Por: Katerin Erazo, Periodismo Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en el municipio de Arauca, departamento con el mismo nombre, el 03 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Los habitantes presentaron más de 840 propuestas al Gobierno Nacional en las 38 mesas que fueron creadas. Las peticiones presentadas se centraron en convertir a Arauca en una despensa de alimentos para Colombia y Venezuela. La lideresa Luz Marina, trabajadora del hogar y habitante del municipio de Arauca, dijo: “la propuesta contiene alternativas concretas en construcción de vías que conecten a los municipios productores de la región araucana como Fortul, Tame, Saravena, Arauquita y Arauca con salida al mar, por Venezuela”. Otra de las peticiones fue hecha por Iván Hernando Torres, quien propuso la construcción de una zona franca agroindustrial en Arauca, la cual permita que cerca de 200 empresas beneficien a más de 400 familias con la siembra e importación de alimentos. “Arauca no puede vivir todo el tiempo del petróleo. Nosotros tenemos que tener una zona franca de alimentos. Se trataría de la primera zona en la Orinoquía al lado de Venezuela para exportar e importar productos”, concluyó Torres. Los participantes reiteraron la importancia de que el Gobierno apoye a las comunidades campesinas, afros e indígenas para que puedan ser más productivas y competitivas frente al mercado regional, nacional e internacional. Participantes Cerca de 1.800 personas se movilizaron desde varios municipios del departamento de Arauca para tomar la palabra. El consejero para las Regiones de la Presidencia de la República, Luis Fernando Velasco, llegó hasta allí para conocer y recibir las propuestas de los araucanos, así como entregarles un mensaje de excusas del ministro del Interior, Alfonso Prada, anfitrión del evento, quien no pudo asistir ante la importancia de su presencia en el debate de la ley de Reforma Tributaria y la Conciliación de la Paz Total que se trasmitió a la misma hora en la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Durante su intervención, Luis Fernando Velasco se dirigió a los grupos armados ilegales que hacen presencia en Arauca, especialmente en la zona de frontera con Venezuela: "estos diálogos son un espacio solo para los que estamos armados con la palabra, pero desde Arauca le decimos a los grupos guerrilleros que en el Gobierno del Cambio queremos construir la Paz Total y la Paz Total no es matándonos (…) dejar las armas es mucho más valiente que tomarlas". En representación de las juntas de acción comunal del departamento de Arauca, Bernardo Arguello, presidente de la Federación, resaltó la necesidad de proyectar la región como una potencia agropecuaria, fomentando además la agro industrialización para el desarrollo de este departamento. Otra de las intervenciones fue de Etelivar Torres, alcalde de Arauquita, quien aseguró que el Gobierno tiene una gran responsabilidad con los araucanos, en cuanto al mejoramiento de la conectividad vial y el estudio ambiental a las cuencas hídricas de esta región, para mitigar daños durante la ola invernal. Contexto de la subregión La economía de Arauca se basa principalmente en la explotación petrolera, la ganadería, la agricultura, los servicios y el comercio. La importancia del petróleo en esta zona se refleja en su aporte al PIB departamental, el cual depende en gran medida de dicha actividad. Según la Comisión de la Verdad, en Arauca en el año 2020 habitaban 265.000 personas. De ellas, 103.000 estaban registradas como víctimas del conflicto armado y se presume que hay otras 45.000 fuera del registro. Esta misma entidad también aseguró que Arauca es expulsor de población. Es decir que el número de personas que ha abandonado el departamento es mayor al de personas que han llegado. Desde el 02 de enero del presente año (2022), Arauca siguió viviendo los enfrentamientos entre actores armados, en especial las disidencias de las FARC y el ELN. Saravena, Tame, Fortul, Arauquita, Arauca capital, y Cubará, Boyacá, han sido los territorios más afectados. Durante el mismo mes de enero (2022) se registraron al menos 34 homicidios; dos secuestros; confinamiento de comunidades indígenas; amenazas generalizadas a líderes y lideresas sociales, presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y riesgos para las personas en proceso de reincorporación. Actualmente aún se siguen presentando enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Tumaco, departamento de Nariño, el 03 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Los participantes dijeron que en esta región es necesario mejorar la calidad de vida para toda la población, pidieron al Gobierno invertir en educación, salud y bienestar de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. “Aquí en Tumaco la realidad es otra y por eso necesitamos ser escuchados. La inseguridad, el hambre, la intolerancia, la falta de empleo y las extorsiones contra el comercio son, entre otros, los graves problemas por los que están atravesando las comunidades no solo de Tumaco sino de todo el pacífico nariñense”, dijo una de las participantes que vive en Tumaco. Durante el diálogo la comunidad enfatizó en que el Gobierno debe tomar acciones reales para cuidar la vida y la seguridad de la región, dijeron que los Diálogos Regionales Vinculantes no pueden ser una reunión para “escuchar más de lo mismo”, que no quieren escuchar promesas sino acciones por parte del Estado, ya que durante años les han prometido hechos que solo quedaron en palabras. Una de las peticiones más recalcadas de los nariñenses fue solicitar el acceso al agua potable, pues es la principal necesidad de ellos. Este encuentro se llevó a cabo con la instalación de 45 mesas poblacionales, entre las que estuvieron: mujeres, población LGBTIQ+, jóvenes, población con discapacidad, víctimas, consejos comunitarios, comunidades negras, campesinos, indígenas, gremios y empresarios, asuntos religiosos, turismo y frontera. Participantes Este espacio contó con más de 3.500 asistentes de los municipios de la región Pacífica Nariñense y del Piedemonte costero del departamento: Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, Santa Bárbara Iscuandé, El Charco, Roberto Payán, Magüi Payán, Mosquera, La Tola, Olaya Herrera, Ricaurte y Mallama. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, lideró este Diálogo Regional Vinculante, que además contó con el acompañamiento de funcionarios y delegados del DNP y de otras entidades nacionales, regionales y locales. En este diálogo la vicepresidenta insistió a los actores armados que esta es una oportunidad para permitirles a los territorios la paz. Por esta razón, pidió que cesen actividades como el reclutamiento de niños y niñas de la región, el asesinato de líderes y lideresas y que detengan el sufrimiento histórico que han vivido los habitantes del Pacífico. Francia Márquez también informó que fue radicado el Proyecto de Ley para la creación del Ministerio de la Igualdad, el cual trabajará por las comunidades negras, raizales y palenqueras, así como por las mujeres campesinas. Finalmente anunció el nombramiento de la tumaqueña Yesenia Olaya como viceministra de Ciencia y Tecnología. Contexto de la subregión La economía del Pacífico Nariñense gira en torno a los cultivos del café, la producción de panela y la ganadería. De la Costa Pacífica forman parte 11 municipios, siendo Tumaco y Barbacoas los más importantes. También hacen parte de sus actividades económicas el cultivo de palma africana, la pesca y un incipiente turismo. Según el Registro Único de Víctimas, a marzo de 2020 en Tumaco estaban reconocidas más de 95 mil víctimas de desplazamiento forzado y 721 personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia. Durante los años de guerra fueron muchas las acciones bélicas que los grupos armados realizaron en los municipios nariñenses, pero dos hitos marcaron a su población: el primero ocurrió el 24 de marzo de 2001, en el corregimiento Llorente, en Tumaco. Ese día, un grupo de paramilitares, con lista en mano, asesinó con motosierras a 31 campesinos. Mientras esto ocurría, llegó un grupo de guerrilleros de las FARC y se enfrentó con las autodefensas durante 12 horas. El segundo ocurrió el 27 de marzo de 2002, siendo similar al anterior, ya que un grupo de 20 hombres armados y sin identificar llegaron a la vereda Caunapí, y llamaron con lista en mano a ocho personas, que después asesinaron. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), actualmente hacen presencia en los territorios de Nariño el ELN, el Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y la disidencia de las FARC Gentil Duarte.

