Por: Raúl Cubas, Coordinador Odevida, Capítulo Venezuela No es una novedad que en Venezuela las organizaciones de derechos humanos o activistas que asumen el compromiso de defender el derecho a defender derechos, sean víctimas de amenazas, estigmatización e incluso de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, como es el caso de Javier Tarazona, de la organización Fundaredes. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), en su informe correspondiente al período 2017-2021, afirma que: “las agresiones, amenazas y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria aumentaron progresivamente, evidenciando un ambiente complejo y hostil para el ejercicio de acciones relacionadas a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.” Cabe destacar que uno de los principales elementos de preocupación para el CDJ “es el aumento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, fueron empleados para justificar la tesis del Enemigo Interno”. Pero además de la persecución judicial, organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente se enfrentan también a la violencia letal. El asesinato el 30 de junio de 2022 del guardián territorial Virgilio Trujillo Arana, indígena del Pueblo Uwottüja (Piaroas), por parte de un grupo externo armado (GEA) no identificado, generó preocupación y repudio de las comunidades piaroas, que exigieron el esclarecimiento del crimen y el establecimiento de responsabilidades de los autores materiales e intelectuales. En esa oportunidad, el Grupo de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, expresó que las luchas que tienen los aborígenes por sus territorios, en contra de la minería ilegal, pistas clandestinas y hasta el narcotráfico, no son nuevas. “Hoy, los agentes oscuros del extractivismo fueron por Virgilio, en venganza por su compromiso de defender la Amazonía venezolana”. También la misión de la Unión Europea en Venezuela emitió un comunicado para condenar el asesinato del líder indígena en el estado Amazonas, en el que condena “el asesinato del líder indígena y activista ambiental Virgilio Trujillo. Reiteramos nuestro apoyo al trabajo de los líderes indígenas, territoriales y ambientales en defensa de sus territorios, y a todos los defensores de derechos humanos”. Los niveles de violencia que afectan a los pueblos indígenas vienen siendo denunciados por el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), que ha registrado entre 2013 y 2022 un total de 40 líderes indígenas y ambientales asesinados, 25 de ellos por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 15 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo grave del caso, es que en su gran mayoría estos crímenes permanecen en la impunidad por la inacción del Ministerio Público y por la anuencia o complicidad de algunas autoridades políticas y militares, que según lo denunció la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas “están vinculadas, en distinto grado, con las redes criminales que controlan la producción y comercialización ilegal de oro en el Arco Minero y otras zonas mineras”. Ante esta inquietante realidad, y en especial la que viven los pueblos indígenas que defienden sus territorios ancestrales, es necesario promover diálogos locales y nacionales con las autoridades para que aboquen a buscar solución para erradicar a los grupos externos armados (GAE) y poner en práctica una política social que incluya la participación de las organizaciones indígenas en proyectos productivos alternativos a la minería. Y por si todo esto fuera poco, ahora la persecución judicial en contra de la defensa de los derechos humanos, parece que va a arreciar en Venezuela. Dice un dicho popular: “cuando el río suena es que piedras trae”. La Asamblea Nacional acaba de aprobar en primera discusión el proyecto de “Ley de Fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”. Mala señal. Amanecerá y veremos…

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En la última semana de enero de 2023, el gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Andrés Carrillo Cardoso, entregó al país la buena noticia de que dos de las ocho unidades de generación que tiene la Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) vienen funcionando los 24 períodos diarios por más de ocho días. Este es un anuncio que debería generar una gran fiesta y muchas alegrías entre las y los colombianos, sin embargo, en su lugar, ha provocado algunas críticas y varios cuestionamientos negativos. Sin duda, el anuncio de la operación de las dos turbinas es una magnífica noticia para todos los sectores del país, debido a las varias consecuencias positivas que tiene. Una primera es que por fin se dan señales claras de que esta megaobra –que se hace con recursos públicos y en la cual se invertirán, por lo menos, 18,3 billones de pesos– se mantiene como un activo de la nación que muestra buenos resultados, alejando, cada vez más, el riesgo del fracaso. La segunda es que, con la entrada en funcionamiento de esta hidroeléctrica, el país cuenta con 540 megavatios más –de los 600 potenciales que puede generar, pero que no produce por los riesgos que tiene esta primera fase–, lo que mejora la confiabilidad en el Sistema Interconectado Nacional. Esto equivale a decir que en la actualidad ha entrado al país a generar energía una nueva planta que contribuye con, por lo menos, lo mismo que entrega la emblemática hidroeléctrica de Guatapé. Tercero, que el anuncio comenzará a tener efectos positivos sobre las tarifas del servicio de energía eléctrica, lo cual beneficiará a todos los usuarios-clientes. El gerente de la empresa –apoyado en información de XM, que es el operador del Sistema Interconectado Nacional– dijo que, en promedio, el precio del kilovatio en el mercado spot en enero de este año fue de 354 pesos; llegando, incluso, a 185. Cifra que si la comparamos con los más de 800 pesos que se pagaba en bolsa de la energía el año pasado es una magnífica noticia, pues reducirá en el mediano y largo plazo el precio de la energía. Y finalmente el cuarto motivo es que, con la puesta en marcha de las turbinas, el país está avanzando por el camino de generar energías limpias. Con Hidroituango, Colombia anda por el sendero de transformar la matriz energética. Y de continuar así, en noviembre de este año se tendrán otros 600 megavatios de energías renovables, que aportarán al control del aumento del cambio climático mundial. En breve, en la actualidad el país debería estar de fiesta, pues está en funcionamiento uno de los proyectos de la ingeniería colombiana más importantes de su historia. Está produciendo energía renovable y limpia, con lo que se avanza en la promesa de tener una matriz energética que aporte a la calidad ambiental. Y, al mismo tiempo, está trabajando en generar impacto en el bienestar de los colombianos, al tener, en el mediano y largo plazo, energía eléctrica más barata. Sin embargo, como se dijo, las críticas a esta noticia han venido de muchos lugares, en especial de los escépticos, que ya habituados a la contingencia del proyecto le creen poco a los anuncios de EPM. Los múltiples incumplimientos en los últimos cinco años han causado que la desconfianza en la empresa crezca. Este ha sido un período en el que se ha pasado de una situación donde se tenía alta estima a EPM a una situación donde se desconfía hasta de las noticias que son fácilmente corroborables y respaldadas por agentes externos. Pero tal vez el mayor responsable de esta situación son las enemistades que ha creado el alcalde Daniel Quintero. Desde que inició su mandato y asumió la presidencia de la Junta Directiva de EPM ha peleado con los tradicionales grupos económicos. Incluso hoy se está hablando de entregar a unas firmas chinas las nuevas licitaciones para continuar con las inversiones en la megaobra, lo que ha provocado que de nuevo se le critique y se enciendan las alarmas en su contra. Además, la buena noticia la da el alcalde Quintero en enero, justo al iniciar el último año de su mandato de gobierno, dando la impresión de que lo que está haciendo es anticiparse a una campaña electoral, capitalizando para aspirar él u otros miembros de su equipo a cargos de elección popular. Una actuación que ha sido muy común entre los mandatarios anteriores de la ciudad, quienes luego de gobernar han aspirado a la gobernación o a la Presidencia de la República –como lo hicieron Ramos, Fajardo, Gaviria y Gutiérrez–. Ante esta situación, la tarea que le queda a la empresa es trabajar para recuperar uno de los mayores activos que tenía: la confianza ciudadana e inversionista. EPM deberá hacer esfuerzos por alejarse –como lo ha buscado hacer desde su constitución como empresa autónoma en 1954– de los vaivenes de la política local y nacional. La Junta Directiva deberá trabajar en devolverle al país la credibilidad que debe tener la segunda empresa más grande del país –no solo pública, sino en general–. Como empresa de servicios públicos domiciliarios tiene mucho que aportar al país. Unos aportes que van desde el cuidado del patrimonio público hasta la contribución al medio ambiente planetario. Pasando, desde luego, por aportar al bienestar de los hogares con la justicia tarifaria y con el apoyo que puede darle el negocio de la energía a los otros servicios que atiende la empresa, como el acueducto o el aseo, que nos son tan rentables. Incluso, el buen desempeño de EPM puede enviarle señales al gobierno Petro de lo innecesario que puede resultar para el sector de los servicios públicos domiciliarios la intervención presidencial en la regulación de tarifas; pues cuando opera apropiadamente los actores del mercado, cumpliendo las normas que se le imponen, estos pueden generarse autocontroles que permiten, finalmente, la gobernanza del sistema y el logro del bienestar general. