Por: León Valencia Este lunes 21 de noviembre arranca con buenos augurios las negociaciones de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN. Lo nuevo, lo verdaderamente nuevo, es que por primera vez en Colombia un gobierno de izquierdas se sienta a negociar con una guerrilla. El ELN había intentado la paz infructuosamente con cinco gobiernos de derechas. Esta vez tiene la gran oportunidad de llegar a la vida civil de la mano de la izquierda y contribuir a la paz total y a los cambios sociales y políticos que enarbola Petro. En el siglo XXI el estado colombiano ha realizado dos grandes acuerdos parciales de paz: el de Álvaro Uribe con los paramilitares y el de Juan Manuel Santos con las FARC. Petro quiere marcar la diferencia y comprometer a todos los actores en el cese de las violencias. Es un ambicioso plan. Sería el cierre de un periodo de sesenta años de violencias diversas, algunas con signo político, otras por disputas de las rentas de economías ilegales. Ahí está el gran papel que la historia extrañamente le ha asignado al ELN: convertirse en el centro de la paz total, ser el principal protagonista del cierre de un ciclo histórico. No creo que el ELN desperdicie esta oportunidad. Pero Petro no sólo quiere comprometer a los grupos en armas en la paz total. Quiere comprometer también a fuerzas políticas y sociales que en el pasado se han opuesto con uñas y dientes a la paz con las guerrillas y que tuvieron algún nexo ideológico o práctico con fuerzas ilegales. Así que ha buscado acercamientos con el expresidente Uribe y ahora, en una audaz iniciativa, vinculó a José Feliz Lafaurie al equipo negociador del gobierno bajo la conducción de Otty Patiño, exguerrillero del M19. La presencia de Lafaurie es tan interesante como compleja. Será una negociación a dos bandas. Significa que Danilo Rueda, Comisionado de Paz, y Otty Patiño, cabeza de la delegación, tendrán que negociar con el presidente del gremio ganadero las propuestas que le presentarán al ELN. Significa que el ELN tendrá al frente no sólo al Estado sino a un antagonista de la sociedad civil. El presidente Petro, en el 39 congreso de los ganaderos, escenario donde le hizo la propuesta a Lafaurie, dijo que la compra de tres millones de hectáreas a los ganaderos para entregarlas a los campesinos y promover en estas tierras la pequeña y mediana producción de alimentos en el campo, es el corazón del pacto social en Colombia y a su vez el pacto social es la condición sine quanon de la paz total. Entonces, tierras y participación en la mesa de negociaciones sería el aporte de los ganaderos a la reconciliación nacional ¡Nada menos! Esperemos que las cosas salgan. La delegación del ELN también tiene sus novedades. La componen 17 mandos de esa guerrilla. Una delegación numerosa que compromete directamente a todos los frentes y grupos de esa guerrilla. En ella va a estar por primera vez el líder histórico Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, el único fundador vivo de ese movimiento. A la cabeza estarán dos miembros del Comando Central: Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell. En el lanzamiento de las conversaciones, el mes pasado en Caracas, estuvo igualmente Antonio García, primero al mando. Con estos acontecimientos arranca la negociación y también con una agenda ya acordada en el gobierno de Santos y el diseño avanzado de un cese bilateral al fuego y a las hostilidades. Gran punto de arranque. Pero esto no quiere decir que todo será fácil. EL ELN va a insistir en cambios sociales y políticos en las regiones donde tiene presencia y estas transformaciones deben empezar antes de su desmovilización y desarme; va a insistir en una amplia participación de la sociedad civil; va a reclamar muestras evidentes e inmediatas de transformaciones sociales y políticas en el país; va a pedir nuevos marcos de justicia y verdad que interpreten su propia historia. Nada fácil. En todo caso este lunes sabremos más del futuro de estas con versaciones de paz.

Por: Redacción Pares Introducción Durante 100 días, el equipo de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se dedicó al seguimiento de las acciones del nuevo gobierno desde su posesión el 07 de agosto. Para ello, las tres líneas de investigación principales de Pares: Democracia y Gobernabilidad, Convivencia y Seguridad Ciudadana y Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, siguieron en detalle los anuncios, eventos y hechos de gobierno, contrastándolos con el comportamiento de los ministerios, sus anuncios, los instrumentos jurídicos y/o políticos con los que respaldaron; y diversos hechos de carácter nacional y regional. Capítulo I. La Paz Total, la prioridad gubernamental El proyecto de la Paz Total ha sido la prioridad del gobierno en estos primeros 100 días. Con la aprobación en el Congreso de la prórroga a la ley 418 de 1997, el Gobierno Nacional quedó habilitado para adelantar diálogos políticos u orientados al sometimiento a la justicia con grupos armados organizados al margen de la ley. A pesar del entusiasmo por esta política de paz de Estado, el proyecto de Paz Total tiene varios retos, desde la necesidad de definir qué pasará a nivel institucional con los Acuerdos de Paz con las FARC ahora que se proyectan nuevos planes e instrumentos de paz y posibles acuerdos; la necesaria disipación de puntos polémicos de este proyecto, como la definición del carácter político o no de ciertos grupos armados ilegales; los ceses al fuego y el papel de la Fuerza Pública; la violencia contra la población civil y el asesinato de líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos y ambientales, entre otros. Breve retrato de la violencia armada en 100 días de gobierno Si bien durante los primeros 100 días del gobierno Petro se mantienen las disputas armadas entre grupos armados ilegales, desde el 07 de agosto hay un descenso en los combates entre las Fuerzas Militares y los grupos armados ilegales. Luego del anuncio de la Paz Total, el Gobierno Nacional ha recibido 26 comunicados favorables de los grupos armados ilegales, expresando apoyo a la política y querer hacer parte del proyecto de Paz Total. A pesar de lo anterior, la violencia contra la población civil no ha variado en estas semanas y las afectaciones contra los derechos humanos se mantienen. Esto demuestra que los actores responsables de los asesinatos, masacres, desplazamientos y confinamientos, entre otras victimizaciones, no han reevaluado su conducta en el marco de los acercamientos de paz con el gobierno Petro, y en ningún momento ha sido una condición vinculante frenar la violencia contra la sociedad civil. Durante los primeros 100 días del actual gobierno se presentó el pico de masacres más alto del año; también aumentó la cantidad de víctimas por hechos de masacre y de desplazamiento forzado en el país. Desde el 07 de agosto se han cometido 32 masacres. Contrario a lo esperado, octubre se establece como uno de los meses más violentos contra el movimiento social en lo que va del año, con un total de 17 asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Urge la forma en la que se está construyendo la política de Paz Total condicione su implementación al cese de hostilidades contra la población civil y permita un alivio humanitario en las zonas más afectadas por la violencia. Capítulo II. Negociación con el ELN Desde el 07 de agosto, ha sido notorio el acercamiento entre el Gobierno Nacional y el ELN para retomar la agenda de negociación suspendida en 2019, siendo un hito la reactivación de la mesa de diálogo en el mes de noviembre. En este proceso ha quedado clara la lectura y voluntad compartida entre las partes respecto a que la sociedad civil participe de manera activa en el proceso de paz. Actualmente el ELN es una guerrilla con presencia en 184 municipios a lo largo del territorio nacional a través de 32 frentes guerrilleros, 20 compañías y 2 comisiones integradas por 2.541 hombres en armas y 2.253 integrantes de las redes de apoyo. Su control territorial se concentra principalmente en Arauca, Norte de Santander, Chocó y Bolívar. En un balance general, el accionar bélico del ELN ha evidenciado un desescalamiento de sus acciones ofensivas a lo largo del territorio nacional durante el último año e, incluso, ha tenido importantes muestras de voluntad de diálogo durante los últimos meses con la liberación de personas secuestradas bajo su accionar. Sin embargo, existen unos focos de violencia derivados de disputas con otros actores armados ilegales que representan enormes desafíos para el proceso de paz que hoy avanza con el gobierno de Gustavo Petro. Esto, teniendo en cuenta que se trata de un factor decisivo para el ELN a la hora de tener que avanzar en un cese al fuego y mayores muestras de voluntad frente a la crisis humanitaria en los territorios. Capítulo III. Diverso, pero desarticulado: el gabinete del Cambio El gabinete del gobierno Petro destaca por su diversidad. A diferencia del gabinete de Duque durante sus primeros 100 días, de carácter corporativista y que únicamente buscó integrar gremios y sectores económicos, el gabinete de Petro buscó una coalición de gobierno con seis partidos políticos, muchos de ellos agrupados en el Pacto Histórico. A pesar de la diversidad de los ministros y ministras, la capacidad para traducir y materializar las apuestas del plan de gobierno es escasa, no solamente con respecto a los pronunciamientos de diferentes ministerios, sino en las acciones e instrumentos que los han acompañado, muchos de ellos contradictorios entre sí. Durante 100 días, el gabinete registró 665 eventos, de los cuales solo el 77% fueron meros anuncios y el 23% restante fueron hechos acompañados de algún instrumento jurídico o de política pública. Las prioridades de los principales ministerios Ministerio del Interior: protección de la vida de líderes y lideresas sociales, y defensa de los Derechos Humanos (DDHH); Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: aprobación del acuerdo de Escazú y apoyo a la eliminación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos; Ministerio de Hacienda y Crédito Público: reforma tributaria, sostenibilidad fiscal y conciliación con las expectativas presidenciales; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: reforma rural y jurisdicción agraria; Ministerio de Relaciones Exteriores: reapertura de la frontera con Venezuela, Paz Total y orientación de la política exterior hacia América Latina; Ministerio de Minas y Energía: transición energética; Ministerio de Defensa: Paz Total, cambios para el fortalecimiento del sector seguridad y defensa. Capítulo IV. 100 días del Congreso del Cambio Las sesiones del Congreso han logrado tramitar con eficiencia los proyectos emblema del gobierno sobre reforma tributaria, reforma política, prórroga a la ley 418, jurisdicción agraria y prohibición del fracking, pero dentro de las negociaciones se ha perdido el espíritu inicial de varias reformas. En general se ha dado un debate más amplio de los proyectos, con mayor participación; se ha logrado mantener la asistencia al Congreso y ha habido más disciplina en asumir las discusiones, que también han estado abiertas al debate en la opinión pública. Capítulo V. 100 días de reformas A 100 días de inicio del gobierno Petro se esbozan las prioridades gubernamentales. Es un hito la aprobación de la reforma tributaria, una de sus prioridades financieras para llevar a cabo su programa de gobierno. Otras prioridades como la transición energética y la reforma al sector seguridad y defensa, pese a las polémicas desatadas, cuentan hoy con una hoja de ruta que recoge los debates, pero también las experiencias de gobiernos anteriores. Reforma tributaria Con relación a la reforma tributaria, que fue aprobada en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes durante la primera semana de noviembre, se garantiza para el próximo año un recaudo de cerca de $20 billones de pesos, que según el Gobierno Nacional se destinarán exclusivamente a la inversión social y con el objetivo de dinamizar la economía en un escenario internacional que está al borde de una recesión mundial. La reforma dejó ver el primer componente fundamental del gobierno, que es la recaudación y la presión vía impuestos al consumo generalizado de gasolina y carbón. En el caso del gas, los acuerdos y la participación presidencial en el congreso de Naturgas mostró que se mantendrá el apoyo al sector desde la idea de apoyar la transición mientras se construye el soporte tecnológico y financiero que requeriría la inversión en energías más limpias y renovables. En el mismo espíritu se aprobó el impuesto saludable, que difiere del paquete sugerido por la Organización Mundial de la Salud (tabaco, alcohol y bebidas azucaradas) en la inclusión de una lista detallada de alimentos ultra procesados con el fin de desestimular el consumo. Seguridad y defensa Los primeros indicios del nuevo enfoque de las políticas de seguridad del nuevo gobierno basados en las lógicas de la seguridad humana, pretende establecer líneas de acción entre la fuerza pública y la ciudadanía; considera importante la profesionalización de la fuerza pública; además, busca establecer nuevos protocolos de operación de las fuerzas, siendo más garantista de derechos, previniendo los abusos, excesos de fuerza, uso de armas. Con la transición de gobierno se han realizado cambios dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; en 22 generales de la Policía Nacional, 24 generales del Ejército, seis generales de la Fuerza Aérea (sin confirmación sobre su retiro) y seis almirantes de la Armada (tres altos mandos con retiro confirmado), para un total de 52 generales. Transición energética Existe coherencia entre el programa de gobierno y los anuncios públicos sobre transición energética. A pesar de que hay tensión con el sector de hidrocarburos entre la necesidad y la decisión de hacer una transición energética rápida, agresiva y la necesidad de garantizar recursos que financien la transformación energética y los programas sociales del gobierno, Gustavo Petro ha propuesto a los distintos gremios económicos participar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para discutir la transición energética y el diálogo social es la metodología escogida para tal fin. A pesar de esto y del golpe político contundente de presentar las dos estrategias (transición energética y lucha contra la deforestación) en el marco de la COP27, sigue sin ser claro el gradiente de gradualidad que propone el gobierno para hacer un desescalamiento de la economía carbonizada que garantice el suministro de energía, la confiabilidad y estabilidad del sistema energético colombiano.

