Por: Redacción Pares La Fundación Paz & Reconciliación – Pares rechaza el procedimiento irregular realizado por miembros de la Policía Nacional al que fue sometido el líder Guillermo Antonio Quintero Sierra en la vía Ábrego-Cúcuta. Guillermo es integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), organización aliada de Pares en la lucha contra la corrupción y protección de los derechos humanos. Aquí nuestro comunicado oficial con los hechos y la postura de Pares al respecto:

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se llevó a cabo en el municipio Inírida, capital del departamento del Guainía, el 19 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo 290 propuestas llegaron al Gobierno, entre ellas los participantes solicitaron la modernización del aeropuerto de Inírida para lograr una mejor comunicación entre esa región y el resto del país, además de activar el turismo que podría beneficiar a sus pobladores. Una de las principales peticiones de las comunidades fue el mejoramiento de la salud, la educación y la atención primaria a las comunidades indígenas. Durante el diálogo fue trascendental el mensaje de la población indígena, ya que exigieron tener en cuenta la medicina tradicional y los saberes ancestrales de su pueblo. Otras de las solicitudes planteadas fueron la creación de la mesa de la mujer y que en ella se reconozca su legítima participación. Las comunidades indicaron que el desarrollo del Diálogo Regionales Vinculantes fue fructífero y que la actividad contó con la opinión de todos los sectores del departamento. Participantes Esta jornada contó con la participación de más de 1.200 personas. El diálogo fue escuchado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el subdirector de Fortalecimiento Fiscal del Departamento Nacional de Planeación (DNP), José Lenin Galindo. La ministra de Salud anunció que se trabajará para agilizar la reapertura del hospital público de Inírida y convocó a los pobladores del departamento a proponer soluciones para dotar los medios de transporte fluvial, los centros de salud y hacer del hospital un centro de alta complejidad con el fin de que las soluciones lleguen a cada habitante del Guainía. José Lenin Galindo, del DNP, invitó a los asistentes a participar activamente en las 14 mesas de trabajo y les explicó los cinco ejes transformadores a discutir en dichos espacios de diálogo. Finalmente, Javier Sánchez, concejal de la ciudad, indicó que: “esperamos que después de estos Diálogos Regionales se nos tenga en cuenta y sea uno de los departamentos priorizados, pues somos el segundo departamento con pobreza tridimensional del país, tenemos la ciudad con mayor deserción escolar y las brechas sociales son alarmantes”, explicó. Contexto de la subregión Su desarrollo económico se basa en la minería, pescadería y la agricultura debido a su territorio, el cual cuenta con una gran variedad de paisajes naturales en los cuales se encuentran desde selvas hasta sabanas y dada la cantidad de fuentes hidrográficas, su gastronomía se caracteriza por contener productos como el pescado, la yuca y el plátano. Este es un departamento que conserva una gran riqueza natural, cultural y gastronómica, que según indican las comunidades no han sido explotadas por falta de recursos económicos. También es considerado como la capital del agua, sus vías son fluviales, por lo que es difícil la conectividad con el interior del país. Este departamento alberga más de 22 mil habitantes. Actualmente el territorio cuenta con problemáticas de conflicto armado entre las fuerzas armadas del Gobierno Nacional y las disidencias de los grupos armados al margen de la ley, entre los cuales se han realizado bombardeos en las zonas donde se agrupan, sumando así a varias víctimas fallecidas en ambos bandos. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) se ha encargado de la atención a las víctimas indirectas de esta guerra que de alguna u otra manera se han convertido en actores principales, al ser quienes sufren las consecuencias del conflicto armado.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se llevó a cabo en Pasto, capital del departamento de Nariño, el 19 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En las 21 mesas instaladas los participantes pidieron la creación de un sistema nacional de cuidado; la reestructuración del Instituto Nacional para Ciegos (INCI); Y el acompañamiento psicológico y emocional a población en situación de discapacidad en instituciones educativas. La población LGBTIQ+ manifestó que se necesita inclusión para su población, garantías para sus derechos y mayor participación en espacios políticos como aporte para que Colombia se convierta en un país con igualdad y equidad de género. Los participantes también pidieron al Gobierno que debe fortalecerse la educación en zonas rurales y tener en cuenta la infraestructura de las escuelas. Por otro lado, los colectivos de víctimas de la región plantearon reformar la Ley de Víctimas y poner reglas claras en materia de ordenamiento territorial. Asimismo, en la mesa en la que se abordó el tema de derecho a la alimentación, se propuso desde la región consolidar una zona franca para exportación e importación de productos de Nariño y