Por: Redacción Pares El pasado 03 de diciembre, el senador Ariel Ávila publicó su nuevo libro El mapa criminal en Colombia, en el que expone el estado actual de las organizaciones criminales y los grupos armados en el país, de cara a la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. Ávila argumenta que los grupos armados de hoy no son los mismos de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz de La Habana, sino que en el país nos estamos enfrentando a un nuevo ciclo de violencia que se propone a analizar en el texto, de cara a la política de paz del gobierno actual. El director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), León Valencia, es el autor del prólogo de este libro. A continuación, el prólogo: Prólogo al libro ‘El mapa criminal en Colombia’ de Ariel Ávila Por: León Valencia Con este libro Ariel Ávila cierra su época de investigador social y abre la etapa de líder político. Son actividades muy distintas, aunque todo lo acumulado como académico le servirá para su labor de parlamentario. Acerca de las diferencias entre estos dos oficios decía André Malraux, un intelectual y político francés: el político tiene una idea para vendérsela a mucha gente, en cambio, el intelectual tiene muchas ideas para vendérselas a poca gente. La política se mueve en blancos o negros, es banderiza, afirmativa, implacable; en la labor académica las preguntas, las dudas y los grises, son esenciales. Ariel trabajó a lo largo de 14 años conmigo en investigaciones tan apasionantes como arriesgadas, ligadas al conflicto armado, a la presencia de las mafias en la política, al narcotráfico, a la protesta social, a la realidad de las fronteras colombianas, en fin, la mayoría de los conflictos que atraviesan la sociedad colombiana. Lo hizo con rigor, con dedicación, con audacia, siempre pensando en transformar la democracia, en cambiar las injustas relaciones sociales, en buscar una mejor vida para la gente del país. Estoy seguro que con estos mismos ideales se desempeñará en el escenario político. Se ocupa en este libro de pasar revista a las violencias después del Acuerdo de Paz, específicamente de lo que ha ocurrido en el gobierno de Iván Duque. Es un balance crítico, pero, como siempre, muy documentado. Tiene razón el autor en sus preocupaciones. En el gobierno que concluyó labores el 07 de agosto de 2022, mostró las orejas una nueva ola de violencias. Menor a la violencia que vivimos en los primeros cinco años del siglo y menor también a la que sufrimos entre 2008 y 2012, pero, en todo caso, muy dolorosa y triste. El primer mandato de Álvaro Uribe Vélez empezó en medio de un gran incendio. Los homicidios, los secuestros, las masacres, el desplazamiento forzado y el narcotráfico, estaban en auge. Uribe, combinando una ofensiva contra las guerrillas y una negociación con los paramilitares, redujo todos los indicadores de violencia. De eso ya nadie tiene duda. Ocurrió, eso sí, que el costo en derechos humanos fue enorme. De esa época es también el ascenso vertiginoso de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, que llegó a la pavorosa cifra de 6402 víctimas. Ahora, esos hechos macabros tienen en graves líos políticos y judiciales tanto a Uribe como a funcionarios de su gobierno y a decenas de militares y policías. El segundo mandato de Uribe fue menos exitoso en materia de seguridad y en 2008 empezaron a crecer de nuevo las violencias, hasta 2012, cuando empezó el proceso de negociación con las FARC. En ese momento se produjo un alentador corte y las violencias empezaron a disminuir. El narcotráfico fue el único factor que se mantuvo en niveles bastante altos. Para que los lectores tengan una noción de los cambios profundos que ocurrieron en el país con motivo de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno Nacional, hagamos una comparación entre los tiempos del gran incendio y los tiempos del proceso de paz. A finales del siglo pasado y principios de este siglo hubo años de tres mil secuestros, seiscientos mil desplazados, dieciséis mil homicidios. Inmediatamente después de la firma del Acuerdo de Paz teníamos cerca de cien secuestros por año, sesenta mil desplazados, doce mil homicidios. Sólo para citar algunas cifras, sin abundar en ejemplos de las victorias tempranas de la paz. Pero el incendio no se apagó del todo. Quedaron unos leños prendidos. El ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y demás estructuras del crimen organizado, las graves tensiones con el gobierno de Venezuela y algunas zonas del país donde persistía una disputa violenta. Duque y su gobierno tenían la obligación moral y política de echarle agua a esos leños prendidos para apagar definitivamente el gran incendio, pero hicieron todo lo contrario: le echaron gasolina. Este libro muestra con cifras y análisis que el gobierno de Duque ha significado una grave interferencia en el proceso de paz y reconciliación del país. Decidieron que el triunfo del ‘No’ en el plebiscito y la victoria electoral del uribismo en 2018 los autorizaba para implementar sólo parcialmente el Acuerdo de Paz suscrito con las FARC y no buscar un acuerdo con el ELN ni un sometimiento a la justicia del crimen organizado. Las consecuencias están a la vista, estamos ante el resurgir de algunas violencias y ante el temor de que el incendio tome otra vez una gran fuerza. Pecaríamos de pesimistas si dijéramos que todo está perdido. La paz conquistada no fue borrada, por eso es lícito utilizar la palabra interferencia en el proceso, es decir, tropiezo, pausa. Un nuevo gobierno puede y debe retomar la aplicación del integral Acuerdo de Paz. Ahora bien, la interferencia en el proceso de reconciliación no se ha hecho impunemente, la sociedad colombiana ha castigado al gobierno de Duque, su impopularidad es enorme, tanto que ha arrastrado al otrora rey de las encuestas, al expresidente Uribe, que ahora se lamenta de la ingratitud del país que lo está dejando solo. Están probando con amargura que la gloria es efímera. Este libro es una potente voz de alerta. De sus entresijos se pueden sacar conclusiones interesantes para encarar el futuro: 1. Es preciso cumplir a cabalidad lo acordado con las FARC, 2. Es necesario sellar un acuerdo de paz con el ELN, 3. Es urgente una estrategia contra el crimen organizado que combine un plan de persecución a estas estructuras con un plan de sometimiento a la justicia, 4. Es posible y necesario iniciar diálogos humanitarios y acuerdos locales en las zonas donde persisten las graves disputas violentas, 5. Es urgente plantear en serio una discusión internacional de legalización de las drogas alucinógenas y sicoactivas y ensayar una estrategia distinta a la guerra contra las drogas que ha dominado la política colombiana a lo largo de 40 años, 6. Es prioritario normalizar las relaciones con Venezuela y establecer un plan conjunto para atender la larga frontera entre los dos países.