Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Asistente de Investigación; Valentina Polo, Practicante Línea Democracia y Gobernabilidad A inicios de este 2023 el Gobierno Nacional se está centrando en la presentación de tres reformas clave dentro del legislativo: la laboral, la pensional y la de salud, esta última será de las primeras en ser radicadas ante el Congreso. Durante el consejo de ministros en Villa de Leyva, llevado a cabo el 28 y 29 de enero de 2023, se dieron a conocer los puntos clave de la reforma a la salud que presentará la ministra Carolina Corcho ante el Congreso, la cual será debatida en sesiones extraordinarias, que inician este 6 de febrero. Puntos clave de la Reforma Una de las propuestas del gobierno Petro para mejorar el sistema actual de salud, es la descentralización de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad que administra los recursos del sector salud. Con esta propuesta, se pretende iniciar un proceso de regionalización de la ADRES para fortalecer el mecanismo de giro directo hacia clínicas y hospitales del país. Esto, sumado a la creación de un sistema de información que haga público en qué y cómo se gastan los recursos que se invierten, según la ministra Corcho, se pretende atacar el robo de recursos de la salud. No obstante, una de las críticas que recibió esta propuesta es que no es clara la necesidad de personal para cada fondo regional. Además, quienes critican esta propuesta sostienen que se quiere crear gerencias departamentales y distritales, de las cuales tampoco se puede determinar la estructura de planta y personal que ocupará cada gerencia, sin contar los costos derivados de realizar las actividades. A esto se suma que, si bien en el sistema actual existe robo de recursos destinados a la salud, el nuevo modelo pareciera que no ataca esto con el hecho de girar los recursos sin intermediación y hacer público los procesos en los cuales se invierten los dineros del Estado. Otro punto clave de la reforma a la salud se refiere a los Centros de Atención Primaria (CAP), los cuales, según la reforma, vendrían siendo el primer contacto de los pacientes con el sistema de salud, con lo que se buscaría eliminar las EPS (Entidades Promotoras de Servicio). Para realizar esta transición se estima que se establecerían más de 2.500 centros de salud y cada uno atendería alrededor de 20.000 colombianos. Este punto de la reforma es el que más cuestionamientos y controversias ha presentado, pues se argumenta que los CAP, al sustituir varias de las funciones de las EPS, acumularían grandes colas y demoras, pues actualmente las EPS tienen 10 veces más puntos de atención de los que tendrían los CAP. Por consiguiente, estos nuevos centros de atención van a colapsar en el servicio a pacientes debido a que estos no contarían con la estructura necesaria para cubrir el sistema de salud en el país. Por esto, varios sectores del propio Gobierno, como el presidente del Congreso, Roy Barreras, y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, han hecho un llamado a la ministra Corcho y al presidente Petro para mantener el sistema actual de salud, haciendo mejoras a lo que no funciona de este. Otro tema que se resaltó de la reforma es la estrategia para dignificar la labor del personal de la salud como médicos y enfermeras. Sin embargo, sobre este aspecto no se tiene mucha claridad acerca del soporte financiero con el que se lograría este objetivo. Esta reforma buscaría fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud, con lo que se espera contrarrestar la corrupción al dejar a cargo de una sola entidad los temas de salud. La crítica alrededor de este aspecto radica en la suposición de que una institución más fuerte va a reducir la corrupción en el sector salud, cuando en la práctica el exceso de control por parte de una única entidad puede favorecer la proliferación de corrupción. Además de lo anterior, la ministra de Salud dijo que esta reforma busca hacer un sistema más participativo y llenarlo de legitimidad. Por lo anterior, desde el Gobierno Nacional se ha propuesto que se cree un Consejo Nacional de Salud en el que se discutiría toda política pública del sector salud entre el Gobierno y miembros activos de la sociedad, los cuales serían los trabajadores del sector, gremios de la salud, sectores empresariales, indígenas y afrocolombianos. La inconformidad de los sectores políticos Con lo conocido hasta el momento de lo que sería la reforma a la salud, las bancadas ya han comenzado a tomar posiciones sobre el tema. Hasta el momento, el borrador de la reforma de salud no tiene convencidas a las mayorías partidistas en el Congreso. Uno de los primeros en manifestarse fue el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, quien manifestó su descontento con varios de los puntos de la reforma a la salud y solicitó a sus congresistas no apoyar el proyecto de ley que busca transformar el sistema de salud en el país. Ahora bien, veremos si este llamado del expresidente es oído por la bancada liberal, pues varios congresistas de esta colectividad no ven a Gaviria como alguien legítimo para tener las riendas del partido y, por ende, darle instrucciones a la bancada. Por otro lado, el partido Conservador, colectividad que hace parte de la coalición de Gobierno y es dirigida por uno de los grandes aliados de Gustavo Petro, Carlos Andrés Trujillo, tampoco ha manifestado su apoyo a la reforma a la salud. Las pujas internas en el conservatismo y las inconformidades que han expresado algunos congresistas frente al gobierno Petro han llevado a que la bancada haya anunciado que revisará a fondo las reformas que se vienen en este periodo legislativo, entre las que se encuentra la de la salud. En consecuencia, los conservadores han anunciado que se reunirán con asociaciones y gremios de la salud para escuchar sus preocupaciones. Por lo que la posición del partido Conservador frente al proyecto de reforma a la salud dependerá los diálogos con los gremios, la academia, la ciudadanía y demás actores a los que esta reforma involucre, además de la negociación política que puedan llegar a tener con el Gobierno Nacional. Así mismo, el Partido Alianza Verde, uno de los principales aliados del presidente Petro en la coalición de Gobierno, tampoco ha garantizado su apoyo al proyecto de ley que buscaría transformar la salud en Colombia. Varios congresistas de los verdes han manifestado que uno de los puntos que ha generado mayor preocupación en el partido es la posibilidad de que el manejo de los hospitales quede en manos de gobernadores y alcaldes, lo cual podría representar un riesgo de corrupción en el sector salud. ¿Qué se viene para la reforma? Durante las sesiones extraordinarias que darán inicio en febrero, la ministra Carolina Corcho presentará la reforma ante la Comisión Séptima del Congreso, en donde se debatirá su viabilidad. La reforma a la salud será presentada como ley ordinaria por lo que tiene que surtir cuatro debates. Uno en Comisión Séptima de Senado, uno en Comisión Séptima de Cámara, uno en plenaria de Senado y otro en plenaria de Cámara. Respecto a la composición de donde será la primera gran prueba de fuego en el Congreso para la reforma, es decir, las comisiones séptimas, en Cámara está compuesta por 21 congresistas, 17 hacen parte de la bancada de gobierno, dos son independientes y dos son oposición. Y en Senado son 14 congresistas, 10 son de gobierno, dos son independientes y dos son oposición Composición de Comisión Séptima en Cámara Composición de Comisión Séptima en Senado Por las posiciones que en este momento se conocen acerca de dicha reforma por parte de los partidos políticos que se encuentran en el Congreso y tienen representación en las comisiones séptimsa, el panorama es poco alentador para el Gobierno. En la Comisión Séptima de Senado el panorama es el más retador, ya que quien dirige esta comisión y, por ende, quien decide los tiempos en el que los proyectos se discuten, es la senadora del partido de La U, Norma Hurtado, ficha política de la presidenta de esta colectividad, Dilian Francisca Toro. Dilian Francisca Toro ha manifestado en los últimos días su inconformidad con esta reforma. En Cámara el panorama parece ser menos complejo, pues quien dirige la Comisión es el representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf, una de las fichas del Gobierno y de la primera dama, Verónica Alcocer. Respecto a los votos necesarios en comisiones, en Senado necesita ocho votos y en Cámara 12 votos. Por el momento, el Gobierno no tendría los votos necesarios allí para pasar la reforma, pues la mayoría de congresistas están indecisos, pero si sumamos a los partidos ideológicamente más cercanos al gobierno, en Senado apenas se contaría con máximo seis votos (Pacto Histórico, Verde, ASI y Comunes) y en Cámara se tendría 10 votos (Pacto Histórico, Verde, Curules de Paz y Comunes). Teniendo en cuenta esta situación y por como los otros partidos de la colación se han comportado, el partido que le podría otorgar los dos votos necesarios en cada comisión sería el partido conservador, el partido de Carlos Andrés Trujillo. Esta situación lo seguiría afianzando como uno de los principales aliados del gobierno, gobierno con el que per se, están ideológicamente en extremos opuestos. El trámite de la reforma a la salud en el Congreso será muy complejo y con seguridad diferentes colectividades, como el partido Conservador, ejercerán una presión para que se realicen cambios en el contenido de la reforma, o en su defecto, pedirán puestos en el Gobierno para votarla positivamente. Si lo anterior no ocurre, las bancadas liberales y de La U, sumadas a la conservadora, optarían por presionar al Gobierno con su salida de la coalición. Esto podría significar la pérdida de mayorías en el legislativo y por ende que el presidente se quede si gobernabilidad para futuros proyectos de ley. Esto suma a que aumenten las tensiones entre el gabinete y el Pacto Histórico, ya que hay sectores que no están de acuerdo con lo que se ha presentado de dicha reforma.