Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 14 y 15 de febrero hubo marchas tanto a favor como en contra de las reformas que el Gobierno Nacional ha venido radicando en el Congreso. Las movilizaciones del 14 de febrero fueron convocadas por el mismo Gustavo Petro y cerraron con una alocución del primer mandatario desde su balcón en la Casa de Nariño. Fue la primera vez en la historia reciente del país en que un presidente da un discurso desde el balcón de su palacio presidencial para la ciudadanía que salió a apoyarlo. Las autoridades aseguraron que se realizaron 126 actividades relacionadas con este evento en 28 departamentos y Bogotá. Según el jefe de Servicio de la Policía, 28 mil personas asistieron a las actividades realizadas a través de 21 marchas, 17 concentraciones, tres movilizaciones y una asamblea. Alrededor de dos mil personas participaron en la movilización que se hizo en la capital, donde se observó una aglomeración de la ciudadanía en las calles. Sin embargo, al punto final del encuentro en Bogotá, en la Plaza de las Armas de la Casa de Nariño, apenas hasta las 3:00 p.m. empezaron a llegar las personas para escuchar el discurso de Gustavo Petro, que duró aproximadamente hora y media, discurso en el que no solo apoyó sus reformas, sino en general su proyecto de Gobierno. “Millones de personas votaron por el cambio. No puede ser de mentira”, dijo Gustavo Petro ante la multitud que llegó a la plaza para escucharlo. Al día siguiente, 15 de febrero , fue el turno para la oposición, la cual, aunque inicialmente tenía programada su marcha el día anterior, desde las 9:30 a.m. se reunió en las calles para marchar en contra del gobierno Petro. Según las autoridades, aproximadamente 47 mil personas en todo el país participaron en esta movilización y la Policía reportó 50 actividades a través de 18 concentraciones, 18 marchas, siete asambleas, seis movilizaciones y un bloqueo. Un dato interesante fue que, a diferencia de la primera marcha, en Bogotá se pudo observar que alrededor de las 3:00 p.m. se fueron dispersando las personas que participaron en la marcha de la oposición, es decir que para las 5:00 p.m en la Plaza de Bolívar ya no se encontraba ni la mitad de los manifestantes que salieron en la mañana. Cabe resaltar que ambas marchas se llevaron a cabo de manera pacífica, a pesar de que se hayan reportado algunas confrontaciones en contra de la prensa y otros ciudadanos presentes, hechos que se presentaron en ciudades como Medellín y que fueron controlados por el Esmad. En Bogotá se registraron algunas agresiones verbales en contra de unos docentes del Cauca que han estado en huelga durante 23 días en la Plaza de Bolívar. Ante esto, el presidente se pronunció y dijo: “le gritan asesinos a los maestros del Cauca cuando es a ellos a quienes han asesinado”. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a pesar de que se registraron este tipo de agresiones no físicas, sino verbales, en el marco de la democracia se debe celebrar que las movilizaciones en términos generales se llevaron de manera pacífica, teniendo en cuenta otras marchas que se han llevado en contra de otros gobiernos. En este misma línea se pronunció el director de Pares, León Valencia, quien aseguró que estas movilizaciones evidenciaron que hay mayor democracia en el gobierno Petro. Finalmente, para Morales, estos dos días fueron jornadas de movilización muy “flojas” en comparación con otras movilizaciones sociales que ha vivido el país en otros años. El coordinador dijo que un balance que podría darse es que la oposición está aprendiendo a movilizarse, teniendo en cuenta que es la primera vez que la oposición es de derecha. Además, aseguró que el papel del presidente no es convocar marchas a favor de sus propuestas, sino más bien llamar al diálogo nacional para disminuir esas expresiones de oposición que han sonado últimamente.

Por: Luis Eduardo Celis El presidente Gustavo Petro ha ofertado que Colombia sea una potencia mundial de la vida y no es retórica. Se trata de cerrar todas las violencias organizadas que se mantienen en cerca de doscientos cincuenta municipios de Colombia, donde no hay Estado de Derecho, sino autoritarismos criminales, con mucha sangre de por medio. La Política de Paz total se propone tramitar esas persistentes violencias que nos han acompañado en las últimas seis décadas dejando enormes estragos humanitarios. Millones de desplazados y más de medio millón de muertes son solo dos cifras que nos muestran esta enorme tragedia que hace de Colombia una nación herida, con una sociedad tremendamente desigual, una precaria democracia, un ordenamiento territorial por tramitar donde están miles de conflictos y por los menos ocho grandes macrorregiones desarticuladas del Estado Social de Derecho, con todo lo que ello implica. La Política de Paz Total tiene el propósito de resolver los conflictos que han alimentado las violencias que están en las raíces de esta nación por construir e integrar. Quiere crear un proyecto compartido, que le haga honor a la Constitución del 91, en la que hay una formulación de democracia de calidad, de derechos universales, de respeto por la dignidad humana, de reconocimiento por la diversidad. Toda esa formulación la abarca el planteamiento de Colombia Potencia Mundial de la Vida que tiene su desarrollo en la política de Paz Total. El barco de la oolítica de Paz Total está zarpando. Ya está en marcha la mesa con el ELN, que tiene en este ciclo en curso en México el reto de tomar ritmo con la más amplia, diversa y efectiva participación para la paz, teniendo como eje los territorios que están más atrás en cuando a ejercicio de derechos, infraestructura y Estado efectivo; allí están buena parte de los doscientos cincuenta municipios con más homicidio, pobreza, narcotráfico y todos los indicadores sociales y económicos por debajo del promedio nacional, que ya de por si son promedios a mejorar. Las disidencias de las FARC, agrupadas en el denominado Estado Mayor Central, están reunidas y se abrirá un proceso con ellas, eso viene en las próximas semanas y es una muy buena noticia. Y esta semana se conoció el proyecto de ley para el sometimiento de esas redes criminales herederas del viejo paramilitarismo y que será un importante debate nacional, que, por supuesto se va a definir en el Congreso de la República y que requiere un amplio debate ciudadano, ante tamaño desafío. Si el corazón de las violencias está en los territorios que han quedado relegados en todos los sentidos, las posibilidades de la Paz Total están en resolver esa desarticulación territorial, lo cual es una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo presentado a consideración del Congreso de la República. Es claro que la política de Paz Total dialoga y se articula con la política de seguridad humana, en la que hay enormes desafíos que se integran con la necesidad de unas Fuerzas Armadas respetuosas de la Constitución Nacional y del ordenamiento legal, dirigidas al poder civil y plenamente respetuosas del ordenamiento legal y alejadas de la corrupción, todo ello en el horizonte del deber ser, ante tanta evidencia histórica que muestran una línea de comportamiento alejada de lo anterior, esa tarea igualmente está en la agenda de este gobierno: unas Fuerzas Armadas para un país en paz. El barco de la Paz Total ha zarpado, faltan detalles para saber su rumbo y posibilidades, pero sin duda hay una política en movimiento. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Juan Manuel Torres, Coordinador Oficina Pares Pacífico El pasado 14 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de Paz compartió un comunicado en el que destaca cómo avanza la paz urbana en Buenaventura ante los esfuerzos hechos para lograr la pacificación del territorio. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Oficina Pacífico, consideramos importante resaltar cómo ha impactado en las cifras delictivas de Buenaventura dicha paz urbana acordada en el marco de la iniciativa de Paz Total el pasado mes de septiembre 2022. Recordemos primero que son tres las guerras que se viven en Buenaventura: una en las cuencas de los ríos del sur entre las disidencias del Frente Jaime Martínez versus una alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia; otra guerra es la del Bajo Calima y el Bajo San Juan entre el ELN y una arremetida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC/Clan del Golfo; y la tercera y de mayor concentración que está en pausa por los acuerdos entre Shottas y Espartanos, avalados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la zona urbana. Frente a lo anterior se considera pertinente exponer el consolidado de las cifras de los principales delitos registrados en Buenaventura durante los años 2021 y 2022 con el objetivo identificar los primeros resultados de nuevo intento de paz. A continuación, se resaltan las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y amenazas en un consolidado mes a mes de los años 2021 y 2022. Menos vidas perdidas: la reducción del homicidio entre el 2021 y 2022 El 2021 marcó un punto de inflexión y recordó los peores momentos de la violencia en Buenaventura. Ese año se presentaron un total de 191 homicidios, siendo el mes de enero el punto de alerta con 24 homicidios, después del 30 de diciembre de 2020, que se conoce como día del inicio de la guerra entre los grupos armados urbanos Shottas y Espartanos. En la nueva ola de violencias vividas en Buenaventura, los meses de enero, mayo y julio fueron los más violentos de ese año (2021) con cifras de 20 homicidios y más; el mes de julio fue el más violento con 27 homicidios, casi un homicidio diario. También, como desde la Oficina Pares Pacífico se ha insistido, en 2021 la guerra urbana era la de más víctimas: 9 de cada 10 homicidios ocurrieron en la zona urbana de Buenaventura en medio de constantes enfrentamientos entre dichos grupos armados, así como el establecimiento de las denominadas fronteras invisibles. Para el año 2022 se presentó una disminución significativa de homicidios con un total de 111 casos, 80 menos frente al año anterior. El mes más violento fue marzo, alcanzando los 20 casos, y desde ahí se redujeron, pero la tendencia se rompió con un incremento de los casos en el mes de agosto en el que se dispararon todos los indicadores de violencia y en los barrios se estaba viviendo una guerra con armas largas en medios de las calles. Es clave resaltar esto, dado que fue la previa al acuerdo conocido entre Shottas y Espartanos del mes de setiembre, en el que buscan acogerse a la iniciativa de Paz Total anunciada por el Gobierno Nacional entrante (Ver: Buenaventura y el nuevo Gobierno Nacional). Es evidente que en los últimos cuatro meses del año 2022, la disminución de los homicidios fue considerable, lo que demuestra que si bien hay unos elementos que se deben revisar, la paz es el camino como una apuesta que representa impactos positivos e inmediatos para Buenaventura, con los retos propios de mantener esta paz urbana tan frágil y acosada por otra serie de victimizaciones que alteran la cotidianidad de los hogares. Las desapariciones forzadas en Buenaventura: un flagelo que no termina. El consolidado de desapariciones forzadas para el año 2021 registraron un total de 54 casos. Nuevamente el mes de enero marcó un punto alto al inicio de la guerra urbana con una cifra alarmante de 13 casos, seguido el mes de mayo con nueve, resaltando, además, que la totalidad de casos del 2021 corresponden a hombres desaparecidos. Aunque para el año 2022 la disminución también fue significativa, alcanzando un total de 37 casos, es clave destacar que para en las mujeres se pasó de cero casos a seis reportadas como desaparecidas (Ver: Más que esposas púrpuras), lo que genera preocupación y urge implementar planes de atención y búsqueda con enfoque de género. En los meses alrededor del acuerdo entre Shottas y Espartanos en el marco de la Paz Total, entre agosto y septiembre, se presentaron tres casos. Resalta el mes de noviembre en el que se incrementa la cifra a ocho personas dadas por desaparecidas en razón a las cuatro personas desaparecidas en el río Yurumanguí, entre las cuales se encontraba un firmante de paz y que llama a la necesidad de atender de manera espacial la guerra que se vive en zona rural. El entramado de la extorsión cede, pero… Las extorsiones que aquejan al sector comercial en Buenaventura han sido constantes. En varios escenarios el gremio de comerciantes ha manifestado preocupación dado que están expuestos a cerrar sus negocios ante el miedo de no poder cumplir las exigencias económicas. Frente a esto, en muchos casos, no se hacen las respectivas denuncias por lo que se presume un alto subregistro. No obstante, el número de casos de extorsiones reportadas ante la Policía Nacional para el año 2021 fue de 240, siendo los meses de enero, agosto y diciembre los más graves, superando los 30 casos. Para el año 2022 el total de casos fue de 218, presentando una disminución en relación con el año anterior, pero manteniendo la importancia relativa a nivel departamental en la que Buenaventura registra 1 de cada 5 extorsiones reportadas en el Valle del Cauca. Además, se presentaron cifras bastante altas en el primer semestre del año, con una disminución constante entre los meses de agosto y diciembre, recordando, de nuevo, que en el mes de septiembre se anunció públicamente la intención de los grupos armados que hacen presencia en la zona urbana de acogerse a la denominada Paz Total. Sin embargo, este delito de la extorsión es un entramado que se extiende y profundiza y por el momento es uno de los temas a solucionar si de verdad se espera que la paz traiga beneficios concretos a la ciudad y el comercio en las zona rural y turística. Las guerras simultáneas aumentaron las amenazas A diferencia de los otros delitos registrados, las amenazas aumentaron significativamente entre los años 2021 y 2022, pasando de un total de 510 a 809. Se evidencia un aumento exponencial en el primer semestre del año 2022 comparándolo con ese mismo periodo de tiempo en el año 2021, sin embargo, la disminución constante de las amenazas en los últimos cuatro meses del año 2022 puede estar ligada al acuerdo entre Shottas y Espartanos en el marco de la iniciativa de Paz Total. Avanza la Paz Urbana Si bien es importante mencionar que en muchos de estos delitos se pueden presentar subregistros reconociendo lo que implica para las comunidades poder denunciarlos, en las cifras registradas se refleja un salto positivo en los últimos cuatro meses del año 2022, los cuales corresponden a la llegada del nuevo Gobierno Nacional desde donde se está impulsando la Política de Paz Total, a la cual se sumaron varios de los grupos que hacen presencia en el territorio urbano y rural de Buenaventura. Avances hay en lo urbano, pero no en lo rural, es una paz parcial y diferenciada. Según reporta la Oficina del Alto Comisionado de Paz ha habido reuniones con los facilitadores de los grupos Shottas y Espartanos entrando ya a una segunda fase en el proceso de diálogo, no obstante, desde la Oficina Pares Pacífico insistimos en el llamado para que los esfuerzos de la Paz Total sean igual de constantes para la zona rural, porque como lo hemos dicho anteriormente, la paz será parcial en tanto no se atienda la totalidad del territorio (Ver: Buenaventura: laboratorio para la Paz Parcial). Finalmente, creemos que hay que atender con detenimiento y especial cuidado el acuerdo que actualmente tienen los Shottas y los Espartanos dada su fragilidad. Es innegable la evidencia de que el camino sigue siendo la paz.

Por: Línea Migración, Frontera y Conflicto En la instalación del segundo ciclo del proceso de paz entre el Gobierno Colombiano y el ELN en la Ciudad de México, las dos partes han enviado grandes mensajes a la sociedad colombiana que reafirman la convicción de que este sexto intento por construir un acuerdo de paz será exitoso. Al escuchar a Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, afirmar que son socios del Gobierno del presidente Gustavo Petro para “construir una paz integral y duradera”, y a renglón seguido escuchar a Otty Patiño, jefe de la delegación de Gobierno afirmar que es la mesa la que de manera creativa debe ofertar soluciones para las regiones y las comunidades que han sufrido el abandono estatal y la exclusión; entonces se corrobora que estamos ante dos actores que tienen enormes coincidencias que les permitirá trabajar de manera mancomunada en un esfuerzo de sociedad para transformar con ella y de manera conjunta las exclusiones y las inequidades que han sufrido las regiones y las comunidades donde persiste la violencia de la que participa el ELN. Tanto el Gobierno como el ELN reconocen que estas violencias a superar tienen raíces en modelos de desarrollo excluyentes que han dejado muy atrás a regiones que deben ser integradas a la Constitución del 91, reconocen que allí no hay Estado de Derecho, ni democracia real, es un paso muy importante para avanzar en las tareas pendientes. El tono y los planteamientos que hicieron el lunes el Gobierno Colombiano en la voz de Otty Patiño y el ELN en la voz de Pablo Beltrán, evidencian que estamos en una nueva realidad de un Gobierno de centroizquierda que reconoce que hay mucho por transformar y que tiene el mandato de avanzar en transformaciones largamente aplazadas en la sociedad colombiana para cambiar un modelo de desarrollo que ha dejado estas enormes desigualdades y exclusiones que ofenden la conciencia nacional. Por primera vez hay tanta claridad en dos partes que se asumen como socias para acordar cambios en las dinámicas de la sociedad. Son los cambios los que permitirán construir una visión compartida de paz, tal y como quedó consignado en la agenda construida por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN entre 2014 y 2016, y que es esta agenda la que con ajustes y ampliaciones va a guiar este proceso de