Por: Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad El pasado 21 de septiembre en la Comisión Primera del Senado de la República fue aprobado en primer debate el proyecto de acto legislativo que plantea la adopción de una reforma política. Dicho proyecto fue radicado por el gobierno de Gustavo Petro, en cabeza del ministro del Interior, Alfonso Prada. Luego de su aprobación en primer debate, el presidente del Congreso y ponente del proyecto de acto legislativo, Roy Barreras, afirmó que lo aprobado evita la compraventa de votos y ataca el clientelismo que está incrustado en el sistema político-electoral colombiano. Ahora bien, ¿qué es lo que se aprobaría en los debates faltantes?, ¿qué significa esta reforma política? ¿Qué contiene la reforma política? La reforma política contiene varios puntos y cambios clave, como los siguientes, que pasan desde la democracia interna que debe existir en los partidos hasta las condiciones para poder ocupar cargos de elección popular y ministerios. Se plantea que los partidos y movimientos tendrían la obligación de, en elecciones, presentar listas cerradas y bloqueadas, con paridad de género. Además de que tendrían que implementar mecanismos de democracia interna. La financiación de los partidos políticos vendría mayoritariamente del Estado. Dicha financiación, contrariamente a lo que pasaba en las anteriores elecciones, irá directamente a las colectividades políticas y no a sus candidatos. Esta reforma permitiría el trasfuguismo. El texto aprobado en primer debate contempla que solo una vez, que integrantes de corporaciones públicas de elección popular o que hubieran renunciado a ellas, puedan inscribirse a un partido distinto al cual fueron avalados. En este caso, quienes hagan este cambio no deberán renunciar a su curul ni incurrirán en doble militancia. Además de esto, planeta que miembros de corporaciones públicas que se presenten a la siguiente elección por un partido distinto deberán renunciar a su curul como mínimo seis meses antes de su inscripción. También se implementaría en Colombia la figura del voto obligatorio durante dos periodos constitucionales consecutivos. El día de la votación el transporte público sería gratuito para garantizar que las personas puedan movilizarse a su lugar de votación. La reforma también contempla que cualquier congresista de la República podría hacer parte del poder ejecutivo, ocupando el cargo de ministro. Además, mantendría las capacidades sancionatorias que hasta la actualidad tiene la Procuraduría General de la Nación. Este proyecto también buscaría limitar la reelección dentro de las corporaciones públicas de elección popular. El tope de reelección sería de cuatro períodos constitucionales consecutivos para el Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos Distritales o Municipales y para las Juntas Administradoras Locales (JAL). También se reduciría la edad para ser congresista de la República y ministro. Para ser senador de la República la edad límite pasaría de los 30 a los 25 años. Para el caso de la Cámara de Representantes se estipuló que se mantendría igual, es decir, hasta los 25 años. Respecto para ser ministro de despacho, la edad también sería de 25 años. Estos son los cambios más significativos que platea la reforma política luego de su primer debate. ¿Qué significarían estos cambios según el gobierno? De acuerdo a diferentes actores del gobierno, como Roy Barreras, con el articulado ya mencionado la principal intención es fortalecer el sistema de partidos, y reducir y luchar contra el clientelismo y la corrupción que se presenta en las campañas políticas en el país. En el caso específico de las listas cerradas, según Barreras, se busca fortalecer la identidad política partidista, lo cual no pasa con el voto preferente. Para el caso del voto obligatorio se pretende fortalecer la cultura democrática, generando una ciudadanía participativa y que sea incluida en las decisiones políticas y electorales del país. Además, con el caso de la financiación pública a partidos y no a los candidatos, pretenden eliminar posibles conflictos de interés que se podrían presentar cuando se financiaban directamente a los candidatos. Además, según lo dicho en diferentes ocasiones por Barreras, con la posible aprobación del articulado presentado por el gobierno se permitiría que los liderazgos sin estructura política sean gobierno y que se empodere a los jóvenes, logrando así que haya una mayor participación política por parte de este grupo poblacional. ¿Qué falta para que haya una reforma política? La reforma política se presentó como proyecto de Acto Legislativo, por lo que tiene que surtir dos fases, las cuales están compuestas por ocho debates: dos en Comisión Primera de Senado; dos en Comisión Primera de Cámara de Representantes; dos en plenaria de Senado; dos en plenaria de Cámara de Representantes. La primera fase se compone de cuatro debates (dos en cada Comisión y dos en cada plenaria) que deben darse antes del 10 de diciembre, fecha en la cual termina el primer periodo de la legislatura 2022-2023. En esta fase se pueden presentar modificaciones al texto que originalmente fue presentado y la aprobación de esta reforma necesita de mayoría simple. La segunda fase se llevaría a cabo en el segundo periodo de la legislatura 2022-2023, que es en el primer semestre de 2023. En esta fase la reforma también