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El gobierno de Gustavo Petro decidió reducir –de manera gradual y sostenida– el subsidio indirecto a los combustibles líquidos en Colombia. Su objetivo, para diciembre de este año, es ubicar el precio de la gasolina corriente en, por lo menos, 16 mil pesos; e igualar en 2024 el precio interno del combustible al internacional, los cuales se distancia hoy entre cinco y seis mil pesos. El último aumento se dio a principios de este febrero. Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el precio para este mes aumentó en un rango de entre 246 y 254 pesos –dependiendo de la distribución geográfica del país–. Y en total, desde octubre de 2022 –cuando comenzó a implementarse la medida– se ha elevado en 1.250 pesos por galón, pasando de una cifra de $9.200 a una actual de $10.450. Esta decisión tiene para el país muchos efectos positivos. En primer lugar, la reducción del déficit fiscal. A principios de este año, el hueco fiscal equivalía al 2.5% del PIB, al ubicarse en la crítica cifra de 40 billones –el doble de lo que obtendrá el Gobierno este año con la reforma tributaria–. Lo que ha obligado al Gobierno a destinar este año 29 billones del presupuesto nacional para pagarle al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Líquidos (FEPC). Además, otro aspecto favorable es el envío de señales a los usuarios del servicio sobre la necesidad de reducir el consumo de hidrocarburos. El aumento del precio del combustible es un incentivo que puede servir para que la gente transite en los próximos años al uso de energías renovables. Lo cual es coherente con el compromiso que ha asumido el Gobierno con el planeta, de trabajar por la reducción de gases de efecto invernadero y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, para el gobierno Petro la reducción al subsidio de la gasolina representa, tal vez, la medida más antipopular que ha tomado durante sus primeros seis meses de mandato. El aumento del precio hará, los más probable, que su imagen positiva caiga, incluso, afectando su gobernabilidad. Y lo peor, es una decisión que lo acompañará hasta el fin de su mandato en 2026, momento en que se comprometió a entregar saneado el FEPC. Lo anterior se debe, en parte, a que existe en el país la creencia infundada de que el precio de la gasolina impacta negativamente el precio de toda la canasta familiar. Idea que, aunque no es cierta, sí tiene efecto inmediato en la variación de los precios algunos de algunos bienes y servicios que se consumen en Colombia, lo cual afectará negativamente el control de la inflación y aumentará la pobreza. Un efecto que el Gobierno ha tratado de evitar mediante el no incremento exagerado del precio del galón de diésel o ACPM, insumo que usan la mayoría de los transportadores. En los meses anteriores el alza de este carburante no ha superado los 100 pesos, incluso en febrero no hubo incremento en este rubro. A pesar de ello, hay riesgo de que los transportadores, en especial, el gremio de los taxistas, salgan a la calle a manifestarse contra esta decisión del Gobierno Nacional. Precisamente, tratando de evitar efectos negativos como estos, los antecesores presidenciales no quisieron tomar la decisión de aumentar el precio de la gasolina y dejaron el problema a los gobiernos posteriores. El expresidente Iván Duque, por ejemplo, a pesar de conocer el problema tan grande que existía, no quiso asumir los costos políticos que tiene el aumento del precio de la gasolina y mantuvo el subsidio, agravando con ello el déficit fiscal. En conclusión, durante los próximos meses veremos cómo en Colombia se reducirá el subsidio al consumo de gasolina corriente. El Gobierno Petro ha decidido asumir un costo político importante, el cual podrá ser aprovechado en un año de elecciones políticas. Situación que provocará una sensación de descontento popular. En este contexto, las tareas que tiene el Gobierno son diversas, entre ellas: primero, trabajar para el control de la inflación. El Gobierno no puede permitir que el aumento justificado del precio de la gasolina corriente se traslade al precio de todos bienes y servicios que consumimos en Colombia, lo que provocaría que el bolsillo de los hogares se afecte. Segundo, explorar otros caminos para aumentar los ingresos tributarios del Estado. Una vez se comience a reducir el consumo de gasolina, también caerán los impuestos a los combustibles y la sobretasa a la gasolina que recibe el Estado, los cuales suman este año unos $9 billones. Tercero, continuar en el camino de reducir el déficit fiscal. Como lo ha dicho el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el déficit seguirá creciendo estos próximo dos años –para este lo hará en cerca de 4 billones–, hasta que el precio interno de la gasolina se iguale con el internacional. Afortunadamente, durante este tiempo lo hará con menos celeridad, debido precisamente, a la decisión impopular que tomó. En este último sentido, el Gobierno tendrá que recordarles a los usuarios del servicio que, a pesar del incremento, aún tenemos la tercera gasolina más barata de América Latina, después de Venezuela y Bolivia. Igualmente, enfatizar en lo importante que resulta para el país mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y seguir las indicaciones del Comité de Regla Fiscal frente a la responsabilidad fiscal. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis En esta última década se han celebrado a lo largo de América Latina y el Caribe los dos siglos de la independencia del colonialismo español, portugués y francés, fundamentalmente. Son dos siglos de vidas republicanas que debieron ser mejor celebrados, por lo menos en cuanto a Colombia se refiere, donde los actos han sido más bien pocos y restringidos a los pequeños círculos de los historiadores, lo cual, siendo importante, debió concitar dinámicas en la escuela y las universidades, por solo mencionar dos espacios de la vida social que pudieron ser convocados para promover un apersonamiento con rigor de lo que significó la formación y desarrollo de estas jóvenes repúblicas que siguen buscando caminos de democracia y equidad. Hace pocas semanas se desarrolló en Argentina la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y El Caribe, la CELAC, instancia conformada en el 2011 ante la crisis de la OEA como un espacio para pensar y proyectar a este conjunto de países que compartimos una historia y en buena medida una lengua. En la cumbre de la CELAC, el presidente Gustavo Petro hizo énfasis en una integración basada en proyectos compartidos. Habló de asumirnos como una región libre de hambre, que fortalezca su potencial de producción de alimentos para el mundo, que asuma una industrialización truncada, que salga del extractivismo y le dé valor agregado a nuestros recursos, que trabaje por una transición energética compartida y que pueda relacionarse con los Estados Unidos y con todos los bloques regionales y potencias del mundo de manera más igualitaria, mediante la construcción de consensos regionales que nos permitan ser una voz fuerte en el mundo. El presidente Petro ha venido insistiendo en una acción coordinada desde América Latina y el Caribe para proteger la Amazonía con una política de protección compartida para poder negociar a nivel global las políticas que hagan viable la conservación de este importante ecosistema. Igualmente ha venido promoviendo la iniciativa de una acción conjunta para redefinir la política frente a las drogas y ha sumado a la agenda un diálogo sobre la migración, para lo cual ha concertado una conferencia en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda que estos temas son de interés mundial, y Colombia, con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, puede concitar una acción de toda América Latina y el Caribe. Vamos a ver cómo se desarrolla esta ambiciosa y necesaria agenda en los próximos meses y durante el cuatrienio del presidente Petro, que se ha convertido en un líder con voz y propuestas en todos los escenarios internacionales a los que concurre. En América Latina y el Caribe hay efervescencia de propuestas y ánimo de avanzar en mayores procesos de integración, lo cual es una necesidad. Y la agenda marcada por el presidente Petro se constituye en una buena plataforma de acción conjunta sobre procesos de amplia envergadura como los ya mencionados. A final de este año se cumplen doscientos años del famoso discurso del presidente James Monroe, que ante el Congreso de los Estados Unidos trazó la política del supremo interés de ese país por ser plenamente activo en sus relaciones con América Latina y el Caribe para contener la presencia de otros poderes (en su momento de la acción de Europa en franco declive en nuestro continente, y asumirse como el gran líder, no solo en el continente, sino en todo el mundo, y a fe que lo lograron en el siglo XX). América Latina y el Caribe, y nosotros como República de Colombia, debemos seguir desarrollando una relación con los Estados Unidos sobre nuestros mutuos intereses y buscando una acción que sirva al conjunto de América. Y esto pasa por mucho diálogo y concertaciones difíciles. Ahora que se cumplen doscientos años de la famosa doctrina Monroe, es un buen momento para pensar en balances y proyecciones de la relación de América Latina en sus retos de integración y de la enorme y rica agenda que tenemos con los Estados Unidos. Aquí pueden escuchar la presentación del presidente Gustavo Petro ante la cumbre al Celac: *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista Lea la segunda parte de esta columna aquí. “Simón Bolívar, asesino del pueblo pastuso”, gritaba un grafiti en las paredes de Pasto por los días de las celebraciones del Bicentenario del Grito de Independencia en la Nueva Granada (20 de julio de 1810). Y es lo que opinan algunos