Por: Katerin Erazo, Periodista Del 01 al 18 de noviembre, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) realizó la Semana Pares. Una serie de eventos, encuentros y conversatorios que, dada la novedad política de Colombia –que por primera vez tiene un gobierno de izquierda– y las realidades del contexto actual del país y de la región, no pudieron hacerse en una sola semana Es por esto que durante dos semanas, la Fundación Pares gestionó y abrió escenarios de debate y diálogo con diferentes actores de la sociedad civil, Gobierno Nacional, comunidad internacional, entre otros, demostrando que la fuerza de un centro de pensamiento y acción social capaz de contribuir al fortalecimiento de la democracia y de los procesos de paz; además que en esta ocasión, Pares quiso tener un espacio especialmente dedicado para los liderazgos de las mujeres. Los eventos que se desarrollaron durante estos días fueron: Seminario Internacional Lideresas por la Inclusión Democrática; Realidades Comparadas de América Latina; Informe Petro en 100 días; Juventud en la Juega; Experiencias en las Escuelas de Liderazgo Juvenil; y la clausura de la Semana Pares. Seminario Internacional Lideresas por la Inclusión Democrática El 01 y 02 de noviembre se inició con un evento en el que se conversó acerca de los liderazgos diversos de mujeres de América Latina, un espacio que la Fundación desarrolló por primera vez. Este evento tuvo como objetivo generar un diálogo regional entre mujeres lideresas latinoamericanas que contribuyen a fortalecer las capacidades de liderazgo de mujeres comprometidas con la igualdad y equidad de género, en cumplimiento de la Agenda 2030. En el primer encuentro, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue quien dio la bienvenida a los y las participantes, y posteriormente habló de su experiencia como lideresa y mujer que participa en la política. “Es justamente en mi experiencia en la política y en la participación democrática en donde he encontrado mayores resistencias y violencias […] solo hasta que fui senadora en el Congreso de la República supe lo que era la violencia machista y homofóbica en un entorno laboral”, dijo la mandataria local. Este espacio contó con la participación de mujeres con un gran potencial de liderazgo de Chile, Ecuador, Venezuela y de diferentes regiones de Colombia; como Susel Paredes, congresista de Perú; Ángela María Robledo, feminista en política social; Maydany Salcedo, presidenta de ASIMTRACAMPIC, defensora del medio ambiente y de los derechos humanos; Luz Nidia Finscué, defensora y lideresa del Resguardo Indígena Nasa Páez Rionegro Huila y CRIHU; Bibiana Aido Almagro, representante de ONU Mujeres Colombia; Njoki Gachanja, coordinadora del Centro de Justicia Social Githurai de Kenya; y Karin Metell de Suecia. Este seminario fue realizado con el apoyo de ForumCiv, ONU Mujeres y de la Universidad del Rosario. Realidades Comparadas de América Latina En la segunda semana de noviembre (09, 10 y 11), con el apoyo de Fescol, Pares participó en el Encuentro de Puebla con una jornada de diálogo abierto en el Teatro Santa Marta, en la que participaron académicos internacionales con el objetivo de revisar lo que está pasando en América Latina con la nueva ola de gobiernos de izquierda. Este evento se dividió en tres paneles. En el primero se tocaron temas de seguridad, crimen transnacional, conflictos violentos y política en relación con las sustancias de uso ilícito. En este primer momento participaron Francisco Gutiérrez Sanín, profesor de la Universidad Nacional de Colombia; Jenny Pearce, politóloga especializada en América Latina; Marco Enríquez Ominami, coordinador del Grupo de Puebla; Miguel Samper, presidente de la Asociación Colombiana de Industria del Cannabis; y como moderador, Ricardo Peñaranda Lepri. En el segundo panel se dio un balance sobre las experiencias de los gobiernos de izquierda. En este espacio participó León Valencia, director de Pares; Valter Silvério, profesor de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil; Mónica Xavier, doctora y política uruguaya; Verónica Mendoza, política peruana; Carlos Caicedo, gobernador del departamento del Magdalena; y como moderadora, Laura Bonilla. Finalmente, en el tercer panel se abordó el tema de la inclusión de género y las diferentes experiencias que se han tenido en América Latina desde las instituciones. En este panel se escucharon voces femeninas como la de Virna Jhonson, alcaldesa de Santa Marta; Maury Eliana Valencia, consejera encargada para la mujer; Patricia González Viñoly, politóloga y feminista; y como moderadora, Alejandra Trujillo de Fescol. Este encuentro llegó finalmente a unos acuerdos y propuestas para incluir y fortalecer la agenda progresista en América Latina. Otra de las grandes conclusiones fue la necesidad de fortalecer los procesos feministas y poder impulsar las políticas de educación pública, abierta y gratuita en América Latina. El 10 y 11 de noviembre, la Fundación Pares se unió al Octavo Encuentro del Grupo de Puebla, el cual estuvo conformado por diferentes líderes, personalidades y gobernantes de la izquierda y el progresismo en América Latina. La Fundación acompañó este espacio desde un cubrimiento que realizó el community manager, Sebastián Solano, y también desde una participación en los diferentes eventos, en representación del director León Valencia y la gerente de proyección para América Latina, Laura Bonilla. En este evento participaron diferentes expresidentes de América Latina, congresistas, diputados y diferentes personajes políticos activos y algunos han tenido cargos políticos en los diferentes países. Este fue un espacio de intercambio de experiencias que inició con un diálogo interno entre los participantes. Posteriormente se realizó un encuentro con jóvenes y se finalizó con una rueda de prensa con las conclusiones a las que se llegaron, entre estas, una agenda internacional en materia de fortalecimiento a la educación pública y a la inclusión de nuevos actores. Informe Petro en 100 días El 15 de noviembre, Pares publicó un informe de balance de los 100 días del gobierno de Gustavo Petro. La Fundación hizo un seguimiento del paso a paso del primer gobierno de izquierda en Colombia que se posesionó el pasado 07 de agosto, fecha a partir de la cual se hizo un detallado monitoreo. Este informe tuvo muchas expectativas, pues algunas personas creían que el documento estaría muy alejado de lo que ha sido el espíritu crítico de la Fundación. Sin embargo, su lanzamiento demostró lo contrario, pues en el documento quedó plasmado todo el seguimiento, los pros y los contras que hasta el momento el gobierno Petro ha tenido, teniendo en cuenta los cuatro aspectos fundamentales del gobierno en sus primeros cien días. Aproximadamente veinte investigadores de Pares realizaron todo el seguimiento a las acciones del Gobierno Nacional en temas fundamentales, por medio de las diferentes líneas de investigación que trabaja la Fundación. Durante el seguimiento, los investigadores analizaron la transición energética, la reforma tributaria, la Paz Total, la composición del gabinete la gestión del Congreso, entre otros elementos. Para este lanzamiento se realizó una rueda de prensa en la que algunos medios de comunicación realizaron preguntas sobre el balance de este informe. León Valencia, director, junto a Laura Bonilla, gerente de Pares, contestaron las incógnitas. Seminario sobre las proyecciones de la Paz Total La Línea Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de Pares realizó un evento de carácter privado en la sede de la Fundación en Bogotá, con el propósito de nutrir las diferentes miradas sobre el contexto regional y la propuesta de Paz Total. Durante este espacio, se abordaron tres temas: Se realizó un