Por: María Victoria Ramírez Debo admitir que no he leído a Annie Ernaux, pero haciéndome la promesa de que lo haré, y pronto, no puedo dejar pasar este momento para hablar de lo que representa que una mujer, especialmente una como ella, haya ganado el Nobel de Literatura. Annie Thérèse Blanche Ernaux es la primera autora francesa en recibir la distinción desde 1901, la decimosexta escritora francesa, ocho años después de Patrick Modiano, y la decimoséptima mujer [1]. Entre todo lo que se ha publicado a raíz del galardón, me encontré con que una joven colombiana, Manuela Eusse Ruiz, literata egresada de la Universidad Javeriana y Maestra en Literatura, Arte y Pensamiento Contemporáneo de la Universidad París Diderot, es una experta en Annie Ernaux, pues hizo su tesis de maestría sobre la obra de esta autora. En entrevista realizada por la periodista colombiana Yolanda Ruiz, Manuela describe la escritura de Annie Ernaux como muy particular. Comenzó escribiendo novelas autobiográficas de ficción, pero a partir de su cuarto libro, El lugar, realizó una ruptura, pues esta obra es un relato autobiográfico de no ficción sobre la vida de su padre, escrita en un lenguaje muy sencillo, austero y depurado. En esta obra se observa la decisión consciente de rehusar el uso de figuras retóricas de lenguaje rebuscado para usar un lenguaje que, según la autora, pudiesen entender sus padres, gente de extracción humilde. Sus padres eran dueños de una tienda pequeña en un pueblito francés en el que habían sido obreros; así que Annie es un ejemplo de lo que se conoce como una tránsfuga de clase [2]. Resulta interesante que le concedan el Nobel a una mujer que se ubica a sí misma y a su obra más allá de la literatura o por fuera de la literatura, que se siente mucho más acerca de la sociología, la historia o la etnología que del lenguaje de ficción. Así lo reseñaba el New York Times, citando a Ernaux: “durante décadas, la escritora francesa Annie Ernaux ha diseccionado los momentos más humillantes, privados y escandalosos de su pasado con una precisión casi clínica: "llevaré a cabo un estudio etnológico de mí misma", escribió en sus memorias de 1997, Vergüenza. Así mismo, en declaraciones a ABC Cultura, la autora aseguraba: “a título personal, no tengo claro que muchos de mis libros sean novelas. ¿Ficciones? No siempre. No está claro. Me limito a recordar, observar, mirar, e intentar contar, objetivamente, sin entrometerme más allá de lo imprescindible para poder contar con claridad”. Pero Annie Ernaux no es solamente una escritora laureada a sus 82 años. Es una feminista comprometida y una mujer con posturas políticas de izquierda que apoyó públicamente las distintas candidaturas de Jean-Luc Mélenchon a la presidencia de Francia y en la última elección presidencial afirmaba, en una declaración de pragmatismo político: “en Francia la política es machista desde un punto de vista casi institucional. Todo empezó con las instituciones de la V República, el General de Gaulle, el hombre providencial. Todo es cosa de hombres, muy viriles. Durante toda mi vida, esos enfrentamientos, esos duelos, me han parecido insoportables. Desde los primeros duelos audiovisuales entre Giscard y Mitterrand. Cosa de hombres. En la última elección presidencial, por vez primera, fue un duelo entre un hombre y una mujer, Macron contra Le Pen. Qué horror. Yo había votado a Mélenchon, en la primera vuelta. Pero decidí votar por Macron en la segunda, tapándome las narices. Lo de Marine Le Pen hubiera sido demasiado, una catástrofe” [3]. Annie Ernaux ha abordado en su obra temas medulares de la lucha feminista, como el aborto y la contracepción. En su libro El acontecimiento, publicado en el año 2000, que también fue llevado al cine, la autora narra su aborto en los años 60, siendo estudiante universitaria, cuando aún era ilegal en Francia [4]. Luego de cinco décadas de defender los ideales feministas, Ernaux afirma “no me parece que las mujeres se hayan igualado en libertad, en poder”, y defendió con fuerza los derechos de las mujeres al aborto y la anticoncepción. “Lucharé hasta el último suspiro para que la mujer pueda elegir ser madre o no serlo. Es un derecho fundamental” [5]. Este premio le ha sido entregado a una mujer que se sale de los cánones de la literatura, que además no esconde sus posicione políticas y que defiende los derechos sexuales y reproductivos y de todas las libertades; Ernaux es muy consciente de que su galardón no le gusta a muchos. A ella le parecía imposible, pero sucedió. “¿Estoy muy sorprendida, está seguro de que me lo han otorgado?”, así se lo preguntó a la Agencia Sueca de Prensa TT. Según Manuela Eusse Ruiz, este premio Nobel es también un triunfo del movimiento feminista, porque en la obra de Ernaux están superpuestos la narrativa y el activismo. Ernaux ha enarbolado las banderas contra la dominación de clase, contra el sexismo y ha combatido el racismo. Uno podría asegurar que con este premio la Academia Sueca hace también una declaración política de apoyo a las causas que encarna Ernaux y se aparta de aquellos que reclaman neutralidad política en el premio y de quienes aspiraban a que se le otorgara a otro escritor francés al que se le acusa de posturas islamofóbicas, Michel Houellebecq. Como mujer, como feminista, no puedo esconder mi júbilo porque una mujer como Annie haya sido reconocida. Cuando una mujer triunfa, avanzamos todas. Que su forma de ver y vivir el mundo y de narrarlo sea merecedora del premio, demuestra que poco a poco hemos ido transformando el mundo. Annie es además una mujer directa; así respondía a la pregunta sobre uno de los movimientos que ha sacudido distintas esferas del poder patriarcal: “¿Me too? ¿El feminismo, la política? Algo muy profundo cambió ese movimiento. Fue un cataclismo positivo. La prueba: el entusiasmo con el que hoy me aplauden los señores que antes me consideraban impresentable”. Bibliografía [1] Le Monde, «Annie Ernaux, une Nobel dont le « je » dit l’expérience commune,» Raphaëlle Leyris, 7 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/10/07/avec-annie-ernaux-le-prix-nobel-recompense-une-uvre-constante-tranchante-et-intense-qui-a-fait-evoluer-la-litterature-francaise_6144757_3260.html. [Último acceso: 12 octubre 2022]. [2] Yolanda Ruiz, «Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura,» 8 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=KnIxD2najv4. [Último acceso: 12 octubre 2022]. [3] ABC cultura, «Annie Ernaux, premio Nobel de Literatura 2022: «En Francia la política es machista»,» 6 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.abc.es/cultura/annie-ernaux-premio-nobel-literatura-2022-francia-20221006191243-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fcultura%2Fannie-ernaux-premio-nobel-literatura-2022-francia-20221006191243-nt.html. [Último acceso: 12 octubre 2022]. [4] ABC Cultura, «Cuatro libros fundamentales de Annie Ernaux, premio Nobel de Literatura 2022,» 6 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.abc.es/cultura/libros/cuatro-libros-fundamentales-annie-ernaux-premio-nobel-20221006141152-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fcultura%2Flibros%2Fcuatro-libros-fundamentales-annie-ernaux-premio-nobel-20221006141152-nt.html. [Último acceso: 12 octubre 2022]. [5] Dailly News, «Annie Ernaux strongly defends feminist ideas,» 8 octubre 2022. [En línea]. Available: https://www.hurriyetdailynews.com/annie-ernaux-strongly-defends-feminist-ideas-177537. [Último acceso: 12 octubre 2022]. 

