Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Cali el 15 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Las comunidades entregaron más de 7.000 propuestas al Gobierno Nacional, de las cuales 4.200 estaban asociadas al desarrollo de proyectos de inversión para más de 27 municipios del departamento. En el transcurso del día se identificaron más de 2.000 problemáticas. Los temas principales fueron: ordenamiento territorial, Paz Total, seguridad humana, justicia social, derecho humano a la alimentación, transición energética, crecimiento verde con justicia ambiental y convergencia social y regional. Johana Lara, representante del movimiento social de personas con discapacidad, mencionó que una de sus propuestas consistió en la accesibilidad, interlocución, participación e incidencia de esta población, con el fin de ser transversales en todo lo que tiene que ver en la atención a las personas con discapacidad. Otra de las participantes fue Carolina Chávez Vivas, quien manifestó que una de sus propuestas fue pedir que todas las empresas empiecen a medir su huella de carbono y los gases de efecto invernadero en el departamento. Janeth Rojas, quien se movilizó desde el municipio de Bugalagrande, propuso que todos los municipios del país tengan planes de ordenamiento territorial con el fin de que a los campesinos se les pueda hacer titulación de tierra y de esta manera puedan articularse con el primer punto del Acuerdo de Paz. Participantes A este Diálogo Regional Vinculante se inscribieron aproximadamente 16.043 personas y contó con la participación del presidente de la República, Gustavo Petro, quien dio inicio a la mesa de juventudes. También estuvo acompañado por el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González y la consejera para la Juventud, Gabriela Posso. Petro dijo que el Gobierno busca que la misma sociedad sea la que haga parte de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo: “queremos que esta ley la haga la gente”, añadió el mandatario. Por su parte, Jorge Iván González indicó que el equipo del DNP ha venido ordenando y poniendo énfasis en los aspectos que han propuesto los participantes a lo largo de los 10 Diálogos Regionales anteriores que se han realizado. Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), participó en este espacio y mencionó que, desde su punto de vista, fue un “show” más que un Diálogo Regional Vinculante, pues a primera vista se vio una tarima grande en un espacio abierto, donde muchos ciudadanos no comprendían la dinámica y metodología que se estaba manejando. Foto: Juan Manuel Torres Torres destacó que las mesas más activas fueron las de los jóvenes, las mujeres, las energías limpias, el ordenamiento territorial, la discapacidad y las mesas del poder popular para la paz. Sin embargo, según Torres, algunos participantes estuvieron dispersos. Contexto de la subregión Según la Unidad para las Víctimas, en el Valle del Cauca hay un registro de 589.163 víctimas del conflicto armado. Actualmente en este departamento, según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hay presencia de tres organizaciones armadas ilegales: disidencias de las FARC de la línea de alias “Gentil Duarte”, que hacen parte del Comando Coordinador de Occidente, el Clan del Golfo y el ELN. Entre el mes de enero y mayo de 2022 fueron entregados $38.518 millones de pesos en el Valle del Cauca con el fin de atender a la población afectada por el conflicto armado en el departamento. Entre el año 2018 y 2021 la Defensoría del Pueblo emitió 6 alertas que se mantuvieron activas para el departamento del Valle del Cauca en seis municipios, pues estos llegaron a niveles de violencia alta, producto de muchos factores como fortalecimiento de grupos armados y contexto del Paro Nacional. En cuanto a la economía del departamento, a pesar de las dificultades socioeconómicas por las que pasó debido a los efectos de la pandemia, el Valle del Cauca supo reponerse a través de la unión de fuerzas empresariales y gubernamentales, logrando que la economía en el segundo trimestre del año creciera un 18%. Este departamento ha ayudado de manera importante a la economía nacional, pues en cuanto a lo agrícola, el Valle contribuye con un 5.37% de la producción. El departamento es reconocido por su industria azucarera, la cual provee a los mercados de Colombia y países cercanos.

Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad El día de hoy, 18 de octubre, el gobierno de Gustavo Petro presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual se crea el Ministerio de la Igual y la Equidad. Siguiendo lo prometido en campaña, se radicó en un contexto de agenda legislativa apretada. Como fue planteado en el Programa de Gobierno durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, se radicó el proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. En campaña, el ministerio se planteó “con el fin de articular todas las políticas para el empoderamiento integral de las mujeres, las diversidades de género y orientación sexual, generacionales, étnicas y regionales en Colombia”. Sin profundizar el programa en sus funciones, más allá de dictar que el ministerio debería garantizar las condiciones de igualdad de las poblaciones en situación y condición de derechos, algunos cambios en la ‘altas consejerías’ y en las funciones de la Vicepresidencia han dado línea sobre las funciones que tendrá el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, mientras se aprueba su creación en el Congreso. ¿Qué hará el Ministerio de la Igualdad? Mediante el Decreto 1874 del 9 de septiembre del 2022, el presidente Gustavo Petro le confirió a la Vicepresidencia una serie de funciones que, mientras entra en funcionamiento el Ministerio de la Igualdad, tendrá con el mismo propósito. En su primer artículo dicta que tendrá la misión de la coordinación interinstitucional e intersectorial para desarrollar, ejecutar e implementar políticas públicas para garantizar el derecho a la igualdad, bajo los principios de no discriminación ni regresividad. Así, la Vicepresidencia tiene la misión de coordinar los el diseño de políticas, planes, programas y demás asuntos que promuevan la igualdad de género para las mujeres y creen un entorno para que puedan ejercer sus derechos humanos; para poblaciones diversas LGBTIQ+; y para personas en condición de discapacidad. Además de esa asignación de funciones, la Presidencia de la República, por medio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), realizó una serie de cambios para eliminar y reformar las altas consejerías que existían hasta ahora. Aparte de cambiarle el nombre a ‘Consejerías de la Presidencia’, entre los cambios está la aparición de la Consejería de la Mujer, que sería de carácter temporal, para ser posteriormente integrada al Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Con base a ello, el ministerio tendrá como gran objetivo “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas, para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados”. Además, se ha señalado que a nivel específico, son 4 grandes desafíos los que tiene el Ministerio de la Igualdad y la Equidad: 1. Lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer; 2. reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión; 3. ingreso vital: medio salario mínimo, a la madre cabeza de familia; 4. hacer en la reforma agraria y en la economía popular a la mujer como titular de propiedad y como sujeto de crédito de fomento para emprender. Sumado a ello, los temas que quedarán a cargo del Ministerio son: Mujeres en todas sus diversidades; población LGBTIQ+; pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom; campesinos y campesinas; niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema; víctimas de todas las violencias y la inequidad; personas en situación de discapacidad; habitantes de calle; y migrantes. ¿Cómo será su trámite en el Congreso? Tras ser radicado en la Secretaría del Senado, el proyecto deberá pasar a ser discutido en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes, al ser las encargadas de, entre otros, asuntos de estructura y organización de la administración nacional central. Allí, en cada corporación deberá ser aprobado el proyecto de ley, para pasar a sus respectivas plenarias. A priori, el proyecto parece ir con buen rumbo, toda vez que las Comisiones Primeras están integradas, en su totalidad, por partidos de gobierno. Si bien como se ha podido ver con la Reforma Tributaria no es un apoyo ciego, el hecho de esta composición ya establece un buen punto de partida para su aprobación. Elaborado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz y Reconciliación. En caso de ser aprobada en Comisiones Primeras, el proyecto debe pasar a ser discutido en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, donde, de