Por: Walter Aldana Político Social Alternativo El próximo 29 de noviembre, en el Litoral medio (Guapi, Timbiqui y López de Micay), se llevará a cabo el Diálogo Regional Vinculante, que estará inundado de chalecos institucionales. Quienes hemos sido actores políticos o sociales de la región (en el caso mío como alcalde encargado de Guapi en 2014), colocaremos nuestras esperanzas en este ejercicio hacia el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro; nos ilusiona el significado de su "carácter vinculante". Desde inicios del siglo pasado, las dirigencias del Pacífico, desde Nariño hasta Chocó, han colocado sus energías en la creación del departamento del Litoral, dado el abandono y la deuda social en que los gobiernos centralistas han mantenido a esta región, sumiéndola en la pobreza, con altos índices de miseria. En la zona rural, el panorama refleja una situación más crítica; por ejemplo, 96 % de los hogares rurales del Chocó son pobres, conforme al Índice de Pobreza Multidimensional. Los municipios de Argelia, en el Cauca; Atrato, Medio Atrato, Bagadó, Nóvita y Bojayá, en el Chocó; y El Charco, en Nariño, presentan niveles de pobreza rural que superan el 99 % (DANE-DNP, 2005). Lo que es una bendición para el país (los puertos de Tumaco y Buenaventura), pareciese una maldición para sus habitantes; los más de 4,2 billones de pesos que capta el Ministerio de Hacienda por concepto del IVA a los productos que ingresan por Buenaventura no se ven reflejados ni en infraestructura pública ni en programas sociales para sus comunidades marginadas. Ahora, con el gobierno del Pacto Histórico se aspira a contar con el apoyo presidencial para mejorar las condiciones de bienestar e iniciar el proceso de reivindicar al Litoral Pacífico y sus 43 municipios hacia la senda de la prosperidad: se pretende construir una Región de Planeación y Gestión (RPG), iniciando con las 17 localidades pie costeras. Nuestro Litoral o Pacífico Medio, como se conoce a los tres municipios costeros del Cauca, no han sido integrados al departamento; la vía al mar se ha convertido por décadas en discurso de campaña desde el interior, olvidando que "uno no añora lo que no conoce", sin que ello signifique que no haya necesidad de hacerla. Más aún, son las comunidades quienes vienen abriéndola por Argelia y por El Tambo. El saneamiento básico (acueductos, alcantarillados, disposición final de residuos sólidos, etc.), es uno de los mayores problemas de nuestros municipios costeros; no han valido los empréstitos del Banco Mundial, pues la paquidermia institucional de los operadores de los recursos financieros y de los ejecutores de los proyectos, amén de la corrupción, han conducido al atraso de las obras y al encarecimiento de los costos. Los altos costos del combustible de la interconexión fluvial han llevado a concluir en la necesidad de un sistema de transporte terrestre que conecte a Guapi, Timbiquí y López; un plan de carreteras disminuye el costo económico del transporte de pasajeros y de los productos y asegura condiciones de seguridad. Lo anterior está íntimamente ligado al impulso y apoyo institucional para que surja una inmensa dinámica de producción y de transformación que agregue valor a los productos agropecuarios y de comercialización. Según el Informe de Naciones Unidas sobre las Drogas de 2021, por más de una década se han mantenido los cultivos de hoja de coca en el Pacífico Medio; agrego yo: "ligados a la presencia de diversos grupos armados". Solo el logro de la Paz Total será el punto de partida hacia la búsqueda de un Litoral desarrollado y equitativo, donde el turismo, la infraestructura y la calidad en salud y educación con pertinencia a la región, se conviertan en realidad, al tener carácter vinculante el diálogo del Litoral Medio. ¡Que las comunidades hablen y el gobierno escuche! *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Actualmente la Reforma Tributaria se encuentra a la espera de sus debates en plenarias de Senado y Cámara, teniendo en cuenta que ya había pasado un primer debate en Comisiones Conjuntas Económicas el pasado 06 de octubre. Pese a que las bancadas del Partido Liberal y el Partido de la U votaron en primer debate a favor del proyecto, en los últimos días han mencionado que es probable que en el próximo debate no acompañen la reforma si no se implementan algunos cambios en esta. César Gaviria dijo que reuniría a su bancada para pedirle que no vote a favor de esta Reforma. Carlos Ardila, representante a la Cámara del Partido Liberal, dijo: “esta reforma podría estar, si recogemos los planteamientos del Partido Liberal, en 16 o en 14 billones de pesos dependiendo de lo que resulte el día lunes. Si yo cito a un colega de Cámara, él quiere que lo del petróleo quede tal cual está, todo lo que tiene que ver con sobretasas le darían los 22 billones, pero si cito la intervención de un senador, el día de ayer, esa reforma va a quedar en 10 o en 11 billones de pesos”. Con su declaración, Ardila se refirió a los puntos que tienen que ver con las personas naturales, el impuesto a la renta, las pensiones, la minería, los hidrocarburos y otros temas, también consideró que existen algunas inconsistencias, especialmente en el tema de la sobretasa del petróleo. Camilo Díaz Suárez, investigador nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), aseguró que incluso si el Partido Liberal decide no votar a favor de la reforma, con el Pacto Histórico, Alianza Verde, Comunes, el Partido Conservador y el Partido de la U le basta para su aprobación. Sin embargo, el Partido de la U, en medio de una reunión que tuvo el 19 de octubre, expuso cinco puntos que piden que el Gobierno revise en la Reforma Tributaria; el primero, pensiones, ya que el partido considera que los estarían obligando a pagar dos veces; el segundo, bancos de alimentos, pues piden disminuir de 25% a 5% los incentivos a las donaciones de alimentos; el tercero, zonas francas, el cual se debe revisar y aumentar el tiempo de la transición de las zonas francas de manera que les permita prepararse; el cuarto, profesiones liberales, pues según este partido no se deben excluir del régimen simple, debido a que puede inducir a que retornen a la informalidad; y el quinto, hidrocarburos, sobre lo que el Partido de la U considera: “que de cara a una recesión económica mundial, es necesario salvaguardar Ecopetrol, disminuyendo las nuevas cargas”. Es por esto, que su votación dependería de estos ajustes que solicitaron. Cambio Radical sería otro partido que no apoya la actual Reforma Tributaria, ya que, según ellos, genera más inflación y desempleo y no incentiva el crecimiento económico del país. Algunos de los congresistas de este partido, como David Luna, expresaron su opinión frente a esta Reforma, la cual consideran inequitativa. Para el director de Pares, León Valencia, esta discusión sería la primera prueba dura para el gobierno de Gustavo Petro. A pesar de las múltiples críticas que ha tenido la Reforma, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, reiteró la importancia de esta, ya que dice que con el recaudo presupuestado se busca financiar el crecimiento económico de Colombia y aseguró que el proyecto debe ser aprobado lo más pronto posible. Estas declaraciones hechas por el director de la DIAN fueron rechazadas por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Por medio de un comunicado de prensa, la ANDI mencionó que el proyecto de Reforma Tributaria