Por: Línea Migración, Región y Frontera Hace pocos días el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, envió un mensaje público a quienes persisten en Arauca en una acción con violencia, llamándolos a respetar a las comunidades y a participar del cese multilateral que ha ofertado el gobierno del presidente Gustavo Petro y a concurrir a los caminos de diálogo y entendimiento que ha formulado la política de Paz Total. Este 2022 ha sido un duro año para la sociedad araucana, que inició el año con la apertura de una confrontación entre el ELN y las estructuras de disidencias de las FARC. Esta es una violencia entre organizaciones que han permanecido en el territorio desde el año de 1980, es una guerra entre conocidos, que es la peor de las confrontaciones por lo letal que se tornan y por las profundas afectaciones en el tejido social. Esta confrontación va y viene. Hay meses en los que ha sido intensa, inició en enero y se dieron hechos que atrajeron atención mediática, luego de un carro bomba contra la sede de las organizaciones sociales en Saravena que causó daños importantes: una enorme zozobra y la pérdida de dos vidas humanas, y cerca de dos docenas de personas afectadas, afortunadamente con heridas leves, y cuatro manzanas de edificaciones a las cuales la onda explosiva afectó. Los meses siguientes, hasta mayo, fueron de hechos persistentes de violencia en los que perdieron la vida varios líderes y lideresas sociales, y muchos debieron salir de Arauca para proteger sus vidas. No hay certeza de su número, pero se habla de cerca de ciento cincuenta líderes, muchos de ellos y de ellas presidentes de juntas de acción comunal que se desplazaron hacia el Meta, Boyacá y Bogotá, donde familiares y amigos les recibieron. Luego de junio y julio se hablaba de que el ELN se había impuesto sobre las disidencias de las FARC, que era cuestión de pequeños focos de persistencia de unas disminuidas estructuras que serían controladas por un mayor poder del ELN. Pero en septiembre y lo que va corrido de octubre, nuevamente se han dado duros combates en Tame y la zona fronteriza con Cravo Norte. Estos hechos ponen en duda que estemos en un desenlace en el que el ELN se está imponiendo, y en el trasfondo de esta confrontación, las mutuas recriminaciones de alianzas impensables y las elucubraciones de que en esta disputa armada hay poderosos actores, atizan la situación. Hacía años no se escuchaba de desplazamientos, comunidades confinadas, niños, niñas y jóvenes que no pueden ir a la escuela, personas afectadas por artefactos explosivos. Todas estas afectaciones humanitarias se vienen presentando en Arauca y son docenas las comunidades en las zonas rurales principalmente que hoy las están sufriendo. Arauca es un territorio con un profundo conflicto armado que ha persistido y que tiene la variable de zona fronteriza como una dimensión importante a considerar. La política de Paz Total tiene en este departamento uno de los territorios prioritarios de su acción. Para Arauca y su sociedad es muy importante que se abra la mesa de diálogo y negociaciones entre el Gobierno y el ELN. Hay expectativa e interés de participar de este proceso, que bien sabemos que sólo va a ir hacia adelante si hay involucramiento de la sociedad desde su más amplia diversidad y con plena autonomía y garantías para expresar sus dolores, sufrimientos y propuestas para salir de esta persistente violencia y construir la confianza y la acción de sociedad, junto al estado local, regional y nacional para pasar la página de la violencia y abrir una nueva etapa en la que Arauca pueda vivir respetando la vida y asumiendo las tareas de desarrollo pendiente que hagan viable vivir en este bello territorio una vida digna y con ejercicio pleno de derechos, hoy conculcados. Para agravar la dura situación que se vive en Arauca, hace pocas horas ha quedado más incomunicada al caerse el puente sobre el Río Ariporo, en Casanare, que los deja aislados, más aislados, en un territorio que tiene históricos problemas de comunicación. Arauca debe ser protagonista de la política de Paz Total, tiene unos enormes conflictos por tramitar y allí será clave el protagonismo de una sociedad con importantes y experimentadas organizaciones sociales y un Gobierno Nacional que sabe el enorme desafío que debe liderar.

Por: Camilo Díaz y Ernesto Medrano Línea Democracia y Gobernabilidad Esta semana tuvo gran movimiento legislativo en el Congreso, toda vez que se dieron varios debates en comisiones o plenarias de proyectos de acto legislativo o proyectos de ley, avanzando en su trámite, para cumplir con los tiempos legislativos. De estos, el que avanzó en la totalidad de sus debates fue el Acuerdo de Escazú, quedando solo unos cuantos pasos para que comience a regir. Además, avanzaron los proyectos de origen gubernamental de reforma política, Jurisdicción Agraria y Paz Total, así como el de regulación del consumo de cannabis de uso adulto de origen congresional. Sumado a ello, fue radicado el proyecto de reforma a la policía, esperando que pueda cumplir los tiempos para su aprobación. Acuerdo de Escazú El proyecto de ley 109/22 en Cámara de Representantes, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”, fue aprobado en su último debate. La discusión sobre la suscripción y ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia viene desde el 11 de diciembre de 2019 con la firma del acuerdo, pero se extiende en una larga discusión política entorno a su ratificación. A pesar de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, hizo un llamado a avanzar en el tema por la realidad que enfrenta el país, algunos sectores políticos se opusieron a su ratificación. Para el gobierno del expresidente Iván Duque, la ratificación del Acuerdo no fue un elemento prioritario en su gestión, pues días después de la suscripción de este, el Gobierno colombiano se había comprometido a ratificar el Acuerdo de Escazú, pero esto no pasó. Después de la suscripción del acuerdo, el gobierno presentó el proyecto de ley que buscaba su ratificación 7 meses después ante las comisiones segundas de Senado y Cámara. El 20 de julio de 2020 fue radicado con mensaje de urgencia, sin que lograra un avance en su aprobación. Posteriormente, en 2021, el trámite de la ratificación del Acuerdo continuó con la discusión entre los opositores al Acuerdo de Escazú y quienes veían en el Acuerdo un imperativo y una oportunidad para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas ambientales en Colombia. En América Latina solo 13 de los 33 países de la región han firmado y ratificado el Acuerdo, y 12 solo lo han firmado. Sin embargo, Colombia se encuentra en proceso de ratificación del Acuerdo, luego de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto en su cuarto debate, con 119 votos a favor de la ratificación. Fuente: Naciones Unidas, 2022 Ahora, en el marco del trámite legislativo, el proyecto pasará a conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado, con la finalidad de armonizar el documento de ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual posteriormente pasará a sanción presidencial. Adicionalmente, mientras el Acuerdo entra en vigor, el texto definitivo será analizado por la Corte Constitucional en un examen de constitucionalidad para definir si el texto se ajusta a los principios constitucionales. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, tiene como objetivo la implementación y garantía de derechos en materia de acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones de carácter ambiental, acompañado de la creación y fortalecimiento de capacidades para proteger los derechos de los individuos. Esto quiere decir que Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo en incorporar disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales. En Colombia, el Acuerdo es importante debido a la persistencia de los conflictos ambientales y dinámicas de violencia que se han presentado en el país. De acuerdo con Global Witness, entre 2012 y 2021, en Colombia se registraron 322 líderes y lideresas ambientales asesinados, una cifra que ubica a Colombia como el segundo país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Reforma política El proyecto de acto legislativo 18/22, acumulado con los proyectos 06, 16 y 26 de 2022, “por medio del cual se adopta una reforma política”, es uno de los proyectos emblema del gobierno de Gustavo Petro. Con este se buscan varios cambios, entre los que destaca el fortalecimiento del sistema de partidos por medio del establecimiento de un requisito de democracia interna en los partidos políticos para elegir sus directivas y candidatos. El abstenerse de utilizar algún mecanismo de democracia interna sería causal de pérdida de la personería jurídica. Para ello, se establece que el órgano electoral lleve un registro de la militancia de los partidos. Así, se busca que en los dos periodos siguientes de elección constitucional a partir de 2026, los partidos presenten listas cerrada y bloqueadas que cumplan los principios de paridad, alternancia y universalidad. A esto se suma que se responsabiliza a los partidos por avalar a personas que sean condenadas durante