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, el 03 de diciembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Los participantes expusieron propuestas de cambio alrededor de los cinco ejes transformacionales del Plan Nacional de Desarrollo: ordenamiento territorial, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático, y convergencia regional. Durante la jornada los habitantes mencionaron la necesidad de que el Gobierno tenga en cuenta las problemáticas que tienen en sus territorios, entre ellas, el agua potable, la salud y la educación para todo tipo de población. Entre las propuestas presentadas, colectivos de artistas pidieron la creación de un estatuto del artista, que tiene que ver con toda la problemática laboral de esta población; también mencionaron una política de formación e infraestructura que tenga que ver con la cultura de la paz. Alexander Hipea, representante de la comunidad Indígena Nasa, de Planadas, Tolima, mencionó que una de peticiones que le hicieron al Gobierno Nacional fue la legalización de los predios para su comunidad, ya que los habitan sin tener una legalidad sobre los lotes, “uno de ellos está ubicado en Río Claro y el de Planadas, Tolima, es de más de 4.900 hectáreas", indicó el representante. También, teniendo en cuenta la ola invernal que ha afectado al Tolima, los participantes mencionaron que una de sus esperanzas es que el Gobierno arregle las vías, ya que podrían atravesar por una situación económica difícil debido al colapso de la red vial terciaria. Participantes Más de tres mil personas participaron de los Diálogos Regionales Vinculantes en Ibagué, entre ellas, comunidades indígenas, campesinas y gestores culturales estuvieron durante este espacio, el cual fue liderado por la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, quien afirmó que, pensando en la capital tolimense, el Gobierno Nacional espera implementar acciones concretas y contundentes, ya que, según registros, Ibagué es la segunda ciudad del país con más índice de desempleo. Cielo Rusinque, directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, mencionó los proyectos que paulatinamente se empezarán a desarrollar en los 47 municipios del Tolima. “Tuvimos una inmensa participación de los ciudadanos en las mesas de diálogo, tenemos grandes expectativas porque son muchas las propuestas que surgen de esta región y que sabemos que varias quedarán incluidas en nuestro Plan de Desarrollo”, aseguró la funcionaria. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, manifestó que entre las propuestas recibidas, los participantes solicitaron al Gobierno no realizar proyectos de minería en el Tolima. Contexto de la subregión El Departamento del Tolima es reconocido a nivel nacional como una región en donde la expresión cultural que más se destaca es la música, la cual hace parte de las costumbres y tradiciones de su capital, Ibagué. Su economía está sustentada en las actividades agropecuarias, los servicios y la industria. Sin embargo, este departamento cuenta con pocas oportunidades de empleo, lo que muchas veces genera a que la comunidad se desplace a otras ciudades en busca de ello. En cuanto al conflicto armado, en el Tolima se concentró en el sur del departamento, especialmente en la zona del cañón de Las Hermosas y la zona suroccidental. Estos territorios fueron refugios para varios miembros de las FARC, en especial para el otrora jefe del secretariado, alias “Alfonso Cano”. Para ese tiempo (2010), este grupo armado tuvo control de este territorio en donde imponía normas y hostigaba a la comunidad. Las FARC tuvo gran influencia en municipios como Cajamarca, Icononzo, Anzoátegui, Chaparral, Cunday, Rovira y Roncesvalles. Entre 2002 y 2010 se registró la mayor cifra de víctimas por el conflicto armado en este territorio. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), actualmente hacen presencia en los territorios del Tolima la disidencia de las FARC “Gentil Duarte” y el Clan del Golfo.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista En los inicios de la Revolución Cubana, el joven Pablo Milanés incursionaba con entusiasmo en la corriente del Filin, esa manera muy propia de hacer canción sentimental y poética, emparentada con el bolero, escudriñando formas para aportar en la música al tránsito que vivía la sociedad, conservando la riqueza de sus raíces. Simpatizaba con “Los barbudos” pero, desde el comienzo, por su forma de su ser franca y rebelde, hizo públicas sus críticas sobre la progresiva imposición ideológica y represiva que se inmiscuyó hasta en las letras de las canciones y en los ritmos admitidos en la cruzada “anti yanqui”. Pablo, con Mis 22 años y Tu, mi desengaño, a mediados de los 60, se colocaba a la vanguardia de la canción romántica con trazas trovadorescas, influencias del barroco y el renacentismo y lograba el reconocimiento entre los cultores de la canción elegante, amadrinado por Aida Diestro, Marta Valdéz y Miryam Ramos. A la vez que sus críticas y cuestionamientos públicos a sectores del poder, por las imposiciones y la intolerancia, le cobraron factura. Convocado a cumplir el servicio militar patriótico fue conducido a un campo de reeducación para corregir sus “desviaciones”. El maltrato a Milanés fue un error, como tantos que cometió y comete la dirigencia de la Revolución Cubana, intentando ayer, sosteniendo hoy, una alternativa para América Latina y El Caribe, acechada siempre por los zarpazos imperiales y en una difícil lucha por ser auténtica, pero atada a intransigencias anacrónicas, frente a una realidad que exige reformas y apertura. Pablo se escapó del “correccional”, que, ante las denuncias, el gobierno trataba de hacer presentable, reduciendo, por ejemplo, la altura de las alambradas de púas de 23 a 14 líneas (pelos), lo que le dio pie para componer 14 pelos y un día me separan de mi amada. Al final, no sin pasar otros malos momentos, quedó libre. Junto con varios talentosos noveles compositores inspirados en la efervescencia revolucionaria, hizo parte del disruptivo Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográfica (Gesi-Icaic), creado para componer bandas sonoras del naciente nuevo cine y explorar sonoridades. Con esa base, en noviembre de 1972, con Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicolá, como insignias, surgió la Nueva Trova Cubana, que bebió en el agua de la trova tradicional, de comienzos de siglo, para decir lo que inspiraba un acontecimiento como la Revolución. Justo en el cincuenta aniversario de ese alumbramiento, Pablo Milanés dejó de existir físicamente. Más de 50 años de carrera artística e igual número de trabajo discográficos publicados, escenarios repletos y delirantes por toda América Latina y El Caribe, España y otros lugares, temas profundos que en voz alta dijeron en bellas composiciones sus reflexiones sobre la soledad, la muerte, el tiempo, los años, la vejez, la juventud, el amor, el desamor, las humedades, las luchas, las esperanzas y la patria. En los inicios cantó a los poetas, a Martí y a Guillén, de quien creo con Canción una página sublime. Ya ves, Para vivir, Yolanda, El breve espacio, El tiempo, El implacable, El que pasó, Proposiciones, son entre muchas, canciones de obligada recordación entre bohemios, amantes y enamorados. Parte de su discografía estuvo dedicada al bolero y al rescate de la tradición con tres volúmenes de Años interpretados en compañía de connotados ejecutantes de las cuerdas y la música tradicional, como Luis Peña, “El albino”, Octavio Sánchez, “Cotán” y “Compay Segundo” (Francisco Repilado), con quien hizo la primera versión del mundialmente famoso son Chan Chan. Con Armando Garzón hizo la segunda voz para que brillara “el jilguero de la voz de terciopelo” con celebrados temas de antaño. En Venezuela, con la folclorista Lilia Vera realizó un hermoso homenaje a la canción vernácula. Reivindicó a los músicos tradicionales opacados por las nuevas generaciones, mucho antes del impacto comercial de Buena Vista Social Club. Con el canario Caco Senante versionó preciosos boleros y con el boricua Andy Montañez se dieron gusto cantando, soneando y salseando. En Brasil, son inolvidables sus conciertos con Caetano Velozo, Chico Buarque y Elsa Ramalho, como en Buenos Aires con Silvio, Mercedes Sosa y otros cantores. En Santiago cumplió la promesa de pisar “las calles nuevamente”. Bogotá vivió un hermoso concierto suyo en compañía de Piero, registrado en grabación producida por el pastuso Javier Martínez Maya. Querido Pablo de 1995 y Pablo Querido de 2005, compilan versiones de una pléyade de artistas iberoamericanos entusiastas de sus letras y amistad, con presentación, este último, de Gabriel García Márquez: “Este disco es una casa sin puertas ni ventanas…”. Su rítmica y melodía, permitieron que canciones tristes se convirtieran en varios éxitos salseros interpretados por las mejores agrupaciones del género, como la Sonora Ponceña y el Gran Combo de Puerto Rico. Con el magistral “Chucho” Valdéz en el piano y temas íntimos, grabó Más allá de todo, producido en su propio estudio en La Habana, una de las ventajas que permitió por un tiempo la concesión del gobierno a algunos músicos de cierta