Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en El Banco, departamento de Magdalena, el día 25 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En un total de 20 mesas distribuidas en el espacio, los participantes entregaron las propuestas. En la mesa de la población de jóvenes fueron tratados temas como la infraestructura, el conflicto, la educación, la participación juvenil, el empleo, el emprendimiento y el ordenamiento territorial; mientras que en otra de las mesas compuesta por los gremios, se trataron asuntos relacionados con la comercialización de productos, el déficit de vivienda, la creación de una universidad con carreras afines a la región del bajo Magdalena y el mejoramiento vial regional. También en el transcurso de la jornada se habló de la necesidad de fortalecer la cultura regional, la formación y la implementación de los Acuerdo de Paz. Los participantes destacaron la importancia de realizar un ordenamiento de la actividad pesquera en el Magdalena de la mano de proyectos de energía renovable y la recuperación de santuarios ambientales. Leidy Fuentes, asistente al diálogo, dijo que: “queremos que, como comunidades, se escuchen nuestras propuestas. Que todo eso llegue a nuestras regiones, que no haya barreras. Que seamos visibilizados por un mejor futuro”. Asimismo, Miriam Madera quien llego al diálogo desde el municipio de Magangué, Bolívar, destacó estos espacios como oportunos para el pueblo que ha esperado por mucho tiempo para ser escuchado por el Gobierno. Participantes Cerca de 1.050 personas participaron en este Diálogo Regional Vinculante, provenientes de los 22 municipios ribereños del Magdalena, cinco de Bolívar y 17 del Magdalena. El colegio Lorencita Villegas de Santos fue el escenario de este espacio donde se recogieron las propuestas y proyectos de las comunidades. La ministra de Cultura, Patricia Ariza fue quien encabezó este diálogo. Ariza destacó la importancia que le da el Gobierno del cambio al pueblo con la participación de las comunidades: “no hay transformación posible sin una participación de todos los colombianos y colombianas. Este es un ejemplo de que vamos a escucharlos y hacer que la voz de todos los municipios se oiga”. También este espacio contó con la participación del alcalde del municipio El Banco, Roy García, quien mencionó: “veamos cómo el gobierno del presidente redescubre el río, cómo empieza, a través de estas mesas, a hacer partícipe del desarrollo a las comunidades y al pueblo, a quienes tienen las necesidades”, además expresó que los alcaldes son “simples integradores”. Contexto de la subregión En la mayoría de los pueblos ribereños del río Magdalena las familias sostienen su economía de la pesca artesanal, con la dificultad de que año tras año sufren de inundaciones por el crecimiento desmedido del afluente, que además les impide realizar sus tareas diarias. Su economía está centrada principalmente en las actividades agropecuarias, ganaderas, turísticas y portuarias. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno del Magdalena, uno de los problemas que requiere mayor atención en esta subregión es el de la salud, puesto que por la corrupción administrativa que se vivió, se registran varias deudas con hospitales del mismo departamento y de otras ciudades de la Costa. Según el Dane, en el país el índice de necesidades básicas insatisfechas es del 27%, mientras que en el Magdalena ascienden a 47,6%. El conflicto armado en Magdalena se desarrolla desde la década de los 70, primeramente con la conformación de grupos paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta llamados “Los Chamisos”. En los 80 se empieza a haber presencia guerrillera, cuya primera aparición, según Nicolás Hernández, investigador de la Línea de Seguridad y Convivencia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), fue por parte de las FARC- EP en 1982 con el Frente 19 que operaba entre los departamentos de Cesar y Magdalena, con el fin de controlar la troncal de oriente. Para 2001 se da un enfrentamiento entre grupos paramilitares del Bloque Norte, liderado por Jorge 40, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, los cuales enfrentaron a la estructura de Hernán Giraldo. Actualmente en el Magdalena hay presencia del Clan del Golfo.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Maicao, municipio ubicado en el sur oriente del territorio peninsular guajiro, el día 25 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Durante la jornada el Gobierno recibió 65 propuestas en físico y 172 de manera digital, para un total de 237 propuestas recibidas. Los temas dialogados fueron entorno a la migración, derechos humanos, comercio, seguridad, salud, defensa y educación. Una de las principales propuestas fue la construcción de un puerto internacional en la Alta Guajira, con el fin de facilitar la exportación de productos colombianos hacia Estados Unidos y Europa. Un docente que asistió a este espacio dijo: “no nos podemos olvidar que La Guajira es un punto geoestratégico dentro del continente, por lo tanto, seríamos un puerto ubicado como principal ingreso y salida de mercancías para el resto del mundo”. Otra de las propuestas fue la construcción de una vía alterna que conecte a Maicao con Paraguachón, según los participantes esto ayudaría a impulsar el comercio binacional. En la mesa de la comunidad de la Alta Guajira propusieron permitir el suministro del agua proveniente del río Ranchería, el cual es uno de los más importantes del departamento, esto con el fin de la reactivación del agro, la ganadería y el beneficio de las comunidades indígenas. “Le puede dar una oportunidad de sostenimiento a la tarea de la siembra, la cría ovina y la caprina, que es uno de los fuertes del departamento”, mencionó el líder indígena, Elier Castillo. Participantes Se registraron 1.113 personas de la frontera con Venezuela, especialmente de los municipios de Albania, Manaure, Uribia y Maicao. El espacio contó con la participación de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano; el consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco; el alcalde de Maicao, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj; el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez; el alcalde de Manaure, Elven Manuel Meza Barros; el alcalde de Albania, Néstor Alfonso Sáenz González y el director de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de Planeación, Fernando Henao. Durante las intervenciones, la ministra de Vivienda mencionó que en la jornada fueron creadas 13 mesas poblacionales en temas como indígenas, infancia, juventud, mujeres, LGBTIQ+, afrocolombianos, campesinos, víctimas, personas con discapacidad, gremios y empresarios. También señaló que: “la propuesta que tenemos para las comunidades es que de manera conjunta, en equipo, uniendo esfuerzos, podamos rehabilitar las infraestructuras abandonadas y de esta manera se puedan poner a funcionar”. La ministra Velasco añadió que el Gobierno trabajaría en una de las problemáticas que más afecta la zona: el agua, y es por esto que invitó a la comunidad a que juntos saquen adelante este problema. Foto: DNP Contexto de la subregión La Guajira es uno de los departamentos con más retos sociales y económicos en Colombia, pues según cifras de 2020, el departamento cuenta con 1’093.671 habitantes, de los cuales el 69% viven en condiciones de pobreza monetaria, esta cifra representa el 3,9% de personas en condición de pobreza en el país. Esta subregión ha tenido presencia de grupos armados ilegales, pues para el año 2012 la guerrilla de las FARC, con el Frente 59 y en menor medida los Frentes 19 y 41, hicieron presencia en la Guajira, al igual que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Para 2020 La Guajira fue uno de los departamentos donde las estructuras criminales fortalecieron las operaciones de trata de personas, aprovechándose de la vulnerabilidad de la población migrante. Dentro del municipio de Maicao también se identificaron redes de trata de personas con fines económicos, que movilizaban a los migrantes hacia La Guajira y departamentos aledaños. Las condiciones de la zona también han generado un aumento del desplazamiento forzado, principalmente en los municipios de Maicao, Albania y Fonseca, el principal actor involucrado en este fenómeno ha sido el ELN. Actualmente en La Guajira hacen presencia grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN. La Guajira siempre ha sido un territorio con dinámicas complejas históricamente abandonado por el Estado. Con este Diálogo Regionale Vinculante se espera que el nuevo Gobierno realmente se disponga para este territorio que ha sufrido de violencia y pobreza.