Por: Luis Eduardo Celis Dejusticia es un centro de pensamiento y acción social centrado en el derecho y su articulación con los movimientos sociales. En una sociedad como la colombiana, con tantos desafíos para avanzar en derechos y democracia de calidad, la acción de Dejusticia es un aporte concreto para articular conocimiento, rigor y compromiso con el cambio y acción sensible frente a tantas inequidades y atropellos que sufren muchas comunidades y grupos sociales, con quienes Dejusticia se ha aliado para, de manera conjunta, promover acción hacia el cambio. En las raíces de Dejusticia se encuentra un grupo de hombres y mujeres que han tenido la posibilidad de formarse en el derecho, casi todas y todos los fundadores y fundadoras provienen de la academia y desde allí se abrieron a conformar esta institución que tiene huella en la acción social transformadora de las últimas dos décadas. Colombia desde la Constitución del 91 se definió en términos políticos como un Estado social y de derecho, soportado en una democracia participativa y representativa, y a ese propósito se ha aplicado la acción de Dejusticia, en una perspectiva de hacer realidad lo que está en el papel, algo que para muchas comunidades, territorios y dimensiones sociales, es propósito, pero no realidad. La realidad dista mucho de la formulación constitucional que está en el papel y debe volverse vida y derechos, lo cual sólo se va a lograr con acción social y trabajo por transformar, y allí está instalado el aporte de Dejusticia : conocimiento en diálogo con mundos sociales para lograr transformaciones que hagan realidad que Colombia sea un Estado social y democrático de derecho. Si se ve el trabajo de Dejusticia en los campos de los derechos económicos, sociales, culturales y territoriales, encontramos una rica articulación con el mundo campesino, afro e indígena, donde hay importantes logros y referentes que vienen enriqueciendo una compleja relación desde conflictos a tramitar y que se articulan con políticas públicas que vienen creciendo para hacer realidad derechos negados y que deben ser reconocidos y hechos vida. Allí hay una rica experiencia de la cual se debe aprender, es la historia de la acción de Dejusticia, siempre en diálogo y articulación con mundos sociales concretos. Cifras y Conceptos es un centro de investigación centrado en el análisis de información y estudios sobre opinión pública que hace una consulta a líderes y líderesas que ha denominado "Panel de Opinión". Esta es una consulta para ver cómo se desenvuelven acciones de liderazgo en diversos ámbitos, son más de mil cuatrocientas personas con un perfil de liderazgo público que son consultadas y entre la diversidad de preguntas que se les hace, se hace una por las organizaciones no gubernamentales que consideran de mayor relevancia. En el Panel de Opinión 2022 la ONG más reconocida es Dejusticia, un merecido y bien ganado lugar. Colombia requiere acción transformadora y allí está la acción y el trabajo de Dejusticia. El Panel de Opinión 2022 es un valioso trabajo que vale la pena consultar, aquí lo pueden hacer. Postdata: estoy en deuda con mis reflexiones (que he aprendido en Arauca) sobre los puntos clave que deben quedar en el Plan Nacional de desarrollo para este territorio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Bucaramanga, el 01 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo 156 mesas fueron instaladas para trabajar los cinco ejes transformacionales (ordenamiento territorial, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, economía productiva para la vida y convergencia regional). En estas, el Gobierno recibió 336 propuestas tanto individuales como colectivas. Las principales temáticas abordadas durante la jornada fueron conectividad territorial, desarrollo agropecuario, comunitario y el cuidado del medio ambiente. Otros de los temas abordados fueron la formalización laboral, la capacitación de mano de obra y las necesidades en materia de infraestructura, en especial de vías terciarias. Óscar Tuesta, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, le planteó al Gobierno la necesidad de que el transporte mejore para la comunidad y asimismo la infraestructura: “pedimos que nos escuchen (…) uno siempre quiere mejorar el territorio donde uno vive”, añadió Tuesta. Los santandereanos también hablaron sobre la minería en el páramo de Santurbán, para que se tenga en cuenta y se busque mejorar los recursos naturales. Participantes En la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga se desarrolló el Diálogo Regional Vinculante, en donde más de 3.600 personas participaron. El subdirector general de Inversiones, Seguimiento y Evaluaciones del DNP, José Alejandro Herrera, acompaño este diálogo y destacó la activa participación ciudadana durante estos espacios. “Recibimos 336 acciones o propuestas de grupos como mujeres, comunidades étnicas, LGBTIQ+, campesinos y de organizaciones como gremios, sindicatos y otros actores de la sociedad civil”, dijo Herrera. La madrina de este evento fue la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien le expresó a la comunidad las buenas intenciones que tiene el Gobierno con sus propuestas, que serán lo insumos para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo: “hoy hacemos la diferencia, construyendo en la diferencia y teniendo el diálogo como instrumento central de nuestra Colombia”, dijo la ministra. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, realizó una serie de planteamientos para el mejoramiento de la capital santandereana, entre los cuales hay puntos estructurales como justicia social, ambiental y económica. Además de los proyectos que se deben realizar para resolver los pendientes históricos con la ciudadanía, entre los que se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ya que los habitantes han reclamado por mucho tiempo el agua, la vida y la protección de las fuentes hídricas. “Debemos devolvérsela, las poblaciones hacen uso diario del agua y tenemos que protegerlas, este un gran reto que tienen las administraciones del área metropolitana y un gran reto también para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga”, puntualizó. Contexto de la subregión Las principales actividades económicas del oriente santandereano van desde la marroquinería y la confección, hasta el sector avícola y agropecuario. Esta diversificación permite mantener la estabilidad de la región, la cual se ve beneficiada también por su ubicación estratégica para el desarrollo del turismo. Santander ha vivido durante años la violencia por causa de los grupos armados. Para el año 2021 se registraron varios enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control de las economías ilícitas, lo que dejó en riesgo a cientos de familias de la subregión. Los más afectados durante muchos años han sido los campesinos, pues fueron sacados a la fuerza de sus terrenos. También se registraron víctimas de secuestro y de reclutamiento por parte de grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las FARC y el ELN. Hace 11 años el Congreso de la República aprobó la Ley 1448, prorrogada hasta 2031, a través de la cual se han adoptado las medidas necesarias para la atención, asistencia y reparación integral de más de nueve millones de colombianos que han sufrido del conflicto armado. Por esta razón, en el mes de junio de este año 2022, la Unidad para las Víctimas realizó la entrega de indemnización a 138 víctimas del conflicto en esta subregión. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), actualmente hacen presencia en los territorios de Santander el ELN y el Clan del Golfo.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Es abogado de la Universidad Libre, especializado en teoría jurídica y filosofía del derecho de la misma universidad, además cuenta con una especialización en derecho constitucional de la Universidad de los Andes. Entre 1990 y 1991 fue el director general del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) durante la administración de Juan Martín Caicedo Ferrer como alcalde de Bogotá. Siendo cercano a miembros del movimiento liberal de la corriente de Galán en Bogotá, en 1994 aspiró a la Cámara de Representantes como fórmula del exsenador Rafael Amador, pero no logró quedar elegido. Para dichas elecciones nacionales acompañó y apoyó las candidaturas de Enrique Parejo y, luego, de Ernesto Samper. Tras no lograr quedar en la Cámara, en 1997 aspiró al Concejo de Bogotá por el Partido Liberal con el apoyo de Rafael Amador, quedando elegido tras alcanzar 7297 votos. Mientras fue concejal se acercó a Enrique Peñalosa, con quien mantendría cercanía política por varios años. De la mano de Peñalosa logró la reelección en el Concejo en el 2000 y 2003. Como concejal destacó principalmente por su participación en la creación de proyectos como el Transmilenio y organizaciones para la regulación del espacio público. Para 2006 aspiró al Senado por el movimiento de Enrique Peñalosa, Por el país que soñamos, que no consiguió pasar el umbral en esa corporación, aunque sí logró dos representantes a la Cámara, entre los que se encontraban David Luna. Luego de ese fracaso, decidió apoyar la fallida candidatura de Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá, siendo su jefe de debate. Posterior a ello, nuevamente con el apoyo de Peñalosa, se unió hacia 2008 al Partido Verde, actualmente Alianza Verde, respondiendo al llamado del entonces presidente del partido, Carlos Ramón González. De esta forma encabezó la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá que lanzó el partido, quedando elegido junto con Ángela María Robledo. Ya siendo representante tuvo sus primeros distanciamientos con Peñalosa, luego de que este último expresara un apoyo en favor de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Después de su paso por la Cámara de Representantes, en representación del Partido Verde apoyó la reelección de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia en 2014 y pasó a militar en el Partido de la U. Prada fue el gerente regional en Bogotá de la campaña de Santos, lo cual llevó a que fuera nombrado, en 2014, director del Sena. Tras su labor como director del Sena (2014-2017) fue denunciado por María Andrea Nieto, la directora que le siguió, por presuntas irregularidades y clientelismo durante la dirección de Prada. En respuesta a las denuncias, la Procuraduría le abrió una indagación preliminar, por, al menos, 161 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tenía alcance fiscal por $804.997 millones, 75 con alcance disciplinario y 3 con alcance penal. Las investigaciones que se adelantaban en contra de Prada tenían que ver con irregularidades contractuales en 35 obras, nepotismo y la ampliación de la planta laboral de 28.000 a 36.000 contratistas. Para 2020 ya algunas investigaciones que tenía en la Procuraduría fueron archivadas, pero se desconocen el estado de las que tenía abiertas, y en el presente año, la Fiscalía archivó el proceso que tenía abierto por suscribir 4 contratos como director del Sena. Cabe mencionar que Prada no presenta antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales. Finalmente, tras su paso por el Sena, fue secretario general de la Presidencia de la República de Juan Manuel Santos entre 2017 y 2018. Con la campaña presidencial de este año, Prada llegó como cuota del ‘santismo’ a ser jefe de debate de Gustavo Petro, quien luego de su triunfo el pasado 19 de junio lo nombró coordinador del empalme de la cartera del interior y, ahora, ministro del interior. Ahora bien, tras el proceso de empalme y su respectivo informe, las tres políticas del gobierno de Iván Duque alineadas con el de Gustavo Petro (semáforo verde) en asuntos de interior son: Las líneas de acción comunales del Conpes 3922 de 2018 de Fortalecimiento de tejido social, Fortalecimiento de las organizaciones campesinas, Portafolio de oferta institucional para organizaciones campesinas, Asistencia técnica departamental, Acompañamiento de la construcción de la política pública del campesinado y fortalecer el GRIE y el Plan Ágora, mediante la creación de indicadores que respondan con los territorios priorizados y los flagelos que mayoritariamente afectan la elección democrática. Brindar las garantías para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, a la movilización y la protesta social, al derecho a defender los derechos, en particular los territoriales y ambientales, el acceso a la información pública, la libertad de prensa. Ahí entra el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos con el desmonte del Esmad y el Programa Integral de Garantía para las mujeres lideresas y defensoras de DDHH. El Grupo de Articulación Interna para la política Pública de Victimas (GAPV), encargado de coordinar diferentes acciones al interior del Ministerio con el fin de contribuir a una mejor implementación de la Ley 1448 de 2011 y de las sentencias derivadas. Por su parte, las políticas que el gobierno de Gustavo Petro no continuará, porque no van acorde con su proyecto político (semáforo rojo) son: La Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana, que tiene vacíos para garantizar el ejercicio de derechos como la protesta social y libertad de expresión. Políticas públicas que desconocen la participación de actores en su formulación, como las políticas públicas del campesinado, que no tuvieron la participación de las organizaciones campesinas, y la orientada a la población LGBTIQ+. La Unidad Nacional de Protección (UNP) con su Evaluación de Riesgo a cargo de la Policía Nacional pasaría al Ministerio de Interior.