autonomía a través de fundaciones. En los teatros Mella y Carlos Marx de La Habana, un público emocionado acompañó los conciertos con sus hijas Lynn y Haydée, que brillan con luz propia. Su último trabajo en estudio fue una selección de estándar del jazz. La rebeldía de Pablo era conocida en Cuba, él se calificaba liberal para decir lo que pensaba y lo que no le gustaba pero siempre reivindicó la Revolución como una ruptura histórica en busca de justicia. De tanto en tanto fustigaba a la dirigencia, por poco diligente, y, en los últimos años, dio respaldo a manifestaciones de inconformidad después de tantos años de resistencia. No obstante, con Fidel Castro mantuvo una relación de admiración por la que, al llamado de este, o en los que se hacían en su honor, siempre estuvo en la tarima, “si el poeta eres tú, qué puedo yo cantarte comandante”. Fidelidad, motivo del famoso impasse con Rubén Blades, al que calificó de oportunista cuando le increpó por su respaldo a Castro, y de la bronca no curada con la pequeña Habana miamense. Los últimos años de vida de Pablo Milanés fueron dolorosos por un cáncer prolongado que lo llevó a vivir a España, donde tuvo muchos amigos y admiradores, giras y trabajos con Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos. En medio de la enfermedad, el arañazo cruel de la tristeza vino con la muerte, en enero de este año, de su hija Suylén, música y gestora cultural de 50 años, por un accidente cerebro vascular. En julio, en el multitudinario y estorbado concierto “Mi Habana”, se despidió: Amo esta isla soy del caribe y Yo me quedo. A su pena se agregó el deceso, en agosto, por trombosis pulmonar, del esposo de Suylén, Camilo Guevara March, hijo del Comandante de la Revolución Ernesto Guevara de la Serna, “El Che”, a quien Pablo dedicara, Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. El 22 de noviembre se cumplió la cita y sentencia que Milanés había anunciado en Renacimiento, un precioso álbum publicado en 2013 con líricas trascendentes de corte de cuentas con la existencia y reivindicaciones al manantial inagotable de la música cubana en todos sus géneros: “Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. ¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! ¡Vida, estamos en paz!”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis El pasado 26 de noviembre, la mesa de diálogo y negociaciones entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Nacional Unitaria, que agrupa a buena parte de la oposición venezolana, llegaron a un importante acuerdo que le da impulso a este proceso de concertación. Los activos económicos del estado venezolano que han estado congelados fundamentalmente en los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, podrán ser utilizados de común acuerdo entre Gobierno y oposición en un conjunto de programas sociales. La política de congelamiento de recursos económicos del Estado venezolano, fue parte de la acción para tumbar al gobierno del presidente Maduro durante los años más álgidos de la crisis, entre 2017 y 2021. Colombia participó de esta política durante el gobierno del expresidente Duque, mediante la confiscación de Monómeros (saqueada por los opositores venezolanos, que la llevaron casi a la quiebra), empresa que el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha retornado al control del gobierno Maduro, en el marco de la nueva política de diálogo y entendimiento diplomático, que es la única que les conviene a los dos gobiernos y a las dos sociedades. Con este acuerdo para recuperar los activos económicos hoy congelados, el gobierno Maduro y la oposición se comprometen, con el apoyo de la ONU, a constituir un fondo fiduciario que las dos partes gestionarán para promover cuatro prioridades sociales: alimentación, salud, sistema eléctrico y atención a comunidades afectadas por la ola invernal. Se calcula que podrían ser tres mil millones de dólares los recursos hoy bajo control de terceros países en sus sistemas financieros, que al volver al control del Estado venezolano, vendrían a darle impulso a un proceso de recuperación de las condiciones sociales duramente afectadas en medio de la crisis vivida en Venezuela y de la cual ha habido signos de recuperación, aún lentos pero sostenidos. Si esta política de recuperación de esos activos es exitosa y su inversión llega a quienes lo necesitan, Gobierno y oposición habrán logrado una importante acción conjunta para beneficio de la sociedad venezolana, frente a la cual ambas partes tienen responsabilidades que asumir. La continuidad del diálogo y las negociaciones entre el Gobierno Maduro y la Plataforma Unitaria, ahora se debe enfocar en los temas de derechos humanos y garantías para la competencia política y las condiciones para el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2024, que son el escenario político a la vista para dirimir quién estará al frente del gobierno en Venezuela, que no puede seguir bajo un estado de cuestionamiento, la raíz de esta crisis por superar. Luego de más de un año de interrupción del proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, facilitado por el gobierno de Noruega, las partes han encontrado un clima de mayor distensión, gracias al acercamiento con la administración Biden. Con la firma de este acuerdo, vuelve a haber un centro de trabajo conjunto, no solo importante para Venezuela, sino también para Colombia, en tanto los intereses compartidos que tenemos y la importancia de estabilidad en los dos países. Buena noticia que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha animado este proceso de diálogos y negociaciones, siguiendo el mensaje que el presidente ha pronunciado en reiteradas ocasiones: los conflictos en Colombia, la región y el mundo deben ser tratados de manera pacífica y civilizada. El 2023 será un año clave para que Gobierno Venezolano y la Plataforma Unitaria lleguen a acuerdos para el desarrollo de unas elecciones presidenciales con credibilidad y garantías para todas las partes que competirán. Aquí puede ver el acuerdo: *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Tan característicamente colombiana es la celebración de la temporada decembrina que desde niño y al calor del hogar de una familia pobre, pero feliz, crecí amando esta época del año. Tengo el recuerdo de los buñuelos y la natilla que hacían mi abuelita Laura Rosa o mi tía Diomedes, y mi madre Blanca Flor; con la harina, la mantequilla, los huevos y el queso de producción nacional. No como hoy que el modelo económico ha llevado a importar el 90% de lo que sería viable plantar y cosechar en nuestros campos. Qué agradable recordar el “chamizo” que mi padre Ángel María y mis hermanos mayores, José Ángel, Arcadio y Omar, buscaban en los potreros vecinos a la casa para luego, en nuestro mundo infantil, mis hermanas Marta Graciela, Derli y Gelman, vestirlo con algodón luego de sembrarlo en el tradicional tarro de galletas, colocarle las pequeñas bolitas de colores y, finalmente, la fascinación producida por los colores rojo, azul, amarillo y verde de las sencillas luces de navidad, enrolladas en el chamizo, incluso el papel celofán con el que forrábamos el tarro. Confieso que aún conservo esa fascinación, gracias a Dios. Me perdona quien lea esta columna que mencione a mi familia, pero entenderán para mi caso que, así como “sin negro no hay guaguancó”, sin familia no hay alegría decembrina. Y claro, buscar el musgo. Y quizás uno de los momentos más lindos del inicio de la temporada: hacer, vestir o armar el pesebre; las ovejas más grandes que las casitas; el muñeco (en mi caso), presente de caucho o plástico; la tapa de algún frasco grande forrada en papel aluminio simulando el lago y en él, el pato al lado del cocodrilo, junto al pequeño cisne; los tres reyes magos camino hacia el establo en el inicio del pesebre; y nuevamente la magia de las luces, la extensión en el interior, las casitas o debajo del musgo. Luego, las novenas de navidad, jugar a los aguinaldos (“pajita en boca”, “preguntar y no contestar”, “al sí y al