Por: Katerine Erazo, Periodista, y Lina Rosero Información general Este Diálogo Regional Vinculante se llevó a cabo en Popayán, capital del departamento del Cauca, durante los días 25 y 26 de septiembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Se crearon más de 55 mesas de diálogo para debatir las propuestas de esta subregión que buscan ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Se priorizaron algunas de estas propuestas como el ordenamiento territorial en torno al agua, la mitigación y adaptación a la crisis climática, la protección y conservación de la biodiversidad, los asuntos étnicos, desarrollo agropecuario, educación, arte, cultura, transición energética, víctimas, discapacidad, mujer y género. Jhoan Edinson Sánchez, uno de los jóvenes que participó durante esta jornada, dijo que “para nosotros es muy importante como campesinos poder participar de estos diálogos regionales, que nuestra voz sea escuchada es muy valioso para que el país pueda eliminar brechas y podamos construir políticas inclusivas para todos”. Algunas palabras de líderes de la región fueron hechas por Jorge Sánchez, dinamizador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien expresó que: “Estos son espacios valiosos que nos invitan a construir un plan de desarrollo con perspectiva de paz. Además, consideramos que aquí tomamos el camino del cambio para fortalecer el tejido social en nuestro departamento”. También pudo participar Christian Raúl Delgado, líder social y defensor de derechos humanos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano quien mencionó que: “la tenencia y acceso a tierras, la violencia sociopolítica y los efectos del conflicto armado en los territorios. Un tercer eje es lo que tiene que ver con las economías ilegales, la cadena productiva del narcotráfico, la minería ilegal y la falta de infraestructura, lo que tiene que ver con falta de conectividad” Los participantes se distribuyeron en más de 55 mesas de trabajo y aproximadamente 100 funcionarios del Gobierno Nacional estuvieron atentos a las necesidades y a las propuestas que fueron presentadas. Participantes El encuentro contó con la participación de más de tres mil personas provenientes de 26 municipios: Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, El Tambo, Florencia, Inzá, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Morales, Páez, Patía, Popayán, Puracé, Rosas, San Sebastián, Silvia, Sotará, Sucre, Timbío, Totoró, Cajibío y Piendamó en el departamento del Cauca; Íquira, en el departamento del Huila; y Leiva en el departamento de Nariño. Foto: Consejería Presidencial para las Regiones La vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, estuvo presente; al igual que la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad González; la consejera oresidencial para la equidad de la mujer, Clemencia Carabalí; la consejera presidencial para la juventud, Gabriela Posso; el director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Jorge Iván Bula; la gobernadora encargada del Cauca, Laura Olinfa Amú; el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, algunos alcaldes de los municipios convocados y algunos congresistas de la región. Francia Márquez, con alentadoras palabras, le mencionó a la comunidad que juntos irán por la política del Gobierno de la Paz Total y la justicia social y ambiental. Los alcaldes del Macizo Colombiano también tuvieron la palabra; el consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco y el Departamento Nacional de Planeación, concretaron iniciativas para impulsar a la región y revisaron el Plan y la estrategia que busca agilizar los proyectos regionales pendientes antes de finalizar los mandatos locales. Mercedes Tunubalá Velasco, alcaldesa de Silvia, Cauca, señaló que: “es muy importante este ejercicio de diálogo participativo e inclusivo que permite presentar el panorama de los municipios y de la región en general, nos da la oportunidad de poder priorizar proyectos de región y locales, así mismo abre la puerta a que las mismas comunidades puedan plantear las necesidades y soluciones para nuestros territorios”. Contexto de la subregión En el departamento del Cauca la ola de violencia se ha visto reflejada en el accionar de ocho grupos armados ilegales que se están disputando el control del territorio. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hizo un llamado de advertencia en días pasados por la situación que se presenta en el departamento. De acuerdo con su informe de 2022, a la fecha se ha registrado el asesinato de 19 personas en el departamento, entre las cuales figuran líderes y lideresas sociales y campesinos. El 27 de septiembre, la Defensoría del Pueblo mencionó por medio de su página web que este departamento es peligroso para el ejercicio del liderazgo social de las mujeres. El vicedefensor del pueblo, Luis Andrés Fajardo, dijo: “son tan graves y tantos los hechos en contra de las lideresas y defensoras de derechos humanos en Cauca, que este departamento se convirtió en el territorio más peligroso para las mujeres que ejercen su liderazgo social”, de hecho en el informe entregado por la delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género y según información de la delegada para la prevención de riesgos y sistema de alertas tempranas, entre 2019 y 2021 se registraron 35 conductas vulneratorias. Durante el diálogo realizado en Popayán, el alcalde Juan Carlos López Castrillón intervino y destacó la importancia del diálogo como el mecanismo para construir las bases de la equidad en los territorios: “Popayán resume la problemática de toda esta región, y hoy más que nunca hay una enorme expectativa del país por lo que pueda hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro para que regiones como el Cauca y municipios como Popayán avancemos en mitigar de pobreza, eliminación de desigualdades y la construcción de oportunidades”. Popayán es llamada comúnmente “la ciudad blanca” por el color de las casas que adornan su arquitectura colonial. Fundada en 1537, es una de las ciudades más antiguas, no solo de Colombia, sino también de América.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se llevó a cabo en Bogotá el 12 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Fueron más de 2.400 propuestas presentadas en 182 mesas de diálogo que fueron creadas para discutir las problemáticas relacionas al ordenamiento territorial y Paz Total, alimentación, transformación energética y justicia ambiental. Durante la jornada se dijo que debe ser posible que los Planes de Ordenamiento Territorial se puedan complementar en la naciente región metropolitana de la capital y también se mencionó el tema de la estratificación, sobre la cual los participantes pidieron que debe ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. El líder de la localidad de Suba, José Montegua, indicó que en una de las mesas se discutió sobre la implementación de mejores estrategias para la protección del medio ambiente, no solo en la capital, sino en todo el país. “Que se organicen los protocolos de Ginebra para gestionar todo lo que podemos hacer y que nuestros gobernantes, a partir de la Ley 715, aparten un poco los recursos destinados para eso”, dijo Montegua. La implementación de la Región Metropolitana fue un debate que se generó durante este espacio, pues muchos líderes la cuestionaron debido a que terminaría con la protección de zonas ambientales de la ciudad como humedales y otras de protección especial. Participantes El encuentro fue desarrollado en siete puntos estratégicos de las localidades de Engativá, Usaquén, Rafael Uribe, La Candelaria, Tunjuelito, Kennedy y Antonio Nariño, lo que facilitó que la capital reuniera a más de 10.000 habitantes para este Diálogo. Las localidades con mayor número de participantes fueron Fontibón, con 1.478 asistentes; Engativá con 1.306 y Antonio Nariño con 1.018 participantes. Los habitantes que asistieron vinieron de municipios como Albán, Bojacá, Cachipay, Cajicá, Cáqueza, Chía, Chipaque, Choachí, Cota, Facatativá, Fomeque, Fosca, Funza, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Calera, Madrid, Mosquera, Quétame, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Ubaque, Une y Zipacón, del departamento de Cundinamarca. Esta jornada contó con el acompañamiento del Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para las Regiones, el Departamento Nacional de Planeación y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Jorge González, director del Departamento Nacional de Planeación, dijo durante su intervención que: “le vamos a proponer al Congreso que avancemos hacia una declaración universal de ingresos, hemos conversado con la DIAN, la idea es que todos los ciudadanos del país declaremos ingresos y lo hagamos cada año, unos para pagar impuestos y otros para recibir subsidios, nosotros somos conscientes de que la estratificación no puede informar sobre los ingresos”. Luis Fernando Velasco, consejero para las Regiones, aseguró que el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá tienen toda la disposición de trabajar en proyectos que beneficien a los bogotanos. “El Plan Nacional de Desarrollo no lo va a construir una mesa de 10 sabios, sino que lo va a construir el pueblo colombiano a través de los Diálogos Regionales Vinculantes”, concluyó Velasco. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al Gobierno que dentro de las discusiones del nuevo Plan de Desarrollo se incluyera el tema de la movilidad, y sobre todo que se avance rápidamente en la construcción del metro de Bogotá y en su segunda línea en la que se incluye a las localidades de Suba y Engativá, en el noroccidente de la capital. El próximo 19 de noviembre se entregarán las conclusiones de este Diálogo al presidente de la República, Gustavo Petro. Esto se realizará durante un evento abierto al público, el cual será desarrollado en la Plaza de Armas. Contexto de la subregión La economía de Bogotá está basada principalmente en la industria, el comercio y los servicios financieros y empresariales. En el año 2012 la capital fue considerada como la quinta ciudad más atractiva para las inversiones y negocios en América Latina. Según el Instituto Para la Economía Social (IPES), la ciudad aún cuenta con 19 plazas de mercado distritales que se ubican en barrios populares y ejercen contrapeso a la llegada de grandes superficies, de esta manera logran regular el esquema de precios de los alimentos contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria. “Bogotá, Ciudad Capital”, centro de los poderes políticos, económicos y culturales del país, es un espacio de toma de decisiones, foco de intereses económicos, sede de las grandes empresas, universidades, medios de comunicación, sindicatos, de las organizaciones sociales”, así lo explica la Comisión de la Verdad. Según esta misma entidad, en Bogotá han sucedido hechos victimizantes y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, fenómenos de exterminio social, reclutamiento, secuestros y atentados.