Línea Democracia y Gobernabilidad José Antonio Ocampo nació en Cali el 20 de diciembre de 1952. Es economista y sociólogo egresado de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es doctor en economía de la Universidad de Yale y en 1988 recibió el Premio Nacional de Ciencias “Alejandro Ángel Escobar”. Ha sido profesor de economía en la Universidad de los Andes y de historia económica en la Universidad Nacional. También fue profesor visitante en la Universidad de Cambridge, Oxford y Yale y ha sido reconocido por la calidad de sus producciones académicas en temas como la macroeconomía, la política monetaria, el comercio internacional y el desarrollo económico. La experiencia de Ocampo en el sector público está marcada por haber sido ministro en dos oportunidades: entre 1993 y 1994 fue ministro de agricultura del gobierno de César Gaviria y entre 1996 y 1997 fue ministro de hacienda del gobierno de Ernesto Samper. Adicionalmente, entre 1994 y 1996 fue el director del Departamento Nacional de Planeación. Luego de su paso por el sector público, José Antonio Ocampo trabajó en organizaciones internacionales dedicadas a los temas económicos. Entre 1998 y 2003 fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y en 2003 fue nombrado por Kofi Annan como el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales, cargo en el que fungió como director del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, DESA. Estos cargos lo hicieron merecedor de ser el colombiano que ha ocupado el más alto cargo dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Esta trayectoria condujo a que en 2012 Ocampo estuviera en la terna final para dirigir el Banco Mundial y en 2017 Juan Manuel Santos lo nombrara codirector del Banco de la República hasta su renuncia en 2020. Antes de ser nombrado por el presidente Gustavo Petro como ministro de hacienda y crédito público, fue el codirector de la Especialización en Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, así como miembro del Comité de Pensamiento Global y copresidente de la Iniciativa para el Diálogo de Políticas. El nombramiento de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda fue aceptado por sectores políticos y económicos como un mensaje de tranquilidad que busca enviar el gobierno entrante, ahuyentando los rumores de expropiación o detrimento de la propiedad privada; la designación generó reacciones positivas desde todos los sectores políticos y empresariales, resaltando siempre el perfil técnico de José Antonio Ocampo. ¿Cuáles son los retos del ministro de hacienda entrante? Formular y tramitar con éxito la reforma tributaria que el país necesita para el sostenimiento económico y la ampliación del gasto público, recordando que una de las propuestas más relevantes y controversiales de la campaña presidencial de Gustavo Petro es su ambiciosa propuesta económica. Trabajar en la estabilización de las finanzas públicas del Estado colombiano. El ministro entrante debe buscar los mecanismos necesarios para tranquilizar a los sectores económicos nacionales e internacionales, apaciguar los mercados y hacer partícipes del proyecto económico al empresariado colombiano. Semáforo de políticas públicas En el marco del balance de las comisiones de empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, se definieron las políticas susceptibles de continuar o que deben ser repensadas para el cuatrienio 2022-2026. En el balance se definieron las políticas, programas y proyectos que se cambiarán y las que se mantendrán. ¿Qué se cambiará? Se eliminará la política de Días sin IVA. Se revisará la continuidad del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y su modificación hacia una política de creación de empleo consistente con el programa de gobierno. Se analizarán y revisarán las exenciones y beneficios tributarios otorgados en las últimas dos reformas tributarias (Ley de Inversión Social, 2021; Ley de Crecimiento Económico, 2019) y en la Ley de Turismo. ¿Qué se mantendrá? Se mantendrá la política de transferencias monetarias para la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, ampliando su cobertura y monto. Así mismo, se unificarán las distintas transferencias en un único programa. Se buscará la continuidad de la política de matrícula cero mientras que se tramita la reforma educativa y se consolida la política de educación superior pública y gratuita del nuevo gobierno.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Villavicencio, Meta, el 01 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En este diálogo se presentaron más de 1.200 propuestas. Entre las más importantes: construir un hospital de nivel 3 para las fuerzas armadas y la policía de la región y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para Villavicencio. “Porque todos los residuos están siendo depositados en el río Coa, afluente del Guayuriba y del Meta, por lo que se está contaminando una buena parte de las aguas de la Orinoquía”, dijo uno de los participantes. También se sugirió la construcción de una vía que una a Puerto Gaitán (Meta) con El Viento (Vichada), pues los ciudadanos manifestaron que con esa vía podrían sacar las cosechas que producen los campesinos. Enfatizaron que esto no solo ayudaría a Villavicencio sino también a toda la Orinoquía. En esta línea se presentaron otra serie de peticiones que buscan impactar positivamente no solo a la región, sino impulsar el desarrollo nacional. Diana Mendoza, la alcaldesa de Cabuyaro, dijo: “estamos proponiendo la construcción del puente sobre el río Meta. Sería la culminación de una vía que sale de Bogotá, pasa por Cundinamarca y Casanare, y termina en Meta. Con esta obra tendríamos la conexión para llegar a Puerto Gaitán, Puerto López y Vichada. Es una obra estratégica para el desarrollo social de nuestro territorio y para el fortalecimiento de sectores como el agrícola y el minero-energético”. Además, los participantes pidieron al gobierno de Gustavo Petro la modernización del aeropuerto de Villavicencio. Participantes Cerca de 8.000 ciudadanos de 29 municipios del Meta y tres de Cundinamarca participaron en esta jornada. Este Diálogo Regional Vinculante también contó con la presencia del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Cardona; el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortiz; y la alcaldesa de Cabuyaro, Diana Mendoza. El ministro Néstor Osuna se refirió la importancia de estos espacios: “lo que hoy nos convoca es el comienzo de la construcción de un sueño colectivo, de una Colombia próspera, en paz, democrática, en la que todas las personas seamos escuchadas y nuestra voz sea tenida en cuenta para construir un futuro colectivo”. Durante esta jornada, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, anunció que se entregará en los próximos días 5.831 hectáreas de tierra a los municipios de Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto López, Barranca de Upía, San Martín, Restrepo, Cumaral y zona rural de Villavicencio. “Será la primera entrega, pues en conjunto con las autoridades locales, próximamente entregaremos 10.800 hectáreas más”, aseguró Rojas. Contexto de la subregión Villavicencio es considerado como el centro comercial más importante de los Llanos Orientales, pues sus principales pilares son la agricultura, la ganadería y la minería. Sin embargo, la vía a esta ciudad presenta varias dificultades por los deslizamientos constantes que se presentan, afectando un poco su turismo. Una de las graves problemáticas que vive la subregión Llanera es la presencia de grupos armados que buscan controlar rutas estratégicas, como los ríos Guaviare y Guayabero, para la comercialización de drogas y para las economías irregulares. Para el año 2020, las comunidades fueron víctimas de amenazas, extorsiones, asesinatos y otra serie de crímenes por cuenta del Clan del Golfo, disidencias de las FARC (Segunda Marquetalia), frentes del ELN y organizaciones de crimen organizado. De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas, entre los años 1984 y 2020, de los 29 municipios que integran el departamento del Meta, han sido desplazadas forzadamente 239.638 personas. En el mes de julio de este año, la Unidad para las Víctimas llevó a cabo una jornada de indemnización administrativa en el Centro Regional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (CRAV) de Villavicencio, en la que 230 personas que fueron afectadas por el conflicto armado estuvieron presentes.