Por: Línea de migración región y frontera 50 jóvenes de Cúcuta y su área metropolitana participaron en el taller La Juventud en La Juega, organizado por Ayuda en Acción, la Alcaldía de Cúcuta y la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). El encuentro tuvo como objetivo promover la participación de los jóvenes en los Diálogos Regionales Vinculantes convocados por el Gobierno Nacional para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. La actividad contó con la participación de organizaciones juveniles como Frontera Morada, Meztina Comunidad, proyecto SUMA, la Plataforma Departamental de Juventudes, El Bohío y Jaime Garzón. Asimismo, con la comunidad LGTBIQ+, población afrocolombiana, líderes de las Juntas de Acción Comunal y jóvenes de Banco de Arena y Palmarito, zona rural de Cúcuta. Los participantes se organizaron en seis mesas de trabajo: empleabilidad y emprendimiento; acceso a derechos; género y diversidad; migración e integración socioeconómica; arte cultura y deporte; y participación ciudadana y construcción de paz. Una vez instalados, los jóvenes priorizaron problemas y causas, para, posteriormente, plantear propuestas de solución en relación a cada una de las áreas abordadas. El taller posibilitó la construcción de un documento que reúne la lectura del territorio desde la mirada de los jóvenes, permitiendo que el 27 de octubre, en el Diálogo Regional Vinculante de Cúcuta, jóvenes delegados del Taller La Juventud en la Juega presenten los resultados del encuentro. Fotos: Pares

Por: María Victoria Ramírez El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez cumple con otro de los puntos del programa de gobierno del capítulo titulado El cambio es con las mujeres. Citaré textualmente: “con el fin de articular todas las políticas para el empoderamiento integral de las mujeres, las diversidades de género y orientación sexual, generacionales, étnicas y regionales en Colombia, crearemos el Ministerio de la Igualdad. Esto implica la generación y la articulación de las políticas públicas y los recursos para asegurar la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres en todas sus diversidades, entre los grupos étnicos (campesinado, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y rrom) y el conjunto de la nación, entre las generaciones (infancia, jóvenes, adultos, adultos mayores); la erradicación de todas las violencias contra las mujeres, la población LGBTIQ+ , la infancia, juventud y los adultos mayores; y la transversalización de las políticas de igualdad con enfoque interseccional en todo el accionar estatal. En este marco, garantizaremos condiciones de igualdad a todas las poblaciones en situación y condición de vulneración de derechos: las víctimas, las personas con discapacidad, los habitantes de calle, entre otros. Este ministerio liderará el Sistema Nacional de Cuidado” [1]. Efectivamente, el día 18 de octubre, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente, la vicepresidenta y el ministro del interior, radicó el proyecto de ley 222 de 2022 por medio del cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones. El objeto de este nuevo ministerio es “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados y marginados” [2]. El proyecto consta de 12 artículos y define un ámbito de competencia del ministerio de las siguientes poblaciones: mujeres en todas las diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescencientes, negros, raizales, palequeros, indígenas y rrom, campesinos y campesinas, niños, niñas, adolescentes, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, personas con discapacidad, habitantes de calle y territorios excluidos. La exposición de motivos para la creación del ministerio se desarrolla a lo largo de 20 páginas, contiene datos estadísticos sobre pobreza e inequidad, con enfoque de género y étnico, antecedentes constitucionales y jurisprudenciales, contexto internacional, experiencias internacionales y tendencias [2]. Sin embargo, me parece interesante traer algunos apartes del discurso del presidente en el acto de radicación del proyecto de ley para entender cómo pretende aclimatar el tema entre los congresistas, pero además relacionar estrechamente la reforma tributaria con la búsqueda de la igualdad [3]: “Aquí, en este salón que llaman Salón de la Constitución, varias veces he hecho referencia al mural que está allá arriba, seguramente pintado por un hombre…tiene que ver con la Constitución de 1886, no la del 91, algo anacrónico. Como verán allí no hay mujeres. Quizás, si acaso, atrás hay unas mujeres monjas…es un mundo de hombres...es un mural de la desigualdad. La mentalidad de las élites que han gobernado a Colombia no ha tenido en cuenta un concepto que es clave en la modernidad en todo el planeta: la igualdad. En mi opinión, el principal problema de Colombia. El tema de la igualdad no solo no aparece en el mural, no aparece en la prensa de hoy. La igualdad es por lo cual se ha luchado en los últimos siglos. Es la esencia de las luchas progresistas. Sin embargo, a la francesa que más luchó por la igualdad, los franceses le quitaron la cabeza, como un síntoma de lo que vendría después. En una de las sociedades más desiguales del mundo, la sociedad colombiana, hay quienes se preguntan por qué una reforma tributaria que busca la igualdad, en la región socialmente más desigual del mundo. La reforma tributaria debe ser pensada para la igualdad. ¿Por qué hay tanta violencia? Porque no hay igualdad. Para que la sociedad colombiana pueda superar sus principales problemas tiene que construir igualdad. Este proyecto busca crear una institucionalidad para la igualdad. La primera gran tarea es lograr la igualdad de la mujer en la sociedad, no solo económica, igualdad integral. Igualdad tiene que ver con los territorios de Colombia. ¿Por qué Chocó con índices de desnutrición como el de los países más pobres del mundo? ¿Por qué mueren por falta de agua potable? ¿Por qué la inmensa mayoría de los viejos y viejas no pueden aspirar a una pensión? ¿Por qué tanto problema para que en la Constitución del 91 apareciera la palabra campesino y campesina y sus derechos, si la tercera parte de la población en Colombia es campesina y casi todos somos descendientes de labriegos? ¿Por qué el tema de la igualdad es tan silenciado en la discusión pública de Colombia? Porque las relaciones de poder se han construido así...porque existe una mentalidad que se hereda proveniente de los hombres dueños de esclavos que aún ejercen el poder en Colombia. Luego de las enormes masacres y sacrificios humanos de las dos guerras mundiales, Europa