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Girardot, el 11 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En este Diálogo reunieron 108 formularios e identificaron 205 propuestas las cuales serán tenidas en cuenta para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. En el encuentro se desarrollaron 32 mesas temáticas en las que la mayor participación fue concentrada en temas como el ordenamiento territorial, la seguridad humana, la justicia social y los campesinos. En las diferentes mesas instaladas los participantes expusieron sus mayores preocupaciones en torno al sector cultural, el trabajo digno, el desarrollo y potencialización de las infraestructuras culturales, la educación y la cultura como vehículo para la construcción de la paz. Participantes La Universidad de Cundinamarca, en Girardot, fue el punto de encuentro de más de 1.700 personas de 36 municipios del departamento. Este Diálogo Regional Vinculante fue liderado por la ministra de Cultura, Patricia Ariza Flórez; el senador Gustavo Bolívar y el alcalde de Girardot, José Francisco Lozano Sierra. Durante la apertura, Patricia Ariza dijo: “el mayor patrimonio de Girardot es la gente. Es muy importante hacer las obras de infraestructura que se necesitan para convertir a Girardot en una potencia del turismo cultural y del turismo de la naturaleza, pero también es muy importante invertir en la gente”. La ministra también mencionó que el Gobierno pretende ser incluyente en respetar las decisiones de la población y también proteger a las comunidades indígenas, a la población LGTBIQ+, a las personas con capacidades diversas y a los afrodescendientes. Dentro de las conclusiones de la jornada, Marcela Daza, delegada del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se refirió al proceso que deberá surtirse para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el cual tendrá que ser aprobado entre el 07 de febrero y 07 de mayo de 2023. La delegada también resaltó que esta es la primera vez que se lleva a cabo este ejercicio de participación en Colombia: “es un diálogo, no venimos aquí a contarles desde el Gobierno Nacional qué es lo que estamos pensando, sino que venimos a escucharlos a ustedes, a escuchar sus propuestas, sus sueños, sus anhelos, los cambios y las trasformaciones que se necesitan y las acciones que nosotros desde el Gobierno Nacional debemos adelantar”, señaló Daza. Contexto de la subregión La principal actividad económica es el turismo, pues esta subregión posee una buena infraestructura hotelera y de recreación, destacándose los condominios vacacionales, centros recreacionales de gran capacidad, restaurantes, clubes nocturnos e instituciones ecoturísticas. Sus principales cultivos son el maíz, ajonjolí y el arroz, los cuales se han tecnificado dadas las facilidades que las tierras planas ofrecen para el uso de maquinaria agrícola, además cuenta también con diversidad de frutales, específicamente de mango, limón y naranja. A pesar de sus actividades económicas, este territorio tiene ausencia de oportunidades en educación básica, falta de empleo, vandalismo, un bajo nivel en la presentación de servicios de salud y sus servicios públicos llegan elevados. En Cundinamarca hicieron presencia las FARC, Frente 22. Para el 2000 las FARC tenían en esta zona cerca de mil guerrilleros y en Girardot se encontraba el Frente 42. Hoy en día la guerrilla no tiene la misma presencia que antes tuvo en Cundinamarca. Sin embargo, aún se ven bandas que se disputan algunos de sus territorios para mover el narcotráfico.

Por: Guillermo Lineros Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Durante su campaña, como en su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro aludió a Cien Años de Soledad, la novela más importante de la literatura colombiana, y lo hizo dando a entender que ya era hora de salir de esa recurrente y atroz realidad nacional. Una realidad narrada en la novela del nobel de Aracataca, no como un sueño lúcido, en el cual el soñante es consciente de estar soñando y el monstruo es irreal; sino como una insalvable pesadilla lúcida, en la cual el despierto sabe que no está soñando y el monstruo es real. De hecho, su autor Gabriel García Márquez la titularía así, Cien años de Soledad, luego de uno o dos nombres previos y anecdóticos, pero ajenos a la denuncia política que encerraba su historia. Sin lugar a dudas –porque está expuesto en todas sus obras, incluso en las previas a esta gran novela–, nuestro nobel siempre fue consciente de la necesidad de mostrar el mundo nuestro tal y como era, y no guardarse con idiotismo o timideces las des-humanidades que ocultaban y alentaban secretamente las élites. García Márquez, en su avidez de periodista y escritor pudo visualizar el país desde muy arriba y pudo entenderse con todos sus estratos sociales para adivinar sus fundamentos y razón de ser. Lo que habrá concluido ni siquiera hay que adivinarlo; en vez de un calabozo –porque el abuelo del senador Miguel Uribe Turbay lo quería apresar– prefirió el exilio y ejercer desde el exterior y desde su posición de escritor afamado, la crítica puntual y aguda a nuestra realidad política colombiana. De García Márquez llegó incluso a decirse que se enteraba de los asuntos más importantes del país, mucho antes de que lo hiciera el presidente de turno. Eso que García Márquez veía en su tiempo, echando mano de sus agudos sentidos de la percepción; ahora, gracias a la internet y a los medios informales de comunicación o redes sociales, se ha visibilizado para todos y creo que hay muy pocos colombianos ajenos a este entendimiento: habíamos estado en manos de gobernantes dedicados a mantener a los pobladores en completa soledad; es decir, ignorantes del mundo, aislados como en un gran campo de concentración, donde se les negaba el derecho a la tierra, a la salud y a la misma vida; pero, sobre todo, donde se les daba por montones órdenes de sumisión y se les insuflaba incultura. Una cotidianidad cargada de sentimientos de tristeza y melancolía, por la ausencia de todo; pero también un mundo donde se desarrolló –no sé si decir que inteligentemente– la filosofía del “no futuro”, que es una manera de ser feliz desde la ignorancia, aunque sea por una efímera temporada en la abundancia y a cambio de hacerse mal a sí mismo y a los demás. De hecho, en Colombia han convivido dos tipos de mafiosos, los provenientes de la pobreza absoluta que gozan los frutos de sus fechorías y de sus crímenes en presente, sabiendo que no tendrán futuro; y los mafiosos provenientes de las clases pudientes que gozan del presente y se apropian del Estado justamente para garantizarse su futuro y el de sus descendientes. En Cien Años de Soledad está el pueblo que ignoraba las causas y las consecuencias de su condición de paupérrima humanidad, porque la iglesia, es decir los curas y la indeseable “gente de bien”, porque los gobernantes, es decir, los alcaldes y los inspectores de policía, se encargaban de inculcarles que el mundo era así, y lo hacían por unas cuantas monedas que les daban los verdaderos poderosos, esos expertos en tomarse el Estado para sí mismos e incrementar sus caudales a costa de crear y sumarle dificultades a los pueblos. Los personajes de Cien Años de Soledad no son mágicos en la línea de la fantasía de Walt Disney, si interpretamos debidamente su frase célebre: "para crear lo fantástico, primero debemos entender lo real". Tampoco son mágicos en la línea de la fantasía de Lewis Carroll, que por el sinsentido contiene elementos sobrenaturales o inexplicables que crean una lúdica ruptura con la realidad; no, los personajes de Cien Años de Soledad son mágicos por la abulia, la desesperanza y la falta de futuro; en fin, por todo lo que de juntarse daría como resultado una sola palabra: soledad. La soledad cimentada en el desprecio de los gobiernos a los pobladores, pero también en su persecución y aniquilamiento. De esos Cien Años de Soledad parecía que no podríamos salir nunca, y si Gabo estuviera vivo, estaría sorprendido de ver que, a los cincuenta y cinco años de haber escrito su obra maestra, es decir a los 155 años de estar reinando la soledad causada por gobiernos malévolos, por fin aparece una luz que la desarma; la luz de la comunión y de los proyectos sociales, la luz del progresismo. De ahora en adelante no tiene por qué haber individuos solos, al lado de otros individuos igualmente solos, como lo fue el coronel Aureliano Buendía, cuya critica a la sociedad y la política no eran soliloquios de sonámbulo, sino delirios de quien padece hambre. Con estos 100 días de Petro parecieran abrirse los caminos para iniciar un siglo sin soledad; sin la tristeza y la melancolía que ocasionan la ausencia del Estado. Con el presidente Gustavo Petro pasaron al olvido los gobernantes dados a usar el poder para engrosar sus arcas, y para crearles problemas y dificultades a los pueblos. Ha comenzado el tiempo de los gobernantes que usan el poder –como vemos que Petro lo está usando– para sortear dificultades y solucionar problemas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista Colombia vive días intensos, asimilando cambios y con muchas expectativas. Por primera vez en su historia, un gobierno plural en los aspectos político, étnico y de género, con peso mayoritario tanto en el ejecutivo como en el legislativo de fuerzas de centro izquierda y amplio respaldo popular, intenta materializar las promesas de un programa orientado a redistribuir ingresos para superar la pobreza, colocarse en el liderazgo de la amenaza mundial del cambio climático y trabajar por una paz ambiciosa que desactive y desestimule los principales factores de la violencia, tragedia soportada durante décadas. En un primer balance de gestión sobresalen los esfuerzos por agenciar los cambios prometidos frente a zancadillas innobles de una oposición limitada pero agresiva, dispuesta a impedir reformas estructurales. Una feroz campaña de los medios informativos, la mayoría de cuyos directores encubren, en el papel de control del poder, una ácida oposición de la derecha y de algunos tecnócratas neoliberales, agazapados en columnas de opinión; se esfuerza, agotada la monserga del castrochavismo, en mostrar que lo ocurrido en el primer trimestre de gobierno de Gustavo Petro por el Pacto Histórico y el Acuerdo Nacional es más de lo mismo, asegurándose, eso sí, en un vergonzoso oxímoron, de atacar con sevicia cualquier iniciativa o propuesta que, en consonancia con el compromiso de cambio, pretenda alterar el statu quo. Bastan unos pocos ejemplos, los más visibles entre los muchos que marcan una ruptura con el manejo tradicional y la concepción de poder imperante, para mostrar cómo, con la máscara de defensa