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Tunja, capital del departamento de Boyacá, el 01 de noviembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En las 105 mesas instaladas se abordaron propuestas relacionadas con la situación de los campesinos, la economía productiva, el sector religioso, las acciones contra el cambio climático, las poblaciones indígenas, los gremios, la comunidad LGBTIQ+, mujeres, jóvenes y víctimas. La comunidad campesina expresó la importancia de que realmente sean comprendidos como empresarios del agro y para esto la necesidad de mejorar las vías para poder transportar sus productos. Francisco Castañeda, líder campesino, mencionó que con estos espacios de diálogo tiene la esperanza de que el Gobierno llegue a su comunidad para escuchar sus peticiones. El encuentro finalizó con las conclusiones de las mesas de trabajo en materia de juventud, agricultura, salud, infraestructura vial y equidad social, las cuales serán tenidas en cuenta en el plan de desarrollo. Participantes Más de cinco mil personas de las comunidades de 152 municipios de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, participaron en este Diálogo Regional Vinculante que se realizó en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con la presencia de cientos de campesinos. El diálogo fue liderado por el Ministerio de Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, la Consejería para las Regiones y entidades del sector agropecuario. ​Durante su intervención, la ministra Cecilia López Montaño dijo a la ciudadanía y a los campesinos que con los conocimientos que ellos tienen a nivel agropecuario, se podría concretar un plan de desarrollo que aporte a la construcción de una Colombia que se convierta en potencia mundial de alimentos. El director de Estrategia Regional del DNP, Roberto Núñez, indicó que este Diálogo se hizo sobre cinco ejes transformacionales con los que se expusieron las dolencias y las necesidades del territorio: “como Departamento Nacional de Planeación, lo que se debatió en las mesas nos permitirá reflejar ese sentir en el Plan Nacional de Desarrollo”, añadió. Durante la jornada se realizó la entrega de títulos de propiedad a 899 familias de Turmequé, Sota, Chivatá, Tuta, Oicatá, Tibasosa, Siachoque y Ventaquemada. Los beneficiarios ahora podrán acceder a todas las ofertas del Estado para que sus proyectos agropecuarios tengan un desarrollo rural integral como parte de la reforma agraria. Según expresó el gobernador Ramiro Barragán Adame, el departamento de Boyacá se sumó a esta iniciativa tras adelantar previamente un ejercicio de diálogos territoriales en municipios como Boavita, Duitama, Garagoa, Sogamoso, Moniquirá, Pauna, Boyacá y Miraflores, con el ánimo de que quienes no pudieran asistir a este espacio, pudieran dejarán sus inquietudes plasmadas para ser entregadas a la Nación. Barragán indicó que en estos diálogos previamente adelantados en el departamento participaron cerca de 900 personas. Este encuentro, según el DNP, se convirtió en el diálogo campesino más grande del país. Contexto de la subregión En esta subregión la principal actividad económica es la agropecuaria, destacando ganadería lechera y los cultivos de papa y maíz. Durante las últimas dos décadas, la economía boyacense creció a un ritmo del 3%, por debajo de la media nacional. Para el mes de febrero del presente año, Tunja fue la tercera ciudad con mayor inflación. Por esta razón, la Alcaldía y la Gobernación de Boyacá deben contribuir para que no se dé un mercado de posiciones dominantes que lleve al abuso de los precios o concentrar el abastecimiento. En Tunja se han reconocido hechos victimizantes como homicidios, desplazamientos forzados, abuso sexual, reclutamiento de menores y minas antipersona. En 2018 se registraron alrededor de 3.018 víctimas. La Comisión de la Verdad reveló este año que en el marco del conflicto se registraron 4.600 homicidios, 1.600 secuestros y 34.000 desplazados en el departamento de Boyacá. Para el mes de abril de este año, desde la Plaza de Bolívar de Tunja, autoridades del departamento conmemoraron a las víctimas del conflicto armado. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), actualmente hacen presencia en los territorios de Boyacá el ELN y la disidencia de las FARC Gentil Duarte.

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico En Buenaventura se llevó a cabo la campaña ALZA LA VOZ contra las Violencias Basadas en Género (VGB), una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de líderes y lideresas que buscan la eliminación de dichas violencias, y que además invita a la ciudadanía a comprometerse con la protección de la vida de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+. Frente a lo cual es clave resaltar la realidad que vive hoy Buenaventura respecto a los delitos relacionados con las VGB, como lo son el alto número de delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y los feminicidios, que generan un llamado urgente a las autoridades locales y regionales. Foto: Fundación Pro & Paz Campaña ALZA LA VOZ Los días 27, 28 y 29 de octubre se llevó a cabo la séptima versión de la campaña ALZA LA VOZ, la cual es impulsada cada año por la Fundación Progreso y Paz (Pro & Paz) en Buenaventura, que contó con el apoyo de CODHES, USAID y la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Oficina Pacífico. Esta campaña pretende visibilizar la problemática de las VGB que se vive en el territorio, y para este año se concentró en destacar el trabajo de líderes y lideresas que luchan por la eliminación de dichas violencias y trabajan por la protección de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+. La campaña se desarrolló con un foro de apertura para interactuar sobre el rol que cumplen varios liderazgos bonaverenses, un encuentro cultural con artistas locales, entrega de murales en varios puntos de la ciudad, jornada de abrazatón en un recorrido por las principales plazoletas de Buenaventura y cerró con un partido en el barrio San Francisco, que justamente ha sido uno de los más afectados por el conflicto entre grupos armados ilegales. Haciendo además un llamado a las autoridades locales a concentrar mayores esfuerzos para lograr la erradicación de las VGB y la protección de líderes y lideresas en el territorio. Foto: Fundación Pro & Paz Violencias Basadas en Género en Buenaventura Según las estadísticas delictivas de la Policía Nacional, entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2022, en Buenaventura se han presentado 119 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, presentando una disminución frente al mismo periodo de tiempo en el año 2021, en el que se presentaron 166 casos. Lo mismo ocurre con el número de casos de delitos sexuales contra mujeres, que se han presentado 