no”, etc.); endulzar y jugar al amigo secreto; el “llévele a la comadre Teodolinda”, las rosquillas con dulce, los encurtidos y los platos con la fruta calada, definitivamente era llevar el presente, la muestra de respeto y cariño. La música con Buitraguito, el “indio” Pastor López, Bovea y sus vallenatos, el Son de Patanguejo, Son del Tuno, los Caucanitos y los hermanos Medina, oficializando su presencia en esta época, como diría el tema “mes de parranda y animación”; las chirimías recorriendo nuestras calles de Popayán y las cabeceras municipales, con la máxima de “diablo sin cola no es diablo”, y las y los parroquianos agradeciéndoles con una moneda en el recipiente siempre rojo, tipo cernidor. Al Altísimo agradezco una temporada más que, como sobrevivientes de la pandemia, sentimos hinchado el corazón de recuerdos, alegrías y nostalgias. Siempre me he preguntado cómo sería la convivencia comunitaria si el espíritu navideño impregnase los restantes meses del año: menos agresividad en las relaciones interpersonales, más solidaridad con el necesitado, familias encontrándose físicamente aún viviendo lejos; en fin, frente a la competencia que genera y estimula el modelo neoliberal aperturista, un ambiente cordial, un clima humanista, para hacer de Colombia una potencia de vida. Que hemos vivido... claro que sí, con pasión por lo que hemos hecho, bienvenido diciembre, así nos deje también unas buenas deudas, pero nos desmandamos con gusto navideño. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en el municipio de San Marcos, ubicado en el noroeste del país y al suroeste del departamento de Sucre, el 30 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En este Diálogo Regional Vinculante los habitantes participaron en 55 submesas y 18 mesas en las que se identificaron cuatro apuestas de cambio: la adjudicación de tierras; la recuperación de humedales y complejos cenagosos; granjas agrícolas para el fomento de la economía familiar; y vías terciarias que permitan la comercialización de los productos agrícolas de los campesinos. Durante esta jornada solicitaron una solución de reconexión hidráulica del río Cauca con La Mojana, la cual habilite caudales ecológicos para que cuando se presente la época de sequía se pueda controlar inundaciones para la producción agrícola. “La obra estructural significa el control de inundaciones, de tal manera que pueda entrar agua de manera controlada, la canalización de los caños y recuperación de ciénagas. Nosotros queremos que nuestra región de La Mojana tenga agua de manera controlada, ese sería el punto que nos uniría a los 11 municipios de la región y en especial el de Achí”, precisó Yonairo Sáenz, líder comunitario de Achí, sur de Bolívar. Participantes Mas de 1.400 personas de once municipios de los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre participaron en los Diálogos Regionales Vinculantes que se desarrollaron en San Marcos. El evento también contó con la participación de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna; y el consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco. Durante la jornada participaron representantes de los municipios de Nechí, Magangué, Achí, San Jacinto del Cauca, Ayapel, San Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito y San Benito Abad. La ministra de ambiente, Susana Muhamad, destacó la importancia de llegar a acuerdos a corto plazo, así como también la construcción de una ruta para que el Plan Nacional de Desarrollo sea una estrategia para potenciar la región de La Mojana. Por su parte, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinoza, solicitó al Gobierno Nacional acciones inmediatas por los daños ocasionados por la temporada de lluvias. “La región convoca a un gran acuerdo, aquí hay hambre, necesidad, hay desilusión”, mencionó Olimpo. Luis Fernando Velasco, consejero presidencial para las Regiones, destacó la importancia del diálogo con las comunidades en La Mojana: “nosotros hemos venido hablando, ya hay una acción decidida del Gobierno, trajimos la información, 1.1 billones de pesos que ofreció el pasado gobierno, nosotros lo vamos a respetar, vamos a conseguirlo. Le abrimos la posibilidad a los gobernadores para que en vigencias futuras de regalías completen los 7 mil millones para que hagamos una inversión de 1.8 billones”. Contexto de la subregión Esta subregión está ubicada sobre las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, lo que la convierte en una zona rica en humedales. Este territorio representa la mayor despensa agrícola del Caribe colombiano y cuenta con pequeños productores campesinos y Zenúes, que basan su sustento en la siembra de pequeñas extensiones de tierra. La Mojana, conocida como la “tierra del agua”, ha sido afectada por el conflicto armado, pues en su territorio grupos insurgentes de todo tipo: guerrilla, paramilitares, narcotráfico y delincuencia común, circulan por un corredor que conecta toda esta zona. Todas estas organizaciones ilegales abusaron de la poca presencia institucional y la corrupción que se vivía allí. Por esta razón, los grupos armados se disputaban la extensa tierra fértil de esta zona. Se calcula que en los 11 municipios que conforman esta subregión hubo más de 80.000 víctimas a causa del conflicto armado, muchos de ellos desplazados internos. Esta subregión, aun después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, sigue siendo un corredor para la droga, además, sus jóvenes carecen de oportunidades, los servicios y la presencia del Gobierno es escasa y la pesca se resiente por la contaminación minera. Actualmente en los territorios del departamento de Sucre hace presencia el grupo armado Clan del Golfo.

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú y la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), presentan la historia de vida de la lideresa indígena Amelia Conde, originaria del pueblo indígena piaroa, también conocido como uwöttüja (gente con conocimiento) o de’aruwä (dueño de la selva), un pueblo de agricultores cuya población se estima en 19.293 personas (9.810 hombres y 9.483 mujeres). Amelia es coordinadora general de la Organización de Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA) desde 2007, una organización donde ha desarrollado proyectos y articulado espacios de acción relacionados con la igualdad de género intercultural, el estímulo de proyectos socio productivos liderados por mujeres, así como la protección del bosque amazónico frente a la minería. En este texto, Amelia reconstruye su historia de vida, la de su familia y la de su pueblo. Sus palabras anuncian la vida en la Amazonía venezolana, también las luchas ante las amenazas que atentan contra su existencia, como un canto de agua que se reactualiza pero no olvida su origen primero. Léalo completo aquí:

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se llevó a cabo en el municipio de Ipiales, ubicado en el departamento de Nariño, el 29 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Fueron en total 1.200 las propuestas realizadas por la comunidad, entre las que resaltaron temas de etnias, conectividad vial, agroindustria y aumento de participación política. Los nariñenses mencionaron la urgencia de construir una estrategia que controle el comercio con Ecuador ante el alza del dólar; también que el Plan Nacional de Desarrollo dedique su primer capítulo al aumento de la participación política y representativa de las mujeres; la disponibilidad de agua potable; y el internet como servicio público esencial. La comunidad indígena, durante su participación, habló de la importancia de construir aldeas indígenas; la financiación gubernamental en la producción agropecuaria; la construcción de una planta industrial láctea; y que sean reconocidos los resguardos como autoridad ambiental en el país. Carlos Alberto Hualpa, gobernador del resguardo indígena de Ipiales, resaltó: “hemos propuesto que se visibilice la frontera. Nosotros no nos sentimos visibles para el Gobierno. Propusimos que existan más vías terciarias. No tenemos