puede afectar negativamente a hogares, familias y empresas colombianas. Sin embargo, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que la Reforma Tributaria llevará al “cambio” que prometió en campaña el nuevo Gobierno. Asimismo, el presidente Gustavo Petro defendió el Proyecto e indicó que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, por lo que los ricos deben nivelar cargas tributarias y pagar mayores impuestos. “En la región más desigual socialmente de América Latina, ¿cómo se puede pensar entonces en Reformas Tributarias que busquen la igualdad? Pareciera un pecado, un exabrupto, algo que no debería ser siquiera mencionado en la discusión política y resulta que la Reforma Tributaria debería tener un primer objetivo y es que antes de obtener recursos para el Estado, se logre la igualdad. La Reforma Tributaria debe ser pensada para la igualdad”, afirmó el mandatario. El 20 de octubre se reunieron el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y los ponentes de todos los partidos políticos, con el fin de acordar tres modificaciones al texto, que pasará a segundo debate en el Congreso. La primera es que se conservan los incentivos fiscales para las empresas que realizan donaciones a entidades sin fines de lucro. Por tanto, las empresas seguirán recibiendo deducciones fiscales por donaciones a fundaciones u organizaciones sociales; la segunda, los ciudadanos podrán seguir importando (comprando) en un máximo de $200 dólares libres de impuestos por transacciones realizadas a través de plataformas digitales; y la tercera consiste en aumentar el tope para el gravamen de las pensiones, pues antes el ministro Ocampo había informado que sería a partir de $10 millones. Sin embargo, ahora sería por encima de dicho valor. Se tiene previsto que en los próximos días Ocampo se reúna con los ponentes de la Reforma Tributaria, con el fin de seguir con la concertación del texto del Proyecto. Finalmente, Camilo Díaz dijo que son muchos frentes que el Gobierno debe considerar, pues la Reforma está dejando entrever las posiciones encontradas entre las diferentes bancadas de los partidos. Sin embargo, a largo plazo se espera su aprobación. Para Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares, es necesario que la Reforma se apruebe para poder encaminar el programa del Gobierno, el cual es muy “ambicioso” en temas como política social o transición energética, los cuales requerirán muchos recursos.

Por:Luis Eduardo Celis Esta semana volvimos a ver las dolorosas y dramáticas imágenes de las violencias en sus múltiples expresiones, con los hechos protagonizados por indígenas Emberas en el centro de Bogotá. Rabia y dolores profundos llevaron a personas de esta comunidad a irse con furia contra miembros de la Policía Nacional. Ya sabemos el resultado: vidas humanas lesionadas de todos los lados, con sus secuelas para siempre, huellas que van a perdurar en cuerpos, mentes y corazones, solo desolación y tristeza. ¿Como empezó todo este desastre?, no fue en el momento en que la mano se levantó y empujada por furia y sinsentido se fue contra la humanidad de la mujer policía atropellada, ni cuando la policía intento dispersar con sus motocicletas a la multitud, en la que había mujeres con sus hijos a sus espaldas. Todo esto empezó hace muchos años, sin exagerar, siglos de desencuentros entre culturas que nos tienen en esta situación de un pueblo expulsado de su territorio, que huyendo de mil violencias en varias oleadas han llegado no solo a Bogotá, igual se han ido a Medellín, Cali o Montería, buscando vida al ser perseguidos y atropellados en su propio hábitat. Este conflicto con el pueblo Embera en Bogotá tiene que enseñarnos. Si nos disponemos con atención a aprender de lo vivido, debemos insistir en construir Estado de derecho en todo el territorio nacional, superar todas las violencias organizadas, restituir derechos a quienes han sido vulnerados. Son tareas enormes, pero son las tareas pendientes en una sociedad como la colombiana atravesada por múltiples conflictos no tratados, postergados o abiertamente negados, en la que se instaló una forma de ejercer la política desde la violencia y las exclusiones. Y allí está el pueblo Embera que ha sufrido por décadas de poderosos intereses por apropiarse de sus territorios, como lo han sufrido cientos de comunidades indígenas, afros y campesinas. Es una historia en común, en la que se inscribe este despojo y atropello sistemático. La furia y el enorme dolor que presenciamos esta semana debe llevar al Gobierno de Bogotá a reconocer que quizás no todo se ha hecho bien, que es un tema que por supuesto no solo está en sus manos resolver y que el anterior Gobierno Nacional igualmente tiene responsabilidades en este desastre. También la comunidad Embera debe revisar sus comportamientos y responsabilidades, en cabeza de líderes que quizás no han actuado con el debido comportamiento propositivo y flexibilidad para encontrar un camino compartido con las instituciones de gobierno a todas las escalas. No se trata de diluir las responsabilidades en todos los involucrados, pero sí de reconocer que en esta situación tan difícil hay que ver el conjunto de las actuaciones y circunstancias. El presidente Gustavo Petro dio nuevamente un mensaje de apersonamiento y apertura ante la crisis vivida: acompañó a los policías heridos, condenando la violencia ejercida por integrantes de la comunidad Embera, señaló que la violencia no es el camino para resolver ningún conflicto y se sentó con la comunidad afectada a buscar un camino de solución. El mensaje del presidente va en dirección a reconocer el problema y los múltiples afectados y asumir que es dialogando y concertando entre quienes tienen responsabilidades que se puede buscar un camino de soluciones. La comunidad Embera que ha salido por violencias de su territorio debe volver a él, cuando existan las condiciones para ello. Así como los Emberas en Bogotá, hay cientos de comunidades en toda la geografía de Colombia y fuera de ella que tienen la expectativa de retornar a sus raíces. Existe un universo de deseos y aspiraciones por volver de donde la violencia los sacó y esas aspiraciones y derechos deben ser atendidos por las instituciones responsables. La situación de la comunidad Embera debe ser resuelta entre un diálogo y concertación con ellos y ellas, y el liderazgo del Gobierno Nacional y el Gobierno de Bogotá. No puede ser un tema que se mantenga en esta condición de indignidad como lo han vivido por años. Este conflicto, en toda su complejidad, debería ser estudiado por Universidades e instituciones interesadas en aprender y compartir lo que debe ser el tratamiento de conflictos con tantas dimensiones y complejidades. Hay mucho por aprender de esta situación que debe quedar como valiosa experiencia de lo que implica no resolver legítimas demandas y atención de derechos de una comunidad violentada. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Dennis Arley Huffington y Ghina Catrillón Torres, Investigadores Territoriales Oficina Pares Pacífico El Alto Comisionado de Paz anunció este 19 de octubre desde Buenaventura que tuvo el primer acercamiento directo con los delegados de los Grupos de Delincuencia Organizada ‘Shottas’ y ‘Espartanos’. El diálogo giró alrededor de las posibilidades de abrir un escenario de construcción de paz estable y duradera en la ciudad y las garantías para las partes. Ambas agrupaciones siguen demostrando la veracidad de su intención de sometimiento a la justicia. Por su parte, el obispo Rubén Darío Jaramillo, quien ha sido el intermediario en todo este proceso que inició desde julio, expresó ante la opinión pública que “este 18 [de octubre] iniciaron oficialmente los diálogos por la paz entre el Gobierno Nacional y estas expresiones armadas de Buenaventura, se realizó la primera acta, la primera mesa y en 15 días se estará realizando la segunda”. La Paz Total avanza a pasos agigantados Buenaventura cumple 38 días sin reportar homicidios, desapariciones y enfrentamientos propiciados por ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ y, a pesar de que la ley de sometimiento para grupos delictivos aún se encuentra en trámite en el Congreso de la República, de una manera casi histórica, en poco más de un mes, ya se iniciaron las conversaciones para establecer una primera ruta para la sujeción de ambos grupos armados ilegales. Foto: Portal Web Soy de Buenaventura La intención es que en la mesa de conversaciones haya garantes internacionales, es por ello que se le ha extendido una invitación a la ONU, MAPP-OEA y demás organismos multilaterales para que hagan un acompañamiento permanente durante el proceso y la implementación de lo acordado. Sobre todo en lo concerniente a la reincorporación a la sociedad civil, pues son alrededor de 1.600 los integrantes de estas agrupaciones. Desarrollo del Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUP) de Buenaventura Además del inicio de los diálogos entre grupos delictivos y el Gobierno, esta misma semana también se llevó a cabo la primera sesión del Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMU) de Buenaventura, que tiene como objetivo brindar seguridad y protección a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo Final de Paz, dada la compleja situación de riesgo que viven por su labor de liderazgo social. Foto: Redes sociales del Comité de Paro Cívico El PMU fue instalado el pasado 06 de septiembre de 2022 con la asistencia del presidente Gustavo Petro, quien hizo un llamado a las principales bandas delincuenciales a sumarse a las iniciativas de paz, que posteriormente resultó en las manifestaciones de disposición de paz por parte de los grupos delincuenciales de la ciudad. Y su primera sesión fue este 14 de octubre y tuvo la participación de representantes del Ministerio del Interior, la Alcaldía Distrital, Fuerzas Armadas, Unidad Nacional de Protección, Personería, Defensoría, organizaciones sociales, organizaciones internacionales, Fiscalía, entre otras. Ahí se diseñaron estrategias para poder proteger la vida, llegando a compromisos que permitan activar mecanismos y la garantía de los derechos en el territorio, con enfoque diferencial. También se enunció la importancia de avanzar en la consolidación de lo que sería la Paz Total, que permitiría continuar con los escenarios de diálogo que ya se han venido presentando en Buenaventura. Llamado urgente En medio de las buenas noticias para la ciudad, hay una mancha que genera preocupación. Algunos jóvenes que participaron del partido por la paz han denunciado que recibieron amenazas, al punto que uno de ellos tuvo que salir de la ciudad para salvaguardar su vida. Cabe recordar que el pasado domingo 02 de octubre se llevó a cabo en el barrio Juan XXII el evento deportivo simbólico Buenaventura en Paz, el cual fue propiciado por la diócesis en cabeza de Monseñor Rubén Darío Jaramillo y varias organizaciones sociales. Además de estar acompañado por la oficina gestora de paz del distrito. La jornada permitió que estos barrios, que han sido tan afectados por el conflicto, pudieran compartir en paz como hacer dos años no se veía, logrando el levantamiento de las fronteras invisibles que aquejan a varias comunas. En esta actividad participaron jóvenes deportistas de diferentes equipos de fútbol locales y algunos de los participantes son habitantes del barrio donde se desarrolló la actividad, pero hubo una confusión en las comunicaciones que cubrieron el evento y quedó en el entendido de la ciudadanía que los jóvenes que jugaron el partido eran integrantes de los grupos delictivos, lo que les ha ocasionado amenazas. Por ello, es importante que los medios de comunicación locales que tiene gran alcance ayuden a aclarar este percance y se les pueda brindar garantías a los deportistas que hoy han tenido que salir de la ciudad. Los riesgos que hoy asumen quienes le apuestan a la paz son enormes y ubica especialmente a los y las jóvenes como principales víctimas. También se le pide a la Alcaldía Distrital y al Gobierno Nacional fortalecer los esfuerzos para proteger la vida de los y las jóvenes que participaron en la jornada deportiva Buenaventura en Paz el pasado 02 de octubre y demás liderazgos que trabajan por la paz, además de acompañar las propuestas resultantes del PMU Por la Vida.

Por: Daniela Garzón y Nataly Triana, Investigadora Nacional y Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad En las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes se aprobó el articulado del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023, por un monto de $405,6 billones de pesos. Este proyecto obtuvo luz verde faltando dos días para el plazo límite de aprobación. El Presupuesto General de la Nación es, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el instrumento de manejo financiero más importante de la política fiscal del país, en el que se registra el gasto público, su financiación y las reglas bajo las cuales se hará su ejecución. El Gobierno lo presenta cada año al Congreso para su discusión y aprobación. El primer proyecto de presupuesto para 2023 fue presentado por el gobierno de Iván Duque, el 29 de julio de 2022, por un valor de $391,4 billones, 39 billones más que el de 2022. Sin embargo, con la llegada del gobierno Petro, se hicieron modificaciones que hoy implican otros $14 billones más. Los $14 billones se desagregan en un aumento de $3 billones en gastos de funcionamiento y $11,2 billones en gastos de inversión que tendrán como objetivo la formalización de los predios privados, los subsidios de energía y gas, la implementación de programas de paz, el fortalecimiento de las capacidades instaladas de los servicios de salud e inmunización y el fortalecimiento de la educación superior a través de ICETEX. El presupuesto quedó consignado así para 2023 de la siguiente manera: Este presupuesto, comparado al de 2022, es 15,1% mayor, lo que significa un aumento significativo teniendo en cuenta que en el de 2022 frente al de 2021, la variación fue de 5,3%. El aumento se justificó por el desfinanciamiento que hay en carteras como la de Salud y por las presiones económicas que sufre el país debido a la postandemia, la inflación y el déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (FEPC) Es especialmente por esta última razón que, particularmente, el Ministerio de Hacienda duplicará su presupuesto con respecto a 2022, cuando fue de $24,3 billones, en este caso pasaría a $48,7 billones aproximadamente. Esperando aún la sanción presidencial y tomando en consideración la ponencia para segundo debate que se radicó en la Cámara de Representantes, las carteras más beneficiadas por los cambios entre el presupuesto presentado por Duque y el que Petro logró aprobar, en cuanto al aumento en dinero total asignado son las de Hacienda, Minas y Energía, Salud y Protección Social, Educación, Vivienda, Agricultura y Deporte. En