aprendió la palabra libertad y la palabra igualdad. Coincide en las estadísticas el período de construcción de igualdad con el período de mayor prosperidad económica. Al cabo de 30 años, cuando Europa vuelve a un período de desigualdad, otra vez la recesión, el estancamiento económico que hoy se cierne como una especie de tormenta sobre nosotros. Cuando se llega a mayores niveles de desigualdad lo que aparece son la pobreza, el estancamiento, el hambre y la guerra. Y ahora Europa es ejemplo de ello. Y no puede ser el ejemplo de Colombia y de América Latina. El ministerio tiene que ser un instrumento permanente para que en los debates de la administración, del Congreso y de la sociedad, no se olvide la palabra igualdad y que esté en el centro del debate. Estoy absolutamente convencido que si logramos reducir el índice Gini y la población empieza a sentirse en una sociedad que la reconoce, que le da poder al excluido como nunca antes lo había tenido, la opción de la paz se vuelve real, la posibilidad de ser una sociedad moderna es cierta, la posibilidad de ser una democracia multicolor se puede tocar con las manos. Respuesta a la crisis económica: más y más igualdad. Respuesta a la violencia: más y más igualdad. Respuesta a la crisis de los derechos y libertades de las personas: más y más igualdad”. Quiero detenerme en un elemento del proyecto de ley que para mí reviste una gran importancia y es la creación del Sistema Nacional de Cuidado, que tiene como objeto reconocer, reducir, redistribuir y recompensar el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado, a través de un modelo corresponsable entre familias entendidas en su diversidad, el Estado, la sociedad, el mercado, hombres y mujeres para compartir equitativamente las responsabilidades respecto a dichas labores y superar, entre otras, la división social del trabajo. Hay que recordar que esta discusión de la economía del cuidado la ha visibilizado el movimiento y las teóricas feministas, que han llamado la atención alrededor el hecho de que buena parte de las mujeres hoy trabajan fuera del hogar y siguen asumiendo labores domésticas o de cuidado, cosa que limita la participación plena de las mujeres en la economía, pero además tiene implicaciones en la salud física y mental de las mujeres por la sobrecarga que ello implica. Como lo expresaba coloquialmente alguna feminista: el problema es que las mujeres salieron de la casa a trabajar, pero lo hombres no entraron. Lo anterior se puede ilustrar con cifras del DANE: de acuerdo con los datos recolectados en sus encuestas de 2012 y 2017, las mujeres colombianas dedican 31 horas semanales a tareas de cuidado no remuneradas, lo que representa el 78% de su jornada laboral, mientras que los hombres, dedican menos de la mitad del tiempo a las mismas actividades. Traigo una definición al respecto que presenta un artículo presentado en la reunión anual de 2022 del Foro Económico Mundial [3]: “la economía del cuidado comprende aquellas actividades que las personas realizan a diario, muchas veces en los hogares, incluidas las tareas domésticas o el cuidado de otras personas, como bebés o ancianos. Estas tareas, como limpiar la casa o comprar comestibles, generalmente no se pagan, y aún menos se consideran productivas. Lo interesante de este artículo y que puede iluminar la discusión que hoy empieza a dar el país alrededor de la creación de este ministerio y el Sistema Nacional de Cuidado, es que en la economía del cuidado puede haber una oportunidad no solo para reducir la brecha de género sino para la creación de empleos. Desde 2010 una ley le asignó al DANE la tarea de calcular la economía del cuidado para sus ingresos potenciales. Esta ley permitió que la economía del cuidado se insertara en la contabilidad nacional y significó que el DANE la midiera por su potencial impacto en el PIB del país. Así, por primera vez en la región, los quehaceres y tareas que se realizan en el hogar se analizaron desde una perspectiva económica. La ley también amplió el concepto de economía del cuidado, que hasta ese momento se circunscribía solo a las actividades propias del cuidado y no incluía otras tareas como la compra de mercado y otros insumos que requieren las familias. Esa publicación trae conclusiones muy sorprendentes alrededor del potencial económico del sector de la economía del cuidado: “diez años después de la primera medición, el boletín técnico 2020 reveló que la economía del cuidado equivaldría a alrededor del 20% del PIB colombiano, que en 2014 superó los 380 mil millones de dólares. Según esta lectura, la economía del cuidado se situaría por encima de los sectores financiero y agrícola en la clasificación del producto bruto. Si bien estas cifras sugieren que la economía del cuidado juega un papel fundamental en el quehacer cotidiano de los colombianos, muchas de estas tareas no son reconocidas como productivas ni consideradas como trabajo. La importancia de este sector invisible en la sociedad colombiana apunta a una oportunidad para sacar la economía del cuidado de un mero círculo familiar y transformarla en una industria productiva formal”. El debate sobre el Ministerio apenas comienza, habrá oportunidad de que intervengan los distintos sectores de la sociedad, sobre sus alcances y recursos destinados para su funcionamiento, entre otros. Es una gran oportunidad para hablar públicamente y con cifras de lo que se ha considerado privado: el trabajo doméstico y los roles de género, hoy ya no solo desde los foros de las organizaciones de mujeres, sino teniendo como interlocutor al Gobierno Nacional. Definitivamente un Sistema Nacional de Cuidado tiene una validez ética por ser el reconocimiento de un trabajo menospreciado e invisible, pero absolutamente indispensable para la reproducción y sustento de la vida. Referencias [1] G. P. y. M. F. Márquez, «Programa de gobierno: Colombia potencia mundial de la vida,» Bogotá, 2022. [2] Minsterio del Interior, «Proyecto de ley 222 de 2022,» Ministerio del Interior, Bogotá, 2022. [3] Presidencia de la República - Colombia, «Radicación del proyecto de ley por medio del cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad,» 18 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=lbplComAl-4. [Último acceso: 25 octubre 2022]. [4] World Economic Forum, «Care economy: an opportunity to create jobs and close the gender gap,» 22 05 2022. [En línea]. Available: https://www.weforum.org/agenda/2022/05/care-economy-gender-gap-davos22/#:~:text=The%20care%20economy%20comprehends%20those,even%20less%20are%20considered%20productive.. [Último acceso: 25 10 2022]. 