debe surtir cuatro debates, como en la fase pasada, pero no pueden presentar nuevos temas para su discusión. Su aprobación requiere de una mayoría absoluta. Trámite proyectos de Acto Legislativo. Tomado de Corporación Excelencia en la Justicia Temas por aclarar En los debates que hacen falta por dar este año se debe aclarar, como lo han planteado expertos electorales, el tipo de financiación con el que contarán los candidatos en las consultas internas. Sobre el caso de la paridad y las listas cremallera (paritarias), estas entrarán en vigencia a partir de 2030, serán de carácter transitorio, pero el proyecto no contempla aún los mecanismos que se implementarán luego de vencer el tiempo de la transición entre el tipo de lista. El tema del apoyo político de los diferentes partidos políticos parece que no será un problema para que esta reforma llegue a buen puerto. Al contrario, esta reforma parece ser un mecanismo de negociación entre el gobierno y partidos como La U, el Conservador y el Liberal, para que estos últimos apoyen proyectos como el de la reforma tributaria, necesaria para su política social, y la reforma a la ley de orden público, que le permitirá al gobierno empezar a materializar la Paz Total. Para finalizar, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se hace un llamado tanto al gobierno como al Congreso para que le den la importancia necesaria a un proyecto de ley que busque cambiar la arquitectura institucional electoral, sin el cual esta reforma política se queda corta. En específico, desde Pares se cree necesario despolitizar el Consejo Nacional Electoral y garantizar la imparcialidad de la tarea de los diferentes órganos electorales.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia De nuevo el Gobierno Nacional demostró esta semana su deseo de avanzar en la construcción de una Paz Total. En esta ocasión firmó –el 8 de octubre de 2022, en el Cantón Norte de Bogotá– con el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafourie, un documento titulado “Acuerdo para la materialización de la paz territorial. Compra directa de tierras para la construcción de la Reforma Rural Integral”. Este documento contiene una propuesta metodológica para avanzar en el tercer componente de la reforma agraria que lidera la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, cuyos dos componentes previos han sido: avanzar en la titulación de 681 mil hectáreas de tierra y arrendar 150 mil hectáreas a organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas, por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El objetivo del gobierno Petro con este tercer componente de la reforma es avanzar en el cumplimiento de la implementación del Acuerdo Final, que es, a su vez, uno de los cuatro pilares de su propuesta de Paz Total. En este caso, quiere aportar al tema relativo a la construcción de un Fondo Nacional de Tierras, que se encuentra en el punto 1.1. de la Reforma Rural Integral y en el que, a la fecha, se había avanzado poco. La firma del Acuerdo es el primero de los muchos y complejos pasos que se deben dar para lograr realizar el Fondo Nacional de Tierras. Como ocurre con todo proceso de negociación, el primer avance fue reconocer el problema e involucrar a los principales actores que pueden ayudar a solucionarlo. En este caso se reconoció por los actores que el acceso a tierras es uno de los factores que más presionaron para el surgimiento del conflicto armado en Colombia y que más lo ha dinamizado y acompañado históricamente. Además, a los ganaderos se les reconoció como un actor que –como grandes propietarios de la tierra en el país– tiene en sus manos la posibilidad de aportar a la resolución del conflicto armado. Recordándoles que no pueden repetir el infausto acuerdo del “Pacto del Chicoral”, en el que en 1972, Gobierno, Congreso y terratenientes, se opusieron a las reformas agrarias de la década de 1960 y dieron origen a los grupos armados paraestatales que profundizaron el conflicto. Le vendrá a este primer paso otro en el que los ganaderos –y otros dueños de la tierra– hagan sus ofertas al Estado. Allí veremos si ofrecerán o no los tres millones de hectáreas. Terrenos que, en todo caso –nos dice la ministra López– deben estar saneados y tener todos los papeles en orden. Es decir, estar en manos de sus propietarios, tener derechos de propiedad privados acreditados por la ley, estar saneados fiscalmente, no tener ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección –para que no sean tierras fruto del despojo– y, finalmente, que cumplan con las disposiciones ambientales y agrarias. Una vez se tengan las ofertas y se compruebe el cumplimiento de saneamiento legal que se pide, serán las agencias del Estado quienes evalúen las condiciones ecológicas de los terrenos. Los terratenientes podrán ofrecer toda la tierra que quieran, en el lugar que deseen y pedir el dinero que consideren, pero será el Gobierno quien finalmente dará el visto bueno, concrete el negocio y establezca las formas de pago. Esta importante tarea coordinada la realizará, en un primer momento, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que se encargará de evaluar la capacidad productiva de la tierra ofertada, diagnosticando la fertilidad y condiciones de uso. Labor en la que la acompañará la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que ayudará a precisar la ubicación de