Por: Luis Eduardo Celis El 2022 fue terrible para la población Araucana, un año de dura violencia, amenazas, atentados contra instalaciones civiles, combates, poblaciones confinadas, escuelas que no pudieron funcionar y la misión medica atemorizada, cientos de líderes y lideresas desplazadas del territorio y la más alta taza de homicidio de todos los departamentos del país, que sin ser confiables las cifras, por el subregistro, colocan a Arauca por encima de 150 por cien mil habitantes, una verdadera pandemia de violencia. Y el 2023 que recién inicia trae nuevamente noticias de la persistente violencia que se ha vivido en Arauca en las últimas cuatro décadas. Tres jóvenes que habían sido secuestrados acusados de robar y desguazar motos han aparecido asesinados y circulan fuertes imágenes de combates entre jóvenes de las disidencias de las FARC y el ELN. Ya sabemos las razones de la violencia en curso: el control del territorio, mutuas acusaciones de alianzas no santas y un entramado de intereses por mantener el control de lo que pasa y no pasa en una Arauca que ha tenido un enorme conflicto en el que el ELN y las FARC han sido protagonistas de una lucha contra el Estado colombiano que no tuvo la capacidad de construir democracia y desarrollo en este y en muchos otros territorios. Ahora que hay una mesa de diálogos y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN, la situación de persistente violencia en Arauca, y de manera particular el enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC, se torna en un enorme desafío. Arauca es muy importante para este proceso de paz por la importante presencia del ELN, del Frente de Guerra Oriental, en este departamento. Por esto, la participación de la sociedad araucana en este proceso es esencial, participación que no será posible de mantenerse la confrontación. En la pelea en curso entre el ELN y las disidencias de las FARC debe terciar el Gobierno con una fórmula de distensión que haga que las dos partes vayan a los escenarios de diálogos y negociaciones se han ofertado y construido ya con el ELN, y el que el Gobierno considere con las disidencias de las FARC, por supuesto igualmente construido de común acuerdo con estas, en tanto estamos hablando de fórmulas dialogadas y concertadas de manera bilateral. La sociedad de Arauca tiene mucho para aportarle al país y para proponer desde su experiencia y capacidad para avanzar en una acción territorial que asuma los enormes retos que tenemos para avanzar en una sociedad en paz, lo cual solo se podrá hacer si los fusiles se silencian y la sociedad se moviliza por un futuro en el que la vida, en todas sus manifestaciones y diversidad, crezca en este hermoso territorio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda El gobierno de Gustavo Petro anunció la semana pasada la cancelación de la compra de una flotilla de aviones de combate. Se les vino encima la fecha de la pérdida de vigencia presupuestal, al parecer por causa de la misma negociación. Se trataba de cerrar un negocio iniciado en gobiernos anteriores y, según los entendidos, al verse involucrada la seguridad de la nación resultaba una diligencia inaplazable. De hecho, los cazas de fabricación israelí que posee la FAC, los denominados Kfir, han cesado en su utilidad como vigilantes de nuestras fronteras. Los nuevos aviones, de haberse concluido la negociación, serían tipo Rafale, de fabricación francesa, que son aviones con la virtud esencial de disuadir o destruir enemigos. En tal entendimiento, es fácil aseverar que en manos de los gobiernos uribistas serían empleados para acciones de seguridad externa; pues estos cazas franceses han demostrado efectividad en derribamientos de Sukhoi (los aviones de fabricación rusa que hacen parte del ejército de Venezuela). Tampoco es difícil aseverar que en manos del gobierno de Petro, de haberlos comprado, los usarían para acciones de seguridad interna, bombardeando pistas ilegales e inhabilitando rutas aéreas de grandes narcotraficantes. Lo cierto es que la opción de tal compra –repito que cancelada– fue criticada por sectores de la oposición, como por miembros del petrismo y del Pacto Histórico. Algunos argumentando que dicha inversión (más de dos mil millones de dólares) saldría de los réditos de la actual reforma tributaria y desplomaría los programas de inversión social. Otros –los más sensatos– argumentando que en la adquisición de esos aviones de combate hay una contradicción con el espíritu del programa de gobierno del presidente Petro. Comprar armas va en contravía de la anhelada Paz Total y riñe con uno de sus más sonados lemas de campaña: “seremos el gobierno de la vida”. Pero, bueno, si bien las inquietudes de los primeros críticos fueron saldadas –porque en su cuenta de Twitter el presidente ha precisado que “no se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate”– los otros han dejado expuesta y vigente una preocupación real: ¿hay coherencia en un gobierno que promueve la paz y al tiempo se surte de armas letales para la guerra? La respuesta tal vez la podríamos elaborar en justicia, si consideramos el contexto de nuestros orígenes. La práctica de la guerra y el uso de las armas de fuego, más que un fin o propósito de una persona, obedecen a un instinto o impulso connatural de la especie, a una suerte de finalismo orgánico, tal y como lo entendía el filósofo Henri Bergson; es decir, como la manifestación de una concepción de la realidad (la concepción de la necesidad de las armas para obtener alimentos) dada o condicionada por el futuro (la responsabilidad de permanecer vivos). De hecho, la lanza, que es la primera herramienta fabricada por el homo faber, tenía en sus principios dos funciones básicas: una como instrumento de caza para la consecución de alimentos (en remplazo de la fuerza física) y otra como arma de disuasión contra los semejantes peligrosos (en reemplazo de las palabras). Cazar para alimentarse y usar esas mismas armas para defenderse, dos actuaciones que buscaban una sola cosa: permanecer vivos. De aquellas lanzas primitivas se perfeccionarían cuchillos y espadas, armas llamadas blancas porque resplandecían con el sol y no porque su efectividad estuviera limitada por la corta distancia de su objetivo. De las armas blancas podría librarse cualquiera solo corriendo. De ahí la importancia del surgimiento de las armas de fuego, pues su efectividad reside en el alcance de largas distancias, que una cualidad importante de los aviones de combate. El poder destructivo de las armas de fuego hizo que el sentido común o el instinto de conservación de la especie (la responsabilidad de permanecer vivos) desarrollara también la advertencia de que a ellas solo debe recurrirse cuando para cazar animales no alcanza la fuerza física o cuando para contener la ofensa de un enemigo no alcanzan las palabras. Inventadas en el siglo XIII por los chinos, fueron los estadounidenses quienes perfeccionaron las armas de fuego en su tecnología y eficacia modernas, y fueron ellos quienes las empezaron a producir industrialmente. Los estadounidenses también serían los primeros en poner en boga entre los ejércitos del mundo la idea de la carrera armamentística. Sea como fuere, la mayor tara de la humanidad son las armas y con ella las guerras. Contrario a lo históricamente explicado por los filósofos (pienso en Heráclito, en Kant, en Marx y Engels), ninguna guerra es justa. Estos filósofos solo veían el daño que les producían las armas a los seres humanos que se enfrentaban con ellas en franca lid. Hoy, la repulsa a la guerra está fundada en razones más poderosas, pues las armas de fuego, como las usadas por los Rafale, no solo les quitan la vida a personas indiscriminadamente, sino además afectan el medio ambiente: envilecen los suelos, contaminan las aguas, devastan los bosques, destruyen las especies, agostan la biodiversidad y desequilibran la cadena alimenticia. Pese a ello, con la excusa de que la acción guerrerista no implica la ofensa, sino la defensa, la humanidad no ha podido reprimir su parte moral inclinada a validar lo bélico. Si plegados al pensamiento de Bergson, aceptamos que el estímulo de las guerras es el instinto –que por acto reflejo centra su poder en las armas–, entonces también vale reconocer que frente a esa tendencia negativa de la especie, existe el opuesto positivo, el poder de la palabra. Las palabras nos permiten cavilar y reflexionar acerca de cómo la humanidad podría desmontar sus vicios morales y sus esquizofrenias que implican la agresión a sí mismos y al planeta. En el presente podemos decir que ese cambio –que descuenta el poder de las armas y privilegia el poder de la palabra– ya está en curso, aunque tímidamente. El sueño de desmontar las guerras se ha hecho realidad en procesos de desmilitarización llevados a cabo por estados nacionales geopolíticamente muy cercanos a Colombia, como Costa Rica y Granada, y en países lejanos como Irlanda y Andorra. Naciones que, entre otras pocas, se ufanan de no tener ejércitos. No obstante, tanto Costa Rica como Granada, por ejemplo, hacen parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tratado que implica la protección en asuntos de defensa militar. También, en virtud de sendos acuerdos, Andorra es protegida por España y Francia, e Irlanda ha blindado su seguridad nacional al integrar la Otan, que es