Por: Guillermo Lineros Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda A propósito de las encuestas que miden la aceptación o el rechazo a los presidentes, la última realizada por Datexco registra que la imagen del presidente Gustavo Petro –no su gestión de gobierno– viene en descenso y ya está por debajo del 50% en respaldo popular. En lógico efecto, algunos uribistas están aprovechando este reporte para recordarnos que en el primer gobierno del expresidente Uribe, distinto a lo que está ocurriendo con el presidente Petro, siempre que su imagen era sometida a las encuestas, indefectiblemente subía en favorabilidad y así sucedió también en su segundo mandato. Un fuerte contraste entre la generosa favorabilidad concedida por los electores a la imagen de Uribe y la tímida favorabilidad dada a la imagen de Gustavo Petro. Un contraste que suscita sorpresa; pues, a todas luces, configura una incoherencia de la realidad política, si tenemos en cuenta que los electores, conformados la mayoría de ellos por trabajadores y campesinos –y no por empresarios ni industriales– eran quienes entonces le daban luz verde al expresidente Uribe, y son quienes ahora se la niegan al presidente Petro. Y llama la atención porque dichos electores, de clase popular, a ojos cerrados vanagloriaban al expresidente Uribe, habiendo sido sus políticas, qué paradoja, concebidas contra los intereses de los trabajadores –recordemos el estiramiento del día para que los dueños de negocios no les pagaran a sus empleados parte de las horas nocturnas– y contra los campesinos –basta decir que los mayores desplazamientos coinciden con sus dos gobiernos y con la entrega de tierras a mafiosos y a oscuros “terceros de buena fe”–. Por su parte, Gustavo Petro, si bien no le ha cerrado las puertas al empresariado ni a los industriales, sí ha privilegiado las causas sociales en favor de los trabajadores (se restablecerá, por ejemplo, el llamado “recargo nocturno”) y sí ha privilegiado las causas sociales en favor de los campesinos (el Estado está comprado tierras que les entregará para que las pongan a producir). Actuaciones benévolas que obviamente causan malestar en sectores como la banca o los representados por la Andi –cubil felino de industriales y empresarios–, cuyos agremiados se resisten a compartir en justicia las riquezas que por ser del país pertenecen a todos los colombianos. También llama la atención, en el contraste de la alta aceptación al expresidente Uribe y de la mediana aceptación al presidente Petro, que durante los gobiernos del primero, a los hijos de los trabajadores y de los campesinos –esos que le inflaban la imagen y el ego a Uribe– los estaban matando para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate (si la JEP ha comprobado la existencia de 6.402 muertos, el sentido común nos indica que han de ser más de 10 mil; porque ha de haber muchos responsables que están guardando silencio acerca de sus crímenes, como muchos los jóvenes desaparecidos y de quienes todavía nada informan las autoridades). Lo cierto es que mientras en el gobierno de Uribe ocurría semejante atrocidad contra los jóvenes –repito que hijos de trabajadores y campesinos–, en el gobierno de Gustavo Petro se están preocupando por despejarles el futuro intelectual y laboral y por asegurarles la dignidad. Mientras que Uribe los amenazaba públicamente mandándolos a callar, cuando le protestaban con fundadas razones; Petro no solamente busca la manera de perdonarlos por haberse levantado en contra del anterior gobierno, sino además lo hace consciente de la responsabilidad que le recae como gobernante de un Estado que venía siendo maltratador de jóvenes. En ese contraste entre la favorabilidad de la imagen de Uribe y la de Petro, también llama la atención que la mayoría de la gente haya estado en favor del primero, como si desconocieran que cuando Uribe gobernaba se perseguía a críticos y denunciantes. Mientras que en el gobierno de Gustavo Petro los periodistas han recibido claras garantías y han sido replicadas sus aseveraciones cuando estas han sido noticias falsas. En los gobiernos de Uribe no hubo periodista –excepto los que eran adeptos del uribismo o sumisos del gobierno– a quien, tras haberlo increpado sobre sus asuntos ‘legales’, este no hubiera perseguido atrozmente, como lo hizo con Daniel Coronell, no lo hubiera insultado y humillado, como hizo con Alejandro Santos, o no lo hubiera tratado de guerrillero, como hizo con tantos otros. Para resaltar un contraste final entre Petro y Uribe, cabe decir que las encuestas no reflejan, por ejemplo, que Uribe haya estado señalado por acciones delincuenciales y muy ligado a personajes que hoy están en las cárceles de los Estados Unidos o de Colombia, o que se encuentran presos o huyendo del país para no darle la cara a la justicia; pero las encuestas tampoco reflejan que a Petro no se le haya podido, ni con entrampamientos como el de la bolsa negra, demostrar falta de ética o incoherencia moral. Por todo eso no deben asombrarnos las encuestadoras, sino los encuestados. ¿En qué país viven?, ¿con qué prisma traslucen la realidad que tan evidente pasa ante nuestros ojos? ¿Qué hay detrás de su obnubilación?: ¿simple ignorancia?, ¿manejo neurolingüístico o presiones de patrones contra sus empleados?, ¿a qué se debe esa falta de percepción colectiva? Yo no dudo que la gran responsable sea la ignorancia. La falta de educación, no por culpa de los educadores, sino por culpa de la administración pública y su escasa cobertura escolar. Aun así, en Colombia no solo faltan escuelas y maestros, sino hogares con la mínima capacidad económica para alimentar bien a sus hijos y dotarlos de los utensilios escolares necesarios y, por supuesto, con capacidad económica para proporcionarles la tecnología que hoy en día se requiere para estudiar y que, justamente, el reciente gobierno uribista –porque el duquismo es un ala boba del uribismo– evaporó con la pérdida de setenta mil millones de pesos que servirían como punto de partida para llevarles por fin tecnología a las niñas y niños más necesitados del país. Las encuestas solo dirán la verdad de la realidad política el día en que los encuestados sean fieles a su propia opinión, intelectualmente formada, y cuando no teman decir lo que en verdad perciben y sienten, como advertidos que son y no como obnubilados o arrebañados. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad El 24 de octubre, con 61 votos a favor y 13 en contra, fue aprobado en la plenaria de Senado en tercer debate el proyecto Ley 160/22 en Cámara y 181/22 en Senado “por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones”, que tiene como objeto definir la política de paz de Estado que busca consolidar la política de Paz Total planteada por el Gobierno Nacional. Las modificaciones a la Ley 418 las hacen todos los gobiernos para poder establecer un marco de acción para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. ¿Qué se eliminó? Por decisión del Gobierno Nacional, luego de varias reuniones con la bancada oficialista, se eliminaron los artículos 16 y 17, los cuales en su momento causaron polémica entre los congresistas y algunos sectores de la opinión pública debido a que se otorgaban indultos a integrantes de las primeras líneas que fueron capturados y judicializados en el marco del Paro Nacional. Al igual que también se le otorgaban facultades al presidente de la República para diseñar el marco normativo para el sometimiento a la justicia de grupos delincuenciales. Estos artículos, según lo anunciado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, serán presentados en un proyecto de ley aparte. Al igual que los artículos 16 y 17, la creación del Servicio Social para la Paz como mecanismo complementario al servicio militar obligatorio se cayó en la plenaria del Senado. Pero a diferencia de los ya mencionados artículos, el Servicio Social para la Paz buscará sobrevivir en el cuarto y último debate, que se está dando en la plenaria de la Cámara de Representantes. En caso de que se apruebe en Cámara, deberá pasar a una Conciliación entre Cámara y Senado. ¿Qué se aprobó? Gran parte del articulado presentado por el Gobierno Nacional fue aprobado en la plenaria del Senado. Entre los artículos que más sobresalen se encuentra el artículo 2, el cual abre la puerta al Gobierno para dar inicio a procesos de negociación de paz con grupos que tienen agenda política, en este punto pareciera que la negociación sería exclusivamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además de esto, con este artículo se permite empezar los procesos de acercamiento para