análisis comparativo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición colombiano con los distintos procesos de justicia transicional en el mundo. Se habló de las fortalezas y debilidades del informe final de la Comisión de la Verdad y también de los retos metodológicos para su elaboración. Se realizó un análisis de la actualidad del ELN y los escenarios de negociación entre el Estado y la guerrilla. Desayunos de incidencia para la reforma al sector seguridad y defensa Durante la Semana Pares, la Fundación gestionó y acompañó unas mesas de trabajo de incidencia realizadas con el apoyo de Fescol, la Universidad del Externado y la organización Corpotepas. Este espacio se realizó con el fin de discutir, junto a diferentes miembros de la sociedad civil, expertos y funcionarios del sector defensa del gobierno, distintos temas sobre la reforma al sector seguridad, con el fin de entregarle al Gobierno Nacional algunas recomendaciones al respecto. Hasta el momento se han realizado dos desayunos. En el primero (18 de octubre) se tocó el tema de la reforma a la policía y en el segundo (18 de noviembre) se habló sobre la protección de líderes y lideresas sociales; y sobre la seguridad en la ruralidad y la frontera colombo-venezolana. Estos espacios son totalmente anónimos con el fin de que los participantes puedan expresar sus ideas de manera libre, ya que participan personas de alto rango. Por lo tanto, no cuentan con algún registro fotográfico. Diálogos con Jóvenes El 17 de noviembre se realizaron dos Instagram live desde @parescolombia con el fin de intercambiar las diferentes experiencias de los liderazgos de los jóvenes embajadores Pares que están en Buenaventura, Cúcuta y en distintas regiones. Estos jóvenes tomaron la palabra para hablar de las cosas que para ellas y ellos son realmente importantes de conocer. El primer en vivo fue llamado “Juventud en la Juega: Experiencias en las Escuelas de Liderazgo Juvenil”, en el que participaron Lía Dalila Muñoz, lideresa de la diversidad sexual de Pueblo Rico, Risaralda y miembro de la Escuela de Liderazgo Juvenil URAKUBÚ de la Fundación Pares; Yordy Rivas, presidente CMJ Pueblo Rico, Risaralda y miembro de URAKUBÚ; Juan Camilo Pérez, consejero municipal de juventud del municipio de Cúcuta y miembro de la Escuela de Liderazgo Juvenil de Cúcuta; Keila Saá ecosocióloga perteneciente al proceso de Comunidades Negras Kongal; y el moderador Miguel Ángel Rubio, coordinador de la Línea de Jóvenes de Pares. En este diálogo se abordaron temas relacionados al impacto que ha generado las escuelas de liderazgo en la formación de los participantes; las posibilidades de la herramienta metodológica “Se Juega la Vida” de la Fundación; las experiencias de estos jóvenes como líderes en sus territorios; y lo que significa para ellos ser líderes juveniles en Colombia. Algunas conclusiones que dejó este diálogo fueron: la importancia de la herramienta metodológica “Se Juega La Vida” y la necesidad de fortalecer cada vez más la participación política democrática y la incidencia de los jóvenes en el país. El segundo live llamado “Incidencia Juvenil: Experiencias con CMJ del Caquetá”, fue moderado por el coordinador de la Oficina Pares Pacífico, Juan Manuel Torres; contó con la participación de Yenifer Alexandra Salazar, profesional junior de Pares en el municipio de Puerto Rico; Dailer Montoya Dí, coordinador general del Nodo Florencia de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y Consejería Departamental de Juventud en Caquetá; y Thalia Botache, del Consejo Municipal de Juventud Lista Independiente Juventud Pluricultural de La Montañita. Durante este diálogo se mostró lo que fue la llegada de Pares a los seis municipios del Caquetá, lo cual fue algo significativo para estos jóvenes que participan en política. En este espacio se habló del enfoque de género y la importancia de vincular cada vez más a los jóvenes rurales. Clausura de la Semana Pares Finalmente, el 18 de noviembre en la sede de Pares, se realizó una socialización de los proyectos y proyecciones de la Fundación mediante las voces de los diferentes liderazgos sociales y de las personas que han participado en los procesos que se han llevado a cabo durante todo el año. Este espacio fue acompañado por el embajador de España en Colombia, Joaquín María de Arístegui, al igual que de varios de los cooperantes y beneficiarios de los proyectos de la Fundación. Durante la jornada se presentaron los resultados de los proyectos que han apoyado y financiado durante este 2022, balance que calificaron con buena perspectiva. También fue un encuentro en el que se dialogó acerca de las diferentes experiencias desde los diferentes proyectos que la Fundación Pares tiene en distintos territorios. Ha sido un noviembre muy intenso y aunque todavía no se ha culminado, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) sigue trabajando para finalmente cerrar el año continuando con sus ejercicios de incidencia para posicionar agendas y diferentes políticas públicas, y en el marco de todo ello, continuar siendo una voz de análisis crítico para la sociedad colombiana.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Según Wikipedia, “Gorgona es una isla ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico colombiano. Junto con Malpelo, son las únicas islas de Colombia en el océano Pacífico, tiene una longitud de 9 km por 2,5 km de anchura, con una extensión de unos 26 km² aproximadamente de superficie terrestre o insular, y 61.687,5 ha de área marina (…) el relieve de Gorgona es montañoso. Su punto más alto es el Cerro La Trinidad que con una altura de 338 msnm es la mayor montaña de la isla. Formando la columna vertebral de la isla se encuentran, además de La Trinidad, los cerros Los Micos, La Esperanza y el Mirador”. Como área protegida, el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, administrativamente, pertenece al municipio de Guapi, departamento del Cauca. Fue descubierta por Bartolomé Ruiz en 1526; su nombre inicial fue San Felipe, pero fue cambiado por Francisco Pizarro en alusión a la gran cantidad de serpientes en la isla que le recordaban a las Gorgonas de la mitología griega, que en lugar de cabellos llevaban serpientes en la cabeza. La isla Gorgona posee una abundante vegetación (86% de la isla cubierta) y una alta pluviosidad (6.900mm), lo cual favorece la presencia de gran biodiversidad; por ejemplo, es hábitat de 159 aves migratorias y residentes, 35 reptiles terrestres, 543 plantas vasculares, 2 peces dulceacuícolas, entre otros, además famosa por la presencia de julio hasta final de año de las hermosas ballenas y ballenatos. Según Cococauca.org, “el gobierno del Presidente Álvaro Uribe le entregó en Concesión la Isla Gorgona a la empresa Aviatur, lo que generó muchas preocupaciones entre los pobladores y la comunidad del municipio de Guapi (costa pacífica de Cauca), recordemos que desde los años 60 del pasado siglo hasta 1982, fue ‘prisión de alta seguridad’”. Aunque el turismo a la isla no representa ingresos para las y los Guapireños, y que los elevados costos económicos del turismo allí, sin precios diferenciales para los raizales, impiden el goce de la isla por parte de sus legítimos “propietarios”; aún así, ellos tienen pertenencia frente a este territorio. Por las consideraciones anteriores, la comunidad se opone a la construcción por parte de la Armada Nacional de un muelle en la isla (permiso concedido desde 2015 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA), que tendría presencia permanente de 28 militares, la contaminación auditiva constante, lo cual lógicamente desestabilizará la tranquilidad ambiental; todo con la excusa institucional de combatir marítimamente el narcotráfico. Una consulta popular, será la respuesta comunitaria a l tercer intento de mantener vivo este proyecto. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Mauricio Valencia Osorno, Investigador Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El pasado 06 de diciembre el país se levantó con la noticia del asesinato de seis miembros de la fuerza pública como resultado de una emboscada por parte de la Columna Móvil Jaime Martínez, grupo armado pos-FARC (GAFP o disidencia) que hace parte del denominado Comando Coordinador de Occidente (CCO). El hecho tuvo lugar en la vereda Munchique del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. En esta emboscada, además, resultaron heridos ocho soldados. El enfrentamiento se dio en horas de la madrugada mientras que los uniformados se encontraban haciendo labores de patrullaje en la zona. Una vez conocidos los hechos, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro ordenó el desplazamiento de una comitiva hacia Buenos Aires para liderar un consejo de seguridad en la zona. No obstante, luego de la emboscada fue muy difícil realizar acciones humanitarias en este territorio, pues el helicóptero que iba a recoger los cuerpos de los seis uniformados muertos fue objeto de ataques incesantes por parte de las mismas disidencias de la Columna Móvil Jaime Martínez. Si bien este es un hecho que enluta a la comunidad de Buenos Aires, no es la primera vez que sucede. Rememora lo sucedido en el año 2015, cuando las antiguas FARC-EP perpetraron un ataque en la vereda La Esperanza de este mismo municipio, en el que resultaron muertos 11 uniformados del ejército. Es claro que Buenos Aires no escapa de la realidad de violencia que aqueja a toda la zona del norte del Cauca, en gran medida por la persistencia e incremento de cultivos ilícitos. Según datos del Ministerio de Justicia, los cultivos ilícitos en este municipio han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. De 125 hectáreas de cultivos de coca en 2018, pasó a tener 930 hectáreas en 2021, derivado de la presencia de grupos disidentes, como la misma Jaime Martínez, que se financian de estas actividades ilegales. Asimismo, esta región se ha constituido como punto estratégico para el tránsito de droga hacia otros países. Aunque en este municipio persiste una presencia hegemónica de la Columna Móvil Jaime Martínez, también convive con otras estructuras; como la Columna Móvil Dagoberto Ramos, la cual tiene presencia predominante en la zona nororiental del Cauca, en municipios como Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez, Totoró y Villarrica; y el ELN, que si bien tienen presencia más dominante en el sur del Cauca en municipios como Bolívar, Mercaderes, San Sebastián, Almaguer, La Vega, La Sierra, Paisambra y Puracé, también se encuentra presente en municipios como Santander de Quilichao más al norte del Cauca (ver Mapa No. 1). Esto ejemplifica en gran medida las difíciles condiciones que vive la sociedad civil en este departamento, la cual se encuentra inmersa en un contexto territorial en el que abundan los grupos armados, con presencia predominante de las disidencias de las FARC, pero también del ELN y del Clan de Golfo. Mapa No. 1 Los retos del sometimiento a la justicia Con ocasión de esta acción perpetrada por la Columna Móvil Jaime Martínez, es menester encuadrar las contradicciones de las disidencias de las FARC entre sus discursos y acciones, frente a la política de Paz Total y propuesta de sometimiento a la justicia por la que ha apostado el Gobierno. Para efectos de esta nueva política de Paz Total, el Gobierno ha dispuesto de mecanismos como la Ley 418 de orden público que fue aprobada en el Congreso, en conjunto con la ley de sometimiento a la justicia que se encuentra en trámite. Es importante mencionar que dicha ley de sometimiento no aplica para el ELN, en este caso puntual solo aplica para grupos como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, entre otros, dado que carecen de reconocimiento político por parte del Gobierno y busca precisamente crear un marco jurídico para que estos grupos desescalen su accionar criminal en los territorios donde hacen presencia, y se acojan a la justicia. En el mes de agosto, las disidencias de las FARC, más precisamente la Columna Móvil Jaime Martínez, a nombre del autodenominado Estado Mayor Central, anunció su disposición de diálogo con el Gobierno Nacional; no obstante, los hechos ocurridos en el municipio de Buenos Aires el pasado 06 de diciembre ponen en entredicho esto. Adicionalmente, el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC ha efectuado en las últimas semanas varios ataques contra la fuerza pública en el departamento del Cauca, evidencia de ello es el hostigamiento a las estaciones de policía de los municipios de Balboa y el Patía, el pasado 29 y 30 de noviembre respectivamente, con lo cual se cuestiona la voluntad de estos grupos disidentes de hacer parte de la Paz Total. En relación con otros hechos violentos protagonizados por las disidencias de las FARC, como el ocurrido el pasado 19 de noviembre en el que murieron 23 personas en enfrentamientos entre las disidencias del Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, expresó su rechazo, poniendo en entredicho la tolerancia del Gobierno con estas acciones, textualmente señalo: “paren el tormento al pueblo de Putumayo, escuchen la voz de la ciudadanía, no quiere más guerra, no quiere más atrocidad, quiere libertad, quiere vivir en sus territorios sin el temor de ser asesinados, torturados o desaparecidos. El diálogo es la apuesta por proteger la vida, pero el diálogo también tiene un límite”. En este mismo sentido el presidente Gustavo Petro declaró la importancia de que haya una voluntad expresa de paz por parte de estas disidencias, haciendo referencia a los recientes hechos y ataques. El mandatario expresó: “en lo que resta, la posición es que la acción militar no cesa mientras no haya una voluntad real de negociación. La Fuerza Pública no va a salir de la región caucana, que desemboca en el Naya”. También manifestó que la disposición de diálogo no se circunscribe de manera tácita a la omisión de operaciones contra estas estructuras. De esta manera empiezan a trazarse líneas rojas por parte del Gobierno frente a las condiciones de diálogo con estos grupos armados, dejando en claro que las negociaciones no se llevarán a cabo a cualquier costo, yendo en detrimento del bienestar de las poblaciones afectadas, puesto que crearía incentivos perversos que a la postre generarían una reproducción de estas prácticas violentas. Es claro que cuando estos escenarios de diálogo se abren para estas estructuras armadas ilegales, implícitamente se proporciona un reconocimiento a su impacto en los territorios. En ocasiones, dichas estructuras suelen ejercer presión mediante ataques tanto de manera selectiva como indiscriminada en los territorios para denotar su poder y de esta manera tener margen de acción para negociar y exigir peticiones. Esta situación supone un gran escoyo a superar para el Gobierno, puesto que lo deja en una disyuntiva: por un lado, debe encontrar una salida negociada con estos grupos de la manera más pacifica posible, evitando confrontaciones que puedan derivar además en afectaciones contra la población civil; pero, por otro lado, debe fijar márgenes y límites para que precisamente esta disposición de diálogo no fomente el accionar criminal de estas estructuras sin ningún tipo de consecuencia. De ahí la necesidad de configurar un marco de negociación que establezca normativas precisas respecto de un cese de hostilidades multilateral. Allí se hace relevante el nuevo papel que tendrán las Fuerzas Militares, luego de la llegada del nuevo gobierno que apuesta a una reorientación de la doctrina militar bajo el concepto de seguridad humana, que pretende medir los éxitos operacionales del ejército en vidas y no en bajas. Con este panorama se pone de manifiesto la urgencia del Gobierno de encontrar salidas lo más pronto posible, pues al tiempo que persisten estas dinámicas de violencia se desgasta el capital político del Gobierno, se erosiona el tejido de las comunidades que se encuentran en estos territorios afectados por la violencia y se dinamita la confianza de la población civil en los diálogos con estos grupos armados. Más si se tiene en cuenta la importancia del papel que juega la sociedad civil en estos procesos. Con los anuncios referentes a la Paz Total se han alimentado unas expectativas en la sociedad civil y en las organizaciones que, de ser defraudadas, supondrá un gran obstáculo para la legitimidad del proceso de sometimiento de estas estructuras armadas e incluso podrá repercutir en la legitimidad de los diálogos del gobierno con el ELN, banderas que hasta hoy se han convertido en el principal capital político de este Gobierno. ¿Hasta dónde cederá el gobierno de Petro para conseguir la tan anhelada Paz Total?