un brazo armado de la Europa de hoy. De cualquier modo, la actitud política de estos pocos países es un buen comienzo para que los gobernantes tengan por principio ético que su país no es o no debe ser un cuartel, sino un centro de actividades científicas, artísticas y culturales, un centro de actividades para que ocurra la vida. En semejante contexto, por muy serio y verdadero que sea un discurso de paz o la voluntad de un gobierno para acabar con la guerra, tendrá que argumentarse sobre la base de este entendimiento: la defensa militar es necesaria incluso en aquellos países que se han desmilitarizado. Y así será hasta cuando al poder de las armas lo desmonte el poder de la palabra. El poder de la palabra es el discurso que protege a la especie, partiendo de que ella, siendo consciente de su propio valor, no debe ni puede auto agredirse. Cuando un presidente como Gustavo Petro advierte la necesidad de proteger el planeta, la necesidad de asistir alimentariamente a la población, la necesidad de crear procesos de educación y trabajo para que el progreso ocurra, estamos frente a un típico mandatario cuya letalidad no está fundada en el poder de las armas. Con todo, ello no le da autoridad para que descuente el principio de seguridad nacional que en un mundo donde todavía el hombre es lobo de sí mismo, es un asunto de urgente necesidad. Esa es la presente realidad universal: el país que no cuente con un ejército propio o con uno ajeno que lo proteja, es inmediatamente absorbido por aquellos que sí los tienen. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Pablo Kaplún Hirsz Alejandro Álvarez es coordinador del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales Clima 21. Es uno de los ecologistas venezolanos más seguidos por los interesados en la temática ambiental venezolana. En esta ocasión lo entrevistamos para hacer un balance de 2022 y una prospectiva de 2023. He aquí sus declaraciones recogidas en forma exclusiva. ¿Podrías señalar cuáles hechos marcaron el quehacer de los defensores de derechos humanos ambientales en 2022? Son una cantidad de situaciones: la primera situación es un total y absoluto desconocimiento y negación de toda situación ambiental en Venezuela por parte de las autoridades, no importa que los hechos se hubieran podido probar, no importa lo que estuviera ocurriendo, no importa ninguna otra situación, los organismos responsables en Venezuela dejaron de responder totalmente a eso y cuando se denunciaba simplemente hablaban de otra cosa, por lo tanto nunca se refirieron a las situaciones de deforestación, derrames petroleros, destrucción de áreas naturales protegidas ni a ningún otro tema. A esa situación tenemos que sumarle el tema de la ofensiva continuada contra los defensores de derechos humanos ambientales, particularmente los grupos indígenas con énfasis en los pemón, los yanomami y los wotjuja (piaroa). En esos tres grupos ocurrieron graves situaciones de amenaza: en el caso de los pemón, violencia y hostigamiento, y en el caso de los otros dos violencia llevada al asesinato. Así que los defensores de los derechos humanos ambientales tuvimos que trabajar mucho, primero para denunciar la situación que estuviera ocurriendo, visibilizar para que no se perdiera la situación en un contexto venezolano en el que la situación de crisis es tan grande que la enorme la mayoría de los venezolanos está sobreviviendo, por lo tanto, esos temas no les importan, particularmente porque su principal preocupación es cómo sobrevivir. Entonces tuvimos que trabajar para mantener esa situación constantemente en la vista pública y trabajar sobre esas situaciones. Lo otro es empezar a generar capacidades y eso es un proceso largo para poder responder ante ellas; las capacidades incluyen desde la capacidad de extraer información dentro de la opacidad general del Gobierno, hasta poder enviar esa información a toda la cantidad de instituciones, organismos y público fuera del país; eso se está trabajando tanto con alianzas con otras organizaciones internacionales como con el tema de generar unas capacidades para trabajar con medios de comunicación internacionales; es un proceso muy lento, pero en eso estamos. Tú has hecho varias investigaciones sobre la problemática ambiental en 2022, ¿podrías mencionar cuáles fueron las más relevantes y brevemente cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron? Durante el año 2022 Clima 21 publicó cinco informes referidos a varios temas ambientales en general y uno en particular sobre la situación de los indígenas pemón en el área de Canaima. Comienzo con ese tema: es una situación de hostigamiento, agresión, violencia y saqueo continuado que ha ocurrido con los indígenas en esas zonas y frente a la cual hay que empezar a entender su situación desde de su punto de vista, y en los informes tratamos de explicar la situación desde el punto de vista de los indígenas. Es una realidad muy compleja que tiene sus matices, sus blancos oscuros y sobre esa situación estuvimos haciendo un esfuerzo particular para que se viera de esa manera. Luego estuvimos trabajando cuatro temas ambientales: Primero: derrames petroleros, el caso tanto de los derrames petroleros desde el año 2017 hasta 2021, en el cual vimos cómo los derrames petroleros continúan, a pesar de que es imposible desde el punto de vista de ninguna organización social civil saber exactamente el número de derrames petroleros que ocurren en el tiempo, así que tenemos que referirnos únicamente a los derrames petroleros que están apareciendo en medios de comunicación y dentro de redes sociales como Twitter, entonces tenemos una situación que estuvimos monitoreando, primero informando lo que había ocurrido antes y después desde el mes de enero hasta el comienzo del mes de diciembre de este año, tenemos un promedio de entre 6 y 7 derrames petroleros que no son todos los derrames petroleros que ocurren en el país, sino aquellos que son suficientemente relevantes como para que lleguen a medios de comunicación. Segundo: vimos la situación de la fauna silvestre en el país en el contexto de emergencia y encontramos una situación muy grave en la cual todos los grupos de la fauna silvestre tienen problemas de conservación y además de eso esa situación está incidiendo sobre grupos humanos particulares ya que muchos dependían de la fauna silvestre para su alimentación y para muchos de ellos era todo su aporte proteico continuamente. Actualmente todos esos grupos están en vías de extinción, tanto por destrucción de su hábitat como por un aumento de la cacería producto igualmente de la crisis humanitaria en el país. Además de eso, la crisis humanitaria y el COVID-19 ocultan el crecimiento de una red de personas que trabajan en tráfico ilícito de fauna silvestre. Tercero: la situación de los ecosistemas marinos en Venezuela, hicimos una revisión de toda la costa venezolana, y en ese caso encontramos que toda la costa venezolana tiene graves e importantes situaciones de daño, peligros muy graves ante el tema del cambio climático, el tema de aparición de metales pesados en muchas de sus costas y otros que son peligros muy graves que no podemos saber hasta estos momentos cuáles van a ser sus efectos, pero sabemos que son importantes y hay múltiples obstáculos para poder resolver este problema, la mayor parte de esos obstáculos tienen que ver con la situación de la desinstitucionalización ambiental en el país. El cuarto de los informes que entregamos tuvo que ver con el tema de deforestación. Encontramos que Venezuela tiene la tasa, es decir, la velocidad de deforestación más alta de la Amazonía y en particular la tasa más alta de deforestación de bosques naturales y siempre recalco que la idea es tasa de velocidad, pues la deforestación más alta de la Amazonía ocurre en Brasil y no en Venezuela. ¿Qué podrías señalar como hechos positivos en el terreno de los defensores de derechos humanos ambientales en 2022? Hablar de hechos positivos es realmente importante, ya que tenemos que ver que no todo está mal, tenemos un aumento de la capacidad de organización de la sociedad civil, tanto interna como externa, para visibilizar las situaciones ambientales en Venezuela y desde varios puntos organizaciones internacionales y organizaciones asociadas a las instituciones internacionales se están cada vez sensibilizando y dándose cuenta de la situación ambiental del país. Eso es una realidad cada vez mejor y tenemos capacidad cada vez más grande para hacerlo, no solamente una sino varias organizaciones, entonces lo próximo es que estamos haciendo alianzas entre organizaciones internacionales para visibilizar la situación. Otro elemento muy positivo que va creciendo es la posibilidad de hablar de derechos ambientales, que era un tema muy poco conocido en Venezuela y quizás es muy importante de considerar un último elemento y no por el hecho de haberlo colocado de último no es más importante, las extraordinarias capacidades de periodistas de investigación que están trabajando en temas de investigación ambiental y que han realizado investigaciones sobre situaciones de un nivel tan grande que pueden ser válidas hasta como proyecto de investigación científica y esos elementos han desarrollado cada vez más una capacidad extraordinaria del país para comprender lo que está pasando en materia ambiental en nuestro territorio.