nuevo, hay una mayoría de partidos de gobierno. Así, el proyecto de ley debe enfrentarse a un total de 4 debates, previo a su sanción presidencial, en una misma legislatura. Para ello, debe ser prioritario en la agenda del Congreso, para que, por tiempos, alcance a ser discutido y no sea archivado por falta de discusión. ¿Cuáles son sus principales cuestionamientos? Pese a que en muchos sectores se ha celebrado el proyecto como un avance en muchos aspectos sobre la desigualdad, desde otros, encabezados por la oposición del Centro Democrático, se cuestionan los costos que implica la creación de un ministerio. Como han sostenido diversos medios y algunos políticos como María Fernanda Cabal, la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad puede llegar a tener un costo de $100 mil millones de pesos, mientras la Consejería Presidencial para la Mujer maneja un presupuesto de poco más de $1.147 millones. Esto cobra especial relevancia en un contexto de alta inflación y desaceleración económica. En adición a ello, se cuestiona las implicaciones de ampliar la burocracia para tratar los temas que quedan a cargo del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. De todas formas, de fondo las objeciones son menores y se restringen más a la forma. Con ello en mente, el proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad cumple con la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro y tiene como objeto el formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas que garanticen la igualdad de poblaciones tradicionalmente afectadas por la desigualdad. Aunque hay y habrá cuestionamientos, por la composición de las Comisiones Primeras y el Senado y la Cámara de Representantes, se augura un buen futuro a la aprobación de la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado miércoles 12 de octubre se firmó en Medellín, en la sede principal de Isagen, el Pacto por la Justicia Tarifaria. Este es un acuerdo inédito en el país, que se da en un momento clave del gobierno Petro y próximo a cumplir tres décadas de implementación de las leyes 142 y 143  de 1994, con las que se reformó el mercado de la energía eléctrica y los demás servicios públicos domiciliarios. Fueron 82 las empresas de la cadena de la energía en Colombia que se comprometieron con el Gobierno nacional –en cabeza de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres y en compañía de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios– a entregar justicia social y económica a los usuarios del sector de la energía eléctrica. Inicialmente el pacto consiste en reducir el precio entre un 4 y 8% del servicio que se cobra en las facturas a los consumidores –que se sentirá a partir de noviembre– y a trabajar en la estabilización de las tarifas en 2023. En términos económicos esta reducción representa una transferencia de recursos monetarios del sector empresarial a los consumidores en, por lo menos, 1,5 billones por vía de disminución tarifaria. Es una medida que se traduce, según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en un ahorro por hora para los hogares importante, por ejemplo, del estrato uno en 233 pesos o de 700 pesos para el estrato cinco –partiendo de que cada hogar en Colombia consume en promedio 157 kilovatios por hora–. Recursos no pagados en tarifas que benefician el patrimonio familiar y que permite que los ingresos puedan ser usados por los hogares para aumentar las inversiones en educación o gastos en alimentación. A este pacto de voluntades se llegó luego de mes y medio de conversaciones entre las empresas del sector eléctrico –la cadena de las generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras– y la ministra de Minas y Energía. Y después de que el presidente Petro interviniera en la asamblea anual de Andesco, donde dijo que si no se tomaban medidas para atender la lamentable situación que está viviendo el país se intervendría a la CREG y el mercado de energía. Recordemos que, desde finales de 2021 los usuarios del servicio de electricidad han visto como el precio promedio del servicio ha subido a nivel nacional en un 26%; llegando, incluso, a niveles cercanos al 50% en regiones como la Costa Atlántica, donde un kilovatio cuesta 900 pesos frente a 600 que se paga en ciudades como Bogotá. Lo que ha puesto a muchos hogares de poblaciones marginadas en el dilema de pagar los servicios o comprar alimentos. Una situación que es vieja en Colombia y que comenzó a profundizar con la pandemia, cuando el Gobierno Duque prohibió el alza de tarifas durante este tiempo de crisis, evitando la nivelación de precios; pero luego de esta norma prohibitiva se ha realizado un incremento sostenido de las tarifas que produce el aumento generalizado que ha tenido el precio en las tarifas de energía desde diciembre de 2020. Además, desde diciembre de 2021 se viene presentando un incremento en los costos de producción de la energía, como consecuencia del aumento en el precio en los insumos que usan la generación de electricidad. Así, el Índice de Precios al Productor ha tenido incrementos acumulados en 2022 de hasta 21,8%, y con ello un aumento de los precios de la energía. Lo que busca el Pacto por la Justicia Tarifaria es establecer un precio razonable a este servicio esencial para los 48 millones de colombianos y colombianas que lo consumen. Diciéndole a las empresas que deben comprender que los usuarios tienen derecho al acceso a la energía, a pesar de este ser este un sector que se rige por las leyes del mercado. El pacto firmado el 12 de octubre contiene, en el corto plazo, en primer lugar, un permiso para renegociar 953 contratos bilaterales entre generadores y comercializadores de energía –que representan el 69% de los acuerdos de compra y venta de energía y de los cuales el 54% se asocian al mercado regulado y el 46% al mercado no regulado– y que permite ajustes de pago y del indexador del servicio –según las resoluciones CREG 101 027 y 029 de 2022–. Y en segundo lugar, un acuerdo para usar el indicador menor de precios  o más favorable para indexar el costo de las tarifas de energía para el usuario –se usará el más bajo entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios del Productor (IPP)–. Lo que  permitiría controlar, en parte, la inflación en este servicio. Adicionalmente, en el mediano y largo plazo, el acuerdo propone trabajar en la revisión de los diversos componentes de la estructura tarifaria, para que este no presente variaciones tan altas y tenga un indexador más estable que permita lograr la justicia tarifaria en el país. También, avanzar en la transición energética justa y en un modelo de democratización de la energía, donde la justicia tarifaria es uno de los componentes. Para finalizar hay que decir que a pesar del importante avance que representa este pacto, aún faltan muchos temas por tratar. Algunos de ellos son: primero, que estamos ante unas medidas que representan poco alivio para algunas regiones. Para la Costa Atlántica, por ejemplo, la reducción de 8% que es la más alta, será mínimo el cambio, ante un aumento que hoy es para esa región cercano al 50%. Segundo, a pesar de tener muchas empresas vinculadas con la iniciativa ministerial, y algunas de ellas tan importantes como EPM, EMCALI, Cesia, Gecelca o ISAGEN, aún falta más de la mitad de las empresas por vincularse. Por ejemplo, de las 11 distribuidoras que componen este sector, sólo cinco están en el acuerdo. Además, las empresas más criticadas –como Afinia, que está en la Costa Atlántica– aún no se solidarizan. Tercero, que para hablar de una completa justicia tarifaria hay que hacer extensiva también estos pactos a los demás servicios públicos domiciliarios del país, los que igualmente presentan aumentos tarifarios significativos. Es necesario incluir a las demás empresas de los servicios, como las del agua potable y saneamiento básico o los de la telefonía celular y la internet. Y cuarto, debe incluirse a todos los actores involucrados con el servicio, a los gobiernos departamentales y locales. Además debe hacerse un gran esfuerzo para parar el robo de energía y las conexiones fraudulentas, que en ciudades como Cartagena, significan pérdidas de cuatro billones de pesos, y que son cobradas a los usuarios que sí pagan, a través del  componente de Pérdidas. En conclusión, estamos frente una novedosa, democrática y justa acción colectiva, donde los empresarios del sector eléctrico han decidido atender el llamado del Gobierno nacional de vincularse con una política redistributiva, que ponga en el centro a los ciudadanos –de forma análoga como se hizo con las víctimas del conflicto armado en el Acuerdo de paz–. Unas tarifas que buscan que los ciudadanos puedan acceder al servicio de la energía a un costo razonable, de calidad y acorde con los ingresos que tenemos