paz. Del ciclo de México hay que esperar lo mejor, en tanto son tantas y tan profundas las coincidencias entre las partes negociadoras. De seguro vamos a tener un conjunto de propuestas para hacer viable la más amplia y diversa participación de la sociedad, partiendo desde los territorios que han sufrido la exclusión. Vamos a ver a la sociedad de Arauca, el Catatumbo, el Sur de Bolívar y el sur del Cesar, del bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y de todo el Pacífico desde Chocó, Valle, Cauca y Nariño, movilizándose desde su diversidad con las propuestas ya construidas y desatendidas desde siempre para hacer realidad que puede haber cambios y serán para bien de estos territorios y sus comunidades. Muy bien por Otty Patiño al mencionar que hay un Plan nacional de Desarrollo en proceso de formulación y que muchas de las transformaciones territoriales a promover pueden ser parte de este importante instrumento de gestión pública, lo cual requiere que de este ciclo de México se presenten propuestas de participación en las que puedan concurrir regiones, comunidades, sectores gremiales, los gobiernos locales y el nacional, para discutir cómo hacer de estos territorios lugares para la vida y la paz. La instalación del segundo ciclo de este proceso muestra los vientos de cambio y transformaciones que animan al gobierno del presidente Gustavo Petro y que hay muchas coincidencias con el discurso de justicia y equidad que ha mantenido el ELN por ya casi seis décadas.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Así está la carrera por la Gobernación de Santander Santander fue un departamento protagonista en las pasadas elecciones presidenciales, porque de allí salió Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga y candidato outsider que le compitió a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Desde el principio de la campaña de Hernández se dijo que su verdadero objetivo sería la Gobernación de Santander. Esto se comprobó cuando oficializó su renuncia a la curul que le correspondió en el Senado por el Estatuto de Oposición, en octubre de 2022. Duró apenas tres meses en el Capitolio. Aunque aún no ha empezado su campaña, por lo que incluso se ha especulado con que también podría pretender ser alcalde de Bogotá, los únicos trinos que ha puesto desde su renuncia al Senado van lanza en ristre contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Aunque Hernández ayudó a elegir a Cárdenas como su sucesor en la Alcaldía, las tensiones entre ellos se hicieron evidentes prácticamente desde el día en que Cárdenas ganó, por su presunta cercanía con los clanes políticos y los políticos tradicionales de la región. Hay que recordar que la consigna principal de Rodolfo Hernández ha sido la lucha contra la corrupción y la “politiquería”. Sin embargo, su hoja de vida no es lo que se podría llamar impecable. Como se reportó desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), dentro de sus cuestionamientos se cuentan estar involucrado con un presunto volteo de tierras, denunciado por el exdiputado Édgar Suárez; vínculos con una sociedad que construyó la urbanización Altos de Kennedy, cuyas casas tenían problemas de asentamiento, humedad, grietas, hundimiento del terreno, entre otras. Además, un presunto conflicto de interés en la construcción del relleno sanitario Parque Chocoa y por supuesto, el sonado caso de Vitalogic (Ver: Los cuestionamientos de Rodolfo Hernández). Vitalogic es una empresa dedicada a “alcanzar una solución ambiental y eficiente para la disposición final alternativa de los residuos sólidos urbanos”. El caso en el que se ve involucrado Hernández se remonta a la crisis por el manejo de basuras en Bucaramanga, por la cual la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) realizó una invitación pública para seleccionar una nueva tecnología de disposición de residuos, que finalmente acabó en un proceso de contratación directo que Hernández adelantó con la Unión Temporal Vitalogic RSU. Aunque la adjudicación no se llevó a cabo, se radicó una queja disciplinaria en la que se señalaba que el hijo de Rodolfo, Luis Carlos Hernández, había suscrito un acuerdo de corretaje en la firma del contrato entre la EMAB y Vitalogic, para otro contrato inicial de consultoría por $344 millones. En 2019 la Procuraduría le formuló a Rodolfo Hernández pliego de cargos por celebración indebida de contratos y en 2020 la Fiscalía lo imputó por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por haber intervenido en la dirección del contrato que se esperaba suscribir entre la EMAB y alguien que tendría relación con Vitalogic, Jorge Alarcón Ayala. Por este caso, y ante la salida de Hernández del Congreso, que devolvió el proceso a la Fiscalía como ente investigador, podría estar ad portas de una condena. El fiscal quinto de Bucaramanga, Jorge Alberto Villamizar, según relata El Espectador, afirmó que Hernández “se interesó indebidamente en que Jorge Hernán Alarcón fuese el contratista elegido dentro del proceso para celebrar el contrato”. Según la Fiscalía, Rodolfo sostuvo una reunión para presuntamente favorecer a Alarcón Ayala. A su vez, en el Consejo de Estado existe una investigación disciplinaria en su contra por posible tráfico de influencias, porque habría presionado a Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial y quien tiene derecho a una curul en Cámara de Representantes, para que contratara a unas personas en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Por otro lado, fuentes territoriales de Pares señalaron que la unión del clan Aguilar, que actualmente gobierna el departamento con Mauricio Aguilar, el clan Tavera y los hermanos Díaz Mateus podría darse alrededor de Juvenal Díaz Mateus. No sería el primer arreglo electoral que hacen entre ellos. Díaz Mateus es un Mayor General retirado del Ejército Nacional, hermano del exsenador condenado en medio del escándalo de la yidispolítica, Iván Díaz Mateus, y del representante a la Cámara por el conservatismo, Luis Díaz Mateus. Juvenal Díaz Mateus salió del Ejército dentro de la lista de 13 oficiales que el pasado agosto tuvieron que abandonar la institución por el reacomodo de la cúpula militar ordenada por el gobierno Petro. Hasta ese momento era comandante de la VII División que tiene sede en Medellín, y que es una de las más grandes del país, pues tiene jurisdicción en departamentos como Antioquia, Córdoba y el sur de Sucre. Fue crítico de la posibilidad de eliminar el servicio militar obligatorio, al decir que era “un atentado contra la seguridad nacional”. Y sobre la Paz Total dijo en El Reporte Coronell que “necesita garrote”. En 2019 su nombre salió a relucir en la audiencia contra el general retirado Jorge Romero, excomandante de la Cuarta Brigada, por presuntos hechos de corrupción pues, de acuerdo con unos audios revelados por la Fiscalía, Díaz Mateus habría dado la instrucción de entregar documentos de la investigación contra Romero a uno de sus ayudantes. A pesar de que Juvenal espera inscribir su candidatura recogiendo firmas por medio del movimiento Es Tiempo, el apoyo que podría recibir de estos grupos políticos consolidados lo hacen un candidato viable a quedarse con la Gobernación, más frente a la debilidad de los Aguilar para poner candidato propio. No pudieron hacerlo siquiera en elecciones legislativas, en donde acabaron apoyando al candidato conservador, José Alfredo Marín Lozano. Los Aguilar ahora mismo enfrentan la investigación por corrupción contra Richard Aguilar, en la que ya hubo una primera condena contra una contratista. En ese caso también está involucrado el actual gobernador, Mauricio Aguilar, a quien investigan la Fiscalía y la Procuraduría por la pérdida de unos documentos de cuando el mandatario de Santander era Richard. Finalmente, la baraja de candidatos la completarían hasta ahora el empresario Fernando Vargas Mendoza y el diputado de la Alianza Verde Luis Ferley Sierra, conocido como el Profe Ferley. Vargas Mendoza es el fundador y presidente de la Universidad de Santander, es un reconocido empresario y académico que estudió ingeniería de sistemas y es magíster en administración de empresas. Fue alcalde de Bucaramanga entre 2008 y 2011 por el Partido Liberal. Aunque la Procuraduría lo inhabilitó en primera instancia por once años en 2015, por presuntas irregularidades en la etapa de planeación de la construcción del Parque Extremo de Bucaramanga, el procurador Fernando Carrillo en 2019 revocó esa sanción. Vargas Mendoza, en una consulta hecha por El Tiempo, dijo que si se lanza espera llevar a cabo una “unión de los sectores políticos y empresariales” por lo que podría estar buscando apoyos en los clanes políticos. Por su parte, el Profe Ferley se ha destacado por su oposición al gobierno de Mauricio Aguilar, sin embargo, no tendría el apoyo suficiente para pensar seriamente en quedarse con la Gobernación. Según fuentes consultadas por Pares, los alternativos están sumamente divididos en el