Por: Katerin Erazo, Periodista Perú cumple un mes de fuertes protestas en las calles, luego del intento de golpe de Estado que pretendía realizar el expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido el pasado 07 de diciembre. Los manifestantes exigen cuatro puntos: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte; el cierre del Congreso; el adelanto de elecciones generales a 2023; y la convocatoria de una asamblea constituyente. Las protestas, que iniciaron el pasado 11 de diciembre, han dejado, al día de hoy, un saldo de 47 muertos. Estefany Luján, periodista peruana, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que al menos cuarenta de estas muertes se han producido durante las marchas y otras cinco en el contexto de estas, es decir, a causa de accidentes y bloqueos que se han presentado durante las protestas. Estas cifras han desatado la indignación de algunos manifestantes, especialmente por la muerte de seis adolescentes que tenían entre 15 y 17 años, se registró que tenían heridas de balas presuntamente provenientes de las fuerzas militares. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado. Según Luján, en su país existe una normativa que indica que en manifestaciones y eventos de este tipo, “por más violentas que sean, se tienen que utilizar los mecanismos disuasivos”, como bombas lacrimógenas, perdigones de goma, entre otros artefactos que no afecten la vida de los manifestantes. Sin embargo, se han registrado heridas por armas de fuego, balines de acero, entre otros. Por esta razón, se ha hablado de graves violaciones contra los derechos humanos en Perú. Aun así, el Gobierno, liderado actualmente por la presidenta Dina Boluarte, constantemente ha negado estos hechos y ha adoptado un discurso que busca estigmatizar a los manifestantes, tachándolos de “violentistas” o señalándolos de que están siendo conducidos por grupos de poder, que el mismo Gobierno no ha identificado. Para Luján este discurso no tiene sentido: “el Gobierno menciona que existen grupos interesados en desestabilizar al país, pero si realmente tuviera dicha información dudo mucho de que no la hicieran pública (…) queda una idea muy abstracta sobre esto”. El 09 de enero de 2023, en la ciudad de Juliaca, al sur de Perú, se vivió una de las jornadas más violentas en el país durante este periodo de protestas. 17 manifestantes fallecieron ese día, 112 personas resultaron heridas y un bebé de 35 semanas, quien debía ser trasladado a un centro médico, no pudo llegar a causa de los bloqueos. Debido a esto, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en el Perú (ONU) exhortaron a las autoridades y fuerzas de seguridad a "tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos", expresando su preocupación por los disturbios que se han presentado, en especial el del día 09 de enero. "Exhortamos a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica; a observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes; y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis", así lo manifestó ONU Perú en un comunicado. Por su parte, el Gobierno Peruano decretó un toque de queda de tres días en la zona andina de Puno, anuncio que realizó Alberto Otárola, primer ministro del Gobierno. Cabe señalar que pese a las cifras de muertos que han dejado los enfrentamientos con las fuerzas del Estado, el Congreso peruano otorgó el martes 10 de enero el voto de confianza al gabinete presidido por Otárola, con lo cual confirmó su investidura. 73 votos a favor, 43 votos en contra y 6 abstenciones fueron los resultados de su Plan de Gobierno para los siguientes meses, resultado que para Estefany Luján confirma la clase de institución que es el Congreso peruano, criticado por muchos de los habitantes del país y a nivel latinoamericano. Durante esta jornada de votación, Edgar Reymundo, vocero de la bancada de Cambio Democrático, afirmó que el gobierno de Dina Boluarte tenía "más muertos que días en el poder”. Cambio Democrático fue uno de los partidos que pidió la renuncia de Boluarte y de Otárola para dar paso a un gobierno de transición y un adelanto de elecciones generales inmediatas. Petición a la que se sumó el legislador Flavio Cruz, portavoz del partido Perú Libre, quien coincidió con Reymundo en exigir la renuncia de la mandataria y de Otárola con el fin de que haya paz en el país. Miguel Jugo Viera, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, le mencionó a Pares que la situación que está viviendo el país es crítica y que los hechos violentos demuestra un “desprecio total por la vida humana” por parte de la presidenta Boluarte. Miguel Jugo mencionó que ya hay un total de 460 heridos, decenas de viviendas allanadas y cientos de ciudadanos arbitrariamente detenidos y procesados, “esta situación vulnera los principios fundamentales del Estado de derecho”. Para él, el panorama es bastante incierto, ya que se anunciaron nuevas movilizaciones y la llegada de muchos contingentes de regiones y de grupos indígenas hacia la capital, Lima. “Es una situación bastante delicada porque no hay un criterio de cuidado de las personas, sino todo lo contrario”. Cabe añadir que hoy inician las reuniones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), en las que se espera que se realicen las recomendaciones pertinentes para dar un poco de alivio a esta crisis que está viviendo el país peruano.

Por: León Valencia ¡Feliz año 2023! Lea aquí la carta de fin de año de León Valencia para la familia Pares, los donantes y las personas y organizaciones aliadas.