historiadores nativos sobre los hechos acaecidos el 24 de diciembre de 1822, cuando las tropas del ejército patriota, comandadas por el Mariscal Antonio José de Sucre, con el temible Batallón Rifles en la vanguardia, y con reprobable sevicia retomaron Pasto por orden del Libertador para reducir la enconada resistencia de una sociedad que, en lealtad a la corona española, se había opuesto, una y otra vez, con triunfos, retiradas y derrotas, a ser parte de la causa republicana. Como tantas cosas de la historia centralista, épica y heroica construida sobre nuestro pasado, este hecho doloroso es desconocido o distorsionado y generó, en un sector de la comunidad pastusa, cierto resentimiento hacia una institucionalidad centralista impuesta, a la que con disgusto se fue adaptando con los años. En el centro del país (al norte), el hecho popularizó incomprensión y sorna contra los pastusos, actitudes que apenas empiezan a superarse gracias a aproximaciones explicativas que intentan profundizar en las causas, las relaciones y las emociones que motivaron las posiciones y actitudes que llevaron al desencuentro entre Colombia y Pasto. El afecto a la monarquía por los pastusos no estuvo exento de rebeldía, al punto que el primer pronunciamiento contra la Corona en la América española salió de la garganta del prócer Gonzalo Rodríguez, “El precursor de precursores”, muy pronto, en el siglo XVI. Violentas asonadas indígenas, duramente reprimidas, contemporáneas del sonado levantamiento comunero del Socorro, echaron para atrás diezmos, alcabalas y estancos en Pasto, Túquerres y Tumaco. La primera batalla por la independencia del subcontinente se libró en Funes. Las primeras heroínas de la causa libertaria fueron damas pastusas fusiladas por su apoyo a las huestes patriotas. Y, por si fuera poco, el pueblo de Pasto, a través de su cabildo, suscribió una declaración de adscripción a la emancipación y tuvo un gobierno republicano en cabeza del caleño Caycedo y Cuero durante diez meses, en 1812. En adelante, los desacuerdos con los propósitos reformistas del liderazgo patriota, que arriesgaban la autonomía comarcal derivada de una insularidad entre riscos, mas no aislada; una economía de supervivencia e intercambio, una vida austera sin sobresaltos; un vasallaje fiel simbólicamente recompensado con tacañería, grandes haciendas y tierras comunales en un mismo régimen; y un apego religioso fanático de indios, mestizos pobres y élite acaudalada, generaron una amarga época de cruentos enfrentamientos. Las tropas patriotas, desde la proclama de Independencia, en su afán de avanzar y expandir la enseña libertaria al sur, se toparon con una geografía intransitable y mortal, desde los demenciales calores del Patía, el vértigo del agreste cañón del Juanambú y un paso cundido de precipicios y esfuerzos inhumanos en la escalada en las proximidades de Pasto, “Las Termópilas de América”, describió el General Santander. También tuvieron que lidiar con un pueblo bravío, fiel y obstinado que durante varios años defendió hasta con las uñas su realismo. Milicias y tropa monárquica derrotaron a las fuerzas independentistas quiteñas en Funes en 1809 y Pasto en 1811. Derrocaron al breve gobierno republicano de Caycedo y Cuero, y repelieron las arremetidas, amenazas y actos que consideraron felonía del gringo Macauly, quien, ante el rechazo, ofreció reducir a Pasto a cenizas. Hechos que culminaron con el fusilamiento de estos personajes y decenas de oficiales patriotas. En mayo de 1813, las tropas de Antonio Nariño no pudieron llegar a “comer el pan que lo hacen del bueno” que les ofreció, pues fueron contenidas en las goteras de la villa, con la captura y destierro del precursor, en cuyo honor se levantó, en el siglo XX, una estatua en la plaza principal de Pasto, en un acto de reconciliación y nobleza de su gente. La ciudad fue centro de operaciones y apoyó con pie de fuerza la resistencia a la Primera República, la Reconquista de Morillo y los últimos esfuerzos realistas por frenar la Independencia. Tras el triunfo de Boyacá y la liberación del centro de la Nueva Granada, la estela victoriosa del ejército patriota se estrelló con la milicia pastusa en la Batalla de Genoy, el 2 de febrero de 1821, parando en seco la orden de Bolívar a Manuel Valdéz de someter a Pasto. Dosis similar le propinaron meses después, el 12 de septiembre, a los destacamentos del General Sucre, en la localidad de Guachi, cerca de Ambato, Ecuador. Con la victoria patriota en Pichincha, el 24 de Mayo de 1822, se revirtió la situación. El armisticio pactado con el ejército realista incluyó a Pasto pero sus habitantes se resistieron airadamente. El 7 de abril de 1822, en Bomboná, el ejército republicano al mando del Libertador confronta a los realistas en una agotadora y desgastante jornada que termina en tablas con la anécdota de los comandantes adversarios (Bolívar y García) procurando mostrar su preminencia. Durante semanas los enemigos se rondaron dándose tiempo. El comandante español Basilio García conocía del armisticio y maniobró para sacar ventaja de un trato con Bolívar, quien ignoraba las noticias provenientes de Quito. Finalmente, el 6 de junio, se firma la capitulación de los reductos monarquistas. Bolívar concede a los pastusos un tránsito sin vindictas al régimen republicano, respeto de la propiedad, y exención de tributos a los indios. A día siguiente, entra a Pasto con el avenimiento de las autoridades y personas de la élite, entre ellos el obispo de Popayán, Salvador Jiménez de Enciso, quien, tras años de denostar y maldecir al “mismo demonio” y ofrecer a los antibolivarianos que de morir por la causa “entrarían con derechura al cielo”, en un cambio de bando digno de los tiempos actuales, y estimulado por el propio Libertador, para atemperar la iracundia popular, lo recibió con bendiciones. Desde el Ecuador, algunos mandos realistas en desbandada retornan a Pasto para intentar recuperar la ciudad, objetivo en el que instigan al levantamiento liderado por los militares José Benito Boves, Agustín Agualongo, Estanislao Mercanchano y otros indígenas, mestizos y negros enmontados que, en nombre del rey, “traicionado con la rendición”, mantuvieron en tensión la ciudad por varios años. El 28 de octubre de 1822 estalla la ofensiva antirrepublicana con la toma de Pasto y el nombramiento de Mercanchano como gobernador. Sucre y Córdoba, prestos para atacar al Perú, objetivo final de Bolívar para desterrar el imperio español, dieron la vuelta y avanzaron desde el Ecuador para sortear el escollo y fueron repelidos por Boves y su gente el 22 de noviembre, en Taindala, en el cañón del río Guaitara, cerca de Túquerres. Tras tormentosos esfuerzos, un mes después, la tropa patriota despoja a los insurrectos de esa ubicación, no sin antes padecer de nuevo las descargas de fusil y piedra de los indios parapetados en lo alto de la montaña, lo que excitó el rencor y ánimo de venganza por el inhumano sacrificio de combatir peña arriba en desventaja. Benito Boves y su gente corrieron en desbandada, Agualongo y Mercanchano se escondieron, dejando a la inerme población de Pasto a su suerte. La ira acumulada por los patriotas tras años de derrotas en “el país de los pastusos”; las bajas, deserciones y padecimientos en una ruta de espanto; el rompimiento inexcusable de una tregua que suponía el fin de la confrontación; y la angustia de Bolívar al ver a Pasto convertida en burladero a su ambición de gloria que sería coronada con una victoria patriota en el Perú —“...es la puerta del sur y si no la tenemos expedita, estaremos cortados por siempre; por consiguiente es de necesidad que no haya un solo enemigo nuestro en esa garganta”—, fueron factores que rebosaron la copa y la cordura. Antecedentes que explican, más no eximen ni justifican, la responsabilidad del mando patriota en la noche aciaga del 24 de diciembre de 1822. Vencidos los obstáculos de acceso y poseída por la rabia incontrolable, la tropa al mando de Sucre se dio a la comisión de todo tipo de excesos, actos aberrantes, robos, violaciones y una matanza demencial. El General José María Obando, que mutó de realista a patriota y en el inicio de la era republicana sería polémico protagonista de la historia de Pasto y el país, consignó en sus memorias: “No séd cómo pudo caber en un hombre tan moral, humano como Sucre, el entregar a aquella ciudad a muchos saqueos, de asesinatos y de cuanta iniquidad es capaz la licencia humana”. La cifra de muertos, entre ellos ancianos, niños y mujeres, se calcula en cerca de 300, un genocidio en una ciudad que no superaba para entonces los 7 mil habitantes. La aversión al empeño bolivariano se acrecentó con las estrictas medidas ordenadas por el Libertador para asegurar la plaza, al entrar a la ciudad amedrentada en el despuntar del año nuevo de 1823, deshaciendo las promesas de buen trato suscritas en las capitulaciones. Destierros, alistamiento forzado en la tropa, tras engañar a los varones con ofertas de salvoconductos, confiscaciones y expropiaciones a favor de mandos castrenses, reimposición de tributos y horrorosas ejecuciones, fueron las sanciones aplicadas con saña por el inclemente Salom y otros oficiales designados por Bolívar, que así acicatearon la insubordinación en los sectores populares, ya que las élites avalaron el nuevo poder. No obstante, rasos alistados a la fuerza y oficiales pastusos, fueron fundamentales en la Batalla de Ayacucho, que selló la Independencia sudamericana. Se dice que las notas del bambuco La Guaneña y el inspirador grito “¡Paso de vencedores!”, del coronel José María Córdoba, fueron determinantes en la victoria comandada por el Mariscal Sucre en el Condorcurca. Durante un tiempo, una insoportable inestabilidad, en medio de asaltos y emboscadas, se convirtió en muralla impertinente para rematar la epopeya libertadora hacia el sur. La historiadora Marcela Echeverry sostiene que uno de los objetivos de los levantamientos “a no dudarlo, era impedir el encuentro de Bolívar con San Martín en Guayaquil”, que definiría los pasos a seguir para emancipar a Perú y consolidar la Independencia de la América de Sur de la dominación española. Pero más allá de ese propósito, acorde con la lógica de una rebelión en defensa del sistema imperante, a estas alturas también era indudable que en los realistas pastusos bullía un ánimo de venganza y supervivencia al saberse ante una amenaza de destrucción, dado que la consigna de los patriotas era imponerse sin concesión y a cualquier costo. En junio de 1823, los rebeldes realistas derrotan a Juan José Flores, toman Pasto, imponen su mando e intentan expandir la guerra al Ecuador; el 17 de julio, Bolívar vapulea cruentamente a Agualongo y su gente en Ibarra; el 18 de agosto, el adalid pastuso vuelve sobre Pasto y obliga la retirada de Salom y sus hombres; en diciembre, el general Mires desaloja con superioridad a los realistas; Agualongo, reducido, se dirige a Barbacoas en busca de recursos y un supuesto respaldo del ejército español desde el Perú, para ser finalmente derrotado, capturado y enviado a Popayán, donde fue fusilado, el 13 de junio de 1824, tras pedir no ser vendado y gritar a todo pulmón “¡Viva el Rey!”