Por: Redacción Pares Los Diálogos Regionales Vinculantes son un instrumento de planeación fundamentado en la escucha activa por parte del Gobierno Nacional a las comunidades, con el objetivo de construir el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el documento en el que se definen las metas del Gobierno a corto, mediano y largo plazo, así como los instrumentos financieros y presupuestales necesarios para cumplirlas. Esta iniciativa consiste en la gestión de mesas de diálogo por parte del Gobierno Nacional en 50 subregiones del país, las cuales durarán dos días y medio cada una, y en la que cualquier ciudadano o ciudadana, organización, colectivo, etc., podrá participar para que el ejecutivo escuche sus necesidades, peticiones y propuestas. El Gobierno inició con un cronograma que arrancó el 16 de septiembre en el municipio de Turbaco, Bolívar, y posteriormente se realizaron otros cuatro diálogos en Popayán, Carmen de Bolívar, Aguachica y Leticia. El 29 de septiembre los Diálogos Regionales fueron suspendidos temporalmente por el Gobierno, ya que notaron que debían mejorar la organización, la metodología y notaron que algunos habitantes de las subregiones, por cuestiones de recursos económicos, no estaban asistiendo a los encuentros. Sin embargo, los Diálogos Regionales Vinculantes se retomaron el 11 de octubre y reiniciaron con una nueva metodología. Estos diálogos se llevarán a cabo hasta el 03 de diciembre y de esta manera se cubrirían las 50 subregiones que serán escuchadas. A continuación podrá encontrar un resumen de cada uno de estos Diálogos Regionales Vinculantes con la información más relevante, asistentes por parte del Gobierno y la sociedad civil, principales acuerdos y demandas hechas por las comunidades y un contexto general de cada subregión.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en el municipio de Honda, ubicado en el norte del departamento de Tolima, el 06 de diciembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo El Gobierno Nacional recibió más de 100 propuestas enmarcadas en los cinco ejes transformacionales. Durante este espacio se habilitaron 22 mesas de diálogo sobre internacionalización, economía productiva y lucha contra el cambio climático; convergencia regional; mujeres; jóvenes; comunidades negras; gremios y empresarios; universidades; orientaciones sexuales diversas; gobernanza y seguridad; víctimas; personas con discapacidad; ordenamiento territorial; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; campesinos, indígenas y comunidad pesquera. Entre las propuestas la comunidad sugirió la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para la descontaminación del río Magdalena; la adquisición de tierra para el cultivo de peces; la creación de la Casa del Pescador; y la construcción de una zona franca multimodal. Raúl Rondón, presidente de la Asociación de Pescadores Independientes (Asopein), y uno de los asistentes al espacio, mencionó que es necesario reducir el impacto de líquidos contaminantes de la construcción del corredor vial ‘Gran Yuma’. Sebastián García Amelines, integrante del Programa de Desarrollo de la Paz del Magdalena Centro, resaltó la importancia del espacio: “desde el Programa hemos venido impulsando un diálogo amplio e influyente, buscando identificar alternativas de desarrollo para plantearle al Gobierno Nacional en el Diálogo Regional Vinculante, ideas, prosperidad y beneficio para todos”. Participantes Más de 1.200 asistentes de los municipios de Mariquita, Fresno, Herveo, Armero, Guayabal, Falan, Palocabildo, Casabianca, Villahermosa, Líbano, Murillo, Lérida, Puerto Boyacá, Piedras, Venadillo, Ambalema, Coello, Honda, La Dorada, Puerto Triunfo, Sonsón, Puerto Salgar, Guaduas, Yacopí, Caparrapí, La Palma, Chaguaní, Victoria, Norcasia, Samaná, Marquetalia, Pensilvania, Manzanares y Marulanda, asistieron a este Diálogo Regional Vinculante. En el encuentro también participaron representantes del comercio, del sector educativo, salud, agro, pesqueros, jóvenes, víctimas, universidades, comunidades indígenas, mujeres, afros, campesinas y organizaciones de desarrollo y paz de la subregión. La Alta Consejera para la Juventud, Gabriela Posso, quien acompañó el diálogo, dijo que: “la ciudad que hoy nos acoge es reconocida por el río Magdalena y como la ciudad de los puentes, es precisamente eso lo que queremos, construir puentes entre la gente y el Gobierno del Cambio. Con este gran ejercicio de poder popular, el Gobierno Nacional escucha, el Gobierno Nacional dialoga, el Gobierno Nacional construye. De la mano de todos ustedes, construiremos un Plan Nacional de Desarrollo que recoja las luchas de generaciones enteras, los sueños de los territorios y las reformas que el país necesita”. Juan Carlos Tamayo, alcalde de San Sebastián de Mariquita (Tolima), propuso que la valorización de las vías nacionales sea permitida para los municipios de quinta y sexta categoría, recursos que se destinarían especialmente para la construcción y mantenimiento de vías campesinas. Finalmente, Claudia Linares, directora de seguimiento y evaluación y control del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, manifestó que el río Magdalena es una fuente hídrica estratégica para el país y tiene todo que ver con las apuestas principales del Plan Nacional de Desarrollo: “es vida, es fuente de alimentación, de pesca artesanal, de biodiversidad y es uno de los elementos naturales que debemos conservar, es darle la oportunidad a todas las personas que viven y se nutren de esta importante fuente hídrica”. Contexto de la subregión El Bajo Magdalena es una subregión que está centrada en las actividades agropecuarias, ganaderas, turísticas y portuarias. Además, su río es sin duda una alternativa eficiente de transporte y los productos que se cultivan son algodón, arroz, banano, palma africana, tabaco y algunos frutales. Según un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, este es el tercer departamento con incidencia más alta de pobreza monetaria en el país. Entre 1981 y 2016, en el marco del conflicto armado colombiano, se registraron en el Magdalena aproximadamente 175 personas LGBTIQ+ víctimas en 39 municipios de la región, quienes sufrieron un total de 261 casos de violencia. Para el año 2006, en la vereda Honda, el conflicto aumentó su intensidad y para el año 2014, exigieron y comprometieron al Ejército Nacional colombiano a realizar un desminado humanitario de emergencia con el fin de garantizar una mayor seguridad para poder retornar a dicho territorio. Actualmente hacen presencia en los territorios del Tolima la disidencia de las FARC “Gentil Duarte” y el Clan del Golfo.