el periodo por el cual fueron elegidas o si aspiraron a cargos bajo su aval. Las sanciones por esto irán desde multas y devolución de recursos públicos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Además, si la persona condenada fue elegida para un cargo uninominal, se le prohíbe al partido presentar un candidato por esa circunscripción en las elecciones siguientes. Pese a ello, esta reforma autoriza el transfuguismo al permitir por una vez que los miembros de cuerpos colegiados de elección popular puedan cambiarse a un partido distinto que el que los avaló, sin perder su curul o incurrir en doble militancia. A esto se le suma que habría una financiación anticipada a la contienda electoral con preponderancia estatal y que se limita a un máximo de 4 períodos la presencia de una persona en el Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local. El proyecto fue votado positivamente en segundo debate en plenaria del Senado de la República, luego de pasar por el primer debate en Comisión Primera de esta corporación. En el primer debate no hubo mayores modificaciones, mientras que en el segundo debate no pasó el artículo que buscaba hacer el voto obligatorio en Colombia. Ahora, tiene que seguir su debate en Comisión Primera de la Cámara de Representantes y otro en plenaria de esta corporación. De avanzar en ambos debates, le falta enfrentarse todavía a los mismos cuatro debates el próximo año, entre marzo y junio. Jurisdicción Agraria El proyecto de acto legislativo 173/22, “por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la jurisdicción agraria y rural”, hace parte de los proyectos legislativos estratégicos presentados por el Gobierno Nacional. Con este proyecto se busca establecer un marco constitucional que permita resolver de manera precisa las controversias en materia de tierras en el país. Este proyecto plantea la necesidad de crear instrumentos que permitan garantizar los derechos del campesinado colombiano y promover las condiciones necesarias para el desarrollo productivo del campo. Esto en virtud de las disputas agrarias que se han presentado en el país, que incluyen conflictos por los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles en suelo rural. Asimismo, dentro del proyecto se plantea la creación de una corte agraria y rural, que sirva como un tribunal supremo y órgano de cierre de la jurisdicción agraria y rural. Esto quiere decir que se establecerá una corte con el objetivo de dirimir los conflictos relacionados con la tierra. El proyecto establece que el número de magistrados será impar, se exigirán los mismos requisitos que en las altas cortes y se deberá acreditar experiencia en temas rurales y agrarios, además de poseer conocimientos en enfoque género, territorios étnicos y resolución de conflictos y paz. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en la cual se presentaron diversas proposiciones modificatorias al articulado, pero que no modifican sustancialmente sus elementos fundamentales. A partir de la aprobación de la jurisdicción agraria y rural en el primer debate en la Cámara, el proyecto continuará su tránsito para segundo debate en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere 8 debates, divididos en dos rondas de 4 debates. Dos debates en Cámara y dos en Senado. El primer debate se realiza en la Comisión Primera, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Posteriormente, se discute en las plenarias de Cámara y Senado. Y finalmente se concilian los textos aprobados. Política de paz del Estado El proyecto Ley 160/22 en Cámara y 181/22 en Senado, “por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones”, tiene como objeto definir la política de paz de Estado, en aras de consolidar la política de Paz Total planteada por el Gobierno. Para ello, la ley adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997 que consagra los instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. El proyecto que modifica y prorroga la Ley 418 de 1997 consta de 13 artículos en los que se definen dos tipos de procesos de negociación entorno a la construcción de paz: negociaciones de carácter político para negociar con el ELN y acuerdos de acogimiento a la justicia para negociar con organizaciones criminales. Así mismo, con el objetivo de profundizar la narrativa de la Paz Total, se creará el Servicio Social para la Paz como mecanismo complementario al servicio militar obligatorio. Sin embargo, en la discusión no fueron incluidos los artículos relacionados con el Fondo para la Paz, pese a que se acentúa la inversión orientada a la paz en los territorios. Otras disposiciones importantes del trámite del proyecto fueron: la creación de las Regiones Paz, que se integrarían junto con las zonas más afectadas por el conflicto armado, ZOMAC y las subregiones PDET; el Gabinete para Paz, que permite que los ministros puedan articularse para adelantar acciones encaminadas hacia la solución de problemas estructurales; se consolidan las Zonas Veredales, con el objetivo de adelantar los procesos de dejación de armas, en una etapa más avanzada. Adicionalmente, uno de los artículos que generó mayor polémica, fue el que establece que organizaciones de la sociedad civil de carácter humanitario, con presencia territorial, podrán adelantar contacto ocasional o continuado con grupos armados, con previa autorización del presidente. El proyecto fue aprobado en primer debate en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado. Fue radicado con mensaje de urgencia y fue discutido en comisiones conjuntas con la previa aprobación de las actas que así lo permiten. La solicitud de discutir el proyecto de ley en comisiones conjuntas permite agilizar el proceso del trámite legislativo, pues ahora el proyecto pasa a segundo debate en plenaria del Senado. Una vez discutido y aprobado en la plenaria del Senado, el articulado pasa a tercer debate en comisiones primeras y luego se discutirá en la plenaria de la Cámara. Regulación cannabis El proyecto de acto legislativo 31/22 de Senado, “por medio del cual se habilita la regulación del uso adulto del cannabis y sus derivados”, busca reformar el artículo 49 de la Constitución Política para que el porte y consumo de cannabis por parte de mayores de edad no sea prohibido. De igual forma, el proyecto busca que tampoco se prohíba su uso para la destinación médica, científica o industrial. A su vez, dicta que, al ser aprobado, el gobierno tendría un año para presentar un proyecto de ley que regule el uso adulto del cannabis ante el Congreso. Por ser un proyecto de acto legislativo se debe enfrentar a dos vueltas en el Congreso, cada una con 4 debates. De la primera vuelta ya pasaron con éxito sus debates en la Comisión Primera y plenaria de la Cámara de Representantes. Así, el siguiente paso es su discusión en la Comisión Primera y plenaria de Senado, para surtir con éxito la primera vuelta. Esos mismos debates los tendrá que tener entre marzo y junio del otro año. Reformaa a la policía El pasado miércoles 12 de octubre fueron radicados dos proyectos que buscan reformar a la Policía Nacional, por iniciativa de los congresistas María José Pizarro, Inti Asprilla y David Racero. A la espera de conocer el texto definitivo para su primer debate, se conoce que uno de los proyectos busca “prevenir y sancionar los abusos en la actividad de policía y el uso desproporcionado de la fuerza en contextos de manifestaciones públicas, garantizando los derechos establecidos por la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales y las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza”. Se buscará prevenir el abuso policial en manifestaciones y en su actividad cotidiana, creando directrices para evitar que se llegue a alguna de estas instancias y, de esta forma, evitar violaciones de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza. Entre estas directrices estaría el prohibir la medición del desempeño de un policía por cuotas de comparendos o resultados operativos. En cuanto al accionar policial en las manifestaciones, se dicta que se obre bajo el principio de ‘prevención, disuasión e intervención’, que tratará el uso de la fuerza como una situación excepcional, en la que se permite una intervención para restablecer el orden público, pero que debe cesar inmediatamente se haya restablecido. A su vez, en caso de existir perjuicios a la integridad, se deberá redactar un informe para remitir a sus superiores o a la Procuraduría. Por su parte, el segundo proyecto busca regular el régimen de ascensos para ‘democratizar’ el sistema de ascensos. Para ello, se atacarían los obstáculos en la carrera policial, mejorando el proyecto educativo que existe y tratando el tema de los costos de ingreso a la carrera al plantear que se tomen en cuenta factores socioeconómicos. Así, cualquier patrullero podría tener la posibilidad de ascender hasta oficial de policía. Como proyectos de ley ordinarios se enfrentan a una ronda de 4 debates: 2 en Comisión Primera de Cámara y Senado y 2 en plenaria de cada corporación. Sobre los tiempos, su radicación se dio un poco sobre el tiempo y depende del trabajo y avance del Congreso, para alcanzar a tramitar los dos proyectos.