en Colombia; unas tarifas que permitan encender sueños y alegrías y no oscurecer vidas o apagarlas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) La Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), presentan este informe sobre la situación de derechos humanos en el estado Amazonas, al sur de Venezuela, analizando el impacto de la minería ilegal, los conflictos interétnicos, la presencia de grupos armados irregulares, la división político-territorial y los planes de gobierno que pretenden legalizar la actividad extractiva en esta región, en la que el 53,7% de la población se reconoce indígena. El panorama frente a la seguridad y supervivencia de las etnias indígenas en el estado Amazonas, en Venezuela, es desolador. Su territorio continúa siendo invadido por la minería extractivista, mientras hombres y mujeres indígenas luchan por la defensa del medio ambiente, el agua, su cultura y el territorio. El 20 de marzo de 2022 ocurrió una masacre contra los indígenas yanomami, en la que militares del componente de la Aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dispararon a matar, dejando cuatro indígenas muertos. Una historia que se repite y que nos recuerda la masacre de Haximú de 1993, en la que murieron 16 indígenas yanomamis. Y una historia que viven, no solo los yanomamis, sino todos los pueblos indígenas del Amazonas venezolano; y no únicamente frente a las fuerzas del Estado venezolano, sino frente a los garimpeiros brasileros (mineros) y grupos armados ilegales colombianos (ELN y disidencias de las FARC), que invaden su territorio para extraer oro, mientras que los utilizan como mano de obra barata e instrumentalizan para continuar expandiendo el negocio de la minería ilegal. Lea el informe completo con toda la información y el análisis, aquí:

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Nuquí, municipio del departamento de Chocó, durante los días 13 y 14 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo El ordenamiento territorial, la seguridad humana, la justicia social, la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático, el crecimiento sostenible, la convergencia social, las víctimas, mujeres, jóvenes e indígenas, fueron los principales temas que se trataron durante este espacio de diálogo. Uno de los representantes del pueblo Emberá Chamí manifestó las necesidades de la comunidad indígena y pidió al Gobierno que se tenga en cuenta el enfoque diferencial como pueblos indígenas, ya que exigen ayudas por parte del Estado para que dejen de haber reclutamientos y asesinatos en los territorios de esta subregión. Óscar Saya, presidente de la Federación de Trabajadores de la Pesca Artesanal de la Costa Pacífica Chocoana, destacó la importancia fundamental de la pesca como actividad económica regional y mencionó que una de sus propuestas es que se incluya en la política pública de pesca una parte con enfoque diferencial para el Pacífico Chocoano, cimentado en la dignidad del pescador, la sostenibilidad de los recursos y la integridad de los ecosistemas. Participantes El municipio de Nuquí (Chocó) se convirtió en el epicentro del Diálogo Regional Vinculante del Pacífico Norte, allí llegaron más de 450 personas de esa subregión y de Bahía Solano y Bajo Baudó. Entre los participantes estuvieron asistentes y representante de comunidades afro e indígenas. En este espacio, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, al igual que la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia, fueron quienes encabezaron el Diálogo Regional. También contó con la participación de María Fernanda Cortés, coordinadora del grupo CONPES del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el alcalde del municipio, Yefer Gamboa. La vicepresidenta hizo un llamado a que en el Chocó se logre la Paz Total e invitó a los jóvenes del Pacífico a hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de promover una cultura de respeto y reconocimiento. También añadió que habría recibido un decreto en el que se le da el mandato de liderar el gobierno en dicha región. Por ello, recorre Valle, Cauca, Chocó y Nariño, “nos pone tareas para que el Pacífico avance, se ponga de pie. Que sea un territorio de Paz Total y dignidad”, añadió Francia Márquez. Por su parte, el alcalde de Nuquí agradeció a las comunidades por su participación: “lo que nosotros plasmemos en estos diálogos debe quedar en proyectos para beneficio de Nuquí y del Chocó”. Contexto de la subregión El Pacífico Norte es una de las 5 subregiones que componen el departamento del Chocó. Este ha registrado niveles significativos de violencia debido a los conflictos armados internos de Colombia, dado a que distintas organizaciones ilegales hacen presencia en el territorio. En esta zona del pacifico persiste un constante conflicto debido a las disputas y ocupaciones de los territorios por grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Por esta razón, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el Pacífico se registra un incremento de hechos violentos e inseguridad para la ciudadanía en los últimos años. Hacia la Costa Pacífica se mueven economías ilícitas del narcotráfico que entran y salen por el mar; en la región del Baudó, los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y el control de los grupos armados ilegales han amenazado durante muchos años a las comunidades, lo que hoy en día aún persiste.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Montería, capital del departamento de Córdoba, durante los días 13 y 14 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo En más de 10 mesas de diálogo se trataron temas transformacionales como campesinado, mujeres, población LGBTIQ+, discapacidad, alimento y jóvenes. Julio Guillermo Cervantes, integrante de la Asociación de Agricultores, mencionó que una de las principales peticiones fue la construcción de vías que intercomuniquen a los municipios, con el fin de que los productos sembrados en la región puedan comercializarse y contribuyan a obtener la seguridad alimentaria que “elimine el hambre que hay en el departamento”. En medio del diálogo, Ruth Cruz Villarraga, quien participó en este espacio, también hizo énfasis en la alimentación. Cruz mencionó que habría solicitado al Estado la erradicación del hambre y que de esta manera la alimentación sea un derecho fundamental en Colombia. En medio de la participación, Cervantes destacó la importancia de estos diálogos, especialmente para las personas que no cuentan con recursos, ya que en este espacio se les garantiza ser escuchados y de esta manera el Gobierno les busca dar alguna solución, en especial con la seguridad alimentaria que está afectando a las comunidades más pobres. Participantes Alrededor de las 8:00 a.m. del 13 de octubre, más de 2.500 habitantes de 31 municipios de la región del Sinú y San Jorge, llegaron al encuentro en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz de Montería. El Diálogo fue liderado por la Consejería Presidencial para las Regiones y participaron líderes y lideresas sociales, y miembros de todas las comunidades étnicas de la región. La Alcaldía de Montería dispuso rutas de transporte gratuitas (ida y vuelta) durante todo el día, con el fin de facilitarle a la ciudadanía su participación. Este Diálogo Regional Vinculante también contó con la participación de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Ana del Rosario Paternina, gobernadora mayor indígena Zenú. Durante su discurso, el funcionario González mencionó: “desde el territorio, desde las regiones, estamos escuchando a las personas y lo mejor es que ellas son conscientes de que los problemas son difíciles, que no se van a resolver de un momento a otro, pero que sí podemos comenzar a transformar”, haciendo referencia González a que estos espacios son importantes y que desde el Gobierno están realizando un cambio de la forma como se planea el país. Contexto de la subregión La subregión del Alto Sinú se ubica en el sur de Córdoba, en los municipios de Tierralta y Valencia. Esta ha vivido un índice de violencia alto, especialmente en contra de los líderes y lideresas sociales e indígenas que protegen la subregión. Hace pocos meses, una líderesa social fue amenazada por medio de panfletos que le llegaron a su vivienda, los cuales le ordenaban abandonar la zona en un plazo de 72 horas. Esto ha generado temor en las comunidades, dado a que estos hechos violentos se han venido presentando durante varios años. En lo que va de este año han sido amenazados 152 líderes sociales en Córdoba, los casos más críticos se han registrado en el sur del departamento. Las autoridades en Córdoba instan a las comunidades a reportar estos hechos violentos que se presentan, al igual que el reclutamiento de menores, con el fin de que se adelanten las acciones correspondientes.