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil El balance del trabajo con jóvenes de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en 2022 no pudo ser más que positivo. Pares apuntaló su apuesta por los jóvenes con procesos formativos en liderazgo social y político, con enfoque de género, reconocimiento de la diversidad sexual, étnica y territorial, en zonas de la geografía nacional históricamente olvidadas por el Estado. Nuestras Escuelas de Liderazgo en Buenaventura, Valle del Cauca; Pueblo Rico, Risaralda; Cúcuta, Norte de Santander, y el proyecto Juventud AGTIVA en Seis Municipios de Caquetá, dan muestra del genuino interés de nuestra organización por formar, direccionar, aconsejar y, sobre todo, provocar en los jóvenes deseos de participar en instancias de incidencia, toma de decisiones y ser protagonistas reflexivos y críticos de la coyuntura política y la vida nacional. Se dice a voces que este Gobierno, el primero de izquierda en Colombia, se le debe en gran medida a los jóvenes del país que en 2019 y 2021 atestaron las calles del país en masivas y sentidas protestas ciudadanas que reclamaban salud, educación, comida y dignidad, garantías para la protesta y un nuevo modelo de país viable para quienes serán y ya son los nuevos líderes y dirigentes del país. El Gobierno que comenzó en firme el pasado 07 de agosto, y que cumple sus primeros seis meses, sin embargo, ha dejado mantos de duda sobre las promesas hechas a la juventud. Una de ellas un punto de honor de toda la lucha, la eliminación del ESMAD como fuerza de contención del Estado, a la que ya no sólo no será eliminada, sino que se le ha cambiado de nombre y uniforme, una reforma tibia que intenta dejar contentos a ambos sectores, a los que predican la seguridad armada y a los que predican la libertad de protestar sin represión. Como diría la canción de Los Prisioneros: “nunca quedas mal con nadie”. Otra de las propuestas en las que se “patrasió” el Gobierno fue en la educación superior gratuita. Este tema de vital importancia en el debate nacional se ha quedado en las profundidades. El Ministerio de Educación poco ha sonado en estos seis meses y el ministro Gaviria no ha sido el principal foco de los medios. No se sabe a ciencia cierta hacia dónde va la educación de Colombia en este Gobierno y si habrá o no al menos la intención de una reforma profunda y estructural al actual sistema educativo. En los últimos meses el debate de las juventudes migró hacia la Paz Total. Los voceros de paz, el programa Jóvenes en Paz, los subsidios prometidos a los muchachos para que no se metan a bandas delincuenciales y así quitarle personal a esas organizaciones delictivas, son propuestas que intentan apagar los leños cenizos de un estallido que en cualquier momento puede volver a despertar. La primera señal del Gobierno en ese sentido, que duró poco, fue nombrar en la Alta Consejería para las Juventudes a la vallecaucana Gabriela Posso, líder juvenil proveniente del Estallido social que en Cali fue relevante y que dado su origen despertó inicialmente un entusiasmo desvanecido en los últimos días, debido a cuestionamientos sobre el Encuentro Nacional de Juventudes en Medellín, en donde además de intoxicaciones, la queja general fue el desconocimiento de las problemáticas más acuciantes de los jóvenes, la falta de recursos, la mala metodología, entre otras, hechos que empiezan a desanimar el reconocimiento de ese nombramiento y genera resistencia entre organizaciones colectivas de jóvenes que han quedado por fuera de las discusiones propuestas por el Gobierno. ¿Y cómo interlocutar con los jóvenes del estallido social si el anatema de ellos es “a nosotros nadie nos representa”? Afirmación que puede carecer de sentido pero que implica un esfuerzo por parte del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, a construir puentes distintos de interlocución con un sujeto político que ya no es individual, sino colectivo: organizaciones sociales de base juveniles, barriales, que hablan en combo y que todo lo dirimen en el grupo, que empiezan a desconfiar de los personalismos y que ponen en la superficie la necesidad de construir una interlocución que hable en pluralidad y diversidad representativa. En ese sentido aparece entonces una preocupación: ¿cómo llevar la Paz total al sector de los jóvenes del estallido social, es suficiente con el programa Jóvenes en Paz y los voceros de paz? Algunos de ellos representantes del estallido social en trámite de judicialización por delitos a bienes públicos, los voceros de paz, los gestores de paz, ¿debe reducirse sólo a los jóvenes que están en las cárceles, o se ha pensado extender esta propuesta a vocerías emanadas de los barrios y comunas donde perviven a la sombra y en silencio esas organizaciones que mantienen una resistencia en sus territorios, contrario a lo que se ha pensado? Nuestro trabajo como organización de la sociedad civil respecto a los jóvenes pasará entonces por continuar promoviendo procesos de liderazgo, encaminados a la construcción de la Paz Total. Para esto deberemos tener en cuenta figuras propuestas por el Gobierno como los gestores de paz. Hace poco fueron puestos en libertad siete jóvenes de la denominada primera línea que deberán trabajar sin remuneración en la construcción de la Paz Total, bajo la batuta de las recién creadas Comisiones Intersectoriales de Paz, decreto 2422, y la suma de todos los esfuerzos de organizaciones, colectivos y liderazgos que hemos mapeado, construido y ayudado a fortalecer desde Pares. El año pasado pudimos entender la necesidad de los jóvenes de encontrar modos de participar y de incidir. Este año direccionaremos estos procesos a convertirlos en protagonistas estelares de la Paz Total, llevándola a los territorios, al contexto de lo urbano y a buscar un proceso de reconciliación y saldo de la deuda histórica de años del Estado con la juventud.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo La esencia de la ley de reforma a la salud que propone el nuevo Gobierno es el cambio del pagador. Ahora el dinero destinado a la salud la pagará el Estado directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), clínicas y hospitales públicos o privados. La prestación del servicio seguirá igual; las IPS no se van a acabar, los usuarios afiliados a Sanitas, Sura, Nueva EPS, etc., seguirán siendo atendidos en sus clínicas, y las personas del régimen subsidiado en donde regularmente van. Pretende la reforma desembolsar los dineros de manera directa al hospital, el cual recibirá los recursos sin intermediarios, para sufragar los aspectos laborales de su personal y los insumos que necesite (ello evitará paros por el atraso en recibir los pagos mensuales). Habrá un solo y único sistema de información en el que cualquier colombiano podrá ver el flujo de recursos y a quién y cuánto le pagan, evitando los favoritismos, amiguismos y corrupción, lo que sucede actualmente en algunas EPS. Actualmente, las EPS deben a los hospitales y clínicas de toda Colombia 16,6 billones de pesos, mientras que el Estado le debe a las EPS 2,5 billones. Esto es lo que genera los problemas de salud cuando se le da a administrar los recursos públicos a entidades privadas, la plata no les llega a los prestadores del servicio (IPS), afectando directamente a la comunidad. Con esta reforma a la salud, el Estado tendrá una estructura de supervisión y control de estos recursos, para lo cual se conformará en cada región un Consejo Territorial de Seguridad Social, compuesto por un funcionario del Estado, un representante de los trabajadores y uno de los usuarios. De igual forma, se diseñará toda una estructura de auditoría