Putumayo. Los representantes de los campesinos también le hicieron un llamado al Estado para que se reglamenten entidades territoriales indígenas, mientras que los barristas del fútbol del Deportivo Pasto pidieron tener participación en el fortalecimiento del deporte. En cuanto a las mujeres de la región, hicieron un llamado para eliminar todo tipo de violencia de género en diferentes espacios. Participantes Más de 3.700 personas de 42 municipios de Nariño y de cuatro del Putumayo participaron en este Diálogo Regional Vinculante, en el cual la vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, y el Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, fueron quienes lideraron la jornada. En el Diálogo también hicieron presencia el alcalde de Pasto, Germán Chamorro De la Rosa; el gobernador de Nariño, John Rojas; la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; entre otros funcionarios del orden nacional y territorial. La vicepresidenta manifestó durante su intervención que: “estamos como Gobierno Nacional poniéndole la cara a los vientos del sur. Fueron ustedes los que lograron el cambio de gobierno después de más de 500 años de exclusión y de violencia. Por eso no tengan dudas del compromiso de este gobierno con la justicia social, con la justicia climática, con la justicia económica, justicia de género y justicia racial”. Además, Márquez hizo un nuevo llamado a los grupos armados para que aprovechen la oportunidad de devolverle la tranquilidad a Colombia y sumarse a la Paz Total. “Para que nuestra gente pueda volver a sembrar la tierra en paz, sin temores, para que las mujeres puedan andar sin miedos, para que la juventud, en lugar de tener opción de coger un arma, opte por un lapicero”, enfatizó la vicepresidenta. A su turno, el Alto Comisionado para la Paz y su equipo de trabajo padrinos de estos Diálogos Vinculantes garantizaron e impulsaron la participación de los putumayenses y nariñenses para que sus propuestas y sus visiones de país quedarán registradas como principal recurso para la democratización del Plan Nacional de Desarrollo. Por otro lado, el director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado Guerrero, aseguró que la participación de los alcaldes y los representantes de las comunidades en la conformación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en las mesas de trabajo establecidas fue activa y propositiva. Contexto de la subregión La subregión del centro del departamento de Nariño la comprenden su capital que es la ciudad de Pasto y los municipios de Chachagüí, La Florida, Nariño, Tangua y Yacuanquer, convirtiéndose así en la subregión principal de las 13 que forman el departamento. Sus actividades económicas se basan en el sector agropecuario, en el que resaltan los cultivos de papa, maíz, frijol y hortalizas; explotación de ganado bovino, porcino, equino y otras especies menores que permitan un amplio canal de comercio y actividades comerciales o artesanales debido al gran tránsito de turistas en sus territorios. En esta subregión el conflicto siguió luego de haberse firmado el Acuerdo de Paz, aumentando el porcentaje de víctimas y desplazamientos forzados, lo que en términos humanitarios es extremadamente grave, pues según el análisis realizado por la Unidad de Victimas, se habla de 50 personas en promedio que tuvieron que desplazarse de su territorio para así salvaguardar su vida, esto, a causa del constante conflicto que se vive en la zona.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Creados en 1998 por medio de la Ley 434, los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CTPRC) tienen como misión: “propender por el logro y mantenimiento de la paz, y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, […] en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente”. Tras casi 24 años de entrada en funcionamiento de estos órganos, al comienzo del gobierno Petro se contabilizan 722 CTPRC, 30 departamentales (de los cuales 29 se encuentran activos y uno inactivo, el del Meta); y 692 municipales en el 61,6% de los municipios del país, de los cuales 590 están activos, 88 inactivos y 14 por definir su estado. Teniendo en cuenta la política de Paz Total del gobierno Petro, se ha hecho cada vez más latente la necesidad de fortalecer, visibilizar y potenciar la participación de la población civil en los procesos de construcción de paz. Esto partiendo de la premisa de que una ampliación de la participación política, así como el acercamiento entre la población civil y la institucionalidad estatal en clave de diálogo e incidencia, son fundamentales en el camino a la paz, principalmente en aquellos territorios expuestos a dinámicas de violencia por cuenta de la presencia de grupos armados. Es por esto que desde la Fundación Paz & Reconciliación hicimos un análisis y balance del estado actual de los CTPRC, municipales y departamentales, así como del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, identificando sus principales fortalezas, así como sus retos y desafíos de cara a la política de paz de Estado que quiere implementar el actual gobierno. Centramos nuestro análisis en 4 subregiones esenciales del país por la presencia de actores armados y la potencia de sus comunidades