Por: Redacción Pares Es difícil imaginarlo, pero es verdad, en 2003 las condiciones estaban dadas para que las Autodefensas Unidas de Colombia pudieran soñar con limpiar sus fortunas e incluso salvarse de ir a la cárcel. Ideólogos como Ernesto Báez, con una larga trayectoria en la política, creían poder tener el suficiente criterio como para convertir a Carlos Castaño en un candidato presidencial. Era difícil. Castaño arrancó siendo uno de los jefes de sicarios del Cartel de Medellín. Su hermano Fidel, feroz anticomunista, al menos se preocupaba por las formas. Era un experto catador de vinos y asesoraba a señoras bien de El Poblado —como María Victoria Henao, esposa de Escobar— sobre arte. Carlos, el menor, era un hiperactivo consumidor de bazuco que, cuando se pasaba de esta droga, perdía el control y se convertía en un monstruo. Báez tenía la misión de pulir a un tipo tan vasto como Carlos Castaño. En la estrategia estaba la de hacer un libro. Desde su base en Córdoba, Carlos escribió junto al periodista Mauricio Aranguren sus memorias. No esperen encontrar en este libro un ejercicio de autocrítica, de liberación y verdad. Carlos Castaño cuenta y justifica la creación, formación y expansión de los grupos paramilitares. Intenta limpiarse de crímenes que están muy mal visto por la comunidad, como el asesinato de Jaime Garzón. Aunque la historia dejó en claro que Castaño fue quien ordenó el asesinato del comediante –instigado por el funcionario del DAS José Miguel Narváez— el comandante paramilitar lo negó porque podría costarle votos. La estrategia no se detuvo en escribir un libro. Se buscó a grandes periodistas colombianos, como Darío Arismendi y Claudia Gurisatti para entrevistar en saco y corbata al asesino. Incluso el furioso antimarxista se atrevió a declamar a Mario Benedetti, reconocido poeta de izquierda. Quedaba claro que lo que necesitaban instalar los paras era la tesis de que ellos eran un mal necesario, que sin sus luchas este país se había convertido en una nueva Cuba. Que ellos defenderían siempre a los “colombianos de bien” de las guerrillas que pretendieron tomarse el poder. Báez ya había pensado en un nombre político para su partido sin desperdiciar las siglas de las AUC, el movimiento se llamaría Alianza por la Unidad de Colombia. En declaraciones que daría muchos años después Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, confesó que el plan desplegado por los paras fue el de tomarse el congreso, alcaldías y gobernaciones. En ese plan, según Don Berna, cumplía un papel preponderante Mario Uribe, quien años después sería condenado por asociación con grupos paramilitares. En Justicia y Paz, Uribe consiguió que buena parte de las estructuras paramilitares se desmovilizaran. Sanguinarios comandantes de las AUC, como Jorge 40, Salvatore Mancuso o Ever Veloza, estaban dispuestos a contar su verdad así salpicara a empresarios, políticos y poderosos oficiales de las fuerzas armadas. Las audiencias de verdad y reparación se hacían en las zonas donde el aparato paramilitar había sido más despiadado. Pero justo cuando se estaba desmadejando uno de los momentos más dolorosos y sangrientos de la historia del conflicto colombiano, el gobierno Uribe, tan firme y determinado a la hora de enfrentar a la sociedad civil, se doblegó con facilidad ante las primeras exigencias del gobierno norteamericano. Con esto, quedó truncado un proceso de reparación, quedaron vetadas algunas verdades, y Álvaro Uribe  terminó ganándose unos enemigos poderosos. Carlos Castaño vio, a finales de 2003, que su esperanza de ser candidato a la presidencia naufragaba. Las fracturas dentro de las Autodefensas terminaron hundiéndolo. Don Berna afirmó que Castaño se había vuelto “muy comunista”, y que su hermano Vicente Castaño se había hartado de él, ordenando su asesinato en 2004. Jamás salió un sondeo, ni una encuesta, pero bastaba con salir a la calle para constatar, en esos años, que la gente estaba dispuesta a perdonar las centenares de masacres que comandó el terrible Carlos Castaño.

Por: Redacción Pares Dependiendo de quien cuente la noticia, la Paz Total es una victoria o un fracaso. Desde el 7 de agosto del 2022 cuando Gustavo Petro se puso la banda presidencial, uno de los grandes objetivos de su gobierno fue llegar al silencio total de los fusiles. Al principio hubo experimento exitosos como Buenaventura. Justamente fue en esta ciudad-puerto donde se consiguieron los más contundentes resultados: 87 días sin homicidios. Los Shottas y Espartanos se sentaron por fin a dialogar. Había esperanza no sólo para Buenaventura sino para el Catatumbo,  para ese entonces se entraban en negociaciones con las disidencias de las Farc. Por un lado el Estado Mayor Central comandado por “Iván Mordisco”, por el otro, la Segunda Marquetalia liderada por “Iván Márquez”. De igual manera, a pesar de las complejidades que conlleva negociar con un grupo como las EGC -o lo que se conoce como Clan del Golfo- con un claro pasado enquistado en el horror de las Autodefensas Unidas de Colombia, se les ofreció un camino para la paz. A su vez, el gobierno se remangó y consiguió, por ejemplo, llegar más lejos que ningún otro con la esquiva guerrilla del ELN, con más de sesenta años de actividad. El acuerdo de participación, que anunció a mediados del 2024, era una puerta que se abría para que el Comando Central diera el histórico paso a la dejación de armas. Pero la Paz Total tuvo tropiezos.  Empezaron a llegar resultados adversos como sucedió en negociaciones vitales como la del ELN, que no sólo se estancó sino que se suspendió. Las indecisiones por parte del gobierno en el Catatumbo provocaron la ofensiva del ELN contra el Frente 33 que provocó persecución a firmantes de paz y ha dejado hasta el momento más de 70 mil víctimas.  La Paz Urbana sólo en el Valle de Aburrá da resultados tangibles pero la esperanza se desvanece en lugares como Buenaventura. Hay leños encendidos en el bajo Cauca antioqueño y en el norte del Cauca. El EMC y la Segunda Marquetalia se convirtieron en hidras de varias cabezas y la incertidumbre ronda sobre la Paz Total. Vivamos Humanos y la Fundación Paz & Reconciliación presentarán el informe ¿Cómo va la Paz? Radiografía en los procesos de diálogo en Colombia entre 2022-2025  el 18 de junio. El informe examina nueve procesos de diálogo realizados en este periodo, exponiendo su estado, la situación de los grupos armados involucrados y la situación humanitaria derivada en diversas regiones del país.