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico Los días 5, 6 y 7 de diciembre se llevó a cabo la estrategia Buenaventura Potencia de la Vida en Paz Total, promovida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, jornada para resaltar la voluntad de paz de los grupos armados que hacen presencia en la zona urbana de Buenaventura, “Shottas” y “Espartanos”, presentando más de 90 días de cero homicidios asociados al crimen organizado. Por ahora se trata de una Paz Parcial, porque lo que hay actualmente es un acuerdo entre grupos armados urbanos; aunque se destaca la clara voluntad de paz expresada por el presidente y que fue su llamado el atendido por “Shottas” y “Espartanos”. Pero hasta ahora no hay una ruta específica para estas negociaciones y aún persisten las dudas respecto al marco jurídico. La paz no podrá ser total en tanto la implementación del Acuerdo Final de Paz no se desarrolle de forma adecuada. Y si bien se ha reducido la guerra urbana en Buenaventura, la paz es parcial dado que persisten, con todas sus afectaciones humanitarias, dos guerras en la zona rural: en el Bajo Calima y Bajo San Juan, entre las AGC y el ELN; y en las cuencas de los ríos del sur de Buenaventura, entre la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente (CCO) y una alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia. No obstante, a partir de esta jornada, desde la Oficina Pares Pacífico consideramos importante resaltar tres elementos centrales de lo que viene ocurriendo en la ciudad: Imágenes: Twitter Alto Comisionado de Paz - Cese de hostilidades entre “Shottas” y “Espartanos” El comportamiento en el número de homicidios que se presentaron entre los meses de agosto y noviembre de los años 2021 y 2022 (ver Gráfico No. 1) revela la importancia que ha representado para Buenaventura el cese de hostilidades entre “Shottas” y “Espartanos”, quienes desde el pasado mes de septiembre manifestaron públicamente su intención de acogerse a la iniciativa de Paz Total del Gobierno Nacional, y que posterior a la instalación del Puesto de Mando Unificado Para la Vida (PMUV) y a los Diálogos Regionales Vinculantes, se anunció a Buenaventura como escenario piloto para el diálogo entre dichos grupos. Escenario que se formaliza con la estrategia Buenaventura Potencia de la Vida en Paz Total realizada durante estos tres últimos días, confirmando a la ciudad como el laboratorio de la Paz Total. Gráfico No. 1 Elaborado por: Oficina Pares Pacífico, Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Estadística Delictiva Policía Nacional Como lo resaltan las autoridades, ya son más de 90 días sin homicidios que estén ligados al crimen organizado. Pero es importante resaltar que esta realidad se vive en la zona urbana, en la zona rural aún persisten situaciones que agravan la crisis humanitaria; se conoce de homicidios y desapariciones, como el caso de los 4 desaparecidos de Yurimanguí hace un mes. Además de que, si bien las autoridades han logrado capturas, persisten las extorsiones que afectan toda actividad comercial en Buenaventura. - Presencia de la Cooperación Internacional Se debe resaltar la importante presencia de diversas organizaciones internacionales que trabajan en Buenaventura desde hace varios años. Su permanencia ha sido clave para la generación de alertas, seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, acompañamiento a líderes y lideresas sociales, y defensores y defensoras de derechos humanos, así como apoyo a las entidades locales para la atención de la crisis humanitaria. Es clave además resaltar la expectativa de cuál seguirá siendo el papel de toda esta cooperación internacional en el desarrollo de Buenaventura como laboratorio de la Paz Total, dado que su acompañamiento ha sido crucial para la atención y visibilización de la situación humanitaria. - El papel de las mujeres en la construcción de la Paz Total en Buenaventura El Alto Comisionado Para la Paz, Danilo Rueda, resaltó el papel central que tuvieron las mujeres, madres e hijas de los miembros de los grupos armados urbanos, quienes lograron convencerlos de parar esta guerra urbana. De ahí creemos importante resaltar el papel de las lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y también de las organizaciones de mujeres que no han parado de insistir en su compromiso con la paz de Buenaventura. Es por esto que todas las medidas que se tomen en el marco de Buenaventura como laboratorio de la Paz Total, deben definirse desde un enfoque feminista antirracista que permita proteger de manera especial a las mujeres, niñas y comunidad LGTBIQ+, quienes viven violencias particulares en razón de su género, profundizadas en los contextos de conflicto armado. Finalmente, destacamos la importante participación de las diversas organizaciones y la ciudadanía bonaverense en las actividades de la estrategia Buenaventura Potencia de la Vida en Paz Total. Y desde Pares Pacífico hacemos un llamado tanto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como a las autoridades locales para que se atienda de manera URGENTE el llamado de las comunidades rurales, ya que en las cuencas de los ríos del norte y sur se libra una guerra que continúa generando confinamientos, homicidios, desapariciones y desplazamientos gota a gota que cada vez profundiza la crisis humanitaria que se vive en el territorio. Imagen: Alto Comisionado de Paz

Por: Luis Eduardo Celis Nunca antes un proceso de paz entre un Gobierno Colombiano y el ELN había iniciado con tan buenos augurios de éxito. El actual es el sexto proceso y debe ser exitoso, porque existen grandes coincidencias entre las dos partes. Esta negociación va a colocar en entredicho un axioma: las mejores negociaciones se dan entre actores plenamente diferenciados, si se quiere, entre enemigos claramente enfrentados. El proceso de paz en curso, el que se adelanta con un ELN que es la última de las organizaciones rebeldes de nuestro viejo alzamiento armado, se da entre partes claramente interesadas por el cambio y que además tienen afinidad alrededor de la importancia de una amplia participación social, ciudadana e institucional en el proceso, de acuerdo al mandato constitucional de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y que somos una democracia participativa. En estas tres primeras semanas de trabajo, las dos partes han demostrado interés y compromiso con los temas humanitarios que siempre deben ser prioridad. El anuncio que ha hecho el presidente Petro, de que una de las primeras acciones conjuntas entre el Gobierno y el ELN será el retorno a su territorio de las comunidades indígenas Embera hoy en situación de desplazamiento, es una muy buena noticia en este sentido. Asimismo, el grupo insurgente ha informado que están conversando sobre medidas frente a las presas y presos del ELN, que pueden estar sobre los setecientos, distribuidos en más de treinta cárceles por todo el territorio nacional. Sin duda un tema en el que se pueden tomar muchas acciones, pues es clave que este grupo de militantes del ELN tengan un papel protagónico en esta tarea de paz. Vamos a ver hasta dónde logran avanzar en este primer ciclo de diálogos y negociaciones, en el que es clave, junto a los asuntos humanitarios, establecer con precisión la agenda del proceso —siendo referente importante la firmada en marzo de 2016 entre el Gobierno Santos y el ELN—, coordinar elementos para establecer un cese bilateral y el fundamental punto de la participación, motor y corazón de este proceso. Arranca en buena forma un proceso de paz necesario y que tiene todo para ser exitoso. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El miércoles 07 de diciembre, el primer mandatario de Perú, Pedro Castillo, decretó disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, esto, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de destitución en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado. "Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional", dijo Castillo en un mensaje a la Nación, que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones ni en sus redes sociales. Tras este anuncio, 12 de sus 16 ministros renunciaron al cargo y posteriormente congresistas denunciaron un golpe de Estado por parte del mandatario, por lo cual se reunieron y juntaron los votos para destituirlo por "permanente incapacidad moral”. Fue un total de 101 votos a favor, del total de 130 congresistas, así como 6 en contra y 10 abstenciones. “Declárese la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política", señala la resolución aprobada en el Congreso. Posteriormente, Pedro Castillo salió del palacio del Gobierno junto con su esposa y ex primer ministro, Aníbal Torres, quien actualmente ha sido la única persona que se ha mantenido a su favor. Estéfany Luján, periodista de Perú, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que esto es una situación que es recurrente en el Perú desde hace varios años, recordando lo ocurrido el 05 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori anunció en un mensaje a la Nación la disolución del Congreso y la toma bajo su control de todos los poderes del Estado. Tras su destitución, cerca de media hora después se desconoció el paradero de Castillo, quien intentó huir. Sin embargo, horas más tarde el exjefe de Estado fue detenido por las autoridades y actualmente se encuentra en la sede de la prefectura de la Policía de Lima. "Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado", escribió la Policía minutos antes de confirmar la detención de Castillo. El Gobierno de Colombia se pronunció con respecto a lo ocurrido en Perú, llamando al diálogo siempre, pero condenó "todo atentado contra la democracia, venga de donde venga", así lo mencionó la Cancillería en un comunicado. Miguel Jugo Viera, secretario Adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú le dijo a Pares que luego de la detención de Castillo, se espera que un fiscal lo interrogue por un posible delito de abuso de autoridad contra la tranquilidad pública. Luego de este interrogatorio se espera que pongan a Castillo a disposición de un juez para determinar si estará preso o deberá continuar con algún otro proceso. Para Viera el panorama es “gris”, ya que la crisis política de alguna forma ha empoderado a los sectores conservadores y más aún con el anuncio de Castillo, el cual fue acusado de ser un golpe de Estado. Ahora que Castillo fue destituido, quien asumió la presidencia con el aval del Congreso fue la vicepresidentaDina Boluarte, quien juró ante el pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia del Perú. Boluarte mencionó en su intervención el compromiso de defender la soberanía nacional y que "cumplirá y hará cumplir" la Constitución y las leyes de su país. Según Estefany Luján, se espera que se planteen reformas nuevas, de lo contrario, sería volver a “jugar con las mismas reglas del juego”.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Desde la década de 1960 se creó en Colombia el Sistema de Parques Naturales Nacionales (SPNN), el cual está compuesto –entre áreas marinas y terrestres– por 17´613.381 hectáreas, es decir, el 12% del territorio nacional. Allí tiene presencia una de cada diez especies de fauna y flora del mundo, y se conserva el 64.5% de todos los ecosistemas del país. Adicionalmente, la riqueza cultural que habita en estos territorios es amplia. En 30 de los 59 Parques Naturales Nacionales (PNN) que tiene el Sistema, habitan y conviven más de 40 resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes. Y se cuenta con una población campesina que ronda los 22 mil habitantes que poseen 17.634 unidades productivas agrícolas[1]. Desafortunadamente, la segunda riqueza biológica y cultural más grande del mundo se encuentra en riesgo. Desde hace varias décadas los grupos armados organizados (GAO) que han hecho presencia en estas territorialidades vienen generando una destrucción sistemática de estos valiosos ecosistemas naturales y culturales del planeta. Organizaciones como las reincorporadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las actuales Bandas Criminales (Bacrim), ejercieron, durante muchos años, el poder y control sobre las diferentes actividades que se pueden realizar al interior del SPNN. Estos lugares han sido utilizados, por más de medio siglo, como teatros de operaciones para la guerra, como corredores de tránsito y sitios de recuperación o de descanso de tropas y como lugares para el aprovisionamiento de alimentos y logística para la guerra. Pero, sobre todo, han servido como generador de recursos ilícitos con los que se aviva el conflicto y prolonga la violencia en el país. En su interior, los armados ilegales han usado estos territorios para extraer de ellos los recursos financieros con lo que compran municiones, uniformes, armamento y todo aquello para sus actividades bélicas. Convirtiendo nuestros recursos de uso común (RUC) en territorios donde se siembra coca, se extraen metales preciosos, se talan nuestros árboles o se aprovecha la fauna para el mercado de animales exóticos. De allí que en 2016, cuando se firmó el Acuerdo Final con las FARC, se pensó con esperanza que la situación de estos territorios iba a cambiar para bien. El país y las comunidades étnicas y campesinas que habitan los PNN pensaron que con la salida de este actor armado se lograría un control por parte de la fuerza pública de estos territorios y que reinaría la justicia estatal. Sin embargo, tal situación no ha sido posible. Hasta la fecha lo que se observa en los territorios del SPNN es una destrucción desbordada de la naturaleza. En los seis años del pos acuerdo con las FARC se han multiplicado la deforestación, la minería ilegal, la ganadería criminal y la apertura de vías al interior de ellos –principalmente en la Amazonía, los parques del Pacífico y el Parque Nacional Natural Paramillo–. El mundo ha visto durante estos años cómo las áreas, supuestamente protegidas, le han servido a los armados para protegerse, crecer y apropiarse de la riqueza natural y cultural de todos. Ahora vemos cómo muchos de los ríos que nacen o cruzan estos territorios están untados de mercurio con el que se busca extraer el oro; y los suelos se contaminan con los abundantes químicos que se usan para producir drogas ilegales. Nos encontramos frente a una catástrofe ambiental, en la que el patrimonio universal está siendo contaminado, explotado, destruido y alienado por la codicia de los actores armados. Quienes, apoyados en algunos casos por colonos, tumban