organizadas alrededor de los CTPRC: Bajo Cauca Antioqueño, Norte del Cauca, Costa Pacífica Nariñense y Catatumbo. Encontramos que en el gobierno Duque los CTPRC se debilitaron considerablemente y pasaron a jugar un rol secundario en la construcción de paz territorial con respecto al CNPRC; que los CTPRC tienen graves problemas de gestión y funcionamiento debido a la falta de claridad presupuestal y debilidades institucionales en algunos territorios; que los CTPRC se encuentran desarticulados del CNPRC; que el enfoque de género es deficiente en la mayoría de los Consejos; y que estos órganos se encuentran supeditados a las voluntades políticas de turno, quedando supeditados a intereses particulares, lo que dificulta procesos de largo aliento. Lea el informe completo, aquí:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado 04 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la Ley 2272 o Ley de la Paz Total. Con ella, este gobierno le propone al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias y re-incidencias de las FARC y a todos los Grupos Armados Organizados (GAO), realizar procesos de diálogos de paz o sometimiento a la justicia, según el caso. Con esta ocasión, son ya seis los gobiernos que, durante los últimos 25 años, han elaborado normas para el manejo del orden público y la construcción de la paz en el país. La primera fue en 1997, cuando se sancionó la Ley 418, y desde aquél momento esta se ha transformado continuamente para atender las necesidades o el énfasis que cada gobierno quiere darle. Cada cuatro años —dependiendo del gobierno que llegue— se le pone un énfasis en uno u otro aspecto y, con ello, se cambia su contenido y se hace otra propuesta de paz desde el Gobierno Nacional. Así ha ocurrido con las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018. Y por supuesto, con la más reciente, la Ley 2272 de 2022. El primero en hacerlo fue el presidente Ernesto Samper (1994-1998), quien inauguró con la Ley 418 el mandato constitucional de 1991, el cual establece, en su artículo 22, que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; y, por tanto, le ordenaba a él y a todos los gobierno subsiguientes —o al menos los que estén regidos por esta norma de normas— comprometerse con avanzar en la búsqueda de un orden social justo y pacífico. En este sentido, lo que propuso Samper fue, primero, una Paz Integral y, luego, un Diálogo Útil. Una política de paz con la que intentaba realizar las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales para que en el país se potenciaran los diálogos de paz con la insurgencia —Paz Integral—. Y a la vez se sentaría a la mesa de negociaciones si existían condiciones reales de paz, para no repetir los fracasos —Diálogo Útil—. Un par de años después llegaría Andrés Pastrana (1998-2002) y al encontrarse con una situación de intensificación del conflicto y de apropiación de la sociedad civil de los temas de paz, buscó como Gobierno darle un giro a la política de paz y la llamó Hechos para la Paz. Intentando, con ello, recuperar el protagonismo del Ejecutivo en el desarrollo de los procesos de negociación y reducir la fuerza que venía ganando la sociedad civil en estos temas. Pero de nuevo la paz fue esquiva, además, maltratada y manipulada. Tanto la confianza de la sociedad civil como de la comunidad internacional fue traicionada con el bajo compromiso, de las FARC y del Gobierno, en materia de avances en el cierre del conflicto armado. Dejando así las semillas para que se pasara a una nueva administración en la que primaría el uso de la fuerza como mecanismo para mantener el orden público. Este fue el camino que tomó el gobierno de Álvaro Uribe. Para sus dos gobiernos (2002-2010) propuso una política de Seguridad Democrática, que insistió en la idea de “mano firme y corazón grande”. Y que le permitió intensificar el conflicto armado con las guerrillas —mano firme—, mientras negociaba una dejación de armas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —corazón grande—. En 2010, y cuando menos lo pensábamos en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos dio un giro a la política de paz. Luego de diez años de guerra —entre 2002 y 2012—, en la mitad de su primer mandato propuso al país una política de Paz Estable y Duradera que le permitió iniciar, desarrollar y firmar el Acuerdo Final de Paz con las FARC, además, el inicio de las negociaciones con ELN. Pero el país, para la época del cierre del gobierno Santos, estaba polarizado, lo que lo llevó a apoyar, nuevamente, la ideología de la Seguridad Democrática para que llegara al poder y con ella una política de orden público centrada en la lucha armada. Esto hizo que, por primera vez, desde la Ley 418 de 1997, no se tuvieran diálogos con ningún actor armado. La nueva política de paz que propuso Iván Duque (2018-2022) fue Paz con Legalidad, la cual cuestionó la manera como se estaba logrando el orden público en el país mediante acuerdos de paz. Negando, por tanto, la posibilidad de acercamiento con los grupos armados a los que consideraba terroristas e ilegales. Y que lo llevó a poner en el congelador las negociaciones que en La Habana se realizaban con el ELN. Finalmente, en 2022, aparece