acueductos ni alcantarillado y esperamos que el Gobierno le ponga empeño a estas propuestas”. Participantes Fueron al menos 750 personas las que se movilizaron desde 11 municipios de la frontera con Ecuador hasta las instalaciones del colegio Seminario, en Ipiales, donde recogieron las solicitudes y las propuestas más importantes en las 16 mesas dispuestas por el Gobierno Nacional, que en esta región contó con la presencia del canciller Álvaro Leiva Durán. El senador Polivio Leandro Rosales, quien lideró el proceso con las comunidades indígenas, manifestó que proyectos transversales urgentes, como la movilidad del aérea terrestre en la construcción de la doble calzada entre la ciudad de Popayán y Pasto, serían los ejes de la conectividad, los que a su vez convertirían a las regiones del sur del país en motores de desarrollo para la agro industrialización de la zona. “El aeropuerto de Ipiales debería ser internacional y no solo de pasajeros o de carga, para poder competir con el resto del país, donde saquemos, por ejemplo, la papa y la arveja en un modelo de agro industria, no para que hagan el aprovechamiento de nuestros productos en otras zonas”. Durante su intervención, el canciller colombiano reconoció la grandeza de los nariñenses y habitantes de la zona de frontera y dijo: “me voy con una gran bendición, este es un pueblo grande, yo tengo razones para manifestarlo", porque "estos Diálogos Regionales Vinculantes son el deseo de que la gente se exprese y que tengan la palabra para construir esa Paz Total, este ha sido un ejercicio de Paz Total". Finalmente, la subdirectora de Ordenamiento Territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Mónica Muñoz, informó que con este Diálogo se cierran los encuentros en Nariño, en el cual los habitantes de 43 municipios trabajaron y entregaron sus propuestas al Gobierno Nacional. Contexto de la subregión Su actividad económica gira en torno al comercio, la microempresa, el turismo, la agricultura, la ganadería y el petróleo en la selva del Churuyaco. Sus recursos naturales son abundantes en todo el territorio. En cuanto al conflicto armado en la frontera colombo-ecuatoriana, para el año 2018 se activaron las alarmas, debido a que se presentaron atentados, secuestros, crímenes relacionados con el narcotráfico y grupos disidentes de la guerrilla colombiana. Además, esta frontera por algunos años ha sido considerada de elevado riesgo por hechos como Pompeya (en 2001), Angostura (2008), bases guerrilleras abandonadas (2012) y coches bomba (2018), entre otros. En Nariño hubo presencia de distintos grupos armados, entre ellos el Bloque Libertadores del Sur de las AUC, el cual fue creado a mediados de 1999. A principios de ese año, los hermanos Carlos y Vicente Castaño enviaron paramilitares a Nariño, que quedaron a cargo de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y después de Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”. También ha habido presencia histórica de las FARC-EP y tras el Acuerdo de Paz se creyó que se disminuiría la presencia de estos grupos armados en el departamento de Nariño. Sin embargo, no fu así, pues Nariño siguió siendo uno de los epicentros de las dinámicas del conflicto armado en el país. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), actualmente hacen presencia en los territorios de Nariño el ELN, el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y la disidencia de las FARC “Gentil Duarte”.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se llevó a cabo en el municipio de Guapi, el 29 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo 33 mesas fueron instaladas, en las que se tocaron temas como ordenamiento territorial hacia la paz, seguridad humana, justicia social y ambiental, transición energética, soberanía alimentaria, agua potable, salud y educación. Durante el Diálogo los participantes pidieron la construcción de un hospital de nivel de mediana complejidad en Guapi, mejorar la cobertura y la calidad de la educación en estos territorios, la regionalización de la Universidad del Cauca, la construcción de la vía al Mar, que desde Popayán se comunique con vías hasta el municipio de Guapi, el mejoramiento de aeropuertos y el fortalecimiento de los consejos comunitarios. Durante la jornada los habitantes resaltaron la importancia de que el Gobierno brinde garantías de seguridad para que el pescador pueda seguir trabajando con tranquilidad y todos puedan permanecer en el territorio de manera tranquila y segura. En el marco del Diálogo Regional Vinculante, Leidy Riascos, coordinadora del Programa de Educación para la Paz (Educapaz), afirmó que “los efectos del conflicto armado en estos territorios, las economías ilegales y la falta de acceso a servicios públicos, como energía y agua potable, fueron las problemáticas recurrentes en las mesas”. Participantes El encuentro se realizó en el Coliseo Cubierto de la Institución Educativa de San José, con una asistencia de 1.346 personas. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, quien fue la madrina de este espacio, recalcó que la presencia del Gobierno Nacional en esta zona del país no es solo simbólica, sino que reafirmó el gran compromiso por cumplir las promesas de campaña y alcanzar la Paz Total en Colombia. “Sabemos todo lo que han sufrido como comunidad. Hoy hay una gran oportunidad de empezar a escribir juntos una nueva historia. Una historia que implica devolverle la paz y la alegría a Guapi, López de Micay y Timbiquí. ¡Que sean el bombo y la marimba lo los que vuelva a sonar y no la balas!”, enfatizó la alta mandataria. Durante su intervención, la vicepresidenta anunció su compromiso para construir la primera universidad de la Costa Pacífica. “Para que nuestros jóvenes no tengan la opción de las armas, sino la alternativa de la educación. Que no tengan que irse de su casa para poder capacitarse y puedan aportarle a sus territorios”, enfatizó Márquez. Por su parte, la alcaldesa de Timbiquí, Neyla Yadira Amú Venté, calificó la jornada como un día histórico para el Pacifico Caucano. “La vicepresidenta es el símbolo de lo que somos capaces como comunidades étnicas, afros e indígenas. Hoy nos convoca la construcción; ese aporte que desde los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí, le vamos a dar al Plan de Desarrollo Nacional. Importante que podamos, en el marco de las mesas de trabajo, establecer esa vía al mar”, recalcó. El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, afirmó que este espacio fortalece y compromete al Gobierno Nacional. “Aquí estaremos escuchando las necesidades de cada uno de los alcaldes. Claro que estaremos trabajando en la interconexión vial que requiere el departamento del Cauca”, dijo el funcionario sobre una de las solicitudes prioritarias para la región. Asimismo, la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí Rodallega, aseveró que este diálogo tiene la intención de escuchar, pero también de construir el país que se sueña. “Necesitamos que este sea un territorio de vida y paz”. Finalmente, la vicepresidenta subrayó que se debe realizar un gran esfuerzo de articulación regional y departamental para lograr avances significativos. Contexto de la subregión Guapi se ubica en el litoral pacífico del departamento del Cauca, su economía es preponderantemente pesquera, comercial y turística. En cuanto al conflicto armado, este territorio ha vivido con su presencia durante muchos años. Cuando llegaron los grupos armados a Guapi, en el Cauca, no solo sembraron temor, sino que acabaron con tradiciones culturales propias de las comunidades negras del Pacífico. Este territorio ha sido el epicentro de la confrontación armada que se ha registrado recientemente entre el ELN y el Comando Coordinador de Occidente (CCO). Es por esto que aún Guapi vive terror en su zona, de hecho, en febrero de este año, según los pobladores, escucharon algunas balaceras, lo que los llevó a permanecer encerrados en sus casas.