Por: Luis Eduardo Celis Esta semana se aprobó la ley de la Paz Total en un trabajo conjunto de las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, con el liderazgo del senador Ariel Ávila y el representante Alirio Uribe. Allí se conciliaron los textos aprobados en cada instancia y la ley será votada en plenaria del Congreso de la República el próximo lunes. Esperando que sea aprobada, esta ley será uno de los principales soportes de la política de Paz Total que ha formulado el gobierno del presidente Gustavo Petro y que tiene como líder institucional al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien, en sus palabras, será el “director técnico” del equipo en proceso de conformación para acometer la importante tarea de construir el acuerdo de paz con el ELN y los sometimientos negociados mediados por diálogos “socio-jurídicos” con ese amplio archipiélago de disidencias de las FARC y otras organizaciones principalmente centradas en la economía del narcotráfico. La política de Paz Total tiene un sentido abarcador y el propósito de cerrar todas las violencias organizadas que hoy persisten en cerca de doscientos veinte municipios, ubicados en buena parte de la frontera entre Colombia y Venezuela: Arauca, Catatumbo, el Perijá y la Guajira; al igual que en el Catatumbo, hasta el área metropolitana de Cúcuta; igualmente esta violencia está instalada en el Pacífico Chocoano, Valluno, Caucano y Nariñense; se extiende al sur de Bolívar, el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño; así como al Cauca, Putumayo y el Guaviare. En estas regiones está el reto de la Paz Total. La Paz Total asume que este gobierno y el conjunto del Estado le van a tender una mano a quienes hoy se mantienen en la acción violenta para que depongan este proyecto y vengan a una sociedad que clama por la vida y una convivencia civilizada. Se asume que eso requiere crear nuevas realidades y nuevos referentes de acción que vayan a las raíces de estas violencias, donde sobresale la ausencia de un Estado funcionando con todos sus dispositivos institucionales para garantizar que las comunidades y el conjunto de la ciudadanía que vive en estos territorios pueda ejercer sus derechos sin autoritarismos ni imposiciones, y sea posible una vida digna y de calidad. No es una tarea pequeña, enorme sí, desafiante sí, posible sí. Para superar el conjunto de las violencias organizadas que persisten, hay que tramitar los conflictos que les dan vida: narcotráfico, otras economías que se mueven en la ilegalidad, darle un orden democrático al territorio, planificando de manera participativa su uso y usufructúo, temas no resueltos hasta el día de hoy en esos territorios. Si estos temas no se asumen, no será posible darle cierre a las violencias organizadas y se repetirá el ciclo en el que salen unos ilegales y llegan otros. Esa historia ya la conocemos y la hemos vivido con intensidad luego del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016, que dio origen a un nuevo ciclo de violencias en el cual estamos hoy y que esta política se ha propuesto cerrar. El gobierno de Gustavo Petro viene con el mandato de transformaciones, promover la más amplia participación social y ciudadana que se apersone de los cambios necesarios y pertinentes en la sociedad colombiana. Y allí, en esta acción de cambio y transformaciones, se inscribe la política de Paz Total, que ya cuenta con una importante Ley que le dará soporte. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz y Reconciliación presentó el informe «Un balance de la seguridad ciudadana en Colombia», a partir de este se plantea un panorama de lo que fue el 2020 en materia de indicadores de seguridad ciudadana y convivencia, un año atravesado por las medidas y restricción decretadas con motivo a la pandemia Covid19, lo que, entre otras cosas, afectó las dinámicas sociales propias de un periodo de normalidad. Así, se evidencian reducciones en cuanto a algunos hechos, las cuales deben ser leídas a la luz de los condicionamientos de este periodo. Siguiendo esto vale la pena iniciar mencionando algunos de los casos donde la tasa nacional fue inferior a la de 2019: El hurto a personas pasaron de un total de 306.847 en 2019 a 203.532 en 2020, lo que implica una reducción del 34%. Las denuncias de hurto a comercio registradas en el SIEDCO se redujeron un total del 32% entre 2019 y 2020, pasando de un total de 61.650 casos a 41.619 en el último año. Las denuncias de hurto a residencias se redujeron el año pasado un 30%, pasando de 46.465 a 32.324 en 2020. El hurto de automotores son los que registran la menor reducción; es decir, la Policía Nacional registró un 14% menos de denuncias, pasando de 10.499 casos en 2019, a 9.002 en 2020. En 2020, se registraron 9.772 denuncias menos sobre hurto de bicicletas, esto en comparación con las 35.713 para el año 2019. Hubo una reducción del 31% durante el 2020 en las denuncias de lesiones personales. En 2020 se registraron 82.507, frente a 119.302 para el total nacional de 2019. Siguiendo esto, las capturas se redujeron un 26%; mientras en 2019 la Policía registró 234.481, las del año pasado alcanzan el total de 172.900. Hay que mencionar que esto tuvo mucho que ver con las restricciones de movilidad, puesto que en muchos de los casos mencionados las principales reducciones tuvieron lugar durante los primeros meses de aislamiento preventivo obligatorio, mientras que luego, con la flexibilidad de algunas medidas, algunos porcentajes aumentaron, sobre todo relacionados con las denuncias recibidas. Asimismo, hay que señalar que este panorama tuvo variaciones en las ciudades, esto en concordancia con las restricciones que se implementaron por el Covid-19 por cada gobierno local y departamental, como también por las dinámicas de presencia de criminalidad y estructuras ilegales. Por ejemplo, siguiendo lo anterior, a través del informe se logró establecer que, por ejemplo, en Bogotá se identifica que en la frontera de Bogotá con Soacha (Ciudad Bolívar-Cazucá) tienen presencia estructuras como el Frente 10 de las disidencias, el ELN como células y sin control territorial y grupos delincuenciales como el GDO ‘Los Paisas’, así como de las llamadas ‘Águilas Negras Bloque Capital’. Mientras que otras localidades de la capital hay presencia de ‘Los Paisas’ y ‘Los costeños’, las AGC y ‘La empresa’. Mientras que en Cali, otra de las principales ciudades del país, se menciona la presencia del Frente José María Becerra (ELN), disidencias de las FARC y el EPL, además del Clan del Golfo, quienes, entre otras cosas, intentan controlar el tráfico de drogas que va desde y hacia el Pacífico. Por otro lado, en parte del Valle de Aburrá se alerta de la injerencia actores como ‘Pachelly’, ‘Niquía Camacol’, ‘El Mirador’, ‘El Mesa’ (con vínculos con AGC), ‘Los Chatas’ (con ‘La Camila’, ‘Las Vegas’, ‘Fuentidueño’, ‘Los Peludos’), así como de ‘Los Triana’, ‘La Oficina del Doce’ y ‘San Pablo’ de Medellín. Además de esto, otro de los hallazgos informados a través del trabajo de investigación fue uno sobre los que más advertencias y acciones se han pedido durante la emergencia sanitaria: la violencia intrafamiliar, violencia feminicida y sexual. Y es que justamente desde iniciadas las medidas de aislamiento, desde diversos sectores se pidieron atención para lo que podía suceder con las mujeres en términos de violencia. Violencia intrafamiliar y sexual: dos escenarios para poner atención Vale la pena iniciar trayendo a colación que el en 2019, el SIEDCO