la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez, a la que han llamado de Paz Total. Con ella buscan construir un escenario de paz donde se involucre a todos los actores armados, intentando avanzar en el cierre —ojalá definitivo— de todas las guerras actuales en el país y que se han extendido por casi seis décadas. Esta norma “modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997”, además intenta convertir la paz en una “política de Estado”. Es decir, pretende dejar establecida la idea de que la paz es un bien público que debe ser prioritario para todo gobierno. Que, independiente del presidente que llegue o su gabinete, esta política pública sea prioritaria y transversal en los asuntos de Estado. Una política de Estado que también sea “participativa, amplia, incluyente e integral”, con el acompañamiento de toda la sociedad. Una política que respete los acuerdos de paz para que se cumplan y además transforme las realidades del país. Una política que permita las nuevas negociaciones y diálogos. Una política que de forma sostenida dé garantías a las víctimas de no repetición y de seguridad a todos los colombianos. En síntesis, el Gobierno actual buscará dejar instalada las capacidades jurídicas, políticas, técnicas y de gestión para que el Estado —independientemente del gobierno que llegue— continúe con una línea de trabajo por la paz coherente y que no dependa del genio del mandatario que arribe. Una política de orden público que priorice la negociación o el sometimiento sobre el uso de la violencia para pacificar a los territorios. Idea que —hay que advertir— tiene grandes retos para llegar a ser lo que se propone. Este Gobierno debe avanzar en introducir variados elementos para convertir esta idea de Paz Total en política de Estado, como lo es el blindaje normativo para la implementación de los acuerdos de paz y el diseño organizativo para el inicio permanente de procesos de sometimiento a la justicia con los grupos organizados armados que vayan apareciendo. De esta manera se estaría avanzando en la construcción de esa Paz Grande, como la llamó el padre Francisco de Roux, cuando dirigió la Comisión de la Verdad. Una gran máquina de paz que —como lo ha demostrado esta semana con el inicio de los diálogos con el ELN en Caracas, Venezuela— se encuentra en funcionamiento y promete llegar a buen final. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Acostumbrados (nos tiene el presidente Petro) a las jugadas de ajedrez, precisas y necesarias. Y es que creo que el gobernante con talla de estadista internacional, ejerce su labor de conductor del país con puro sentido común (el menos común de los sentidos). Aquí algunos ejemplos. Ante el temor internacional y nacional sobre el manejo de las finanzas públicas, signada la prevención a partir de una sarta de mentiras electorales, agitadas por la oposición (que iniciaba con la expropiación, pasando por la estatización de las empresas, llegando a la implementación de un modelo de "Castro-Chavismo" comunista), el nuevo mandatario nombró como ministro de Hacienda al doctor José Antonio Ocampo, lo que generó inmediata tranquilidad en el mundo de las finanzas. Cecilia López en Agricultura, liberal independiente, rebelde ante la jefatura de Gaviria, comprometida con la implementación del punto uno del Acuerdo con las FARC; la doctora Corcho, certera crítica del odioso papel de intermediación lesiva para el ciudadano que hacen las EPS. En fin, fue poco a poco tejiendo un equipo de gobierno equilibrado que señala cómo un gobierno de izquierda está mandando para el conjunto e integra a los sectores diversos de la sociedad. De resaltar en el discurrir de estos 100 días dos aspectos que muestran el talento de este gobierno: la compra de los tres millones de hectáreas de tierra para entregar a los pobladores del agro (indígenas, campesinado y afros) y la constitución de la comisión negociadora gubernamental, para asumir los diálogos con el ELN. Del primer tema hay que decir que atina el Gobierno al plantearle el negocio a Fedegán, pues son quienes tienen la tierra, poseedores denominados históricos y/o "de buena fe". Será la ley (aún con la desconfianza generada por una parte de ella al prestarse para que se produjera en muchos casos el despojo), la que certificará la legalidad de la propiedad de lo que se va a adquirir, pues es natural que con dineros del erario no se podrá comprar tierras "conseguidas" de manera ilegal. El segundo aspecto al que me refiero es cómo en el 39 congreso de Fedegán, Petro hace las respectivas reflexiones sobre la responsabilidad del gremio en el cambio climático y el efecto invernadero; en vez de salir abucheado, es aplaudido, porque de manera sagaz ofrece a su presidente (y la asamblea acepta) ser participante principal en el equipo gubernamental a negociar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Que Otty Patiño sea el jefe negociador; los congresistas Iván Cepeda y María José Pizarro hagan parte del equipo; con la participación de un gran líder afro como lo es Carlos Rosero del Proceso de Comunidades Negras PCN; dos exmilitares y la presidenta de la Cámara de Comercio; indica esa gama de responsables y la voluntad del gobierno de aspirar a traer hacia nuestra frágil, pero nuestra al fin y al cabo, democracia, a la hoy guerrilla más antigua del mundo. Comprar la tierra al gremio ganadero y nombrar a su presidente como negociador gubernamental es una jugada a dos bandas: integra y neutraliza reacciones de fuerza ante consensos e iniciativas. Camino a la Paz Total. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se llevó a cabo en el municipio Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada, el 16 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Durante la jornada se habilitaron 17 mesas de diálogo sobre economía productiva para la vida y la lucha contra el cambio climático; convergencia regional; mujeres; jóvenes; víctimas; personas con discapacidad; ordenamiento territorial; seguridad humana y justicia social; niñez; derecho humano a la alimentación; migrantes; gremios y empresarios; afros y comunidad negra; comunidad LGTBIQ+; comunidad interreligiosa; campesinos, e indígenas. Las propuestas fueron en torno al mejoramiento de las vías de acceso, las cuales, según la comunidad, son una de sus principales problemáticas; también pidieron mejorar la infraestructura de las instituciones educativas y la comunicación, ya que muy seguido se quedan sin señal. Durante este espacio se recopilaron propuestas enmarcadas en los cinco ejes transformacionales que contemplan el Plan Nacional de Desarrollo, como la hoja de ruta para el trabajo del Gobierno en estos cuatro años. Participantes Con la presencia de más de 700 personas de los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo en el Vichada, se llevó a cabo el Diálogo Regional Vinculante de la subregión de la Orinoquía, en el que representantes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas dieron a conocer todas sus peticiones y propuestas. A este Diálogo Regional Vinculante fue delegado como representación del Gobierno Nacional el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien se comprometió con el acceso a la educación superior en esta región. Así mismo, hicieron presencia la viceministra de Infraestructura, María Constanza García, el director del Invías, Guillermo Toro; el presidente de la ANI, William Camargo; la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, y delegados de la Defensoría del Pueblo, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, entre otras entidades. El alcalde de Puerto Carreño, Jair Esteban Beltrán, indicó que: “hoy es un día histórico para la región. Estos diálogos permiten que la comunidad, los líderes de los diferentes sectores y todas las personas en general tengan la oportunidad de participar, sugerir y dar a conocer las necesidades que tenemos en nuestros municipios. Es muy importante lo que está haciendo el Gobierno Nacional de incorporar las necesidades del pueblo dentro del Plan de Desarrollo para que no quede en el olvido”. Guillermo Reyes, ministro de Transporte, mencionó que el Gobierno está totalmente comprometido en escuchar a las regiones que nunca antes el Estado había tenido en cuenta. “Por eso hemos venido hasta Puerto Carreño para dialogar y conocer de primera mano las necesidades de esta hermosa región, sus prioridades y sus propuestas, que serán un gran insumo para construir el primer Plan Nacional de Desarrollo construido con la ciudadanía”, concluyó Reyes. Contexto de la subregión La extensión de la Orinoquía comprende 253.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 75 % relacionan llanuras y sabanas que cruzan el país en límites con la República de Venezuela. Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada, registra 15.753 habitantes y su área es de 12.409 kilómetros cuadrados. Esta región se caracteriza por la producción ganadera, la pesca, la agricultura y la minería, además uno de los sectores económicos más destacados es el turismo, esto a raíz de las populares fiestas como el Torneo Internacional del Corrío Llanero y el Festival del Chigüiro del Meta, entre otras. La Orinoquía y especialmente Puerto Carreño ha sido escenario del accionar de grupos al margen de la ley. En 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por denuncias relacionadas con el reclutamiento de menores y violación a los Derechos Humanos. También hacen presencia grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y las guerrillas Gaitanistas, además de otros actores ilegales fronterizos, por lo cual la zona se caracteriza por ser de alto riesgo.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se llevó a cabo en el municipio San José del Guaviare el 19 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En este espacio fueron habilitadas 14 mesas en las que se consolidaron cerca de 150 propuestas de los guaviarenses. Se recibieron propuestas de distintos grupos poblacionales entre ellos: comunidades étnicas (indígenas, NARP), mujeres, víctimas, jóvenes, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas (OSIGD), campesinos, personas con discapacidad, emprendedores y empresarios. Nelly Córdoba Rodríguez, lideresa social que hace parte del Consejo Mayor de Justicia Propia y Derechos Humanos, mencionó cómo el flagelo de la minería y la ocupación ilegal ha afectado a su comunidad. Entre las propuestas presentadas, los participantes pidieron una mejor calidad educativa; mejoras