49 entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2022, disminuyendo en comparación a los 62 casos del mismo periodo del año pasado. Si bien esa disminución es positiva, aún falta mucho por trabajar para lograr que dicha disminución sea una tendencia y poder llegar a cero casos, situación que no ocurre para los casos de homicidios a mujeres, frente a lo cual hay una alarma, dado que entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2022 se han presentado 6 casos, ocurridos principalmente en los meses de febrero, marzo y julio, doblando la cifra de ese mismo periodo del año 2021 en el que se registraron 3 casos. De los tres casos registrados entre enero y septiembre de 2021, se reconocieron que 2 de ellos corresponden a feminicidios, y de los 6 ocurridos este año, también 2 corresponden a feminicidios. Asimismo, hubo dos momentos de bastante consternación en Buenaventura: el primero fue el hallazgo de las extremidades de una mujer en el relleno sanitario de Buenaventura, que posteriormente se confirmó que sería de una mujer de 22 años; y el segundo, un mes después, cuando se encontró el tronco de una mujer en la comuna 12. Si bien no se tiene conocimiento de que estos casos estén relacionados con el actuar de los grupos armados ilegales, su presencia en el territorio representa un riesgo mayor para las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, dado que en contextos de conflictos las VGB son usadas como instrumento de control. Adicionalmente, el pasado 14 de octubre en el desarrollo del Puesto de Mando Unificado por la Vida, la Consultiva de Mujeres elevó una alerta sobre el papel que está llevando la Fiscalía en la recepción de denuncias, dado que se ha conocido sobre casos de mujeres jóvenes desaparecidas, además de hostigamientos a niñas y adolescentes por parte de hombres desconocidos a las afueras de algunos colegios de la ciudad, que se teme corresponda a temas de trata de personas. Llamado urgente Si bien se destaca que el pasado mes de mayo por primera vez en un Consejo de Seguridad del distrito se presentó un informe de Violencias Basadas en Género (VGB), que contó con la participación de Edna Ruth Sarrio, secretaria de las Mujeres, Equidad de Género e Igualdad de Derechos, que, con apoyo de la Consultiva de Mujeres, se logró reportar las situaciones que se han podido registrar frente a la realidad que viven las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ en Buenaventura, especialmente por el riesgo que representan grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio tanto rural y urbano; es importante hacerle un llamado a las autoridades locales y regionales para que: Fortalezcan los canales de comunicación interinstitucionales para atender de manera integral a las víctimas de las VGB, con especial atención cuando los casos corresponden a violencias efectuadas presuntamente por miembros de los grupos armados ilegales. Revisar los mecanismos de registro y caracterización de los delitos como feminicidios, dado que se hallan inconsistencias en los datos expuestos por las autoridades locales y regionales. Incrementen las campañas pedagógicas para la identificación de las VGB y el reconocimiento de los canales de denuncia a los que pueden acceder las víctimas de dichas violencias. Refuercen los ejercicios formativos en temas de género a funcionarios y funcionarias receptoras de denuncias, para así reducir las actitudes revictimizantes a las que se ven expuestas las mujeres y comunidad LGTBIQ+.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado 30 de octubre se vivió la segunda vuelta presidencial en Brasil, en la que quedó elegido Lula da Silva, por el Partido de los Trabajadores (PT); venciendo al actual presidente, que buscaba la reelección, Jair Bolsonaro, por el Partido Liberal (PL). La reñida elección mostró la división interna que se vive en Brasil, de la que dieron cuenta los bloqueos y manifestaciones de partidarios de Bolsonaro luego de las elecciones. Ante la expectativa de lo que pudiera hacer el actual presidente, ya que no se pronunció el día de la elección, ni al día siguiente, el 01 de noviembre aceptó finalmente los resultados, reconociendo a Lula da Silva como el ganador. Así, la victoria de Lula le abre, a priori, varios escenarios de articulación bilateral y multilateral a Colombia con Brasil. Si bien hasta el momento el discurso y las ideas programáticas coinciden en algunos puntos con la proyección de Gustavo Petro, hay desafíos que no se pueden desconocer. Sobre estos puntos, una entrevista con Ana Carolina Lourenço, socióloga y directora de la Fundación Avina en Brasil, y Luiz Augusto Campo, profesor de sociología y ciencia política en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ), contribuyen a la lectura de las expectativas del nuevo gobierno de Lula da Silva. Una nueva política exterior sur-sur En el campo de las relaciones internacionales de los países, la cooperación sur-sur es un instrumento de política exterior orientada a superar, a partir de esfuerzos conjuntos, los desafíos del desarrollo en el hemisferio sur del mundo. A partir de ese propósito se han planteado mecanismos como el intercambio comercial o de conocimientos y la integración. Con ese enfoque se han creado una serie de instituciones como la Alianza del Pacífico, el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Programa Iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur (PIFCSS) o la Comunidad Andina (CAN), sin que se hayan consolidad en un éxito rotundo. Este tipo de proyectos de integración, en su mayoría, han tenido un propósito económico, incluyendo la negociación de tratados de libre comercio. Sin embargo, las discrepancias políticas entre los países latinoamericanos han sido el principal obstáculo para lograr un éxito en los proyectos de integración. En Colombia, durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe (2002-2010), hubo un alejamiento con sus pares sudamericanos, debilitando los mecanismos de integración y las relaciones con Ecuador, Venezuela, Panamá y Brasil, principalmente por factores asociados al conflicto interno de Colombia. En palabras de los profesores Eduardo Pastrana, Stefan Jost y Daniel Flemes, Colombia, bajo la idea de enemigo interno, en especial durante el gobierno Uribe, asumió una postura frente a los países con los que tiene frontera de asegurar su seguridad interna, incluso más allá de su territorio. Las implicaciones de esa postura han tenido los costos regionales de una desconfianza hacia Colombia. Incluso etso llevó a que, como sostuvo Socorro Ramírez, quien fue coordinadora del Grupo Académico Colombia-Venezuela y los programas andino-brasileño y Colombia-Ecuador, se generara un sentimiento anticolombiano. Si bien con Juan Manuel Santos, y su búsqueda de apoyo al proceso de paz que adelantó con las extintas FARC, se adelantaron esfuerzos para la cooperación sur-sur, con la llegada de Iván Duque volvió a existir el sesgo ideológico para las relaciones internacionales de Colombia, siendo el ejemplo más notorio el cierre de la frontera y de relaciones con Venezuela. Las discrepancias políticas han sobrepasado la voluntad de integración. Sin embargo, la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia; la de Gabriel Boric, en Chile; la de Manuel López Obrador en México; y ahora Lula, en Brasil, abre el camino a un espacio con mayor voluntad para la integración, con la adición de compartir una base ideológica común. En palabras de Luiz Augusto Campo, Lula tiene un discurso sobre la recuperación de su liderazgo regional e internacional. La relación de Gustavo Petro con Lula da Silva es