos los firmantes de paz de ese entonces. Los cuellos de botellas y las líneas rojas durante todos estos años también han sido similares. El ELN siempre demandó un cese bilateral de hostilidades con el Estado y una amplia participación en su proceso de paz, aunque jamás se ha llegado a especificar el cómo. Tampoco se ha logrado pactar un cese de las violencias contra población civil, especialmente en Arauca. Pero hay algo nuevo y es que este gobierno no tiene ningún problema en decretar un cese de hostilidades, lo cual pone a la guerrilla en una situación complicada, dado que sus principales acciones violentas no son contra el Estado, sino para mantener el control territorial único y férreo, cueste lo que cueste. El ELN, una guerrilla profundamente apegada al detalle, muestra ese carácter nuevamente en la mesa de negociaciones. El escalamiento de sus acciones violentas en el departamento de Arauca le está comenzando a pasar factura hasta en los amigos y garantes del proceso de paz. Recientemente, según conocimos en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), varios líderes sociales de este departamento fueron declarados objetivo militar por su intención de participar en el proceso de Paz Total. Arauca no soporta más una violencia tan cruenta y extendida. Es fundamental evitar que este escenario se agudice. Es muy probable que en este ciclo las discusiones sobre los detalles de protocolos y agendas, así como las peticiones para no otorgar estatus político a las disidencias, se tomen una porción muy importante del tiempo de ambas delegaciones. Pese a que el cambio de gobierno ha sido muy bien recibido y el ambiente en la mesa tiende a ser positivo, la negociación sigue estando afincada en una profunda desconfianza al Estado. Cualquier error por parte del gobierno puede ser dramáticamente cobrado por la guerrilla, e incluso puede ser utilizado para romper la mesa acusando al Estado de incumplir. Si bien es completamente cierto el incumplimiento del Estado Colombiano ante todos los acuerdos de paz que ha firmado, también es verdad que esta puede ser la última oportunidad del país para tener una paz negociada con el ELN. La Paz Total nos ha obligado a reconocer las raíces tan profundas que tienen las organizaciones criminales y los grupos armados no estatales en el gobierno del día a día de regiones enteras, y, por primera vez, plantearnos como sociedad hacer algo al respecto. Y es aún más cierto que un cese bilateral de hostilidades no representa la realidad de la violencia hoy, y que el gobierno tiene total disposición de firmarlo. Hoy, la pelota está en la cancha del ELN. Esperemos que esté a la altura de esa responsabilidad y salga de la idea de un ciclo sin fin de negociación. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.