Por: Katerin Erazo, Periodista Durante más de 14 días, indígenas y camioneros han estado bloqueando las vías del departamento de Chocó. Las comunidades indígenas fueron las primeras en realizar el bloqueo en las vías hacia Risaralda y Antioquia, debido a que exigían el cumplimiento de una serie de negociaciones que habrían tenido con el Gobierno, una de las cuales sería la construcción de un puesto de salud para su comunidad. Estas comunidades llegaron finalmente a un acuerdo el día 11 de octubre con el Gobierno y legisladores con respecto a las reivindicaciones que tienen como sector. Sin embargo, tras los avances con los indígenas, la agremiación de camioneros decidió bloquear las mismas vías con el fin de también ser escuchados por el Gobierno. Los camioneros han denunciado que las comunidades indígenas impiden el mejoramiento de las vías de acceso al departamento y que los constantes cierres dirigidos por estas comunidades hacen cada vez más difícil su trabajo. Este gremio dice estar dispuesto a permanecer con el bloqueo hasta que el Gobierno no cumpla con las siguientes peticiones: crear una mesa con todos los actores que han hecho el cierre de las vías; lograr que un representante de alto nivel del Gobierno Nacional que vele por los intereses tanto del gremio de camioneros como de las comunidades étnicas; contar con un representante de las autoridades indígenas de Risaralda y Chocó; contar con la presencia del gobernador; y crear una mesa de seguimiento para gestionar las necesidades cada vez que se realicen los paros, la cual debe estar compuesta por representantes locales, regionales, nacionales, autoridades indígenas, representantes de los consejos comunitarios, comerciantes, poblaciones del común y el gremio de camioneros. Debido a los bloqueos, la situación en el departamento es preocupante, ya que se han agotado los alimentos, la gasolina y también los medicamentos, dado a que han bloqueado los principales ejes viales por donde circulan las mercancías de la región. El gremio de camioneros indicó que normalmente cuando hay este tipo de bloqueos se hace un previo aviso a las comunidades para que se aprovisionen de alimentos y demás recursos. Sin embargo, al cumplirse un cierto tiempo, estos recursos se agotan. El desabastecimiento, según ellos, se ha comenzado a notar en la falta de provisiones como arroz, verduras, y gasolina. Por esta razón, hay una reventa de productos, lo que hace que se complique más la situación de muchas personas que habitan estas regiones. El líder social Jaime Jiménez, quien trabaja en la Fundación Chocarte por la Paz, le envió a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) un registro fotográfico de un punto del municipio de Quibdó en el que se ve una larga fila que realizan los habitantes para comprar gasolina, ya que, en las bombas, el combustible se agotó. Foto: Jaime Jiménez Este escenario se ha visto reflejado con mayor intensidad en los municipios de Quibdó, Tadó, Istmina y San Juan. Las cadenas de supermercados no cuentan con productos para ofrecer y en las farmacias escasean los medicamentos para hipertensos. “La situación sí está muy difícil porque los manifestantes se mantienen en los bloqueos. Yo compré hace unos días una libra de papa a dos mil pesos, ayer la encontré a cinco mil pesos. Dos pepinos valían 1.000 pesos, pero los compré a 5.000 pesos. En los poquitos lugares donde hay comida, están muy altos los precios”, dijo un habitante de Quibdó. Tanto el gremio de camioneros como las comunidades esperan el pronto pronunciamiento del Gobierno para que se haga frente a las peticiones que se han venido planteado y de esta manera los bloqueos en las vías finalicen.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Ocaña, Norte de Santander, territorio fronterizo con Venezuela, durante los días 11 y 12 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Se debatieron las propuestas relacionadas a temas como ordenamiento territorial hacia la paz, seguridad humana, seguridad alimentaria, transición energética, y convergencia regional y social. Durante este diálogo, Roger Quintero, integrante de la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo, mencionó que esta Asociación ha construido sus propias propuestas, pero que no fueron ejecutadas por el anterior gobierno, demostrando la falta de voluntad por parte del Estado. Sin embargo, añadió que este nuevo gobierno liderado por Gustavo Petro les ha dado esperanza con la posibilidad de que esta vez sí cumplan lo pactado. Quintero reveló que algunas de las preocupaciones de la comunidad giran alrededor de la educación, la construcción de vías, la protección al medio ambiente y los servicios de salud para las personas. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serano, destacó los retos que tienen en materia de competitividad, turismo, productividad e innovación en esta subregión. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores encargado, Francisco Coy, dijo: “aquí los escuchamos a todos, sus necesidades, los proyectos que quieren priorizar. Sumando las cosas, creo que nos llevamos una buena cantidad de insumos para el planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo”. Durante este espacio se identificaron cerca de 800 situaciones de cambio y se propusieron cerca de 2.700 acciones transformadoras. Participantes Un total de 1.230 personas llegaron a la sede del Algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander. Estas personas viajaron durante horas desde municipios como Tibú, San Calixto, Teorama, Hacarí y El Carmen, con el fin de entregar sus propuestas y dialogar las principales problemáticas que hay en el territorio. Foto: ASCAMCAT Dentro de los participantes, los grupos con mayor número de participación fueron los campesinos, las mujeres y los jóvenes. Jhony Abril, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que este espacio lo consideró como algo histórico, dado que demuestra la buena voluntad del Gobierno al escuchar a esta región, donde hay tanto abandono estatal. “Le seguimos apuntando a los encuentros, a las reuniones de este carácter para construir la verdadera paz que requiere la región del Catatumbo”, mencionó. Sin embargo, Carmen García, de la Asociación de Madres del Catatumbo, le expresó a Pares su inconformidad con la metodología que se realizó, ya que el desplazamiento desde su territorio al lugar de encuentro fue difícil, no solo para ella, sino también para muchos campesinos y habitantes que hicieron parte de este diálogo. Carmen García añadió que muchos de los habitantes no contaban con el conocimiento de la metodología que se puede realizar de manera virtual, ni tampoco cuentan con los recursos (celulares o computadoras) para poderla realizar, lo que les obliga a ir hasta el lugar. Como representante del Gobierno Nacional se presentó el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, quien fue el encargado de recibir los 90 formularios diligenciados por los habitantes de la subregión, también contó con la participación del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Contexto de la subregión La subregión del Catatumbo es una de las más peligrosas del país. En esta zona fronteriza con Venezuela, confluyen una serie de economías ilegales y actores violentos que buscan controlar las rentas del narcotráfico, llevando consigo múltiples violencias y muertes. Según el artículo “Entre la espada y la pared: conflicto y coca en el Catatumbo”, escrito por la Línea de Investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, en esta zona la guerra ha prevalecido y se ha perpetuado por más de medio siglo, pasando por el inicio de la explotación petrolera en la subregión, la época de la violencia con el bipartidismo y el conflicto armado con las guerrillas y paramilitares. En el Catatumbo hay presencia de varios grupos armados, entre ellos están el ELN, el EPL, grupos disidentes de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016, como el Frente 33, el Bloque Suroriental o el Comando Danilo García, que hace parte de la Segunda Marquetalia; también hacen presencia Los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Jhony Abril, vicepresidente de ASCAMCAT, mencionó que por ello son importantes estos espacios de diálogo que indican una ruta de una posible Paz Total que impulse la lucha contra este camino de violencia que esta región ha transitado.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Viajando en el Trasmilenio escuché a una señora decirle a un joven que pedía monedas: “¿y para cuándo eso de vivir sabroso?”