de cuentas médicas que eviten aberraciones tales como “el cartel de la hemofilia”, además de la descentralización de la Superintendencia de Salud con castigos severos y justos tales como (si encuentra una sobrefacturación o falsedad en cobros) la inhabilitación de las IPS para vender nuevamente servicios al Estado, además de implicaciones legales y penales. Aumentarán los recursos de la salud con el fin de fortalecer las atenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como saldrá el médico de su consultorio e irá a las zonas que nunca va, mediante el fortalecimiento de la atención primaria, sin dejar descubierto la prestación del servicio en las sedes de las clínicas y hospitales. Los tratamientos de alto costo seguirán siendo pagados directamente por el Estado, no cambiará su prestación, solo la forma de pago que será directamente a las clínicas y hospitales. Aquí se demuestra una de las ventajas, ya que no habrá EPS que le demore o niegue la autorización al paciente. El Estado se autorregulará con una relación directa con las IPS, a través de los comités de regulación, que evitarán el mal uso y el abuso de los servicios de salud, lo que se hará entre médicos pares y será obligatorio con una periodicidad de cada 15 días. Este sistema permitirá que se fortalezcan las IPS públicas, pues en caso de superar la capacidad instalada y su suficiencia en la prestación de servicios, deberán asociarse con IPS privadas adscritas a la Secretaría de Salud Departamental para solucionar las deficiencias de la red pública. Recordemos que el proceso de privatización de la salud con la ley 100, fue la aplicación en dicho sector del modelo económico, aperturista y neoliberal, impuesto en el país en los últimos 22 años. Desde la creación de la ley 100, hay más de cien EPS liquidadas y hoy no mejora la prestación del servicio, por el contrario, las administradoras de estos recursos llevaron a la quiebra a cientos más de IPS que en su momento prestaron buenos servicios a la población. Habrá un sistema de facturación en línea con una historia digital unificada y universalizada para todos los colombianos, de tal manera que el usuario que cambie de sede de residencia podrá portar su historia clínica y solo bastará con presentar su cédula de ciudadanía digital, la que permitirá el acceso a los servicios de salud en cualquier parte de Colombia. Las guías medicas de las IPS serán fundamentales para esa regulación que hará el Estado para evitar el mal uso y abuso de los servicios de salud, los gerentes se elegirán por meritocracia para todos los hospitales públicos, se reformarán las actuales y el examen será único a nivel nacional con la Comisión Nacional del Servicio Civil, se iniciará con la formalización laboral, la contratación digna de los empleados del sector salud, evitando las nóminas paralelas en los hospitales y clínicas del país, las compras de insumos y medicamentos serán centralizadas, lo que permitirá una leal competencia de precios y calidad. Finalmente, reforzando lo anterior, habrá una regulación de tarifas que permita un control social de la inversión de los recursos públicos. Esta iniciativa del ejecutivo, para ser discutida, ajustada y votada por el Congreso de la República en conjunto con la laboral y pensional, tendrá bastantes detractores que por los grandes medios de comunicación vociferarán en contra de su espíritu. Es por ello que el presidente ha llamado a acompañar comunitariamente en grandes jornadas pedagógicas su entendimiento y defensa. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis A la memoria de Jorge Enrique Espitia Zamora, huella en la reflexión sobre justicia tributaria La semana pasada se reunió en la población de Davos, Suiza, el tradicional foro en el que se le toma el pulso a la economía del mundo y se dan cita los grandes poderes estatales y empresariales junto a la academia y generadores de opinión. Con ocasión de este importante evento, Oxfam presentó un informe sobre la tributación de los archimillonarios en el mundo, evidenciando lo poco que tributan y haciendo recomendaciones para superar esta enorme inequidad. En el informe de Oxfam se constata que luego de la pandemia, la situación económica y social a nivel global empeora. Asistimos a una crisis económica mundial con sus consecuentes indicadores de aumento de la pobreza y el hambre en muchas partes del mundo, por supuesto siendo los más afectados África y América Latina y el Caribe, pero esta situación contrasta con un aumento de la concentración del ingreso en los multimillonarios, que siendo el 1% de la población, en los dos últimos años, luego de la pandemia, han concentrado dos terceras partes de la riqueza producida por la humanidad. Y entre estos multimillonarios se encuentran poderosas industrias de alimentos y energía, en contraste con el hambre y frío que sufren millones de personas. Un capitalismo en el que el 1% de la población controla más del 50% de la riqueza mundial es un capitalismo que tiene responsabilidades para asumir los retos sociales y económicos, y lo que el informe muestra es que ese grupo de privilegiados solo aporta 4 centavos de dólar por cada dólar de tributación que se recauda a nivel global. Esta enorme desigualdad solo se puede superar si hay políticas para que este grupo pague una debida tributación que pueda ser utilizada de manera eficiente y transparente en darle alimento y energía, entre otros derechos, a quienes hoy sufren. Colombia aprobó el año pasado una reforma tributaria que fue en esa dirección: quienes más tienen recursos pagarán más impuestos. Esta es la lógica de la justicia tributaria, lógica que a nivel global en lugar de ir hacia adelante, va en retroceso, pues en la década de los ochenta los más ricos pagaban más impuestos, lo que ha retrocedido en las últimas cuatro décadas, cuando esa oleada de políticas para privilegiar a los más ricos y debilitar la acción del Estado se tomó el rumbo de la acción de los gobiernos, lo cual está siendo revertido poco a poco, por lo menos en América Latina, en donde hay un debate abierto sobre el rumbo de las políticas públicas y la acción de los estados. Para el caso colombiano hay que evaluar la reforma tributaria aprobada, la inversión de esos recursos y ver en detalle cómo podemos seguir avanzando en que la riqueza sea democratizada, lo cual va más allá de los temas tributarios, siendo esta dimensión muy importante. El presidente Petro ganó con la oferta de democratizar la riqueza, el crédito y el conocimiento, tres apuestas fundamentales en las que está empeñado su gobierno y con las que puede trazar un camino para una acción de largo aliento que va a requerir de más de cuatro años, como bien lo recordó en estos días. El informe de Oxfam presenta estas cuatro recomendaciones al respecto: “Los Gobiernos deben utilizar los instrumentos fiscales a su disposición para revertir el aumento de la desigualdad, siguiendo estas cuatro medidas para crear un mundo más justo: Aplicar impuestos de solidaridad con carácter temporal sobre la riqueza y los beneficios extraordinarios (o sobre ganancias) de las grandes corporaciones, así como impuestos mucho más elevados sobre el pago de dividendos con el fin de impedir que los más ricos continúen sacando provecho de las crisis. Incrementar de manera sistemática el impuesto sobre la renta del 1 % más rico, para lograr una tributación efectiva, por ejemplo del 60 %, calculada sobre el conjunto de sus rentas (tanto derivadas del trabajo como del capital), con tipos impositivos más elevados para los multimillonarios y los milmillonarios. Gravar el patrimonio de los súper ricos a tipos impositivos lo suficientemente elevados como para reducir sistemáticamente la riqueza extrema y reducir la concentración del poder y la desigualdad. Utilizar los ingresos recaudados a partir de estos impuestos para aumentar el gasto público en sectores como la salud, la educación y la seguridad alimentaria, con el fin de luchar contra la desigualdad, así como financiar una transición justa hacia un mundo con bajas emisiones de carbono. Según la presentación de esta organización, “el nombre "Oxfam" proviene del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxford Committee for Famine Relief), fundado en Gran Bretaña en 1942. Este grupo de ciudadanos y ciudadanas se movilizó para que los barcos del bloque aliado llevaran provisiones de comida a las mujeres y niños de Grecia, país ocupado durante la Segunda Guerra Mundial”. Oxfam ha cumplido ochenta años trabajando por todo el mundo con un derrotero de justicia y dignidad para la humanidad, lo cual se agradece y de lo cual hay huella en Colombia. Aquí pueden consultar el informe:

Por: Luis Ernesto Medrano, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad En el marco de la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, con la cual se busca suceder a Alexander Vega Rocha para el periodo 2024 – 2028, ya suenan varios candidatos. Pero de acuerdo con nuestro análisis de los perfiles de los candidatos preliminares, habría una fuerte influencia del registrador Vega para consolidar la elección de una de sus fichas. La Registraduría Nacional del Estado Civil se encarga de dirigir y organizar las elecciones, adoptar las políticas de registro civil en Colombia, tener a su cargo la identificación de todos los colombianos y proteger el ejercicio del derecho al sufragio y la identificación de las personas. Esto es importante por las inconsistencias que se presentaron en las elecciones legislativas de 2022, dentro de las que se encuentran la amplia diferencia entre los resultados del preconteo y los escrutinios, el amañado proceso contractual de los softwares electorales, las denuncias por el clientelismo que se habría presentado en la Registraduría y la poca idoneidad de Alexander Vega para estar al frente de la institución. ¿Cómo se elige al registrador nacional? El Registrador Nacional del Estado Civil es escogido a través de un concurso de méritos. Los encargados de la selección del registrador son los presidentes las altas cortes del país: la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Estas dignidades hoy se encuentran ocupadas por Cristina Pardo Schlesinger, presidenta de la Corte Constitucional; Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente de la Corte Suprema de Justicia; y Jaime Enrique Rodríguez Navas, presidente del Consejo de Estado. El proceso consiste en una evaluación de tres elementos relevantes: 1. La entrevista que realizan los presidentes de las Altas Cortes, que puede tener un peso de hasta el 30 % del total de la calificación. 2. La prueba escrita de competencias y conocimientos, que representa el 50% de la calificación. 3. Se realiza el estudio de la hoja de vida de los aspirantes, con un peso del 20% del total de la calificación. Hay que señalar que el proceso de selección del registrador nacional presenta fuertes incongruencias, pues no existen reglas completamente claras sobre las entrevistas, que tienen un importante peso en el proceso de evaluación. Candidatos preliminares a la Registraduría Nacional Estos serían los primeros candidatos para reemplazar al registrador nacional Alexander Vega Rocha para el periodo 2024 – 2028. De acuerdo con los perfiles de los primeros candidatos, el visto bueno del actual Registrador sería fundamental para designar a su sucesor. Virgilio Almanza Ocampo Es abogado bogotano de la Universidad Católica de Colombia. Cuenta con una especialización en derecho electoral de la Universidad del Rosario y tiene una especialización en derecho administrativo de la Universidad Libre. Almanza ha sido procurador delegado ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, asesor de despacho en el Consejo Nacional Electoral, secretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado, juez de la República y su último cargo fue como magistrado auxiliar de la Sala Electoral del Consejo de Estado. En 2019 Almanza fue elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego del fallecimiento del entonces magistrado Heriberto Sanabria, y quien era cuota del Partido Conservador. Así, Almanza fue elegido con el apoyo del partido Liberal, el partido de La U y Cambio Radical, a pesar de la negativa del Partido Conservador de perder su representación en el órgano electoral. Asimismo, en 2021 fue designado vicepresidente de la organización electoral. Dentro de los cuestionamientos que rodean a Almanza se encuentran la acreditación de 15 años de experiencia como abogado del actual registrador Alexander Vega por vía notarial, que Almanza habría aprobado en una declaración extrajucio. José Darío Castro Uribe Castro es abogado bogotano de la Universidad Libre. Cuenta con especialización en derecho de las telecomunicaciones de la Universidad del Rosario y un magíster executive en administración de empresas y liderazgo estratégico. Castro se ha desempeñado como director jurídico de la Corporación Unificada Nacional - CUN, y es profesional especializado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. También ha sido subdirector y director de formación profesional del SENA. En 2019 fue designado como Gerente en la Registraduría Nacional del Estado Civil y, posteriormente, secretario general de la Registraduría. Castro cuenta con experiencia en asuntos contractuales y ha sido uno de los hombres de confianza del registrador Alexander Vega Rocha. Incluso, de acuerdo con una denuncia realizada por Camilo Enciso, se documentó cómo Castro Uribe permitía que sus funcionarios presionaran a los supernumerarios a tener no solo un buen desempeño laboral, sino conexiones políticas y dinero como mecanismo para conservar sus puestos de trabajo al interior de la Registraduría. Álvaro Namén Vargas Es abogado de la Universidad Externado y especialista en derecho comercial y administrativo de la misma universidad. Cuenta con una maestría en derecho de las administraciones públicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Namén se desempeñó como registrador delegado en la Registraduría Nacional del Estado Civil entre 2002 y 2006. Posteriormente fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado y magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado entre 2013 y 2021. Adicionalmente, fue vicepresidente del Consejo de Estado en 2019 y presidente en 2020. Namén se ha desempeñado también como docente universitario de varias instituciones educativas del país, consultor en derecho público y abogado litigante. Tras su salida del Consejo de Estado, Namén firmó un contrato por 60 millones en el marco del convenio realizado entre la Procuraduría y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), así como otros contratos con diversas instituciones del país. Doris Ruth Méndez Cubillos Oriunda de Ibagué, es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia. Cuenta con especializaciones en derecho laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y derecho del trabajo de la Universidad de Salamanca, España. Tiene una maestría en derecho procesal constitucional de la Universidad Lomas de Zamora de Buenos Aires. Méndez ha sido militante del partido Liberal y su trayectoria en el sector público va desde el desempeño de cargos directivos en la DIAN, la Aeronáutica Civil, el Congreso de la República y la Federación Nacional de Departamentos, hasta el Consejo Nacional Electoral, el cual presidió hasta el 26 de septiembre del 2022. Méndez empezó como asesora de comunicaciones, encuestas y relaciones internacionales en el CNE y fue ascendiendo hasta ser designada directora de área. En 2014 se presentó para ser elegida magistrada del CNE, con el apoyo de Joaquín José Vives y como cuota de género, pero se quemó en la puja con Yolima Carrillo. Después se presentó para ser elegida magistrada del CNE para el periodo 2018 – 2022, alcanzando la magistratura y posteriormente la presidencia de la organización electoral en abril de 2021. Renato Rafael Contreras Ortega Es abogado barranquillero, egresado de la Universidad Libre de Barranquilla. Cuenta con una especialización en gerencia pública de la Universidad del Norte y una maestría en derecho administrativo de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Contreras ha ocupado varios cargos como funcionario en el Atlántico, siendo asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Barranquilla en 1991. Posteriormente fue secretario de hacienda de Sabanalarga, Atlántico. Contreras también ha sido secretario general de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, director del Departamento Administrativo de Salud del Distrito de Barranquilla y secretario de gobierno de Barranquilla. En 2006 empezó a trabajar como asesor jurídico del CNE, y en 2013 se convirtió en asesor del magistrado Felipe García Echeverry, que venía de ser abogado del movimiento Uribe Centro Democrático, hoy partido Centro Democrático, y quien postuló a Contreras como candidato a magistrado. José Joaquín Vives Pérez Es abogado samario, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con una especialización en derecho laboral de la misma Universidad, y en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Vives fue magistrado del Consejo de Estado, se desempeñó como representante a la Cámara por el departamento del Magdalena entre 1998 y 2006, y en 2015 fue candidato a la gobernación del Magdalena, obteniendo el segundo lugar con 119.560 votos. Adicionalmente, Vives ha sido secretario de gobierno de la Alcaldía de Santa Marta, presidente del Consejo