de los “intereses nacionales”, “los sectores populares” o la “institucionalidad democrática”, los aludidos voceros de privilegios convertidos en derechos –a causa de las deformaciones de la democracia como tapadera legitimante del clasismo y la usura– intentan distorsionar el sentido y hondura de reformas que buscan corregir, reorientar y trazar políticas con el objetivo de reducir la desigualdad y los desequilibrios sociales imperantes, precaver la catástrofe climática y proteger el medio ambiente, y desmontar las guerras larvadas en intereses mafiosos que agobian los territorios. El trámite de la reforma tributaria es la muestra más grotesca de los intentos por disfrazar utilidades desmesuradas y, en algunos casos cuestionables por su impacto en la salud pública, gabelas injustificadas y odiosas concesiones para evitar que contribuyan en un esfuerzo nacional por equilibrar las finanzas del Estado y proveer al gobierno de recursos necesarios para poner en marcha programas sociales que permitan reducir las abismales brechas entre minorías acaudaladas y mayorías en los límites de la supervivencia. Esta propuesta progresiva y redistributiva intentó tergiversarse, con malabarismos estadísticos y sin rubor alguno, como una propuesta innecesaria, expropiatoria, inflacionaria, recesiva, desestimulante de la inversión y violatoria de justos derechos adquiridos. La ofensiva más agresiva contra los impuestos provino de agremiaciones como la ANDI y empresas concesionarias de explotaciones petroleras, carboníferas y mineras que, a través de sus directivos y de varios directores de noticieros y notas “periodísticas”, a veces en tono burlesco contra el gobierno, parados indignamente en un aberrante concepto de años atrás de la DIAN, ratificado por sentencia del Consejo de Estado, según el cual las regalías compensatorias por la extracción de un bien del subsuelo son un costo de producción y en tal medida deducibles de la renta –es decir, una simulación– terciaron a favor de que se siguiera esquilmando a los colombianos, a la vez que vociferaron por la plata que se perdería si se reducía la exploración de hidrocarburos. Ese acto de autoridad y soberanía constituye una buena parte de los nuevos ingresos. Jugarretas similares realizaron, en varios casos con éxito, para ralentizar o eximirse de carga, las industrias de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, las zonas francas, las iglesias –que no disimularon su chantaje de voto a cambio del privilegio de no pagar gravamen por sus negocios–, los megapensionados y otros, pues el gobierno, si bien expuso sus máximos, estaba claro de necesarias concesiones ante la imposibilidad, a pesar de tener una coalición mayoritaria en el Congreso, de jugarse el todo por el todo. Buena parte de los congresistas comulgan o reciben apoyo de empresas e iglesias y el cabildeo de los voceros de estas es aplastante. Quedan varios pendientes, pero el debate permitió a la opinión enterarse de muchas anomalías que más temprano que tarde llevarán al desmonte de canonjías o a la reducción de daños en la salud y costos a la nación, vía desestímulo del consumo de comestibles nocivos. Sin lugar a dudas, se avanzó en justicia tributaria, tras décadas de concesiones a los empresarios, disfrazadas de impulso al empleo y cargas a los empleados, y la comida de los de menores recursos, desestimulados ante una corrupción aberrante. El desafío es que el gobierno actué para impedir la a todas luces desafiante y, esa sí subversiva, posición de quienes plantean efectos negativos de la reforma pues, según su visión delictual, los tributos –que son una carga social para quien obtiene utilidades en la provisión de bienes y servicios– serán trasladados al encarecimiento de la canasta familiar, lo que constituye una forma de elusión que debe ser castigada con los instrumentos punitivos que también fueron fortalecidos. El alza exagerada de matrículas en varias universidades podría estar cayendo en esa conducta. La ampliación conceptual y de facultades al gobierno frente a los factores de violencia con la reorientación de la Ley de Orden Público hacia la Paz Total es otro avance de gran calado, con apoyo de su coalición parlamentaria y el liderazgo del comisionado de paz, Danilo Rueda, el ministro del Interior, Alfonso Prada y el senador Iván Cepeda. De esta manera –mediante reconocimiento del carácter político del alzamiento en armas– podrá retomar o iniciar, como de hecho avanza, la negociación con organizaciones insurgentes, trátese, como lo ha establecido el presidente, la vice y el comisionado de paz, del Ejército de Liberación Nacional, con el que se suspendieron los diálogos en el gobierno de Duque; disidentes del Acuerdo con las FARC de Santos y los contingentes que, ante la persecución de algunos sectores del Estado y políticos, retornaron a la beligerancia. Podrá también entablar conversaciones con grupos criminales –varios de los cuales se han manifestado interesados de hecho o de palabra– en la búsqueda del desmonte de sus actividades y el acogimiento a la justicia en condiciones de favorabilidad, condicionadas al reconocimiento de responsabilidad, contribución con información útil a la reducción de actividades delincuenciales y, en todos los casos, cese de la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal como requisito para entablar diálogos. En la perspectiva del logro de los mayores niveles de convivencia y tranquilidad, en particular en los territorios azotados por la violencia por décadas, el gobierno Petro apunta a una meta ambiciosa que debe estar soportada en mayor participación ciudadana, presencia institucional y política social. La instalación de 60 puestos de mando unificados en municipios problematizados apunta a ese propósito. De acuerdo con las encuestas, la Paz Total cuenta con un importante respaldo ciudadano, no obstante la perversa intención de la derecha de plantearla como una concesión y una demostración de nexos con la delincuencia para aminorar sus posibilidades e impacto. En una de las salidas propias del expresidente Uribe, en las que el abuelo angelical de las fotos sociales saca las garras, ante el registro de asesinato de líderes, en ostensible decrecimiento, afirmó, de manera mezquina, que dichas muertes no son “culpa” de Petro ni de Duque sino de la impunidad propiciada por el “Acuerdo de La Habana”. Frase que busca deslegitimar la salida negociada al conflicto, las confesiones de militares frente a los “falsos positivos” acaecidos en su gobierno y posicionar una falsedad, pues son contados los casos de firmantes de la paz involucrados con crímenes posteriores. La JEP, por su parte, impondrá sanciones que atienden al modelo de justicia transicional avaladas por los tres poderes del Estado. El Presidente Petro se comprometió a cumplir el Acuerdo de Paz con las Farc, con rango constitucional, reducido por su antecesor a la desmovilización. En sus primeros días de gobierno, advirtió que garantizar el punto uno de reforma rural integral en materia de tierras implicaba un costo de $ 60 billones de pesos, asunto que la maraña de oficinas creadas para dar puestos a cuenta de la paz se había cuidado de advertir. Señaló que la cifra obligaba a revisar el uso productivo de tierras, avalúos e impuestos para posibles compras, replantear la regla fiscal o acudir a endeudamiento. Ante la osada puesta en el tablero del tema, los ganaderos y terratenientes se apresuraron a dar declaraciones catastróficas y desafiantes muestras de fuerza. En una hábil iniciativa, consecuente con la política de desescalar conflictos y aclimatar la paz, con la ministra de Agricultura al frente y los siempre proactivos esfuerzos del senador Iván Cepeda en la trastienda, el presidente de la agremiación de ganaderos, con su familia de acérrimos opositores de Petro, firmó, a nombre de Fedegán un acuerdo mediante el cual dispondrán para la venta al Estado tres millones de hectáreas de tierras productivas, cuyos precios se establecerán de acuerdo con requisitos legales. Con realismo y seriedad, la ministra Cecilia López ha advertido la imposibilidad fiscal de este gobierno para adquirir la totalidad de las tierras. Aun así, se destraba por las buenas un aspecto que ha sido y es causal de la violencia y central para la paz. En lo inmediato, esclarecida la situación legal de predios en su custodia, el Ministerio de Agricultura procedió a la titulación de 681.372 hectáreas (11.200 títulos) para 10.800 familias de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. A la vez que a las comunidades indígenas les fueron formalizadas 300 mil hectáreas con la ampliación de diez resguardos. De otra parte, en el mismo objetivo, la primera tarea asignada a la Sociedad de Activos Especiales –SAE–, que administra los bienes incautados a la mafia, fue identificar y procurar los mecanismos legales para que las tierras bajo su administración fueran otorgadas a familias campesinas para la producción. El paso más significativo de esta estrategia fue la entrega por la SAE y la Unidad de Víctimas de la finca Támesis, una extensión de 600 hectáreas avaluada en 8 mil 500 millones de pesos, cerca de Montería –en el pasado propiedad de Carlos Castaño, jefe del jefe del paramilitarismo– a 50 familias pertenecientes a una organización de base. Danilo Rojas, director de la SAE, explicó que la nueva forma de relación para las adjudicaciones es mediante alianzas público privadas populares productivas. Como se preveía, en el escenario internacional la presencia de Colombia señalando nuevos rumbos, ha sido importante. De manera pragmática, sin renunciar a servir de apoyo a una solución política al conflicto venezolano y atraer al actual gobierno de ese país hacia los organismos internacionales para garantizar la vigencia de los derechos humanos, Petro reestableció relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, lo que permite la progresiva normalización y control de la frontera para beneficio mutuo y de poblados vecinos, un nuevo aliado en la protección de la Amazonía y en el proceso de paz y la regularización del flujo migratorio que ha tenido altos costos. La ruptura fue un error histórico impuesto por el capricho ideológico y el afán protagónico del expresidente Duque y el uribismo. Con un emotivo discurso de matices literarios y verdades irrebatibles, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente colombiano ratificó, de manera enfática, el fracaso de la guerra contra las drogas liderada por los Estados Unidos y sus costos económicos y sociales, derivados del escapismo consumista del mundo capitalista y llamó a un replanteamiento hacia la legalización. En Egipto, ante la vigésima séptima conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, no rebajó en contundencia: el mundo está al borde de la catástrofe, estas reuniones retóricas son un desperdicio, debe cesar el consumo