Por: Sebastian Solano - Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil El programa bandera del Ministerio de Igualdad y Equidad, Jóvenes en Paz , ha sido blanco de múltiples cuestionamientos en las últimas semanas. Las críticas se han centrado principalmente en inconsistencias en los pagos, una ampliación cuestionada del universo de beneficiarios y una ejecución presupuestal que aún se percibe como baja, pese a los esfuerzos institucionales. Aunque el Gobierno ha anunciado una etapa de transición para garantizar su sostenibilidad, persisten las dudas sobre su capacidad operativa y de respuesta en el corto plazo. Lea también: Entre la baja ejecución presupuestal y las críticas vacías: así va Jóvenes en Paz Entre la baja ejecución presupuestal y las críticas vacías: así va Jóvenes en Paz   Desde su implementación, el programa ha vinculado a más de 28.886 jóvenes en 73 municipios de diez departamentos del país, con el objetivo de ofrecer alternativas concretas frente a contextos de violencia, exclusión y falta de oportunidades (Presidencia, 2025) . Para muchos de los participantes, la asignación mensual cercana al millón de pesos ha representado no solo un alivio económico, sino también una puerta de entrada a procesos educativos y de servicio social que antes eran inaccesibles. En un país donde la juventud ha sido históricamente marginalizada en zonas de conflicto, esta apuesta por el acompañamiento integral fue, en su lanzamiento, una promesa de transformación. En al menos 20 municipios, el programa ha alcanzado más del 80 % de la meta de vinculación, un indicador que no puede pasarse por alto y que da cuenta del potencial que tiene esta política pública para generar impacto en territorios con altos niveles de vulnerabilidad (Infobae, 2025) . La cobertura regional incluye departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Cesar y Valle del Cauca, muchos de ellos históricamente marcados por la violencia armada y las economías ilegales. Sin embargo, las denuncias recientes ponen en evidencia falencias importantes en su implementación. El 19 de febrero de 2025, la representante a la Cámara Carolina Arbeláez reveló que al menos 209 personas con edades de 29 y 30 años —por fuera del rango permitido— habrían recibido transferencias económicas por un monto cercano a los $740 millones de pesos. Esta situación contraviene lo establecido en el Decreto 1649 de 2023, que delimita la edad de los beneficiarios entre los 14 y los 28 años (Infobae, 2025) .  El hecho, además de ser jurídicamente problemático, refleja debilidades en los mecanismos de control y verificación, generando legítimas inquietudes sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos. Las tensiones no se han limitado al plano institucional. Durante el lanzamiento del programa Servicio Social para la Paz , el 29 de enero de 2025 en el Centro Nacional de las Artes, varios jóvenes participantes de Jóvenes en Paz  interrumpieron el evento con una protesta contundente. Exigían cumplimiento en los desembolsos y reclamaban coherencia entre el discurso gubernamental y la realidad de sus territorios. Con pancartas que decían “SOS Jóvenes en Paz” y al grito de “¡No hay paz con hambre!”, hicieron visible una inconformidad que, aunque silenciosa para muchos, ha venido creciendo entre los beneficiarios. Este episodio evidencia la necesidad de un diálogo más directo y transparente con la juventud, así como una mayor capacidad de respuesta por parte del Estado ante los compromisos adquiridos. Linda Posso, Coordinadora Territorial de la Oficina Pacífico de PARES, sugiere que el futuro del programa Jóvenes en Paz en Buenaventura se debate entre logros parciales y profundas incertidumbres. En 2024 desde Fundación Paz y Reconciliación alertamos sobre el escaso avance del programa en el territorio , hoy se reconoce una mejora significativa en el pago de incentivos a los jóvenes beneficiarios. Sin embargo, esta aparente consolidación contrasta con la crítica situación que enfrenta el equipo territorial: a la fecha no han recibido salario desde abril, no cuentan con claridad sobre sus liquidaciones contractuales, y denuncian graves fallas del operador, no solo en los pagos sino también en la capacidad logística para garantizar las actividades previstas. La llegada de Carlos Rosero al Ministerio de Igualdad y Equidad, hijo de Buenaventura, ha despertado esperanza en el territorio, su liderazgo puede ser determinante para corregir el rumbo del programa. El equipo territorial de Buenaventura se ha movilizado de manera pacífica para exigir mejores garantías, y recientemente mediante un pronunciamiento público el 15 de mayo de 2025, ha solicitado con urgencia una ruta de transición clara que dignifique su labor y garantice condiciones laborales justas. Transición hacia un nuevo modelo de operación Ante las múltiples alertas surgidas tanto desde las comunidades beneficiarias como desde el personal operativo del programa, el Ministerio de Igualdad y Equidad anunció, el 15 de mayo de 2025, el inicio de una etapa de transición para Jóvenes en Paz . Esta decisión busca corregir los errores detectados en la fase de implementación y asegurar la continuidad de una iniciativa que, pese a sus problemas, ha generado expectativas significativas en los territorios (MinIgualdad, 2025) . Una de las primeras medidas anunciadas fue el inicio del trámite para declarar el incumplimiento del Convenio 062 de 2024, instrumento jurídico que regula la ejecución del programa. La decisión responde a la identificación de varias irregularidades por parte del operador designado, que habrían afectado directamente el funcionamiento general de la estrategia. De acuerdo con el Ministerio, estas fallas han comprometido aspectos clave del proceso, lo que obliga a adoptar correctivos de fondo para recuperar el rumbo y reconstruir la confianza perdida. En ese marco, uno de los compromisos prioritarios será exigirle a la Unión Temporal Territorio y Paz —encargada de la ejecución operativa— que responda por las obligaciones laborales que contrajo con su equipo de trabajo. La situación ha generado preocupación entre quienes han sostenido el programa en campo, en muchos casos sin las garantías mínimas que exige el empleo digno. El viceministro de Juventud, Pablo Mateo Zabala, aseguró que la entidad está actuando con celeridad, transparencia y sentido de responsabilidad frente a las afectaciones generadas. Según sus declaraciones, el objetivo central es proteger los derechos del personal involucrado y evitar que la iniciativa se deteriore aún más por falta de gestión o voluntad institucional. Además, el Ministerio anunció la activación de rutas institucionales para garantizar condiciones laborales adecuadas a quienes continúan vinculados al programa, reafirmando que el compromiso sigue siendo con las juventudes del país, pero también con la legalidad y el respeto a quienes hacen posible la política pública desde lo cotidiano. “Actuamos con compromiso para garantizar la continuidad del programa y el respeto a quienes trabajan con dedicación por las juventudes de Colombia” —Ministerio de Igualdad, comunicado del 15 de mayo de 2025. Reconocimiento de errores y ajustes institucionales En entrevista con Cambio Colombia  el 16 de mayo de 2025, el viceministro de Juventud, Pablo Mateo Zabala, reconoció públicamente las múltiples dificultades que han atravesado la implementación del programa Jóvenes en Paz . Entre los problemas señalados mencionó fallas administrativas, deficiencias tecnológicas y una débil articulación interinstitucional que ha afectado tanto la operatividad como los resultados esperados. Zabala sostuvo que la llegada de Carlos Rosero a la dirección del Ministerio marcó un punto de inflexión. A partir de su liderazgo, se impulsó una renovación en los equipos de trabajo y se priorizó el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en un intento por enderezar el rumbo de una política que había arrancado sin una estructura robusta. Uno de los reconocimientos más relevantes fue la necesidad de ajustar la meta inicial del programa. Aunque en un principio se planteó vincular a 100.000 jóvenes durante el cuatrienio, hoy esa cifra parece inalcanzable con el presupuesto disponible. La proyección más realista, según explicó Zabala, es de 65.000 beneficiarios, una reducción significativa que responde tanto a los límites fiscales como a las lecciones aprendidas en el proceso. El viceministro también confirmó que se identificaron registros irregulares entre los potenciales beneficiarios, incluyendo casos extremos como personas mayores de 90 años. Aunque estos fueron corregidos y puestos en conocimiento de los entes de control, los hechos evidencian graves fallas en los mecanismos de validación de datos. De hecho, al momento en que el nuevo equipo asumió funciones, en noviembre de 2024, el convenio suscrito con la Unión Temporal Territorio y Paz apenas mostraba un avance del 5 %. No había jóvenes vinculados, ni personal contratado, ni siquiera espacios habilitados para operar, lo que complica seriamente la asignación de responsabilidades sobre los atrasos. Otro obstáculo crítico ha sido la falta de una coordinación efectiva entre los distintos ministerios involucrados —Educación, Interior, Prosperidad Social y el propio Ministerio de Igualdad—. Esta fragmentación ha dificultado consolidar una respuesta integral. Como medida correctiva, se anunció la convocatoria a una próxima sesión del Consejo Directivo del programa, en la cual se espera aprobar un nuevo manual operativo que permita mejorar la articulación y orientar de forma más clara la acción institucional. En cuanto a los pagos, Zabala fue claro: la responsabilidad recae sobre la Unión Temporal, a la cual ya se le han transferido $54.000 millones. Advirtió que no se girarán más recursos hasta que se entreguen productos contractuales que cumplan con los requisitos estipulados. Aunque en febrero se registraron retrasos importantes, al 16 de mayo de 2025, según el funcionario, las transferencias se encontraban al día. De cara al futuro, el viceministro fue cauto. Señaló que la continuidad del programa dependerá de la voluntad del próximo gobierno. No obstante, desde el Ministerio se trabaja en dejar una base sólida mediante la formulación de un documento CONPES, con el objetivo de institucionalizar Jóvenes en Paz  como política pública. Aun así, reconoció que dicha formalización no garantiza su implementación efectiva en el mediano plazo. Decisión judicial modifica los criterios del programa El 30 de octubre de 2024, el Consejo de Estado suspendió parcialmente disposiciones clave del decreto 1649 de 2023, tras una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia. El tribunal estableció que solo podrán ser beneficiarios los jóvenes entre 14 y 28 años en situación de “extrema pobreza”, excluyendo a quienes se encuentren en condiciones de pobreza moderada o vulnerabilidad económica (Consejo de Estado, 2024). Desafíos estructurales y perspectivas a futuro Pese a los anuncios oficiales y a los correctivos en curso, la sostenibilidad real del programa Jóvenes en Paz  sigue estando condicionada a transformaciones concretas. No bastan los