Por: Redacción Pares Durante este 2022 lleno de novedades políticas en Colombia, los columnistas de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) han sido clave para dar una mirada crítica del país y formar opinión entre nuestros lectores. En el Top 5 de nuestras columnas más leídas del año, destaca nuestro director, León Valencia, con tres columnas que analizaban la estrecha campaña presidencial que dejó a Petro como presidente de Colombia. Y otras dos columnas, una de Germán Valencia, sobre los movimientos económicos y financieros del Grupo Gillinski a pocos días de la primera vuelta; y la otra de Walter Aldana, desglosando acerca de la teoría del decrecimiento que defendió la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, frente a las malintencionadas interpretaciones de los medios de comunicación. 1. Federico Gutiérrez tiene el aforo completo, León Valencia En esta columna del 26 de marzo, a dos semanas de las consultas presidenciales, León Valencia analiza la situación que atravesaba el candidato de las derechas, Federico Gutiérrez, de cara a la primera vuelta presidencial. Compara la situación de Gutiérrez con la de Iván Duque en 2018 y señala las marcadas diferencias contextuales entre ambos momentos y candidatos. “Todos los clanes, grupos y movimientos que apoyaron a Duque en la segunda vuelta presidencial en 2018 ya llegaron a la campaña de Federico Gutiérrez cuando apenas empieza la campaña de primera vuelta. Se juntaron rápidamente las derechas para intentar detener el avance de las izquierdas. [Pero] las cosas son ahora muy diferentes. El uribismo -la fuerza que había dominado la política colombiana a lo largo de veinte años- decayó y es ahora el furgón de cola de la derecha. Petro lleva más de un año encabezando las encuestas y se ha convertido en un polo de atracción de sectores que hasta hace poco militaban en partidos tradicionales”. Lea la columna aquí. 2. Los Gilinsky buscan aprovechar el “riesgo Petro”, Germán Valencia Publicada el 24 de mayo, esta columna hace un análisis de las OPA que el Grupo Gilinsky publicó para aumentar su participación accionaria en las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Específicamente se centra en la oferta lanzada por los Gilinsky el 20 de mayo, en la que a través de la empresa Nugil S.A., ofertaban comprar entre un 26% y un 32,5% de las acciones de Argos. Valencia enfoca el análisis y la argumentación en el hecho de que esta oferta la hacían una semana antes de la primera vuelta presidencial, aprovechando el nivel de incertidumbre que causaba la llegada del primer gobierno de izquierda al poder en Colombia. “Lo novedoso de esta nueva OPA es que la hacen en un contexto de incertidumbre económica y una semana antes de que la ciudadanía acuda a votar en la primera vuelta a las elecciones presidenciales. Lanzan la propuesta en medio de un ambiente electoral caracterizado por la alta probabilidad de que Gustavo Petro sea el presidente y comience a impulsar algunas reformas económicas. Los Gilinski quieren aprovechar el miedo creado, durante casi dos décadas en Colombia, alrededor de la llegada de un candidato progresista a la Presidencia. Ofrecen la posibilidad de compra de acciones en un momento de las elecciones en el que el candidato Petro se presenta como la opción más segura para ganar la Presidencia, tanto en la primera como en la segunda vuelta”. Lea la columna aquí. 3. La teoría del decrecimiento, Walter Aldana Luego de las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el Congreso Nacional Minero el primero de septiembre, en la que invitó a los grandes países emisores de CO2 a decrecer sus modelos económicos; los medios de comunicación desvirtuaron sus declaraciones, malinterpretándola intencionalmente, como si la ministra estuviera diciendo que había que detener el crecimiento económico y no, simplemente, desescalarlo, pensando en la crisis climática que atraviesa el planeta. En esta columna, Walter Aldana deja de lado la crítica fácil de los periodistas, y se centró en el análisis de la teoría del decrecimiento, planteada originalmente por un teórico rumano de la ecología, Nicholas Georgescu-Roegen, junto al francés Serge Latocuhe en la década de los 70. “Fruto de esta reflexión, en la década de los 70, y con el francés Serge Latouche, hoy al frente del movimiento por el decrecimiento, se determinaron sus 8 pilares, anteponiéndo el prefijo “re” a diversos conceptos, de la siguiente manera: reevaluar, sustituir valores globales individualistas y consumistas, por valores de cooperación y humanistas; reconceptualizar la visión del estilo y calidad de vida, por suficiencia y vivir mejor con menos; restructurar la producción y las relaciones sociales a una nueva escala de valores, combinar ecoeficiencia y simplicidad voluntaria; relocalizar, que es autosuficiencia local para satisfacer necesidades prioritarias y así disminuir el uso de transporte; redistribuir, con respecto al reparto de la riqueza; reducir, cambio del estilo de vida consumista al estilo de vida sencilla; reutilizar, alargar el tiempo de vida de los productos; reciclar, evitar el consumo y el despilfarro”. Lea la columna aquí. 4. Torturar las encuestas, León Valencia Continuando con el análisis de la dura campaña electoral presidencial de 2022, esta columna del 03 de abril hace una crítica a la interpretación, por parte de algunos medios de comunicación como Semana y El Tiempo, de algunas encuestas de intención de voto publicadas en esos días. Encuestas que daban a Petro un margen de alrededor de 10 puntos por encima del candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, pero que los medios malinterpretaban argumentando que Petro había llegado a su tope y Gutiérrez, en cambio, podía seguir creciendo. “Si no lo sabían, hay expertos en torturar las encuestas para sacarles secretos que no revelan los datos. Ocurre en estos días. La revista Semana contrató con el Centro Nacional de Consultoría un sondeo grande en el que Gustavo Petro obtiene para primera vuelta el 36.5%; Federico Gutiérrez, 24.5%; Rodolfo Hernández, 10%; y Sergio Fajardo, 8.4%. Al preguntar por segunda vuelta Petro registra 43.1% y Gutiérrez 40.1%. Unas conclusiones tranquilas de estos datos serían: en este comienzo de campaña Gustavo Petro le gana tanto en primera como en segunda vuelta a Gutiérrez; en primera vuelta la ventaja de Petro es muy amplia, en segunda vuelta la diferencia se estrecha. En todo caso, los dos contendientes que les siguen suman alrededor de 19 puntos en primera vuelta y el “no sabe no responde” junto al voto en blanco se llevan 15 puntos, lo cual indica que falta mucho para aclarar definitivamente el rumbo final del proceso”. Lea la columna aquí. 5. No se ha dicho la última palabra, León Valencia En esta columna del 13 de marzo, León Valencia hace un análisis de los resultados de las consultas presidenciales de ese mismo día, proyectando los posibles movimientos y retos políticos para las semanas por venir. Habló de los principales candidatos, Petro, Gutiérrez y Fajardo, y señaló la interesante tendencia del candidato Rodolfo Hernández. “Ahora bien, estas son, desde luego, matemáticas frías. Falta por ver qué dicen en los próximos días las encuestas y las alianzas. Muy pronto sabremos del impacto de estas consultas en la opinión y en las filas de los partidos que no estuvieron en ellas. Si las encuestas no ponen a ningún candidato por encima del 40% y la favorabilidad sigue dispersa como hasta ahora, al tiempo que las alianzas se demoran y difuminan, lo más seguro es que vamos a una reñida competencia en primera vuelta y a una, aún más reñida, en segunda vuelta”. Lea la columna aquí.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Enero de 2023 será, tal vez, el mes más duro para las colombianas y colombianos en los últimos años. Incluso más crudo que el fatídico primer mes de 2021, cuando nos encontrábamos confinados en nuestros hogares –debido a la pandemia del Covid-19– y en medio de una crisis económica sin precedentes. De allí que aprovecharé esta última columna del año para sugerirles que guarden plata, si la tienen, para que les ayude a enfrentar este duro comienzo de año. Las razones que tengo para hacer esta sugerencia son tres: primero, en enero, por lo general, los ingresos para los hogares no son los mismos. Buena parte de la población se encuentra en receso o sin trabajo. En el mercado laboral existe la costumbre –por cuestiones legales y de costos– de comenzar los contratos a principios de año y terminarlos a mediados de diciembre. Lo que significa una reducción de los ingresos para los y las trabajadoras en enero, con la esperanza de normalizarlos en febrero. La segunda razón es que en el primer mes del próximo año en Colombia seremos históricamente más pobres. La plata que usaremos ese mes para comprar los bienes y servicios no es la misma que la que usábamos el año anterior. El aumento en los ingresos que se tuvo doce meses antes –debido al incremento del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y que para 