. Desde bien temprano en las aspiraciones emancipadoras de la Nueva Granada surgió la malquerencia de los mandos y autoridades republicanas hacia los pastusos, firmes en la defensa de la monarquía, sus creencias atávicas y las relaciones sociales imperantes. A los llamados patriotas a sumarse a su causa, los notables pastusos, y luego los irreductibles guerrilleros, respondieron con vehemencia que no era su propósito “mudar de sistema”, que las promesas eran engaños y que los dejaran tranquilos como habían vivido. A las conminaciones, respondieron con ardentía y orgullo: ¡aquí los esperamos! Posición que, junto con una tenaz resistencia con pocos rifles y muchos machetes, palos, lanzas y guijarros, los colocó en el bando de los peores enemigos. Con Numancia comparó Bolívar su templanza. Los intercambios epistolares sostenidos con intermitencia durante tres lustros, dan cuenta del escalamiento de las tensiones en un ciclo continuado de llamados, amenazas, rechazos, combates y pausas, cortas o largas, de nerviosa expectación. Hastiado con las respuestas de la contraparte, en comunicación del 6 de abril de 1814, Antonio Nariño advertía al Cabildo de Pasto adverso y contestatario: “… y por última vez digo a Usía muy ilustre, que si me hace un solo tiro, fiados en la indulgencia que he usado en todos los pueblos de mi tránsito, Pasto queda destruida hasta en sus fundamentos… Es preciso que antes de romper fuego, se decida abiertamente a hacer causa común con nosotros o a quedar destruida, y destruida de un modo que jamás pueda volver a ser habitada”. Amenaza a la que el Cabildo a su vez ripostó: “sería impertinente preguntar a Usía con qué autoridad viene a invadir a un pueblo que halla su conveniencia en vivir bajo las sabías y equitativas leyes del Gobierno español, porque por lo mismo se trata de invasión… puede Usía escoger a lo largo del Juanambú, el punto que le parezca más a propósito para terminar nuestras diferencias. En todos ellos encontrará Usía pastusos y encontrará víctimas generosas decididas a ser inmoladas sobre los altares de la patria…”. Una década después, ante el levantamiento popular realista que rompió el armisticio logrado luego de la Batalla de Bomboná, Bolívar, encolerizado, el 28 de junio de 1823 lanza una proclama virulenta: “la infame Pasto ha vuelto a levantar su odiosa cabeza de sedición… Esta vez será la última de la vida de Pasto: desaparecerá del catálogo de los pueblos si sus viles moradores no rinden sus armas”. Y para no quedar en palabras, en Ibarra, enfrentó iracundo (se rumora que alicorado) la montonera de Agualongo, que vio caer ochocientos de sus paisanos. Ni las catastróficas derrotas, ni la evidente superioridad militar de los republicanos, amilanaron o hicieron claudicar a los pastusos. Las ofertas pacificadoras del General Santander, encargado del gobierno, y de Bolívar, al mando general de la tropa patriota en la cruzada libertaria del sur, consternada con el cruel empecinamiento y estorbo a los planes libertarios, eran rechazadas en forma delirante, pero cargada de dignidad y fidelidad. Una propuesta de Santander, del 6 de noviembre de 1823, en tal sentido, recibió la contestación estrambótica de Mercanchano: “no entraré en otra negociación, no siendo en la que Colombia rinda las armas y vuelva al rebaño donde se descarrió desgraciadamente, cual es la España y sus leyes; de lo contrario tendrán sus hijos la gloria de morir por defender los sagrados derechos de la religión, la obediencia al rey, su señor natural, primero que obedecer a los lobos carniceros e irreligiosos de Colombia”. En los estertores de la resistencia realista y consolidada la Independencia, desde Bolivia, el Libertador, aun precavido, obsesionado y consciente de los sufrimientos causados en su campaña, escribió a Santander, el 21 de octubre de 1825: “los pastusos deben ser aniquilados, y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a cien años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos”. Sentencia que atenuaría tras sucesivas estancias en la ciudad, entre 1826 y 1830, al comprobar el despoblamiento y la miseria en que la guerra había dejado esa comarca y la melancólica tranquilidad de sus diezmados habitantes, comprometiéndose a procurar mermar tales padecimientos. Pero su orden de que Pasto debía ser “destruida hasta en sus elementos” y la referencia “los pastusos son los demonios más demonios que han salido de los infiernos", grabadas en la memoria de generaciones, contrario al culto en otros lugares de América, dejaron, en muchos pastusos, resentimiento y odio al “más tirano de los intrusos”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista Lea la primera parte de esta columna aquí. El repudiable episodio de la “navidad sangrienta”, como tantos otros que degradan al ser humano en medio de la bestialidad de las guerras, ha servido en Pasto para fundamentar hasta el presente en el imaginario de algunos publicistas y jóvenes rebeldes, ávidos de héroes y mitos fundacionales propios, un contradictorio y obcecado antibolivarismo, a veces extremado con nostálgicas evocaciones monarquistas, y la exaltación fantasiosa de las hazañas de Agustín Agualongo. En la trampa antinómica cayó la regional sur de la guerrilla bolivariana Movimiento 19 de Abril, al sustraer de la Iglesia de San Juan Bautista los supuestos restos del valiente, leal e intransigente líder realista para reivindicar su rebeldía, en un operativo similar a la “recuperación” de la Espada de Bolívar en Bogotá con la que se dio a conocer esta guerrilla en 1974. Estos elementos antagónicos en su significado fueron devueltos por el M19 al gobierno con la firma de la paz en 1989. Antonio Navarro, mando del grupo y luego Constituyente, al parecer partícipe del mencionado “operativo”, en una iniciativa inexplicable como alcalde de la ciudad, propuso cambiar el nombre de la Plaza de Nariño (en honor al prócer traductor primigenio de los Derechos del Hombre y el Ciudadano) para honrar al caudillo monarquista y logró que así se nombrara una avenida vial. Y, en 2010, en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional, siendo gobernador, Navarro decretó el “Año Agualongo”, en cuyo acto central se rindió homenaje a la urna mortuoria, retirada de la iglesia —a donde Navarro la había regresado— y trasladada, en desfile encabezado por él, a la plaza en la que se realizó una programación artística y académica y una misa campal bajo la enseña “Por nuestra tierra ¡Agualongo vive!”. Esa visión reivindicativa anacrónica de ribetes pasionales renace de cuando en cuando en el arte y la literatura, como en el caso de la novela La carroza de Bolívar de Evelio Rosero, publicada en 2012, en la que el escritor hermana al revolucionario Carlos Marx con el ultraconservador pastuso Rafael Sañudo —ambos autores de cuestionadas biografías por sus exageraciones y animadversión— para fundamentar la “desacralización” del patriota venezolano, desaprobar su causa, mermar su hazaña y cobrar cuenta de sus desafueros. La carroza “El Colorado”, del artesano Carlos Riberth Insuasty, ganadora de los Carnavales de Blancos y Negros de 2018, apela al nombre de un barrio, supuestamente llamado así por el río de sangre derramada aquella Navidad, para nombrar un motivo plagado de referencias condenatorias a Sucre y Bolívar y sus subalternos, aunque para otros no es más que la referencia al color del suelo de origen volcánico en las laderas del Galeras. Algunas canciones del grupo folk Bambarabanda, una cantata de Apalau motivada en el hecho y temas de otros conjuntos de música andina, son expresiones de protesta sobre la realidad actual, pero no dejan de reclamar a Agualongo como inspirador de su inconformidad. Desde la propia Pasto son ingentes los esfuerzos de intelectuales y académicos por orientar una apreciación que, más allá de los incidentes, a veces imposibles de eludir o justificar, como la “navidad triste”, valore la magnitud del empeño bolivariano por la libertad de las colonias americanas de España, sin dejar de censurar las tropelías de esa obsesión intransigente. Libertad que los pastusos de entonces identificaban con el derecho a proclamarse súbditos de la monarquía y algunos hoy reclaman para fundamentar una beligerancia progresista. Un oxímoron en una historia patria plagada de falsedades y contradicciones. Una nueva corriente de historiadores profesionales envía otras señales. Los indios de Pasto contra la República (1809-1824), de Jairo Gutiérrez, premio Alejandro Ángel Escobar de Ciencias Sociales en 2007, desentrañó las raíces de la subordinación y la resistencia, con relación a la propiedad y los arreglos sociales en torno a la explotación de la tierra, en donde la defensa del