contraste, se vieron afectadas las carteras de Ambiente, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Trabajo y Defensa. Si se mira porcentualmente, los cambios fueron especialmente significativos del proyecto de presupuesto presentado en julio por el gobierno saliente al actual para los ministerios de Deporte, Agricultura, Cultura, Minas y Energía, Ciencia, Transporte, y Vivienda. Los aumentos porcentuales para estas carteras con respecto a lo contemplado por el gobierno Duque fueron de entre el 18 y el 45%. Al comparar el presupuesto aprobado para el siguiente año con el del año anterior, porcentualmente algunas de las entidades que contarán con más recursos son la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Cultura, el de Minas y Energía, el de Ciencia y el de Salud. Es notorio también el aumento entre 2022 y 2023 que tendrá el servicio de la deuda pública, pues pasará de un poco más de $68 billones a $72 billones, un aumento del 5,6%. En cuanto al aumento que recibirá en el presupuesto el Ministerio de Hacienda, hay que decir que gran parte del mismo irá destinado a inversión, lo que a juicio de La Silla Vacía significa un manejo de “la caja menor” del país que le permitirá al gobierno Petro juego con las instituciones y los políticos. También hay que resaltar las reducciones para carteras importantes como la de Defensa, que sin tener en cuenta otras instituciones del sector, es de más de $164.000 millones, con respecto a lo planteado por el gobierno Duque. A su vez, la cartera de Tecnologías de la Información no recibirá casi $13.000 millones de lo presupuestado por el gobierno anterior. Llama la atención también la reducción del presupuesto del Min Ambiente, que será de casi $2.000 millones. No hubo cambios entre lo propuesto por Duque y Petro para las carteras de Comercio, Industria y Turismo, ni para el Departamento de Prosperidad Social. Al hacer la evaluación por sectores que incluyen otras instituciones además de los ministerios, el top 5 de los que quedaron con mayores asignaciones son: Pasado el primer escollo económico en el Congreso, que era la aprobación de un sustancial aumento del presupuesto general para 2023, para el primer año en pleno del gobierno Petro quedará por delante la discusión de la reforma tributaria, en la que ya se oyen voces disidentes, como la del Partido Liberal, que, haciendo parte de la bancada de gobierno, ha dicho que no la votará. El trámite en el Congreso de la República de los proyectos clave del Gobierno Nacional empieza a poner a prueba la “aplanadora” parlamentaria, pues los acuerdos meramente burocráticos que se han hecho con partidos como el Conservador, el Liberal y la U, hacen que cada vez que se deba aprobar un proyecto importante aumente la presión de estos por obtener más beneficios en las carteras y los sectores en su control.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, el día 19 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Algunos temas que se dialogaron en las 24 mesas instaladas durante la jornada fueron víctimas, comunidad LGBTI, discapacidad, jóvenes, etnias, mujeres, campesinado y gremios. Danilo Villafañe, líder indígena de la subregión del Tayrona, señaló que una de las peticiones que hicieron fue la de obtener para su comunidad interlocutores que acojan las diferentes propuestas y las conviertan en hechos y acciones posibles, ya que para él es muy importante que la participación llegue a las regiones y en especial a su comunidad. El líder dijo que aspira a que los funcionarios realmente cumplan con los proyectos que se han entregado en dicho espacio. José Antonio Makawi, delegado del Cabildo Magdalena, dijo que su pueblo cuenta con grandes necesidades. Por esta razón, resaltó la importancia de estos espacios, al igual que lo hizo Martín Sala, un ciudadano de Santa Marta que estuvo durante la jornada, quien concluyó: “esto es participación, es civilización. Lo importante es que haya concordancia entre lo que aquí se dice y lo que se dice en Bogotá”. Foto: DNP Participantes Cerca de 1.000 personas participaron en este espacio, varias de ellas provenientes de 13 municipios de la subregión del Tayrona, incluyendo a Santa Marta. Este diálogo contó con la participación del gobernador Carlos Caicedo, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, y el consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco. El director del DNP hizo énfasis en que se insistirá en el componente de convergencia social y regional y dijo que “no tiene sentido que unos municipios del Magdalena tengan niveles de pobreza del 70% y otros del 30%”, y añadió que lo ideal es que cada municipio, al igual que cada departamento, desarrolle sus vocaciones económicas específicas. González también hizo referencia a la importancia de fortalecer el ordenamiento en el territorio y es por esto que destacó que uno de los asuntos sustantivos del Plan Nacional de Desarrollo es el ordenamiento alrededor del agua. Contexto de la subregión La economía de Santa Marta se basa principalmente en el turismo, el comercio, la actividad portuaria, la pesca y la agricultura. Su puerto continúa siendo la terminal de Colombia que opera mercancías de productos como banano, aceite de palma, carbón, uchuva y flores, entre otros productos que llegan a Europa y Estados Unidos. El conflicto armado en esta subregión comenzó en la década de los ochenta con el ingreso de las FARC, el ELN y el EPL en áreas como la Sierra Nevada de Santa Marta, particularmente en zonas adyacentes, donde se producía y comercializaba la marihuana. Una de las organizaciones ilegales que ha hecho presencia recientemente en la subregión son “Los Pachenca”, quienes han operado desde el año 2013 buscando el control territorial para apoderarse de las rutas del narcotráfico. Alrededor del 60% de las actividades comerciales en zona rural de Santa Marta han sido extorsionadas por esta organización ilegal e incluso en el año 2019 establecieron un impuesto del 10% sobre la compraventa de cualquier predio en corregimientos de Ciénaga como Palmor, Siberia, San Pedro y San Javier. Según la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), actualmente se registra que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada también se encuentran operando en esta subregión al igual que el “Clan del Golfo”.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La ‘petrotusa’ es un término propagado en las redes sociales por cuatro congresistas uribistas, yo diría que de manera forzada, para divulgar la falsa noticia de una estampida de petristas que, según ellos, están decepcionados del presidente porque no gustan de la reforma tributaria; es decir, y de ahí el fundamento de la falsedad, porque les molesta que el presidente les esté cumpliendo con las promesas realizadas en campaña. No obstante, por falsa que fuere esa versión, está prendida de una mínima realidad –de una coyuntura inocua, diría un político serio–: las declaraciones del exministro de hacienda Rudolf Hommes, las del analista económico Salomón Kalmanovitz y las del presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Tres respetables personalidades del país que sin ser izquierdistas ni petristas, no se aunaron al Pacto Histórico, sino simplemente decidieron votar contra Hernández. No obstante, con sus críticas no han explicitado que hayan quitado su respaldo al presidente Petro; pero lo que sí han hecho –y ahí están las noticias sobre ello–, es sugerirle que