departamento, y no ha habido acercamientos con gente del Pacto Histórico. Así las cosas, aunque la coalición que llevó a Petro a la presidencia no tendría definido algún candidato propio, según un audio del excandidato a la gobernación, Emiro Arias, Rodolfo sería el candidato del Pacto Histórico. Él, de hecho, habría buscado justamente el apoyo del Pacto a su postulación, con la ayuda de Carlos Ramón González, según contó La Silla Vacía hace unos meses. El Tiempo contó hace unos días que Hernández habría tenido varios encuentros con Carlos Ramón, uno de los dirigentes de la Alianza Verde y quien que es un puente entre esta fuerza política y el petrismo. La competencia a la Alcaldía de Bucaramanga El panorama a la Alcaldía de Bucaramanga es muy poco claro aún. Sin embargo, el que ya está en campaña es Carlos Sotomonte, quien podría ser el candidato al que apoye el actual alcalde Juan Carlos Cárdenas. Sotomonte fue consejero de la Alcaldía de Bucaramanga para la defensa del Páramo de Santurbán y lanzó su campaña muy tempranamente, en octubre de 2022, con el movimiento político Coraje, por lo que está en recolección de firmas. Sotomonte es licenciado en español y literatura de la Universidad Industrial de Santander y es nieto de Carlos Nicolás Sotomonte, quien fue senador. Precandidatos cuestionados a la Gobernación de Santander Ingeniero civil, exalcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019 y excandidato presidencial por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Obtuvo una curul en el Senado mediante el Estatuto de Oposición, por ser el perdedor de la segunda vuelta presidencial de 2022, en la que se enfrentó a Gustavo Petro. Aunque su bandera política ha sido la anticorrupción, Hernández lleva a cuestas varios cuestionamientos que incluyen presunto volteo de tierras, la construcción de una urbanización con problemas de asentamiento y humedad, y el sonado caso Vitalogic, por el que está en juicio. En este caso la acusación que enfrenta es por interés indebido en la celebración de contratos, pues habría influido para que Jorge Alarcón Ayala se quedara con un contrato de consultoría y para ello habría sido clave el papel de intermediación de su hijo, Luis Carlos Hernández. Mayor General retirado del Ejército, con una carrera destacada en la institución castrense de más de treinta años. Salió de la comandancia de la VII Brigada del Ejército en la renovación de la cúpula militar que hizo el gobierno Petro en agosto de 2022. Aunque no pesan grandes cuestionamientos en su contra, es hermano del actual representante a la Cámara, Luis Díaz Mateus, y del exsenador condenado por concusión, Iván Díaz Mateus. Iván fue condenado en medio del escándalo de la yidispolítica, en el que se ofrecieron notarías y otras dádivas para conseguir los votos a favor de un tercer periodo de reelección del expresidente Álvaro Uribe, a congresistas como Teodolindo Avendaño y Yidis Medina. Juvenal Díaz Mateus espera inscribir su candidatura a través de la recolección de firmas con su movimiento político Es tiempo; y ha sido un férreo crítico de la política de seguridad del actual gobierno.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente Traducción indígena del artículo 11 de la Constitución Política de Colombia La experiencia de implementación de las Escuelas de Liderazgo Juvenil Se juega la vida en Pueblo Rico, Risaralda, nos deja un hallazgo poderoso que a su vez traza un camino inexplorado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), e inexplorado por otras organizaciones de la sociedad civil: la diversidad sexual. Lía se llama, su otro nombre no interesa ya, aunque aún perviven en ella rasgos de él, su lucha constante por reafirmarse como mujer es admirable. Es la primera mujer transgénero con cédula del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. He contado en otros textos la primera vez que me recibió en Pueblo Rico un joven de camiseta y jeans, y cómo fuimos testigos en Pares de su segunda resiliencia y lo que ella ha llevado en energía y discurso de diversidad al pleno de la Fundación (Ver: Lía Muñoz: la primera mujer transgénero con cédula de Pueblo Rico, Risaralda). Por Lía y su ascendente indígena y mestizo, y su lucha encarnada en el lejano territorio de Pueblo Rico, Risaralda, nos enteramos de la existencia de Samantha, una mujer transgénero indígena emberá chamí que, expulsada de su territorio ancestral, ha sabido sobrevivir como líder de la diversidad sexual en otro pueblo tan godo como Pueblo Rico, y cafetero por antonomasia, Santuario, Risaralda. Esta es apenas una semblanza que puede hacerse proyectando e invitando a todos los que apoyan la labor social y la misión de Pares a que pongan sus miras en esta población que sufre una triple condición de discriminación social. Por un lado, es claro que las naciones indígenas de Colombia sufren una exclusión estructural representada en cinturones de pobreza que se ven en las calles de las ciudades del país, donde muchos indígenas bailan en las calles a cambio de monedas. Esto es paisaje en Pereira, capital del departamento de Risaralda, donde llegan muchos a rebuscársela en los andenes. Son las mujeres y los niños los que ponen sus vidas en riesgo sin las más mínimas garantías de supervivencia. En segundo lugar, Colombia es un país donde la exclusión a la comunidad diversa sigue siendo cotidiana y aunque cada vez, paulatinamente, se va aceptando más en la sociedad conservadora colombiana, las preferencias y orientaciones sexuales de la población urbana en las ciudades principales, en zona rural y en comunidades apartadas y pueblos sigue siendo un fenómeno atacado desde la moral religiosa, desde un machismo y una homofobia cultural, en la que aún esta inclusión en diversidad no ha arraigado en la población. Y, en tercer lugar, la pregunta es si en las poblaciones pequeñas y en zona rural la inclusión en clave de diversidad sigue siendo un problema estructural de exclusión e incluso de violencia, como es la situación de quienes se dicen transexuales, homosexuales, lesbianas o Queer y que, siendo indígenas, miembros de un resguardo o parcelación eligen vivir de un modo u otro en diversidad sexual. Es este el reto que se presenta en Santuario, Risaralda, donde Samantha y otras doce mujeres transgénero indígenas, han decidido vivir a plenitud su identidad sexual, rompiendo con las estrictas normas de sus comunidades, en las que, desde su cosmogonía, nacer hombre y sentirse mujer es casi un delito. Razón por la que fueron expulsadas de su territorio so pena de sufrir castigos severos si no renuncian a su identidad de género, si insisten en seguir siendo mujeres naciendo hombres, si rompen con las duras tradiciones ancestrales heredadas de generación en generación. En ese sentido, la frase epígrafe del inicio de este texto, citada por Jaime Garzón en alguna de sus magistrales alocuciones, es en sí misma una paradoja, pues pareciera ser un principio que internamente no se aplica en sus territorios ancestrales, solo es un mandato para el hombre blanco, ajeno a sus dinámicas y lejano de sus modus vivendi. Sin embargo, cuando las olas de pensamiento contemporáneo y las libertades ciudadanas y urbanas permean esas poblaciones, generando raros sincretismos culturales y sexuales como los mencionados, la exclusión se vuelve norma y este bello fragmento de dos líneas se olvida. Samantha y las otras doce chicas transgénero Emberá de Santuario viven de una precaria economía cafetera, como recolectoras de café o de trabajos sin garantías laborales como limpiar casas, entre otros, aisladas en una casita donde intentan seguir siendo esencialmente indígenas conservando sus tradiciones, esencialmente mujeres reafirmando, entre todas, su identidad, esencialmente humanas desde la solidaridad y la complicidad. No tienen cédula, este sistema precario de cedulación y ciudadanía en colombia no les reconoce ese estatus y al no poseer este documento no pueden acceder a servicios básicos como salud, subsidios del estado, entre otros. Pares ha hecho una apuesta por la diversidad sexual en el 2022 con la irrupción de Lía Muñoz en la Escuela de Liderazgo Juvenil Urakubú, tiene ahora y es un propósito claro y cierto desde las líneas de Jóvenes y Género, ayudar, tender la mano, acompañar el proceso de restitución de derechos a estas mujeres transgénero emberá que deben romper la triple exclusión de la pobreza, el racismo y la transfobia. El Gobierno ha planteado en su plan de desarrollo a los indígenas y a los afrocolombianos como la piedra angular, esperemos que ponga sus ojos también en esta población que no es la única en Colombia, pero sí es la más visibilizada en redes.