haber comunitario se mantiene hasta hoy. Marcela Echeverry, a partir de las negociaciones y acomodos al interior de las relaciones monarquía-súbditos, señala que la de los indios pastusos realistas “estaba lejos de ser una actitud ‘ingenua’ y conservadora. Fue una opción política que los beneficiaba según sus posiciones de clase al interior de las comunidades”. De paso, refuta la historiografía patriótica que alimentó la escuela primaria de los colombianos, construida a partir de la discriminación y el supremacismo de la imposición republicana, basada en relatos de protagonistas parcializados como José Manuel Restrepo o José María Espinosa. Como sorpresa, en el bicentenario de la “navidad negra”, la historiadora pastusa Isabel Arroyo, con Pasto. Al borde de la Nación al centro de la historia (1822-1839), tesis doctoral y mención de honor 2020 del premio Alejandro Ángel Escobar, inscrita en las nuevas perspectivas de la historiografía, da un vuelco a la interpretación tradicional del realismo pastuso y de la forma como la región, que abarca a la ciudad, en sus demandas propias o como escenario de las reyertas políticas caudillistas, se integró, desde la periferia y, en muchas ocasiones, como epicentro, a la historia nacional. Da sustanciales pistas para comprender las motivaciones de las que un ilustre republicano calificó como “masas ignorantes y fanáticas”. Si se atienden bien los nuevos hallazgos, no tiene por qué extrañar que Pasto, y el departamento de Nariño, tras un exasperante conservadurismo, sean en la última media centuria, y a pesar de los hondos conflictos que los atormentan, un importante bastión electoral de izquierda y progresista, cada vez más abierto al país y al mundo, desde la revitalización orgullosa de su idiosincrasia y valores. Es hora de aceptar, que la “navidad sangrienta” es un hecho del pasado y que, como parte de Colombia, nos unen luchas por un mejor destino común. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: María Victoria Ramírez One man come in the name of love One man come and go One man come he to justify One man to overthrow In the name of love What more in the name of love? Canción de U2 (Pride, In the name of love) Un hombre viene en nombre del amor Un hombre va y viene Un hombre viene a justificar Un hombre para derrocar En nombre del amor ¿Qué más en nombre del amor? Mi primera columna del 2023 la ocupa un tema doloroso. El muy probable feminicidio de la colombiana Valentina Trespalacios a manos del norteamericano John Poulos. Al escribir el nombre de Valentina Trespalacios en el buscador de Google el día 31 de enero, nueve días después de su muerte, aparecieron cerca de 25.700.000 resultados en 0,57 segundos. ¿Qué consultar y sobre todo qué decir sobre el caso? Hago una lista de los elementos del video que publica la Revista Semana en el que se muestra al presunto feminicida saliendo de la escena del crimen hacia el parqueadero para escapar: las llaves, la cobija gris, el carrito metálico de mercado, la botella de agua, el ascensor, el automóvil blanco, el parqueadero, la maleta azul y dentro, se presiente, el cuerpo inerte de Valentina. John Poulos esperando el ascensor, llegando al parqueadero, bebiendo agua, de un solo envión levantando la maleta y depositándola en la cajuela del automóvil, subiendo al auto, retrocediendo y, finalmente, desapareciendo de la cámara. Muchos artículos hacen mención de los celos como el móvil de este feminicidio. Algunos, incluso, lo denominan crimen pasional, denominación que debería eliminarse del lenguaje periodístico a la hora de abordar un delito como feminicidio, que está tipificado en el código penal colombiano. En honor a la verdad, creo que la mayoría de los seres humanos por rabia o por dolor llegan a pensar en matar. Pero de ahí a ejecutar hay una distancia y lo que llega a mediar eso es la razón y la palabra. Según Sigmund Freud: “el primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización”. El tema es que aquí no hay enemigo, sino un ser humano, una mujer que se convierte en el objeto obsesivo del deseo y se le elimina porque el feminicida se cree con el derecho de hacerlo y, lo peor, se le une un coro de voces en los medios de comunicación, en las calles y en las redes sociales que lo justifican. ONU-Mujeres Colombia presenta la siguiente definición de feminicidio: El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. Este fenómeno ha sido clasificado según la relación entre víctima y victimario en cuatro categorías: i) Feminicidio de pareja íntima, ii) Feminicidio de familiares, iii) Feminicidio por otros conocidos y iv) Feminicidio de extraños, todos estos atravesados por las diferentes opresiones que viven las mujeres día a día. El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres, y no puede entenderse sólo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia, en la que el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de todas. En el caso de Valentina estaríamos frente a un feminicidio de pareja íntima. Un novio que contrató a un investigador privado para seguir a su pareja y que planeó y ejecutó su muerte. Hay dolo allí, según el lenguaje de los abogados. Lo peor es que el caso de Valentina, aunque ha tenido un gran despliegue mediático, no es aislado. Según El Observatorio Colombiano de Feminicidios, se registraron 614 feminicidios en el país en 2022. Algunos han llamado el feminicidio como la pandemia silenciosa, y no están lejos de la verdad. De nuevo, según ONU-Mujeres, en 2021 unas 45.000 mujeres y niñas de todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas u otros familiares (incluidos padres, madres, tíos y hermanos). Esto significa que, en promedio, más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. Las parejas actuales y anteriores son, de lejos, los autores más probables de feminicidio, ya que representan una media del 65% de todos los homicidios relacionados con la pareja y la familia. El feminicidio puede y tiene que evitarse. Implica el compromiso y el trabajo coordinado de las entidades del Estado, las organizaciones de mujeres y la comunidad para educar y prevenir, para endurecer las leyes contra los agresores y para fortalecer a las organizaciones que previenen, investigan y denuncian todas las formas de violencia contra las mujeres. Así que lo que toca es continuar levantando la voz, seguir denunciando, seguir educando, seguir pidiendo justicia y no aceptar bajo ningún argumento que en nombre del amor se nos siga matando. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 22 de enero fue hallado el cuerpo sin vida de Valentina Trespalacios, una joven DJ influencer que tan solo tenía 23 años. Su cuerpo fue encontrado dentro de un basurero ubicado en Fontibón, localidad de Bogotá. Según los resultados de la autopsia, Valentina murió por asfixia mecánica, es decir, por ahorcamiento. El principal sospecho es John Poulos, quien era la pareja sentimental de la víctima y fue la última persona en verla con vida. El señalado fue capturado en Panamá esperando tomar un vuelo hacia Turquía. Su captura se dio dado que varias pruebas indican que este hombre podría ser el presunto asesino de la joven. Según las autoridades, luego de recoger diversos testimonios de amigos y familiares de la víctima, este hombre mantenía una actitud posesiva frente a Trespalacios, incluso, habría contratado un investigador para seguirla. Asimismo, durante el arresto, las autoridades evidenciaron que John Poulos tiene heridas en su cara y cuello, al parecer, consecuentes de rasguños. Es por esto que organizaciones de mujeres y feministas han insistido a las autoridades en que este crimen debe ser investigado como un feminicidio y no como un homicidio, teniendo en cuenta que en la tipificación del delito de feminicidio del artículo 104A de la Ley Rosa Elvira Cely, este delito consiste en la muerte de una mujer por su condición de mujer o por motivo de su identidad de género, en casos en los que hayan concurrido algunas circunstancias que caractericen un estado de dominación o subordinación de la mujer hacia su presunto asesino. Es por esta razón que, según Mónica Godoy Ferro, antropóloga y maestra en estudios de género, este caso, teniendo en cuenta el artículo 104A de la Ley Rosa Elvira Cely, y algunas evidencias contra el sospechoso, es un feminicidio, pues una de las características que se evidenciaron fue el control sobre el cuerpo y la vida de la mujer. “Insistimos en que este caso sea materia de investigación bajo el tipo penal de feminicidio”, dijo Godoy. Este hecho consternó a todo el país, dado que no es el único que se ha registrado este año en Colombia. El primer feminicidio reportado durante este 2023 fue en el municipio de Yondó, Antioquia, en el que un hecho de intolerancia acabó con la vida de una mujer de 23 años de edad. A este registro en el primer periodo de este año, se le sumaron otros dos casos, uno en Itagüí y el otro en Medellín. En todos estos crímenes, la principal víctima ha sido la mujer y el principal sospechoso ha sido un hombre (pareja, expareja, compañero, vecino o familiar). En lo que va este año se han registrado, según la Fundación Feminicidios Colombia, más de cinco mujeres víctimas de feminicidio. Según esta misma organización, el año pasado se registraron 258 feminicidios. Los departamentos con más casos fueron: Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. Cabe añadir que el Observatorio de Asuntos de Género ha señalado reiteradamente que las cifras reales de feminicidios no son fieles a la realidad que viven las mujeres en el país, esto debido a que muchos son aún catalogados erróneamente como homicidios. Este no es el único delito que sufren las mujeres de manera diferencial. Según el informe “Vivir sin miedo: informe de violencias basadas en género 2021 y primer cuatrimestre 2022”, realizado por la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el SIEDCO registró entre enero y abril de 2022 un total