en la construcción de los colegios; que los gobiernos locales consoliden proyectores productivos que generen ingresos a las comunidades; también pidieron a los gobernantes una adecuada titulación de tierras, con el fin de que exista una distribución y uso equitativo de la misma. Muchos de los participantes llegaron a este Diálogo con la plena esperanza de que sus propuestas fueran escuchadas y en especial la comunidad de Nelly Córdoba, ya que el resguardo indígena “El Refugio de San José”, ha sido una de las comunidades mas vulnerada por años, debido a la presencia y confrontaciones de los grupos armados. Participantes Más de mil personas participaron en este espacio desarrollado en las instalaciones del SENA en San José del Guaviare. Este Diálogo Regional Vinculante fue liderado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna y el Departamento Nacional de Planeación. El diálogo contó con la presencia de varios representantes del Gobierno Nacional, de autoridades locales y regionales, como Heydeer Palacio, gobernador del Guaviare; Ramón Guevara, alcalde de San José del Guaviare; Luz Piedad Echeverry, directora Regional SENA Guaviare; Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI; entre otros asistentes. El alcalde de San José del Guaviare señaló: "agradezco hoy la oportunidad del Gobierno por acercarse a la gente del común, la gente que sufre día a día. Hoy es una gran oportunidad para que ustedes escuchen todas las necesidades que tienen municipios como el nuestro". Por su parte, Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, destacó la importancia de los Diálogos Regionales como espacios de escucha. “Nosotros con nuestro trabajo queremos aportar para que los planes de desarrollo sean acordes a la vocación de la selva", dijo. Finalmente, el gobernador del departamento, Heydeer Palacio, agradeció la oportunidad de participar en esta versión de los Diálogos Regionales Vinculantes y concluyó que: "esperamos que cada uno de esos sueños de los guaviarenses queden plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo". Contexto de la subregión Esta subregión es un territorio que ha preservado su medio ambiente y cultura, gracias a que el 84% de los territorios son resguardos indígenas y áreas protegidas. Su economía depende principalmente del sector agropecuario y pesquero, y de las actividades propias de la prestación de servicios. Sus principales productos artesanales son escobas y cepillos fabricados con fibra de palma de chiquichiqui y otras artesanías elaboradas en su mayor parte por los indígenas NUKAK. Este territorio a tenido presencia de grupos ilegales desde los principios de los ochenta, pues el Bloque Oriental de las FARC llegó al departamento del Guaviare con el fin de fortalecer sus finanzas con el cultivo, tráfico y comercialización de coca. En 19997 los hermanos Carlos y Vicente Castaño enviaron un grupo de paramilitares de Urabá para conformar el Bloque Centauros, el cual delinquió en los territorios aledaños a San José del Guaviare. Entre 1999 y 2001 aumentaron los crímenes por la disputa de territorios entre grupos armados ilegales. Por décadas este ha sido uno de los departamentos con mayor incidencia del conflicto armado, debido a su aislamiento con el centro del país y al abandono estatal. Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, en el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, llegar a dichos terrenos resulta un poco más sencillo, pues cientos de exguerilleros desmovilizados se concentran en dos espacios territoriales del municipio. Sin embargo, el aislamiento sigue siendo latente en sus corregimientos y veredas, pues a pesar de que no se sigan registrando las mismas confrontaciones, aún se registra presencia de algunos grupos armados.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se llevó a cabo en el municipio de Puerto Asís, localizado en el departamento de Putumayo, el 16 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Cerca de 350 propuestas se entregaron al Gobierno Nacional. Los participantes resaltaron la importancia de mejorar los servicios de telefonía e internet móvil en el departamento, así como la construcción de nuevas vías que den fin al aislamiento que esta subregión ha tenido. José Nicolás Gallardo, miembro de la comunidad afro del municipio de Leguízamo, expresó: "he venido a buscar que se realice un programa de titulación de tierras para las comunidades afro del Putumayo, porque esto ayudaría a la reactivación productiva de la región y a proteger a las víctimas del conflicto armado". Gallardo agregó que una segunda propuesta que realizó fue que se cumpliera el decreto 804, el cual exige que se dé la cátedra de estudios afro en todo el país. Una tercera propuesta presentada por él fue la creación de un sistema de salud especial para su comunidad en el Putumayo. El representante de las comunidades indígenas del Valle del Sibundoy en el alto Putumayo, Richad Giguivioy, propuso al Gobierno declarar esa zona como territorio ancestral "para fortalecer nuestra cultura, que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocerla, preservarla y permitir que el mundo también pueda acercarse a ella", explicó Giguivioy. Finalmente, Luz María Ágrega, del