de combustibles fósiles, el FMI debe cambiar deuda por protección a la Amazonía como pulmón de la humanidad, y presentó un decálogo para la acción liderada por organizaciones sociales. Con el presidente de Francia recabó apoyos para la reforma agraria, el proceso de paz, alternativas a la guerra antidrogas y protección de la selva amazónica. En una conferencia sobre la paz en París esbozó una concepción integral que liga reducción de las desigualdades, protección del medio ambiente y compromisos para erradicar causas y auspicios de las guerras. En un giro de acento en las relaciones bilaterales, EE.UU. ha expresado y acordado apoyo a la Paz Total, una acción antidrogas integral, replanteamiento en compromisos sobre cambio climático y apoyo para la preservación de la Amazonía. Refutando supuestas simpatías ideológicas, Petro ha reivindicado los derechos de Colombia frente a Nicaragua y la vigencia de derechos y libertades en ese país. Era previsible que una oposición delirante de políticos de derecha, periodistas retrógrados devenidos en estadistas, tecnócratas con ínfulas de omnisapientes y un sector fanatizado de los colombianos, la emprendieran en forma amañada, ignorante, contraevidente e inmoral ante el rol que el presidente de Colombia ha decidido desempeñar frente a una realidad tozuda como son los efectos irreversibles del cambio climático, y trataran de ridiculizar a la ministra que lidera esa posición en el gabinete, quien, si bien incomprendida y estigmatizada, ha mantenido los criterios fundamentales sin renunciar a que las decisiones en la materia surgirán de acuerdos mediados por el realismo y la sensatez. En campaña Petro propuso que su gobierno iniciaría un proceso de transición hacia energías limpias, prescindiendo progresivamente del petróleo y el carbón como aporte al control del cambio climático. El gobierno ha determinado establecer una ruta clara hacia esa meta que deberá consultar los intereses nacionales en una economía raquítica en productividad y dependiente de forma enfermiza de los hidrocarburos. Si bien, de parte de la comunidad científica no existe duda sobre la gravedad de la situación, sí hay muchas peguntas sobre la compatibilidad de las fuentes alternativas, como sucede en La Guajira, donde las comunidades rechazan la imposición inconsultada por el gobierno anterior de parques eólicos en territorios indígenas, dadas las afectaciones ecológicas, culturales y humanas provocadas por los aereogeneradores; o los costos elevados y limitados de la energía solar documentados por algunos especialistas. Pero el debate, los consensos y acuerdos y las determinaciones que finalmente se tomen sobre la gradualidad del desmonte, fuentes de sustitución energética y alternativas económicas de remplazo, no pueden estar supeditados a voces pagadas por las empresas interesadas en la continuidad del negocio de los carburantes, aunque finjan comprender el asunto y posiciones consecuentes. Menos, guiados por aquellos que promueven no acatar decisiones responsables con tal de mantener los dólares provenientes del petróleo y el carbón, que no por cuantiosos son convenientes ni justos como negocio. Ese negacionismo político e ideológico también repite que el hartazgo de grasa y azúcar es inocuo, aboga por la venta indiscriminada de armas por ser un buen negocio y ejercicio de libertad, sin importar las muertes que genere; justifica el asesinato de líderes ambientales y sociales en el “por algo será” y asume la paz como una respuesta de cobardes. Que en la encuesta de Invamer sobre “los cien días” más del 40% de los encuestados apoyen el replanteamiento del extractivismo, contrario a ser negativo, como lo presentó Noticias Caracol, con tanto interés y medios en contra, es un espaldarazo que muestra un gran sector del país sensibilizado con un problema mundial y existencial. Si bien, hasta ahora, el gobierno no ha desplegado su política y estrategia anticorrupción, a través de algunos de sus funcionarios ha develado el saqueo organizado de bienes y recursos relacionados con temas de paz. Mientras el director de la SAE hace pública la “desaparición” de los haberes en manos de la entidad de cerca de siete mil bienes, la directora de la Unidad de Víctimas deplora que en los manejados por esa dependencia se hicieron actuaciones tan truculentas como arrendar inmuebles por el valor de un pasaje de bus urbano y la ocupación anómala de cien mil predios, denuncias por las que funcionarios están siendo amenazados y amedrentados. Por su parte, el director de la Unidad de Protección, Augusto Rodríguez, evidenció la tercerización en la contratación de automóviles y escoltas por cerca de un billón de pesos, doblando los costos de ese servicio de protección de líderes sociales y firmantes de la paz. Esto se suma al escándalo con los recursos de la paz a través de las llamadas Ocad, alcaldías de municipios y Planeación Nacional, que está pasando de agache, y el miserable manejo de contratos para alimentación escolar. En campaña, el presidente anunció que solicitaría a la ONU apoyo para la creación de una Comisión Internacional Anticorrupción. Es una tarea pendiente ante la evidencia de que en el gobierno anterior cundieron las irregularidades en beneficio de amigos y seguidores. En el balance positivo para el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, y el Congreso, liderado en el Senado por Roy Barreras y en la Cámara por David Racero, resaltan, además, la aprobación del Acuerdo de Escazú, la ley de reconocimiento del campesinado, el servicio militar de paz y el avance de la jurisdicción agraria, la reforma política, iniciativas contra el hambre, la validación del presupuesto nacional con ampliación de recursos para inversión, aumento de los destinados al Acuerdo de Paz y énfasis en programas sociales, y la radicación del proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad. En materia de seguridad, la fuerza pública, renovada en sus mandos, asimila la función de priorizar los derechos de los ciudadanos frente a décadas de orientación represiva. Con la suspensión del glifosato y la concertación de una nueva política de sustitución de cultivos, se alivia la situación de riesgo de miles de familias dedicadas a cultivos de uso ilícito. El lanzamiento del Plan Nacional de Salud Preventiva, en Aracataca, cuna de Gabo, ambienta la reforma al sistema de seguridad social en salud que, más allá de los esfuerzos de las empresas promotoras por desvirtuar, a través de los medios, sus carencias y promover sus ventajas supuestas, debe concitar un debate donde los usuarios y la calidad del servicio sean la prioridad. Con el régimen pensional y los cambios en el laboral también se avecina un pulso definitivo en favor de reestablecer y garantizar derechos de los trabajadores. Como primer paso en materia de política social, Petro se comprometió a garantizar un bono de $ 500 mil pesos mensuales que beneficiará a 2 millones de familias titulares de transferencias, con prioridad a las encabezadas por mujeres. Para hacer frente a los estragos del invierno decretó una situación de “desastre nacional” y destinó 2 billones de pesos a conjurarlos. De otro lado, se arbitran recursos para subsidios de los planes de adquisición y mejoramiento de vivienda y, a través de la reforma tributaria, se estableció un mecanismo para que el Icetex deje de cobrar intereses comerciales y capitalizar saldos en los créditos para educación superior, en favor de miles de estudiantes universitarios. A través de los llamados Diálogos Regionales Vinculantes se procura recoger e incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo demandas prioritarias de los territorios a la par con las bases del programa “Colombia potencia mundial de la vida” presentadas durante el primer Consejo de Política Económica y Social (Conpes) del gobierno Petro. Tendrá como preocupaciones fundamentales el bienestar de la gente y el ambiente, y un cambio metodológico fundamental, al pasar de acciones sectoriales a apuestas estratégicas, robustas presupuestalmente, en Ordenamiento del territorio, Seguridad Humana y Justicia Social, Soberanía Alimentaria, Transformación Energética y Convergencia Regional. El plan será presentado en febrero de 2023 para el trámite en el Congreso y constituye el marco de acción al entrar en pleno ejercicio el gobierno del cambio. Al cumplirse 40 años de recepción del Nobel por Gabriel García Márquez y 55 de la publicación de su obra cumbre, y en los primeros cien días de gobierno del Pacto histórico, cobra fuerza la famosa frase de su discurso en Oslo , varias veces citada por el actual presidente de Colombia, para reiterar nuestra terca esperanza y su propio reto por "una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra". *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ernesto Medrano, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad A pesar de que en 2018 Duque anunció el fin de la mermelada como mecanismo para frenar la corrupción, su gobierno se ha caracterizado por el reparto de mermelada y cargos públicos como instrumento para sacar adelante su programa de gobierno. Al principio, Duque optó por gobernar con los escuderos políticos del Centro Democrático, pero a medida que el trámite legislativo se hizo exhaustivo y complejo, el presidente fue acercando a las fichas políticas de los partidos que respaldaron su agenda en la campaña electoral. De acuerdo con los datos del balance de la gestión legislativa del gobierno de Iván Duque, realizado por la firma Orza, es posible sostener que la agenda política de Duque no se constituyó alrededor de una gran agenda legislativa, sino en el control burocrático. Hasta marzo de 2022, de los 112 proyectos de iniciativa de gobierno radicados en el Congreso, Duque había logrado pasar 35, lo que supone un fracaso. A pesar de tener una tasa de aprobación de proyectos de ley menor al 32%, Duque modificó las lógicas del reparto de mermelada tradicional a los congresistas, destinando los recursos directamente a las cuotas burocráticas de los partidos políticos que lo apoyaron en el tránsito legislativo. Incluso, de acuerdo con el balance legislativo realizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se evidencia que Iván Duque no logró superar el 50% de aprobación en los proyectos de autoría del Gobierno Nacional, lo que se tradujo en una seria crisis de gobernabilidad. Para mejorar su capacidad legislativa Duque decidió repartir mermelada a los partidos políticos que lo respaldaron en las elecciones de 2018. Atiborró de mermelada a sus copartidarios del Centro Democrático, nombró en algunos ministerios a fichas de Cambio Radical, pero definitivamente uno de los partidos que más ha gozado de la mermelada en este gobierno ha sido el Partido Conservador. Si bien la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, viene de las huestes del Partido