cercana desde que Petro fue alcalde de Bogotá. Al coincidir ambos en la presidencia de sus respectivos países, las expectativas de conseguir una integración sudamericana, son altas. Sin embargo, los desafíos son todavía mayores, vislumbrándose, hasta ahora, el Amazonas y las condiciones sociales como los ejes articuladores entre los dos países. El Amazonas y las agendas sociales: los frentes en común Pese a ser un obstáculo en materia de infraestructura, con la llegada de Lula da Silva se asienta la posibilidad de utilizar la protección del Amazonas como fuente generadora de ingresos. Gustavo Petro, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, planteo la reducción de la deuda externa de los países con Amazonía a cambio que estos Estados destinen esos recursos para la protección de esta. Para ello, Petro tendría que concertar la posibilidad de armar un bloque con Brasil, Venezuela y Perú, principalmente, para crear algún mecanismo multilateral que se encargue de negociar la deuda externa de los países y que implemente, de forma articulada, las políticas ambientales necesarias. Esto sentaría, a la vez, la base para crear un acuerdo vinculante para que estos países tengan un incentivo fuerte para cumplir con la implementación de políticas y alcanzar metas. Ahí es donde la victoria de Lula da Silva es clave para Colombia. La deforestación durante el gobierno de Bolsonaro alcanzó cifras históricas, al talarse más de 33.200 kilómetros cuadrados de bosque, lo que equivale a la superficie de países como Bélgica, mientras aumentó en dos puntos porcentuales la deuda externa de Brasil. De ese escenario desolador, la victoria de Lula crea la posibilidad de retomar medidas en contra de la deforestación y a favor de la conservación. Según Terrabrasilis, entre 2004 y 2012, la tala de bosques en Brasil se redujo un 80%, en parte por las políticas adelantadas por Lula. Con su relección, existe la misma disposición, que coincide, por primera vez, con un gobierno en Colombia que también está dispuesto a articular esfuerzos para la conservación del Amazonas y la lucha contra la deforestación. Ana Carolina Lourenço señaló que con Lula llega un gobierno que reconoce el cambio climático y con una agenda de desarrollo sostenible y compromiso ambiental nacional e internacional. Por otro lado, Brasil con Lula y Dilma Rousseff tuvo una estrategia diplomática de posicionarse como un aliado en la lucha contra la miseria internacional. Brasil, antes de Bolsonaro, se mostró como un aliado para las luchas domésticas contra la pobreza. Luego de que Bolsonaro le diera la espalda a muchas cuestiones sociales, viéndose esto reflejado en el aumento del porcentaje de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa y regresando al Mapa del Hambre de la FAO, el regreso de Lula apunta a una estrategia similar a cuando gobernó. Esa iniciativa puede coincidir con la postura de Gustavo Petro de orientar la política exterior de Colombia a la “consolidación de la paz en el continente americano”, como sostuvo en su plan de gobierno en la campaña presidencial. Sin embargo, esto no puede quedarse limitado a escenarios intergubernamentales, sino que se necesita incorporar cadenas productivas y económicas, para lo cual es necesaria la integración infraestructural. Los desafíos de integración Colombia-Brasil Colombia y Brasil comparten una frontera de 1.662 kilómetros, algo que no se ha traducido en una fluida relación comercial. Para 2010, cuando termino el mandato de Álvaro Uribe, el comercio binacional entre ambos países representaba el 0,7% del comercio total de Colombia. Tras los esfuerzos diplomáticos de Juan Manuel Santos, creció un poco, sin llegar a ser ambos países socios comerciales significativos. Para 2020, solo el 4% de las exportaciones de Colombia iban a Brasil, mientras que el 5% de las importaciones de Colombia provenían de Brasil. Si bien hay una relación relevante, dista mucho del intercambio comercial que se tiene con Estados Unidos, China, México, Ecuador y Panamá. La relación es deficitaria, toda vez que son mayores las importaciones que las exportaciones. Eso es teniendo en cuenta la perspectiva de Colombia, pero en el caso de Brasil las cifras son más insignificantes. Sus principales socios comerciales son China, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Alemania, Países Bajos y Corea del Sur. Las exportaciones de Brasil a Colombia representan un 1,13%, mientras que las importaciones provenientes de Colombia solo llegan a un 0,80%. Si bien hay una relación bilateral, regida por el Acuerdo de Complementación Económica en el marco de Mercosur desde 2017, no es la esperada de un país con el que se comparte frontera. Esto tiene una razón muy clara: la falta de infraestructura en el marco de una relación asimétrica. Siguiendo a Georgina Cipoletta, la infraestructura es un aspecto fundamental para la construcción de procesos de integración regional sistemáticos, ya que esta es la que contribuye a involucrar los procesos, cadenas y conexiones productivas de los países. Esa motivación para articular procesos que beneficien el desarrollo económico, se traduce, necesariamente, en procesos de integración política. Como demuestra en el ejemplo de integración de la Unión Europea (UE), los acuerdos económicos que incluían un componente de conexión de infraestructura, dieron paso a la integración política. La Comunidad Económica Europea (CEE), que después se convirtió en la UE, incluyó acuerdos de cooperación para la construcción de infraestructuras comunitarias que favorecieran la conexión económica. Todavía, la UE mantiene una política de transporte y comunicación. Desde Brasil, como potencia regional, se ha entendido eso. Uno de los esfuerzos de integración de origen brasileño fue la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica (IIIRSA), que era más un espacio de concertación de políticas de los países sudamericanos, no tuvo mayor éxito. Pese a que se plantearon proyectos de infraestructura regional, Colombia no demostró un interés estratégico en ellos, principalmente porque ha privilegiado las relaciones con Estados Unidos. Como sostiene Óscar Simmonds: “en términos regionales lo que se puede ver es una posición condicionada por parte de Colombia debido a su sujeción a los Estados Unidos, lo cual además ha hecho que Colombia opte por desarrollar una estrategia de internacionalización económica y de desarrollo infraestructural interno de carácter individual en la cual no se logra la mejor articulación con los procesos que se podrían adelantar de manera conjunta con los países de la región, especialmente de los de la sub-región Andina”. Cabe mencionar que con Brasil existe un desafío de infraestructura aún mayor: el Amazonas. La densa selva impide la construcción de proyectos de infraestructura que conecten la frontera terrestre que se comparte entre los dos países, limitando la conectividad económica solo por vía marítima o aérea. Por la vía marítima, Colombia solo cuenta con dos puertos de contenedores: Cartagena, en el Caribe, y Buenaventura, en el Pacífico. Por ello, pese a los acuerdos económicos que existen, los costos logísticos y operativos de la relación comercial con Brasil son más altos que los que hay con Estados Unidos o China. De esta forma, como una relación simbiótica, sin infraestructura no hay desarrollo de los mecanismos de integración económica y, sin estos, todavía menos esfuerzos de integración política. Respecto a lo anterior, Ana Carolina Lourenço sostiene que las relaciones económicas, por la cercanía política entre Gustavo Petro y Lula, girará entorno a temas ambientales.