atienda opiniones divergentes acerca de algunas fórmulas de aplicación económica. Valga decir que estos tres economistas de lujo –Hommes, Kalmaovitz y Bruce Mac Master– son más dignos de fiar, pensando en la sensatez que han demostrado sobre la realidad nuestra, que los mismos representantes del Partido Liberal, de Cambio Radical, y del Partido Conservador, quienes se declararon partidos de gobierno y, con mucho riesgo para la estabilidad del país, están fungiendo como defensores acérrimos de los intereses de quienes, habiendo administrado a Colombia por más de cien años, la dejaron en la ruina económica y en la vergüenza humana. Con todo, el aprovechamiento político de la llamada oposición “inteligente” es tan inofensiva en su veneno que con semejante falsedad pretende demostrar a raja tablas cómo tras esos tres nombres hay una gran cantidad de petristas desilusionados. No obstante, cabe pedirles a esos respetados opositores que nos digan dónde están esos nadie despechados, ni cuál es la causa de sus decepciones; porque, que se sepa, a ellos no los representa Bruce Mac Master. Valga decir que históricamente los reclamos a los gobernantes por no haber cumplido las promesas, casi todos han ocurrido después de los primeros cien días de gobierno y se han vuelto problema de protesta social transcurridos dos o tres años. En su caso, el presidente Petro, sin haber cumplido tres meses todavía en el poder, ya ha asegurado las riendas a todos sus propósitos de gobierno. Pero, ¿por qué el presidente insiste en su reforma tributaria? Es apenas obvio que los gobernantes suelen anunciar grandes objetivos desde sus plataformas electorales, y así lo hizo Gustavo Petro durante su campaña, por ejemplo, con la no explotación de petróleo y de gas, o la entrega de tierras a cientos de miles de campesinos para que las trabajen honradamente, o las ayudas a las personas de la tercera edad y a las mujeres cabeza de familia. En fin, promesas incluso que bosquejan desde una nueva identidad nacional –la igualdad y vivir sabroso– hasta la construcción de un nuevo país –la paz total y los encuentros comunales–. En fin, cambios que solo pueden llevarse a cabo con la creación de impuestos que involucran a toda la población en un único proyecto: el progreso de todos los colombianos. Por mi parte, poco sé de asuntos tributarios y mi economía está por debajo de la privilegiada línea social obligada a pagar impuestos. Sin embargo, tal condición, antes que quitarme la percepción de la realidad, me la afina; al menos para medir el nivel de inhumanidad de quienes cuestionan la reforma tributaria, como el expresidente César Gaviria, cuya vida no es sino la disciplina de un insaciable acumulador. Desde que fueron inventados por los reyes mesopotámicos, los egipcios y los chinos, y desde que fueron determinados por los romanos, de donde nos proviene el criterio de cómo y para qué usarlos, pero sobre todo a quiénes cobrárselos, los impuestos se han asimilado, precisamente, en calidad de sacrificio. Y se han aceptado, con o sin reparos, por la sola necesidad supra personal de adquirir y sostener la cosa pública, que no la “cosa nostra”, como la han tratado nuestros gobernantes mafiosos. En efecto, los impuestos siempre han significado un sacrificio leve, si están cumplidos los fines esenciales del Estado, y aleve cuando la situación de escasez es de extrema urgencia por causa, digamos, de una guerra, de una hambruna o por la fallida administración de un gobernante, como es el caso del país recibido por el presidente Petro. Un país con un desmesurado desempleo, con una alta inflación y cundido de pobreza. No exageraba Alejando Gaviria –hoy ministro de educación– cuando al referirse a la deprimida realidad social del país, la asemejó al inminente estallido de un volcán. De modo que si deseamos evitar el estallido social, no queda otra solución que la imposición de políticas de equidad, aplicando la forma aleve de los impuestos; es decir, atesando todos los cinturones posibles y poniéndonos en modo urgencia. Bajo tal perspectiva no veo cómo negarse a los planes tributarios del gobierno, si estos involucran estabilidad para todos, incluso para quienes –siendo pocos– siempre les alcanza el dinero para presumir con lujos su estabilidad; es decir, gente de esa a la cual le talla el vestido del típico egoísta, definido por Unamuno como alguien que defiende y exalta sus intereses y sus cosas, pero se descuida a sí mismo. Lo cierto es que los impuestos –no es vano su nombre– se imponen. Tienen la particularidad de ser exigibles y obligatorios. La imposición en Teoría del Estado hace referencia a que en asuntos de necesidad general, prima la autoridad sobre el interés de los particulares. Los ciudadanos han de saber que de tal condición emana la responsabilidad de la ciudadanía. De tal suerte, la responsabilidad está basada en el marginamiento de la autodeterminación de las personas particulares, o lo que es igual, en la comprensión de que, querámoslo o no, lo social nos hace menos libres; pero la libertad sumada a la autodeterminación de las personas ya se sabe que produce pura barbarie. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Gabriela Posso Restrepo es la alta consejera para las juventudes nombrada por el presidente Gustavo Petro en el mes de agosto. En esta entrevista habla de temas como los cinco pilares en los que trabajará la consejería, el diagnóstico frente a los jóvenes en el país, el desmonte del ESMAD, entre otros. Puede leer un perfil completo de Posso, aquí. **** Miguel Ángel Rubio, Fundación Paz & Reconciliación (Pares): ¿cuál es su diagnóstico sobre las juventudes colombianas?, ¿cómo recibe el nuevo gobierno a esta población? Gabriela Posso: empezaré diciendo que fui la coordinadora del empalme de juventud junto a Omar González y pudimos, con un equipo de trabajo muy fuerte conformado por gente de diferentes regiones, identificar falencias y algunas fortalezas. Aclarar también que no solo hicimos el empalme de juventud con Colombia Joven, sino alrededor de todo el gobierno, revisando cuáles eran los programas y proyectos de juventud. Durante este empalme pudimos encontrar tres grandes elementos. El primero es que muchos de los programas de juventud estaban desconectados de las necesidades de los territorios en términos de agenda juvenil. Lo pudimos comprobar en un programa como ‘Sacúdete’, en el que gran parte de su inversión se iba en infraestructura y las necesidades de los jóvenes estaban encaminadas en este momento a temas educativos, empleabilidad y participación, y este programa no lograba cumplir con estas necesidades. Segundo, que estos programas del gobierno estaban desarticulados y no había una línea conductora que permitiera esta articulación. Y finalmente que no había enfoques diferenciales. Logramos hacer también 10 empalmes sociales que correspondían a acercamientos con los jóvenes en distintos territorios y revisar de primera mano cuáles eran los programas del gobierno pasado que consideraban importantes o relevantes y, de cara al futuro, cuáles eran los programas o proyectos que se debían implementar. Estuvimos en Quibdó, Medellín, Florencia, Boyacá, Bogotá, Cali, Bucaramanga; pudimos identificar varios temas relevantes para la agenda juvenil. Por esto nosotros hicimos un documento de recomendaciones de 24 páginas desde distintos temas como barrismo social, educación...diferentes temas. Y con los hallazgos del empalme y los empalmes sociales, y