. Se lo dijo con burlesca acidez, cansada ella misma de su propia pobreza y motivada por el contraste entre el discurso de tristes miserias de aquel joven y el estampado de su camiseta, que llevaba el rostro sonriente de Francia Márquez y —como un chispazo parrandero— la frase: “¡A vivir sabroso!”. Lo que por mi parte observé en dicha escena cotidiana fue cómo el contenido promisorio de aquella frase había despertado esperanzas de gozo en la población y esperanza en el nuevo gobierno. Se develaba también que la gente, afectada por la frase “vivir sabroso”, se ha creado el imaginario de una posible vida –digámoslo en concordancia con el término sabroso– sazonada, llena de matices y, por supuesto, una experiencia de vida no solamente grata al sentido del gusto, sino también a los demás sentidos. En fin, la población común y corriente se aferró ilusoriamente a la opción de una vida deliciosa, deleitable al ánimo. Una vida con mucho salero, amena, entretenida y divertida. Se imaginaron, quizás muertos de la risa, en medio de la música y del baile. Se imaginaron una vida melodiosa, no una vida quejosa como la estampa del Trasmilenio. En fin, visualizaron una vida sin molestias y sin esfuerzos. Coyunturalmente, a los opositores del gobierno de la inclusión, tal imaginario social les ha resultado propicio para decir que tras la mentada frase hay una descarada estrategia que busca vivir a costa del trabajo ajeno. Y tienen razón, si así fuera, si ese fuera el cielo prometido; pero la vicepresidenta Francia Márquez lo que ha explicado de su frase eslogan es que vivir sabroso: “se refiere a vivir sin miedo –es decir, dejar de ser perseguidos por su condición de líderes sociales, por pertenecer a minorías étnicas, por reclamar tierras que les pertenecen, o simplemente por pensar distinto a los poderosos–, se refiere a vivir en dignidad –es decir, con respeto por los valores de las comunidades y de los individuos, sin humillar ni degradar a nadie–, se refiere a vivir con garantías de derechos –es decir, ejerciendo la ciudadanía bajo el amparo de los derechos fundamentales consignados en la Constitución Política–”. De tal suerte, la esencia del eslogan de la vicepresidenta no es el derroche de la libertaria “social bacanería”, sino simplemente el equilibrio de los asuntos de la vida. Si nos esforzamos es para conseguir un beneficio, no es para seguir esforzándonos como nos ha ocurrido en el país de las inequidades. No obstante, vivir sabroso es una ocurrencia de la civilización social. Desde la polis de los griegos y desde la cívis de los romanos, hasta nuestro concepto actual de estados nacionales, vivir sabroso ha sido un propósito colectivo. La palabra que mejor define a este concepto es sin duda la palabra felicidad. La felicidad, como los filósofos la expresan, como un estado de plenitud de la esencia. Y por supuesto, el horizonte hacia el cual apunta la vida humana. La felicidad es muy concreta, porque significa tener algo. La propiedad, la posesión de bienes, pero también lo que pocos observan desde esa dimensión de ambiciones materiales: la felicidad en razón de poseer conocimientos y virtudes. Con todo, aun siendo la felicidad, a la cual nos referimos, una fiesta y placer de orden social, esta es también un estado subjetivo, y conseguirla no depende de las decisiones individuales. Para poder vivir sabroso hay que contar con que nos lo permitan los demás. Paradójicamente, siendo la felicidad un estado subjetivo –algo muy personal–, se moldea de acuerdo a la estructura sicológica, a los modos y maneras de pensar y de actuar de una época y de una sociedad entera, y lo hace con las características morales, religiosas y sociales que el medio social precisamente imprime en cada individuo. La felicidad y el goce se pueden plantear para todos como cuando se invita a una fiesta privada o pública, como cuando se convoca a un matrimonio o a una feria de pueblo. Hay un punto de partida y es la voluntad de conseguir la felicidad para todos los reunidos; pero sabemos que en la fiesta también están participando personas al margen de tal beneficio; porque, siendo los atendidos, no se encuentran emocionalmente dispuestos, o porque se encuentran allí especialmente para que la fiesta ocurra. Bien porque disponen los manteles, porque desde temprano alistan y preparan los alimentos o porque pican el hielo y sirven los tragos. Curiosamente, dentro del pensamiento filosófico de Aristóteles, la felicidad se entiende como aquella emoción que surge de la realización activa del hombre, la que proviene de su trabajo tanto como de su razón. La felicidad de quien ve el producto de lo que ha realizado, igual como lo ve el músico que trabajando para que ocurra la fiesta ajena, de pronto se abstrae buenamente viendo bailar a los invitados. Lo cierto es que la felicidad no debe considerarse como una forma de vida. Hemos escogido, por ejemplo, al presidente Petro y a la vicepresidente Francia Márquez por la promesa de fomentar y participar de una sociedad dispuesta a la producción y a conseguirlo en paz. De hecho, el propósito de una paz para todos y el ambiente que tal promesa despliega, es abono para la consecución de la felicidad alcanzable. La felicidad ocasionada por ver a los campesinos de vuelta a sus tierras y trabajándolas sin patrones malsanos, sin terratenientes déspotas, sin presiones paramilitares o guerrilleriles, y con la asistencia –no la persecución ni el despojo– del Gobierno y las fuerzas militares. Esa es la felicidad que en términos de organización social hemos añorado los colombianos. No la felicidad sobrenatural, fomentada desde Santo Tomás y San Agustín, que la concibieron perteneciente a la visión de Dios, y como tal trasmitida solo por Revelación. No esa felicidad, ni la del filósofo Kant –que la independizaba del entendimiento–, sino la de Francia Márquez que consiste en tener un trabajo, vivir sin ser perseguido, crecer en conocimiento y hacer parte de una sociedad civilizada, productiva y sensible. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Raúl Cubas, Coordinador Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), Capítulo Venezuela El reciente Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela se centra en dos temas prioritarios en sus investigaciones: a) los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al Gobierno; y b) la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar. Lo destacable y novedoso para quienes estamos dedicados a la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas es que por primera vez se visibiliza internacionalmente lo que ya era una dolorosa realidad denunciada nacionalmente, pero que había tenido poco eco en la comunidad internacional. Diversas organizaciones ambientalistas, organizaciones de etnias indígenas y de derechos humanos, advertimos y denunciamos sobre las posibles consecuencias que generaría la aprobación y la activación de las actividades extractivistas en los territorios del Arco Minero del Orinoco, en 2016. Seis años después, las negativas consecuencias ambientales y sociales que afectan a la población criolla e indígena, así como las graves violaciones a los derechos humanos documentadas en la región, están a la vista y son imposibles de ocultar. En diciembre de 2021, el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) hizo público un informe titulado Ecocidio y violencia: panorama del extractivismo en Venezuela, en el que se denunciaba que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados, 21 de ellos por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con anterioridad, en febrero de 2020, 174 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana afirmaron públicamente que: “defensores y defensoras ambientales e indígenas han sido víctimas de hostigamiento y represalias por denunciar los abusos y afectaciones producto de la explotación de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del país”. Cabe destacar que no solo los defensores del ambiente y el territorio han sido víctimas de la violencia, sino también la población civil que habita en los territorios afectados por la minería extractivista, lo que degrada aún más sus ya desfavorables condiciones de vida. El Centro para la Reflexión y Acción Social (CERLAS) registró entre 2012 y 2018 al menos 30 masacres perpetradas en zonas mineras al sur de Venezuela. De ellas, 25 masacres han dejado un saldo de 217 personas asesinadas