Municipal, diputado de la Asamblea Departamental del Magdalena, codirector del Partido Liberal Colombiano y presidente de la Dirección Nacional Liberal. Sin embargo, renunció a su militancia en el Partido Liberal en 2018. En materia de asuntos electorales, Vives fue magistrado del Consejo Nacional Electoral para los periodos 2006 – 2010 y 2011 – 2014. Así mismo, fue presidente del Consejo Nacional Electoral, como representación el Partido Liberal en el órgano electoral. Dentro de los cuestionamientos que rodean la candidatura de Vives se encuentran investigaciones por parapolítica, luego de que, de acuerdo con los testimonios de los ex paramilitares condenados José Gregorio Mangonez Lugo, alias ‘Tijeras’, y Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, Vives habría participado en los ‘pactos políticos’ con miembros del Bloque Norte para obtener su curul en las elecciones legislativas para el periodo 2002 - 2006. Tras los testimonios en Justicia y Paz de los exparamilitares condenados, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar en contra de José Joaquín Vives, por parapolítica. Sin embargo, Vives no fue condenado y sus procesos en la Corte Suprema son de carácter privado. Pese a que se descartó el vínculo con la parapolítica, en 2019 Vives fue señalado de ser testaferro del extraditado narcotraficante José Rafael Abello Silva, alias ‘El Mono Abello’, a través de un comunicado de la Red de Veedurías de Colombia. Cabe resaltar que Abello Silva guarda un vínculo familiar con Vives, pues ha sido su cuñado. Nicolas Farfán Namén Es politólogo y abogado bogotano, con especialización en derecho electoral. Ha estado vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil desde 2005 y actualmente se encuentra vinculado como registrador delegado en lo electoral, en gran medida por el apoyo de su tío, Álvaro Namén Vargas, expresidente del Consejo de Estado, y quien también aspira a suceder al registrador Alexander Vega. Dentro de los cuestionamientos que rodean a Farfán se encuentran su nombramiento como registrador delegado en asuntos electorales mientras su tío se desempeñaba como magistrado del CNE. A pesar de los conflictos de intereses, Farfán se convirtió en un importante escudero del registrador Alexander Vega, pues desde que Vega asumió su cargo en 2019, inició una cacería de brujas para reemplazar a los delegados departamentales de la Registraduría por fichas y cuotas de los partidos y clanes políticos. Frente al desarrollo de sus funciones en la Registraduría, Farfán como delegado en asuntos electorales fue parte de las presuntas irregularidades e inconsistencias que se presentaron en los comicios electorales de las elecciones legislativas del 13 de marzo. Esto es importante, porque se trata de fallas por inconsistencias entre los datos registrados entre el preconteo y el escrutinio, donde tras múltiples denuncias de candidatos y partidos políticos, se dio a conocer que existió una diferencia de 1.026.000 votos entre cada proceso. Así las cosas, la elección del próximo Registrador Nacional será de suma importancia para el país, pues es inaceptable para la ciudadanía y la institucionalidad que se repitan los mismos problemas e irregularidades que se han presentado en materia electoral desde la llegada de Alexander Vega a la institución. Adicionalmente, debe exhortarse al cumplimiento del fallo del Consejo de Estado para que en el concurso de méritos que se efectuará este año, se adopten mecanismos de soporte de las entrevistas, con el objetivo de que se elija a la persona más idónea para el cargo, dada la importancia de este para el país.

Por: Luis Eduardo Celis, Coordinador Línea Región, Migración y Frontera En Arauca ejercer el liderazgo político es una acción peligrosa o ingrata, se puede terminar muerto, preso o desterrado del territorio. Este es el camino que han transitado docenas de importantes líderes de la región en un territorio donde no hay garantías para el ejercicio de la política. Con una importante presencia de las guerrillas de las FARC y el ELN, desde el inicio de los años ochenta, y que se mantiene hasta el presente, por lo menos en cuanto al ELN se refiere, toda acción política, llámese ejercicio de gobierno, gestión pública u oposición política, está mediada por la existencia del estado paralelo que han erigido las guerrillas y un eficiente sistema de control de todo lo que se mueve en la institucionalidad estatal a nivel departamental y municipal. Es cierto que esto ha ido al ritmo de la confrontación armada, pero siempre ha estado presente, bien sea en la modalidad de acuerdos de convivencia entre políticos y guerrillas, o por momentos de abiertas distancias con lo que ello ha significado de pugnacidad y retaliaciones. El gobernador de Arauca, elegido en 2019, fue Facundo Castillo, por Cambio Radical y otros aliados políticos. Ya había sido alcalde entre 2012 y 2016, siendo sucedido por Ricardo Alvarado Bestene. Ahora ambos están incursos en procesos penales por corrupción y vínculos con la guerrilla del ELN. Es el camino que han pasado otros gobernadores de Arauca desde que se abrió la figura de elección popular y son poquísimos los gobernadores que no han tenido dificultades con la justicia o con los actores armados, siendo quizás el caso más dramático el de Julio Acosta Bernal, quien habiendo transado en el ELN en los años 80 y parte de los 90, decidió aliarse con el paramilitarismo del Bloque Vencedores de Arauca y abrir una enorme disputa con la guerrilla, que le acarreo un periodo de gobierno signado por los carros bombas y gobernar protegido por un estricto cordón de seguridad, para luego ser incurso en procesos penales que lo tuvieron prófugo unos años, y luego preso, estando sus asuntos penales aún no resueltos del todo y manteniendo un peso político regional relevante. Esta semana ha sido designado el diputado Willington Rodríguez como el nuevo gobernador de Arauca, para terminar el periodo que se cumple este 31 de diciembre y colocar punto final a una interinidad producida por la captura de Facundo Castillo en los primeros meses del año 2022. Interinidad asumida por designación en responsabilidad de Indira Barrios, quien fue suspendida a finales del año pasado, y cubierta temporalmente por una designación de días de Esteban Mosquera en provisionalidad, hasta que el Ministerio del Interior tomo la decisión de designar a Rodríguez en esta importante responsabilidad. Lo vivido en los últimos meses en Arauca en el ejercicio de la conducción del gobierno departamental, en medio de una dura violencia agenciada por el ELN y las estructuras de las FARC, disidentes del Acuerdo de Paz, muestra la poca capacidad del gobierno regional para estar al lado de las comunidades que han sufrido la confrontación, sometiéndolos a desplazamientos, salida de liderazgos comunales para salvar sus vidas y el permanente confinamiento y estricto control de muchas dinámicas de la vida social sin que el gobierno departamental sea un actor relevante por su acción humanitaria o de exigibilidad de protección por parte de las autoridades. Ha sido una constante de la vida del departamento las dinámicas de violencia y la falta de acción del estado departamental, lo cual difiere de la acción de alcaldes y personeros, que en muchos momentos han sido cumplidores de sus deberes de acompañar y exigir los derechos de las comunidades. En medio de este panorama tan desolador, resalta la siguiente comunicación firmada por un grupo plural de líderes políticos del primer nivel departamental en el cual hacen un conjunto de reflexiones y propuestas para pensar en la superación de las graves situaciones que se siguen viviendo en Arauca: Ya se ha dicho en anteriores ocasiones cuando se habla de Arauca: allí no hay estado de derecho de calidad, existen varios estados, el formal colombiano y el informal que ha construido el ELN y debe ser propósito de la política de Paz Total, en cuanto compete a Arauca, el construir un solo estado de acorde al formulado en la Constitución del 91, que en verdad trabaje y promueva derechos para el conjunto de la ciudadanía araucana y se apersone de políticas públicas en todos los niveles para quienes más requieren de la acción de un estado que se ponga al lado de sus derechos y justos reclamos de vida digna, donde están muy arriba los atropellados pueblos indígenas, que han vivido un enorme drama, sobre todo, los que debieron cambiar su cultura nómada, por una cultura fuertemente campesina, con la que han chocado de manera grave. La acción política tiene muchos déficits en Arauca y el principal no solamente es legitimidad y credibilidad, como en todo el país y buena parte del mundo, sino que debe superar los poderes tras bambalinas con los que ha debido convivir.