desde la propuesta de gobierno del presidente y la vicepresidenta, pudimos estructurar en la consejería unas líneas de trabajo, unas líneas estratégicas que las hemos denominado movilizaciones. Pares: en su consejería se proponen cinco pilares. ¿Cuáles son y en qué consisten? Gabriela Posso: estas cinco movilizaciones van de cara a resolver las problemáticas que hay en este momento y de cara también a poder articular lo que está en el programa de gobierno que ganó el 19 de junio por voto popular. Adicionalmente quisiera agregar que para nosotros el estallido social, del cual vamos a cumplir casi un año y medio, es un tema supremamente relevante reconocemos las necesidades y requerimientos que allí se expresaron. Las cinco líneas de trabajo en la Alta Consejería para las Juventudes son: Paz total y derechos humanos, una línea en la que estamos trabajando con el tema de prisioneros políticos, se tocan temas como la verdad, la reparación y no repetición de muchos procesos que se vivieron en los diferentes conflictos sociales, sobre todo en el estallido social. Hay un tema muy puntual que se está llevando a cabo en el Gobierno Nacional y es el derecho a la movilización y las garantías para este derecho. Una de las apuestas que tenemos es: no más jóvenes para la guerra, en concordancia con la Paz total del Gobierno Nacional y que para nosotros es altamente relevante. Juventud movilizada y participativa por el poder popular, que es una de las líneas en la que tenemos mayor responsabilidad como consejería de juventud y recoge el subsistema de participación. En esta venimos trabajando para dar garantías y escenarios vinculantes e incidentes para la juventud, donde realmente tenga un ejercicio de construcción y esta no sea simbólica, sino que sea decisoria. También está el tema de liderazgos juveniles, estamos proyectando para 2023 una escuela de liderazgo que pueda beneficiar a muchos jóvenes a nivel nacional. Y, por último, poder general el fortalecimiento de organizaciones sociales y organizaciones juveniles en el país. Juventud movilizada por la justicia social y cierre de brechas con enfoques diferenciales, en esta línea la idea es poder apostarle a todo el tema de cierre de brechas en temas de género, étnico y diversidades; un trabajo en términos de salud mental, sexual y reproductiva; la lucha contra el hambre en la infancia y en la juventud; y la lucha contra el cambio climático y la defensa de la naturaleza. Esto de cara también a un trabajo mancomunado con otras entidades y con presidencia, directamente. Juventud movilizada en la producción, la reindustrialización, el trabajo digno y la transformación energética. Hay un tema en el gobierno y es el fortalecimiento de las economías populares en los diferentes territorios del país. En este 2022 estamos trabajando en 3 estrategias. Primero, como ya lo dije, el fortalecimiento de economías populares; segundo, trabajo digno, condiciones de trabajo digno para la juventud; y tercero, fortalecimiento y estrategias para economías asociativas desde el cooperativismo desde el agro. Juventud movilizada por la educación y la sociedad del conocimiento. Desde esta línea estamos trabajando con el ministro de Educación Alejandro Gaviria para el tema de las garantías en el acceso, permanencia y finalización de la educación media y la educación superior, y buscando también incentivar el conocimiento desde la ciencia, la cultura y el deporte. Y estamos mirando el tema de cara a 2023 para el tema de alfabetización y democratización del conocimiento. Quiero hacer especial énfasis en la línea de Paz Total y derechos humanos. Desde esta tenemos un papel muy relevante en los Diálogos que ese están realizando con diferentes fuerzas armadas y con esto la intención es poder nosotros tener ese acompañamiento desde algunos temas muy relevantes, como el tema de reclutamiento forzado. Y ahora el presidente nos ha puesto la tarea de hacer la planeación del programa Jóvenes en paz, que pretende beneficiar a 100.000 jóvenes y tendrá una inversión bastante alta, buscando generar las condiciones suficientes para que los jóvenes puedan continuar en sus dinámicas educativas y laborales. Miguel Ángel Rubio, Fundación Paz & Reconciliación (Pares): hoy se habla de un tema clave para la sociedad colombiana, especialmente para los jóvenes en este nuevo gobierno, y es el desmonte, que ya no lo es, sino reforma, del ESMAD y lo que ha generado polémica en el sector. ¿Cómo explicarles a los jóvenes que participaron en el estallido social, que se enfrentaron al ESMAD con un saldo de víctimas mortales como Lucas Villa y Héctor Fabio Morales, para que puedan estar tranquilos de que esta, ahora reforma, les va a garantizar el derecho a la protesta? Gabriela Posso: para el presidente, cuando habla de una reforma a la policía, se está también planteando en últimas y a largo plazo un desmonte del ESMAD. Él ha sido muy enfático con este tema, sin embargo, hay que entender que es un cambio paulatino, no es de un día para otro. Pares: ¿cómo afrontará usted el reto de fortalecer los consejos de juventudes y la profundización de los jóvenes en la democracia colombiana? Gabriela Posso: hay muchas apuestas organizativas que no participaron en los consejos municipales de juventud, incluso porque no era un espacio vinculante e incidente. Esto desmotiva a gran parte de las organizaciones juveniles para no participar en estas instancias, sin embargo, nosotros vemos la importancia de poder generar estos espacios para que realmente se puedan tomar decisiones y para que se pueda recalcar lo que está en el estatuto de juventud, es como autonomía, porque al no tener un orden incidente y vinculante lo que sucede es que hay mucha dependencia de los entes territoriales. Entonces en este momento de cara a esto, estamos convencidos de que lo que se debe hacer es una reforma al estatuto de juventud, frente a esto estamos concentrados en el ejercicio de la verificación y la planeación de cuál puede ser la mejor estrategia para surtir esta reforma. Sabemos que hay congresistas que tienen un proyecto de ley a este respecto, entonces estamos revisando al interior de la Consejería cual es la mejor proyección para nosotros decir cómo va ir encaminada esta reforma. Lo segundo es que estos consejos sean vinculantes e incidentes. Hay muchos jóvenes que en los diferentes territorios no están teniendo garantías de participación, aunque el estatuto de juventud habla acerca de estímulos educativos, deportivos, culturales, habla también de sesionar en los concejos de los diferentes municipios, habla de unos aspectos específicos en lo departamental y lo municipal. Esto no se está cumpliendo. Nosotros tuvimos una reunión la semana anterior con una delegada de la Procuraduría respecto a temas de juventud, de cara a que se pueda generar ese trabajo armonioso con ellos, ya que nosotros somos la instancia rectora del sistema de participación, entonces haremos un trabajo para alertar a las entidades territoriales que no están cumpliendo con estos aspectos para que los vayan cumpliendo. Vamos a propender por tener más control de estas entidades para que cumplan con el estatuto de ciudadanía juvenil y con las demás garantías para los jóvenes. Hay consejos que incluso no han sesionado en los Concejos Municipales porque no se los permiten, o incluso no están teniendo garantías para realizar las semanas de la juventud. Estaremos muy de cerca verificando este cumplimiento.