grandes áreas de bosques, los cuales son inicialmente aprovechados para extraer la madera, pero luego se convierten en áreas para la expansión de la frontera agrícola y ganadera. De allí que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez tiene, por lo menos, cuatro retos frente a estas territorialidades. El primero es seguir fortaleciendo la propuesta de convertir a Colombia en un aliado protector de la vida, tanto la humana como la natural. El SPNN debe ofrecerse al mundo como corredores biológicos que contribuyan a la estabilidad del clima global. El segundo es que el Estado debe poner como prioridad el cuidado de los recursos naturales que se encuentran en el SPNN. Allí se encuentran la mayoría de los acuíferos donde nacen los ríos que nos suministran el agua para las ciudades. La contaminación que producen los ilegales está provocando daños que es necesario controlar para asegurar la sostenibilidad ambiental en las ciudades y en todos los territorios. El tercer reto es que se debe avanzar en la implementación de la política pública de Paz Total, insistiendo en la necesidad que tiene el país y la obligación que tiene el Estado de negociar la salida del conflicto armado de todos los grupos armados organizados. Hay que trabajar en sacar a los actores de la guerra del SPNN, que el Estado adquiera el monopolio de las armas y el control de los territorios. De esta manera se logrará proteger con eficacia esta riqueza natural y cultural. Finalmente, es necesario que en un Estado social de derecho la institucionalidad llegue a todos los lugares y poblaciones. El Gobierno debe tener acciones dirigidas a brindar tanto la seguridad pública como la humana. Esta debe ser la estrategia para aumentar la gobernabilidad, en especial, en los territorios donde el Estado debe ser garante de protección especial. En síntesis, el Gobierno debe convertir al SPNN en una prioridad. Se requiere que ejerza control sobre una territorialidad que es estratégica para el mundo y para el país. No se puede dejar que los ilegales sigan explotando, ultrajando y destruyendo los recursos naturales y culturales. Estas tierras deben ser protegidas para que las comunidades étnicas y campesinas que las habitan, en compañía del Estado, puedan ejercer una gobernanza territorial que la haga sostenible para todos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] Alianza Parques Nacionales Cómo Vamos. (2022). Claves para gobernar los Parques Nacionales Naturales de Colombia. [En línea]. Tomado de: https://parquescomovamos.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-para-gobernar-los-PNN-2022.pdf

Por: Nataly Triana Guerrero, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad El Proyecto de Ley No. 222 del Senado y 261 de la Cámara de 2022, por medio del cual se creará el Ministerio de Igualdad y Equidad, es una de las deudas más grandes del mandatario Gustavo Petro en sus primeros 100 días de gobierno. Esto teniendo en cuenta que parte de su éxito electoral se lo debe a distintos colectivos feministas que confiaron su voto en su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, quien representa la llegada al poder de las excluidas y marginadas. Aunque no se esperaba la aprobación y sanción del proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad antes de finalizar este año, debido a la prioridad de otros proyectos como la reforma tributaria, el Presupuesto General de la Nación y los propios trámites legislativos de la creación de una cartera; es cuestionable que la bancada de gobierno se haya caracterizado por lograr ponerse de acuerdo para priorizar y tramitar otros proyectos de ley con mayor unidad. A pesar de esto, es importante resaltar que luego de que este proyecto de ley inicialmente se frustró por falta de quórum en las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes, el pasado 28 de noviembre fue aprobado, siendo el siguiente paso su debate en plenaria en cada corporación. ¿Cuál es la relevancia de este ministerio en Colombia? La creación de carteras de este tipo en gran parte de países de la región latinoamericana reside en la importancia de poner como prioridad al interior de los gobiernos el derecho de las poblaciones minorizadas y empobrecidas a una vida digna y libre de violencias. Estos derechos, en el caso colombiano, han sido vulnerados, incluso cuando existen entidades que de manera dispersa se dedican a la garantía de los derechos básicos y fundamentales de las poblaciones vulnerables, como lo son el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer, la Consejería Presidencial para la Discapacidad o la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, entre otras. La insuficiencia de estas entidades se debe a una falta de coordinación, pero en particular a una debilidad institucional para la implementación de políticas en favor de estas poblaciones, lo que permite que existan programas mal focalizados, duplicados e incluso desarticulados entre sí, lo que al final significa una mayor pérdida de recursos y un desgaste administrativo. Esto sin mencionar que la falta de un enfoque integral y articulado permite la ignorancia de políticas e instrumentos que reconocen poblaciones y sectores que han sido invisibilizados, como por ejemplo el desconocimiento de la infraestructura del cuidado en el país. De acuerdo con las investigaciones del grupo Quanta - Cuidado y Género, en Colombia no se detectó de manera oficial una crisis del sector ‘cuidado remunerado’ en el país durante la pandemia del Covid-19 debido a que entre las 14 ramas económicas del DANE no existe un sector dedicado a estas actividades, por el contrario estas se encuentran dispersas. De esta manera, Colombia no ha reconocido al día de hoy que el sector económico más impactado por la pandemia no fue la ‘economía naranja’, sino el sector del ‘cuidado remunerado’, en el que las mujeres fueron quienes presentaron mayores caídas de ocupación entre 2019 y 2020. En la actualidad, este sector se encuentra desatendido en toda su complejidad. Objetivos de Ministerio de la Igualdad Conforme al informe de ponencia del primer debate en Cámara, el Ministerio de la Igualdad tendrá el objetivo de ser un espacio de formulación, articulación y concertación de políticas públicas. Siendo así, este ministerio podrá presentar proyectos de ley a nombre del gobierno y participar en la formulación del CONPES. Para lograr estos objetivos, este proyecto se propone su financiación a partir del presupuesto destinado a ciertas dependencias del Estado, esto en consonancia con la política de austeridad del Gobierno Nacional. Aunque se desconocen los costos de la creación de un ministerio de tal magnitud, este gobierno asume que, de ser aprobado, tendrían una disposición presupuestal para el sector administrativo de alrededor de 14 mil millones de pesos provenientes de los sectores de Equidad de la Mujer y Construcción de Paz. Tabla No. 1. Presupuestos Transversalizados por sectores. Vigencia 2023. Fuente: MHCP, DNP - Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. (Cifras en millones de pesos). Retomado del Proyecto de Ley No. 261 Cámara de 2022. ¿Qué falta por discutirse? El articulado que podrá generar mayor debate en las plenarias de cada corporación es aquél que permite facultades extraordinarias al presidente para la conformación de esta cartera. Es decir, la autorización al mandatario para poder decidir cuáles entidades administrativas van a componer este ministerio, sin previa autorización del Congreso de la República. Fuente: Proyecto de Ley No. 222 de 2022 Senado, 261 de 2022 Cámara Este articulado presenta varias críticas por parte de partidos de gobierno y de oposición, ya que lo consideran un cheque en blanco, no solo para fusionar entidades del Estado, sino en particular para formular la política social del país. Siendo así, a la fecha, de este articulado se desconocen las entidades y departamentos administrativos que compondrán esta nueva cartera, lo que imposibilita conocer el verdadero alcance presupuestal de este ministerio y en particular se desconoce la magnitud de la transformación que tendrá en la organización del Estado Colombiano.