compromisos discursivos: se requieren ajustes administrativos efectivos, cumplimiento estricto en los pagos, mecanismos de vigilancia más robustos y, sobre todo, una implementación territorial que incorpore enfoques diferenciales, en particular de género y juventud. Una de las apuestas estratégicas del programa consiste en levantar información detallada a nivel local para adaptar su ejecución a las realidades específicas de cada territorio. Este proceso contempla la caracterización de actores clave, la identificación de vocaciones económicas y el reconocimiento de las principales necesidades comunitarias. Con ello, se busca articular de manera más coherente la oferta institucional con las dinámicas sociales y productivas de cada región. Además, el programa ha priorizado una búsqueda activa de jóvenes en situación de riesgo, articulándose con organizaciones sociales, colectivos comunitarios y gobiernos locales. En este marco, se realiza una caracterización integral de los participantes, que contempla dimensiones psicoemocionales, contextos familiares y condiciones socioeconómicas. Este enfoque busca no solo diagnosticar, sino también intervenir desde una perspectiva de derechos. Uno de los pilares más exigentes del programa es el compromiso que asumen los beneficiarios con su desvinculación de economías ilegales y estructuras violentas. Implica, además, el rechazo al consumo de sustancias psicoactivas y la participación en procesos de formación ciudadana y transformación social. El objetivo no es menor: proteger la vida de las juventudes, su integridad y su proyecto de vida, mientras se siembran condiciones mínimas para construir paz desde los territorios. La meta actual del Gobierno es vincular a 49.920 jóvenes en 99 municipios de 17 departamentos. Sin embargo, más allá de las cifras, el verdadero reto consiste en recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y demostrar, con resultados concretos, que Jóvenes en Paz  puede consolidarse como una política pública sostenible y transformadora. Desde el Ministerio de Igualdad se ha hecho un reconocimiento explícito al equipo humano que ha sostenido el programa en medio de múltiples dificultades. Su labor ha sido fundamental para mantener viva una apuesta que, en muchas comunidades, representa la única posibilidad real de romper los ciclos históricos de exclusión, estigmatización y violencia estructural que enfrentan las juventudes. Frente a la proliferación de versiones no oficiales sobre la situación del programa, la entidad reiteró que toda información oficial será difundida exclusivamente por sus canales institucionales. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión pública y con la garantía de condiciones laborales y humanas dignas para quienes trabajan día a día por las juventudes de Colombia. Estela de disputas: $175.000 millones en riesgo A esta situación se suma una crisis institucional profunda. De acuerdo con información publicada el 20 de mayo de 2025 en varios medios nacionales, el presidente Gustavo Petro calificó el programa como un “fracaso” al reconocer públicamente que no se alcanzó ni la mitad de la meta inicial de cubrir a 100.000 jóvenes. En medio de esa declaración, trascendió que la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP), actual operadora del programa, cesará operaciones el próximo 31 de mayo, tras un conflicto de alto nivel con el Ministerio de Igualdad. El convenio, por un valor total de $175.311 millones, se encuentra en disputa debido a alegatos de incumplimientos contractuales y denuncias elevadas a entes de control. Según reportes, unos $83.000 millones aún no han sido desembolsados, lo que representa un riesgo financiero mayúsculo tanto para el cumplimiento de las obligaciones como para la continuidad de los beneficios para más de 28.000 jóvenes. Este conflicto ocurre en medio de tensiones internas dentro del gobierno, marcadas por el distanciamiento entre la vicepresidenta Francia Márquez y el actual ministro de Igualdad Carlos Rosero, quienes en el pasado trabajaron juntos y hoy se enfrentan en medio de responsabilidades cruzadas por la fallida implementación del programa. Plantones, paros del personal territorial, jornadas extendidas hasta la madrugada y la intervención de múltiples organismos reflejan la zozobra institucional que acompaña el cierre de la primera etapa del programa y la urgencia de una reestructuración que devuelva la viabilidad política, operativa y presupuestal a Jóvenes en Paz.

Por: Debora Von Nacher Hoy me levanté muy profesora de filosofía.  Me acordé de Platón, en su obra “La República” donde decía que para que una sociedad fuera justa y funcionara se necesitaban tres clases: los gobernantes, los militares y los artesanos.  Cada clase tenía una virtud en particular: los gobernantes la sabiduría; los militares el valor; los artesanos la templanza.  Para que la sociedad funcionara cada clase se debía “quedar” en su lugar, si empezábamos a intercambiar roles, el caos sería el resultado.  Imagínense un sabio como militar: antes de que termine de debatirse a sí mismo la moralidad de atacar al enemigo, lo matan a él y a todos sus compañeros.  O imagínense al artesano-comerciante gobernando… No hay que imaginarlo, solo hay que echar a un vistazo a lo que está pasando en EEUU. De ahí me puse a pensar en que, según Platón, a Sócrates (considerado por el oráculo de Delfos la persona más sabia del mundo) no le gustaba la democracia (¡horror!) porque según él las características que te hacían un buen candidato, no eran las mismas características necesarias para gobernar.  La historia nos ha dado muchos ejemplos de qué es lo que pasa cuando una persona carismática llega al poder, sin tener la capacidad, o los valores, para gobernar. ¿Por qué tan filosófica?  Porque en los próximos días se llevará a cabo en México la elección, a través del voto directo, de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia.  No me malinterpreten, estoy a favor de la democracia, del voto directo, pero creo que, recordando a Montesquieu (les digo, amanecí muy docente el día de hoy) debe de haber una división en los poderes y yo, como ciudadana, no debería elegir a jueces. Sé muy poco de leyes y lo que sé es gracias a la paciencia de mi esposo abogado que me explica, con palabras “normales” como yo les digo, lo que significa tal o cuál término o ley.  Al no saber nada de leyes, siento que elegir a un juez es una tarea que me queda demasiado grande.  Y más si el resultado de mi elección tiene un impacto directo en el Estado de Derecho de mi país. Me he negado a ver las campañas de los jueces (con las campañas presidenciales, cada seis años tengo suficiente), pero no me importa si el candidato o la candidata a juez es simpático, tiene ritmo al bailar, o me siento identificada con ellos.  Yo quiero una persona que entienda su trabajo, que aplique la ley y que tome decisiones con un lenguaje que tal vez yo no entienda, pero que garantice los derechos de los ciudadanos y que se guíe no en mi simpatía, sino en la Constitución. Yo sé que soy muy idealista y tal vez muy ingenua, pero creo que la Justicia no es un concurso de popularidad.  Es como si tuviera que votar por el ingeniero al que le van a dar el proyecto para hacer un puente.  Si la elección del constructor de un puente no está abierta a discusión popular ¿por qué la elección de los guardianes de la Justicia y del Estado de Derecho sí lo están? La democracia no solo consiste en ir a votar.  La democracia es un sistema que depende de participación ciudadana, división de poderes y pesos y contrapesos efectivos.  Al “politizar” al Poder Judicial caemos en riesgo de que éste dependa de financiamientos de campaña y de la opinión pública (sentencias para agradar a los ciudadanos, no para hacer justicia) no de lo que dicta la Constitución.  Habiendo dicho esto y sabiendo que las elecciones son en un par de días ¿qué podemos hacer como ciudadanos?  Es poco realista leer y analizar cada sentencia emitida por los jueces, no tengo la preparación para hacerlo; pero lo que sí puedo hacer es apoyar a las personas que sí entienden y están preparadas para esta tarea: los abogados.  Como sociedad civil, lo que podemos hacer para monitorear las tareas de los jueves es apoyar a asociaciones gremiales, barras de abogados y organizaciones no gubernamentales que se encargan de Derechos Humanos y de Transparencia.  ¿Cómo apoyarlos? Todo cuenta: desde donando nuestro tiempo (apoyando en eventos, dando difusión) o tal vez donando dinero para que puedan ellos monitorear y difundir sus análisis.  Todo suma.  Acerquémonos a estas organizaciones a nivel local y preguntémosles qué podemos hacer para ayudarlos. Un poder judicial fuerte e independiente nos beneficia a todos, incluso a los que ahora tienen el poder.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Cerca de las 9:00 p.m. de anoche, la Comisión Cuarta de Senado logró tramitar la revivida reforma laboral. Tras dos semanas de trabajo y luego de haberse hundido la primera Consulta Popular el pasado 14 de mayo, finalmente la propuesta, concertada entre los congresistas de esa comisión (y de la que se desmarcó Aída Avella para presentar su ponencia alternativa, que al final era la reforma original aprobada en Cámara) logró cumplir los tiempos para seguir su trámite en el último debate que le queda en el Senado de la República, a donde llega viva, pero desgastada. En el camino se quedaron los apoyos del Centro Democrático (que indicaron una posible “traición” por parte de Lozano y de un sector de la Comisión para evitar que la reforma fuese demasiado impopular y tuviera resistencias, frente al reto de la segunda Consulta Popular y el Paro Nacional planteados por el gobierno Petro y la Coordinadora Nacinal para el Cambio) y un grupo de varios artículos que terminaron yéndose con proposiciones irresueltas como constancias, y que ambientarán el debate en la plenaria del Senado, a donde debe llegar la próxima semana para iniciar su discusión, ad portas del cierre de la tercera legislatura, el 20 de junio próximo. Al mismo tiempo, el presidente Gustavo Petro ha plantado cara al Congreso y a través de Armando Benedetti, ministro del Interior, ha enviado un mensaje al Senado, en el que le solicita que resuelva de inmediato repetir la votación de la Consulta, hundida el 14 de mayo pasado, o decretará antes del 1ro. de junio la iniciativa. La respuesta del Congreso no se ha hecho esperar, y, tal como lo hemos indicado en este artículo , parece que la estrategia del gobierno se mantiene en agudizar las contradicciones con el Legislativo.   En espíritu, la Comisión Cuarta terminó aprobando el mismo articulado de la mini-reforma laboral de Chacón y los liberales Fuente: Canal del Congreso. Pocos cambios hubo entre la ponencia que el bloque mayoritario de la Comisión Cuarta del Senado presentó en la noche del lunes 26 de mayo y el articulado aprobado a las 8:56 p.m. del martes siguiente. En la primera parte de la jornada, 55 de los 75 artículos de esta nueva reforma se aprobaron en bloque, sin mayores discusiones y con el mismo texto que llegó de la Cámara de Representantes, más allá de la exposición de motivos presentada por el senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, y John Jairo Roldán, del Partido Liberal. De los otros 20 artículos, solo dos generaron mayor discusión y desde la noche anterior habían dividido las aguas entre un sector de la oposición y el resto del bloque. Por un lado, la discordia giró en torno al artículo 11 del proyecto de ley, que permitía el cobro del recargo nocturno desde las 7 p.m. únicamente a grandes y medianas empresas, mientras que mantenía el régimen actual —desde las 9 p.m.