registró un total de 12.656 homicidios, para el 2020 los registros alcanzaron la sumatoria de 12.056 para el total nacional lo que implica una reducción del 5%. Mientras que en los casos de feminicidio, sí hubo un aumento de casos, por ejemplo, en Bucaramanga y Cali registran incrementos a lo largo del año de acuerdo con las cifras de Medicina Legal. Mientras que a nivel nacional el Observatorio de Feminicidios Colombia da información sobre 630 casos en 2020 y 571 en 2019. En concordancia con lo anterior los departamentos donde se cometieron más de estas victimizaciones fueron Antioquia, Valle del Cauca y Cauca, mientras que Bogotá también entra dentro de las zonas con un mayor índice de estos hechos. Además, siguiendo el reconocimiento de las dinámicas del primer semestre de 2020, vale la pena mencionar que desde agosto (mes en el que comenzaron a flexibilizarse las medidas) hubo una tendencia ascendente del registro de estos hechos, siendo septiembre el mes más cítrico con 85 feminicidios, e igualmente desde el octavo mes del año hasta 2020 los hechos se mantuvieron en alrededor de 60 por mes. Adicionalmente, la alerta sobre la vida de las mujeres también ha estado sobre lo que ha significado la violencia intrafamiliar durante el aislamiento preventivo obligatorio. Hoy se ve que ninguna de las advertencias fue en vano. Según el informe de la Línea de Seguridad Urbano y Crimen Organizado de Pares, “para 2020, el SIEDCO reportó un total de 113.567 denuncias por violencia intrafamiliar frente a 116.534 casos en 2019, lo que corresponde a una reducción del 3%. En mayo, mes y medio después de que iniciaran las medidas de confinamiento, las denuncias recepcionadas por la Policía Nacional de casos de Violencia Intrafamiliar fueron casi mil”. Lo anterior tiene varias formas de verse; por un lado, en ese mes las denuncias fueron un 5% mayores a las de mayo de 2019, además en varias ciudades desde ese periodo del 2020 empezó a haber un mayor número de denuncias, lo que podría responder a que en ese momento hubo un mayor relajamiento de las medidas de distanciamiento y tránsito en las calles lo que habría permitido mayores denuncias. Adicionalmente, ante lo grave de la situación, para ese momento se venían realizando varias campañas de promoción de estrategias de denuncia y prevención de violencias basadas en género durante el confinamiento. A pesar de esto no se puede pasar por alto que todo este contexto supone a su vez un incremento en el subregistro de este tipo de hechos; basta con mencionar que por ejemplo, mientras el Observatorio de Feminicidios Colombia registra 630 posibles casos de feminicidio, Medicina Legal tan solo reporta 83 casos durante el 2020. Igualmente, mientras la Policía admite que durante marzo y abril atendieron muy pocos casos de violencia intrafamiliar, para ese momento la línea 155 mostraba incrementos en las llamadas por estos hechos, las cuales casi que duplicaban los de los meses anteriores, incluso finalizando el año se informó que el porcentaje de aumento de estas atenciones a través de este canal fue 169,75%, solo en Bogotá. “Desde mayo de 2019, el total de denuncias empezó acercarse a las 10.000 denuncias mensuales, lo que explica los incrementos del 56% y 57% en enero y febrero de 2020. El hecho de que las denuncias conserven reducciones menores al 25% entre julio y diciembre, podría indicar el incremento del subregistro (que de por sí es alto para los casos de violencia intrafamiliar en situaciones de normalidad) y la pérdida de avances en estrategias de promoción de la denuncia que se venían implementando desde 2019, pero que no estaban pensadas para el contexto de pandemia”, se agrega en el informe. Hay un punto importante de mencionar, y es que en comparación con lo indicado al principio de este texto la reducción de denuncias por violencia intrafamiliar en las grandes ciudades es bastante inferior, en comparación con las disminuciones que se registran en otros delitos. No obstante, en Riohacha y Valledupar, a diferencia del panorama general, hubo mayores incrementos en denuncias, 68% y 48% respectivamente. Por su parte, capitales como Bucaramanga, Armenia, y Quibdó registran incrementos inferiores al 30% para el total anual. La desocupación de las mujeres en Latinoamérica y alcanzó un 22,2% en 2020, lo que representó una variación de 12,6 puntos porcentuales de variación interanual. Por su parte, se indicó un reporte de un aumento del desempleo de 10,4 puntos porcentuales, también respecto al 2019. Esto ha llevado, entre otras cosas, a que la cantidad de mujeres latinoamericanas en situación de pobreza sean cerca de 118 millones. Imagen: Pares. Desglosando esto con la información de algunas ciudades, los casos de violencia intrafamiliar tuvieron el siguiente comportamiento; haciendo la claridad que este panorama responde también al subregistro más arriba nombrado, que además se ve atravesado por un sistema en el que muchas víctimas han perdido la confianza y prefieren no denunciar, al evidenciar que muchas veces son pocos los pasos dados. Adicional, señalando que si bien las cifras develan lo grave de la situación, esta es solo una forma de evidenciarlo. En Bogotá para el 2019 hubo 36.181 y en 2020 35.924. En Medellín en el 2019 hubo un total de 10.111 y 9.462 en 2020. En Cartagena para el primer año fue de 2.396 y para el segundo de 2.105. Mientras que en Valledupar hubo 595 en 2019 y 878 en 2020. En Bucaramanga 1.592 y 1.886 en 2020. Mientras tanto en la capital del Meta el registro para el 2019 fue de 2.142 y 2.029 en 2020. En Riohacha hubo 177 y el siguiente año 298. En Armenia hubo 384 en 2019 y 494 denuncias en 2020. En Quibdó las cifras fueron de 133 y 168, respectivamente. En San José del Guaviare se reportaron 126 denuncias en 2019 y 139 en 2020 y en Inírida se informó sobre 89 denuncias en 2019 y 79 en 2020. Violencia sexual, otra crítica realidad No hay que olvidar que todo este panorama también obedece a unas rutas jurídicas que muchas mujeres prefieren evitar en vista de que el sistema jurídico pareciera estar hecho para beneficiar siempre al victimario, poniendo una y otra traba para poder interponer una denuncia, donde además la revictimizacion pareciera ser la manera de actuar por muchos de los funcionarios administradores de justicia; hay que recordar que para poner una denuncia por algún tipo de violencia sexual muchas veces son solicitadas pruebas complejas de conseguir, mientras el cuestionamiento a la víctima y el hacerle repetir una y otra vez lo que pasó son las primeras respuestas. Así que hablar de un confinamiento era profundizar mucho más esta problemática. Eso quedó evidenciado en que si de por sí los niveles de denuncia son bajos, en 2020 la reducción fue de un 25% más; en 2020 este tipo de denuncias fueron 28.626, y en 2019 el total fue 38.294. Esto, como se establece en el informe, puede obedecer también a que, “en primer lugar, una porción de los delitos sexuales que ocurren al interior del hogar estaría siendo subregistrada por la dificultad de denunciar los hechos que también han impuesto los confinamientos sobre este delito, operando una lógica similar a la de los casos de violencia intrafamiliar. En segundo lugar, porque dado que la mayor parte de estos delitos ocurren en el espacio público y la presencia de personas en estos lugares también se redujo por las restricciones, menor probabilidad de ocurrencia”. Igualmente, se analiza que con datos a octubre de 2020, se pudo establecer que las denuncias