sometimiento a la justicia con organizaciones criminales, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bandas criminales urbanas como la Oficina en la zona del Valle de Aburrá, el Clan del Golfo y otras disidencias paramilitares. Pese a lo anterior, según el ministerio del Interior, Alfonso Prada, sería el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien definiría las condiciones en que se va a negociar con cada uno de los actores violentos. Lo anterior abre la pregunta sobre si también se negociaría con las disidencias de las FARC o estas solo estarán cubiertas bajo la figura se sometimiento. Adicionalmente se aprobó la creación de la figura de “Regiones Paz” que, según el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, son grupos de municipios donde el Estado invertiría recursos para su desarrollo social. Estas “Regiones Paz” entrarían a complementar las zonas más afectadas por el conflicto armado, ZOMAC y las 16 subregiones PDET, que agrupan 170 municipios. Se crearía el Gabinete para la Paz, donde el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, jugaría un rol fundamental. Este gabinete permitiría que los ministros puedan articularse para adelantar acciones encaminadas hacia la solución de problemas estructurales del conflicto armado, lo que en la práctica aún está por verse cómo funcionaría. También se consolidarían las Zonas Veredales de Ubicación con el objetivo de llevar a cabo los procesos de dejación de armas, en una etapa más avanzada de diálogos y sometimiento a la justicia. Por último, se crearía la figura de los “Acuerdos Parciales”, los cuales permitirían desarrollar aspectos de la mesa técnica sobre el cese multilateral al fuego. ¿Qué hace falta? La prórroga a la ley 418 o Ley de Orden Público fue presentada como ley ordinaria, por lo que tiene que surtir cuatro debates. Uno en Comisión Primera de Senado, uno en Comisión Primera de Cámara, uno en plenaria de Senado y otro en plenaria de Cámara. Los tres primeros debates ya fueron surtidos, de hecho, los debates de Comisiones se dieron a la vez en la figura de Comisiones Conjuntas. Para que se apruebe la prórroga de esta ley hace falta su aprobación en la plenaria de la Cámara. Después de ello, si el texto aprobado en plenaria de Cámara es diferente al que fue aprobado en plenaria de Senado, debe pasar a Conciliación. Esta conciliación se da entre Comisiones Accidentales de Conciliación tanto de Cámara como de Senado compuesta por varios congresistas que son seleccionados por la Mesa Directiva de ambas Cámaras. La finalidad de esta conciliación es presentar un único texto para que pase a sanción presidencial y a revisión de la Corte Constitucional. Además de esto, para el sometimiento de la justicia de los grupos delincuenciales hace falta la presentación de una ley que contemple los mecanismos jurídicos de sometimiento. Dicha ley, según lo dicho por el gobierno y su bancada será presentado en las próximas semanas. El Gobierno Nacional espera que el proyecto que modifica y prorroga la Ley 418 sea aprobado y les otorgue vía libre para iniciar los procesos de negociación entorno a la construcción de paz: negociaciones de carácter político para negociar con el ELN y acuerdos de acogimiento a la justicia para negociar con organizaciones criminales. En caso de aprobarse esta ley, desde noviembre se instalaría la mesa de negociación con el ELN, con lo que se haría un nuevo intento de desarmar a la última guerrilla colombiana.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Buenaventura, Valle del Cauca, el día 21 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Los participantes se distribuyeron en cada una de las 18 mesas en las que entregaron sus propuestas y proyectos. Durante el diálogo se tocaron temas como la reparación integral del puerto del Pacífico en todos sus componentes como: reparación individual y colectiva; retornos y reubicaciones; atención y asistencia. Otro de los temas tratados fue la implementación de un piloto de reparación integral para la Paz Total en Buenaventura, también la concertación con sujetos de reparación colectiva a través de un plan de choque, el cual permitirá implementar las medidas contempladas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva Étnicos y no Étnicos. La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, señaló que: “se realizará un trabajo de valoración y registro para la inclusión y reconocimiento de sujetos de reparación colectiva urbanos, además se atenderán a las comunidades que se encuentran confinadas y se impulsarán los planes de retorno y reubicación”. Tobón también mencionó que se sumarán a la ruta de prevención y atención humanitaria que atenderá a las víctimas del conflicto armado de esta zona de influencia. Participantes Durante este diálogo participaron cerca de 2.000 personas provenientes del litoral de San Juan (Chocó) y de Buenaventura. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, fue la madrina del encuentro que se realizó en la Institución Educativa Teófilo Roberto Potes. Este Diálogo también contó con la participación de la consejera presidencial para la Mujer, Clemencia Carabalí; la viceministra de Energía, Belizza Ruiz; la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí; el alcalde encargado de Buenaventura, Orlei Mauricio Aguirre Obando; el alcalde del litoral de San Juan, Elio Carlino Moreno, y también hicieron presencia representantes de la Iglesia católica y cristiana y los líderes y lideresas sociales y étnico-territoriales. La directora de la Unidad para las Víctimas durante su intervención anunció que la Unidad revisará los compromisos derivados de las mesas de concertación con las comunidades y los acuerdos que surgieron en el Acuerdo del Paro Cívico de Buenaventura pactados desde 2017. La vicepresidenta de la República destacó la importancia de estos espacios e invitó a los bonaverenses a sumarse en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, “el cambio es la comunidad, es el pueblo colombiano que decide escribir una nueva historia de cambio y transformación”, agregó. También reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional con la Paz Total, con el fin devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Contexto de la subregión Las grandes problemáticas que ha vivido y aún vive este distrito portuario son el narcotráfico, la extorsión, la violencia, la falta de servicios públicos y la ausencia de educación competitiva y de oportunidades laborales, que al final convergen en un mismo punto: la pobreza. Según Dennis Huffington, investigador territorial de la Oficina del Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Buenaventura se encuentra en una compleja situación humanitaria desde el 30 de diciembre de 2020, cuando la denominada banda “La Local” se fragmentó en dos facciones que se enfrentan en una disputa sin cuartel. En la división de la banda se crearon dos subgrupos: “Los Shottas”, dirigidos por “Los Bustamante”; y el segundo “Los Espartanos”, cuyo cabecilla es alias “Mapaya”. El año pasado (2021) se registraron 194 homicidios, en su mayoría de jóvenes; más de 2 mil personas en condición de desplazamiento; 4 casos conocidos de violencia sexual contra mujeres; y 138 enfrentamientos entre las facciones o con la fuerza pública. A las confrontaciones entre las facciones de la banda “La Local”, se le suma la incursión de grupos PostFarc al casco urbano, específicamente en la urbanización San Antonio, en la comuna 12, por la antigua vía al mar. En la zona rural, la situación es igual de crítica, en especial en las cuencas de los ríos Raposo, Cajambre, Yurumanguí, Zaragoza, San Cipriano, Sabaletas, Llano bajo y Bajo Calima. En Yurimanguí, según Huffington, hay un temor por lo que parece la posible llegada de la Nueva Marquetalia al corregimiento. A inicios de este año (2022) la crisis humanitaria en el distrito se agudiza, debido a las disputas armadas que se presentan en el territorio. El último territorio afectado es Bajo Calima, donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN llegaron desde San Juan (Chocó) a tomarse la entrada norte del municipio sin ninguna resistencia por parte de las instituciones de seguridad del Estado. Según Dennis Huffington de Pares, el Bajo Calima llevaba 4 años bajo el control ilegal del ELN. El 23 de noviembre del año pasado se presentó la primera incursión armada de las AGC hacia la Vereda el Guadual, parte norte del corregimiento de Bajo Calima, ahí fueron interceptados por el ELN; el enfrentamiento produjo el desplazamiento de aproximadamente 87 familias de las veredas Guadual, Ceibito y la Esperanza.