— para pequeñas empresas y microempresas. El otro artículo debatido, el 15, proponía implementar un recargo dominical del 100%, condicionado a que los festivos se cobraran al 75%. Estos artículos se discutieron en la segunda parte del debate, luego de un largo receso de casi dos horas, y concentraron el momento más álgido de la jornada. El argumento de Carlos Meisel y Juan Felipe Lemos se centró en la necesidad de mantener un horario diferenciado para el recargo nocturno, con el fin de evitar que medianas y pequeñas empresas se vieran abocadas a la quiebra por el aumento en los costos de contratación. Según datos de BBVA Research , el 79 % de la fuerza laboral del país está empleada por micro y pequeñas empresas, que aportan el 40 % del PIB nacional. Además, según datos del DANE , las micro y pequeñas empresas tienen altas cifras de informalidad, siendo para las primeras el 85,7% de su fuerza de trabajo y para las segundas el 22,5% a corte de marzo de 2025. No obstante, Aída Avella, junto con el bloque liberal, sostuvo que establecer horarios diferenciales generaría incentivos perversos, creando trabajadores de “primera” y “segunda” categoría, especialmente al permitir que los derechos laborales se degradaran para la mayoría de quienes trabajan en estas pequeñas empresas. Ante este escenario, la senadora y presidenta de la comisión, Angélica Lozano, ya se había movido en su propia dirección y había radicado dos proposiciones para cada artículo . En ellas solicitaba eliminar el trato preferencial a las PyMES y unificar el recargo nocturno desde las 7:00 p.m. en todos los casos, así como establecer que los recargos dominicales y festivos se cobraran al 100%, equiparándose al articulado presentado por Alejandro Carlos Chacón en su mini-reforma laboral, que actualmente cursa en la Comisión Séptima del Senado. Ambas proposiciones fueron votadas y aprobadas en un apretado voto-finish de 8-7, en el que el bloque de oposición resultó derrotado. Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático, anunció que con esta decisión su partido dejaría de acompañar la reforma laboral, mientras que Carlos Meisel, de la misma colectividad, afirmó que, aunque reconocía el espíritu de trabajo y concertación en la comisión, se habían sentido instrumentalizados y traicionados. Los votos denotaron que, aún con la crisis que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, las tendencias de votación de los bloques independientes y opositores se mantienen, y que el gobierno aún no ha perdido del todo su capacidad de incidencia en algunas comisiones del Senado. Los sectores independientes se aventajaron con el discurso del “consenso” Fuente: Canal del Congreso. Frente al cronograma presentado por Angélica Lozano el mismo día en que la plenaria del Senado hundió la Consulta Popular, los tiempos se han cumplido. Aunque finalmente no se trabajó durante los fines de semana, y la semana pasada hubo varios retrasos tanto en la construcción como en la radicación de la ponencia, Lozano terminó cumpliendo y logró que la Comisión Cuarta aprobara en el Senado la reforma laboral el mismo día previsto en su cronograma: 27 de mayo. Fuente: Noticias RCN. Esto es relevante porque, con este primer triunfo, es posible que los sectores independientes y opositores articulen un nuevo eje discursivo con el cual reencaucharse y encontrar fórmulas para disputar los escenarios políticos con el gobierno. Todo esto, luego de que el propio presidente Petro acusara al Congreso de oponerse a la voluntad popular, en medio de la amenaza latente de un nuevo estallido social, impulsado por la negativa del Legislativo a avanzar con la agenda reformista del Ejecutivo. Que los independientes, en cabeza de Angélica Lozano, estén logrando la aprobación de esta reforma laboral “light” sí implica que hay un sector político dentro del Congreso que ha comprendido el actual ambiente nacional y que ve necesario proponer algún tipo de solución frente a los problemas que motivaron los grandes paros nacionales de 2019 y 2021. Este enfoque es compartido por figuras del Pacto Histórico como Aída Avella, quien señaló, en medio de la discusión final del articulado de la reforma laboral, que haber llegado a una concertación demuestra, de una u otra forma, que la movilización social sí tuvo consecuencias para el Congreso. Asimismo, Angélica Lozano insistió a lo largo del debate en destacar el “espíritu del consenso” con el que se analizó y construyó el nuevo articulado, lo que sugiere que la estrategia con la que estos sectores podrían enfrentar al bloque oficialista en la última legislatura (2025-2026) será la de conformar bloques consensuados, con o sin el acompañamiento del gobierno Petro. El problema es que tanto los independientes como la oposición parecen haberse dado cuenta de la estrategia para confrontar al gobierno demasiado tarde, en un escenario donde pueden capitalizar estos triunfos en lo electoral, pero donde quizá no logren usarlos discursivamente para señalar que es el gobierno quien se niega a negociar. El gobierno insiste en que la Consulta Popular es su única salida Fuente: El Espectador. No obstante, mientras Angélica Lozano y buena parte del Congreso celebran este triunfo, el gobierno Petro se mantiene firme en su apuesta por la Consulta Popular como única vía para implementar su reforma laboral. Anticipándose a una posible irregularidad jurídica, el presidente retiró la segunda Consulta —radicada la semana pasada por Guillermo Alfonso Jaramillo como presidente encargado durante la ausencia de Gustavo Petro— y la volvió a presentar, esta vez con su propia firma. Al mismo tiempo, solicitó un concepto positivo al Senado de la República para decretar la Consulta y avanzar en su realización , argumentando que la votación en la plenaria del Senado estuvo viciada y que, por tanto, la primera Consulta presentada por el gobierno aún tiene validez. Como el tiempo para que el Senado se pronuncie sobre ella está por expirar, el gobierno considera que podría reservarse el derecho de decretarla. La respuesta de la Secretaría del Senado reafirmó la postura de esa corporación y de su presidente, Efraín Cepeda , quienes han sostenido que la votación fue totalmente legítima y que la Consulta Popular fue hundida de manera legal por la plenaria, por lo que no corresponde emitir ningún concepto para decretarla. Este enfrentamiento ha escalado hasta el punto en que el presidente Petro y Efraín Cepeda volvieron a cruzar palabras. El presidente del Senado advirtió que cualquier intento de decretar la Consulta de manera ilegal sería respondido por el Congreso con todo el peso de la ley , mientras que Gustavo Petro aseguró que Cepeda actúa en desacato y que, si no quieren llegar a ese escenario, se debería repetir la votación . Al mismo tiempo, los congresistas del Pacto Histórico impugnaron la reforma laboral de Lozano, señalando que tiene graves falencias y que recorta los elementos más importantes de la propuesta del gobierno, plasmados en una ponencia alternativa presentada por la senadora Aída Avella, la cual fue derrotada en las primeras horas de la jornada en la Comisión Cuarta. No obstante, al final de la jornada, los rostros de Armando Benedetti y Antonio Sanguino mostraron una sonrisa. “No sabría qué adjetivo usar, pero que sea positivo por el gran esfuerzo y trabajo que hizo la Comisión”, señaló Benedetti, mientras los vítores de Lozano y otros senadores iban y venían , y es que la estrategia del ministro del Interior y del ministro del Trabajo ha sido emplear “todas las formas de lucha” disponibles a su alcance. El gobierno, varios días atrás, envió mensaje de urgencia para que la revivida reforma laboral surtiera su trámite en el Congreso, del mismo modo, y aunque Benedetti se ha mantenido firme en la postura del gobierno de no ceder con la Consulta, el gobierno también busca ganar con una reforma laboral que, en últimas, en la mayoría de sus bases sigue siendo suya. Tanto Avella como Wilson Arias y Alfredo Mondragón, quienes intervinieron a lo largo del debate, fueron explícitos en que eventualmente cualquier texto o documento que apruebe el Senado tendría que conciliarse con el que se aprobó en Cámara, que es en últimas la reforma íntegra que el gobierno defiende. Es seguro que, a ese escenario, en caso de no tener mayorías, es al que quiere llegar el gobierno en última instancia, aunque tiene aún su apuesta total en la Consulta Popular. A modo de cierre, ¿responderán las calles a la petición del gobierno? Fuente: El Espectador. La gran pregunta que queda en el aire es cómo tomarán los llamados cabildos populares tanto la aprobación de la reforma laboral de Angélica Lozano, como la decisión del gobierno de mantenerse firme con ambos intentos por la Consulta Popular. Y aunque hay un consenso en la llamada Asamblea Nacional por las Reformas Sociales por mantener la movilización, los primeros signos de desgaste se han hecho notorios en los últimos días. Por ejemplo, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras por la Educación (ADE), el principal sindicato de maestros y profesores de Bogotá y uno de los motores de Fecode, señaló que no acompañaría las movilizaciones del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional para el Cambio (CNPC) para este miércoles 28 y jueves 29 de mayo, debido a que temen una potencial persecución que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán ha montado sobre la mayoría de los docentes de colegios públicos, a los que ha amenazado reiteradamente con reducciones salariales y sanciones administrativas por vulnerar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Ante estas declaraciones, la Secretaría de Educación agradeció a la ADE por no sumarse y garantizó que la jornada escolar se mantendría normal en estos días . Así mismo, la posición de algunos bloques dentro de los sindicatos ha sido la de distanciarse del gobierno , como sucede en el caso de la CTC, en la que un sector de la directiva llamó a no movilizarse, del mismo modo que otro bloque de la CTG decidió no sumarse al llamado a paro. Por ahora, el presidente Petro ha hecho un llamado para que se permita que trabajadores del país se sumen al paro, pidiendo a las empresas permitirles su participación sin ningún tipo de penalización o represalia, al mismo tiempo que solicitó a los manifestantes no cometer ningún acto de violencia en el desarrollo de la jornada. Del mismo modo, en varios puntos de Bogotá y de las principales ciudades del país habrá varias manifestaciones. Se espera que en la capital del país todas terminen concentrándose en la plaza de Bolívar sobre el medio día, en la que se espera que Gustavo Petro haga algún tipo de intervención.