los predios a escala municipal y veredal. En cuanto al establecimiento del precio, será el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) quien determinará los precios mínimos y máximos de mercado de cada una de las ofertas –tal como lo dispone la Ley 160 de 1994–, para la lo cual se servirá del catastro multipropósito. Y, finalmente, será el Ministerio de Agricultura quien, de acuerdo a estos reportes, se encargará de redistribuir las tierras. Derechos que, en todo caso, deben ser entregados a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y que según la lista de la ANT son 139 mil personas. A pesar de lo importante que resulta para el país este Acuerdo para la materialización de la paz con enfoque territorial y la Paz Total, hay varios interrogantes que son necesarios advertir. El primero es que, a pesar de las exigencias del gobierno frente a la condición de los predios, aún permanecen cuestionamientos frente a la legitimidad de los actuales poseedores. Los derechos de propiedad que se intercambiarán se construyeron en un contexto de violencia prolongada, en el que muchas tierras fueron arrebatadas y las personas desaparecidas, despojadas o desplazadas. Lo que hace dudar frente a la legitimidad de las propuestas. Además pensar que sería bueno escuchar otras opciones. Por ejemplo, esperar la decisión de la Corte Constitucional sobre los baldíos. También pensar en la consecución de tierras inexplotadas o la extinción judicial. En el país hay muchas tierras mal habidas que requieren de una acción del Estado y que podrían acceder a ellas con otros componentes de la Paz Total, por ejemplo, para la rebaja de penas como el sometimiento de bandas criminales. Segundo, aunque hay muchas agencias estatales involucradas en la tarea de hacer estudios a las tierras y comprarlas, hay dudas frente a las tierras que se ofrecerán. Lo más probable es que se pongan sobre la mesa propuestas de venta de tierras en lugares poco estratégicos para los campesinos o en terrenos no aptos para la producción agrícola y poco fértiles, por ejemplo, bosques o territorios para el cuidado del agua, y que han sido mal usados con fines ganaderos. El tercer aspecto es el financiero. La construcción del Fondo Nacional de Tierras es un asunto que conlleva la utilización de grandes recursos. Inicialmente serán cerca de 60 billones de pesos para la compra de predios, pero luego vendrán los costos adicionales de adecuación de tierras, construcción de carreteras terciarias y comercialización de productos; todas estas actividades conllevan grandes inversiones. Recursos que, lo más seguro, saldrán de préstamos que hará el Banco Mundial o de la emisión de Títulos de Tesorería (TES) por parte del Gobierno. Lo que provocará un incremento a la deuda pública, tal como lo advierte el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo. Precisamente, en un momento como el actual, cuando el déficit fiscal es tan alto y seguirá subiendo debido a la crisis económica mundial. Y cuarto, que el reparto y uso de las tierras tiene un enfoque de uso comercial y claramente productivo y competitivo, con el que está muy en línea el Ministerio de Agricultura. Lo más seguro es que se presenten problemas con otros modelos de desarrollo que buscarán conseguir tierras con fines de auto sostenimiento, cooperativo y de trabajo comunitario. Lo que evidencia el probable enfrentamiento entre dos modelos de desarrollo rural: uno capitalista, que busca la rentabilidad, y otro alternativo, en el que priman los valores comunitarios. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista A partir de este martes 11 de octubre el Gobierno retomará los Diálogos Regionales Vinculantes en una nueva etapa que busca que los ciudadanos y ciudadanas presenten sus ideas, propuestas y proyectos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026. El nuevo cronograma de los próximos 47 Diálogos arrancará este 11 de octubre en Ocaña, Norte de Santander, Diálogo que será dirigido por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. Se espera la participación de los habitantes de 11 municipios priorizados de la subregión del Catatumbo. El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, pidió a los nortesantandereanos: "es importante que pensemos en grandes estrategias, en proyectos con una mirada a 20 años. Si logramos este objetivo, presentaremos un Plan Nacional de Desarrollo riguroso en beneficio de todo el país y sus regiones".​ En la misma fecha (11 de octubre) se realizará otro diálogo en la subregión vallenata, en Valledupar (Cesar), que recibirá a los habitantes de los 16 municipios priorizados y este será dirigido por el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. El jueves 13 de octubre se cumplirán los diálogos tres y cuatro en las subregiones del Sinú, en Montería, y en la del Pacífico Norte, que se llevará a cabo en Nuquí, departamento del Chocó. El 29 de septiembre estos Diálogos Regionales Vinculantes fueron suspendidos temporalmente por el Gobierno, ya que notaron que debían mejorar la organización y reportaron que algunos habitantes, por cuestiones de recursos económicos, no estaban asistiendo a estas actividades. Sin embargo, el Gobierno registró que en los cuatro primeros diálogos hubo una masiva participación de miles de ciudadanos, organizaciones sociales, líderes comunitarios, grupos étnicos, empresarios y emprendedores. Por