de 9.327 casos de delitos sexuales contra hombres y mujeres a nivel nacional. De ese total, 7.619 casos se cometieron contra mujeres y niñas. En la capital, Bogotá, se observó que los delitos sexuales contra niñas y adolescentes son los que registran el mayor porcentaje de denuncias, los cuales se cometen en su mayoría en vías públicas. Según Mónica Godoy Ferro, los gobiernos muchas veces son indiferentes frente a este tipo de violencias diferenciadas. Un ejemplo de ello son los dos casos que involucran a hombres cercanos al gobierno actual; el primero es de un profesor de una universidad, el cual está siendo juzgado por acceso carnal violento agravado por la confianza; y el segundo es el de otro profesor, quien había sido designado como embajador en Emiratos Árabes. “Es una profunda indiferencia frente a este tema y cuando se trata de personas que son cercanas al gobierno hay silencios que son muy preocupantes, sobre todo en un país con las cifras de violencia sexual y feminicidios que tenemos en Colombia”. Godoy añadió que una manera efectiva de prevenir los feminicidios es que se tomen en serio las denuncias que realizan las mujeres, quienes buscan ayuda tanto en las autoridades como en otras instituciones, y también en la propia familia. Pues algo que se ha evidenciado es que muchas veces son cuestionadas e incluso las revictimizan, lo que ocasiona una mayor posibilidad de que la violencia aumente, pues cuando la mujer busca algún tipo de ayuda su agresor identifica, en su pedido de auxilio, una pérdida de control, es decir, se siente sin el poder de controlar el cuerpo de la mujer, por lo tanto, las mujeres corren un mayor riesgo al denunciar. Finalmente, se espera que las instituciones mejoren la atención y que las denuncias que las mujeres realicen sean escuchadas y atendidas antes de que se conviertan en feminicidios. Asimismo, que haya una mayor discusión social, cultural y ética en la sociedad, con el fin de poner en cuestión este tipo de violencias.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 10 de enero en una vereda del municipio de Puerto Rondón, Arauca, se registraron fuertes combates entre el ELN y el ‘Batallón Héroes y Mártires’ de las disidencias de las FARC. El enfrentamiento dejó un total de 10 fallecidos, todos miembros de las disidencias, entre ellos alias ‘Solín’, cabecilla financiero de la facción de las disidencias conocida como el Frente 10. A causa de estos combates, en el municipio 12 comunidades quedaron confinadas y varios de sus habitantes se vieron en la necesidad de desplazarse para proteger sus vidas Según la Defensoría del Pueblo, estas confrontaciones se deben a una disputa por el control territorial, con el objetivo de apoderarse de los corredores para las rentas ilegales en el territorio, especialmente en la zona de la frontera con Venezuela. Los enfrentamientos entre estas dos organizaciones criminales no son nuevos. Iniciaron una guerra frontal el 02 de enero de 2022, en una serie de acciones que dejaron al menos 22 muertos al finalizar el año. Los municipios más afectados por esta confrontación son Tame, Saravena, Fortul y Arauquita, lo que confirma que Arauca es actualmente uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. Así, se cumple un año de fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en Arauca. Debido a esto, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado al ELN y a las disidencias de ponerle fin a las confrontaciones en el departamento, pues recordó que el año pasado se registraron 352 homicidios a causa de esto. “Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales en este departamento para que muestren gestos de paz y se sumen al proceso de diálogo que viene impulsando el Gobierno Nacional. Urge un cese el fuego para darle tranquilidad a la población civil de Arauca”, dijo Camargo. Por su parte, Danilo Rueda reiteró su invitación para detener la violencia y rechazó los hechos presentados. A este llamado se le sumó la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, quien reiteró que estos conflictos “deben parar”. El departamento de Arauca actualmente cuenta con la presencia del Frente Domingo Laín del ELN y los frentes 28, 45 y 10 de las disidencias de las FARC. Según investigaciones previas de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el mes de abril del 2022 fue el mes más violento que ha atravesado el departamento recientemente. En enero de ese año, 1.120 personas fueron desplazadas, mientras que febrero la cifra aumentó a 2.400. La niñez y la juventud fueron una de las poblaciones más vulneradas en 2022 en Arauca, a causa de la ausencia de menores en actividades escolares dados los enfrentamientos que se presentaron entre las dos organizaciones. Esta lamentable situación no es solo del año pasado, pues la guerra en este territorio viene ocurriendo desde hace más de cuatro décadas. Así lo menciona Luis Eduardo Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de Pares: “en Arauca hay sufrimiento y desastres todos los días (…) tantas heridas abiertas dejan esta dura realidad a transformar”. Debido a los conflictos que se han presentado históricamente en Arauca, Celis recalcó que en el Plan Nacional de Desarrollo deben quedar consignados dos temas principales: el mejoramiento de las vías para un mejor desarrollo de las actividades económicas; y el ordenamiento territorial. Por su parte, la respuesta del gobierno Duque fue restringir la movilidad en el departamento por medio de toques de queda y aumento de las fuerzas militares en la región, medidas que no tuvieron el mejor resultado, ya que aumentaron los hechos violentos en el territorio de Arauca. Celis también mencionó que a raíz de todas las confrontaciones que han tenido estos grupos armados hasta el día de hoy, el Gobierno Nacional debe tomar nuevas medidas que logren frenar la violencia. Además, Celis recalcó que sería un reto para el Estado, del cual se esperan prontas respuestas ante este desafío que ha afectado a la población. Hasta entonces, la población será siendo la principal víctima de esta situación, de la cual se esperará mayor ayuda humanitaria y presencia estatal en el territorio hasta que cese la violencia en Arauca.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó el pasado 30 de noviembre que el Gobierno y el Congreso de la República adelantan procesos y conversaciones para lograr una mediación entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca. Durante este año, Arauca ha sido uno de los departamentos más afectados por la violencia armada organizada por cuenta de los enfrentamientos entre las estructuras del Frente 28 de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN. Según el informe Habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Arauca de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en este territorio la violencia ha cobrado en lo corrido del año más de 300 vidas, lo cual puede colocar la tasa de homicidio este año en una cifra de 150 homicidios por cien mil habitantes o más alta. Los conflictos entre el ELN y las disidencias de las FARC son tan fuertes en Arauca que a inicios de noviembre, “Antonio Medina”, el jefe del Frente 28 de las disidencias, arremetió contra los miembros del ELN y sus colaboradores, dando la orden de asesinar a 300 personas entre miembros de esta estructura y colaboradores. Orden que fue levantada el pasado 29 de noviembre y que fue interpretada por Danilo Rueda como una muestra de que el mensaje de la Paz Total estaría llegando a quienes lideran las insurgencias en Colombia. El Gobierno ha tomado acciones para conocer la situación en esta región. El pasado 15 de noviembre, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, viajó con varias comisiones del Congreso a Saravena, Arauca, en donde analizaron la situación de derechos humanos, dado al aumento de violencia que se vive en esta zona por cuenta de actores armados ilegales y sus enfrentamientos con el Estado. Sin embargo, y a pesar de los anuncios de buscar una mediación entre ambas estructuras, todavía no es clara la estrategia concreta que el Gobierno ejecutará para lograrlo. Según Luis Eduardo Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), algunas de las acciones que el Gobierno Nacional podría tomar es ofertar diálogos con los dos grupos armados; que el Ejército vele por la protección de las comunidades; y que la acción humanitaria se fortalezca. Para el investigador, será una tarea difícil que tendrá el Gobierno. Sin embargo, mencionó que si lo grupos armados tienen voluntad de paz y hay un diseño pactado entre ellos, las disidencias de las FARC y el ELN podrían lograr la distensión del conflicto. Para Celis es algo que puede tomar tiempo, “pero se puede lograr”. “No se van escatimar esfuerzos para lograr la Paz Total con todos los grupos armados de Colombia. Todos los mecanismos que permitan reducir la violencia y estén apegados a la Constitución y la ley son bienvenidos, ya estamos en conversaciones. La coherencia supone que todas las instituciones que creemos y que tenemos responsabilidad con la vida de los colombianos tenemos para dar respuesta a ese reto”, mencionó Danilo Rueda, el Alto Comisionado para la Paz. Recordemos que el 2 de enero inició esta guerra territorial en Arauca, con una acción armada del ELN en contra de integrantes de las disidencias de las FARC, dejando un saldo de 24 muertos en los municipios de Arauquita, Tame, Saravena y Fortul. Arauca ha sido uno de los departamentos con mayor registro de asesinatos de líderes y lideresas sociales. En lo que va de este año, agentes armados han matado a 14 defensores de derechos humanos. De hecho, el caso más reciente ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando en el municipio Fortul fue asesinado Gildardo Alonso Ríos, líder comunal de la zona. Según la Defensoría del Pueblo, 300 personas han sido asesinadas en Arauca en lo corrido de 2022, una cifra muy superior a la registrada en 2021, cuando se registraron 171 casos. Además, se han registrado 47 secuestros y cerca de 19.100 víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, desapariciones forzadas, entre otros. Frente a estas cifras, Luis Eduardo Celis mencionó que se espera que el otro año haya una reducción de estos hechos violentos, teniendo en cuenta la reanudación de diálogos entre el Gobierno y el ELN, y también los procesos de mediación que el Gobierno está llevando a cabo entre el ELN y las FARC, con el fin de frenar los enfrentamientos entre estos grupos armados y lograr finalmente la política de Paz Total por la que el presidente ha venido trabajando.