de delitos sexuales en internet incrementaron en Manizales, Cartagena, Ibagué, Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Lo que tiene mucho que ver con las dinámicas de virtualidad que debieron ser mayores a causas de las restricciones de movilidad. Asimismo, la investigación permite ver que “el comportamiento de las denuncias en las capitales no es homogéneo. En las grandes ciudades, la tendencia a la reducción de casos después del mes de marzo se mantiene en proporciones significativas, pero Medellín presenta la menor reducción por incrementos considerables en los primeros meses del año. Ciudades más pequeñas, sin embargo, presentan incrementos de las denuncias en uno o más meses después del aislamiento”. Todo esto, además se profundiza con los retrocesos en materia de equidad de género que ha dejado esta crisis, que si bien se han manifestado en niveles de violencia y subregistros que preocupan, también ha quedado en evidencia que las políticas se están quedando cortas, por ejemplo, en lo laboral y trayendo a colación lo dicho por la economista Cecilia López a Pares hace algunos días, vale la pena cuestionarse ¿fueron las mujeres las primeras en quedarse sin ingresos y sin trabajo durante la pandemia? Y es que justamente ese factor es uno de los que urge se ponga atención, pues si bien en principio el temor a la denuncia estaba determinado por la necesidad de contar con un lugar para resguardarse del virus, en la reapertura está determinada por la crisis económica, pues hay que recordar que hace poco más de una semana la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó que “ fuerte contracción económica está afectando negativamente la ocupación y aumentando la precarización de las condiciones laborales en la región, lo que en el caso de las mujeres representa un retroceso de más de diez años en su participación en el mercado laboral”. Esto significa que la desocupación de las mujeres en Latinoamérica y alcanzó un 22,2% en 2020, lo que representó una variación de 12,6 puntos porcentuales de variación interanual. Por su parte, se indicó un reporte de un aumento del desempleo de 10,4 puntos porcentuales, también respecto al 2019. Esto ha llevado, entre otras cosas, a que la cantidad de mujeres latinoamericanas en situación de pobreza sean cerca de 118 millones. Así que no es desatinado mencionar que el escenario social en el que estuvieron las mujeres durante el confinamiento, y ahora, solo evidencia una estructura donde se han normalizado las desigualdades, las violencias, y donde todo pareciera estar siendo funcional a un sistema patriarcal, en el que muy poca atención se ha puesto, y el que ha permitido que las mujeres estén atravesadas por un sinnúmero de vulneraciones.

Por: Redacción Pares Entre 2012 y 2019 en los municipios de frontera con Venezuela han sido asesinadas 4.911 personas; 71 niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a algún grupo armado ilegal; 71.561 personas han sido expulsadas forzosamente y 203 han sido secuestradas. Igualmente, 378 migrantes venezolanos han sido asesinados entre 2017 y 2019. La actual dinámica de seguridad en la frontera presenta un recrudecimiento de la violencia y el incremento de los escenarios de riesgo tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona del país. La frontera entre Colombia y Venezuela tiene una extensión de 2.219 kilómetros siendo la de mayor longitud que tiene el país con una nación vecina. Está conformada del lado colombiano por 35 municipios de los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía, los cuales limitan con los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas en Venezuela. Este territorio fronterizo se caracteriza por la concentración de distintos actores armados ilegales, así como por una variedad de mercados criminales que dan lugar a una serie de violencias y disputas que tienen graves repercusiones sobre la población civil localizada allí. Cuatro conclusiones del Informe Estructuras Armadas Actualmente en la zona fronteriza hacen presencia 28 Estructuras armadas Ilegales, entre las que se encuentra el Grupo Armado Ilegal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 13 Grupos Armados Organizados, de alcance principalmente regional, como el EPL, Los Rastrojos, Clan del Golfo y 10 Grupos Armados PostFarc (GAPF), y 14 organizaciones criminales de carácter transnacional como los Pranes y el Cartel de Sinaloa. Estructuras como las del ELN y los GAPF pueden identificarse a lo largo de los siete (7) departamentos, concentrándose especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Vichada. Mientras que en La Guajira se observa una proliferación de bandas criminales de carácter local que protagonizan las principales disputas por el control de los pasos fronterizos irregulares existentes en el departamento. 2. Economías ilegales La zona de frontera es, además, un espacio dominado por las economías ilegales como la del narcotráfico, el contrabando de gasolina y el tráfico de armas y personas. La múltiple presencia de Estructuras Armadas Ilegales se traduce en la existencia de unas constantes disputas armadas que tienen como propósito el posicionamiento y dominio de estos actores sobre dichos mercados, lo que explica la fuerte ola de violencia que se vive en la frontera, principalmente en Norte de Santander y La Guajira. Arauca, a pesar de contar también con una fuerte dinámica fronteriza, representa un escenario diferente, en el cual no se evidencia una disputa abierta entre EAI, esto teniendo en cuenta el dominio histórico del ELN en el departamento, poder militar y social que se ha venido fortaleciendo en los últimos años, luego de suspendido, a inicios del 2018, el cese al fuego acordado con el gobierno nacional durante las negociaciones de paz. 3. Las guerras de la frontera Las dinámicas de seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela permiten identificar cuatro escenarios principales. A. Hay territorios en disputa en una guerra abierta entre actores ilegales. Por ejemplo, una disputa de carácter regional que involucra al ELN y al EPL en Norte de Santander en dos zonas: Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta. Aunque, en la zona metropolitana hay otros actores que intervienen. El ELN se ha aliado con una serie de colectivos venezolanos y el EPL se ha aliado con el Clan del Golfo y bandas locales para resistir la ofensiva del ELN. B. Un conflicto de carácter más local en el departamento de La Guajira, donde las organizaciones criminales que hacen presencia, principalmente en el municipio de Maicao, libran un enfrentamiento por el dominio los pasos fronterizos ilegales que representan una importante renta relacionada, además del cobro extorsivo, al control del contrabando de ganado, gasolina y trata de personas. C. Por último, un tercer escenario es identificado en Arauca donde el ELN, en ausencia de disputas abiertas contra otras EAI, ha mantenido un control hegemónico sobre las dinámicas del territorio a través de una estrategia, especialmente violenta, de fortalecimiento del control militar y social que le ha permitido mantener su supremacía aún ante la presencia de otros grupos armados ilegales como el GAPF Estructura Décima Martín Villa, entre otras, con quien viene compartiendo incidencia en municipios como Saravena, Arauca, Arauquita, Tame y Fortul. D. Hay espacios en una tensa calma, pero donde se prevén disputas en los próximos meses. Los diferentes grupos posfarc o disidencias se están reagrupando en al menos tres (3) organizaciones de tipo regional y la disputa es inminente. • Estructuras posfarc agrupadas en torno a Gentil Duarte. Serían 11 disidencias. • Estructuras posfarc agrupadas bajo Iván Marquéz y Santrich, al menos serían cuatro (4) estructuras • Estructuras posfarc independientes y dedicadas al narcotráfico. En proceso de descomposición. 