Por: Walter Aldana Político social alternativo "Las hojas del árbol no permiten ver el sol", reza un viejo y sabio adagio popular, y creo que eso está sucediendo con el norte del Cauca. Al diagnosticar el Gobierno la situación actual del departamento, quedamos circusncritos al tema de tierras, corto análisis que esconde, así sea de manera inocente, la real problemática social. Iniciemos planteando que existen inmensas brechas entre las cabeceras municipales más cercanas al Valle del Cauca y las zonas rurales del departamento en cuanto al acceso a oportunidades y la satisfacción de necesidades básicas. De hecho, un gran porcentaje de jóvenes "urbanos" van a las universidades caleñas, visten más cercanos a la "moda urbana de la sultana"; ello nos indica, a mi parecer, que los elementos de identidad y sentido de pertenencia norte caucana no están claramente identificados. Es más, nos lleva equivocadamente a leer el desarrollo de la región a partir de estereotipos calcados o asimilados de nuestro vecino departamento. Otro problema notorio es la inseguridad, que aunada al microtráfico y por ser el norte del Cauca zona de tránsito de la droga, se convierte en generador de zozobra permanente para la convivencia comunitaria, porque además de ser un elemento perturbador localmente se ha ido expandiendo a las áreas cercanas. Antes no escuchábamos hablar de esta situación en municipios que hoy son lamentablemente noticia de robos, asesinatos, fronteras invisibles, retos entre pandillas, ya no solo en la localidad de cierto municipio, sino con otros municipios. El modus operandi es el mismo de otras partes: personas foráneas que llegan y "sueltan" dinero y armas, empoderan grupos de muchachos que sin alternativas laborales ni de acceso a la educación en todos los niveles son presa fácil para su vinculación a la cadena de transporte y distribución. Una tercera clave para comprender el norte del Cauca, pienso que es la atención psicosocial y la salud mental. Este es otro aspecto central a trabajar en la región, pues la droga no solo pasa por estos municipios, sino que desde hace ya un tiempo un porcentaje de la misma se está quedando para ser ingerida, amén de las drogas sintéticas de consumo regular en parches y sitios de rumba. Quizás, el posible acceso a la educación superior gratuita sería un motivante para que nuestra juventud de la zona rural encuentre en el ingreso a esta su proyecto de vida, oportunidades de trabajo, de vivienda y sostenimiento en condiciones dignas, sea la base para la transformación del territorio, para en un corto futuro ver sembrado: café, frijol, arveja, en fin, comida en vez de coca o marihuana. Hablemos del futuro del norte del Cauca, no solo de la tierra, su propiedad, acceso y uso. Que dialogue el concepto integral del territorio indígena con la necesidad de saldar la brecha urbano-rural afro, del campesinado con los pobladores urbanos de estos municipios y el Diálogo Regional Vinculante de noviembre próximo se acompañe de la reflexión y el énfasis de las políticas públicas a construir. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Armando Wouriyú Valbuena, Maestro de Sabiduría UNESCO, Presidente ONIC 1999 - 2003 Debo iniciar estas líneas lamentando profundamente los hechos de violencia ocurridos en el día de ayer, 19 de octubre de 2022, en los que participaron miembros del pueblo originario Embera, quienes se encuentran en el Distrito Capital de Bogotá en condición de víctimas del conflicto armado interno del país. Me solidarizo con todos los heridos: agentes de policía, gestores de convivencia e indígenas. No justifico la violencia como método para dirimir los problemas que nos aquejan. Pero también debo referirme a la trágica y violenta historia de la que han sido víctimas nuestros hermanos Emberas desplazados en la ciudad de Bogotá. Sus territorios han sido ocupados por los interesados en las riquezas mineras que allí existen y, junto a ellos, los actores armados de todos los tipos. La riqueza territorial se constituiría en su condena, que los arroja al desplazamiento forzado. Las condiciones de su destierro son más difíciles porque provienen de zonas de los departamentos de Chocó y Risaralda con muy bajo contacto con la cultura no indígena. Así que en estas décadas de diáspora no han tenido capacidades de adaptación y acomodación a la vida en grandes ciudades como Bogotá. De esta manera, a la violencia de su separación territorial se suma a otra similar, su malvivir diario en la gran ciudad con pocas herramientas para enfrentarlo. Entonces ese estallido del día de ayer tiene tras de sí al menos cinco décadas en que el Estado y la sociedad colombiana no han resuelto de fondo lo que es el derecho a restituirse colectivamente como pueblo originario. El presidente ha visitado a los heridos y posteriormente ha dialogado en el Palacio de Nariño con representantes de la Comunidad Embera en Bogotá. Buena señal.

Por: Paola Perdomo, Investigadora Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Recientemente se ha hecho referencia de manera reiterada a la participación de la sociedad civil en el actual escenario de diálogo de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN, pero poco ha quedado sobre la mesa acerca de las claves de esta participación. Es claro hasta ahora que existe una lectura y voluntad compartida de ambas partes respecto a que la sociedad civil participe de manera activa en dicho proceso de paz. Por un lado, el gobierno de Gustavo Petro ha apostado por una propuesta de Paz Total en la que el diálogo social y las visiones de los territorios son bandera de la política de paz. Por el otro, el ELN ha reiterado la necesidad de avanzar en la participación de la sociedad civil y las garantías de la democracia como asunto primordial para superar el conflicto armado. Por supuesto, también está la postura de un sector de la población civil que demanda el impulso de agendas territoriales y diálogos vinculantes como asuntos indispensables en los futuros acuerdos que se firmen entre ambos actores. Sin embargo, son varios los elementos, desafíos y aprendizajes que se deben tener en cuenta en este escenario de participación. En primer lugar, por qué es clave y desde qué sectores debe ser liderado. Los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN son una ventana de oportunidad para promover y generar un gran diálogo nacional, no solo alrededor de este proceso con el ELN, sino ampliamente alrededor de la paz a lo largo del país. Esto requiere una participación activa de diversos sectores sociales, primordialmente de mujeres, víctimas del conflicto armado, jóvenes, población diversa, comunidades indígenas y afrodescendientes que históricamente ha cargado lo más fuertes flagelos de la violencia. En segundo lugar, es urgente que la sociedad civil tenga un lugar preponderante en las reflexiones, las exigencias y los avances en materia de cese al fuego. En este sentido, como principal sujeto de las afectaciones a derechos humanos derivadas de la violencia armada, es necesario que la población civil encabece la demanda de un cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el ELN, pero también de un desescalamiento de la violencia generada por las distintas disputas entre actores armados ilegales que constituyen las principales fuentes de violencia y crisis humanitaria a nivel territorial en el país. Su lectura, experiencia y voz en este aspecto son fundamentales para comprender y abordar la complejidad de lo que implica dilatar o avanzar en un cese al fuego entre actores generadores de violencia en el marco del camino a la paz. En tercer lugar, hay volver la mirada al proceso de paz adelantado entre el Gobierno Nacional y las FARC para recoger los aprendizajes de la experiencia relacionada con la participación de la población civil en dicho contexto. Aunque diferente al proceso actual con el ELN, tiene elementos claves a retomar y repensar, tales como la necesidad de diseñar participativamente medidas de protección y autoprotección que permitan mitigar los riesgos que implica que la sociedad civil participe en un proceso de paz en medio de un escenario de guerra. Adicionalmente, es