Por: Redacción Pares Acabo de leer la columna de León Valencia en la revista Cambio . El analista recuerda que el próximo viernes 30 de mayo arrancará la carrera a la presidencia. Llama la atención que, a pesar de lo que venden los grandes medios de comunicación, “el país se está acabando”, en las encuestas Gustavo Bolívar está picando en punta. A pesar de ese discurso impulsando el apocalipsis, para Valencia, no ha cuajado “no logran que Colombia se parezca a la Argentina donde triunfó Milei o al Salvador donde ascendió Bukele”. Si vamos rumbo al desbarrancadero, ¿Cómo se explica que Gustavo Bolívar en la última encuesta de Cifras y Conceptos pique en punta con un 17%, imponiéndose incluso a la candidata del establecimiento, protegida por un grupo económico y por los medios de comunicación, Vicky Dávila? León Valencia, en su columna, da las siguientes razones: “Al país no le va mal en el crecimiento del Producto Interno Bruto, en el empleo y en la inflación, indicadores económicos de primer orden; Gustavo Petro y la izquierda le han dado un giro a la conversación nacional, hasta el gobierno de Duque el debate giraba alrededor de las FARC, la seguridad y el narcotráfico, ahora estos temas tienen su importancia, pero la discusión sobre las reformas sociales ha saltado a primer lugar; y la oposición de derecha ha persistido en un discurso tremendista que no logra calar de verdad en la sociedad ¡El país va rumbo a la catástrofe! ¡Volvimos a los tiempos de inseguridad de principios de siglo! ¡Petro quiere arrasar las instituciones y quedarse en el poder en el 2026! Dicen y repiten día tras día, pero no logran el impacto esperado, no logran que Colombia se parezca a la Argentina donde triunfó Milei o al Salvador donde ascendió Bukele”. En los peores indicadores, el presidente tiene el 35% de favorabilidad. Esto quiere decir que Petro tiene aún a su favor a buena parte de los 11 millones de personas que lo convirtieron en presidente en 2022. A diferencia de otros presidentes, Petro sabe reinventarse constantemente y siempre se da la maña para estar en el foco mediático, poniendo agenda, usando la tarima de un pueblo o incluso su cuenta de X. Por lo general, en su último año de mandato, los presidentes pasan a ser figuras decorativas, como si ya la opinión pública les diera la confortabilidad -y también la nulidad- del retiro. Esto no va a pasar con Petro. La Consulta Popular, último recurso para que el Congreso aprobara las reformas por las que fue elegido presidente, es tá sacando a la gente a la calle, haciendo incluso paros contra el Congreso que asociado con la élite ha gobernado al país desde que los españoles se fueron.  No se puede dar a la izquierda por perdida. Los números la respaldan. En este momento, tal y como lo marca León Valencia en su columna, la verdad no está en los titulares de los medios tradicionales, en los anuncios de los noticieros, sino en la calle. Saquen la cabeza, escuchen las cacerolas.

Por: León Valencia Voy a fatigar al lector con unos datos de las encuestas de opinión con la ilusión de que se hagan a una visión de lo que está ocurriendo en el arranque de esta campaña presidencial. Este viernes, 30 de mayo, los funcionarios públicos que aspiren a la presidencia entregarán sus puestos y empezará el registro de los comités de recolección de firmas ¡Sonará el pito en el partidor!   Cifras y Conceptos preguntó en mayo, en su encuesta, sobre la afinidad partidista y el 17% dijo pertenecer al Pacto Histórico; el 10% al Centro Democrático; el 6% al Partido Liberal; y luego, el resto de los partidos, tenían uno o dos por ciento de simpatizantes. Preguntó por la afinidad ideológica e hizo una curva histórica empezando desde octubre de 2019 con estos resultados: el centro político arranca con un 44% de los adeptos y llega a mayo de 2025 con un 48%; la derecha arranca con el 40% y llega a mayo de 2025 con el 27%; y la izquierda arrancó con un 16% y llega a mayo de 2025 con un 25%.   Por otro lado, el portal La Silla Vacía,  recopiló datos de ocho encuestas sobre la intención de voto en la campaña presidencial, desde septiembre de 2024 hasta este momento, realizadas por tres encuestadoras [Yarumo, Invamer y Centro Nacional de Consultoría] e hizo un ponderado de la favorabilidad para los primeros diez candidatos con los siguientes resultados: Gustavo Bolívar 11,7%; Vicky Dávila 11,3; Sergio Fajardo 11,1%; Germán Vargas Lleras 6%; Claudia López 5,6%; Juan Manuel Galán 5,3%; María Fernanda Cabal 4.4%; Miguel Uribe 4.4%; Daniel Quintero 4%; y María José Pizarro 3,3%.   Debo decir, para relativizar estos datos, que los candidatos o precandidatos, son ahora más de treinta y aún faltan patos por lanzarse al agua; decir, también, que cuando las encuestadoras preguntan a sus encuestados si ya tienen claramente definido su voto, la gran mayoría, más de un 70%, aseguran que aún no tienen claro por quién van a votar en mayo de 2026. De manera que estos datos pueden tener variaciones importantes en el curso de la campaña.   Algunos datos le deben parecer muy extraños a los lectores. Por ejemplo, en los medios de comunicación y en las redes sociales se transmite la sensación de que la izquierda se ha desgastado en el ejercicio del gobierno y su electorado y su prestigio se han erosionado, pero los registros señalan que Gustavo Bolívar, su más caracterizado candidato, encabeza el ponderado de las encuestas; el Pacto Histórico es el agrupamiento con más simpatizantes; y la adhesión a la ideología de izquierdas crece en el país en mayor proporción que a las demás corrientes desde 2019. En cambio, María Fernanda Cabal, la militante más caracterizada de la derecha, aparece en el séptimo lugar en el ponderado de las encuestas con un 4.4%, en un empate con Miguel Uribe, otro precandidato del uribismo; el Centro Democrático, partido que ostentó el gobierno entre 2018 y 2022, aparece en el segundo lugar, detrás del Pacto Histórico, en el número de simpatizantes; y la derecha es la ideología que más ha perdido adherentes desde el 2019 hasta la fecha.    Ahora bien, en este espectro de derecha está, sin duda, Vicky Dávila, que en el promedio de las encuestas aparece en un segundo lugar y que hace unos meses encabezaba los registros de opinión. Pero Vicky, que adelantó desde la revista Semana una agresiva campaña de oposición al gobierno de Petro, aún no está claro si se va a mantener en la calidad de outsider, o, finalmente, se ubica bajo las toldas del uribismo, es decir, si va a jugar el papel de Fico Gutiérrez en el 2022 o el de Rodolfo Hernández en esa campaña.   Sergio Fajardo registra un sólido tercer lugar en el ponderado de las encuestas; a la vez, el Centro, es la ideología que más adherentes tiene, logró crecer del 44% al 48% entre 2019 y 2025; pero en este campo ideológico, que tiene además a líderes como Claudia López y Juan Manuel Galán, que marcan bien en la opinión, no hay un agrupamiento partidario  con un arrastre considerable de simpatizantes y una potente estructura al estilo del Centro Democrático, el Pacto Histórico o los partidos tradicionales.   Mención aparte merece Germán Vargas Lleras, que en el ponderado de las encuestas marca el 6% y se ubica en un cuarto lugar; su partido, Cambio Radical, heredero de la política tradicional, aparece con un 2% de simpatizantes; y su campo ideológico, la derecha, ha venido perdiendo adherentes desde 2019. Pero su experiencia en el ejercicio del gobierno y sus dotes de gran ejecutor, lo pueden convertir en un polo de atracción para los partidos tradicionales y para el uribismo, si Vicky Dávila se mantiene en su condición de outsider y el candidato que escoja el Centro Democrático no despega en las encuestas.   La pregunta que campea sobre los datos de las encuestas citados al principio de esta columna es la siguiente ¿Cómo ha hecho la izquierda para ubicar a su candidato en el primer lugar del ponderado de las encuestas al arranque de la campaña y para crecer en simpatizantes y adherentes, en medio de un gobierno cuestionado por la corrupción de altos funcionarios, acosado por rencillas internas y no bien calificado en la ejecución de sus planes y programas?   Aventuro una respuesta con tres razones: al país no le va mal en el crecimiento del Producto Interno Bruto, en el empleo y en la inflación, indicadores económicos de primer orden; Gustavo Petro y la izquierda le han dado un giro a la conversación nacional, hasta el gobierno de Duque el debate giraba alrededor de las FARC, la seguridad y el narcotráfico, ahora estos temas tienen su importancia, pero la discusión sobre las reformas sociales ha saltado a primer lugar; y la oposición de derecha ha persistido en un discurso tremendista que no logra calar de verdad en la sociedad ¡El país va rumbo a la catástrofe! ¡Volvimos a los tiempos de inseguridad de principios de siglo! ¡Petro quiere arrasar las instituciones y quedarse en el poder en el 2026! Dicen y repiten día tras día, pero no logran el impacto esperado, no logran que Colombia se parezca a la Argentina donde triunfó Milei o al Salvador donde ascendió Bukele.

Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones Francia Márquez viene de La Toma, Cauca. Desde que tenía 15 años aprendió a ser líder. Una multinacional minera quería quitarles el río que ha besado sus orillas desde hace siglos. Fue acosada, amenazada, ignorada. Pero su voz fue más potente que cualquier ruido. Ha sido un referente mundial del cuidado del medio ambiente. Se convirtió en una líder en el Pacífico. A través de un grupo de WhatsApp movilizó a comunidades enteras -sobre todo de mujeres- y puso una cifra histórica en la consulta popular del Pacto Histórico: 700.000 votos. Este resultado fue decisivo para que Petro la escogiera como fórmula vicepresidencial, por encima incluso de otros nombres, como el de María Emma Mejía. Francia Márquez le daba al actual presidente una frescura que no tenían muchos de sus aliados de otros partidos como Armando Benedetti, quien, además de sus escándalos personales que incluyen denuncias de violencia de género, cargaba con el sambenito de ser un efectivo operador político, es decir, podía pactar con cualquier tipo de partido político, algo que molestaba profundamente al seguidor de Petro caracterizado por su espíritu progresista, algo parecido a lo que despierta Roy Barreras, quien incluso llegó a ser uno de los mosqueteros más fieles de Uribe y promovió su reelección. Así que, para Petro, Francia Márquez era un personaje puro, lejos de cualquier tipo de vestigio de los viejos vicios politiqueros. Francia fue una bocanada de aire puro en la alcantarilla de la política colombiana, en donde se incluía la izquierda colombiana. Era común decir de la gente que votaba por el Pacto Histórico “Yo no voto por Petro, yo voto por Francia”. Era vicepresidente e iba a tener algún tipo de relevancia, tendría incluso un ministerio propio, el de la igualdad. El 4 de enero de 2023 se inauguró el ministerio, pero este nunca despegó. Un año después, el diagnóstico era inapelable, el ministerio había fracasado. En un gobierno con tantas dificultades para ejecutar, el ministerio solo lo hizo con el 0,2% del presupuesto designado de los 1,3 billones de pesos para 2024. Hemos hablado con gente cercana al gobierno y, en lo que coinciden es que Francia Márquez, a pesar de sus innegables condiciones humanas, de sus dotes como lideresa, no tenía condiciones para estar al frente de un ministerio, por su falta de experiencia en las políticas públicas. Empezaron a llegar denuncias, se afirmaba que ese ministerio estaba hecho para crear 744 nuevos puestos para el Estado, además se crearon cinco viceministerios para alimentar aún más la burocracia. A medida que el escándalo crecía, se expandía, las viceministras iban renunciando. Así lo hizo la viceministra Luz María Múnera; la viceministra de mujeres, Diana Gómez y el viceministro de diversidades, Juan Carlos Florián. El Ministerio de la Igualdad era un barco que se estaba hundiendo. El tiempo pasó y Francia Márquez terminó siendo una vicepresidenta más, es decir, un personaje completamente aislado, ninguneado por el propio gobierno y que además ha tenido que recibir una fuerte reprimenda por parte de las mismas comunidades negras. A comienzos de esta semana, el líder y activista afro Alí Bantú publicó un video en donde se cuestiona seriamente a la vicepresidenta, le reprocha el haber recibido con bombos y platillos el año pasado al príncipe Harry, símbolo del colonialismo mundial y, además, le reprocha estar recibiendo consejos de alguien tan contrario al gobierno como es Álvaro Leyva: “Vicepresidencia y ministerio juntos, pero hay que ejecutar de verdad. Malos consejos de Leyva que ahora el mismo Leyva no reconoce”. Este video fue compartido desde sus redes sociales por el presidente Petro, lo que deja en evidencia que la distancia entre los dos es cada día más grande. En otro aparte, Bantú se extiendo aún más en las críticas: “La vicepresidenta no logra ver más allá de sus cejas. Tiene un problema con leer el país en el que vive, con entender las múltiples opresiones que vive no solo la gente negra, sino la mayoría de los colombianos”. Ninguneada, callada, arrinconada, el final de la gestión de la vicepresidenta está siendo muy triste, algo que no se merece una figura de las dimensiones de Francia Márquez.