esta razón, a esta segunda etapa le apostaron una nueva metodología, la cual cuenta con seis transformaciones con el fin de construir la estructura del Plan Nacional de Desarrollo: ordenamiento territorial hacia la Paz Total; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transición energética y crecimiento con justicia ambiental; convergencia social-regional y estabilidad macroeconómica. Para formar parte de estos Diálogos Regionales Vinculantes se tendrán en cuenta tres principales pasos: El primero es el registro, en el que la ciudadanía se tendrá que dirigir a las mesas instaladas para tomar sus datos; el segundo es la instalación, allí la comunidad llegaría al escenario central para escuchar las palabras de apertura por parte del Gobierno Nacional; y el tercero el diálogo como tal, en este la comunidad podrá decidir de qué manera quiere participar. Para este tercer paso, los ciudadanos contarán con cuatro opciones para poder participar: de manera grupal, como población diferencial, individual o simplemente podrán depositar en los buzones instalados sus proyectos o propuestas previamente trabajadas. Cabe añadir que si una persona quiere participar y no vive o no puede llegar a los sitios de los diálogos vinculantes, puede enviar sus aportes sin costo desde el formulario que encontrará en la página web del DNP o en el sitio https://datalogo.dnp.gov.co/. La inscripción presencial será en el mismo día y lugar del evento con el documento de identidad. Las regiones escogidas para realizar los encuentros fueron elegidas teniendo en cuenta la importancia del agua, el conflicto armado y el fin de la desigualdad regional. “Desde el Gobierno del cambio queremos construir una Colombia bajo un sueño colectivo, pero esto se logra con la inclusión y la participación masiva de todos los sectores de la sociedad”, afirmó Luis Fernando Velasco, consejero para las Regiones. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento más importante del Gobierno Nacional, donde se definen las metas que deberá cumplir a corto, mediano y largo plazo, así como los instrumentos financieros y presupuestales necesarios para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida, con una Paz Total.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Con avances y dudas sobre el alcance de lo acordado, se llevó a cabo el encuentro convocado para dialogar sobre el tema de tierras en el norte del Cauca en el marco del desarrollo de los Diálogos Regionales Vinculantes, que contó con la participación de representantes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, empresarios de la caña y la delegación gubernamental, encabezada por la vicepresidenta de la República, Francia Márquez; la ministra de Agricultura y Desarrollo Agropecuario, Cecilia López Montaño; el ministro del Interior, Alfonso Prada; y el alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco. Las comunidades organizadas de esta región han impulsado desde hace años el Consejo Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca, un espacio periódico de juntanza de las organizaciones sociales que ha realizado más de ocho encuentros, escenario por excelencia de resolución de conflictos y definición de apuestas conjuntas sobre el futuro de la región. El resultado de esta tercera jornada de Diálogo Regional Vinculante es la confirmación del funcionamiento regular de la mesa de tierras con la presencia de más de diez ministros del nuevo gobierno. Podría resumirse como el puerto de llegada a un pacto de no agresión entre los empresarios de los ingenios de caña (productores de azúcar y etanol) y las comunidades de la región, así como la identificación de 16 fincas a ser compradas en esta región para ser adjudicadas a los pueblos étnicos y al campesinado. Las voluntades de asumir el camino de la concertación se expresaron en boca del exsenador Feliciano Valencia: "desescalar este problema que hoy no es solo de las comunidades indígenas, sino que también agrupa a otros sectores". De igual forma, de los gremios de la producción: "nos ponemos a disposición para el desarrollo de esta región, para el desarrollo incluyente que propone el gobierno”. Correspondió a la vicepresidenta clausurar la jornada y ponerle altura al evento al expresar: “si vamos a establecer una mesa de diálogo donde todos ponen, empecemos a darnos cuenta de la realidad social de este territorio, entendamos que el progreso es para todos, para la industria de la caña, para los empresarios; pero yo quiero ver cómo hacemos para que las comunidades indígenas, campesinas y afros de esta región también cuenten con una asistencia del Estado para garantizarles el desarrollo económico y social, pues no podemos hablar de paz cuando solo beneficiamos a unos y olvidamos a los otros”. Rosana Mejía Caicedo, mayora de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), autoridad tradicional, en nombre de las comunidades del norte del Cauca, lamentó la ausencia en el evento del presidente de la República, Gustavo Petro, expresando la inconformidad de su pueblo. Quedan preguntas por resolver: ¿qué tan significativa es el área de 16 fincas en relación con los acuerdos firmados en los paros de carretera?, ¿cuántas de ellas son para indígenas?, ¿cuántas para afros?, ¿cuántas para campesinos?, ¿la distribución de esas tierras se definirá en acuerdo con el Consejo Interétnico del Norte del Cauca, o se hará desde Bogotá? De la filigrana con que se trate este tema dependerá la mejora de la situación de las comunidades en el territorio. Esto sin olvidar cuántas de las tres millones de hectáreas que comprará el gobierno como producto del acuerdo con Fedegan, estarán ubicadas en esta región. Se debe recordar que los "padres de la patria" que supuestamente nos dieron la "independencia", se quedaron con la tierra. La controversia por la propiedad y uso de la tierra habría de convertirse en causa principal de los conflictos en nuestro amado Cauca y en buena parte de los territorios del país. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra, Investigador Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos @guerre_rito Hoy, por fin, será el último debate en el Congreso para la ratificación del Acuerdo de Escazú. El pleno de la Cámara de Representantes definirá a través del voto si Colombia tendrá el puesto 14[1] de los países en hacer parte del tratado. Todo parece indicar que sí, incluso si el debate se aplazara esas circunstancias funestas que rodean a la rama legislativa. En todo caso, Colombia está ad portas de adoptar en su bloque de constitucionalidad el ‘Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, que entre otras cosas es el primer acuerdo regional para temas ambientales y el primero en el mundo con disposiciones específicas alrededor de la protección de personas defensoras del ambiente y el territorio. Esto quiere decir que Colombia tendrá la obligación constitucional de cumplir el articulado del Acuerdo, que muchos señalan como vago y abstracto. Por eso es necesario hablar sobre el cumplimiento mismo del tratado. Primero, de las herramientas que facilita para la resolución de conflictos socio-ambientales; segundo, de las obligaciones de cooperación que se generan para la protección de líderes y lideresas ambientales; tercero, del acceso a la justicia en lo relacionado con asuntos ambientales. Todo lo anterior dependerá de la disposición política, los desarrollos jurisprudenciales y el litigio por parte de los movimientos sociales. Sobre el primer tema: en sus artículos 5 y 6, el Acuerdo de Escazú vela por la accesibilidad de la información ambiental y la generación y divulgación de información ambiental. Establece que cada Estado deberá garantizar el acceso a la información ambiental que tiene en su poder y facilitar el acceso a personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Este punto se relaciona directamente con el derecho de petición, que en Colombia se garantiza con el artículo 23 de la Constitución Política. Por lo menos hay dos diferencias entre el derecho de petición tal cual está y las exigencias del tratado, por lo que el Estado tendría que entrar a reglamentar. 1. Escazú obliga a crear procedimientos de atención a grupos vulnerables que funcionen desde la formulación hasta la entrega de la información; debe garantizar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad —incluidos pueblos indígenas y grupos étnicos— reciban asistencia para formular peticiones y obtener respuesta. 2. El Estado deberá designar uno o más órganos que promuevan la transparencia en el acceso a la información, que fiscalicen el cumplimiento y vigilen, evalúen y garanticen el derecho de acceso a la información. Sobre este punto existe algo similar en Colombia: toda persona tiene derecho a interponer un recurso de insistencia (art. 26 Ley 1755 de 2015) si la respuesta no satisface su petición, o una tutela si ve vulnerado el derecho fundamental de petición. No obstante, la mención del tratado a un órgano o institución imparcial y con autonomía e independencia podría implicar la modificación de este procedimiento. Por el lado de la generación y divulgación de información ambiental, los compromisos se tornan más demandantes. En primer lugar, porque obliga al Estado a que sus autoridades generen, recopilen y difundan información ambiental relevante para sus funciones. Esto va desde las acciones de la rama ejecutiva en sus niveles local, departamental y nacional —incluyendo Fuerza Pública— hasta las de la rama legislativa y judicial. Por lo tanto, podrá pedirse información ambiental de acciones que, en principio, no se relacionan con lo ambiental. Esto esboza un cambio de enfoque que supera la idea de lo ambiental como obstáculo al desarrollo y pasa a establecer, por fin, los cimientos de una democracia ambiental tan necesaria en tiempos de crisis climática. En segundo lugar, obliga al Estado a contar con uno o más sistemas de información ambiental que den cuenta del estado del medio ambiente, el listado de las zonas contaminadas, las entidades públicas con competencia en materia ambiental, la información sobre el uso y la conservación de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, los informes y estudios científicos, técnicos o tecnológicos en asuntos ambientales, entre otros. Estos sistemas de información ambiental deben ser accesibles para todas las personas. En tercer lugar, el Estado debe tomar medidas para establecer un registro actualizado de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo en territorio nacional. Esto supondrá el fortalecimiento del Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), cuya última publicación data de 2017. Asimismo, deberá publicar y difundir un informe nacional sobre el estado del medio ambiente en intervalos