4. Índice de homicidios, una alarma encendida Ahora bien, estos tres escenarios son cambiantes. A veces las disputas disminuyen en el Catatumbo, debido a acuerdos entre actores ilegales que meses después estallan. Sin embargo, no son dinámicas permanentes. Al revisar las tasas de homicidios de los municipios fronterizos, se podría concluir que es como si se hubiera vivido una guerra. Para el 2018: Puerto Santander (167,33) y Tibú (247,99) en Norte de Santander; Maicao (59,60) en La Guajira; Saravena (64,16) y Arauquita (75,15) (169) en Arauca; Curumaní (55,65) y La Jagua de Ibiríco (49, 17) en el Cesar, tasas de homicidios superiores a la tasa promedio de homicidios de los 35 municipios de frontera (48.22) y la tasa nacional (24.34) del 2018. Descargue aquí el Informe completo

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) A pesar de que tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas FARC-EP en 2016, el expresidente Santos mencionó en diversas ocasiones que Putumayo sería el piloto para la implementación de lo acordado en La Habana, seis años después, el balance no es esperanzador. Durante el primer semestre de 2022, Putumayo fue el cuarto departamento con más asesinatos contra líderes y lideresas sociales, con ocho casos registrados entre enero y junio de este año. En total se registraron 51 asesinatos contra esta población entre enero de 2016 y junio de 2022, de los cuales el 63% se cometieron a partir de 2020. Como en muchos territorios de Colombia, el vacío de poder dejado por las extintas FARC no fue debidamente copado por la institucionalidad, lo que con el tiempo fue permitiendo la entrada de actores armados que buscaban hacerse con las lucrativas rentas de las economías ilegales. Hoy, el Frente Carolina Ramírez, disidencia de las FARC de la llamada línea de “Gentil Duarte”; y los Comandos Bolivarianos de la Frontera, grupo armado ilegal resultado de alianzas entre diversas organizaciones criminales como La Constru, La Empresa, La Mafia Sinaloa, y que han manifestado estar bajo la línea de la Segunda Marquetalia; se disputan el control territorial y el control de la cadena productiva de la hoja de coca. La Fuerza Pública parece no poder controlar esta situación. El abandono estatal y la informalidad económica que se vive en este departamento han llevado a que la economía cocalera se instalara desde los años 80 en la región, hasta el día de hoy. En el Putumayo se registraron 26.072 hectáreas de hoja de coca en 2020, no sin la intención por parte de la población civil de sustituir sus cultivos. Allí se viene hablando de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito desde 1995, año en el que el Movimiento Cívico Regional negoció con el Gobierno una salida al problema de las drogas, que quedó consignada en el Acta de Acuerdo del 11 de enero de 1995, que el gobierno no cumplió. 27 años después, el incumplimiento se repite con el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), plan desprendido del Acuerdo Final de Paz. Todavía hay voluntad de sustitución y el departamento, sus organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, exigen una salida democrática a esta situación. A pesar de ello, son ellos y ellas, la población civil, quienes quedan en medio, víctimas de la estigmatización por parte del Estado y el fuego cruzado entre los intereses de los diversos grupos armados ilegales que operan en la región.v Lea toda la información y el análisis sobre los flujos de la violencia y el conflicto en el Putumayo de 2016 a 2022 aquí:

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Valledupar, capital del Cesar, municipio ubicado al nororiente de la Costa Caribe colombiana, el día 11 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Entre las propuestas entregadas al Gobierno, los temas priorizados por los residentes de la subregión Vallenata estuvieron relacionados con el bienestar de las mujeres y las comunidades afro, indígenas, campesinas, jóvenes y LGTBQ+; iniciativas de transformación energética; crecimiento verde con justicia ambiental; y ordenamiento territorial hacia la Paz Total. Según el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, el primer grupo de propuestas estuvo enfocado en las mujeres y en temas como la eliminación de las violencias basadas en género y acceso a la tierra, vivienda para mujeres vulnerables y el acceso a oportunidades socioeconómicas. También añadió que uno de los grupos entregó sus propuestas basadas en el componente de seguridad alimentaria dentro del cual incluyeron algunas iniciativas para poder erradicar la pobreza rural con competitividad y productividad para los campesinos. Otras propuestas se orientaron hacia el componente de seguridad humana, el fortalecimiento en cobertura, calidad en educación superior, inclusión de enfoque diferencial y generación de empleo en la región mediante políticas públicas articuladas a nivel territorial. Participantes Cerca de 2.000 personas provenientes de 16 municipios del Cesar: Astrea, La Paz, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Codazzi, Curumaní, El Copey, El Paso, La Jagua de Ibirico, Manaure Balcón del Cesar, Pailitas, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar, asistieron a este Diálogo Regional Vinculante y entregaron sus propuestas en 24 mesas instaladas. En este espacio participó el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, como padrino del Gobierno Nacional y de autoridades locales y regionales; también el consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco; la viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara Figueroa; el viceministro del Deporte, Camilo Iguarán; el gobernador encargado del Cesar, Andrés Meza Araújo; y el alcalde de Valledupar, Mello Castro Daza. Alejandro Gaviria explicó que la educación va a desempeñar un papel fundamental, ya que trabajará por potenciar las capacidades de los seres humanos y expresó su orgullo de haber apadrinado esta región. Contexto de la subregión El río Guatapurí es la mayor fuente hídrica de Valledupar, ciudad que ha tenido presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual aún sigue hostigando a la comunidad en la subregión. Además, las comunidades, especialmente los campesinos, se han visto obligadas a desalojar sus tierras debido a las disputas de los grupos criminales. Actualmente, en el Cesar ya se conocen 13 casos de invasiones de tierras derivadas de las recientes disputas por la tierra que se vienen presentando en el país. Estos 13 casos de invasiones se han dado en 13 municipios diferentes. Por medio de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, activistas y líderes sociales de la Sierra Nevada aseguran que en lo que va del año se conoce de 312 homicidios en el Cesar, donde ‘Los Pachenca’ y el ‘Clan del Golfo’ se disputan el territorio. A raíz de esta problemática, durante el Diálogo Regional Vinculante en Valledupar, el ministro Alejandro Gaviria dijo: “yo quiero hacer eco a empoderar a la ciudadanía, a recuperar la voz popular. El Cesar y Valledupar deben ser un laboratorio de la paz. Esa utopía necesaria debe construirse aquí e irradiar a todo el país”.