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A comienzos de febrero, el presidente Gustavo Petro dio a conocer un proyecto de decreto con el que buscará asumir –de manera temporal– algunas funciones generales de la regulación en materia de servicios públicos domiciliarios (SPD). Según la propuesta normativa, el presidente reclamará las funciones que la Constitución y la ley le dan para administrar estos servicios de forma directa y personal. A pesar de que en el pasado esta atribución del Gobierno ha sido normal –incluso quedó explícita en el plan de desarrollo del gobierno de Iván Duque– el proyecto de decreto de inmediato encendió las alarmas de los gremios de la industria y ha provocado que, incluso, calificadoras de riesgo como Fich Ratings, manifiesten su preocupación y hagan advertencias sobre las consecuencias de esta disposición. Para las grandes asociaciones de la industria –como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y Ser Colombia– la propuesta normativa del presidente se convierte en un peligroso anuncio que puede alejar a los inversionistas, restringir el acceso a capitales, aumentar el costo de las deudas, poner en riesgo la cobertura de los servicios y reducir la calidad de estos. En síntesis, advierten una catástrofe, al poner en riesgo el desarrollo futuro del país con la medida. Frente a esta situación se pueden decir dos cosas. La primera es que el presidente, como jefe de Estado, está facultado por la Constitución de 1991 para que intervenga en la regulación de la prestación de los servicios de utilidad pública. Aunque la norma de normas permitió, en su artículo 333, la participación del sector privado en la provisión de estos servicios, también en el 370 se dice que el Estado mantendrá el monopolio de la regulación. La Constitución es clara en entregar al presidente de la República el poder para establecer políticas generales para la administración y gestión de los SPD; además del control, la inspección y vigilancia de las organizaciones que participen. Lo que pasó fue que, a partir de 1994, con los decretos 1524 y 2253 de 1994, y las leyes 1942 y 143 del mismo año, el presidente delegó en las comisiones de regulación de Energía y Gas (Creg) y la de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) la ejecución de estas labores. Lo que está haciendo el presidente Petro en estos momentos es retomar sus responsabilidades constitucionales y legales. Como mandatario está interesado y obligado a aportar al bienestar social. Ve con preocupación cómo desde hace años en el país se están aumentando alarmantemente las tarifas de la energía eléctrica y del gas, afectando el bolsillo de los usuarios. De allí que desee usar los mecanismos institucionales que tiene para moderar estas alzas, manteniendo claros los principios de solidaridad y redistribución. El segundo asunto es que en la prestación del servicio de energía también podemos ver cómo opera la lógica capitalista. Desde 1994, el sector de los SPD viene operando como un mercado, muy similar a cualquier otro de la economía. Allí los agentes oferentes tienen como principios de actuación la eficiencia económica, la suficiencia financiera y la ganancia comercial. Por ello vienen trabajando desde ese año en convertir la prestación de los SPD en un sector de la economía que se organiza y opera como todo un negocio. Para los oferentes, las tarifas de los SPD deben estar atadas a los costos de las diversas actividades que se involucran –que en la electricidad son: generación, transmisión, comercialización y distribución, además de otros componentes–. En ellas debe incluirse, necesariamente: la administración, la operación y el mantenimiento. Además, por supuesto, las tasas de remuneración de los capitales –que se establecen de acuerdo con las expectativas de los inversionistas– y que no es más que las rentabilidades que les da el negocio de la energía. En síntesis, los privados piensan que los servicios de utilidad pública –como el agua, el aseo, el gas, la electricidad o las telecomunicaciones– son verdaderos mercados cuasi-independientes, los cuales pueden operar, incluso, sin la intervención del mismo Estado. Una lógica de funcionamiento que el próximo año cumplirá tres décadas de desarrollo y que la industria y sus gremios han tratado de construir a su conveniencia. De allí que ante el anuncio de una posible norma que permita al presidente Petro retomar las funciones constitucionales y legales, los oferentes del servicio presenten diversos argumentos en contra; y digan que esta injerencia presidencial debilita la estructura reguladora y afecta el funcionamiento normal del sector. Emitiendo comunicados, como gremios, en los que advierten, alarmados, que el control de los precios que se pretende hacer afectará sus inversiones y generarán una reducción en las ganancias. Incluso hacen uso de los informes de las calificadoras de riesgo –como Fich Ratings– para subrayar la advertencia que estas organizaciones hacen a las medidas que está tomando el presidente colombiano para frenar la inflación, diciendo que ellas pueden tener consecuencias graves para los mercados eléctricos, pues “podría debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos para compensar los crecientes costos de producción”. Con los dos anteriores asuntos queda claro que el país se está enfrentado en la actualidad a dos visiones distintas frente a los SPD: por un lado, a una lógica presidencial actual que aboga por la necesidad de control del precio para que prevalezca el interés público. Una visión que se ha convertido en la bandera del Gobierno para avanzar en la reducción de los precios de la energía y lograr un Pacto por la Justicia Tarifaria. Una apuesta que se justifica en la medida en que el país ve cómo las tarifas de estos servicios se están elevando considerablemente debilitando el bienestar de los hogares. Aumento en los precios que se evidencia en las cifras que ofrece el DANE cuando muestra que para 2022 se dio un incremento promedio de las tarifas de los SPD para el país de 22,40% para la electricidad y de 21,93% para el gas; superando casi el doble el incremento del IPC, incluso tasas de incremento de más del 40% en territorios como la Costa Atlántica. Y, por otro lado, a una lógica en la que los agentes oferentes del mercado ven los SPD como un gran negocio. Percibiendo el cambio normativo como una intromisión de un agente externo –el Estado– que no les respeta los cálculos en las rentabilidades de la inversión proyectados. Y que consideran que la bandera del Gobierno de proteger a los usuarios se hace en contra de sus intereses; por tanto, le sugieren que si desea ayudar a los usuarios-clientes lo haga vía subsidios y no afectando sus ganancias. En este escenario de enfrentamiento de lógicas complementarias en torno a los SPD es necesario como ciudadanía estar muy atentos a sopesar los argumentos. A pensar en la necesidad de un diálogo y reflexión sobre el papel del Estado en una economía en la que participen todos los actores interesados en el buen funcionamiento de los servicios –gobierno, gremios, ciudadanía, incluyendo la academia–. A valorar como ciudadanía las banderas del Gobierno en cuanto querer asumir la rectoría de la política basada en los principios de solidaridad y redistribución, sobre todo en momentos difíciles como estos. Pero también a insistir en la necesidad de respetar los otros principios rectores del mercado, como la eficacia económica y la suficiencia financiera, que son aspectos técnicos importantes para mantener el servicio. Finalmente, a pensar en la necesidad de realizar ajustes normativos que transformen la regulación; pero también en la importancia de tener una institucionalidad fuerte y que se respete, que valore los acumulados para que se asegure una función regulatoria del Estado simple y transparente; y al mismo tiempo se evite que los gobiernos que vendrán por cualquier razón intervengan, poniendo en riesgo el sistema. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Colombia vive tiempos de cambio en medio de un nuevo gobierno. Este es el signo del presente, cambio y más cambios hasta donde sea posible por la acción de gobierno y la participación de la sociedad que quiere ir en esa dirección, asumiendo que hay muchos temas a transformar y nuevas realidades a construir. Bien sabemos que todo cambio trae reacciones: hay quienes no quieren que el orden vigente se transforme, pues va contra sus intereses; estas son las fuerzas sociales, gremiales y políticas que defienden la continuidad y que se van a oponer a la dinámica de cambio. Hay quienes sin ser beneficiarios del orden vigente, dudan y no ven la perspectiva de un futuro diferente, sienten temores ante lo que vendrá y están a la expectativa o se aferran al viejo orden que debe cambiar; estas son las visiones conservadoras que en el caso de Colombia han sido muy importantes y que poco a poco han venido cediendo a la oferta de cambio, algo que lo ejemplifica Gustavo Petro y su triunfo histórico. Iniciamos este 2023 con agitación social y política, vienen importantes debates sobre temas cruciales para la sociedad colombiana, hemos presenciado en estas semanas una intensa acción mediática sobre el proyecto de reforma a la salud que aún no conocemos y aun así se habla de “destruir” y “acabar” el sistema de salud, dando por sentado que está bien y que no debe ser objeto de ninguna acción transformadora. Este es el tema que más ha tenido visibilidad, pero también vienen proyectos de ley sobre el tema pensional y laboral, y sobre estos tres temas de tanto interés y necesidad de acción transformadora se va a dar un importante pulso entre cambio y continuidad, pulso que va a mostrar las posibilidades de este gobierno de cumplir con su oferta de transformación. Vamos a ser testigos y protagonistas de un momento crucial de la sociedad colombiana: somos capaces de participar en la construcción de nuevas realidades o las fuerzas de la tradición seguirán con su orden de privilegios y exclusiones. El presidente Petro ha convocado a respaldar los cambios en la calle y ese llamado ha sido respondido por algunas voces como una acción antidemocrática e inconveniente, se le señala de querer saltarse el Congreso de la República y de presionarlo de manera indebida. Esta una lectura donde la democracia solo reside en las paredes del Congreso, olvidando que nuestra constitución define que somos una democracia participativa igualmente, no solamente representativa; que esas dos dinámicas, la de la participación directa y diversa, debe dialogar de manera permanente con la representación; que son dinámicas que no riñen y que no se pueden autoexcluir. La calle ha sido y seguirá siendo escenario para manifestar apoyos y rechazos y eso es lo que se va a vivir el próximo martes 14 de febrero en muchas plazas del país cuando salgan ciudadanas y ciudadanos en apoyo a la idea de cambio en muchos temas, como los ya mencionados. E igualmente vamos a ver en las calles a miles de colombianas y colombianos el miércoles 15 manifestándose ante la oferta de cambio e insistiendo en que el presidente Petro y la coalición política que lo apoya no debe seguir en su mandato de transformaciones. Es una lucha social y política en curso y que se debe dirimir de manera democrática y que por supuesto tendrá en el Congreso de la República, el escenario definitivo. Todo en la vida está cruzado por la ideología y por la acción política, no hay nada en la sociedad que no esté ligado a estas dos dimensiones de comprensión y acción, así que cuando escuchemos que no le metamos ideología ni política a los debates de lo que hay que hacer, transformar o preservar, sepamos que cada postura, cada disertación, cada propuesta, vienen de planteamientos ideológicos y de concepciones políticas. Nada, absolutamente nada en la vida está por fuera de las ideologías y de la política, como concepción y como acción. Colombia vive tiempos de cambio, en las calles nos vemos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Attila Lenti Analista de riesgos políticos y experto en cooperación internacional La palabra “articular” figura en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 110 veces en diferentes formas. La palabra “coordinar” 88 veces. No está mal para un documento de 321 páginas: posiblemente se trata de una de las expresiones más comúnmente usadas en los diferentes planes y estrategias públicas de todos los tiempos y este PND no es la excepción. Hay que articular entidades, sectores, planes, sistemas, políticas, instrumentos, procesos, actores, gente, porque todo anda desarticulado. Lo institucional refleja una forma de trabajar en la que cada colombiano es una república independiente. El problema no es de capacidades organizativas, todo el mundo sabe el cómo. El problema es cultural. Cada vez que veo las palabras anteriormente expuestas como una especie de acción-objetivo en determinado contexto, recuerdo un fenómeno que observaba en diferentes grados en toda entidad colombiana donde llegué a trabajar, fuera pública, privada o de la sociedad civil. La incapacidad de asumir sinceramente una causa y su construcción pública haciendo equipo, sin egoísmos, conspiración por el poder o jugaditas individuales. La impresionante contradicción de que la solidaridad que existe en la vida comunitaria no pueda existir en un espacio de trabajo, porque siempre parece más importante mostrar desempeño individual que construir algo duradero entre todos. La imposibilidad de ser un engranaje más que hace lo necesario, con precisión y seriedad, buscando cooperación transparente con los otros, pensando en el impacto final, sin tanta foto y arribismo. Algunas veces las ganas de mandar y ejercer poder sin comprender que dirigir es tan solo un trabajo más y que toda actitud arrogante obstaculiza la operación efectiva y legítima. En pocas palabras: la incapacidad de aplicar la receta fundamental que hace que algunas sociedades sean más exitosas que otras, desarrollando democracias reales e incorporando la creatividad de todos. En Colombia se habla mucho de la falta de noción de lo público. ¿Cómo es posible que un pueblo con extraordinarias habilidades de comunicación, con prácticas de solidaridad capaces de garantizar la sobrevivencia de barrios y comunidades campesinas enteras en ausencia de un Estado, con gestos diarios de fraternidad con desconocidos, no sea capaz de obrar de manera ordenada por el bien común? ¿Qué se necesita para que lo haga? Puede parecer una pregunta ingenua pero es una pregunta crucial. Es un cliché de diagnóstico mil veces repetido que la fragmentación regional, la herencia de instituciones coloniales dedicadas al saqueo, la distancia creada entre la sociedad y sus élites que han abusado de sus privilegios, y la ausencia histórica de un proyecto nacional incluyente, crean una cultura de lucha por la sobrevivencia basada en la astucia y la desconfianza total en toda institución. Pero con eso no llegamos más cerca de la solución. Lo cierto es que el Estado tiene un rol central, y ahora que ha llegado un proyecto popular de izquierda basado en un movimiento amplio, todos esperan un cambio. Temo que este cambio no solo debe expresarse en reformas que se aprueban en el Congreso. La responsabilidad va mucho más allá. Si bien es de toda la sociedad, una sociedad que en estos años ya mostró unidad en las calles, por ahora visiblemente llega el turno de los elegidos. La tarea es hacer creer en la práctica que sí hay proyecto nacional que aglutina, una idea por la que vale la pena trabajar. Detrás de cada gran nación hay una idea que influye hasta la última práctica cultural. Detrás del modelo nórdico es la idea de la igualdad y una sociedad civil robusta con ética sólida; detrás del sueño americano, hoy algo desvanecido y vaciado, es la promesa de la movilidad social a punta de talento y trabajo duro. Hasta ahora el gobierno de Petro ha resultado ser tremendamente efectivo en reinventar a Colombia en el plano abstracto y mostrar una idea integradora. Hasta tal punto que esta idea, ser “Potencia Mundial de la Vida”, al realizar victorias tempranas en su implementación puede mostrarle un camino a toda la izquierda de América Latina y brindar la oportunidad de tematizar la política en el país por décadas. El nuevo modelo planteado es potente, porque en el plano mental ofrece una salida al modelo dependiente del desarrollo del Sur (fin del extractivismo), fomenta el orgullo nacional (ser potencia en algo tangible), coloca en el centro las verdaderas riquezas del país (agua y biodiversidad) en una sociedad con raíces campesinas y fuertes vínculos con la naturaleza, y brinda un inmenso campo de desarrollo profesional para millones de jóvenes, ya que es intensivo en conocimiento. Todo depende de su implementación, y la implementación depende de la efectividad del Estado en la vida real. ¿Es posible visualizar un Estado que se transforme por dentro, o sus mecanismos perversos institucionalizados de privilegios, clientelismo y burocracia evidenciarán resiliencia, absorbiendo y resistiendo a todo intento de transformación? Se necesita una actitud ejemplar de gobernar e implementar política pública, que sea coherente con los conceptos de moda colocados en el Plan de Desarrollo. En el Estado hasta el último funcionario debe actuar con humildad, transparencia y como parte de un engranaje. El ejemplo debe comenzar con los de arriba. Entonces, no se debe nombrar a nuestra amiguita sin formación relevante como directora de una de las entidades más importantes del país que está encargada de la protección de la niñez, el futuro del país. Una ministra no debería hacer declaraciones arrogantes, tratando como a menores de edad a los actores más importantes del sector que quiere reformar. Tampoco se debe poner la lealtad por encima de la crítica y la libertad de expresión. Y sobre todo: Twitter sirve para muchas cosas, pero desde Donald Trump se sabe lo contraproducente que puede resultar su excesivo uso en el ejercicio de gobernar. Porque todo lo anterior manda el siguiente mensaje al pueblo: “en medio de tanto discurso hago lo mismo que los de siempre”. Además, si este es el ejemplo públicamente expuesto, queda la pregunta: ¿cuál es la cultura de trabajo que promuevo en ese Estado, actor central del cambio, que supuestamente se quiere fortalecer? Estos actos simbólicos anulan todo el potencial del plano teórico del Plan Nacional de Desarrollo. En la cima del poder vale la pena recordar que gobiernos vienen y van. Hoy arriba, mañana abajo, y una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. ¿Cómo van a recordarlos en medio siglo? No existe determinismo cultural y claro, ningún pueblo está condenado a cien años de soledad. Hay una evidente ventana de cambio que por ahora estará abierta por un tiempo limitado. Se puede articular, coordinar, organizar, aglutinar sociedad alrededor de un proyecto nacional. Sin embargo, la implementación de este Plan de Desarrollo en últimas dependerá del ejemplo y la calidad humana de los funcionarios en todos los niveles, de equilibrar la ambición individual con la idea de lo público. De la cultura del cambio, de la superación cultural del individualismo. La solidaridad también es colombiana. Su extensiva normalización puede cambiar las cosas para siempre. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 06 de febrero, los alcaldes de Cali, Bogotá, Medellín y Cartagena se reunieron en un consejo de seguridad liderado por el presidente Gustavo Peto, con el fin de establecer una estrategia coordinada para enfrentar la inseguridad que se presenta en las diferentes ciudades del país. En conjunto con los mandatarios locales y los ministros de Defensa y Justicia, acordaron presentar algunos proyectos. Entre las estrategias presentadas, el vocero del Gobierno, Alfonso Prada, mencionó que se tiene planeado crear campañas para que los y las colombianas se desarmen. “Pensar en una campaña que convoque a todas las autoridades. Una campaña de desarme, la idea es desarmar a los colombianos y tener una estrategia conjunta en la que hagamos ofertas, si es necesario de pago, para recibir la entrega de ellas”, dijo Prada. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la estrategia de desarme podría funcionar solo momentáneamente, ya que no solucionaría el problema de raíz. Para el coordinador es necesario que las acciones de las fuerzas públicas estén orientadas a controlar los mercados ilegales de armas que es donde hay mayor comercialización de estas, las cuales son utilizadas para llevar a cabo los delitos y que también “se comercializan entre las mismas organizaciones ilegales”. El Gobierno mencionó que para enfrentar a los delincuentes priorizarán tres proyectos de ley que pueden ser complementarios para atender la inseguridad. El primero es del del ministerio de Justicia, el cual está centrado en garantías de resocialización y judicialización a condenados; el segundo, el de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (ASOCAPITALES), que plantea mecanismos de financiación para inversión en infraestructura de seguridad y justicia; y el tercero, el de la Alcaldía de Bogotá, para que haya un proceso penal sancionatorio eficaz y centros transitorios de detención que garanticen la resocialización. En este consejo de seguridad que se llevó a cabo en la casa de Nariño, los alcaldes de las ciudades anteriormente mencionadas le hicieron dos llamados al mandatario: el primero, un aumento de pie de fuerza de la Policía Nacional, ya que según expresó la alcaldesa Claudia López, es fundamental y además reiteró que “sin policías vigilando las calles, capturando a los delincuentes y trabajando de la mano con la Fiscalía , pues no importaría qué digan las leyes, no habría quién las aplicara”; un segundo llamado por parte de los mandatarios locales fue invertir en los jóvenes para ofrecerles oportunidades de educación y trabajo, según López, los jóvenes necesitan “oportunidades, confianza y programas que los ayuden”. El ministro Alfonso Prada señaló que se acordó un proyecto para que haya castigos más efectivos para las personas que siguen recurriendo en los delitos después de haber sido capturadas. “Esas personas que incurran en ese tipo de recurrencia van a tener un tratamiento penal y procedimental especial”, destacó Prada. Finalmente, Isaac Morales mencionó que es clave que en el marco de la legislatura se haga una reforma a la justicia en los términos de lo que significa lo excarcelable. Para Morales es importante que todo se materialice en acciones concretas para entender la manera en la que realmente se va a dar todo esto, con el fin de tener mayor claridad y un concepto mucho más profundo de lo que significa el accionar de lo que se propone desde el Gobierno.

Por: Colectivo Juventud Transformadora - Pereira, Risaralda Annie Sofia Castaño - Consejera de Juventudes Juan Camilo Vélez Kevin Esteban Santana Desde la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), consideramos que este texto realizado por Juventud Transformadora, colectivo juvenil de Pereira, con representante en el Concejo de Juventudes de la ciudad, merece ser difundido y leído por la opinión pública. Esta tribuna siempre estará a la orden para que sean los jóvenes y sus propuestas, ideas y sentires los que se expresen y se manifiesten. En tal caso, no vamos a editorializar ni analizar lo aquí dicho, simplemente presentamos una crítica que el colectivo hace al Encuentro Nacional de Juventudes realizado en Medellín el pasado mes de diciembre. **** Con una votación inflada por las juventudes, llegó el gobierno Petro con un convencimiento aún más inflado de que el aval que se vio por parte de la población juvenil a la campaña del Pacto Histórico sería la actitud común de los jóvenes frente a las decisiones y ejecuciones del Gobierno Nacional. Pero la realidad fue distinta. Se encontró con una masa heterogénea y crítica que observaría sus decisiones y nombramientos con distancia y pinzas. Pero así, convencidos que son, se les ocurrió que un congreso para los “jóvenes petristas” sería popular, pero ni petristas las juventudes, ni popular les salió el evento. Desde los momentos previos, en la organización del evento, había ya un sentimiento de intranquilidad e insatisfacción, pues se sabía que una parte de las delegaciones regionales no podría hacer presencia y que muchos de los que irían con la intención de participar en la Asamblea Nacional de Juventudes no tendrían donde quedarse en la noche del sábado. Sin embargo, contra viento y marea, desde la mayoría de departamentos se gestionaron recursos, algunos públicos y muchos de los mismos muchachos, para poder llegar a Medellín y dejar la primera huella de cambio juvenil. Llegado el día jueves 15 de diciembre comenzó a rodar en las redes una denuncia frente al mal estado de los almuerzos entregados y, posteriormente, los medios de comunicación le dieron formalidad. Una noticia imposible de evadir, otro tropiezo para el gobierno del cambio, por fortuna no estaba la ministra de Minas para ese día, o se lo achacan para hacerle otro intento de moción. Esta noticia sirvió para exacerbar los ánimos entre los representantes Nacionales de Juventud y la dirección de Colombia Joven, inconformidad que tocó su pico cuando el día sábado 17, la Consejería Presidencial para las Juventudes sacó un comunicado excusando el malestar generado en la salud de los jóvenes y refiere que la Secretaría de Salud de Medellín evidenció, mediante un comunicado, que la población juvenil consumió bebidas alcohólicas. Responsabilidad de parte y parte, hamburguesas en mal estado y consejeros nacionales enguayabados, mala combinación. Eso, sumado a la llegada de las delegaciones desde sus regiones para encontrarse con un evento más pretencioso que organizado, sin comida asegurada ni cama confirmada, cada departamento iba sin saber qué le deparaba. Las primeras horas que se desarrollaron entre diatribas contra la consejera presidencial, Gabriela Posso, los intentos del Gobierno por presentar a los honorables miembros de su cuadrilla y la metodología planteada para el espacio, que básicamente no había. ¡No saben las horas que nos costó! Durante el día sábado, pasadas las dos de la tarde, comenzaron las mesas de participación que por estar llenas de líderes no permitió que hubiera personas que supieran seguir instrucciones y, al todos querer liderar la dinámica, hubo más discursos que ideas. Así, lo que debió concluir con propuestas serias que encarnaran soluciones para las juventudes, terminó siendo un insostenible evento de ocurrencias sueltas y uno que otro esfuerzo real de encausar el malestar en soluciones prácticas, posibles y políticamente viables, es decir, un fracaso total. De hecho, se podría decir que la comisión más efectiva, en últimas, terminó siendo la de Garantías, encargada de “desembarrar” las deficiencias del evento. A pesar del mal resultado del sábado y de la incertidumbre frente a la realización de la Gran Asamblea Nacional de Juventud del día domingo, considerable cantidad de jóvenes seguían con la esperanza de construir un buen trabajo para elevar al Gobierno Nacional y demostrar que los jóvenes queremos y tenemos con qué trabajar. Amanecimos con buen clima en