Por: Natalia Reina Villamil Asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En el Valle del Cauca, la política no se gana solo en las urnas: se gana desde los contratos, las entidades públicas y las redes de favores. Dilian Francisca Toro ha sido la arquitecta de una maquinaria que, durante más de una década, presuntamente ha tejido complicidades entre el poder político, lo institucional y lo clientelar. La reciente preclusión del proceso contra Toro por presunto constreñimiento al sufragante en hechos que involucrarían al ICBF regional Valle, trae a colación el nombre de Jhon Arley Murillo, una figura cercana a la gobernadora, exdirector del ICBF regional Valle, y también acusado -entre otros delitos- por constreñimiento al elector. La Fundación Paz y Reconciliación - Pares encontró coincidencias entre los políticos, las cuales conducen a preguntarse ¿Fue el ICBF regional Valle un instrumento electoral de la hoy gobernadora? El pasado 20 de mayo de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió cerrar el proceso que se adelantaba en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; esto por prescripción, que se traduce en falta de celeridad en el caso. A la mandataria se le acusaba de presuntamente haber incurrido en el delito de constreñimiento al elector, cuando aspiraba por primera vez al principal cargo del departamento, en el año 2015. La apertura de la investigación se dio a raíz del señalamiento realizado por Ruvid Palacios Rivas, una trabajadora social que en 2015 fue vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Valle del Cauca como contratista, y afirmó que, para dicha época, fue presionada a presentar un listado de 30 nombres que servirían como votantes de la entonces candidata a la Gobernación, Dilian Francisca Toro. Lo anterior, se habría planteado como una condición para mantener su cargo en la entidad. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que se presentan señalamientos de constreñimiento electoral a través de funcionarios del ICBF regional Valle; lo que, en últimas, terminaría siendo la instrumentalización de entidades públicas para el proselitismo político.   Las presuntas presiones a las cuales fue sometida Ruvid Palacios Rivas, para actuar en favor de la hoy gobernadora, se dieron en el año 2015, cuando el director de la entidad en dicho departamento era Jhon Arley Murillo Benítez, un abogado egresado de la Universidad Santiago de Cali y actual presidente del Partido Colombia Renaciente. Murillo fue director del ICBF regional Valle desde septiembre de 2008 hasta octubre de 2016, y en simultáneo ocupó este cargo en la regional Chocó. Tras su paso por el ICBF, fue elegido representante a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente para el periodo 2018-2022. En septiembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado, constreñimiento y corrupción al sufragante. Al parecer, Murillo no habría reportado al Consejo Nacional Electoral el ingreso de ciertos dineros para su campaña a la Cámara de Representantes en 2018. La apertura del proceso se dio tras una denuncia recibida por la Corte, en la cual se afirmaba que Murillo, como director de la regional del Valle del ICBF, habría utilizado su cargo en la entidad para conseguir apoyos —económicos y de votos— a su campaña al Congreso de la República. Según la revista Cambio , en agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a dos empresas privadas. En medio de la inspección se identificaron cajas relacionadas con la campaña de Murillo a la Cámara de Representantes. En dichas cajas se encontraron discos duros y documentos de reuniones que se habrían realizado durante la campaña en 2017, presuntamente con personal del ICBF. Además, se obtuvieron insumos como listados de personas pertenecientes a la entidad, puestos de votación, fotos de certificados electorales, cronogramas de actividades e incluso cartas a madres comunitarias promocionando la candidatura de Murillo. Adicionalmente, Pares evidenció que Murillo ha sido objeto de investigación disciplinaria por parte de la Oficina de Control Interno del ICBF en al menos dos ocasiones. La primera de ellas, radicado con número 0678-2016 , tuvo como informante a la Contraloría General de la República, y cuenta con auto de cierre de investigación fechado en el año 2020. El segundo corresponde al proceso 0351-2018 , siendo informante Flaminio Onogama Gutiérrez, líder indígena embera; dicho proceso también obtuvo un auto de cierre en julio de 2022. Pares desconoce los hechos que dieron lugar a la apertura y conclusión de las investigaciones. Sumado a ello, en agosto de 2014 el Juzgado Sexto Administrativo de Cali emitió una sentencia en la que reconoce que hubo un “ claro acoso laboral ” contra Ángela Soledad Jaramillo, coordinadora del Grupo Jurídico del ICBF, cuando Murillo ejercía como director. Según el órgano de justicia, Murillo “ se dedicó a crearle un ambiente de trabajo hostil, saturarla de funciones, obligarla a realizar tareas represadas por años en poco tiempo, le proporcionó un trato discriminatorio, grosero, desobligante, no resolvió sus solicitudes de reintegrarla a su cargo en propiedad, todo lo cual con el fin de desmotivarla y propiciar su renuncia, como efectivamente ocurrió ”. La sentencia también ordenó al ICBF el pago de $167.146.041 a la víctima. A raíz de dicho proceso, en febrero de 2023, el ICBF demandó a Murillo, solicitando que se le reconociera como responsable del pago en el que incurrió la entidad por la condena impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo de Cali. Además, la entidad pública exige que Murillo realice el pago del mismo monto de dinero que el ICBF tuvo que desembolsar como sanción. La demanda sigue en curso. Ahora bien, la investigación de la Corte Suprema de Justicia en contra de Murillo continúa, y algunos de los señalamientos que lo involucran—como el constreñimiento al sufragante— coinciden con los tiempos y los mecanismos que se habrían utilizado en los presuntos delitos de los cuales se acusaba a la gobernadora Dilian Francisca Toro. Y es que la relación entre los dos políticos no es nueva . De hecho, la llegada de Murillo a la Cámara de Representantes fue interpretada como una ficha de la baronesa del Valle . En febrero de 2025, Murillo, en calidad de presidente del Partido Colombia Renaciente, expresó su “firme compromiso y apoyo”   a Dilian Francisca Toro, tras una revocatoria de mandato presentada en su contra, interpuesta, curiosamente, por un exmilitante y excandidato avalado por la misma agrupación política que representa Murillo. Fuente: Facebook personal de Jhon Arley Murillo Las trayectorias políticas de la gobernadora y el exdirector del ICBF Valle han coincidido en múltiples ocasiones. El partido político presidido por Murillo apoyó la campaña a la Gobernación de Clara Luz Roldán en 2019, y en 2023 nuevamente hizo lo propio con la candidatura de Dilian Francisca Toro. Fuente: Facebook personal de Jhon Arley Murillo Adicionalmente, el actual gabinete departamental de Dilian Francisca Toro cuenta con figuras cercanas a Murillo.  Este es el caso de Ángela Reyes Becerra, secretaria de Agricultura del Valle, quien fue directora del Partido Colombia Renaciente en 2019. Según la página de Función Pública , desde 2008 hasta 2016 estuvo vinculada al ICBF regional Valle, asumiendo el cargo de asesora de dirección; coincidiendo con el mismo periodo en que Murillo estuvo al frente de la entidad. Sumado a ello, Reyes hizo parte de la UTL de Murillo en 2020, cuando este se desempeñaba como representante a la Cámara. Fuente: Facebook Partido Colombia Renaciente De manera que, Dilian Francisca Toro y Jhon Arley Murillo tienen una cosa en común: la acusación por presuntamente haber cometido el delito de constreñimiento al sufragante, a través de mecanismos que involucrarían al ICBF regional Valle.  La diferencia es que la investigación de Murillo continúa en curso, mientras que, para fortuna de Toro, su investigación fue precluida, en tanto que la Fiscalía Once Delegada ante la Corte determinó que ya había prescrito la acusación, dado que la pena máxima correspondiente a dicho delito es de nueve años. No obstante, estos hechos habrían sucedido en 2015, y en consecuencia, en 2024 se venció el plazo para imponer sanción. Cabe mencionar que la preclusión de la investigación no implica la absolución o ausencia de responsabilidad de Toro . Contrario a ello, la decisión de la Corte significa la imposibilidad de continuar con el proceso debido a la falta de celeridad, que, a su vez, conduce a la prescripción del delito. La coincidencia en las acusaciones de los políticos en cuestión y la similitud en los hechos denunciados podría suponer la opacidad en la que confluyen redes de poder político y entidades estatales, usadas presuntamente como plataformas de proselitismo.

Por: Redacción Pares Es difícil poder registrar un antecedente como el que vivirá Colombia este 28 y 29 de mayo. Desde la madrugada de este miércoles se han concentrado estudiantes en Bogotá, en Cali, en Medellín, entrando en asamblea permanente. Las Centrales Obreras anuncian además movilizaciones en las principales ciudades del país. En este país, desde el gran paro de 1977 contra López Michelsen, las políticas neoliberales de diversos gobiernos han sido rebatidas en las calles, con manifestaciones y paros. La diferencia estriba es que este paro apoya precisamente al gobierno. Petro llegó a la presidencia con políticas que alentaban un cambio social. Desde el congreso este cambio ha sido saboteado, según lo han interpretado las personas que votaron por el líder del Pacto Histórico. El origen de este paro fue el rechazo de la Consulta Popular, que radicó dos veces en el congreso el presidente y la mutilada que le pegaron en el congreso a la más que necesaria Reforma Laboral. Fabio Arias, director de la Centran Unitaria de los Trabajadores, CUT, expuso las razones por las que se saldrá a las calles de Colombia: Apoyar a las reformas laborales, exigir la aprobación de la consulta popular, respaldar al gobierno nacional y denunciar las élites oligárquicas y al gran empresariado. En Bogotá este miércoles 28 de mayo las manifestaciones comenzarán a las 9 am, empezarán en el Parque Nacional e irán hasta la Plaza de Bolívar. En barrios y en universidades saldrán diversas manifestaciones de apoyo. Lo que sucederá un día después es hacer un cabildo multitudinario en la plaza de Bolívar. Esta reunión se dará a las 3 de la tarde de este jueves. Las actividades empezaron sobre las cinco de la mañana en la localidad de la Campiña, en Suba. Los estudiantes se reunirán en un plantón que bautizaron como La reforma laboral la exigimos en las calles.  