necesario no perder de vista e insistir en el lugar de la sociedad civil en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016, entre otras cosas, como garantía de los acuerdos a los que se puedan allegar entre el ELN y el Gobierno Nacional en este nuevo proceso. Igualmente es importante recoger otros aprendizajes respecto a los avances alcanzados durante el diálogo entre el ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se realizaron audiencias de preparación y se conformaron varias mesas de participación de sociedad civil, consiguiendo avanzar en un modelo de “Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz”, primer punto de la agenda de negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional, que contempla un ejercicio dinámico, incluyente y pluralista de participación que recoge una visión común de paz. Estos avances son clave para retomar y seguir avanzando en una metodología de diálogo. De esta manera, más allá de la participación que la sociedad civil actualmente está adelantando en el marco de los diálogos regionales del Plan Nacional de Desarrollo, esta debe desplegarse a un diálogo amplio sobre y para la paz, la reconciliación, convivencia y no estigmatización, a partir de las ventanas de oportunidad que representan los diálogos con el ELN, además de la existencia y funcionamiento de valiosas instancias en esta materia, tales como los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia. Estos están conformados, a nivel nacional, departamental y municipal, con una amplia participación de sociedad civil organizada, volcada a aportar y a asesorar a los gobiernos en materia de construcción de paz. Desde allí, en cabeza del Consejo Nacional de Paz, se consiguió decretar hace apenas dos meses una Política Pública de Paz, Reconciliación y Convivencia. Un hito para la paz que no ha conseguido mayor visibilidad y relevancia entre la opinión pública desde que salió a la luz porque, como parte de los desafíos por fortalecer los procesos de participación de la ciudadanía, los Consejos de Paz presentan aún importantes vacíos que limitan el alcance que podría tener dicha contribución, teniendo como consecuencia que la participación de la sociedad civil siga estando al margen de una agenda de paz nacional. Por ello, la coyuntura actual de la reactivación de los diálogos con el ELN y su ímpetu en la voz y participación de la población civil en la construcción de paz es una importante oportunidad para seguir avanzando en la superación de dichos obstáculos. En las próximas semanas, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) estaremos haciendo la publicación de dos importantes informes sobre los asuntos acá abordados. Por un lado, un reporte sobre los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro y su política de Paz Total, dentro de la que tienen lugar los actuales diálogos con el ELN. Por otro lado, un informe sobre el estado, el funcionamiento y los desafíos de los Consejos de Paz en Colombia y la política de reconciliación, convivencia y no estigmatización.

Por: Katerin Erazo, Periodista En el Congreso de la República se debate la modificación del Proyecto de Ley 418 de Orden Público que presentó el presidente Gustavo Petro, el cual le otorga facultades al Gobierno Nacional para la implementación de la política de Paz Total.  Este proyecto pasó un primer debate el pasado 10 de octubre en las Comisiones Primeras conjuntas en el Congreso de la República. Según Camilo Díaz Suárez, investigador nacional de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los últimos dos debates para la aprobación de estas modificaciones son los que se están realizando hoy, uno en plenaria del Senado y otro en plenaria de la Cámara de Representantes. Este es un proyecto de ley ordinario, lo que implica que para su aprobación solo debe surtir 4 debates. En caso de ser aprobado, el siguiente paso es la sanción presidencial y la revisión constitucional por parte de la Corte Constitucional. Esta iniciativa del Gobierno ha traído polémica, ya que hay dos artículos incluidos en la ponencia que han creado discordia entre diversos congresistas: el artículo 16 que crea la figura de gestores de convivencias para aquellos que estén procesados en el marco de acciones que cometieron durante las protestas sociales; y el artículo 17, el cual le daría facultades al presidente para otorgar indulto a los integrantes de las primeras líneas que fueron detenidos en el marco de estas mismas protestas. El artículo que ha generado mayor polémica es el 17, que dicta: “facúltese al presidente de la República para, en el marco de la política de Paz Total, poder otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”. Por esta razón, varios integrantes de la oposición han manifestado su desacuerdo, una de ellas fue María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien aseguró que el Gobierno busca que los de la primera línea queden libres a pesar de “la barbarie y destrucción que ejecutaron”. A raíz de esto, Paola Valencia, quien está también en descuerdo con estos artículos, habría enumerado tres puntos “micos” que considera inconvenientes para el país. En primer lugar, señaló este artículo (el 17) como “inaceptable”, ya que no comparte la idea de que liberen a las personas que cometieron algún delito en las manifestaciones. La senadora agregó que un segundo “mico” de la Ley de Orden Público es “mantenernos sin fast track siquiera, sino de manera automática como política pública, lo que firme el Gobierno con los criminales. Incluso, acuerdos parciales”, manifestó Valencia por medio de su cuenta de Twitter. Y el tercer “mico” es que la ley de sometimiento a la justicia en medio de la Paz Total que propone Petro, ya no pasará al Congreso. Este Proyecto de Ley tendrá más de una discusión, dado a que este propone también la modificación del servicio militar obligatorio , el cual busca generar la posibilidad de que los jóvenes opten por el servicio social para la paz y tengan la opción de elegir si entrar a prestar el servicio o no. A pesar de las polémicas que surgieron por estos artículos, también hay quienes están de acuerdo con esta Ley, uno de ellos es Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, quien catalogó el Proyecto de Ley como “una decisión justa”, ya que busca cumplir una de las promesas que dio el presidente Gustavo Petro a los jóvenes, “yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud (…) no es el momento de los odios”, dijo Petro en medio de su discurso en el Movistar Arena, cuando quedó elegido como presidente. A este apoyo se sumó Ariel Ávila, senador de la República de Alianza Verde, quien mencionó que la Paz Total no es solo el desactivar a actores armados ilegales, sino también es una paz social, la cual significa que los ciudadanos aprendan a expresar sus indiferencias de forma pacífica. Por esta razón, se debe tener en cuenta que, así como se les otorgará beneficios a los grupos armados, también se le debe dar oportunidades a las personas que ejercieron su derecho a las protestas, argumentó el senador. Ávila también mencionó que muchos de los jóvenes que se encuentran en la cárcel, no están condenados, ya que no existen pruebas sólidas para ser juzgados, “estos muchachos protestaron porque no tenían que comer, porque no tenían modos para estudiar, porque no tenían un trabajo digno (…) no hay que condenarlos, hay que darles segundas oportunidades”, dijo. Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de Pares, apoyó la postura del senador Ariel Ávila y mencionó que los jóvenes que hicieron parte de las manifestaciones también deben de tener una segunda oportunidad. Su lectura de este artículo es positiva, ya que el nuevo Gobierno busca la Paz Total no solo con los grupos armados sino también con el mismo pueblo colombiano. Se esperan los resultados de este debate, en el que algunos están de acuerdo y otros están en contra. Solo se puede resaltar que la protesta social es un derecho democrático ym si es aprobada esta ley, el presidente Gustavo Petro junto al ministro de Justicia serían los encargados de revisar caso por caso para definir a quiénes se les aplicaría el indulto y a quiénes no.