2022 se hizo de 10%– ya se perdió completamente a lo largo del año anterior a causa del aumento de la inflación. Es decir, el sorprendente millón de pesos que nos pagaron a partir de enero del año anterior en Colombia ya se esfumó y no alcanzará para comprar las mismas cosas que se adquirían al comienzo del año anterior. Según el DANE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya superaba a julio de 2022 los 10 puntos de incremento salarial. Lo que significó que desde agosto todos los asalariados en el país comenzamos a ser cada día más pobres. Aunque hay que advertir algo aún más terrible: la inflación es un cáncer que actúa con más violencia con los que menos tienen. A los estratos menores de la población –y a los que pertenecen cada vez más personas en Colombia– los ingresos en 2022 les alcanzaron menos para hacer sus compras; pues, mientras el IPC general de la economía rodeó el 13%, la inflación para los más pobres superó el 30%; es decir, los bienes y servicios que consumen estos sectores de la población subieron más que para el restante conjunto de bienes de la canasta familiar. Finalmente, la tercera razón es que en enero casi todo es más caro. Existe la costumbre en el país de que los precios de muchos de los bienes y servicios están atados al incremento que se le hace anualmente a los salarios. Y estos, al aumentar en enero, provocan que de inmediato se indexen al incremento salarial. Teniendo como efecto que los escasos recursos que se tienen pierdan aún más poder adquisitivo y que la plata no alcance para todo lo necesario para la vida. Entre los bienes que están indexados se encuentran los servicios públicos domiciliarios, como la energía, el agua o el gas. También los cánones de arrendamiento y los asociados con la movilidad, como la gasolina o los peajes. Además, lo hacen las cuotas moderadoras de las EPS y los copagos en los servicios del sistema de salud. Y le siguen –lo que para algunos es un lujo–, las matrículas estudiantiles y con ellas los materiales y útiles escolares, o las multas y cobros del Estado. Es decir, la mayoría de los bienes y servicios prioritarios para hacer la vida posible suben en enero. De allí que tenga tanta importancia la propuesta que actualmente está realizando el Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y del ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, de avanzar en un pacto de desindexación de, por lo menos, 200 bienes y servicios que anualmente, por el tiempo de enero, suben sus precios de acuerdo con el incremento del SMMLV. La propuesta gubernamental es obligar a muchas empresas de la agricultura, la educación, los servicios públicos, el transporte y la vivienda, entre otras, a que no suban el precio de sus bienes y servicios tan pronto lo hagan los salarios. Pues los trabajadores pierden casi de inmediato el incremento real del salario. Intentando acabar con esta costumbre que se ha convertido en un cáncer para la clase trabajadora. La idea del Gobierno es comenzar con la eliminación de esta indexación a través de un decreto presidencial, pero luego trabajar en hacer esto más fuerte y permanente mediante proyecto de ley que enviarán al Congreso de la República. Idea que, de concretarse, sería realmente el mayor avance que se tiene en defender los ingresos de los hogares que reciben menos de dos salarios mínimos y que ve cómo la sonrisa del aumento del salario en diciembre se esfuma el primer mes, incluso, sin recibir el primer pago del año. En síntesis, las y los colombianos debemos ser cautos en este diciembre con los ingresos y recursos que se tienen. Esta es una recomendación que anualmente se hace, pero que en este año debe ser considerada de forma especial. Sobre todo, en un contexto económico incierto a nivel nacional e internacional, el cual que debemos considerar y enfrentar. Tenemos una inflación alta, pero, en especial, un fenómeno de estancamiento que amenaza con ser fuerte en 2023. Hay que ser conscientes de la situación de ingresos y gastos que siguen. Existe un alto riesgo de no poder conseguir trabajo, con facilidad, el próximo año, pues la economía no crecerá a un ritmo alto. Además, el pago del servicio de la electricidad o la telefonía continúa, y debemos seguir comiendo y pagar arriendo. Esto en un sistema capitalista de mercado donde se vende sobre la idea de la ganancia y se compra usando los recursos que tengamos a disposición. Con unos recursos que son cada día más escasos y con el agravante de que cada día pierden más su poder adquisitivo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 06 de diciembre concluyeron las jornadas de los Diálogos Regionales Vinculantes en el municipio Honda, Tolima. Esta política creada por el Gobierno Nacional tuvo el objetivo de escuchar activamente a las comunidades de todas las subregiones del país en el proceso de diseño y construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, un documento en el que se definen las metas del Gobierno a corto, mediano y largo plazo. El Gobierno inició estos Diálogos el 16 de septiembre en el municipio de Turbaco, Bolívar. Se llevaron a cabo un total de 52 Diálogos en los que los habitantes de 1.104 municipios del país participaron. Según Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Desarrollo (DNP), más de 245 mil colombianos entregaron alrededor de 87 mil propuestas a lo largo de estas jornadas. Estos espacios fueron planeados a partir de los cinco ejes transformaciones del Gobierno: Ordenamiento Territorial hacia la Paz Total; Seguridad Humana y Justicia Social; Derecho Humano a la Alimentación; Transición Energética y Crecimiento Verde con Justicia Ambiental; y Convergencia Social-Regional. Diferentes miembros del Ejecutivo participaron en los Diálogos Regionales Vinculantes. El presidente de la República, Gustavo Petro; la vicepresidenta, Francia Márquez; los 18 ministros que conforman el gabinete; consejeros presidenciales; directores administrativos; y funcionarios de distintas entidades gubernamentales y municipales, fueron los encargados de escuchar y recibir las propuestas de la población. El Plan Nacional de Desarrollo será construido bajo tres pilares fundamentales (legalidad, emprendimiento, equidad) que giran en torno a las premisas de la Paz Total y alberga el componente de la Reforma Rural Integral con un enfoque territorial y diálogo social incluyente. Por esta razón, Jorge Iván González, director del DNP, y el consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, calificaron estos Diálogos Regionales como un hecho histórico que podrá convertir al Plan Nacional de Desarrollo en el primero que incluye las necesidades de las comunidades indígenas, afrodescendientes, LGTBIQ+, jóvenes, migrantes, víctimas de la violencia, gremios y empresarios, y en general todas las comunidades. Jorge Iván Gonzáles dijo: “esta no será una ley construida por unos técnicos desde Bogotá sino el resultado de un Gobierno que se sentó con los colombianos de las regiones para escucharlos sobre la Colombia del futuro”. Algunos de los temas de mayor interés para la población en estos Diálogos Regionales fueron: 1) educación, en la que la mayoría de necesidades de cambio estuvieron relacionas con ampliar la cobertura, mejorar la calidad e incorporar enfoque diferencial, de género y regional; 2) salud, en la que la mayoría de municipios pidieron ampliar su cobertura para que toda la población cuente con un puesto de salud y asimismo mejorar su calidad; 3) empleo, respecto al cual las comunidades pidieron mejorar las condiciones de los empleos y mayores políticas en cuanto a programas y proyectos; 4) vías terciarias, solicitaron en muchos municipios la construcción y mantenimiento de vías, al igual que crear bancos de maquinaria amarilla; 5) servicios públicos, las comunidades expresaron la necesidad de mejorar la calidad de los servicios, especialmente en zonas rurales, asimismo, permitieron interconectar zonas apartadas con energías alternativas; 6) seguridad alimentaria, las comunidades pidieron mejorar el acceso a alimentos de calidad, fomentar la producción local y nacional; 7) ordenamiento territorial, se solicitó la articulación de instrumentos e instancias a todo nivel; y finalmente 8) cultura, pues la población pidió más políticas, programas y proyectos de promoción de la cultura con enfoque diferencial de género y regional. Luego de finalizar estas jornadas de Diálogos, el DNP mencionó que “no descansarán” hasta tener la versión final del documento del Plan Nacional de Desarrollo, el cual será radicado ante el Congreso de la República el 07 de febrero de 2023. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) realizó todo un seguimiento de estos diálogos, registrando todas las jornadas realizadas por medio de notas que fueron estructuradas de una misma manera: información general, principales puntos tratados, participantes y finalmente un contexto de la subregión en la que se llevó a cabo cada uno de estos Diálogos. Conozca toda la información de todos los Diálogos Regionales Vinculantes, aquí.