Una hora después el plantón se hará en el Portal de la 80. Esto amenazaría con la normalidad del transporte de Transmilenio. El comandante del ejército Francisco Cubides anunció acuartelamiento de primer grado con el fin de evitar cualquier acción delictiva. Las centrales obreras anunciaron para este 11 de junio otro paro nacional. El presidente, envalentonado, incluso anunció que este paro podría llegar a ser indefinido y también advirtió que se debe tener mucho cuidado con los infiltrados que siempre intentan desestabilizar las pacíficas manifestaciones de apoyo al gobierno.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El presidente Petro abrió en mayo de 2025 una nueva ventana de oportunidades para negociar la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aprovechó la visita protocolaria al Estado del Vaticano, a la posesión del nuevo papa León XIV, para proponerle a este actor armado ilegal la reanudación de los diálogos de paz.   La idea que les dejó el mandatario colombiano, tanto a la guerrilla del ELN como al nuevo papa, fue que estudien con detenimiento la posibilidad de que, el primero, acepte la propuesta de retomar los diálogos prontamente y que, el segundo, ofrezca tanto el acompañamiento a la Mesa de Negociación como el espacio de la Santa Sede para las reuniones de las delegaciones de paz.   Gustavo Petro no quiso desaprovechar la visita al Vaticano para hacer una propuesta que —aunque suene “sacada del sombrero” para algunos— desde hace año y medio ya la venía pensando. Desde comienzos de 2024, cuando estaba a punto de romperse las negociaciones con el ELN, el presidente le había insinuado al papa Francisco I la opción de que este le ofreciera al país su apoyo a la construcción de la paz.   Un apoyo que se desprende, por un lado, del interés del Estado del Vaticano de mediar en la solución de conflictos mundiales —como el actual entre Ucrania y Rusia—. Y, por el otro, por la cercanía ideológica que tiene la guerrilla colombiana del ELN con la Teología de la Liberación, la misma que hizo que varios curas de la Iglesia Católica llegaran a las filas de este grupo subversivo —Camilo Torres, Domingo Laín, Manuel Pérez y José Antonio Jiménez—.   Para la mayoría de los colombianos la invitación que hizo Petro en la Santa Sede es un desacierto. Una propuesta sin mucho tino, que no va a tener trascendencia entre las partes. Consideran que pasar de cuestionar al ELN —como lo hizo en la crisis que se vivió y se vive en el Catatumbo hace tan solo seis meses— y volver a abrir las puertas de la paz es poco sensato.   Además, que no es conveniente, ante la difícil situación que tiene la política de Paz Total, abrir está ventana para que la guerrilla se le burle en la cara. Pues, es muy factible que el ELN mantenga la postura crítica de no querer negociar la paz con este Gobierno, al cual considera incoherente y poco serio en materia de negociación.   Sin embargo, lo que está pretendiendo el presidente Petro es dejar claro que su apuesta por la Paz Total va hasta el final. El mandatario nacional no va a desaprovechar ni el último minuto de su gobierno para insistir en la necesidad de conversar y negociar en torno a la paz como la mejor opción para salir del largo conflicto armado.   También, con la propuesta, está reconociendo al ELN que es un grupo armado que tiene un puesto diferente ante el conjunto de grupos armados en el país. Al menos en tres ocasiones el presidente, vía decretos, le ha reconocido el estatus político al grupo armado ilegal. Y considera que la salida negociada es la opción más válida para quitarle las armas y la membresía que tiene desde hace 60 años.   Otros elementos que, tal vez, está considerando el Gobierno para hacer está propuesta al ELN y el papa son: primero, reconocer el papel tan importante que ha cumplido la comunidad internacional en la construcción de la paz colombiana. Desde la diplomacia por la paz, durante los diálogos del Caguán con las FARC-EP hace más de 20 años atrás, el compromiso internacional no ha parado.   Hoy reconocemos que sin el involucramiento de otros países en los procesos de paz, esto no sería posible. Que el papa se involucre en calidad de garante o acompañante y, además, preste las instalaciones del Vaticano para la negociación, sería caminar sobre seguro para avanzar en la firma de un acuerdo de paz y el fin de la guerra con el ELN.   Igualmente, Petro es consciente que la negociación en otro territorio con el ELN es la mejor opción. Está guerrilla ha insistido en la historia de las negociaciones en involucrar a otros países y a otros territorios extranjeros para negociar la paz. Así lo hizo a comienzos de los noventa con los gobiernos de Venezuela y México; luego, al finalizar el siglo veinte,  con España y Alemania; incluso, en el gobierno de Uribe con Cuba.   Es tal la importancia de negociar fuera del país para el ELN y de involucrar a la comunidad internacional, que logró convencer al gobierno Petro de cambiar la dinámica que mantuvo con las FARC-EP. En el proceso anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos fue claro que la paz con los farianos se hacía por fuera, para lograr construir la confianza que se deseaba, de allí que la Mesa de Diálogo se instaló en Oslo, Noruega, y luego se trasladó, de forma definitiva, para La Habana, Cuba.   En el proceso actual de paz con el ELN, está agrupación guerrillera logró convencer al Gobierno de la necesidad de involucrar a otros países en las negociaciones de paz. Quería aprovechar la experiencia exitosa con las FARC-EP y el ser considerada la última guerrilla del continente y más antigua; además, el halo político que se le reconoce.   De allí entonces, que los diálogos de paz hayan iniciado en noviembre de 2022 en Cuba, donde se encontraban los negociadores desde 2019, luego de haber estado en Quito, Ecuador. Y después, de manera itinerante, se desplazó a Ciudad de México, La Habana en Cuba, Caracas en Venezuela y Bogotá en nuestro país.   En definitiva, el Gobierno nacional quiere con esta propuesta de reabrir la Mesa de Negociación con el ELN dejar claro que la apuesta por la salida negociada es la mejor opción para el país. También, que la historia ha mostrado que el involucramiento de la comunidad internacional es fundamental para fortalecer y blindar la construcción de la paz en el país.   Finalmente, que de aceptar la propuesta de la Santa Sede sería un acierto para el proceso de paz con el ELN. Pues se estaría logrando elevar dos cometas con el mismo viento: se estarían retomando los diálogos de paz con el grupo en armas más grande del país; y se estaría blindando el proceso con la presencia del Estado del Vaticano, dando seguridad a todas las partes involucradas.   Esperemos entonces que este globo al aire lanzado —como lo dicen algunos— o está apertura de la ventana de oportunidades —como lo decimos otros— tenga eco en las partes que se quieren involucrar. Pues, sea en este gobierno o en los próximos, se va a tener que abrir la posibilidad de negociar la paz con el ELN. Y allí, como en esta ocasión, el involucramiento de la comunidad internacional y de la Iglesia Católica será central para desarrollar el proceso de paz con el ELN.   Reconozcamos que estamos ante una propuesta atrevida o ingenua, como la deseen ver; pero es una apuesta con la que el presidente Petro, a pesar del desaire y prepotencia de la guerrilla del ELN, ha querido con dignidad defender el camino de la paz negociada. Él no quiere desfallecer en la apuesta por la Paz Total, aunque en la actualidad tenga poca favorabilidad. Quiere, a pesar de todo, dejar encendida una vela y señalar e iluminar el camino a seguir.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares La última vez que se detuvo el tren en Aracataca Gabo tenía 80 años y ya no sabía quién era él. Llegó acompañado de su compañera inseparable, Mercedes Barcha, de todos los reporteros de Colombia y de más de un lagarto. La estación seguía amarilla y con imponencia republicana. Gabo no reconoció ese pueblo donde alguna vez su abuelo, el coronel Márquez, lo llevó a conocer el hielo. Pero el pueblo si se acordaba de él. ¿Cómo no hacerlo si era su hijo más ilustre? Cuando se fue Gabo el tren nunca más volvió a detenerse en Macondo. Pasa cinco veces al día llevando el carbón del Cerrejón. Pero no se detiene. Nosotros queremos que Aracataca vuelva a latir, que todos los caminos nos lleven hasta allá. Como colombianos existimos universalmente gracias a Gabo. Su obra hizo más por nosotros que todos los goles de James, los triunfos de Egan, las esculturas de Botero. Es el escritor más grande en lengua castellana, sólo lo iguala Cervantes. Y nació en un pueblo que ha sido sistemáticamente olvidado por todos los gobiernos. Aracataca es el mundo, así lo dejó claro Gabo en la saga de los Buendía. Por eso es un deber colombiano amar a Aracataca. Entre el 2 y el 3 de agosto -ese mes tan Garcíamarquiano- se llevará a cabo en este municipio, a dos horas de Santa Marta y pegada al inicio de la Sierra Nevada, el primer festival Macondo. Porque no sólo el tren no se volvió a detener en Aracataca sino que los gitanos, con sus inventos, tampoco volvieron a pasar por este poblado de paredes de bareque y techos de zinc. El Festival es un intento para poner a Macondo en el centro del mundo. 60 millones de ejemplares ha vendido en 20 idiomas Cien años de soledad, en lugares tan lejanos, como Osaka, un japones puede quedar pensando, ansioso, “¿Macondo existe?” Y lo que tenemos que decirle es que si, hace relumbrar su nombre en todos los mapas, que todas las brújulas apunten hacia allá. En los próximos días lanzaremos oficialmente la programación, los invitados y las actividades que tendrá el I festival que se hará de cara al gran evento: en el 2027, cuando se cumplan cien años del nacimiento de García Márquez, se hará un gran festival en Aracataca para celebrar la fortuna de haberlo tenido entre nosotros. Allí asistirán todos los premios nobel vivos que de una u otra manera han sido discípulos del gran caquetero. Nosotros también estamos ansiosos por cumplir nuestro deber de amar a Macondo porque es nuestra casa. Llegó el momento de pagarle todas las deudas al olvidado pueblo que nos dio el orgullo más grande de esta tierra.