resguardo indígena de Mocoa, le planteó al Gobierno atender a la población indígena que, tras cinco años de la avalancha de 2017, aún sigue sin recibir atención. Participantes Representantes de diversos sectores poblacionales de los 13 municipios del departamento del Putumayo participaron en el Diálogo Regional Vinculante en el municipio de Puerto Asís, el cual fue liderado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, quien afirmó que sin paz no hay territorio, ni futuro. En esta jornada participaron más de 1.300 habitantes. “Estos diálogos son ejercicios de priorización y vamos a identificar los diferentes niveles de responsabilidad dentro de la misma estructura institucional del Estado", explicó el ministro Umaña. El gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero Peña, propuso que el Plan Nacional de Desarrollo incluya un mecanismo nacional para la sustitución de cultivos ilícitos que otorgue a los campesinos del Amazonas la posibilidad de ser protectores de la selva para que esta se convierta en el pulmón de América. Además, rechazó la fumigación de los cultivos de uso ilícito con glifosato. "El presidente Gustavo Petro habla de Colombia como potencia mundial de la vida con una Paz Total. Nosotros en el Putumayo apoyamos los diálogos con los diferentes grupos armados ilegales, porque con eso podremos convertirnos en un departamento que sea potencia mundial del turismo mostrando las riquezas que tiene nuestra selva amazónica", mencionó el gobernador. El alcalde del municipio de Puerto Asís, Fernando Castillo, manifestó que el cambio social que necesita Putumayo se logra con educación, cultura y la creación de una mesa de reconciliación para sanar todas las heridas provocadas por la violencia. Contexto de la subregión Conocido como el piedemonte colonizado, es la mayor zona de colonización amazónica que se encuentra ubicada cerca de la frontera con los Andes. Esta subregión está conformada por los departamentos del Caquetá y el Putumayo, donde las actividades económicas principales son la ganadería extensiva y la explotación minera y de canteras. Su relación con el ecosistema de los Andes se convierte en un factor importante para pensar en alternativas de producción para las reconversiones, como en el caso de la ganadería extensiva, con respecto a la cual se buscan crear sistemas más productivos y sostenibles para la recuperación del ecosistema. Sin embargo, en este territorio, después de la colonización agrícola durante el siglo XX, se tuvo en algún momento como principal productividad el cultivo de coca, debido al conflicto armado que también trajo la migración de diferentes campesinos provenientes de diversos departamentos. Aunque el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) cumplió su función de disminuir los índices de migración en la subregión, los saldos migratorios siguen siendo negativos, mostrando un revés en las dinámicas que se habían plateado para frenar este fenómeno. Dichas estadísticas continúan en su constante línea de la migración en el territorio, debido a las disidencias que se han formado luego del Acuerdo que se pactó en La Habana, Cuba, en el año 2016, sin contar las demás agrupaciones armadas al margen de la ley que se han creado dentro de estos departamentos con la influencia de guerrillas activas hasta la fecha, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Manizales, el 16 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En los 70 salones habilitados donde se desarrollaron 20 mesas de trabajo, los asistentes conversaron temáticas en torno a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la economía productiva, la acción climática, los derechos humanos y la justicia social. Durante la jornada se destacaron propuestas relacionadas a la construcción del aeropuerto de Aerocafé, el cual es un proyecto estratégico para la región; oportunidades educativas para la población con discapacitad; la Paz Total en la región; la atención a las víctimas del conflicto en Caldas; el acceso a las tierras; la creación de un sistema nacional de libertad religiosa; y la discriminación de la población sexualmente diversa. La comunidad también propuso crear una cátedra de cambio climático desde la primera infancia; fortalecer la atención a los adultos mayores; reforzar la nutrición infantil y protección de los derechos fundamentales de la niñez; y eliminar las barreras que no permitan el acceso a estrategias para acabar la deserción escolar. Durante este espacio también pidieron fortalecer a las Fuerzas Armadas en términos de tecnología; robustecer los servicios de salud mental; y optimizar las condiciones de trabajo para el personal de salud. Participantes Más de 3.000 personas de 26 municipios de Caldas asistieron a este espacio, el cual fue realizado en el coliseo de la Universidad Pública de Caldas. Organizaciones indígenas, representantes campesinos, jóvenes, artistas, académicos, personas con discapacidad, empresarios, entre otros grupos, participaron de forma activa, entregando sus propuestas e inquietudes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó durante la jornada que: "los Diálogos Regionales muestran una forma distinta de gobernar. Muestran cómo un Gobierno puede ser