Conservador, el respaldo de Ramírez no ha sido la única razón del reparto de mermelada de Duque al conservatismo. La mermelada al Partido Conservador en el gobierno Duque En el gobierno Duque la mermelada involucra dos prácticas: el intercambio, por medio de la asignación de contratos, a cambio del apoyo legislativo empleado en los primeros años de gobierno; y la repartición de puestos burocráticos. Fue así como en la repartición de mermelada y de puestos burocráticos, uno de los partidos que más apoyo recibió, fue Partido Conservador. Imagen No 1. La mermelada y el Partido Conservador Fuente: Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Susana Correa, Departamento de la Prosperidad Social (DPS) Susana Correa Botero ocupó el cargo de directora del Departamento de la Prosperidad Social (DPS) entre 2018 y principios de 2022, cuando fue designada como ministra de vivienda, tras la renuncia de Jonathan Malagón. Correa proviene de las huestes uribistas, fue senadora del Centro Democrático entre 2014 y 2018, elegida a través de la lista cerrada que presentó el partido y ha tenido una importante participación en el gobierno de Iván Duque, liderando el DPS. Desde que asumió el cargo en el DPS, Correa se encargó de mantener contento al Partido Conservador con el reparto de mermelada. De acuerdo con los resultados de las elecciones al Congreso, el Partido Conservador fue uno de los grandes ganadores y el papel del DPS fue central. El Partido Conservador logró asegurar altas votaciones en los departamentos en los cuales el DPS, liderado por Correa, invirtió una buena suma de recursos públicos. En los departamentos de Bolívar, La Guajira, Antioquia y Córdoba, los recursos del DPS coinciden con las altas votaciones de algunos congresistas. La electa senadora Nadya Blel Scaff, quien en 2018 obtuvo poco menos de 70 mil votos, en 2022 logró asegurarse la más alta votación del Partido Conservador, con más de 165.000 votos. De acuerdo con la W Radio, en 2021 el DPS habría ejecutado al menos cuatro convenios interadministrativos en Bolívar, beneficiando políticamente y presuntamente a la congresista, que obtuvo más del doble de los votos que alcanzó en 2018. Así mismo sucedió con Carlos Andrés Trujillo, hoy presidente del Partido Conservador y senador. A pesar de haber tejido una alianza con el recién electo en la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, Juan Loreto Gómez Soto, en la Guajira, Trujillo logró más de 20 mil votos en el departamento del norte del país pese a que es oriundo de Itagüí, Antioquia. Mientras que en 2018 Trujillo obtuvo 509 votos en La Guajira, en 2022 alcanzó 21.628 votos en este departamento. Así mismo, Trujillo pasó de 54 votos en 2018 a 10.743 votos en 2022, en Uribia. Todo esto con el respaldo de Gómez, el DPS, INVÍAS y Bonifacio Henríquez, alcalde de Uribia. De acuerdo con la Pares, Gómez y Trujillo, a partir de una denuncia en diversos medios de comunicación, habrían prometido la legalización de predios a las comunidades de Uribia, a cambio de que los apoyaran electoralmente. Es importante destacar que Uribia es uno de los municipios de la Guajira con mayor población, con el 19%, ubicándose detrás de Riohacha y Maicao. Esta no fue la única maniobra empleada por Trujillo y Gómez. De acuerdo con el alcalde de Uribia, Trujillo también habría gestionado recursos para la pavimentación y construcción de vías, por medio de la asignación de recursos del DPS y el INVÍAS. Pero, adicionalmente, en plena campaña electoral, desde la alcaldía de Uribia se promovía el apoyo a Trujillo, por medio de publicidad financiada con recursos del municipio. En Córdoba, otro de los departamentos priorizados por el DPS, también salieron fortalecidos electoralmente los conservadores. Córdoba fue uno de los departamentos en donde más recursos públicos invirtió el DPS. De acuerdo con Correa, las obras realizadas en el departamento superaron los 215 mil millones de pesos. Justo en este departamento se encuentran la cuarta y quinta votaciones más altas del Partido Conservador al Congreso de la República: Marcos Daniel Pineda y Liliana Bitar. Municipios como Montería y Cereté, de donde es oriunda Bitar, se beneficiaron por la inversión del DPS, no solo en la construcción de parques, sino en el mejoramiento de vías y viviendas. En el proceso de gestión de recursos, existió un elemento común: el Partido Conservador. Marcos Daniel Pineda es hijo de la exsenadora Nora García Burgos. García Burgos fue la madrina política de David Barguil hasta 2018 y líder de clan García Pineda, del cual hacía parte Barguil. Por su parte, Liliana Bitar es prima de David Barguil, quien fue el jefe de debate de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en 2014, cuando la entonces candidata decidió lanzarse a la Presidencia de la República. Carlos Camargo, Defensoría del Pueblo Carlos Camargo Assis es primo de David Barguil y yerno de Nora García Burgos. A pesar de que no estaba preparado para el cargo y no cumplía con los requisitos establecidos para su nombramiento, Camargo llegó a la dirección de la Defensoría del Pueblo. La llegada de Camargo a la Defensoría se explica en virtud de que es una cuota política del Partido Conservador, específicamente de David Barguil y Marta Lucía Ramírez. Antes de llegar a la Defensoría del Pueblo, Camargo había sido magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2014 y 2017, y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) entre 2017 y 2020. En ninguno de los cargos que ocupó estuvo exento de cuestionamientos, pues como magistrado del CNE, fue el encargado de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga, por el caso Odebrecht. Mientras Duque le pagaba el favor a Camargo con la dirección de la FND, Camargo aspiró a la Registraduría Nacional. Para ser elegido en la Registraduría, Camargo entregó contratos a familiares y amigos de los magistrados del Consejo de Estado y el CNE, para que apoyaran su candidatura. Sin embargo, Camargo desistió de su candidatura. Camargo, además de ser ficha política de Barguil y Ramírez, es amigo del presidente Iván Duque, pues estudiaron en la misma universidad. A pesar del importante respaldo político con el que ha contado Camargo, su paso por la Defensoría del Pueblo ha estado marcada por la ineficiencia en la contratación y la incapacidad técnica en la gestión. Carlos Eduardo Correa, Ministerio de Ambiente Carlos Correa Escaf, ministro de ambiente de Iván Duque, es aliado político de David Barguil y, en su momento, de Nora García Burgos. Tras el posicionamiento de Barguil como representante en el periodo 2010-2014, se impulsó en 2011 para aspirar a la Alcaldía de Montería, en donde resultó elegido para el periodo 2012-2015. En 2017, mientras era consejero presidencial para las regiones en el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue capturado por presuntas irregularidades en la contratación de las obras del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de Montería, junto con Marcos Daniel Pineda. A pesar de esto, fueron liberados, mientras continuaba la investigación. Así mismo, Correa estaría involucrado en otro presunto escándalo de corrupción en el cual participó su actual secretario general en el Ministerio de Ambiente, Carlos Frasser, quien en 2014 se desempeñaba como asesor jurídico de la alcaldía de Correa. De acuerdo con Pares, Carlos Correa, mientras terminaba su periodo como alcalde de Montería, decidió avalar un otrosí con el cual se buscaba que la empresa Veolia S.A adelantara obras que permitieran el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, el contrato por 42 mil millones de pesos no fue culminado satisfactoriamente, generando no solo un presunto detrimento patrimonial, sino daños ambientales irreversibles para la comunidad cordobesa. Aún con estos antecedentes, Correa fue nombrado por Iván Duque como ministro de ambiente en octubre de 2020, según algunas fuentes territoriales, con el respaldo del conservador David Barguil. Ángela María Orozco, Ministerio de Transporte La ministra de transporte Ángela María Orozco también fue una de las grandes beneficiadas del reparto burocrático del gobierno de Iván Duque. Orozco, fue socia de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez en la firma consultora Ramírez & Orozco International Strategy Consultants, además de haber sido la mano derecha de Ramírez, en varias ocasiones. Uno de los escándalos en los que se vio involucrada la ministra Orozco, fue el de la Ruta del Sol II, en el cual como compensación el Estado colombiano debía asumir los costos del incumplimiento del contrato de la obra, tras la declaratoria de la nulidad del contrato, por los hechos ocurridos en el escándalo de Odebrecht. De acuerdo con Orozco, el monto mínimo que el Estado debía pagar a la concesionaria y a las entidades financieras que financiaron la obra detenida por corrupción, era de 1,3 billones de pesos. Sin embargo, el Tribunal de Arbitramento que resolvió el pleito, notificó por medio de un laudo arbitral que el Estado debía pagar solo 211 mil millones de pesos. Además de buscar favorecer presuntamente intereses privados en el laudo arbitral, Orozco permitió que desde el INVÍAS, que es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, se avanzara en un proceso de licitación en el cual se contrataría la administración de 35 peajes del país. De acuerdo con Pares, el INVÍAS diseñó un pliego sastre que garantizó ventajas hacia uno de los contratistas proponentes para ganar una licitación de 1 billón de pesos en un contrato por 10 años. Juan Esteban Gil, INVÍAS En el caso del INVÍAS no es la primera vez que el Partido Conservador garantiza sus cuotas en la máxima dirección de esta entidad. Con la llegada de Juan Esteban Gil a la dirección del Instituto Nacional de Vías, la ministra Ángela Orozco logró garantizar la representación del Partido Conservador en una de las entidades más apetecidas por las estructuras clientelares. Como director del INVÍAS, Gil fue el encargado del proceso de licitación pública 033 de 2021 (LP-DT-SEI-GPV-033-2021) para la administración y el recaudo de los peajes y de las estaciones de pesaje en 35 puntos del país. En una investigación de Pares se advirtió que solo una de las empresas postuladas podría cumplir con los requisitos establecidos para obtener la jugosa licitación. Además de las condiciones amañadas establecidas en el proceso de licitación, en donde se presentaron modificaciones durante el proceso licitatorio, había un claro interés en la adjudicación veloz del contrato, a tan solo seis meses de las elecciones. Jair Fajardo, Aerocivil Jair Orlando Fajardo fue el director de la Aeronáutica Civil entre 2021 y 2022. En julio de 2022, Fajardo fue declarado insubsistente por el presidente Iván Duque, por dos motivos: 1. La ineficiencia en la construcción del Aeropuerto del Café, que podría convertirse en un costoso elefante blanco. 