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda En términos amplios, la igualdad es la adecuación o correspondencia de los humanos, consigo mismos y con respecto a su naturaleza. La principal de esas correspondencias naturales es, sin duda alguna, la condición de pensar. A esta connatural virtud le llamamos sentido común: todos los humanos tenemos la misma capacidad de registrar mentalmente algo con atención, como, por ejemplo, a un hombre que, fatigado, carga una inmensa piedra y a otro relajado que le señala con el dedo dónde colocarla. Todos contamos con la capacidad para formarnos un juicio y distinguir, no solo lo falso de lo verdadero, sino también lo bueno de lo malo. Esta adecuación natural es la que nos permite elaborar juicios concluyentes como esta pregunta: ¿acaso lo bueno no sería que la piedra la cargaran entre los dos? La igualdad también es general con respecto a la finalidad que condiciona las actuaciones de todas las personas. Aquello para lo cual hacemos algo, como asegurar nuestra vida y trazarnos líneas de desarrollo para mejorarla. Pero la igualdad también es natural en la forma, en la configuración externa de los seres humanos: difícilmente nace alguien con menos o más de dos piernas. La suma de esas características congénitas que nos hacen iguales les da a los seres humanos la capacidad de actuar en cuanto especie e individuos; es la base del principio de la identidad. De modo que la exigencia de la igualdad como derecho intrínseco resulta de la “naturaleza humana general y común”, por razón de la cual todos estamos sujetos a las mismas leyes naturales (que nos disponen a pensar y a obtener alimentos) y de las leyes morales (necesarias para consolidar los juicios y acertar cuando se trata de distinguir entre el bien y el mal). Tal es el principio de la identidad, que refiere filosóficamente la calidad de nuestras actuaciones y no la mera igualdad matemática que trata sobre la cantidad de nuestros bienes y propiedades. La igualdad es tan primaria y tan conectada al instinto de las sociedades primigenias que Rousseau, en tiempos en los cuales se estimaban más las cantidades que las calidades, consideraba la desigualdad como una consecuencia del afloramiento de la civilización. Un juicio verdadero, si tenemos en cuenta que la desigualdad matemática está soportada sobre diferencias en la propiedad, en tener o no tener, que ha sido motor del desarrollo “civilizado”. En el presente –dentro del modelo de las sociedades modernas– la desigualdad está principalmente fundada en las diferencias en la educación e instrucción: menos en la ambición de tener y más en el ejercicio de saber. Desafortunadamente, esa falta de igualdad en la educación y en la instrucción, promueve una desigualdad trasmitida cuando, por ejemplo, un padre, en calidad de herencia, deja a su hijo además de las propiedades, instrucciones acerca de cómo conseguirlas (el tener) no importándole si va en contravía del sentido común (el saber). Pero la desigualdad también es recibida cuando los malos gobiernos niegan a su pueblo la educación y la instrucción, y promueven solo a quienes por herencia ya están inmersos en el campo de las desigualdades, en el exclusivo círculo de los egoístas. En la teoría del Estado, en el derecho y en el ámbito de lo político y lo social, la desigualdad ha sido el problema álgido de los pueblos. Pese a que nuestra República fue establecida tras un movimiento de independencia revolucionario, que buscaba liberarnos del yugo español y buscaba la igualdad de los ciudadanos; y pese a que dicho movimiento fue inspirado por el pensamiento de los enciclopedistas, por los principios de la declaración de la independencia americana y por la revolución francesa; pese a esos hechos relevantes que buscaban vindicar la igualdad – según Rousseau perdida por cuenta de la civilización– y pese al distanciado tiempo en que ocurrieron, todavía hoy, la falta de igualdad sigue siendo la primera causa de la injusticia social, no sólo en nuestro país, sino en el planeta entero. En Colombia, desde 1821 hasta el gobierno de Iván Duque, buscar fórmulas para implementar la igualdad fue un reto fallido, una larga tira de promesas de gobierno incumplidas. Hoy, con el gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, tendremos por fin un Ministerio de la Igualdad cuyo propósito de fondo es laconsecución de la igualdad básica, aquella de las sociedades primigenias, pero también la construcción de un gobierno y una conciencia social incluyente, al servicio de todos. La comprensión acerca de lo importante que es la práctica de la igualdad, si atendemos al sentido común,no debe resultarle dura a nadie.Incluso, el filósofo del derecho John Rawls–para quien las desigualdades eran el resultado de una “lotería natural”–en su libro Liberalismo político, definió dos principiospara alcanzar la igualdad que no debemos descontar: “1. Toda persona tiene el mismo derecho a un esquema plenamente adecuado de iguales libertades básicas que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. 2. Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos condiciones. En primer lugar deben estar asociadas a cargos y posiciones abiertas a todos en igualdad de oportunidades; en segundo lugar deben suponer el mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad”[1]. [1] Jossy Esteban Landero. La Teoría de la Justicia de John Rawls y el libertarianismo de Robert Nozick. [En línea]. Tomado de: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/7389/7639

Por: Camilo Díaz, Investigador Nacional Línea Democracia y Gobernabilidad El gobierno del expresidente de Iván Duque estuvo marcado por la poca eficiencia en la lucha contra la deforestación, enfocado en una estrategia de esfuerzos institucionales y militares que no se tradujo en resultados efectivos. Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, la lógica institucionalista y militarista ha transitado a un enfoque comunitario. La experiencia internacional y nacional da indicios de ser una estrategia que puede dar resultados a partir del fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Pero existen desafíos de financiación y seguridad para que este nuevo enfoque pueda llegar a ser efectivo. El fracaso del modelo militarista e institucionalista Entre el 2000 y 2021, en Colombia se deforestaron 3.183.676 hectáreas de bosque, lo que representa una disminución del 6% de la cobertura arbórea del país. La pérdida de áreas forestales ha estado asociada, principalmente, a la agricultura itinerante y la deforestación asociada a materias primas. La agricultura itinerante es, de acuerdo con el movimiento Survival, “la técnica de cultivos rotativos en la que se abren claros para ser cultivados (normalmente con fuego), y que después se dejan regenerar transcurridos unos pocos años”; mientras que la deforestación asociada a materias primas va ligada a la comercialización legal o ilegal de madera. Fuente: Global Forest Watch El aumento en la deforestación tuvo un marcado aumento a partir de 2016, luego de la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Los departamentos que han tenido mayor concentración de deforestación han sido Amazonas, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Nariño y Vaupés. El fracaso de Álvaro Uribe Esto responde, en esencia, a las dinámicas asociadas a economías ilícitas que se desarrollan en esos departamentos, lo que llevó a plantear una estrategia de lucha contra la deforestación con una óptica militarista. Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), bajo la doctrina de ‘seguridad democrática’, se entendió la deforestación como una externalidad negativa o consecuencia de los cultivos ilícitos. Fuente: Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003 Así, tangencialmente, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2002-2006, la estrategia contra la deforestación fue plasmada en un combate contra los cultivos ilícitos con énfasis en la hoja de coca, y un programa de sustitución de cultivos en los que hubiera proyectos productivos y “actividades de reforestación protectora, protectora-productora y agroforestal”. Más allá de eso, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe no hubo una estrategia centrada en la lucha contra la deforestación. En su segundo gobierno, como se plasmó en el PND 2006-2010, se seguía entendiendo la deforestación como consecuencia de los cultivos ilícitos. Por el impacto de estos sobre áreas y zonas protegidas, se planteó la estrategia de ‘familias guardabosques’ para que fueran un pilar en la sustitución de cultivos y el desarrollo de proyectos productivos en la frontera agrícola. Los dos gobiernos de Álvaro Uribe estuvieron marcados en una lucha contra la deforestación ligada al combate y erradicación de cultivos ilícitos, enmarcado en la lógica militarista y policial de la ‘seguridad democrática’. Eso llevó a que no existiera un foco en esa materia y se promediara la deforestación entre 2000 y 2007 en 336.581 hectáreas por año, según el Ideam. Eso, sin contar que para su gobierno la tala ilegal de madera se convirtió en un problema, promediando un 42% de la producción total de madera para 2009, a la que se suma la deforestación asociada a la ganadería extensiva y el paramilitarismo. Para cuando llegó Uribe al poder, ya todo esto era un problema, pero su énfasis en la lucha contra las drogas permitió que crecieran sin control otras causas de deforestación. Así, la principal causa de deforestación durante el gobierno Uribe fue la colonización y expansión de la frontera agropecuaria. El balance de Juan Manuel Santos Tras la llegada de Santos a la Presidencia de Colombia (2010-2018), el problema de la deforestación se intensificó. Incluso, en su propio balance, Santos confirmó que la disminución de la deforestación fue la única meta que se propuso y no alcanzó. Sin embargo, hubo un avance en el monitoreo de las tasas de deforestación, se creó el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia y existió una apuesta para combatir los cultivos ilícitos y la minería ilegal, además de suscribirse en 2016 el Acuerdo de París, que incluye un compromiso en la reducción de la deforestación. Sumado a ello, se planteó la política de Pago por Servicios Ambientales (PSA) como mecanismo contra la deforestación, con un piloto en el departamento de Nariño. En el PND 2010-2014 se plantearon esas metas, entre las que incluía la expansión de parques naturales y áreas protegidas. En el PND 2014-2018 todo esto se sintetizó en 8 frentes: promoción de la legalidad de la oferta y la demanda de productos maderables, a través de la implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal; 2) ejecución de la Estrategia de Corresponsabilidad Social en la lucha contra Incendios Forestales; 3) implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control al Tráfico Ilegal de Especies Silvestres y de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal; 4) fortalecimiento de la gobernanza forestal y de la capacidad para la administración de zonas de reserva forestal en el país; 5) implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+); 6) consolidación del sistema de monitoreo de bosques y carbono; 7) implementación del inventario forestal nacional; y 8) ejecución de programas de producción sostenible que además de reducir la deforestación, reduzcan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la degradación ambiental. Sin embargo, los avances y esfuerzos fueron insuficientes. El cambio de Uribe a Santos fue una transición de una visión militarista a una institucionalizada. Existió todo un respaldo y apoyo a la institucionalidad, pero no bastó. Durante su gobierno, con la firma del Acuerdo de Paz y la salida de las FARC de muchos territorios, se perdió el control hegemónicode un actor armado sobre ciertos municipios y departamentos como el Guaviare, Guainía, Meta y Amazonas. La multiplicación de actores al margen de la ley con la salida de las FARC llevó a que las rentas ilegales como la extracción de madera, cultivos ilícitos y ganadería intensiva, proliferaran. Además, no existió un reconocimiento explícito de los derechos humanos ambientales, sino que existió una noción implícita de que estos estaban cobijados por los derechos humanos. Esto llevó a un vacío en esta materia, que se intensificó con el asesinato de líderes ambientales en el gobierno siguiente. Fuente: Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono – Ideam De todas formas, frente al gobierno de Álvaro Uribe que desconoció prácticamente la problemática de la deforestación, a nivel institucional el gobierno Santos sí implicó un avance, que no se tradujo en resultados efectivos. A lo planteado en el PND, lo acompañó el Conpes 3700 de 2011, que estableció la estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia, enmarcada en la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal, con el objetivo de la reducción de la deforestación. Sumado a ello, se planteó la Política Nacional para le Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos; el Conpes 3886, de los Lineamientos de Política y Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para la Construcción de Paz; y la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques. Iván Duque y la fallida operación Artemisa En el PND 2018-2022, Iván Duque planteó la meta de reducir un 30% la deforestación con respecto al 2017. Para ello, se conformó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF). A partir de ahí, se propuso la Ley 2111 de 2021, “por medio de la cual se sustituye el título xi. "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000, se modifica la ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones”, que criminalizó el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. De esta manera se sentó el precedente para la ‘Operación Artemisa’, establecido en el PND como estrategia para “preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, como activos estratégicos de la nación”. Esto implicó una militarización total de la lucha contra la deforestación. A partir de esta estrategia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo a comienzos de 2022 la recuperación de 21.480 hectáreas de bosque, a un costo alto de violaciones de derechos humanos, y sin resultados contundentes; sin embargo, la línea base del PND se cumplió, reduciendo 34% la deforestación con respecto a 2017, pasando de 219 mil hectáreas deforestadas a 174 mil. A pesar de esto, la deforestación mantuvo un nivel similar al 2016 y uno superior a años anteriores como 2014 o 2015. Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad, Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Ideam Bajo la ‘Operación Artemisa’ se justificaron acciones en contra de comunidades campesinas e indígenas, con operativosmarcados por un abuso de la fuerza, desapariciones y otro tipo de violaciones a los derechos humanos. El énfasis del gobierno Duque estuvo orientado a la lógica militarista, siguiendo los antecedentes institucionalizados del gobierno Santos, ampliando con el Conpes 2041 que buscaba “implementar estrategias transectoriales para el control de la deforestación y la gestión de los bosques para impulsar el uso sostenible del capital natural, la economía forestal y el desarrollo comunitario”. La transición a una lucha comunitaria contra la deforestación Con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro, su ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció un freno total a la ‘Operación Artemisa’ para aplicar un cambio de enfoque a la lucha contra la deforestación centrado en el mejoramiento de condiciones sociales y económicas que conducen al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Desplazando la lógica militarista e institucionalista, el gobierno de Gustavo Petro dio un giro a una estrategia comunitaria. Luego del anuncio de una gira, junto con el Sistema Nacional Ambiental (SINA), para reunirse con asambleas sociales y autoridades locales y, colectivamente, acordar una transición productiva que fortalezca la economía forestal y contribuya a frenar la deforestación; se firmó el primer acuerdo para contener la deforestación con las