Por: Katerin Erazo, Periodista Este 01 de noviembre se llevó a cabo el encuentro de apertura del Seminario Internacional Mujeres por la Inclusión Democrática, un evento que tiene como objetivo generar un espacio regional de diálogo entre mujeres lideresas latinoamericanas que contribuyen a fortalecer las capacidades de liderazgo de mujeres comprometidas con los compromisos de igualdad y equidad de género, en cumplimiento de la Agenda 2030. En este primer encuentro de apertura se reunieron mujeres de Chile, Kenia y diferentes regiones Colombia mediante una metodología de mesas de diálogo; la primera llamada Desafíos para Romper Techos de Cristal; la segunda, Defensa del Territorio; la tercera, Derechos Sexuales y Reproductivos; y la cuarta, Sistemas de Economía del Cuidado. En estas mesas de discusión se tocaron temas como las dificultades que tienen las mujeres lideresas en los espacios políticos, sociales y culturales por cuenta de la estigmatización; los peligros de ejercer liderazgos en territorios con presencia de grupos armados; la violencia contra la población LGBTIQ+; la falta de educación sexual en colegios; y la violencia intrafamiliar. Foto: Pares Bibiana Aido Almagro, representante de ONU Mujeres Colombia, abrió el espacio resaltando la importancia de la participación de las mujeres en la democracia: “no hay democracia posible si no contamos con las mujeres”, dijo. Uno de los objetivos principales que tiene la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es sumar más mujeres a la política para la toma de decisiones, pues así es como se avanzaría realmente hacia una sociedad más justa e igualitaria. Foto: Pares La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue quien dio la bienvenida a los y las participantes del encuentro, hablando de su experiencia como lideresa y mujer que participa en la política: “es justamente en mi experiencia en la política y en la participación democrática en donde he encontrado mayores resistencias y violencias […] solo hasta que fui senadora en el Congreso de la República supe lo que era la violencia machista y homofóbica en un entorno laboral”, dijo la mandataria de la capital. Foto: Pares La alcaldesa expresó que las mujeres son fundamentales en la democracia y mencionó que los hombres podrían ser partícipes de los liderazgos femeninos y en vez de hacerse a un lado, podrían involucrase más. El encuentro de hoy fue la apertura de un diálogo abierto que se realizará el día de mañana 02 de noviembre llamado Seminario Internacional Tejiendo Redes Transcontinentales de las Mujeres por la Inclusión Democrática. Este espacio contará con la participación de Susel Paredes, congresista de Perú; Manydany Salcedo, presidenta de ASIMTRACAMPIC, defensora del medio ambiente y de los derechos humanos; y Luz Nidia Finscué, defensora y lideresa del Resguardo Indígena Nasa Páez Rionegro Huila y CRIHU. El seminario se realizará este miércoles 02 de noviembre a las 10:00 a.m., en el Claustro de la Universidad del Rosario (Calle 12C No. 6-26), en Bogotá. Para el ingreso se podrá inscribir por medio de este link. Este seminario es un evento organizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Alerta Democrática, ForumCIV, Ford Foundation, Embajada de Noruega, ONU Mujeres, Universidad del Rosario, Odevida y Latinomerikagruppernar.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad La Reforma Tributaria se discute esta semana en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. La ponencia para este segundo debate fue radicada el pasado lunes 31 de octubre, con la finalidad de que sea discutida, aprobada o archivada esta semana. En primer debate, las comisiones terceras económicas conjuntas del Congreso, aprobaron 75 artículos luego de una extensa discusión. Pese a ello, para garantizar un buen puerto, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y los ponentes de la reforma se reunieron con los representantes de diversos partidos a lo largo del mes de octubre, para llegar a acuerdos. La presión sobre diversos puntos es alta, lo que ha llevado a un extenso proceso de interlocución de Ocampo con los partidos políticos. Hay unas líneas rojas que causarán mayor atención sobre el debate. Así, el texto que se debatirá esta semana tiene, entre sus cambios más importantes respecto al texto original, los siguientes: ¿Cuáles son los cambios? - Lo que se eliminó del articulado original El primero y el que más resonancia tuvo fue el del retiro del impuesto a las pensiones altas que superaran los 10 millones de pesos, ante la solicitud de diversos partidos de gobierno. Esta iniciativa gravaba al 1.2% de los pensionados, pero la campaña emprendida contra este impuesto llevó a que se cayera y su retiro fuera anunciado por Gustavo Petro. Además, sobre el articulado radicado el 8 de agosto se eliminó la celebración de los días sin IVA, la eliminación de los subsidios a la gasolina en la frontera, el impuesto a la exportación de hidrocarburos y el impuesto a algunos alimentos ultraprocesados. A esto se suma la supresión de la Ley de Economía Naranja, dejando solo los beneficios dispuestos en la Ley 1955 de 2019. - Las modificaciones sobre impuestos ambientales La sobretasa aplicable a las sociedades nacionales que desarrollen actividades de la industria extractiva solo gravará las actividades de extracción de petróleo crudo y carbón. En este punto, por la relevancia de esta extracción para la economía, se propuso la inclusión de una sobretasa con umbrales que dependen del nivel del precio internacional del petróleo crudo y del carbón. Con respecto al impuesto al carbono como mecanismo que busca mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, los beneficios para aquellos sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro, no podrá exceder la exención del 50%. A su vez, se dispone que los recursos recaudados por este impuesto tengan una destinación específica a proyectos ambientales. El impuesto sobre productos plásticos de un solo uso no aplicará si se tiene la Certificación de Economía Circular (CEC), que será reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. - Los impuestos saludables El impuesto sobre alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas se mantiene, subiendo el umbral de ingresos por la actividad de producción o importación de estos a $380 millones, cuando antes estaba en $133 millones. En el marco de las bebidas azucaradas se entienden las que tienen un grado de azúcares volumétrico superior al 0,5% vol., y a la cual se le ha incorporado cualquier azúcar añadido. En términos generales, esa definición agrupa bebidas gaseosas o carbonatadas, bebidas a base de malta, bebidas tipo té o café, bebidas a base de fruta en cualquier concentración, refrescos, zumos y néctares de fruta, bebidas energizantes, bebidas deportivas, refrescos, aguas saborizadas y mezclas en polvo. Para determinar el valor del impuesto, se hace con base al gramaje de azúcar por bebida. Así, se planteó un impuesto gradual, que comenzaría con el 10% en 2023, 15% en 2024 y 20% en 2025. Por su parte, los alimentos ultra procesados son lo que tienen un elevado contenido en azúcares añadidos, grasa total, grasas saturadas y sodio, y un bajo contenido en proteína, fibra alimentaria, minerales y vitaminas, en comparación con los productos, platos y comidas sin procesar o mínimamente procesados. - Mejora en la información de contribuyentes Para la administración, liquidación y control del recaudo, se permite que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales (UGPP) puedan intercambiar información e investigaciones. - Beneficios por inversión en investigación, desarrollo tecnológico o innovación Se establece que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) será el encargado de fijar el cupo anual para este beneficio, con el fin garantizar que este órgano supervise el sistema presupuestal. Además, por estas inversiones se podrá acceder a crédito fiscal, cuyo cupo también será fijado por el CONFIS. Se hace la aclaración de que para que grandes empresas puedan aplicar al beneficio, el proyecto de inversión debe realizarse con micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué se viene? Con los debates de Senado y Cámara se prevé una larga discusión en la que se espera que el viernes 4 noviembre, quede subsanada. Hay muchos puntos en juego y que causarán confrontación. En Senado debe conseguir 55 votos, que, a priori, tendría fácil por ser los partidos Conservador, Liberal, Alianza Verde, De la U y Comunes, partidos de gobierno. Con esos partidos se suma un total de 75 curules. Sin embargo, son estos partidos los que más se han parado en una posición. Se esperaría que lleguen a consensos y logren sacar adelante esta iniciativa. Pero los desencuentros han aumentado, en especial con el Partido Liberal, comenzando por el monto que se pretende recaudar. En cuanto a Cámara de Representantes, la reforma tributaria debe conseguir 94 votos para que avance en su aprobación. Al igual que en Senado, con los partidos de gobierno, la bancada suma 140 curules. Sin embargo, se enfrenta al mismo panorama. De Cambio Radical y Centro Democrático se espera una oposición total a la reforma tributaria, utilizando la estrategia de presión ciudadana para que no avance o se caiga. Por las mayorías que tiene el gobierno en el Congreso, no le afectará la ausencia de estos dos partidos, aunque sí le quita algo de legitimidad. Además, la campaña en contra de la reforma caldea el ambiente que, sin una estrategia de difusión por parte del gobierno, puede contribuir a aumentar el descontento general. Con ese escenario, el gobierno Petro se juega su primer gran desafío. La reforma tributaria tiene la base para los cambios, proyectos y políticas que se pretenden implementar. A la espera que se discuta esta semana, desde algunos sectores, como el mismo Cambio Radical, en cabeza de Germán Vargas Lleras, anuncian que será aprobada como está.