Medallo, suficiente para asegurar una participación masiva y activa en el evento de ese día, sin embargo, gran cantidad de los asistentes del sábado, el día domingo no se hicieron presentes y otra gran cantidad se fueron del espacio a recorrer las comunas y los alumbrados, porque qué desperdicio quedarse todo un domingo encerrado camellando, ¿no? Eso sí, hasta que llegaran Edson Velandia o el Doctor Krápula, porque si vamos a cambiar el país y que sea “para todos todo”, ¿para qué trabajar en documentos si con zapatear y maldecir a “su madre patria” basta? Al fin de cuentas, somos revolucionarios de canciones, pero sin acciones no se hacen revoluciones y a veces se nos olvida. El día concluyó con una que otra delegación departamental tratando de sacar adelante los proyectos que traían para su región, dentro de esas la nuestra, la risaraldense, o bueno, una fracción, que buscó concertar a todas las regiones en torno a las siguientes peticiones: Un proyecto de reforma a la Ley de Ciudadanía Juvenil, que sea el resultado de un proceso de consenso nacional y que nazca de las juventudes. La realización de una verdadera Asamblea Nacional, la cual garantice la presencia de delegaciones de todas las regiones y las garantías mínimas pactadas en la comisión del día sábado 18 de diciembre. Este documento logró reunir firmas de más de 200 personas representantes de 23 departamentos los cuales, al igual que los risaraldenses, o bueno, una fracción, consideramos que la mala gestión realizada, la falta de parámetros técnicos, la carencia de personal logístico y relator en cada mesa y los ánimos desencantados de los participantes con la Consejería Presidencial de la Juventud, conllevaron a la realización de un espacio lamentable que no puede servir como insumo en la reconstrucción de una Colombia para la Juventud. Y a pesar de que el evento tocó fondo varias veces, siempre se pudo caer más bajo, culminando con el lamentable discurso de Gabriela Posso, que entre mañosa y ladina aprovechó el toque de Dr. Krapula para arengar al “gobierno popular de los jóvenes” que ella dizque representa, y aunque ese fue el video que con astuta edición subieron a las páginas oficiales, ni siquiera el mejor productor podría eliminar los silencios incómodos de la muchedumbre juvenil que, desencantada por tal bajeza, paró su baile antisistema para una vez más mirar con asco al sistema que les estaba pagando el concierto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Gustavo Petro, fue radicado ante el Congreso este 06 de febrero, en un acto que contó con presencia del Primer Mandatario, la vicepresidenta, Francia Márquez, la primera dama, Verónica Alcocer, y otros funcionarios del Gobierno Nacional (Ver: La ambición reformista de Petro: ¿se dinamitará la coalición de gobierno?). El PND 2022-2026 consta de 240 artículos y 147 páginas, y prevé una inversión cercana a los $1.154 billones. Uno de sus objetivos principales es “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”. Cabe añadir que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un documento gubernamental que establece las políticas, objetivos y estrategias a seguir por el Gobierno en un período determinado. Este documento fue construido con la ayuda de las más de 89.000 propuestas presentadas en los Diálogos Regionales Vinculantes, en los que 250.000 personas participaron. Durante la radicación, el director del DNP, Jorge Iván González, mencionó que este es el primer PND que coloca en primer lugar al territorio (Ver: Concluyeron los Diálogos Regionales Vinculantes, en total fueron 52). Entre las principales metas se encuentran: actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética y llegar a cerca de tres millones de hectáreas entregadas a campesinos. Los cinco ejes estratégicos que tiene el documento son: el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la seguridad humana y justicia social, el derecho humano a la alimentación, la transformación productiva, internacionalización y acción climática, y la convergencia regional. Cada eje cuenta con una inversión específica. La convergencia regional con $138,4 billones; $114,4 billones para la transformación productiva y acción climática; $743,7 billones para temas relacionados con la seguridad humana y la justicia social; $46,1 billones para el derecho humano a la alimentación; $28 billones para el ordenamiento del territorio alrededor del agua; y $83,4 billones para estabilidad macroeconómica. Además, el documento incluye tres ejes transversales, que serían el hilo conductor de todas las inversiones, programas y proyectos. Estos ejes son: 1) la Paz Total, la cual busca transformar los territorios, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y acabar con las violencias armadas, tanto de aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza; 2) los actores diferenciales para el cambio, en este se esperan transformaciones que lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, con el fin de superar las discriminaciones de tipo económico, social, cultural y político basadas en el género y la orientación sexual; y 3) la estabilidad macroeconómica, que tiene como objetivo definir un conjunto de apuestas en materia económica, con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos públicos que permitirán financiar las transformaciones. Camilo Barrios, administrador público y asesor en asuntos de planeación territorial, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que el documento tiene puntos “novedosos”, como el ordenamiento territorial en torno al agua y su protección, o el derecho humano a la alimentación, ya que esto nunca se había planteado antes. Sin embargo, algo que este documento hizo encender las alarmas fue que el presidente Gustavo Petro solicitó facultades extraordinarias en nueve temas diferentes. Con ellas, podría resolver cuestiones mediante decreto, sin la necesidad de tramitar una ley ante el Congreso y tendría un plazo de seis meses. Crear la entidad u organismo denominado Agencia Nacional de Seguridad Digital. Adelantar la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas. Regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis, para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas. Crear una entidad pública cuyo objetivo principal es el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales o de carácter regional. Homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros. Crear, suprimir, reestructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico, con participación mayoritariamente de la nación. Reestructurar la Superintendencia de Industria y Comercio para establecer los instrumentos que se requieran e implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular y comunitaria, incluyendo la definición de incentivos no tributarios, mecanismos para promover alianzas de atracción de inversión extranjera directa sostenible y transferencia tecnológica, cesión y gestión de activos y esquemas de financiamiento para el fortalecimiento productivo. Expedir decretos con fuerza de ley, con el fin de modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción e incorporarlos al Sistema de Transferencias que trata el presente artículo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política. El propósito de estas facultades extraordinarias preocupa al asesor público y asesor en planeación territorial Camilo Barrios, ya que, para él, no se entiende la razón de crear una agencia para construir caminos vecinales, cuando las funciones de fomento podrían ser realizadas por Findeter o Enterritorio, en coordinación con más entidades territoriales. Además, Barrios expresó su preocupación con respecto a las facultades en materia de subsidios que, según él, no solo no es necesario acudir a ellas, sino que además plantea la incertidumbre sobre cómo será la transición de las transferencias durante los seis meses que pueden durar esas facultades extraordinarias. Por su parte, Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, expresó que no es bueno que el presidente Petro quiera tener facultades extraordinarias para tantas cosas, ya que pueden poner en riesgo el delicado equilibrio entre ramas del poder y entre procedimientos del Estado de derecho para tramitar. “Habría que evaluar si en verdad se necesitan tales facultades extraordinarias y para qué crear entidades nuevas”, destacó Garzón. Finalmente, el Congreso tendrá un plazo de cuatro meses para aprobar este Plan Nacional de Desarrollo. Primero, las comisiones tercera y cuarta de ambas cámaras sesionarán de manera conjunta en marzo, luego, en abril, el texto será enviado a las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado para que en mayo sea definitivamente aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, señaló que estas fechas son las esperadas por el Gobierno, pero podrían demorarse. Espere pronto un análisis a profundidad del articulado del PND de acuerdo a las diferentes líneas de investigación de Pares.