Por: Katerin Erazo, Periodista Este 24 de enero La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó, en primera discusión, la creación de una ley que tiene como fin regular el funcionamiento y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), al considerar que la mayoría de estas tienen “fines políticos” y reciben financiamiento de otras naciones. Dicha propuesta fue presentada por el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien dijo ante la Asamblea que “las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización a nuestro país". Aseguró que la gran mayoría de estas ONG “dependen de Estados Unidos” y operan como "apéndices”. Cabello dijo que tienen una lista de aproximadamente 62 Organizaciones No Gubernamentales que “operan con fines absolutamente políticos”. Algunas de las ONG mencionadas fueron: Súmate, Futuro Presente, Provea, el Instituto Parlamentario Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos de la Universidad Católica Andrés Bello (ACAB). Luego de enlistar las organizaciones, Cabello señaló que esta ley no debe preocupar a estas organizaciones, ni a ninguna otra: “el que no la debe no la teme”, dijo. La propuesta llamada “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales ONG y afines” fue respaldada en su gran mayoría por el movimiento chavista de la Asamblea Nacional. Este proyecto, que cuenta con 17 artículos y dos disposiciones transitorias, contempla multas para aquellas organizaciones que no se registren en la instancia de control que quieren crear, así como sanciones para las ONG que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas. La multa que probablemente podrían recibir es de hasta 12 mil dólares. Según Marino Alvarado, abogado de la ONG Provea, las organizaciones venezolanas ya se encuentran registradas, ya que cuentan con estatutos; además de esto, estas ONG se reportan ante el servicio tributario, dado que mensualmente realizan reportes a entidades como el Banco Central de Venezuela. “Por lo tanto, el Gobierno sabe quiénes son las organizaciones, quiénes las constituyen, cuáles son las dinámicas financieras y los flujos financieros que vienen del exterior”, añadió el abogado Alvarado. Cabe añadir que, según Alvarado, desde hace dos años Venezuela no permite el registro de organizaciones que en sus estatutos tengan el ítem “defensa de derechos humanos”. De hecho, muchas organizaciones de la sociedad civil que no tienen que ver con derechos humanos, no han logrado registrarse, debido a que en sus estatutos tienen las palabras “democracia” o “derecho a la participación”. “Algunas organizaciones de víctimas que han intentado registrarse, tampoco lo han podido hacer, ya que en su estatuto tienen establecido trabajar con el sistema internacional de protección de derechos humanos”, mencionó el abogo Alvarado. Tras la aprobación de esta ley, en primer debate, varias ONG de Venezuela han expresado su rechazo al proyecto, una de ellas fue precisamente Provea, organización que defiende los derechos humanos. Provea señaló que esta ley es "un nuevo ataque contra la sociedad y las víctimas, principales beneficiarios de las ONG". A este rechazo se sumó la ONG Acceso a la Justicia, que aseguró que esta ley pone a las ONG “en una situación de grave inseguridad jurídica, lo cual facilitaría la violación de los derechos humanos”. Asimismo, Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, mencionó que esto también es atentar contra la vida nacional. “Espero que en el Gobierno haya gente sensata, con experiencia, que viene de las ONG, que reconozca la inmensa necesidad que hay en el país", dijo Ugalde en una declaración para los medios locales. Finalmente, esta propuesta aprobada en primera discusión, pasará a una “consulta del pueblo” para que posteriormente se lleve a una segunda discusión. En la Asamblea no se fijó una fecha establecida para el paso siguiente.

Por: Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Esta segunda etapa de la primera legislatura del Congreso de la República, que va hasta el 20 de junio, empieza recargada de reformas. El gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro ha ido anunciado en lo corrido de este año que presentará, al menos, 16 proyectos, entre los cuales se destacan la reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Adición Presupuestal y la Ley de Sometimiento o ley de Aceptación y Responsabilidad Penal, entre otras. Estos proyectos clave se suman a aquellos que vienen del primer periodo de esta legislatura, que son, reforma política, reforma al Código Electoral, campesinado como sujeto de derecho y Jurisdicción Agraria. La ambición del gobierno supera los 30 proyectos de ley entre aquellos que vienen ya discutiéndose y los que se presentarán. Por lo anterior, el ejecutivo llamará a sesiones extraordinarias a partir del 06 de febrero para la discusión de la reforma a la salud y el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, surge la pregunta sobre si esta agenda tan ambiciosa de proyectos y reformas que plantea el gobierno para esta segunda etapa del primer periodo legislativo, la cual va hasta el 20 de junio de 2023, va a llegar a buen término, cambiarán su contenido en el camino o llegará a dinamitar la coalición de gobierno. Conformación y logros de la coalición de gobierno Debemos recordar que el gobierno de Gustavo Petro cuenta con unas mayorías aplastantes en el Congreso, pues en Senado 75 de los 107 actuales senadores y en Cámara 140 de los 186 representantes, hacen parte de la coalición de gobierno. Por un lado, la coalición está compuesta en Senado por 20 integrantes del Pacto Histórico, 15 del partido Conservador, 13 del partido Liberal, 10 del partido de La U, 8 del partido Alianza Verde, 5 del partido Comunes y 4 del partido ASI. Por otro lado, la coalición en Cámara está integrada por 33 liberales, 29 representantes del Pacto Histórico, 27 conservadores, los l6 representantes de las Curules de Paz, 15 representantes de la Alianza Verde, 15 representantes del partido de La U y 5 de Comunes. Durante los primeros meses de gobierno, dicha coalición, liderada desde el legislativo por el presidente del Congreso, Roy Barreras, y desde el ejecutivo por el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha logrado aprobarle al gobierno: el Acuerdo de Escazú, la reforma tributaria, el Presupuesto General de la Nación, la creación del Ministerio de la Igualdad, la reforma a la ley de Orden Público o ley 418, entre otros. También votó para la segunda ronda de debates de proyectos de acto legislativo como la reforma política, el campesinado como sujeto de derechos y la creación de la Jurisdicción Agraria. Además, esta coalición escogió de contralor general de la República a Carlos Hernán Rodríguez, la ficha del gobierno en la lista de aspirantes y quien a inicios de la discusión no figuraba como uno de los fuertes candidatos al cargo. Vale aclarar que las aprobaciones de estas reformas por parte de partidos políticos tradicionales pertenecientes a la coalición de gobierno han podido estar sujetas tanto a la entrega de cargos en el gobierno, como a la aprobación de ciertos contenidos de la reforma política. ¿Las reformas en año de elecciones locales podrían poner en peligro a la coalición de gobierno y sus mayorías en el Congreso? Ahora bien, dichas reformas y victorias del gobierno gracias a su mayoría legislativa no se dieron en año y calendario electoral. En cambio, este año está atravesado por las campañas electorales para la elección de las autoridades locales y departamentales, donde se ve el poder político de los partidos tradicionales. Partidos de la coalición como el Liberal, el Conservador y el partido de La U encuentran en las elecciones locales su mayor fortín político, pues es allí donde está gran parte de su poder real. Es por esto que la mezcla de reformas tan polémicas con elecciones locales puede llegar a dinamitar la coalición de gobierno o cambiar el contenido de dichas reformas, hasta el punto de desnaturalizarlas. Los proyectos en los que se puede encontrar un peligro real para la coalición son la reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral y Ley de Sometimiento. La oposición a la reforma a la salud, a la reforma