Por: Katerin Erazo, periodista Un Consejo Distrital de Seguridad se realizó alrededor de las 7:00 de la mañana de este martes 06 de septiembre, ordenado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se pronunció frente al hallazgo de cuatro cuerpos embolsados en Engativá y en la localidad de Suba el día lunes. Dos de ellos, según las autoridades, fueron desmembrados y repartidos dentro de 16 bolsas plásticas. En el consejo se trataron los temas de seguridad más críticos que se han reportado en Bogotá en las últimas semanas, como ha sido el hallazgo de cuerpos en bolsas de basura. La alcaldesa confirmó la cifra total de cuerpos embolsados (23), entre estos el último caso reportado, y asimismo el de una persona con 161 puñaladas, reportada el 27 de marzo. Según Claudia López, 4 de estos casos ya han sido esclarecidos y 9 aún llevan un curso de investigación. La mandataria local dio detalles del último caso registrado, asegurando que el grupo de criminalística y la Sijín de la Policía alertaron sobre un vehículo sospechoso ubicado en uno de los parqueaderos del barrio Bosque Calderón. Conforme a las autoridades, el automóvil identificado como un Renault Symbol color gris contenía sangre en su interior y rasguños en el asiento delantero. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en este hecho hubo un alto nivel de sevicia con el que se quiere demostrar control territorial; es decir que seguramente alguna organización que tiene presencia en cierto barrio o localidad se disputa el territorio con otra organización, buscando mantener el control de las economías ilícitas, sobre todo del microtráfico. Morales resalta también que se debe hablar sobre la modalidad de asesinato que están utilizando estas organizaciones, debido a que otros grupos ilegales han cometido crímenes similares. Por esta razón, sugiere dos salidas; la primera es fortalecer los ejercicios de las actividades de inteligencia y contrainteligencia policial que permita conocer cómo funcionan las organizaciones delincuenciales de todo tipo; y la segunda es reforzar acciones de presencia policial en las localidades en que se registren estos hechos criminales. La alcaldesa Claudia López solicitó a la cancillería y a los embajadores de Colombia y Venezuela aislar a alias ‘Niño Guerrero’ y a alias ‘Giovanny’, líderes del “Tren de Aragua”, quienes están presos en la cárcel de Tocorón (Venezuela), pues la mandataria aseguró que estos personajes pueden estar coordinando estos hechos violentos en Bogotá. También pidió restablecer la cooperación de Policía Judicial para concretar investigaciones en curso, con capturas y judicialización de miembros de estructuras criminales. Finalmente, mencionó que para contrarrestar esta ola delincuencial se conformará un grupo multricrimen, conformado por 34 funcionarios de investigación criminal, diez (10) especialistas en inteligencia y diez (10) especialistas en contrainteligencia, orden que dio el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico En la llegada a Colombia del señor John Poulos, quien fue capturado en el aeropuerto de Panamá por el presunto feminicidio de Valentina Trespalacios, la Policía Nacional colombiana hizo uso de unas “simbólicas” esposas púrpuras que, según dicen, representa “la justicia a favor de la mujer”. Este acto simbólico ha sido criticado por múltiples sectores feministas, dado que más allá del color de las esposas que le pongan en las capturas a los victimaros de las violencias contra las mujeres, lo que realmente se necesitan son medidas ágiles para el acceso a la justicia en estos casos, además de protocolos de atención inmediatos y ejercicios eficaces de prevención de las violencias basadas en género. Cuerpos y fragmentos de mujeres en basureros En marzo de 2022, en el relleno sanitario de Buenaventura, fueron halladas partes del cuerpo de una mujerque posteriormente fue identificada por las autoridades como Lina Liceth Rivas, de 22 años de edad. Un mes después, también en Buenaventura, las autoridades encontraron partes del cuerpo de otra mujer, en descomposición, en una bolsa de basura en la comuna 12. Así como en el caso de Valentina Trespalacios, los cuerpos de estas mujeres fueron hallados en basureros, lo que puede afectar seriamente el proceso de investigación de los crímenes. Es por esto que desde Pares Pacífico consideramos clave exponer un balance de las violencias basadas en género en Buenaventura en los últimos años: delitos sexuales, violencia intrafamiliar, homicidios, feminicidios y desapariciones de mujeres; elevando un llamado urgente para que las autoridades respondan de manera ágil e implementen medidas profundas que vayan mas allá de responder con símbolos, como las esposas púrpuras. Cifras: violencia contra las mujeres en Buenaventura 2020-2022 Según las estadísticas delictivas de la Policía Nacional, en 2022 en Buenaventura se presentaron 199 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 86% corresponde a mujeres víctimas. Si bien se presenta una disminución frente los dos años anteriores, los números continúan siendo alarmantes dada la persistencia y desproporcionalidad de los mismos, destacando además el alto número de casos de esta violencia en 2020, año en el que vivimos las restricciones por la pandemia y que implicó estar la mayor parte del tiempo en las casas. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Lo mismo ocurre con el número de casos de delitos sexuales contra mujeres, que en el año 2022 sumó 106 casos, de los que el 76% de fueron contra mujeres, disminuyendo levemente en comparación a los años pasados. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva En la base de datos de Medicina Legal se encuentran detalladas las cifras de violencia de pareja, que para el año 2022 registró 108 casos en los que se evidencia un porcentaje aún mas alarmante, ya que en el 95% de los casos las víctimas fueron mujeres, respondiendo casi igual a las cifras de los últimos años. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa *cifras preliminares Ya para los delitos como desapariciones, el comportamiento se invierte, es decir, la mayoría de las víctimas son hombres, lo que podría tener correspondencia con las dinámicas del conflicto que se vive en Buenaventura y que en los últimos años tuvo un recrudecimiento. Se resalta que para el año 2022 las cifras preliminares que expone Medicina Legal muestran que seis mujeres se encuentran desaparecidas, claro que el número de hombres desaparecidos es alarmante, no obstante, las victimizaciones contra los hombres en contextos de conflicto no corresponden necesariamente a razón de su género. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa *cifras preliminares Así como con el número de desapariciones, para el caso de homicidios pasa igual, es decir, la mayoría de víctimas son hombres, lo que también puede tener correspondencia a la afectación por las dinámicas del conflicto entre grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio tanto urbano como rural, como lo hemos venido exponiendo desde la Oficina Pares Pacífico, y que para el año 2021 refleja un significativo incremento en el número de homicidios. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Para el año 2022, de los siete homicidios en los que las víctimas fueron mujeres, se identificaron dos como feminicidios, frente a lo cual vale la pena resaltar que no todo asesinato de una mujer es catalogado como feminicidio, dados unos criterios específicos reconocidos en la Ley 1761 del 2015 por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo. Y según datos registrados por el Observatorio de Género de la Gobernación del Valle del Cauca (OGEN), también en los años 2020 y 2021 se presentaron dos feminicidios por año en Buenaventura. Para el año 2022 hubo dos momentos de bastante consternación en Buenaventura, el primero fue el hallazgo de las extremidades de una mujer en el relleno sanitario de Buenaventura, que posteriormente se confirmó que sería de Lina Liceth Rivas, de 22 años; y el segundo momento, un mes después, se dio el hallazgo del tronco de otra mujer en la comuna 12. Si bien no se tiene conocimiento de que estos casos estén relacionados con el actuar de los grupos armados ilegales, la presencia de estos grupos en el territorio representa un riesgo aún mayor para las mujeres y miembros de la comunidad LGTBIQ+, dado que en contextos de conflictos las violencias basadas en género son usadas como instrumento de control. Sobre las esposas púrpuras y la acción institucional Las esposas púrpuras corresponden a la estrategia denominada Bogotá Ciudad Púrpura que busca implementar acciones para prevenir y eliminar las violencias contra las mujeres, de ahí que el color sea simbólico como un ícono de la lucha contra dichas violencias. Sin embargo, las críticas por parte de sectores feministas contra este tipo de símbolos recae principalmente en que son necesarias medidas que atiendan de forma estructural las causas que hacen que las mujeres no puedan acceder a protocolos y repuestas institucionales ágiles. Ideal sería que las mujeres no vivieran situaciones de riesgo y que al vivirlas encontraran respuestas óptimas, que no sean revictimizadas por parte de las instituciones que deberían protegerlas y que encuentren la ayuda necesaria para cada