Por: Redacción Pares El próximo miércoles 02 de noviembre a las 10:00 a.m., en el Claustro de la Universidad del Rosario (Calle 12C No. 6-26), se llevará a cabo el Seminario Internacional Tejiendo Redes Transcontinentales de las Mujeres por la Inclusión Democrática. La entrada es libre previa inscripción aquí. El encuentro tiene como objetivo generar un espacio regional de diálogo entre mujeres lideresas latinoamericanas que contribuyen a fortalecer las capacidades de liderazgo de mujeres comprometidas con la ampliación del espacio cívico y los compromisos de igualdad y equidad de género, en cumplimiento de la Agenda 2030. Este espacio contará con la participación de Claudia López, alcaldesa de Bogotá; Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia (falta por confirmar); Susel Paredes, congresista de Perú; Manydany Salcedo, presidenta de ASIMTRACAMPIC, defensora del medio ambiente y de los derechos humanos; y Luz Nidia Finscué, defensora y lideresa del Resguardo Indígena Nasa Páez Rionegro Huila y CRIHU. Este es un evento organizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Alerta Democrática, ForumCIV, Ford Foundation, Embajada de Noruega, ONU Mujeres, Universidad del Rosario, Odevida y Latinomerikagruppernar. Los esperamos.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Una promesa fundamental del Gobierno del Cambio para los jóvenes era la eliminación del Esmad. Cuestión sobre la que escribimos en otro artículo y que nos ha quedado claro, no pasará, al menos en un corto y mediano plazo. Ayer también se cayó la eliminación del servicio militar obligatorio. Otra de las promesas que en campaña Petro hizo a los jóvenes y un componente que hacía parte del marco legal para la Paz Total, con el que se buscaba reemplazar este por un servicio social en concordancia con la paz. La semana pasada, el artículo que buscaba un indulto a los jóvenes de las primeras líneas del estallido social, también se cayó. Ni eliminación del Esmad, ni del servicio militar obligatorio, ni indulto. Un efecto dominó sobre la seguridad y protección a la vida de los jóvenes y los ciudadanos que supondrá más años de lucha y discusión, refinar el debate e incluso pactar con sectores conservadores, pensar a mediano plazo con menos inmediatez y más cabeza fría. Entonces a los jóvenes del país, por ahora, solo les queda una salida, de la que poco se habla, pero que en su momento ha sido una herramienta consagrada en la Constitución, la objeción de conciencia. Al respecto existe la Ley 1861 del 4 de agosto de 2017, que dice en su artículo 77: “Para ser reconocido como objetor de conciencia al servicio militar obligatorio se deberá presentar solicitud ante la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia, en la cual se deberá manifestar por escrito o en forma verbal su decisión de objetar conciencia. En la solicitud se expondrán los motivos para declararse objetor. Esta solicitud se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento”. Este párrafo, que contiene una información de vital importancia para los muchachos de últimos grados de los colegios del país, no es mencionado en las instituciones educativas al momento de hablarles de la obligatoriedad del servicio militar. La objeción de conciencia es un tema que el 90% de los jóvenes en los colegios no conocen, ni siquiera se imaginan. Continúa la ley: “Las razones éticas, religiosas o filosóficas que resultan incompatibles con el deber jurídico cuya exoneración se solicita”. Es decir que un muchacho cualquiera, solicitado por el Ejército u otra instancia de la fuerza pública, tiene el derecho pleno de objetar el reclutamiento por el solo hecho de ser nacido en territorio colombiano, esgrimiendo razones de carácter ético o de otra índole. Bastaría entonces con citar el derecho a la vida consagrado en la Constitución para que la objeción sea favorable. De no ser suficiente, dado el carácter autoritario y poco respetuoso de los derechos humanos por parte de los miembros de la fuerza pública, dicha objeción de conciencia puede respaldarse en organizaciones defensoras de derechos humanos, iglesias, ONG, entre otras, que apoyen y sustenten el derecho que tiene la persona a no presentarse a las filas del Ejército. El país se ha resistido a eliminar la obligatoriedad del reclutamiento a jóvenes en las filas del Ejército. Un sinnúmero de muchachos, en su mayoría de las clases bajas, arriesgan sus vidas por un servició a al país, servicio que es poco reconocido al momento de su finalización. No queda más que objetar conciencia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Desde el 8 de agosto de 2022, la reforma tributaria que propone el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, se encuentra en el Congreso de la República. Allí se radicó, bajo los proyectos de Ley No. 118 de 2022, ante la Cámara de Representantes, y el 131 de 2022, ante el Senado de la República. Durante estos dos meses y medio se han dado las primeras discusiones desde las respectivas comisiones terceras conjuntas –especializadas en lo económico– de Cámara y Senado. Y el pasado 6 de octubre fue aprobado, en primer debate, la propuesta de reforma, con un nuevo texto que contiene 27 artículos nuevos y otros suprimidos. Resultado que se dio de los acuerdos entre los proponentes –los miembros del Congreso– y el ministro Ocampo. Y a que el Gobierno supo escuchar las recomendaciones de diversos agentes que mostraban los inconvenientes de algunos artículos, como las de la comunidad internacional, que insistieron en quitar la propuesta de los días sin IVA, ya que excluir a productos foráneos del alivio tributario atenta contra el derecho a la competencia y los tratados de comercio internacionales. En breve, fueron modificaciones –moderadas– que representan para los ingresos del Estado una reducción de tres billones –se pasó de 25 billones de pesos a 22–, pero que en definitiva lo que hacen es reducir los ingresos para que el Gobierno realice las inversiones sociales para el año 2023 y de allí en adelante, lo que afectará cada vez más la propuesta inicial del gobierno Petro. A pesar de esta modificación –en más del 10% de los ingresos– se puede decir que el Gobierno Nacional ha logrado dar un primer paso fundamental para avanzar en la consecución de los recursos que necesita para la reforma social y económica que propone; y que se destinarán, básicamente, a salud, educación y desarrollo territorial. Una reforma tributaria que la han llamado “para la igualdad y la justicia social”, forjada con el material de las y los jóvenes que salieron a marchar a las calles en 2021, al igual que con la esencia de la ciudadanía que votó por la propuesta de gobierno de Gustavo Petro en 2022. Y que es fundamental para atender un momento de crisis económica y social como el actual, después de una crisis de pandemia y en medio de una estanflación mundial. Pero ahora, en las próximas semanas, el Gobierno enfrentará el mayor reto. Nuevamente, el Congreso de la República será la arena, por excelencia, para el debate político. Allí se podrán observar cómo las y los honorables representantes y senadores, de manera individual o colectiva, tomarán su decisión de apoyar o no el proyecto de ley. Será el Congreso el escenario más propicio para que nosotros como ciudadanía veamos cómo votan nuestros representantes. Si ponemos cuidado podremos apreciar la forma como ellas y ellos toman las decisiones vinculantes; cómo apoyan la supresión de artículos, cambian los porcentajes de impuestos o se oponen a la aprobación de la norma. En síntesis, estaremos en presencia de la manifestación de múltiples intereses