By: María Victoria Ramírez I must admit that I have not read Annie Ernaux, but promising myself that I will, and soon, I cannot let this moment pass to talk about what it means for a woman, especially one like her, to have won the Nobel Prize for literature. Annie Thérèse Blanche Ernaux is the first French woman to receive the distinction, since 1901, the sixteenth French writer, eight years after Patrick Modiano, and the seventeenth woman [1]. Among all that has been published as a result of the award, I found out that a young Colombian woman, Manuela Eusse Ruiz, a writer graduated from the Javeriana University and a Master in Literature, Art and Contemporary Thought from the Paris Diderot University, is an expert in Annie Ernaux, because she did her master's thesis on the work of this author. In an interview conducted by the Colombian journalist Yolanda Ruiz, Manuela describes Annie Ernaux's writing as very particular. She began writing autobiographical fiction novels, but in her fourth book, The place, she made a break, since this work is a non-fiction autobiographical about her father's life, written in a very simple, austere and refined language. In this case, the conscious decision to reject the use of rhetorical figures is observed, to the elaborate language to use a language that, according to the author, could hear their parents, people of humble extraction. Her parents were owners of a small shop in a small French town who had been workers; so Annie is an example of what is known as a class turncoat [2]. It is interesting that the Nobel should be awarded to a woman who places herself and her work beyond literature or outside of literature, who feels much more about sociology, history or ethnology than the language of fiction. This was reported by the New York Times, citing Ernaux: For decades, the French writer Annie Ernaux has dissected the most humiliating, private and scandalous moments from her past with almost clinical precision: “I shall carry out an ethnological study of myself,” she wrote in her 1997 memoir “Shame.” Likewise, in statements to ABC culture, the author assured: “On a personal note, I am not sure that many of my books are novels. Fictions? Not always. It is not clear. I limit myself to remembering, observing, looking, and trying to tell, objectively, without interfering beyond what is essential to be able to count clearly”. But Annie Ernaux is not just a laureate writer at 82 years old. She is a committed feminist and a woman with left-wing political positions who publicly supported the different candidacies of Jean-Luc Mélenchon for the presidency of France and in the last presidential election she stated, in a statement of political pragmatism: “In France, politics is macho from an almost institutional point of view. It all started with the institutions of the Fifth Republic, General de Gaulle, the providential man. It's all about men, very virile. All my life, those confrontations, those duels, have seemed unbearable to me. From the first audiovisual duels between Giscard and Mitterrand. Men thing. In the last presidential election, for the first time, it was a duel between a man and a woman, Macron against Le Pen. How awful. I had voted for Mélenchon, in the first round. But I decided to vote for Macron in the second, holding my nose. What happened to Marine Le Pen would have been too much, a catastrophe”. [3]. Annie Ernaux has addressed in her work core issues of the feminist struggle such as abortion and contraception. In her book The Event, published in 2000, which was also made into a film, the author recounts her abortion in the 1960s, as a university student, when it was still illegal in France [4]. After five decades of defending feminist ideals, Ernaux affirms “it does not seem to me that women have been equal in freedom, in power”, and strongly defended the rights of women to abortion and contraception. “I will fight until the last breath so that women can choose to be a mother or not to be. It is a fundamental right ” [5]. This award has been given to a woman who goes beyond the canons of literature, who also does not hide her political positions and who defends sexual and reproductive rights and all freedoms; Ernaux is well aware that her award is not liked by many. It seemed impossible to her, but it happened. “I am very surprised, are you sure that they have granted it to me?” She asked the Swedish Press Agency TT. According to Manuela Eusse Ruiz, this Nobel Prize is also a triumph for the feminist movement because narrative and activism overlap in Ernaux's work. Ernaux has raised the flags against class domination, against sexism and has combated racism [2]. One could assure that with this prize the Swedish Academy also makes a political declaration of support for the causes that Ernaux embodies and distances itself from those who claim political neutrality in the prize and from those who aspired to have it awarded to another French writer whom accused of Islamophobic positions, Michel Houellebecq. As a woman, as a feminist, I cannot hide my joy that a woman like Annie has been recognized. When a woman succeeds, we all advance. That her way of seeing and living the world and narrating it is worthy of the award, shows that little by little we have been transforming the world. Annie is also a direct woman; This is how she replyed to the question about one of the movements that has shaken different spheres of patriarchal power “Mee too? Feminism, politics? Something very profound changed that movement. It was a positive cataclysm. The proof: the enthusiasm with which the gentlemen who previously considered me unpresentable applaud me today”. References [1] Le Monde, «Annie Ernaux, une Nobel dont le « je » dit l’expérience commune,» Raphaëlle Leyris, 7 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/10/07/avec-annie-ernaux-le-prix-nobel-recompense-une-uvre-constante-tranchante-et-intense-qui-a-fait-evoluer-la-litterature-francaise_6144757_3260.html. [Último acceso: 12 octubre 2022]. [2] Yolanda Ruiz, «Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura,» 8 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=KnIxD2najv4. [Último acceso: 12 octubre 2022]. [3] ABC cultura, «Annie Ernaux, premio Nobel de Literatura 2022: «En Francia la política es machista»,» 6 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.abc.es/cultura/annie-ernaux-premio-nobel-literatura-2022-francia-20221006191243-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fcultura%2Fannie-ernaux-premio-nobel-literatura-2022-francia-20221006191243-nt.html. [Último acceso: 12 octubre 2022]. [4] ABC Cultura, «Cuatro libros fundamentales de Annie Ernaux, premio Nobel de Literatura 2022,» 6 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.abc.es/cultura/libros/cuatro-libros-fundamentales-annie-ernaux-premio-nobel-20221006141152-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fcultura%2Flibros%2Fcuatro-libros-fundamentales-annie-ernaux-premio-nobel-20221006141152-nt.html. [Último acceso: 12 octubre 2022]. [5] Dailly News, «Annie Ernaux strongly defends feminist ideas,» 8 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.hurriyetdailynews.com/annie-ernaux-strongly-defends-feminist-ideas-177537. [Último acceso: 12 octubre 2022].