entre marzo de 2016 y junio de 2020. En este mismo sentido, entre 2012 y 2021, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU) ha registrado 151 reportes de desaparición de personas en los territorios mineros de Bolívar, vinculados con pagos en oro. Del total, 111 desaparecidos son hombres y 40 mujeres. Los responsables de dichas masacres son los denominados “sindicatos” (bandas criminales), las fuerzas guerrilleras colombianas presentes en la región y cuerpos de seguridad del Estado. Las anteriores denuncias fueron confirmadas por la Misión de las Naciones Unidas, en los acápites 86 y 87 de su reciente informe, en el que se afirma que: “86. La Misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos; secuestros; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; y violencia sexual y de género, especialmente contra las personas residentes y trabajadoras de las zonas mineras del estado de Bolívar. Los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos violentos entre ellos o con las autoridades del Estado. La Misión también recibió información de fuentes con conocimiento interno y de testigos presenciales que señalan la connivencia de algunas autoridades estatales con los grupos criminales que operan en ciertas zonas mineras. Las autoridades estatales a menudo no investigan ni sancionan los delitos cometidos por estos grupos. 87. La Misión recibió información que indicaba que los grupos criminales ejercen un control de facto sobre grandes zonas mineras del estado de Bolívar mediante incursiones violentas en las minas, puestos de control ilegales (a veces situados cerca de los puestos de control militares), extorsión y un sistema de normas aplicadas mediante castigos corporales como palizas públicas, amputaciones y asesinatos. Los grupos armados criminales también han participado en violentas batallas territoriales con grupos rivales que han provocado muertes y lesiones de civiles desarmados”. Entre las víctimas de la violencia ejercida por grupos armados irregulares en el estado Amazonas, destaca el asesinato a fines de julio pasado de Virgilio Trujillo, quien participaba como miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) y de las actividades de la Guardia Indígena Territorial de su comunidad, organizada para mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que opera en la zona. A más de tres meses del hecho, este permanece en la más absoluta impunidad. No quedan dudas que la implementación de políticas extractivistas que se han intensificado desde la aprobación del proyecto del Arco Minero del Orinoco ha generado una ola de violencia que afecta a la población asentada en esos territorios y a quienes resisten y oponen a su lógica depredadora y deshumanizante. La reciente aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de prorrogar por dos años más (2023 y 2024) el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, es una medida muy positiva y un espaldarazo para las víctimas de las comunidades indígenas y criollas afectadas en el sur de Venezuela, donde estamos en presencia de un genocidio silencioso hasta ahora que se desarrolla no solo en el territorio del Arco Minero del Orinoco sino también en el estado Amazonas. La prórroga del mandato de la Misión es una oportunidad para investigar, documentar y denunciar lo que ocurre en esta última región, por lo que desde Odevida convocamos a las organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos a sumar y coordinar esfuerzos para diseñar e implementar una Campaña Nacional e Internacional en Defensa de la Amazonía Venezolana. La atención de la comunidad internacional está puesta sobre la realidad que se vive en los territorios afectados por las políticas del extractivismo minero y la violencia que afecta a los pueblos indígenas; ahora les toca a las organizaciones de la sociedad civil seguir documentando y denunciando los hechos, porque la única verdad es la realidad y ahora la “lupa” de la Misión debe estar puesta en el Arco Minero del Orinoco y también en nuestra Amazonía.

Por: Francisco Daza, Investigador Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El pasado viernes 07 de octubre se celebró una nueva sesión de la Coordinadora Humanitaria en el salón rojo del Hotel Tequendama, iniciativa impulsada por el expresidente Ernesto Samper y que estuvo acompañada en esta ocasión por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; la ministra de Cultura, Patricia Ariza y los senadores Ariel Ávila e Iván Cepeda, integrantes de la Comisión de Paz del Senado. Como ya es tradición, este espacio convoca a las voces de los territorios más afectados por la violencia de la guerra en Colombia, estableciendo como objetivo principal lograr consolidar y promover mínimos humanitarios en el marco del desarrollo del conflicto en Colombia, buscando así promover el respeto por los sujetos y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). En este orden de ideas, la Coordinadora tiene como principal función “promover la convergencia de procesos organizativos a nivel nacional, departamental y regional con el objetivo de establecer las bases de un acuerdo de humanización del conflicto colombiano desde los territorios”. En la estructura de la Coordinadora Humanitaria participan actores de 3 tipos de instancias. La primera conformada por un grupo base de procesos territoriales compuesto por integrantes de las secretarías técnicas y organizaciones sociales/territoriales de Arauca, Buenaventura, Catatumbo, Caquetá, Chocó, Cauca, Córdoba, Costa Pacífica Caucana, Caribe, Guaviare, Magdalena Medio, Nariño-Putumayo, región Andino Amazónica, Sucumbíos y Piamonte. La segunda compuesta por acompañantes y organizaciones de apoyo entre las que se encuentran organizaciones nacionales, actores institucionales, del Ministerio Público, religiosos y/o sociales. Y finalmente, una tercera instancia de garantes, observadores e invitados, a través de la cual participan delegados/as de organizaciones internacionales. A partir de su puesta en marcha el 26 de abril de 2022, se logró definir que sus líneas de acción son: Convocar a los principales actores que hacen parte de las instancias que componen a la Coordinadora Humanitaria para generar una convergencia de procesos y espacios humanitarios a nivel Nacional. Promover acciones en torno a la concertación de iniciativas humanitarias concretas desde una agenda humanitaria Nacional, sesiones territoriales de la sociedad civil y espacios ampliados de participación. Impulsar una Cumbre Humanitaria en Colombia que tenga como objetivo proponer y promover una agenda nacional de humanización del conflicto desde los territorios más afectados por la violencia. Promover actuaciones institucionales y no gubernamentales de atención humanitaria territorial en pro de la protección y salvaguarda de las comunidades en los territorios afectados por el conflicto armado. Luego de esta presentación de las bases y estructura de funcionamiento de la Coordinadora Humanitaria, se dará cuenta de los puntos relevantes del último espacio. En este se presentaron los diversos avances que desde el Gobierno Nacional se han conseguido en el marco de la búsqueda de la Paz Total, entre ellos, los acercamientos que se han hecho desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz con los grupos armados organizados en aras de obtener alivios humanitarios por medio del cese al fuego multilateral para aquella población de las zonas mayormente afectadas por cuenta de la presencia de dichos grupos. En este punto Danilo Rueda señaló que están partiendo de aprendizajes que dejan diversos procesos de paz en materia de asuntos humanitarios, buscando hacer una innovación al ampliar el concepto de lo “humanitario” a una lectura más amplia sobre la vida que trasciende al componente medioambiental. Esta intervención fue respaldada por el pronunciamiento del senador Iván Cepeda en relación a la importancia de los enfoques humanitarios en la política de Paz Total, la cual busca que la misma no se consiga solamente en los espacios de diálogo con los grupos armados, sino que dicho proceso se pueda respaldar a partir de acuerdos entre los múltiples sectores de la sociedad colombiana. Luego de este punto, Cepeda resaltó la importancia de los acercamientos entre el Gobierno Nacional y Fedegán como un paso importante para darle solución al problema de la tierra en Colombia, indicando así que el diálogo no solo se limita exclusivamente a los actores armados. En este orden de