Juntas de Acción Comunal (JAC), núcleos de desarrollo forestal, mesas de concertación y diálogo con organizaciones campesinas y étnicas, en Cartagena del Chairá, Caquetá. Este cambio tiene unos antecedentes de éxito, sin desconocer que existen serios desafíos para lograr una disminución real de la deforestación. A nivel internacional, como señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en Guatemala existe un gran caso de éxito en estrategias de reforestación y lucha contra la corrupción desde las comunidades. Desde el Estado guatemalteco se promovió la entrega de concesiones forestales en la Biósfera Maya a comunidades locales, agrupadas en la Asociación de Comunidades Forestales del Petén (ACOFOP). La estrategia ha delegado a las comunidades la conservación de 500 mil hectáreas, acompañada de una capacitación constante, inversión en tecnología e impulso a proyectos sostenibles, como el turismo ambiental. Con esta estrategia se han beneficiado alrededor de 14 mil personas. Aparte de dicho caso, el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en inglés), tomando los casos de México y Nepal, además del de Guatemala, señala que modelos de manejo comunitario de los recursos naturales reflejan un éxito en la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la deforestación y una estrategia efectiva de reforestación. Sin ir a la experiencia internacional, en Colombia entre 1999 y 2002 funcionó el Plan Verde, que logró reforestar 87 mil hectáreas en los departamentos de Antioquia, Santander, Bolívar, Cesar, Huila, Tolima, Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, con las comunidades locales, involucrando a indígenas, campesinos y víctimas del conflicto. A su vez, hay proyectos comunitarios que se han traducido en casos de éxito en Putumayo, Caquetá y Guaviare, que, en palabras de la periodista de Rutas del Conflicto, Catalina Sanabria, muestran que “la gobernanza ambiental por parte de las comunidades es un factor determinante, pues a través de ella se pueden generar acuerdos para consolidar zonas de restauración intercultural y mecanismos de protección a cuerpos de agua”. Pero la estrategia comunitaria de lucha contra la deforestación tiene varios desafíos. El primero y más evidente es la financiación. Si bien durante el gobierno Santos hubo esfuerzos institucionales, su implementación se vio frenada por la ausencia de recursos. Después de la financiación surge la duda sobre la seguridad de las comunidades frente a posibles casos de confrontación con actores armados interesados en conservar la explotación ilícita de los recursos naturales.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se llevó a cabo en Mitú, capital del departamento del Vaupés, el 25 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Más de 150 propuestas recibió el Gobierno Nacional en torno a la conectividad, el enfoque diferencial en las políticas públicas y el cuidado del ambiente. Las propuestas están enmarcadas en los cinco ejes transformacionales que contempla en Plan Nacional de Desarrollo. Jhon Moreno, líder indígena del Vaupés, celebró el acercamiento con la ciudadanía, las autoridades y las comunidades indígenas del departamento: "ojalá hubiera más tiempo, pero eso lo podemos resolver, sabiendo que podemos presentar propuestas que serán tenidas en cuenta por las entidades", mencionó el líder. Fabio Valencia Vanegas, representante del pueblo makuna del territorio Pira Paraná, participó en las mesas y dijo que encontró en el ejercicio una oportunidad para exponer cómo las comunidades quieren vivir su territorio: "queremos aportar desde nuestros intereses y desde nuestro conocimiento milenario. Nosotros, los pueblos indígenas, podemos proponer y discutir la política que queremos que funcione en la Amazonía colombiana", dijo Valencia. También los participantes mencionaron que en el Vaupés se deben tomar acciones para mejorar la salud mental de los pobladores, debido a las altas tasas de suicidio entre la población indígena. Mónica Valencia, consejera de la mujer del gobierno propio del Pueblo Indígena Tukano, aseguró que también en Vaupés se debe mejorar la prestación de los servicios de salud y que además es indispensable la implementación del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (Sispi). Sandra Guzmán, otra lideresa social del Vaupés, mencionó que las comunidades educativas de la región expusieron un pliego de necesidades para ampliar la cobertura en la educación, cuya ineficiencia incide en el analfabetismo y en la deserción escolar. Participantes Más de 1.000 habitantes de Mitú, Taraira, Carurú y los corregimientos departamentales Papunaua, Pacoa y Yavaraté, asistieron a esta jornada apadrinada por la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Elainne Rusinque Urrego, quien estuvo acompañada por el gobernador de la anfitriona región, Eliécer Pérez. Representantes de los pueblos indígenas, presidentes de las Juntas de Acción Comunal, defensores de los derechos humanos y delegados de las comunidades educativas del departamento del Vaupés se reunieron en la institución educativa “José Eustasio Rivera”. La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, dijo que el departamento y toda la región a la que pertenece, merece especial atención del Gobierno por la realidad y las dificultades del territorio y las carencias histórica. "Ustedes y este territorio representan todas las apuestas centrales del Gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Son, en su mayoría, colombianos que pertenecen a comunidades indígenas: más del 85 por ciento; y son sujetos a una atención diferencial. Nos comprometemos a llevar sus propuestas a la discusión del PND y a todos los espacios con el resto del Gobierno", mencionó Rusinque. Durante la jornada hubo un espacio para la Feria Chagrera, organizada por la Alcaldía de Mitú, con el fin de contribuir a la economía regional con la vinculación de agricultores locales y de esta manera generar contacto directo entre productores, consumidores y comercializadores. Allí, 16 hogares participantes del programa Iraca, de Prosperidad Social, y ofrecieron sus productos agrícolas y artesanales. Dicho programa atiende a 500 hogares en Mitú, para ello invierte 1.625 millones de pesos. La ruta operativa implementa un modelo de acompañamiento que incorpora los componentes de seguridad alimentaria, generación de excedentes agro-productivos y el fortalecimiento social y comunitario. Contexto de la subregión Mitú es la capital de Departamento del Vaupés, ubicado en la parte sur-oriental de Colombia, limitando con la frontera del Brasil, se encuentra cerca al río Vaupés, uno de las fuentes hídricas más importantes, pues se convierte en un medio de transporte fluvial que permite a los pobladores comunicarse con comunidades aledañas. La economía de esta subregión se basa principalmente en la producción agrícola y minera y allí sobresalen los cultivos transitorios. El departamento es un área de difícil acceso, sin conexión con el centro del país y sin vías terrestres que permitan la comunicación interna. Hace 22 años, Mitú sufrió una acción bélica ejercida por las FARC-EP. Aproximadamente, 2.000 hombres del grupo guerrillero atacaron con cilindros bomba la estación de policía, con lo que destruyeron y se tomaron la capital del Vaupés, en la cual secuestraron 61 policías y buscaron tener un estatus de beligerancia en los diálogos del Caguán. Luego de la toma, los habitantes de la ciudad y del Vaupés afrontaron hostigamientos, combates, estigmatización por parte de las Fuerzas Militares y la desconfianza entre sus habitantes. El departamento, al tener un alto porcentaje de expansión selvática, ha sido objetivo clave de estrategias y actuaciones de grupos al margen de la ley, lo que ha provocado grandes afectaciones en torno a la relación que existe con el territorio y su cultura. Según la Unidad para las Víctimas, desde 1985, en Mitú 9.838 personas han sido víctimas del conflicto armado, las cuales representan en 80% de las víctimas totales del departamento.