y pasiones. De allí, el llamado de poner el mayor cuidado posible al actuar de los 108 senadores y 188 representantes que conforman este órgano colectivo de decisión. Como ciudadanía que hemos delegado nuestra decisión política a un grupo de hombres y mujeres reducido (296) debemos estar atentos a las decisiones de los que nos representan. Lo más seguro –si hacemos seguimiento atento a las y los congresistas– es que veremos cómo muchos miembros del Congreso se comportan en este escenario, algunos con voluntad política para apoyar las innovaciones sociales que propone el Gobierno, pero también veremos a otros que harán correlación de fuerzas y rechazarán las propuestas de reforma. Es muy conveniente que como votantes nos preguntemos por qué el representante o senador por el que votamos tomó una decisión y no otra, si los intereses que representa son los mismos nuestros o los de otros grupos. Veremos cómo muchas decisiones que se toman están representando a grupos de interés en los que no estamos o no nos acogen. Por ejemplo, la de los industriales, tipo Andi, o la de los mineros y exportadores de energéticos. Veremos allí cómo muchos actores que se verán afectados por la reforma tributaria usarán todos los instrumentos de poder que tienen a su alcance para presionar a las y los honorables congresistas. Y cómo finalmente aquellos que elegimos lo que hacen es representar otros intereses que nos perjudican, esto debido a intereses económicos de nuestros representantes políticos. Esto nos alertará sobre la necesidad de organizarnos como ciudadanía, como grupos de presión para que defendamos nuestros intereses, tal como lo hacen otros grupos poderosos e influyentes. Que usemos los instrumentos de poder que tenemos a nuestro alcance, tan simples y poderosos como el voto, o tan complejos y efectivos como las manifestaciones públicas. Es tiempo de que miremos y aprendamos de igual manera de otros grupos de interés ciudadanos, como la Red de Papaz que vienen trabajando sobre el no consumo de alimentos ultra procesados y altos en azúcares. Estos grupos de interés han logrado que hoy la Ley 2120 de 2021 sea una realidad; además luchan y mantienen hoy la presión para que se cobre unos impuestos a la comida chatarra y dañina. En síntesis, como ciudadanía informada debemos organizarnos para, en momentos como estos, también hacer presión a los congresistas para que voten y apoyen una reforma que nos beneficia en muchos aspectos. Para que no siga bajando la reforma a niveles en los que el Gobierno no tendrá los recursos suficientes para financiar sus programas, tal como lo propone el Partido Liberal, cuya propuesta actual es bajar a 13 billones los nuevos ingresos. Hay que presionar a nuestros representantes para que usen más la razón y la sensatez y no piensen solamente en sus bolsillos e intereses personales o partidarios. Para que reconozcan el esfuerzo del Gobierno en construir un nuevo liderazgo en temas de importancia para la ciudadanía, en apoyar sectores claves y en desincentivar actividades económicas dañinas. En síntesis, una ciudadanía más madura, atenta, participativa y comprometida con el desarrollo del país. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Riohacha, capital del departamento de la Guajira, el día 21 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Durante la jordana se presentaron 226 propuestas relacionadas a la educación, transición energética, alimentación, salud, agua y saneamiento básico. En la mesa de los afrodescendientes se debatió la temática del ordenamiento territorial hacia la paz, tema sobre el que se plantearon las siguientes iniciativas: adquisición y titulación de tierras de comunidades negras en el departamento de la Guajira, protección de las fuentes hídricas, creación e implementación de proyectos productivos y construcción de parques eólicos en las comunidades. En cuanto a la temática del medio ambiente sostenible, se plantearon iniciativas de construcción de distritos de riego, tener en cuenta los problemas de erosión costera y la contaminación de flora y fauna de la actividad minera, e implementar proyectos de energías alternativas. En la temática de convergencia regional, se plasmaron las siguientes iniciativas: implementación de proyectos productivos con doble propósito a escala regional, nacional e internacional; y diseño de políticas que garanticen la participación de los jóvenes, mujeres rurales y adultos mayores. Además, entre las propuestas presentadas también pidieron implementar programas de conectividad de internet para las comunidades negras; programas de construcción y mejoramiento de viviendas dignas; proyectos para prevenir el racismo, la discriminación y la violencia contra las mujeres; ejecutar banco de maquinarias agrícolas y de pesca; construir y reparar las vías terciarias para las comunidades negras; e implementar programas de créditos agropecuarios de forma colectiva e individual. Participantes Cerca de 2.500 personas participaron en este Diálogo Regional Vinculante en el que se atendieron grupos poblacionales especiales, como personas con discapacidad, mujeres, indígenas, afros, juventudes, víctimas y población LGBTIQ+. Los participantes venían de toda la subregión, conformada por 11 municipios: Villanueva, Barrancas, Dibulla, El Molino, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Riohacha, San Juan del Cesar, Distracción y Urumita. El encuentro estuvo apadrinado por el consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, y contó con la participación de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque; el viceministro del Deporte, Camilo Iguarán; el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, el gobernador del departamento, José Jaime Vega; y la asesora de la dirección del Sistema General de Regalías del DNP, Rosa Espitia. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, dijo: “lo que nos reúne hoy es un propósito superior, los Diálogos Regionales Vinculantes son una nueva manera de relacionar al Gobierno Nacional con la comunidad en la posibilidad de construir conjuntamente el Plan Nacional de Desarrollo”. La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, dijo que están comprometidos con mejorar la focalización de las políticas públicas que vienen siendo aplicadas y diseñadas desde Prosperidad Social, con el fin de llegar a los sectores que más lo necesiten. Contexto de la subregión Una de las principales crisis en esta subregión es la presencia de grupos armados, al igual que pequeñas bandas delincuenciales. En 2018 la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana donde denunció las amenazas a la comunidad civil e indígena de Riohacha y otros municipios del departamento. El territorio ha tenido presencia de las Autodefensas Gaitanista de Colombia, el ELN y el grupo armado denominado “Los Pachencas”. De acuerdo con la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad para las Víctimas, en 2019 se registraron 80.319 sobrevivientes del conflicto armado. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), actualmente los grupos armados que hacen mayor presencia en el departamento de la Guajira son el Clan del Golfo y el ELN. Para el año 2021 la administración distrital entregó cartas de indemnización por $223 millones para 41 personas que en diferentes periodos fueron víctimas de los conflictos armados en esta región. El 2 de junio del presente año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) registró que la pobreza es otra de las problemáticas que se presenta en Riohacha, dado a que cuenta con un alto porcentaje (56,6%) de población que vive en pobreza monetaria.