regulares que no superen los cinco años. Vale la pena mencionar un cuarto punto en especial por la polvareda de críticas que levantó, en lo relacionado con la obligación de garantizar la accesibilidad a información ambiental de concesiones, contratos, convenios o autorizaciones otorgadas por el Estado que involucren el uso de bienes, servicios o recursos públicos. Esto significa que todo ciudadano o ciudadana podrá ejercer veeduría sobre cualquier actividad que afecte el medio ambiente, en detrimento de quienes prefieren evitar el escarnio público ante los impactos que un proyecto genera sobre los ecosistemas. Quizá una de las disposiciones más interesantes del Acuerdo de Escazú es la establecida en el artículo 7, sobre la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales. En este, se obliga a los Estados a garantizar mecanismos de participación para la toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades que pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Lo único parecido en la jurisprudencia colombiana es la consulta previa, que se ejecuta en casos que involucran resguardos indígenas y consejos comunitarios. Pero esto va más allá, pues permite la participación de la sociedad civil en las decisiones que el Estado ha acostumbrado a tomar unilateralmente. Sumado a esto, exige que las autoridades competentes estudien los aportes de la sociedad civil y expliquen cómo fueron tenidas en cuenta para tomar la decisión. Otro gran reto para el cumplimiento del Acuerdo de Escazú es el relacionado con el acceso a justicia en asuntos ambientales. Desde hace unos años se ha planteado en Colombia la necesidad de crear una jurisdicción ambiental especial encargada, desde la especialidad de esa rama del derecho, de garantizar, proteger y restablecer los derechos colectivos relacionados con el medio ambiente. Esta necesidad toma mayor relevancia con el artículo 8 de Escazú, puesto que establece compromisos para afinar los procedimientos judiciales con los elementos innovadores alrededor de la justicia climática y la justicia ambiental. Por último, el artículo 9 establece compromisos del Estado relacionados con la protección de personas defensoras del ambiente y el territorio. Si bien no se establecen procedimientos para garantizar los derechos de esta población, sí abre la puerta a por lo menos dos herramientas: (i) la cooperación entre los Estados Parte para responder a la situación de riesgo que experimentan líderes o lideresas ambientales; (ii) el litigio estratégico en espacios internacionales como la Conferencia de las Partes o el recién creado Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Por supuesto, muchas cosas quedan en el tintero y serán objeto de controversia en el largo camino por cumplir este nuevo tratado internacional. Sin embargo, la ratificación del Acuerdo de Escazú es una acción a la altura de los tiempos y responde a la crisis climática y ecológica que atravesamos como humanidad. América Latina y el Caribe tienen la capacidad de liderar la discusión hacia una nueva forma, armónica y no violenta, de relacionamiento con la naturaleza. Y en esa tarea Colombia es fundamental, bien sea por asumirse como una vanguardia de la democracia ambiental o bien por seguir los pasos que dejen las experiencias positivas en otros países. Sea como sea, el Acuerdo de Escazú abrirá discusiones que parecían imposibles en estos países relegados por la manida idea del subdesarrollo. [1] Hasta ahora estos países han ratificado el tratado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Por: León Valencia, para @infobae En la última semana de septiembre me fui a La Habana a hablar con la delegación del ELN que estaba empacando maletas para regresar por Venezuela hacia Colombia. Quería mirar a los ojos y escuchar a Pablo Beltrán y a sus compañeros de delegación sobre las expectativas que tenían en la negociación con el gobierno de Gustavo Petro. En octubre de 2012 había hecho algo parecido. Me había ido a Oslo, donde las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos anunciaban el inicio de las negociaciones de paz. De Oslo me vine con la convicción de que Santos y las FARC firmarían un acuerdo de paz. Una conclusión que chocaba contra el escepticismo de muchos sectores del país. De La Habana he venido con una creencia similar: la guerrilla del ELN, al final de una negociación, no sin altibajos, firmará un acuerdo de paz con Gustavo Petro. Las convicciones son siempre una mezcla de ideas e intuiciones, de cálculos y corazonadas. El ambiente de La Habana no era el mejor para las corazonadas. El día 26 de septiembre, cuando me encontré con Pablo Beltrán, la radio y la televisión cubanas informaban minuto a minuto sobre la marcha inexorable del huracán Ian sobre la isla. En Pinar del Río ya estaba en una minuciosa labor de destrucción y en La Habana se sentían sus coletazos en ráfagas de agua y vientos que estremecían los árboles y los edificios. Aun así, la charla fue optimista. A lo largo del día, en el Hotel Nacional, mientras mirábamos de cuando en cuando la opacidad creciente del cielo habanero, hablamos de la novedad que representaba negociar con un gobierno de izquierdas después de haber intentado la paz con seis gobiernos de derechas. “Esto es algo que debemos estudiar con mucho cuidado en los próximos días cuando nos reunamos en Colombia con los demás compañeros del