pensional y la reforma laboral venía dándose desde 2022, incluso sin que se conocieran los textos. El panorama a inicios de este 2023 no cambia y de hecho varios medios de la opinión pública han ampliado el alcance de sus dudas y cuestionamientos a dichas reformas. Lo anterior ha causado un aumento en la expectativa respecto al conocimiento real del contenido de estas reformas, sin duda alguna crecerá la población que dude de la pertinencia de estas. A este hecho se suma la presentación de la Ley de Sometimiento, la cual, al día de hoy, según documentos de gobierno, será socializada en febrero y radicada en el Congreso en marzo. Esta ley empezará a aclarar el panorama sobre con qué grupos el Gobierno Nacional negociará términos de sometimiento grupal a la justicia y con cuáles, si es el caso, iniciará diálogos de paz, dándoles así un reconocimiento político. Esta decisión también podría ser muy discutida y debatida por el conjunto de la sociedad colombiana. Ahora, si sumamos que en su conjunto estas cuatro leyes (reformas laboral, pensional, salud y Ley de Sometimiento) no gustan en el electorado regional y en las bases de los partidos de La U, Liberal y Conservador, estas colectividades no tendrían más remedio que negociar con el gobierno cambios en el contenido de cada ley o, en su defecto, si el cambio no sucede, presionar al gobierno con su salida de la coalición. Si sumamos la presencia de estos partidos en Senado y en Cámara de Representantes, nos encontramos que cuentan con 38 y 75 congresistas respectivamente. Así que, si en su conjunto se retiran de la coalición de gobierno, Gustavo Petro perdería las mayorías en el legislativo. El gobierno, en caso de que esto pase, para mantener su capital político en el Congreso, podría responder dando concesiones a cada uno de los partidos, ahora bien: ¿hasta qué punto estarían dispuestos estos partidos a aceptar estas concesiones, sabiendo que les puede costar credibilidad en su electorado de base? La respuesta a la pregunta anterior no se tiene, ya que no hay total claridad sobre los diferentes articulados que presentará cada ley, por lo que no hay posturas claras ni de los partidos ni de la población. Lo que sí es claro es que partidos de la colación de gobierno como el Conservador, el Liberal y La U no sacrificarán su poder local. Además de ello, el Pacto Histórico sabe que necesita de dichos partidos para las elecciones locales, en especial en los territorios donde no son fuertes y La U, el Conservador y el Liberal, sí lo son. También el gobierno debe tener claro cuáles peleas dar y cuáles no, para así no desgastar mucho su capital político. Siguiendo esta lógica, el ejecutivo nacional debe preguntarse si es prudente y estratégico invitar a discutir sus reformas en las calles el próximo 14 de febrero.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Anunciar un cese al fuego y de hostilidades es una tarea relativamente fácil: basta con el deseo explícito de los armados de querer suspender los disparos y todas las acciones violentas. El problema mayor se encuentra en la etapa posterior, aquella en la que la organización armada debe trabajar para lograr cumplir con su promesa inicial. Precisamente, si revisamos la historia veremos que los ceses al fuego son bastante comunes en el país. Para las guerrillas ha sido muy habitual tomar la decisión unilateral de proponer y regalar a la sociedad ceses al fuego en épocas diversas del año –como en navidad, en elecciones o en períodos de pandemia–. Estas acciones son mensajes positivos que los armados le envían a la sociedad para que realicen sus actividades sin la presión del uso de las armas. Son gestos de paz que, incluso, son utilizados por los actores armados que mayor dependencia tienen del uso de la violencia, como lo son las bandas criminales o el mismo Estado. En grandes ciudades como Cali o Medellín ha sido común observar cómo actores armados ilegales deciden hacer treguas en sus zonas de influencia, donde manejan sus negocios o controlan un territorio. Y lo hacen emitiendo tan solo una simple orden que es acatada fielmente por la estructura armada. En Colombia, los dos anuncios de ceses al fuego más recientes ocurrieron en diciembre. El primero fue emitido por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la cual, de manera unilateral, dijo que le regalaría a las y los colombianos un período de silencio de los fusiles. El cual cumplieron a cabalidad, según varias organizaciones que le hicieron seguimiento. El segundo anuncio del cese al fuego lo hizo el presidente Gustavo Petro, quien, al cerrar el año y comenzar otro, quiso mandar un mensaje a la sociedad y a la comunidad internacional de que su política de Paz Total está avanzando. Fue una especie de regalo navideño, similar al anuncio económico del aumento del salario mínimo o el pacto por la justicia tarifaria. Sin embargo, como hemos visto, este anuncio de cese al fuego ha causado mucha discusión y alboroto. La razón está en que el Gobierno tomó la decisión de manera individual, no involucró al ELN, lo sacó de la decisión, sabiendo que era un anuncio que interesaba a ambas partes. De ahí que el grupo guerrillero desmintió al Ejecutivo y negó el supuesto acuerdo. El ELN consideró que con esta acción el Gobierno estaba rompiendo la doble tradición que se había construido en el país. Por un lado, aquella que dice que los ceses al fuego bilaterales o multilaterales son resultado de una negociación. Así ocurrió desde el inicio del ciclo de negociaciones en la década de 1980 con las guerrillas, cuando lo que se pactaba eran, precisamente, este tipo de acuerdo de paz. Y por el otro, el respeto que se debe tener con el adversario político en una mesa de negociaciones. El ELN le recordó al Gobierno que actualmente se adelanta un proceso de paz y se cuenta con una mesa de negociaciones, siendo una de las normas protocolarias aquella de que en toda decisión debe incluirse a ambas partes. Lo que hizo Petro el 31 de diciembre con el decreto de cese al fuego multilateral fue romper estos dos acumulados históricos. Pasó por encima de una tradición en la que los ceses al fuego bilaterales son acuerdos construidos por las partes en conflicto. Con ello cometió un error, el cual le ha sido difícil reconocerlo, además, ha conllevado unos costos políticos considerables, que podría haber sido evitados. El primer costo lo ha asumido el Gobierno. La salida del ELN a desmentir el acuerdo bilateral generó un daño en la confianza que se tenía en el gobierno Petro. Echar para atrás el decreto resultó tanto para la sociedad y la comunidad internacional, como para el mismo ELN, en un golpe a la credibilidad del Gobierno. Un segundo costo lo están asumiendo las comisiones de negociación. Los negociadores han tenido que suspender sus descansos y tiempo para planear lo que se trabajará en la segunda ronda –que se dará desde el 13 de febrero en México– para atender esta crisis. Es decir, la reunión extraordinaria en Caracas, Venezuela, resultó ser un encuentro difícil y costoso, a pesar de los positivos resultados. Y finalmente, lo más seguro es que aparecerán otros costos, como los que generan los críticos de la política pública de Paz Total, que consideran esta acción como una decisión afanada que evidencia una improvisación por parte del Gobierno. Además de las posibles exigencias que la guerrilla le haga al Estado para superar este impase, como mejores condiciones para sus presos políticos. Lo positivo de este error es que, bien aprovechado, puede servir para que las partes avancen con mayor seguridad en la construcción de la paz. La segunda ronda de negociaciones abre un escenario para mostrar la disposición de las partes para llegar a un acuerdo que ponga fin a este conflicto violento de manera definitiva. Como lo dice Carlos Velandia en su reciente libro Treguas y ceses al fuego, este tipo de acuerdos, que son beneficiosos para todos, pueden convertirse en un potente instrumento de paz. Pueden servir para mostrarle al país las bondades de la paz, pues dan un alivio al parar la guerra. Pueden permitir vincular a las comunidades en zonas de conflicto a los diálogos regionales. Y pueden ayudar a avanzar en la implementación del Acuerdo Final con las FARC-EP, en temas como erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en zonas donde hace presencia el ELN. En breve, la discusión y el acuerdo de un cese al fuego y de hostilidades puede convertir la fase de negociaciones, como pretende el ELN, en un laboratorio de paz, en el momento para que todo lo que se acuerde se implemente de forma inmediata. Logrando, finalmente, dar un mensaje al mundo de que se está avanzando en el camino correcto para construir la paz en el país, con la novedad de que al tiempo que se negocia se implementa lo acordado. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Gustavo Petro convocó a la población civil a salir a las calles los días 14 de febrero y 01 de mayo, con el fin de apoyar las reformas sociales propuestas por su gobierno, las cuales se radicarán este año en el Congreso. El llamado lo hizo a través de unos trinos en su cuenta de Twitter, en los que aseguró que las calles también son espacios de discusión. Para Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estos trinos son “desacertados”, dado que hasta la fecha de hoy no se conoce el articulado de las reformas. Es por esto que para Pérez, el actuar del presidente no fue el mejor, ya que estas marchas se podrían salir de control en temas de seguridad. Además, señaló que políticamente el camino a seguir es el Congreso, pues esta institución es la única encargada de aprobar las reformas. Según Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, este hecho refleja una democracia plebiscitaria, es decir que los debates realmente no se comienzan a dar por medio de los canales institucionales, sino que se somete a una presión a los poderes legislativos con el fin de que se vean obligados a aprobar las reformas, lo que para Garzón se podría considerar como una manera de “presión social” contra el Congreso. Esta iniciativa por parte de Gustavo Petro despertó diferentes críticas en la oposición. Los senadores David Luna y Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, expresaron su desacuerdo con el jefe de Estado. Luna mencionó que la verdadera responsabilidad del presidente Petro es gobernar. Además, añadió que las reformas deben tramitarse en las instancias correspondientes. Mientras que Carlos Fernando Motoa expresó que Petro debería concentrarse en solucionar los problemas urgentes que sufren los y las colombianas para, según Motoa, atender los verdaderos problemas del país. Otra postura frente a esta iniciativa de Petro fue la del presidente del Senado, Roy Barreras, quien aseguró, en diálogo con W Radio, que esta propuesta del mandatario es “un error”, ya que podría traer ciertos riesgos. “Me parece que puede generar una conflictividad. Creo que es importante canalizar ese reclamo de manera ordenada para que haya sinergia y que no se convierta en un reclamo caótico”, le dijo Barreras a La W. Cabe añadir que estas manifestaciones no serían las únicas que se llevarían a cabo para dichas fechas, ya que la oposición también convocó una protesta en contra de las reformas del gobierno de Petro para el día 14 de febrero. El representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, fue quien llamó a la población para marchar en contra de los proyectos: “nos vamos a la calle, paro nacional 14 y 15 de febrero. Fuera Petro. Cómo decían los mamertos en el 2021: hay que parar para avanzar. ¡Están asustados!.”, escribió Polo Polo en su cuenta de Twitter. Sin embargo, a pesar de que ambas fechas coinciden, Polo Polo escribió que estas protestas convocadas por él aún siguen en pie y destacó que serán de manera pacífica y no destructivas. Algunas de las razones por las que marchará la oposición son la salud, la economía, las pensiones y el empleo. Antes de que se acabe el primer año legislativo, en julio, el Gobierno espera que por los menos 31 proyectos de ley sean discutidos en el Congreso, entre ellos, las reformas a la salud, educación, a los sistema pensional y laboral, el código electoral y la segunda fase de la reforma política. Además, se presentará el Plan Nacional de Desarrollo, el cual, según Juan Alejandro Pérez, será un documento extenso que requerirá de un “debate serio”, ya que es fundamental para el gobierno Petro, dado que le permitirá plasmar su política de cambio territorial.

Por: Luis Eduardo Celis Inicia el año 2023 y la paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN ha estado en la primera línea del debate nacional sobre las perspectivas de este importante proceso para la política de Paz Total. Esta semana se reunieron las partes negociadoras en Caracas, con acompañamiento de los países garantes, la Misión de la ONU y la Iglesia Católica; para analizar la situación generada ante el reporte hecho por el presidente Petro sobre la media noche del 31 de diciembre, anunciando un cese bilateral acordado, según él, con cinco organizaciones, entre ellas el ELN. Acuerdo que esta organización negó, generándose un intercambio de valoraciones al respecto que persiste hasta el día de hoy, cuando el presidente Petro nuevamente ha mencionado el asunto desde Suiza, donde participa del Foro de Davos. Sin duda que unos diálogos y negociaciones de esta complejidad van a tener mil dificultades que superar y esta del cese bilateral y sus interpretaciones es una de ellas, que sin duda el gobierno y el ELN van a remontar. Lo que se evidencia es la importancia de una acción conjunta y concertada entre los que lideran este proceso, no es posible avanzar si no llegan a acuerdos, y allí está el primer motor: la bilateralidad. Para que este proceso camine se requiere del involucramiento de la sociedad, así lo afirma el ELN, e igualmente es de interés del Gobierno un protagonismo social, en desarrollo del mandato constitucional que ubica la paz como un derecho y un deber. La definición de unas dinámicas de participación es punto clave a tratar en el ciclo de México, hay que tomar decisiones de manera pronta y hay que retomar lo ya avanzado en las audiencias sobre el punto de participación y lo que el gobierno Santos y el ELN establecieron en la última ronda en julio-agosto de 2018. Así las cosas, sin procesos de participación esta negociación no va a caminar, y allí está el segundo motor. Hemos recorrido este esfuerzo de paz de las últimas tres décadas sobre dos dinámicas. La primera es paz para el cambio, que fueron los procesos de paz de los años noventa —en los que se encuentra la apuesta liderada por el M-19 y secundada por el EPL, el PRT, el Quintín Lame y la CRS—, un modelo que tiene logros en cambios institucionales importantes plasmados en la Constitución del 91, una paz política que nos deja logros importantes en la maduración de una democracia que debe crecer para asumir los cambios pendientes en la sociedad colombiana. Y la segunda es la de lograr cambios estructurales para avanzar en paz, y allí está el acuerdo con las FARC que propone que si hay cambios de base podemos avanzar en convivencia pacífica. En esta lógica la centralidad está en las transformaciones, sin acuerdo sobre cambios no es posible avanzar. Este es el tercer motor. Con el incumplimiento del acuerdo firmado con las FARC en 2016, se refuerza la desconfianza del ELN, el cual quiere ver y ser protagonista de dinámicas de participación acordadas con el Gobierno, transformaciones para avanzar en superar exclusiones e inequidades y lograr un orden de derechos y avanzar en democracia de calidad en el conjunto del país. El ELN quiere ver cambios y tener certeza de cumplimiento, lo cual no es pequeño desafío en tanto lleva de las intenciones a las realidades, y ese es el cuarto motor de este proceso. Entre bilateralidad, participación, transformaciones y certeza de cumplimiento, podemos avanzar en este necesario e importante proceso de paz. Con seguridad, de la reunión desarrollada en Caracas saldrá un proceso fortalecido e iremos al segundo ciclo en México, donde hay que avanzar en tres temas: los urgentes asuntos humanitarios, el cese bilateral y el necesario proceso de participación. Con estos cuatro motores esta negociación va a ir hacia adelante. Gobierno, sociedad civil y ELN tenemos identidades enormes para hacer realidad estos cuatro motores. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.