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad El concejal de Barranquilla por la Alianza Verde, Andrés Rengifo, ha tenido actuaciones que lo asemejan con las del excongresista Jonathan Tamayo, conocido como ‘Manguito’, pues aunque obtuvo su curul con aval de un partido de oposición al gobierno del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, la labor de Rengifo ha sido más bien discreta; mientras ha contado con burocracia en la administración local y ha buscado consolidar su influencia en la Alianza Verde en el Atlántico, dándole entrada a dicho partido a la casa política de los Torres Villalba. De 36 debates de control político que ha citado el Concejo de Barranquilla en contra de Jaime Pumarejo, Rengifo solo asistió a ocho, y sus intervenciones han sido cuando menos irrelevantes. De hecho, Rengifo ha sido más que afín a la administración Pumarejo, votando de manera positiva los proyectos de la Alcaldía y gozando de la repartición burocrática de esta entidad, pues la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) pudo corroborar que al menos ocho personas cercanas a Rengifo y que apoyaron su candidatura en 2019, tienen contratos con la Alcaldía. Es importante recordar que Andrés Rengifo es sobrino de Pedro Juan Lemus Navarro, un aliado importante de la casa política de los Torres Villalba, clan que tiene su fortín electoral en Puerto Colombia, Atlántico. El crecimiento político de los Torres Villalba es parecido al de los Char: al tener empresas privadas, en este caso dedicadas al sector servicios, sostienen un proyecto electoral que les permite manejar la institucionalidad a su favor. Las actuaciones de Rengifo demuestran el nivel de cooptación que tienen estas casas y clanes políticos al interior de la Alianza Verde en el Atlántico. Es por esto que algunos militantes como José Raúl Rodríguez han denunciado estos movimientos. Le invitamos a leer nuestro informe completo sobre las actuaciones del concejal de Barranquilla Andrés Rengifo, aquí:

Por: Línea Migración, Región y Frontera 26 líderes juveniles se formaron en la Escuela de Liderazgo Ciudadano y Comunitario de Cúcuta, desarrollada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con el apoyo de la Embajada de España y la Alcaldía de Cúcuta, en articulación con diversas organizaciones sociales. Esta Escuela permitió fortalecer las capacidades cívicas y políticas de jóvenes que se han destacado por su liderazgo. Cada sábado, y durante cuatro meses, los participantes recibieron capacitación en: indicadores sociales; economía y sus retos para el desarrollo y la equidad; migración; y comunicación, incidencia y estrategias de liderazgo ciudadano. Asimismo, los becarios pusieron en práctica los conocimientos adquiridos. A partir del deporte, la educación y la defensa de los derechos humanos, buscaron impactar positivamente en sus territorios. “Gracias a la Escuela de Liderazgo profundicé conocimientos en migración y en derechos humanos, y trabajé el deporte en el barrio El Talento. Espero que los niños se motiven y se superen, he visto la calidad que hay en el sector y deseo verlos triunfar”, señaló Alejandra Téllez, becaria de la escuela. La Batucada Feminista Integrantes de la Red de Movilización Feminista que participaron en la Escuela plantearon la necesidad de favorecer la movilización del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo cual se fortaleció la incidencia del espacio, desde el apoyo a la Batucada Feminista. “Era una batucada que estaba desde el año pasado, pero este año se retomó, entonces como estaba abandonada había que hacer muchas compras y el dinero de la Escuela nos ayudó para eso; fue importante el apoyo para lograr salir a las calles a tocar nuevamente y manifestarnos”, señaló Vanessa Mendoza, becaria de la escuela. Fotos: Pares Construyendo Ciudad” “El proyecto Construyendo Ciudad surge de una charla que tuvimos sobre la educación, donde nos explicaban que, a partir del grado noveno, se iba presentando más deserción estudiantil”, explicó Camila Miranda, becaria de la Escuela. Mediante conversatorios de liderazgo, orientación vocacional, interlocución e historia de Norte de Santander, los participantes de la Escuela buscaron mitigar el abandono escolar de los estudiantes de décimo y once grados de la Institución Educativa El Rodeo. “Fue decirles que sí se pueden formar y que la mejor opción es la educación; principalmente porque Cúcuta, con su historia, tiene potencial para que nazcan los líderes de la ciudad, el departamento y la nación”, aseguró Mauricio Castañeda, becario de la escuela. Fotos: Pares El Talento tiene talento A partir de un diagnóstico de las principales necesidades de El Talento, uno de los barrios periféricos de Cúcuta, Alejandra Téllez, becaria de la Escuela, propuso desarrollar la iniciativa “El Talento tiene talento”. La apuesta se centró en incentivar el deporte en niños, jóvenes y adolescentes, y en fortalecer los conocimientos en derechos humanos. “Trajeron los uniformes y los balones que los niños necesitaban para los entrenamientos. Para nosotros es demasiado importante porque ocupamos a los niños, los alejamos de las calles y de las drogas, y formamos personas”, aseguró Liliana Yáñez, trabajadora comunitaria de El Talento. Fotos: Pares El deporte en Colombia Uno En el asentamiento Colombia Uno, los participantes de la Escuela también decidieron incentivar el deporte. Desde el reconocimiento de las particularidades del territorio y de los aportes del ejercicio para canalizar la violencia, promovieron la práctica del boxeo. Juan Camacho, presidente de la junta de acción comunal de Colombia Uno, destacó la importancia de la actividad, toda vez que: “el deporte es una herramienta para llegar a los jóvenes y niños que viven en un contexto violento, para trabajar el conflicto, el respeto por los demás y el valor del esfuerzo”. Así, el pasado 26 de noviembre, la Alcaldía de Cúcuta, la Fundación el Pilar, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Pares hicieron un reconocimiento a los 26 líderes juveniles que participaron en la Escuela de Liderazgo Ciudadano y Comunitario de Cúcuta. A partir de los conocimientos adquiridos en el aula, pero también del aprendizaje colaborativo y de las iniciativas apoyadas, los jóvenes fortalecerán sus apuestas colectivas y seguirán trabajando por la construcción de paz. Fotos: Pares