2. La Contraloría encontró 21 inconsistencias y presuntas irregularidades en la administración de la Aerocivil. Fajardo fue una de las cuotas del Partido Conservador. En 2022, Fajardo entregó 853 órdenes de prestación de servicios en la entidad, en donde el ex director de la Aerocivil ubicó a varias fichas del Partido Conservador. Adicionalmente, Fajardo también firmó más de 40 convenios interadministrativos por 696 mil millones de pesos, en medio de la modificación irregular de la ley de garantías. Rodolfo Enrique Zea, Ministerio de Agricultura Rodolfo Zea, también es una de las cuotas del Partido Conservador en el gobierno de Duque. Fue nombrado Ministro de Agricultura en 2020, tras la salida de Andrés Valencia Pinzón, también de las huestes conservadoras y quien acompañó a la vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez en el Ministerio de Comercio. El Ministerio de Agricultura ha sido ocupado tradicionalmente por el Partido Conservador. Luis Alberto Rodríguez, Departamento Nacional de Planeación Luis Alberto Rodríguez es un joven de 35 años que, a pesar de su corta carrera en el sector público, fue viceministro de hacienda y posteriormente director del Departamento Nacional de Planeación. Si bien el perfil profesional de Rodríguez es destacable, no fueron sus logros profesionales y académicos los que lo llevaron al Viceministerio de Hacienda, ni al DNP. De acuerdo con el seguimiento realizado por la prensa nacional y la información aportada por diversas fuentes, Rodríguez habría contado con el respaldo de Marta Lucía Ramírez, quien ha sido considerada como su madrina política. Sin embargo, con la llegada de Rodríguez al Viceministerio de Hacienda, se acercó al entonces ministro, Alberto Carrasquilla, quien fue uno de los que lo impulsó para que llegara al DNP. Pese a que Rodríguez estuvo a cargo del DNP por poco tiempo, hoy se encuentra involucrado en una denuncia realizada por Sebastián Nohra y Valeria Santos, según la cual, Rodríguez habría participado en el direccionamiento irregular de los recursos destinados a la paz. De acuerdo con la investigación adelantada por los periodistas de Blu Radio, algunos funcionarios del DNP, como Luis Alberto Rodríguez y Álvaro Ávila, habrían exigido dádivas a cambio de la priorización de los proyectos de inversión en los municipios PDET.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en el municipio Quibdó, capital del departamento del Chocó, el 11 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En esta jornada habilitaron 23 mesas en 42 salones en donde se recogieron las propuestas de los participantes en torno a los cinco ejes transformacionales. En total se diligenciaron 64 propuestas entre individuales y colectivas. Durante el espacio se destacó la importancia de recuperar el sistema hídrico del Río Atrato y los demás cuerpos de agua de la región, también la comunidad enfatizó la necesidad de implementar la política pública en la mejora de seguridad, impulsar la agricultura y el fortalecimiento de servicios públicos, especialmente en materia de electricidad y saneamiento básico. Otra de las propuestas fue relacionada con la infraestructura y transporte intermodal, con el fin de integrar y mejorar la movilidad de los municipios chocoanos y asimismo consolidarlos en un eje de desarrollo con la navegabilidad del río Atrato, de esta manera, según los participantes, se garantizaría la transformación productiva de los territorios hacia la industria, servicios y el agro. Participantes En Quibdó, más de dos mil líderes, organizaciones sociales, y comunidad en general de 21 municipios de la subregión del Atrato, llegaron a la Universidad Tecnológica para participar en este Diálogo Regional Vinculante. Este espacio contó con la presencia del ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, quien es fue el representante del presidente de la República, Gustavo Petro. También asistieron senadores, artistas, gestores culturales y demás representantes territoriales. José Antonio Ocampo aseguró que se trabaja en lograr el cumplimiento de la aplicación de la ley 70 de 1993 de las Comunidades Negras de manera transversal a los acuerdos alcanzados en los paros de 2016-2017. Durante su intervención, también enfatizó en que para fortalecer la inversión en desarrollo social en salud, educación y vivienda rural, entre otros, es fundamental la Paz Total. Por otro lado, el consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, destacó: “el protagonista una vez más ha sido la ciudadanía del Chocó que se ha acercado a expresar y construir junto con el Gobierno del Cambio los proyectos que se necesitan para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida en el departamento de la biodiversidad”. Contexto de la subregión El Atrato es una de las cinco subregiones que componen el departamento del Chocó. Su economía se basa en la agricultura y la minería artesanal, el principal medio de transporte es el río Atrato con sus diferentes afluentes, pues este río recorre gran parte del departamento del Chocó y en dos tramos de su curso sirve como frontera departamental entre Chocó y Antioquia. Según el Banco de la República, en los últimos años se ha registrado un deterioro económico y social en esta subregión, pues sus indicadores muestran un estancamiento relativo del departamento, cuyo rezago se ha ampliado con el paso del tiempo. En 2019, según el DANE, Chocó fue el departamento con el mayor índice de pobreza monetaria extrema, ya que registra el mayor número de necesidades básicas insatisfechas, entre ellas el agua, ya que la comunidad no cuenta con un acueducto comunitario, por lo que la única agua de consumo es la que llega con la lluvia, sujetando a las personas a una espera que en muchas ocasiones es de extensos periodos de tiempo. En esta zona los paramilitares se disputan el oro, la coca y las rutas del contrabando hacia Panamá. Los enfrentamientos recientes han sido entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que ha generado desplazamiento forzado. Por esta razón, líderes y lideresas sociales de la comunidad subrayan la necesidad de esclarecer toda la verdad y conocer todos los responsables de la violencia durante el conflicto, pues aseguran que la situación aún se sigue repitiendo.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en San Andrés, el 09 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Fueron más de 250 propuestas las que se presentaron durante este espacio. Entre las peticiones, los isleños pidieron al gobierno impulsar la exportación de alimentos desde San Andrés y mejorar las posibilidades de soberanía marítima del Estado colombiano. Endis Livinton, líder raizal y activista de derechos humanos, dijo: “el archipiélago era exportador de los alimentos que producíamos como conchas de carril, pescado salado, cerdo salado y carne de res, que salían para las demás islas del Caribe e Inglaterra. Eso nos ha creado una situación económica muy grave y ahora, con las restricciones que tenemos para pescar en las aguas de Nicaragua, la economía se ha concentrado únicamente en el turismo”. Además, Livinton resaltó la importancia de que se declare a San Andrés, Providencia y Santa Catalina como archipiélago de Estado. Por otro lado, la ciudadana Luisa Fernanda Pérez pidió al Gobierno incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo la inversión de recursos en la construcción de acueductos que suministren agua potable a las familias y también crear una estrategia que concientice al turista sobre la importancia de cuidar las playas en beneficio del medioambiente. "Hay que invertir más en agua potable para los isleños y que una parte del servicio sea subsidiada por el Estado. El aseo es otro aspecto en el que se debe trabajar, creando cultura en los turistas para no dejar las playas sucias y beneficiar así el medio ambiente", dijo Pérez. Otra de las propuestas sentidas de la comunidad isleña estuvo relacionada con la reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán Iota. Participantes Este diálogo contó con la asistencia de más de 350 isleños y fue liderado por la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quien indicó que las propuestas de los sanandresanos estuvieron enfocadas en ordenamiento territorial y servicios básicos de la comunidad isleña. "Hoy los Diálogos Regionales Vinculantes los hemos hecho con éxito en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya que escuchamos de muchos temas, como el ordenamiento territorial, servicios básicos de educación y salud, atención a la infancia y a la mujer. Fue una información completa de lo que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el Plan Nacional de Desarrollo", aseguró Catalina Velasco. En este espacio también participó el director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP, Carlos Castañeda, y durante su intervención agradeció la participación de los isleños y aseguró que Planeación Nacional trabaja en la sistematización, organización y análisis de cada una de las propuestas que inspirarán las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Durante la jornada, el alcalde de Providencia, Jorge Norberto Gari Hooker, hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional, manifestando su preocupación por la construcción de los refugios y algunas viviendas que quedaron por fuera del cierre financiero. Contexto de la subregión El turismo es el principal pilar de la economía de San Andrés al igual que la pesca. Sin embargo, durante los últimos años los habitantes del archipiélago han venido desplazando su sustento hacia otras actividades. Tras la pandemia, su economía fue afectada por el poco turismo que llegó. No obstante, el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins, aseguró que la isla ya alcanzó los niveles económicos que tenían antes de la pandemia, gracias a la reactivación turística, logrando en los nueve meses posteriores a la reapertura, recibir un millón ochenta mil turistas. El informe sobre el impacto del conflicto armado y el narcotráfico en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina titulado “Mar, guerra y violencia”, muestra que el conflicto armado ha hecho presencia en el archipiélago a través de expresiones propias del contexto insular, marítimo y fronterizo. Respecto a estos conflictos, los habitantes del archipiélago, entre ellos algunas víctimas del conflicto, mencionaron que no se sienten identificados ni protegidos frente a los procesos de reparación que se evidencian en la Colombia continental por parte de las autoridades. De acuerdo con datos de representantes de los pueblos raizales y del archipiélago, en el marco del conflicto armado en esta zona del país se tiene el registro de 700 personas víctimas de asesinatos, desaparecidos en el mar o ajusticiados en el territorio, sin responsables señalados o juzgados.