Coce y de la Dirección Nacional”, dijo Pablo Beltrán. La primera novedad es que estas negociaciones no arrancan de cero. El punto de partida es lo acordado con el gobierno de Juan Manuel Santos en más de dos años de conversaciones, es decir, una agenda de seis puntos y las líneas fundamentales de un cese bilateral al fuego y a las hostilidades. La segunda distinción es que desde el principio se pondrá en marcha una activa y decisoria participación de la sociedad civil en el proceso de paz con asiento en las regiones y en las comunidades que viven el conflicto. Algo inédito y muy ambicioso que requerirá un enorme esfuerzo del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales. El tercer reto es llevar a la práctica paso a paso los acuerdos que se van firmando entre las partes en la mesa de negociaciones. Algo muy diferente al “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, que fue el principio tutelar de los acuerdos entre Santos y las FARC. El silencio de las armas en el tiempo de la negociación marca otra diferencia con procesos anteriores que se orientaron por la máxima de “negociar en medio del conflicto” o como se dijo en tiempos de Santos: “negociar como si no hubiese conflicto y hacer la guerra como si no hubiese negociación”. Precisamente, una de las cosas que impidió culminar el diseño y el inicio del cese de hostilidades con Santos fue la resistencia de sectores de las Fuerzas Militares, dijo Pablo Beltrán. Insisten también en que el ELN no busca un protagonismo electoral como resultado de la negociación, sino unos cambios en el país y en las regiones. No verán al ELN, dice, pidiendo una representación de la guerrilla en las instancias parlamentarias. Dijo también Pablo Beltrán que las conversaciones de Gustavo Petro con Estados Unidos para buscar una mayor autonomía en las extradiciones y unos cambios en la política antidrogas, y con Álvaro Uribe Vélez para crear un ambiente de reconciliación y un respeto a los acuerdos de paz con el ELN, son piezas clave en el proceso que van a iniciar. También ahora muchos sectores son escépticos y pesimistas. No creen que Gustavo Petro pueda sellar un acuerdo de paz con el ELN. Es cierto que culminar un proceso de paz con auténtica participación ciudadana, con cambios en las condiciones de las comunidades y las regiones, con aplicación gradual de los acuerdos, con un silencio anticipado de los fusiles y una anuencia de Estados Unidos y de las fuerzas de la derecha encabezadas por Álvaro Uribe, es un sueño difícil de cumplir. Pero las palabras que están utilizando el gobierno de Petro y el ELN son muy parecidas. Este lenguaje común crea la ilusión de que se vencerán todos los obstáculos en la marcha hacia la paz. Los lectores pueden echarle una mirada al discurso de Iván Márquez en Oslo y la respuesta de Humberto de la Calle a las palabras del líder guerrillero en la ceremonia de instalación de esas conversaciones que duraron seis años. Las diferencias eran notorias y enormes, y aun así terminaron en un acuerdo. De ahí mi optimismo con el proceso que se inicia.

A ocho días del final de esta legislatura el naufragio de los proyectos anticorrupción es inminente y su balance es muy desalentador: 22 de los 24 proyectos relacionados con el Mandato Anticorrupción naufragaron. Los partidos políticos que firmaron el pacto anticorrupción mostraron durante esta legislatura su ausencia de voluntad política y de compromiso con los 11.674.951 de personas que expresaron su voluntad contra la corrupción y no han hecho más que defraudar a sus electores. Tras el fracaso del Pacto Anticorrupción en el 2018, la Veeduría al Mandato Anticorrupción invita al Gobierno Nacional del Presidente Iván Duque y a los Partidos y Movimientos políticos del Congreso a la creación de una Mesa Técnica, con participación de expertos y ciudadanía, con el propósito de consolidar Proyectos y Actos Legislativos que den cumplimiento al Mandato Anticorrupción. Es por eso que la Veeduría del Mandato Ciudadano Anticurrupción envía este comunicado de prensa. Léalo aquí: Comunicado Veeduría AnticorrupcionDescargar

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes.  El ABC de las polémicas de esta semana. A.  A 18 meses ¿Cómo va la paz? B. ¿Quiénes son los ganadores de primera vuelta? ¿Y qué está pasando con Iván Duque y Gustavo Petro con miras a la segunda? C. La Fundación Pares y la Universidad Central se unen para dictar un diplomado sobre periodismo y postconflicto.

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes.  El ABC de las polémicas de esta semana. A. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares presentó el informe «Así se roban las elecciones» el registrador, en lugar de atacar las debilidades del proceso, atacó a Pares. B. Las enseñanzas que deja la emergencia de Hidroituango a la hidroeléctricas del país. C. Las elecciones presidenciales: a menos de 72 horas, el segundo lugar para la segunda vuelta se lo disputan candidatos de izquierda ¿Qué dice esto sobre nuestra democracia?

Por: Redacción Pares Cada miércoles en la FM (94.9), León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, tendrá un espacio de opinión en el programa matutino. Sigue el debate sobre el posible fraude en las elecciones presidenciales. Los que hicieron el fraude en el 2014 al Movimiento Mira, siguen en la Registraduría ¿Que podemos esperar para este 27 de mayo?