caso particular. Por ejemplo, para el caso de Buenaventura, en 2019, con el acuerdo número 006, se creó la Secretaría de las Mujeres, Equidad de Género e Igualdad de Derechos del Distrito de Buenaventura Urbano y Rural, la cual tiene como objetivo “establecer y consolidar herramientas y procedimiento que faciliten la protección y la garantía de los derechos de las mujeres y dé impulso a la transversalización de la perspectiva de género antirracista y el enfoque diferencial. Pero a pesar de haber sido creada en el año 2019, solo hasta mayo del año 2022 por primera vez en un Consejo de Seguridad Distrital se presentó un informe de violencias basadas en género, que contó con la participación de Edna Ruth Sarria, secretaria de las Mujeres, con apoyo de la Consultiva de Mujeres. Asimismo, el pasado 14 de octubre de 2022, en el desarrollo del Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), la Consultiva de Mujeres elevó una alerta sobre el papel que está llevando la Fiscalía en la recepción de denuncias, dado que se ha conocido sobre casos de mujeres jóvenes desaparecidas, además de acoso a niñas y adolescentes a las afueras de algunos colegios de la ciudad, que se teme correspondan a temas de trata de personas. Además, desde la Secretaría de las Mujeres se han hecho actividades pedagógicas en diversas zonas de Buenaventura, en las que han invitado a la comunidad a ser parte de los ejercicios de sensibilización sobre las violencias basadas en género. Por otra parte, en las plataformas donde se consolida la información delictiva en Colombia, como lo son la página web de Medicina Legal y la Policía Nacional, no se relaciona de forma independiente el delito de feminicidio, el cual es un delito autónomo desde el año 2015, lo cual dificulta los ejercicios de seguimiento a dicha problemática. Fuente: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Ya el análisis de qué tan suficientes son las medidas que se toman en territorios como el bonaverense para enfrentar las violencias basadas en género debe estar acompañado de un seguimiento constante a los indicadores que reflejan el comportamiento de los delitos resaltados, así como también la evaluación periódica a las rutas de atención dispuestas, a los protocolos diseñados y a las autoridades receptoras de las denuncias y que además hacen acompañamiento a las víctimas. Recomendaciones no sólo de color púrpura Aun cuando es posible reconocer los avances que se han logrado tanto a nivel nacional como local para atender las violencias basadas en género, así como también resaltar la disposición de las entidades por implementar el enfoque de género en muchas de sus estrategias, es importante hacerles un llamado a las autoridades para que: - Fortalezcan los ejercicios de evaluación de riesgos a las mujeres que ya han denunciado ser víctimas de violencias basadas en género, con el objetivo de hacer un acompañamiento adecuado y así evitar los feminicidios. - Actualicen los sistemas de información, registro y caracterización de las estadísticas delictivas, para que se puedan facilitar los ejercicios de seguimiento a las violencias basadas en género, especialmente en el caso de los feminicidios y en las inconsistencias de la información que se pueden presentar entre entidades. - Dispongan mayores recursos para las entidades receptoras de denuncias de violencias basadas en género que permitan mitigar las situaciones que dificultan las denuncias. Además de reforzar los ejercicios formativos en temas de género a funcionarios y funcionarias, para así reducir las actitudes revictimizantes a las que se ven expuestas las mujeres y miembros de la población LGTBIQ+. - Incrementen las campañas pedagógicas para la identificación de las violencias basadas en género y el reconocimiento de los canales de denuncia a los que pueden acceder las víctimas de dichas violencias. Así como también pedagogía frente a qué hacer si se es testigo de escenarios de riesgo para las mujeres y comunidad LGTBIQ+. - Fortalezcan los canales de comunicación interinstitucionales para atender de manera integral a las víctimas de las violencias basadas en género, con especial cuidado cuando son casos que corresponden a violencias efectuadas por presuntos miembros de los grupos armados ilegales. - Revisen la posibilidad de declarar un estado de emergencia de género nacional, como lo han venido proponiendo diversos sectores feministas, con la posibilidad de adelantar acciones urgentes frente a la existencia de las violencias basadas en género. Finalmente, y de cara al año electoral local y regional que empieza, es crucial que se logre seguir posicionando en la agenda pública la importancia de la inclusión del enfoque de género desde una mirada interseccional en las propuestas y compromisos que asuman las candidaturas con la ciudadanía, para que se logre un gran acuerdo nacional que lleve a erradicar toda manifestación de las violencias basadas en género.

Por: Juan Manuel Rueda Castaño, Editor Fundación Paz & Reconciliación Durante las últimas semanas, la cuestión de la explotación de hidrocarburos en Colombia se ha reducido a un debate fuertemente técnico e ideológico. Una conversación que, desafortunadamente, se ha visto atropellada por la falta de claridad alrededor de las reservas de gas y petróleo que tiene el país para hacer la transición energética. Lo que ha hecho de un tema que de por sí es complicado por sus múltiples aristas e implicaciones, terreno fértil para que los tecnócratas cosechen buena parte de la opinión pública a través de informaciones técnicas, difíciles de comprender. Frente a este discurso tecnocrático, el Gobierno Nacional, consciente de la importancia de aportar a la ralentización del cambio climático, quiere mantener una postura política fuerte contra la economía extractiva. Sin embargo, en diferentes momentos ha tenido que mostrarse flexible, no solo en cuanto a la falta de claridad alrededor de la hoja de ruta para la transición energética del país, sino por la crisis económica mundial generada por la reciente pandemia y la guerra en Ucrania, la cual, además de traer grandes dificultades, ofrece oportunidades de crecimiento para los países exportadores de hidrocarburos. Es cierto que la industria del petróleo representa para la economía colombiana, aproximadamente, el 5% de la producción (PIB), un poco más del 40% de las exportaciones y más del 80% de las regalías regionales. También es cierto que los científicos advierten, desde hace décadas, sobre la urgencia de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2025 para evitar una catástrofe climática planetaria. Pero hay que tener en cuenta que, en un país como el nuestro, con una economía extractiva que ha atropellado los derechos de miles de personas y que ha usado sistemáticamente la violencia para llevarse a cabo, la explotación de hidrocarburos es, sobre todo, un tema ético y político. Así nos lo hicieron ver Alexander Riaño y León Valencia en el libro La minería en el posconflicto, un asunto de quilates (2017), publicado por Ediciones B Colombia con el apoyo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en el que se hace un recuento sobre los conflictos sociales alrededor de las industrias extractivas desde el 2000 hasta 2016. En el texto se logran identificar, por lo menos, 179 conflictos mineros, de los cuales 59 están asociados a la industria petrolera (2017, p. 112). En el texto, Riaño y Valencia identifican y analizan problemas sociales derivados de la explotación minera, como los que hay por el acceso y uso del agua, entorno a las prácticas laborales indignas, sobre el uso de la tierra y la violación de derechos humanos, entre otros. Todos estos son fenómenos que se repiten, durante el período analizado, en departamentos como Arauca, Casanare, Meta o Norte de Santander. Regiones muchas veces precarizadas por el Estado, a pesar de las ricas regalías que la industria deja, que son acabadas a mordiscos por las élites corruptas nacionales y departamentales. Élites que solo miran a estos territorios cuando hay problemas de seguridad que impiden el flujo continuo del recurso para su exportación, acudiendo entonces a la fuerza pública, en el mejor de los casos, para mantener el orden, pasando, incluso, por encima de los reclamos y derechos de las comunidades que viven y trabajan para el petróleo, el gas, el carbón, el oro, etc. En síntesis, Valencia y Riaño nos muestran un sector minero con grandes problemas de gobernanza, tanto por los vacíos legislativos como por la debilidad institucional. Un sector económico que afecta fuertemente al país en lo social y lo político, pues afecta negativamente el tejido comunitario, ha generado desplazamientos forzados de comunidades, persecuciones al movimiento sindical (desapariciones, amenazas y asesinatos) y daños ambientales gravísimos. No se trata entonces de un tema meramente técnico, cargado de cifras, porcentajes y rentabilidades, ni del cambio climático y las conferencias de respaldo ante la ONU; se trata de comprender los múltiples intereses involucrados y contradictorios que se encuentran en la extracción de hidrocarburos en el país. Es decir, la extracción de los recursos, además de ser un tema económico importante a nivel nacional, es un asunto muy diverso y complejo socioculturalmente en los territorios involucrados en este proceso. En este sentido, el país debería volcarse a un diálogo nacional alrededor de este tema, teniendo en cuenta tanto los elementos técnicos, económicos y ecológicos, como el problema ético y político de fondo. De esta forma se estaría atendiendo la complejidad de intereses encontrados, sin primar unos sobre otros. Es necesario reconocer la importancia de la minería en el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático, pero también las formas de vida de las comunidades involucradas en las industrias extractivas. Estos temas sociales también deben de entrar en la discusión, más allá de tecnicismos.