Por: Redacción Pares - Miguel Ángel Rubio Ospina Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Pereira, capital del departamento de Risaralda, el 09 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En un lapso de dos horas y media, los participantes se dirigieron a todas las mesas temáticas donde discutieron de diversos temas como: juventudes, mujeres, cultura, campo, Paz Total, víctimas, infraestructura, derechos humanos, animalismo, agro, salud, trabajo, ordenamiento territorial, entre muchas otras. Algunas de las peticiones de los participantes giraron en torno a las ayudas para las familias damnificadas por las lluvias, la seguridad alimentaria para las comunidades que viven en zonas vulnerables, el presupuesto nacional en proyectos de infraestructura y estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Eje Cafetero. Entre otras de las propuestas principales que entregaron, estuvieron la solicitud para la construcción de un hospital de cuarto nivel, el cual pidieron que fuera público, también la construcción de un parque temático, fortalecer el tema de recursos educativos, fortalecer los recursos para las víctimas y darle mayor importancia al tema del agro. Algo importante que se tocó en este diálogo fue que, desde la ley Paz Total, se volvieran a incluir algunos municipios de Risaralda en los municipios priorizados para la paz, debido a que el departamento había sido sacado de dicha clasificación con la idea de que “no hubo un mayor conflicto armado en esta zona”. Participantes En el Diálogo Regional Vinculante del Eje Cafetero se reunieron más de 3.000 personas, delegaciones de Risaralda, Quindío y Norte del Valle. El espacio contó con el acompañamiento de Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo delegataria con funciones presidenciales; Luis Fernando Velasco, Alto Consejero para las Regiones, y Alfonso Prada ministro del Interior La mesa principal fue acompañada además por el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López, el gobernador del departamento, Víctor Manuel Tamayo Vargas, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales y el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Cabe aclarar que Caldas no estuvo incluido en este diálogo regional, por esta razón, el Eje Cafetero tendrá una sesión más de Diálogo el miércoles 16 de noviembre, cuya ubicación será en el coliseo de la Universidad de Caldas, en la Calle 65 N° 26 - 10. Esta jornada inició con una intervención de la ministra Ramírez, quien saludó el espacio y habló de que por primera vez en la historia de Colombia un plan de desarrollo se hace desde la democracia deliberante y participativa, también hizo énfasis en la apuesta que viene haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro por escuchar a la ciudadanía en sus necesidades, metas, sueños y propuestas. Continuó el ministro del Interior, Prada, y en su alocución hizo énfasis en el tema de la Paz Total y cerró para dar pie a las discusiones por mesas temáticas. El Alto Consejero Velasco reafirmó la voluntad del gobierno de consolidar un plan de desarrollo hecho con la ciudadanía y finalizó su intervención agradeciendo al Congreso por la reforma tributaria, a la que calificó como la más progresiva y justa de la historia tributaria del país. Contexto de la subregión El Eje Cafetero es conocido como el triángulo de oro del café y el turismo, pues muchas grandes fincas y haciendas han convertido sus espacios en hoteles y hostales con oferta gastronómica y cultural autóctonas. Detrás de eso ha venido una economía ligada a las remesas del extranjero, provenientes en su gran mayoría de Estados Unidos y España. Filandia es el municipio del país qué más remesas recibe, al punto que de café sólo tiene el antiguo mérito de ser la sede de una famosa telenovela. Pereira, la principal ciudad del Eje Cafetero, la llamada por el anterior alcalde “Capital del Eje”, tiene una oferta económica que para la supervivencia ha mutado a un monstruo llamado callcenters, una explosión desmesurada para su pequeño tamaño de centros comerciales, una circulación de dinero en negro venida del lavado de divisas. Se dice próspera y de vocación comercial al Eje Cafetero. Sin embargo, muchos de los jóvenes que habitan Pereira no pueden acceder a las universidades, dadas sus condiciones económicas, además porque esta ciudad solo cuenta con tres universidades públicas, que son fortines políticos de familias y clanes de poder que contratan por horas a profesores brillantes sin las mínimas garantías. Se habló en el Eje de los excombatientes de las FARC y el ELN que se la han jugado por la paz, aun cuando algunos líderes pidieron sacar a Risaralda de los territorios PEDET, con la falsa tesis de que allá no hubo conflicto armado. Sin embargo, la violencia sufrida en el Eje Cafetero está relacionada con dinámicas de violencias desbordadas desde otras regiones del país, como Antioquia, Chocó, Magdalena Medio, Tolima y Valle, que penetraron en este territorio por sus fronteras y vértices. Según la Comisión de la Verdad, en el año 2019 había 207.633 personas del Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) que fueron víctimas del conflicto armado colombiano. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), actualmente hacen presencia en los territorios de Risaralda el Clan del Golfo y el ELN.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Al finalizar la segunda semana de noviembre de 2022, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez cumplió sus primeros 100 días. Como es habitual, cada cuatro años la mayoría de medios de comunicación hacen un balance sobre este período. Pero han sido pocas las ocasiones que organizaciones independientes de la sociedad civil, como la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), realicen un balance en este sentido. De allí la importancia que tiene que, en esta ocasión, Pares haya elaborado, por primera vez, un producto en este sentido. Las tres líneas de investigación principales que componen a Pares se han dedicado a monitorear los hechos del gobierno actual, encontrando valiosos aportes y, sobre todo, una amplia cantidad de retos. Como la implementación de la política pública de Paz Total y las negociaciones con el ELN, además de las tareas multisectoriales que cada uno de sus ministerios tiene y que han aportado en estos primeros 100 días. En esta columna quiero hacer una síntesis de los elementos que desarrollé en el quinto apartado del informe ‘Petro en 100 Días’, dedicado a la cuestión económica. En donde hablo, en la primera parte, de la economía que heredó el gobierno actual y en la segunda, sobre las propuestas que hace este y el balance de lo alcanzado hasta el momento en este corto período. Para el presidente y sus ministros, estos 100 días no han sido fáciles. En lo económico se subieron a una gran máquina que estaba en movimiento. A su gobierno le tocó, como le pasa a todos los mandatarios en el primer año en Colombia, recibir una economía que está en interacción con otras; además, con un presupuesto y un plan de desarrollo que lo ha fijado el gobierno anterior –esto para quienes no han sido reelegidos–. En este sentido lo que puede hacer el gobierno entrante es sentarse y esperar para reformar todo o recogerse las mangas y comenzar a trabajar con lo que tiene a su alcance y liderar los procesos de cambio. Esta última fue la actitud que asumió el gobierno actual: dedicó sus primeros 100 días a atender las emergencias que tiene el país y, al mismo tiempo, trabajar con su personal en proyectar acciones y presionar a otros agentes en diversos escenarios para que, a partir del próximo año, puedan realizarse los proyectos planeados. En los tres últimos años el mundo ha sido un caos: primero se presentó una crisis de la salud, debido a la pandemia del Covid-19, que literalmente aisló a todo el mundo, paró el comercio y con ellos los contenedores que transportaban productos e insumos. Además, la mayoría de países se ha tenido que enfrentar a las consecuencias económicas desastrosas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Una tormenta que ha provocado un incremento de los precios en la mayoría de bienes y servicios –inflación–, unas tasas de desempleo altas, una desaceleración generalizada de la producción –estancamiento– y un deterioro del bienestar de los hogares –pobreza–. En breve, estamos en el peor escenario económico de los últimos 50 años en el mundo. Una situación económica que, hay que reconocerlo, es muy similar tanto en el plano externo como en el interno. En el país, la tasa de desempleo superó en octubre los dos dígitos –10.5%–, la tasa de informalidad está cerca del 60%, la inflación al finalizar octubre ya rodeaba el 12.2%, el déficit fiscal se sitúa en 7,5 puntos del PIB –y el crecimiento proyectado del PIB para este año del 5%– y, finalmente, una pobreza monetaria que osciló en 2021, según el DANE, entre 37.8% y 44.6%. Y, por si fuera poco, se le han unido unas medidas de política monetaria contraccionistas, tanto internas como externas, con las que los bancos centrales buscan reducir los efectos dañinos de la cercana estanflación mundial. Observadas estas en incrementos paulatinos de las tasas de interés de los bancos centrales, con las que han buscado controlar el fenómeno de la inflación. Pero que han tenido consecuencias para nuestra economía, como el aumento en la tasa representativa del mercado del dólar a un nivel histórico de 5.100 pesos en noviembre de este año. Ante esta situación calamitosa heredada y que amenaza con profundizar en los próximos años, lo que ha hecho el Gobierno Nacional es realizar reformas y hacer acuerdos con los que busca impulsar una serie de transformaciones en lo económico y social que el país requiere. En estos 100 días, el gobierno Petro logró configurar una serie de propuestas que han sido defendidas en el Congreso de la República y en los distintos espacios donde se reúnen los gremios económicos. En el recinto del Congreso, el Gobierno logró presentar, debatir y aprobar, al menos dos grandes leyes: la relativa al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023 y la Reforma Tributaria, que comenzará también a aplicarse el próximo año. Con la primera logró adicionar una partida de 14,2 billones de pesos y con la segunda obtendrá $20 billones de pesos adicionales. Con ambos ingresos el gobierno Petro buscará avanzar en la formalización de tierras, el subsidio a la energía y gas, la implementación de los programas de paz, el fortalecimiento de las capacidades instaladas de los servicios de salud e inmunización y el fortalecimiento de la educación superior a través del Icetex. Finalmente, otros avances importantes de este gobierno han sido los pactos que con los empresarios ha podido realizar en estos 100 días. El primer pacto fue “por la Justicia Tarifaria”, que es un acuerdo inicial con 82 empresarios de la cadena de la energía en Colombia para que a partir de noviembre se reduzca el precio de este servicio público en una proporción entre un 4% y 8%; además se comprometieron a trabajar en la estabilización de las tarifas en 2023 y a construir otra fórmula de la misma. ¡ Y el otro pacto fue con los dueños de la tierra en Colombia. El Gobierno logró firmar con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) una promesa de compra-venta de 3 milllones de hectáreas de tierra para “la materialización de la paz territorial”. Y con ello este gobierno está dando los primeros pasos para el logro de una reforma agraria que entregue tierras a la población rural –campesinos, indígenas y afrodescendientes– que ha sufrido los mayores estragos de la violencia. En conclusión, puede decirse que durante los primeros 100 días del gobierno Petro, el Gobierno aprovechó su arribo al poder para asegurar una asignación de nuevos recursos con los cuales podrá tener unos ingresos que serán fundamentales para atender el momento de crisis económica que vive el país y avanzar en los próximos años en reformas tan importantes en sectores sociales como salud, educación y desarrollo territorial. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.