Por: Redacción Pares Nuestro director León Valencia analiza los hechos políticos más importantes.  El ABC de las polémicas de esta semana. A. Adiós a ETA ¿Se acaban las guerrillas de occidente? B. Elecciones presidenciales: ¡Habrá segunda vuelta y eso significa alianzas! ¿Qué significa esto para el gobierno que entra? C. Al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, le quedó grande el postconflicto ¿En qué ha fallado?

Por: Redacción Pares Nuestro director, León Valencia, está trinando como nunca: ¿Cómo van las alianzas para la elección presidencial? ¿Qué dicen las encuestas y los debates sobre los candidatos y sus campañas? A 46 días de las votaciones así han sido los movimientos políticos Dos meses en una campaña presidencial son una eternidad las encuestas de hoy pueden variar dramáticamente como lo hemos visto en Colombia y en el mundo todo depende del rumbo que tomen los candidatos — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de marzo de 2018 La primera encuesta despues del 11m que le da un gran ventaja a Duque le pegará, seguramente, un sacudón a todas las campañas, nuevas estrategias, nuevas alianzas — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 21 de marzo de 2018 Ay! Las encuestas https://t.co/yN837jCrJw — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 22 de marzo de 2018 Duque sigue adelante en intención de voto, cuarta encuesta de EL TIEMPO – Duque 35.4% diez menos que semana? https://t.co/WIJcuv4G2o — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 25 de marzo de 2018 Quizás sea más realista la encuesta de Yarumo en @ELTIEMPO que pone a Duque con 10 puntos menos que la revista Semana y no deja dudas de que habrá segunda vuelta, esto estimula las alianzas y le da fuerza a las campañas de los demás candidatos para redefinir estrategias — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 25 de marzo de 2018 Se veía venir, con las primeras encuestas que le dan ventaja a Duque, los columnistas María Isabel Rueda y Mauricio Vargas abandonan a Germán Vargas Lleras sólo falta que Darcy Quinn tome el mismo camino — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 25 de marzo de 2018 Por su futuro político a Vargas Lleras no le queda otra que apretar los dientes y relanzar su campaña para disputarle a Duque su paso a segunda vuelta y si no lo logra organizar desde ese momento una fuerza de oposición consistente que lo mantenga vivo en la contienda democrática — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 25 de marzo de 2018 Con el debate de anoche en Teleantioquia empezó de verdad la campaña presidencial y tres candidatos: Fajardo, Vargas Lleras y Petro hicieron sus propuestas con base en su experiencia de gobierno y Duque recitó bien un discurso aprendido de oídas — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 4 de abril de 2018 Debe estar muy enojado el expresidente Uribe con ese discurso de Duque anoche en teleantioquia sin emoción, sin historia, sin las palabras clave de su jefe — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 4 de abril de 2018 Vieron la presentación de los candidatos anoche? La “seguridad democrática” y las Farc desaparecieron del debate qué pensarán los uribistas? — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 4 de abril de 2018 La encuesta del CNC: Duque 36, Patro 22, Fajardo 17, Germán Vargas Lleras 6, Humberto de la Calle 4, repunta Fajardo, se estancan Duque y Petro, cae De la calle, Vargas Lleras sigue relegado pic.twitter.com/F8n2GVeMBZ — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 4 de abril de 2018 Elecciones 2018 – Nueva encuesta: caen Duque y Petro; Fajardo tiene un nuevo respiro | https://t.co/ySJc5zZERGhttps://t.co/B6akDSHRVM — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 4 de abril de 2018 Las definiciones del día calientan la campaña, la U se va con Vargas Lleras y el Partido Liberal asume la candidatura de De la Calle y va solo a primera vuelta, Fajardo crece en las encuestas, se le complican las cosas a Duque — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 5 de abril de 2018 Ayer Santos y Gaviria hicieron jugadas maestras para abrirle el paso a segunda vuelta a Germán Vargas Lleras: el primero forzó la unidad de la U a Vargas y el segundo neutralizó a De la Calle, a la vez Vargas Lleras se lanzó contra Duque para emerger como su contrincante — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 5 de abril de 2018 Uribe y Santos están trabajando a todo dar para que se repita la segunda vuelta de 2014 pero hay un hastío enorme con la corrupción y la polarización y apelando al voto de opinión un tercero les puede dañar la estrategia — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 5 de abril de 2018 Los partidos afectos a Santos y a Uribe están buscando repetir la segunda vuelta de 2014 pero el escenario político ha cambiado y existe la posibilidad de que un candidato de centro izquierda se les meta en el medio y sorprenda al país — León Valencia (@LeonVaLenciaA) 5 de abril de 2018