Por: Attila Lenti El 22 de octubre se celebró el aniversario número 100 del cumpleaños de János Erdős, director de coros, pedagogo y profesor de música, gran promotor de la vida musical de la antigua ciudad universitaria de Szeged, Hungría. Un hombre humilde, tranquilo, de pocas palabras y enorme influencia en la vida de varias generaciones de jóvenes que participamos en sus clases y sus largos ensayos de coro, aprendiendo, cantando y viajando a distintos países para compartir la herencia cultural húngara. Un hombre inolvidable, con misión, incapaz de parar de trabajar por la juventud hasta sus últimos días. Pupilo del maestro Zoltán Kodály, inventor del –aún innovador– método Kodály que cimentó las bases de la enseñanza musical popular y masiva. Una tradición importantísima que ha sido objeto de interés de la comunidad científica y musical de diversos países (sobre todo Japón), mientras que en Hungría, su lugar de nacimiento, lastimosamente su uso está en gradual desaparición. Sin música no hay hombre completo ¿En qué consiste este método que le cambió la vida a tanta gente? La idea base es que es posible el desarrollo integral y feliz del ser humano a través de la música, un bien común cuya democratización es un interés nacional prioritario. Para facilitar el acceso masivo al conocimiento musical, es primordial reconocer que la voz humana es el mejor instrumento, ya que está disponible para cada persona y el canto es el fundamento de toda cultura musical. Posteriormente puede iniciarse el trabajo con instrumentos musicales. La formación del oído musical en los niños debe comenzar temprano para “sembrar al alma” a tiempo. Cantar en coro con frecuencia no solo facilita la formación de espíritus sanos, sino que también promueve el pensamiento coordinado, la cooperación afinada entre compañeros y el mejoramiento de la concentración, la disciplina y la creatividad. Kodály se centraba en la tradición musical folclórica de Hungría en las primeras etapas de la enseñanza, como la “lengua materna musical” y la mejor herramienta para acercar el lenguaje de la música a los alumnos, acudiendo a nuestras raíces. Este principio, por supuesto, es adaptable a cualquier cultura y música folclórica. El método de Kodály era absolutamente revolucionario para su época (años 1910-1920), debido a su flexibilidad y a que su programa pedagógico tuvo en cuenta las características de cada edad y fase de desarrollo del ser humano, priorizando el aprendizaje activo a través de una amplia gama de herramientas como el juego, los movimientos corporales rítmicos, los signos manuales y el solfeo relativo (conocido como solmización). Debido a sus enormes esfuerzos anteriores en el campo de coleccionar y sistematizar toda la música folclórica del campo húngaro, junto a Béla Bartók, Kodály disponía de una infinita cantidad de canciones para ser aplicadas en sus libros de enseñanza cuidadosamente elaborados. Desde su invento, múltiples investigaciones han evidenciado que los niños y las niñas formadas con este método muestran mejor desempeño en todas las otras materias de la escuela, lo cual no es nada sorprendente al contemplar el complejo sistema matemático que entrelaza la música. Al aprender de ritmos, dinámicas complejas y distancia entre notas, la niñez automáticamente adquiere habilidades lógicas y de inteligencia emocional, imprescindibles en la vida. Teniendo en cuenta lo anterior, según Kodály, es necesario reevaluar la importancia de la música en nuestros sistemas educativos. Enfatizó la urgencia de fortalecer su enseñanza elevando el número de clases, ensayos de coro, mientras que la interpretación y la escritura de partituras deb´ian volverse tan normales como la lectura y escritura de textos. Ya que la música es un apoyo para el fomento de diversas habilidades, el rol dee la docencia es clave, lo cual debe reflejarse en su reconocimiento social y económico. La cultura musical como motor de la transformación social Colombia ha atravesado un conflicto armado largo y tiene el reto de construir su paz que, pese a todo esfuerzo, aún está en pañales. Se han acumulado traumas psicosociales, se ha descuidado enormemente la educación pública, se han destruido culturas locales milenarias, mientras que otras siguen resistiendo pese a los golpes que han recibido como resultado de la destrucción de su tejido social. Respecto a la educación como herramienta de transformación social y fuente de oportunidades abundan los clichés en los discursos políticos de las distintas fuerzas políticas, pero son muy pocas las ideas concretas sobre qué clase de educación queremos y cómo esta educación puede conducir a una mejor sociedad. Las reformas políticas y sociales planteadas en este nuevo gobierno no pueden rendir frutos si no se asocian con ideas claras de cómo se quiere formar a la juventud para tener una sociedad humanista, solidaria, reflexiva, conocedora de su propia cultura y con actitudes democráticas de aquí a veinte años. ¿Cómo vamos a salvar a la juventud de los barrios que primero consigue un arma antes que un instrumento musical? Una juventud que, más allá de insfraestructura de cemento y clases aburridoras de convivencia y cultura ciudadana, lo que necesita es alimento espiritual y satisfacer su deseo e inclinación natural a vivir con las artes, desarrollar su creatividad y comprender su cultura, que es un camino a la belleza y la libertad interna. Un tipo de educación que esa juventud disfrute porque le enseña a interactuar con su comunidad y porque resuena con el interés de encontrar su propia identidad, equilibrio y su lugar en el mundo. Una sociedad culta no acudirá a la guerra porque vivirá en función de la creación, la vida y el conocimiento, y sabrá tomar las mejores decisiones para su destino. Una sociedad culta no requiere clases de cultura ciudadana porque será la esencia de la misma. Una sociedad culta y sensible amará la naturaleza que la rodea y tendrá mayor facilidad para identificarse con los principios de su conservación. Asimismo, tendrá capacidades sobresalientes para aproximarse a problemas complejos, investigar y crear conocimiento y valor. Nunca más caerá en las trampas de la manipulación mediática. El método Kodály es fascinante en la medida en que da luces sobre la construcción de una sociedad feliz, culta y preparada. Además, este método se centra en un campo en el que Colombia ya es potencia mundial. La diversidad musical folclórica de Colombia es asombrosa y única, al igual que el talento musical de su gente. La música suena por todos lados: en la calle, en las tiendas, en los buses y en las fiestas, donde se armoniza con secuencias de movimientos complejos. La tarea no es nada diferente a organizar este conocimiento en función de la formación sistemática de las juventudes de Colombia, aplicando recetas y metodologías que ya fueron inventadas y no han perdido nada de su vigencia, ni de su efectividad. La música es maravillosa porque hace un trabajo paciente y profundo al tiempo que consigue logros espectaculares en muy poco tiempo. Para pensar la educación en clave del método Kodály, apuntándole a una transformación social profunda, se puede acudir a la cooperación internacional; así como es fundamental empezar a pensar en cómo adaptarlo al contexto colombiano. Con metodologías elaboradas, el fortalecimiento de la educación pública debe pasar por la dignificación del trabajo del docente de música y por la construcción de un programa de enseñanza musical amplio e incluyente. Se trata de un cambio estructural. Las democracias representativas de la era neoliberal no han priorizado ni la cultura ni la educación, ya que es más fácil construir al consumidor obedeciente y autoexplotador sin pensamiento crítico, solidaridad ni sensibilidad emocional. Métodos como el de Kodály son abandonados, echados al olvido. Brindan las soluciones certeras para la sociedad, pero los “líderes” no se interesan en las verdaderas soluciones. La cultura siempre es la primera víctima de los recortes. Retomar a las y los grandes maestros de la formación humanista es el primer paso hacia la paz y la democracia. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.