Por: Luis Eduardo Celis El director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, afirma qué uno de los principales problemas que tiene Colombia por resolver es el del ordenamiento del territorio, y estoy plenamente de acuerdo con él. Todas las sociedades han debido preocuparse por esto: qué, cómo, cuándo, para quién es el territorio, dónde se desarrolla la vida humana y del conjunto de la naturaleza. No es un tema fácil y requiere de construir culturas y formas de apropiación y gestión de las maneras en que nos relacionamos con el espacio y las comunidades que lo habitan, y los que quieren también participar de él sin habitarlo cotidianamente. Todo lo anterior nos lleva al concepto de territorio, que es la acción de las sociedades sobre el espacio, una interacción nos saca de lo particular y específico del pequeño espacio en que llevamos nuestra vida cotidiana y nos coloca es una dimensión mayor. Colombia siempre ha tenido el problema de contar con un eficiente ordenamiento del territorio, a lo que yo agregaría: un ordenamiento democrático del territorio. Este problema en concreto significa para la Colombia de hoy un no resuelto tema del uso y propiedad de la tierra a escala nacional. Este es quizás la mayor de las tareas a realizar y la más postergada en toda nuestra vida republicana, la de contar con un orden de propiedad rural democrático y no profundamente inequitativo como el que tenemos. Hay que redistribuir 20 millones de hectáreas entre quienes tienen poca o ninguna tierra y reconvertirlas de pastos a agricultura, una tarea enorme que el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, quienes se han propuesto llegar a la meta de tres millones de veinte. El tema de la transición energética también tiene que ver con el ordenamiento del territorio: qué energías requerimos y cómo las vamos a solventar; ahí tenemos el gran debate que ha estado vigente en estos días con la puesta en funcionamiento de Hidroituango, para no ir más lejos. La falta de un ordenamiento democrático del territorio nos sumergió en una violencia aún vigente. El narcotráfico se implantó como economía y dinámica en nuestra sociedad porque había un orden territorial de exclusiones que le fue fértil para su desarrollo. El reto es que varias economías: las pequeñas, las medianas y las grandes; puedan coexistir sin imposiciones ni mutuas exclusiones, por supuesto donde los grandes promuevan a los pequeños y en donde lo más importante sea que las comunidades del territorio no sean desplazadas y menos masacradas, como ha sido lo han sido en la dura realidad colombiana. Ordenar democráticamente el territorio es una tarea pendiente en la sociedad colombiana y puede ser uno de los grandes temas a concertar en el proceso de paz entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Aquí pueden ver la entrevista que Héctor León Moncayo le hace desde el Periódico Desde Abajo a Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, y en la que se refiere al tema. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Como es costumbre, en este diciembre los colombianas y colombianos estamos muy atentos a los resultados que tendrán las negociaciones entre sindicatos, gremios y Gobierno para el establecimiento del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para 2023. Los medios de comunicación nos tienen habituados, año a año, a hacer seguimiento sobre las movidas que se hacen en el juego del establecimiento de esta importante variable de la economía. El interés general por la fijación del salario se explica, en parte, por dos razones: primero, a que estamos en un país donde, a pesar de que solo 3.42 millones de trabajadores reciben este ingreso –el 15.7% de los ocupados–, cerca del 80% de los hogares dependen de un salario mínimo. Y segundo, a que esta variable se ha convertido en una especie de unidad de medida para fijar y establecer los precios de muchos bienes y servicios de la economía –entre ellos, las multas, cobros y tarifas–. De allí que estemos, a final de año, expectantes de cuál será la cifra que se tendrá para 2023. Una cultura económica que comenzó a construirse en el país a mediados del siglo XX, cuando el Gobierno Nacional determinó, mediante la Ley 6 de 1945, que era responsabilidad del sector público y no del mercado la fijación del salario mínimo, y que lo llevó a autoasignarse la labor de decretar periódicamente el valor mínimo que le correspondía pagar a las empresas a sus empleados. Una actuación que comenzó a operar en 1950, cuando se fijó en sesenta pesos (60$) el SMMLV, y que para aquel entonces dependía de muchos factores, como el sector económico –manufacturas, comercio, transporte, etc. –, la zona territorial de ubicación del asalariado –urbano o rural–, el tamaño de la empresa y de las condiciones del trabajador –edad y género–, entre otros factores. Pero hoy –y desde 1979 cuando comenzó el sistema actual–, el salario mínimo se establece, básicamente, debido a dos factores: al nivel de la inflación causada del año inmediatamente anterior –que para este año corresponde al mes de noviembre con 12,53%– y al esfuerzo de los trabajadores en el crecimiento de la producción –el índice de productividad, que para 2022 se estableció en un 1,24 %–. En este sentido, si se siguieran estas dos consideraciones, el SMMLV para 2023 crecería un 13,77 %, que dejaría el salario mínimo en 1.137.700 pesos, sin contar el auxilio de transporte. Sin embargo, la fijación del salario en Colombia obedece también a un asunto político, así es en la actualidad y así ha sido desde que comenzó a establecerse, desde la década de 1950, por el Gobierno Nacional, cuando las variaciones de los salarios eran irregulares –habían años en que permanecían constantes por largos períodos, pero en otros momento cambiaban, incluso, varias veces en el mismo año–. Así, el establecimiento del SMMLV en Colombia puede verse como el resultado de la concurrencia de múltiples actores –sindicatos, gremios y Gobierno– e intereses. Son ellos los que determinan anualmente la cifra. Al punto que quedó plasmado en la Constitución Política de 1991. Allí se dice, en el artículo 56, que de la fijación del SMMLV se encargaría “una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores”, quienes buscarán fomentar “las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales”. En la actualidad dicha organización es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por los representantes de los sindicatos, mediante las centrales obreras –Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)–; por los representantes de los empresarios, mediante la delegación de los principales gremios –la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)–; y por el Estado, quien coordina la mesa con el Ministerio del Trabajo y es acompañado por el Ministerio de Hacienda. A esta comisión tripartita la podemos ver como un espacio de diálogo, negociación y concertación donde aparecen múltiples actores y con ellos diferentes intereses. El primero de ellos son los trabajadores, representados por los sindicatos de las centrales obreras que, en esta ocasión, propusieron un incremento del 20%, es decir, unos 200 mil pesos, además del subsidio de transporte que quedaría en $140.607. Lo que hace que el salario esperado se sitúe exactamente en $1.340.607. Los acompañan en la mesa los empresarios, quienes buscan que sus costos laborales no suban mucho anualmente. A pesar de que, como se dijo, sólo el 15,7% de los ocupados devengan en la actualidad $1 millón, los empresarios quieren que el incremento del salario mínimo no sobre pase más allá de lo que subió la inflación. Advierten que la coyuntura que vivirá el país en 2023 será muy difícil en lo económico y amenazan con la posibilidad de un cierre de puestos de trabajo y, con ello, un aumento del desempleo y la informalidad, si no se supera el límite inflacionario. También hacen parte de los empresarios en la Comisión, los que representan los fondos de pensiones y las EPS. Estos agentes, igualmente, tienen interés en el aumento de los salarios, pues estos moldean los copago o cuotas moderadoras de sus empresas, además los incrementos en los seguros obligatorios contra accidentes de tránsito y los aportes al sistema de pensiones, los cuales subirán conforme se ajuste el pago de miles de trabajadores en el país. Finalmente, está el Gobierno Nacional, que aparece en la Comisión, como se dijo, con la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda y Crédito Público, e, indirectamente, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Banco de la República, quienes se encargan de informar sobre la inflación pasada y hacer proyecciones sobre la esperada y otras variables económicas y sociales. Una especial condición tiene el Gobierno en esta mesa, pues, por un lado, debe actuar como regulador, como un actor que busca la estabilidad de la economía y al mismo tiempo un maximizador del bienestar general. Y, por el otro, como un empleador, como un agente que también tiene objetivos propios: unos gastos y que estos pueden empeorar su desempeño fiscal –déficit público–. Además, como se ha dicho, también el Gobierno puede actuar como un actor político que tiene intereses y usa su poder en estos escenarios para aumentar la gobernabilidad o para incentivar las decisiones políticas en las coyunturas electorales. Así sucedió el año anterior, cuando el gobierno Duque decidió, de manera unilateral, incrementar el salario a un millón de pesos –un incremento nunca antes visto en las cinco décadas que lleva operando el nuevo sistema–, con el objetivo de capitalizar políticamente. Y para completar los tipos de actores que inciden en este debate, está la presencia de organismos internacionales como la OCDE o internos, como Fedesarrollo o la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que presionan para uno u otro lado en esta discusión. Así, mientras la organización internacional dice que es necesario aumentar el salario mínimo en mayor medida, debido a los golpes de la inflación en el ingreso de la mayoría de la población; las organizaciones privadas presionan con sus cálculos a incrementos más bajos –del 13,5%–, colocando como argumento los estimados en productividad e inflación y señalando la importancia de considerar los factores externos e internos de la economía. En síntesis, estamos asistiendo en Colombia en estas semanas a una lucha de intereses en torno a la fijación del SMMLV. Una conflictividad de economía política que se ha vuelto normal en las dinámicas del país. Una confrontación que podemos considerar es típica en el sistema económico mixto, donde, además de los actores de la economía, como son los trabajadores y los empresarios, interviene el actor político del Estado. Este es un momento importante para nosotros, pues esta decisión tiene consecuencias muy sustanciales para la vida económica y social de todos los habitantes del país, en especial, para la población más vulnerable y desfavorecida. Una decisión en la que aparentemente priman criterios técnicos y del resorte de expertos, pero donde definitivamente hay grandes intereses políticos. En este sentido es necesario que estemos atentos a su evaluación y resultados, pues de ello depende de los bienestar de los hogares e incide en nuestra esperanza de un mejoramiento en las condiciones de vida. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Me escribió un lector pidiéndome que haga un perfil del típico opositor del Ministerio de la Igualdad. Entendí, pues no soy periodista, sino escritor, que me sugiere la realización de un texto literario con las descripciones de un personaje lleno de vicios éticos y morales, y de actuaciones susceptibles de narrar con acentuado humor crítico. No obstante, siendo fiel al espíritu de este espacio de opinión de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), le contesto mejor descontando la ficción literaria, pues el centro de su interés está en conexión con la realidad de hechos políticos y sociales que afectan en presente a nuestro país y pueden continuar afectando en adelante su estabilidad y armonía sociales. Debo comenzar diciéndole que muchas veces me he preguntado qué tipo de personas o de seres pueden ser esas a quienes les da pelusa la igualdad, a quienes les cuesta tratar de tú a tú a sus semejantes, a quienes les incomoda no tener ventajas sobre los otros en las oportunidades laborales y, cuando administran lo ajeno –lo ajeno público–, se lo apropian y lo usan igual como si fueran sus pertenencias privadas. Con todo, siendo más racionales que emocionales, la respuesta esencial es una sola: los enemigos de la igualdad son quienes piensan y creen que están por encima de los demás, por encima de lo social, por encima de la ley y de los gobiernos. Los que aborrecen la paridad anhelan y propagan la idea de una sociedad basada en el desequilibrio de clases, en la inequidad; y como individualistas sueñan una sociedad sumisa a los deseos y al control de las élites económicas privilegiadas. Los enemigos de la igualdad son opuestos naturales a lo colectivo; y todo lo que sea pueblo lo aborrecen, excepto que se trate de plantillas laborales, de supernumerarios haciendo cola para ser explotados o de cuadrillas de pica piedras. No obstante, y paradójicamente, con el mismo empeño que ceban su individualismo, inhiben a las personas el potencial para desarrollarse individualmente (por eso cuando no niegan la educación, le ponen mil reparos). En consecuencia, únicamente se puede ser parte de las élites si se ha nacido en cuna de oro, por herencia o por algún insólito accidente de la vida (como ganarse una lotería o resultar triunfador por cuenta del deporte o del espectáculo). Pese a ello, a las élites también las integran quienes habiendo nacido en cuna de palos, con arrojo insensible se han hecho parte de ellas porque trabajan para las mafias, para los grupos delincuenciales o para las clases políticas corruptas. De tal suerte, la bandera que ondean los enemigos del Ministerio de la Igualdad es la del individualismo; y los individualistas se distinguen de los otros, como bien lo señaló Santo Tomás, por estas siete características: 1. la forma (que refiere la parte interna de los seres; si la élite es de creyentes, no gusta de los ateos; y si la élite es de ateos, no gusta de los creyentes), 2. la figura (que refiere la parte externa de los seres; si la élite es de negros, no gusta de los blancos; y si la élite es de blancos no gusta de los negros), 3. el tiempo (los miembros de las élites son conservadores y descreen del progreso), 4. el lugar (su lugar es el club, la rosca, la secta, en fin, todo cuanto implique una minoría selecta), 5. el stirps(que refiere el linaje, los escudos de armas y los apellidos de familia), 6. el nombre (porque siendo malvados se autodenominan gente de bien y velan sin tregua por su buen nombre, casi siempre proveniente de los logros de su estirpe, sin importarles ser hijos, nietos o herederos de corruptos y sanguinarios) y 7. la patria (que en el siglo XXI es un concepto de ultraconservadores). Hoy se sabe que el individualismo basado en la propiedad privada es un defecto de la conducta humana, pues en las sociedades primitivas la propiedad solo era comprendida como un bien comunal. Un espíritu de colectivismo, connatural a la esencia de la especie humana; pero deteriorado por el surgimiento del esclavismo y de su posterior versión feudal. Dos formas por las cuales Thomas Hobbes diría que el hombre es lobo de sí mismo. Frase que de corriente, quizás para ahondar en precisiones, se traduce como el hombre contra el hombre. Los enemigos de la igualdad, en una insólita contradicción, tienen como base social la propiedad en manos de unos pocos y un sistema de justicia que no aplica contra ellos y da paso, precisamente a lo que advertía el autor del Leviatán, a la explotación de todos los hombres por unos pocos hombres. De tales maneras se fundamenta el individualismo, en las relaciones inequitativas entre la sociedad y un reducido grupo de potentados. El principio de quienes detestan los programas de igualdad parece ser el incumplimiento del deber ante la sociedad y la obediencia del pueblo a los intereses de las élites y el poder que ejercen. Con todo, el principio que rige a quienes detestan la opción de un Ministerio de la Igualdad, no significa descontar lo social, por el contrario, solo con una amplia gama social de pobres es como ellos pueden surtir buenamente su malsanía. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: María Victoria Ramírez Mi última columna de 2022 la dedico a María Genith Pereira y a su primer libro titulado 7 lunas mariposas, publicado en 2021 por la editorial Roque Libros, de los Países Bajos, en dos formatos, físico y digital, y que se comercializa en Amazon. Sostuve una larga conversación con la autora que fue mucho más que una entrevista, casi una confesión. A la pregunta de qué motivó esta obra, María Genith me respondió: “escribí un libro para no olvidar. Quiero que las personas que lean el libro encuentren las brechas diferenciales de cómo nos expresamos, vivimos y gozamos. Quise escribir este libro para decirle a la gente que hay jardines ocultos donde la gente intenta un paréntesis en la brecha de dolor”. El título, cuenta la autora, tiene que ver con la música callejera. Cuando alguien va a donde un percusionista empírico en el Pacífico, este le enseña el compás de la salsa con un estribillo que dice: siete lunas mariposas, siete lunas mariposas, siete lunas mariposas…Y ese cántico conecta los dos meridianos del cerebro. Empezó a pensarse este libro en 1997 y escribió en ese momento una crónica que finalmente no salió publicada en el libro, pero que fue su semilla. Desistió porque en Colombia es muy complejo publicar, la producción editorial está cartelizada, la industria no tiene la aspiración de forjar un nuevo premio Nobel de Literatura; además, porque en Colombia no se lee, no hay amor por la escritura, no se intima con la palabra y no se estimulan ni la lectura ni la escritura. El tema volvió a rondar por su cabeza cuando en septiembre de 2019, en pleno estallido social, en una conversación con su hija Diana, luego de un concierto en el Parque de los Novios en Bogotá en el que se tocó una pieza de Beethoven, Diana le suelta la siguiente frase: “toda persona tiene una sinfonía dentro; tu sinfonía es escribir”. Poco después, su amigo cubano Juan Carlos Roque, que había trabajado con Radio Nederlands y que le había hecho una entrevista a María Genith por su programa de radio online, le contó que había fundado un sello editorial en línea. Ella le preguntó si podía publicar su libro, y el maestro Roque aceptó. Cuando recibió los tres ejemplares físicos que le envió la editorial, cuenta María Genith, tuvo la sensación de un parto sin dolor. En este libro donde narra historias de su infancia, en su pueblo natal entre árboles de pepepán, escapándose a pescar, cocinando pan con sus amigos y bajo la tutela de su abuela, recorriendo el pueblo con los difuntos recogiendo sus pasos o haciendo maldades a su amiga Dalia, se describe: “soy una niña feliz y pendenciera, siempre ausente de todo aquello que me obligue …”, lo que sigue siendo la María de 59 años de hoy. Describe el proceso creativo de 7 lunas mariposas como uno en el que las voces de su abuela y sus amigas la han instrumentalizado, o más bien la han poseído y han guiado la escritura. Estos cuentos fueron pálpitos, dice. A medida que escribía empezó a recordar la niña que se ahogó en el río, momentos festivos donde la parentela se reunía en los velorios, en una interconexión con la música como soporte vital que usa la tribu para sanar naturalmente el alma. En su tierra, la muerte se usa como pretexto para reencontrarse, y en esos momentos todos se hallan en un estado de recepción empática, nadie pelea con nadie, nadie rechaza al que llega, aunque haya inquinas atesoradas en el corazón. La breve biografía que aparece en la contra carátula del libro nos dice que María Genith nació en Tumaco, Nariño, que reside en Bogotá, que es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Que es palabrera, locutora de radio desde su infancia, activista cultural, investigadora social y líder en asuntos étnicos y civiles en Colombia. Lo que esa biografía no dice es que esta mujer negra, lesbiana, madre de dos hijos y abuela, sufre una enfermedad degenerativa, un trastorno inmunitario viral lentamente progresivo de la médula espinal que durante ya muchos años ha ido reduciendo sus capacidades motoras, al punto que hoy está en silla de ruedas y cada vez tiene más dificultades para usar sus extremidades superiores, tomar objetos con las manos o levantar los brazos. Sin embargo, vive sola, con cierta ayuda de vez en cuando para las labores domésticas, pero cada que hablo con ella, y lo hago con frecuencia, la discapacidad desaparece porque su labia, su inteligencia y su vivacidad, no menguan. María Genith es buena lectora. La han influenciado, además de Sor Juana Inés de la Cruz, Truman Capote, que dice le explotó la cabeza a los 12 años, Hermann Hesse y Susan Sontag. María Genith ha sufrido la discriminación racial y sexual. Sin embargo ni lo étnico ni lo político se sienten en esta obra que dibuja el Pacífico, que hace sentir la humedad de la manigua y el sonido de la marimba y que redime las palabras que son su aporte al rescate y reivindación de su historia personal, familiar y de la su pueblo, sin quejarse, sin cantaletear a nadie. Pero en la entrevista reflexiona al respecto: “nuestra forma de hablar y nuestro lenguaje se han usado para desconocernos y burlarse de nosotros. La trata humana quiso quitarnos la comunicación, y un silencio tan largo tiene que romperse con las mismas palabras que nos han forjado”. Cuando empezó a vender su libro, María Genith sintió que volvía a caminar, que está caminando más de mil mundos, el de las personas que han comprado los mil ejemplares hasta el momento. Ese libro, dice, los encontró a ellos. La mayoría de sus lectores son de los Países Bajos y de España, y compran la versión física del libro, porque son mayores y no están acostumbrados a leer en pantallas. Afirma que lo mejor que le ha pasado en su vida fue escuchar una entrevista que Margarita Vidal le hizo a la maestra Teresita Gómez, en la que le preguntó cómo una mujer negra había terminado tocando el piano, a lo que ella respondió: porque las mujeres negras ya no solo servimos como empleadas domésticas y prostitutas. Otra influencia fuerte en su vida fue la del obispo de Tumaco en su infancia, el sacerdote Miguel Ángel Lecumberri. Dejó una impronta en María Genith y en su pueblo. Recuerda que en la biblioteca del obispo fue donde leyó por primera vez, con apenas 11 años, a Sor Juana Inés de la Cruz: Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor; porque vivo en el Señor, que me quiso para sí: cuando el corazón le di puso en él este letrero, que muero porque no muero. Quedó tan impresionada y confundida que le preguntó al obispo si la de los versos estaba viva o estaba muerta, a lo cual le respondió que se le había salido el alma del cuerpo. Hoy María Genith asegura que Sor Juan Inés de la Cruz es la pionera de las lesbianas. Le agradece a otro sacerdote, José Miguel Garrido, haberla llevado a la emisora Radio Mira como locutora para comentar la música. Allí conoció a Serrat, Mocedades, Susana Rinaldi y Miguel Bosé. La música es parte medular de su libro y de su vida. En el último cuento, “Concubinato armonioso”, describe la faena del oficio gozoso de conseguir los materiales y construir los instrumentos que acompañan a las cantadoras de alto nivel: “el aura de los Cielos será la luz que guíe su paso al Pital, donde se encuentran los canutos de guadua sonajero de la chonta, de ahí en adelante solo queda por buscar los cueros de zaino y de venado para los parches que llevan los bombos, macho y hembra…”. Un tema que he querido abordar, previo consentimiento, es el de su propia muerte, porque la enfermedad está avanzando rápidamente. Me dice que le parece importante tocarlo para dar pinceladas de realidad. Que no quiere ritualizar su muerte, como una postura política y como tributo a aquellos a quienes hasta eso les fue arrebatado: la posibilidad de un entierro. Quiere que su muerte sea rápida e higiénica. Ella escapó muchas veces a la muerte, tuvo su vida en riesgo y pudo sobrevivir a los horrores de una muerte prematura y eso ya es suficiente ritual, según ella. Dice con una carcajada que en los hornos crematorios mezclan los restos y los dolientes reciben una urna en la que no solo estás tú. Eso le parece bizarro y engañoso. No quiere que sus hijos reclamen sus restos y ha empezado a tramitar su eutanasia para morir con un tris de dignidad. María habla, ríe, llora y canta. Y aquí invoco sus palabras nuevamente: “su grito libertario vuela en las alas del sueño que las acompañó por mucho tiempo. La jauría de las venas el río Mira, sus instrumentos, acompañan su canto.” Hoy hace exactamente 30 años que conocí a María Genith Pereira, el 15 de diciembre de 1992. Y desde entonces, cada que hablo con ella, rio o lloro, cualquiera de las dos, o ambas. En todo caso, intensamente. Este es mi homenaje a una amiga, a tres décadas de una conversación que empezó en Cachipay, Cundinamarca, y que aún no termina.