ideas, también señaló que los asuntos humanitarios son primordiales y que se deben atender de manera eficaz ante la urgente necesidad de salvar las vidas y la integridad de las comunidades en los territorios. Asimismo, señaló la importancia de la propuesta de cese al fuego multilateral, ya que es una vía necesaria para la consecución de la Paz Total y por lo tanto “no debe ser prorrogada en una mesa de conversaciones a obtener resultados”. En su turno, el senador Ariel Ávila hizo la presentación de los 5 pilares de la política de Paz Total: i) negociación con el ELN, ii) acogimiento/sometimiento a la justicia de organizaciones criminales de alto impacto, iii) alternativas de sustitución de economías ilegales, iv) diálogos regionales de paz y v) la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. La presentación de Ávila estuvo acompañada de una delimitación territorial para la implementación de la política de Paz Total, denominada Subregiones de Paz, las cuales se presentan a continuación. Fuente: Comisión de Paz del Senado A esta delimitación subregional se añadirán departamentos de la costa atlántica, en los que hay presencia territorial importante de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Los Pachenca). Luego de estas intervenciones participaron los representantes de los grupos base de los procesos territoriales, exponiendo la necesidad del cese al fuego y de hostilidades multilaterales a nivel nacional, suscribiéndose esto en el comunicado expuesto a continuación: La Coordinadora Humanitaria se ha constituido como un escenario de alto valor para socializar y manifestar las necesidades territoriales en relación a la Paz Total, siendo un espacio de interlocución y acercamiento entre las diferentes delegaciones que representan a las poblaciones civiles de los territorios más afectados por la violencia y representantes del Gobierno Nacional y de organismos nacionales e internacionales que manifiestan su disposición de acompañar e impulsar la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. Se espera que el comunicado suscrito por los procesos sociales de los territorios que participan de la Coordinadora Humanitaria tenga el eco suficiente para transmitir el llamado urgente para adelantar las acciones de carácter humanitario que cimenten los acercamientos con los grupos armados que actualmente operan en el país.

By: León Valencia, for @infobae Translation by: María Victoria Ramírez In the last week of September I went to Havana to speak with the National Liberation Army (Spanish: Ejército de Liberación Nacional) ELN delegation that was packing suitcases to return through Venezuela to Colombia. I wanted to look Pablo Beltrán and his fellow delegation members in the eye and listen to their expectations regarding the negotiations with the government of Gustavo Petro. In October 2012 I had done something similar. I had gone to Oslo, where the FARC and the government of Juan Manuel Santos announced the start of peace negotiations. I arrived from Oslo with the conviction that Santos and the FARC would sign a peace agreement. A conclusion that collided with the scepticism of many sectors of the country. I have come from Havana with a similar belief: the ELN guerrillas, at the end of a negotiation, not without ups and downs, will sign a peace agreement with the current Colombian Government. Convictions are always a mixture of ideas and intuitions, of calculations and hunches. The atmosphere in Havana was not the best for hunches. On September 26, when I met Pablo Beltrán, Cuban radio and television were reporting minute by minute on the inexorable march of Hurricane Ian on the island. In Pinar del Río it was already in a meticulous work of destruction and in Havana its tails could be felt in gusts of water and winds that shook the trees and buildings. Still, the talk was upbeat. Throughout the day, at the Hotel Nacional, while we looked from time to time at the increasing opacity of the Havana sky, we talked about the novelty of negotiating with a left-wing government after having tried to make peace with six right-wing governments. "This is something that we must study very carefully in the coming days when we meet in Colombia with the other colleagues from COCE (Central Comand) and the National Directorate," said Pablo Beltrán. The first novelty is that these negotiations do not start from scratch. The starting point is what was agreed with the government of Juan Manuel Santos in more than two years of talks, that is, a six-point agenda and the fundamental lines of a bilateral ceasefire and hostilities. The second difference is that from the beginning an active and decisive participation of civil society will be launched in the peace process based on the regions and communities experiencing the conflict. Something unprecedented and very ambitious that will require a huge effort from the National Government and local governments. The third challenge is to put into practice step by step the agreements that are being signed between the parties at the negotiating table. Something very different from "nothing is agreed until everything is agreed", which was the guiding principle of the agreements between Santos and the FARC. The silence of the weapons at the time of the negotiation marks another difference with previous processes that were guided by the maxim of "negotiating in the midst of the conflict" or as it was said in the time of Santos: "negotiating as if there were no conflict and doing the war as if there were no negotiation”. Precisely, one of the things that prevented the completion of the design and the beginning of the cessation of hostilities with Santos was the resistance of sectors of the Armed Forces, said Pablo Beltrán. They also insist that the ELN is not seeking an electoral leading role as a result of the negotiation, but rather changes in the country and in the regions. They will not see the ELN, he says, asking for a representation of the guerrilla in parliamentary bodies. Pablo Beltrán also said that Gustavo Petro's talks with the United States to seek greater autonomy in extraditions and changes in anti-drug policy, and with Álvaro Uribe Vélez to create an atmosphere of reconciliation and respect for the peace agreements with the ELN, are key players in the process that they are going to start. Also now many sectors are skeptical and pessimistic. They do not believe that Gustavo Petro can seal a peace agreement with the ELN. It is true that culminating a peace process with authentic citizen participation, with changes in the conditions of the communities and regions, with the gradual application of the agreements, with an anticipated silence of the rifles and the consent of the United States and the security forces the right headed by Álvaro Uribe, is a difficult dream to fulfil. But the speech the Petro government and the ELN are using are very similar. This common language creates the illusion that all obstacles will be overcome in the march towards peace. Readers can take a look at Iván Márquez’s speech in Oslo and Humberto de la Calle's response to the guerrilla leader's words at the installation ceremony of those six-year talks. The differences were noticeable and enormous, and even so they ended in an agreement. That is the reason for my optimism with the process that is beginning.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad El pasado 04 de octubre, la emisora W Radio denunció un presunto ‘carrusel de contratación’ durante la administración de Alejandro Char Chaljub (2016-2019), en el que un grupo específico de contratistas se vieron beneficiados por el direccionamiento de obras. Bajo la modalidad de ‘crédito a proveedor’, a saber, una forma de contratación en la que el contratista se compromete a terminar la obra a satisfacción y al entregarla la Alcaldía le hace un único pago, este grupo se habría beneficiado de millonarios contratos. Dentro de los contratos en cuestión se encuentra el de la construcción y ampliación de la vía La Cordialidad de Barranquilla, adjudicado el 23 de noviembre de 2017, durante la administración del exalcalde Álex Char, a la Unión Temporal Gran Vía R90, una sociedad compuesta por las empresas Valorcón S.A., propiedad de Julio Gerlein e Inversiones Jacur y Compañía Limitada, de quien Faisal Cure es gerente suplente. Tanto Faisal Cure como Julio Gerlein son grandes aliados de Álex Char y cobraron mayor reconocimiento por su presunta participación en el entramado de compra de votos de la exsenadora Aída Merlano. El contrato para la obra de la vía La Cordialidad inicialmente tenía un valor de $90.509.645.936, con una vigencia de 20 meses con plazo al 31 de diciembre de 2019. Al día de hoy se han realizado ocho prórrogas al contrato, extendiéndolo por tres años más de plazo original y con un sobrecosto de al menos el 64% del valor original de la obra, aumentando su costo a $148.938.190.487. Actualmente la obra va en un 67% de ejecución. La interventoría sobre este contrato no ha sido exigente ni se han encendido las alarmas, justamente porque las empresas contratadas para realizar la labor de veeduría también son propiedad de personas cercanas a Álex Char. Presentamos el siguiente informe con toda la información y la denuncia de este presunto caso de corrupción en la ciudad de Barranquilla bajo la administración del clan Char:

Por: Katerin Erazo, Periodista Con 121 votos a favor y uno en contra, el pasado lunes 10 de octubre la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en un cuarto y último debate la ratificación del Acuerdo de Escazú tras tres meses de impedimentos. La ratificación llegó tres años después de la firma de este acuerdo internacional por el gobierno del expresidente Iván Duque, quien lo firmó en el año 2019. Sin embargo, este no fue ratificado por el pasado Congreso. Según el artículo ¿Y si se ratifica Escazú?, escrita por Juan Camilo Rodríguez, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional para temas ambientales y el primero en el mundo con disposiciones específicas alrededor de la protección de personas defensoras del ambiente y el territorio, lo que quiere decir que este Acuerdo se convierte en una herramienta esencial para la protección de líderes y lideresas sociales. Este pasará a conciliación en el Congreso de la República para su posterior firma y sanción presidencial y así se convertirá definitivamente en ley, y el país tendrá la obligación constitucional de cumplir este Acuerdo. Alejandra Cifuentes, coordinadora de Inclusión en Camino Hacia Carbono Neutral, un proyecto liderado por OpEPA y Climate Reality América Latina, le dijo a Pares que la implementación de este Acuerdo permitirá fortalecer la democracia ambiental, teniendo en cuenta que Colombia es el segundo país a nivel internacional con mayor número de conflictos socioambientales. Según Cifuentes, este Acuerdo contiene 5 ejes trascendentales para la transformación: una política de soporte y aceleradora de la acción climática; un instrumento para generar acciones climáticas adaptadas a los diferentes contextos territoriales; una herramienta que aporta a romper el centralismo en la toma de decisiones; promueve la transparencia de la gestión del cambio climático; y es un Acuerdo que protege los derechos humanos. Por su parte, Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad y miembro de la alianza por el Acuerdo de Escazú Colombia, le mencionó a Pares que a pesar de que se debe realizar un tramite para que el Acuerdo entre en vigor, no quiere decir que el Gobierno no pueda dar los primeros pasos. Torres añadió que se creó un comité de cumplimiento al interior de la estructura del Acuerdo de Escazú, conformado por expertos en materia de los derechos de acceso a nivel de América Latina y el Caribe, el cual le daría seguimiento al cumplimiento del Acuerdo. Es decir, ante cualquier situación en que los ciudadanos y ciudadanas logren comprobar que hay un incumplimiento de este, se podrá acudir a dicho comité para que revise a profundidad cómo el país esta haciendo la gestión en materia de implementación del articulado. El presidente Gustavo Petro felicitó al Congreso y a la sociedad colombiana por lograr la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Asimismo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró este logro y aseguró que “en 63 días se logró lo que no se había logrado en tres años”. Las celebraciones no se hicieron esperar, pues organizaciones ambientales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) festejaron esta "victoria para la protección de líderes ambientales, la naturaleza y los territorios". Según la organización Global Witness, se trata del primer acuerdo firmado a nivel mundial, un importante tratado para América Latina, la región más mortífera para defender el medioambiente. Escazú, cuyo nombre técnico es "Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe", lo han ratificado países como Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay y Chile.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil El reclamo más sentido de los jóvenes de Colombia que marcharon el año pasado en todo el país es el de las garantías para el ejercicio de la protesta, lo que pasa por una consigna que acuñó Petro en campaña y es el desmonte total del ESMAD, principal motor de violencia y confrontación, cuyo antagonista fueron las primeras líneas de defensa de la protesta. Una pelea desigual en todo sentido, pues mientras el ESMAD atacaba con armas de poder letal, gases, armaduras y tanquetas, las primeras líneas recibían en escudos hechos con reductos de canecas metálicas los artefactos disparados por los llamados robocops y devolvían los ataques con piedras, palos, y bombas molotov de poco poder. Desigual también por la cantidad de muertos de lado de los jóvenes manifestantes y, más aún, por todo el respaldo institucional para la acción violenta del ESMAD, el cual contaba con el beneplácito del Estado en cabeza de un ministro de Defensa que tuvo que enfrentar dos mociones de censura por el uso excesivo de la violencia en manifestaciones y bombardeos de campamentos guerrilleros en los que murieron menores de edad. Con estas banderas recogidas y echadas al hombro, un Gustavo Petro candidato convocó a los jóvenes del país a que le dieran su respaldo. Repitió hasta la saciedad en cuanto espacio pudo la promesa de desmonte total del ESMAD, entre otras propuestas clave del estallido social de 2021 para los jóvenes. Hoy, sin embargo, esa promesa parece no poder ser cumplida a cabalidad por el Gobierno del Cambio. Pues una cosa es desmontar y otra cosa es un cambio de aviso y de imagen, que no es lo mismo, simplemente es una reestructuración de los protocolos de intervención del escuadrón y un cambio de nombres. Al respecto, Issac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señala: “Recientemente también se conoció el rebautizo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ahora denominada Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Según el director general de la Policía, General Henry Sanabria, la nueva unidad de diálogo contará con dos componentes fundamentales: primero un Dispositivo Especializado de Intervención (DEI) y segundo un Dispositivo Básico de Acompañamiento (DBA)”. Bien lo dice al inicio del párrafo citado, “rebautizo”, que en términos claros no es más que un cambio de aviso o razón social, pero que en el fondo sigue siendo lo mismo. En este sentido se empieza a sentir un descontento en redes, organizaciones juveniles, víctimas del ESMAD y en los marchantes en general por el embolate de esta promesa, suavizándola con un cambio de nombre y de uniforme, pero que en la práctica es lo mismo, pues la vaguedad del cambio de imagen no apunta a un cambio del accionar y del ser del escuadrón especializado. Las funciones serán las mismas, pues la UNDMO tendrá dos subestructuras especiales, la primera es el DEI (Dispositivo especializado de intervención) y la segunda el DBA (Dispositivo de acompañamiento Básico de acompañamiento). En resumidas cuentas, la promesa de acabar con el ESMAD fue un saludo a la bandera durante la campaña presidencial. No se llevará a cabo y el gobierno incumplirá una promesa a los jóvenes que le dieron el poder al presidente, con la existencia de un cuerpo de contención violento como este, las tentaciones de infiltrar las marchas para justificar confrontaciones con los pelaos seguirán siendo paisaje, y pues no es posible hablar de las desintegraciones de las primeras líneas si el ESMAD no deja de existir. Redundar en los muertos que ha dejado el ESMAD desde el año 99 en que fue creado hasta ahora sería redundar en datos que hemos dado suficientemente en este portal, solo diremos que esperamos que esta restructuración de cambio de uniformes y color de las tanquetas, la inserción de las ambulancias y el ser el último recurso de reacción ante una marcha o manifestación, no le siga costando al país más jóvenes muertos.