también articulador, promotor, impulsor de las propuestas, necesidades, aspiraciones, de los sueños de las comunidades”. El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, aseguró que el proyecto fundamental en el que se trabaja con el Gobierno Nacional es el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), a través de los cables aéreos, los cuales van a permitir la consolidación de Manizales como la “Ciudad Cerebro de Colombia”. Finalmente, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que el Plan Nacional de Desarrollo se construye desde las regiones con el único propósito de atender las necesidades de la comunidad. Contexto de la subregión La economía en esta subregión depende de la zona de análisis. Sin embargo, en general, hay una fuerte economía cafetera y ganadera en la zona plana, cerca del Magdalena. Este territorio cuenta con un gran potencial turístico al norte de Medellín. Manizales tiene una economía muy dependiente del café y muy ligada al comercio y los servicios, pues muchos estudiantes de universidades llegan a realizar sus estudios allí. A pesar de ello, la pobreza y la violencia son muy fuertes en esta zona, en especial en algunas comunidades indígenas. Históricamente, hacia el oriente de Caldas se vivió la Violencia Liberal Conservadora y en las subregiones del Magdalena se registró una fuerte presencia del ELN. En el municipio La Dorada, Caldas, el narcotráfico y las confrontaciones entre los grupos armados del ELN y las FARC han afectado a las comunidades. Sin embargo, actualmente Caldas ha tenido menor presencia de estos grupos armados desde que se llevaron a cabo las negociaciones de paz con el expresidente Juan Manuel Santos.

Por: Redacción Pares Bogotá, 21 de noviembre de 2021 Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hacemos un llamado al Congreso de la República para que se agenden las sesiones en las que participarán los Consejos Nacionales de Juventud, que, de acuerdo con el artículo 50 de le Ley 1885 de 2018, deben convocarse para que los consejeros elegidos el año pasado y posesionados este año puedan dialogar y poner en consideración sus agendas. Lea el comunicado completo aquí:

Por: Redacción Pares Este lunes 21 de noviembre se instala la mesa de diálogos y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), presentamos un conjunto de consideraciones sobre aspectos que consideramos clave para que este proceso vaya hacia delante de manera exitosa. Se requiere que el Gobierno designe un equipo negociador que conjugue experiencia, capacidad para liderar este complejo proceso, conocimiento de los territorios donde las violencias organizadas son más agudas y, sobre todo, buena capacidad de articularse con el Gabinete de Paz establecido en la Ley de Paz Total, por supuesto bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro y el Alto Comisionado de Paz. El Gobierno debe contar con un diseño metodológico de cómo quiere asumir este proceso de diálogo y negociaciones, en el que establezca sus prioridades, estrategias y contenidos para llevar adelante este reto. Se requiere un equipo técnico que dé soporte al equipo negociador. Para este equipo técnico se deben rescatar asesores del proceso adelantado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, allí hay experiencia y rigor que no deben ser desaprovechados. Al inicio de la mesa que se anunció para noviembre, luego de la primera semana, se debe trabajar por las siguientes prioridades: hacer un balance de los acumulados que deja el proceso entre el gobierno Santos y el ELN, adelantado entre agosto de 2012 y agosto de 2018. Son seis años con valiosas experiencias que se pueden sintetizar en: agenda del proceso, avances en participación, experiencia de cese bilateral, discusiones sobre asuntos humanitarios y diseño de acompañamiento internacional. Luego de hacer el balance de lo acumulado se debe hacer una actualización de la agenda, dándole un encuadre al nuevo momento de este gobierno y las circunstancias que se consideren pertinentes. Las prioridades a trabajar por las partes deben ser: diseño de proceso de participación, medidas humanitarias y cese bilateral. Para el diseño del proceso de participación se debe tener en cuenta el proceso de participación en curso relacionado con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, es muy importante ligar este proceso al proceso de negociación entre el Gobierno y el ELN. Es importante seguir contando con la participación internacional; ratificar que Cuba, Noruega, Venezuela, Chile y Brasil, son garantes; y que existe un grupo de países amigos: Suiza, Suecia, Alemania, Países Bajos e Italia. Por supuesto las dos partes pueden considerar la inclusión de nuevos países. Gobierno y ELN deben abrir de manera coordinada diálogos para informar del proceso a Comisiones de Paz de Senado y Cámara, y al Consejo Nacional de Paz. Entre las medidas humanitarias prioritarias están las propuestas presentadas por la Coordinadora Humanitaria, las cuales deben ser escuchadas y trabajadas por el Gobierno y el ELN. Es importante que Gobierno y ELN acuerden rápidamente medidas para atender situaciones particulares de los y las presas del ELN, que pueden y deben jugar un papel en este proceso de paz.