Descargue: Primer informe Como va la paz

Por: León Valencia Se habla mucho ahora en Colombia de la reconciliación como el abrazo entre el victimario y la víctima, y se habla de este gesto individual como el acto supremo del perdón. La imagen es muy seductora por lo difícil que resulta y por el desprendimiento amoroso que implica, también por el cristianismo puro, humanista, que arrastra. Pero sirve para esconder la otra reconciliación, la más importante, la más decisiva: la reconciliación política. La violencia ha sido el recurso privilegiado en la disputa por el poder, por las rentas y por el territorio. Esa es la tragedia colombiana desde el 9 de abril de 1948. La descripción más precisa de nuestra historia reciente la ha hecho Daniel Samper Pizano en una entrevista donde anuncia su retiro del periodismo: “Soy un hombre de 68 años, he pasado por la muerte de Gaitán, que fue por los cachiporros, luego por los chulavitas, luego por los bandoleros, los guerrilleros, los paramilitares y los narcos. Siempre ha habido una razón para matarnos. Ya es hora de que nos desarmemos”. La paz es la abolición del recurso de la violencia en la política. Quizá quien mejor ha planteado la esencia del proceso de paz es el comisionado Sergio Jaramillo, quien ha dicho: “Se trata de que nadie recurra a las armas para promover sus ideas políticas, y que nadie que promueva sus ideas políticas en democracia sea víctima de la violencia”. Tanto Daniel Samper como Sergio Jaramillo dejan ver que las guerrillas no son las únicas que le han metido armas a la política. Ellas le han disparado desde fuera a la democracia, pero hay quienes le han disparado desde adentro a la democracia, y son las élites políticas tradicionales que se han aliado con fuerzas ilegales o que han utilizado las armas legales del Estado para golpear de manera ilegítima a los opositores políticos. Se trata entonces de una doble reconciliación: la de las guerrillas con el Estado y la de las élites con la legalidad democrática. No veo necesidad de demostrar la enorme importancia de que también las élites políticas tradicionales participen del pacto nacional para sacar la violencia de la política, creo que basta con decir que en el pasado reciente, en los últimos 8 años, han sido condenados 61 parlamentarios por su alianza con los paramilitares y han estado en investigación otros 67. Estas cifras pasan inadvertidas en un país que se acostumbró a las monstruosidades. Pero quiero recordarles que el Congreso de Colombia tiene apenas 263 miembros y advertirles que nunca fuerzas con alguna simpatía o relación con las guerrillas han tenido siquiera veinte parlamentarios en el cuerpo legislativo. Así son las cosas en mi país. Alguna vez un embajador español en Colombia me dijo que no entendía por qué yo igualaba las acciones de sectores de las élites políticas tradicionales con las producidas por las guerrillas, que eso entrañaba una enorme confusión, que en España era claro dónde estaban los villanos y dónde estaba la institucionalidad. Le respondí que, precisamente, esa era nuestra tragedia, que había villanos afuera y adentro del Estado. La pregunta clave es qué ha motivado la utilización de la violencia en la política, qué ha llevado a que unos y otros le metan armas a la disputa por el poder. Creo que también en esto da en el clavo Daniel Samper Pizano en su entrevista: “Me doy cuenta de que formamos parte de un grupo que maneja casi todo en este país”. “Somos parte de una oligarquía que manda el país”. “Todo eso demuestra las serias limitaciones de nuestra democracia”. Daniel señala con ironía que el círculo cerrado de nobles que maneja la política colombiana en la reproducción endógena perpetua ha terminado produciendo verdaderos monstruos. Hasta hace un tiempo reproducían delfines, lo cual tenía su rasgo odioso, pero también su encanto, ahora, dice Daniel, están reproduciendo caimanes y los caimanes actúan a dentelladas y son los hijos de los padres presos que se lanzan a la política a reivindicar el nombre de su padre y los eligen. Cito a Daniel porque sus declaraciones son muy recientes, porque es hermano de un expresidente, forma parte de una familia con gran arraigo en la tradición colombiana, conoce con pelos y señales a buena parte de los gobernantes de los últimos cincuenta años y es un hombre lúcido y sin odios. Ese grupo que ha manejado el país ha tenido la habilidad para moverse un poco, para concertar un poco, para negociar pequeñas reformas, cuando ve en peligro su dominio; pero también la rudeza para promover o facilitar o simplemente tolerar la intimidación y la violencia cuando el riesgo ha crecido demasiado. Al otro lado, una izquierda especialmente ideológica y angustiosamente marginal, cayó tempranamente en el desespero y acudió a las armas como instrumento para deshacer el círculo impenetrable que se había formado en las alturas del poder. En los últimos 25 años, cuando en el resto de América Latina se han producido transformaciones políticas que han llevado a otros grupos al poder, cuando ha existido una gran variación de las élites políticas, la inmovilidad de la vida pública colombiana ha quedado al desnudo. Es el retrato que hace Samper en su entrevista. Afortunadamente el acuerdo sobre participación política que han realizado el Gobierno y las Farc en La Habana reconoce explícitamente esta realidad y habla entonces de la obligación de impulsar una “apertura democrática”. Dice específicamente: “Constituye una apertura democrática en el marco del fin del conflicto”. El texto es un verdadero acontecimiento. Porque en los últimos años, en las esferas del poder, se repetía que en Colombia había una democracia profunda. Era una mentira del tamaño de una catedral que hizo carrera y servía para negar cualquier negociación política con las guerrillas. Incluso el expresidente Uribe sigue sosteniendo la tesis sin rubor alguno. El día en que se anunció el acuerdo sobre participación política en La Habana dijo que “negociar las normas de oposición política con el terrorismo es inaceptable en la democracia colombiana”. En el acuerdo están enunciados los temas principales de la “apertura democrática” y no es demasiado optimista decir que si estas ideas se llevan de verdad a la práctica podremos hacer una democracia competitiva, una democracia pluralista, en la que ninguna fuerza política tenga que recurrir a las armas para disputar el poder. Se habla de hacer un estatuto para la oposición, de reformar el régimen electoral, de dar garantías especiales y transitorias a los nuevos movimientos que surjan del acuerdo de paz, de establecer por un tiempo una circunscripción especial para que las zonas del conflicto tengan una representación agregada en la Cámara de Representantes; se habla de darle un tratamiento radicalmente distinto a la protesta social que ha sido manejada desde los años sesenta en clave de orden público, de abrir espacios de concertación con las organizaciones sociales a todos los niveles; se dice que se crearán en los municipios, en las regiones y en el país los consejos para la reconciliación y la convivencia que sirvan de punto de referencia para llevar a cabo la transición. Es una alegría leer estas cosas. Pero es muy triste, es muy doloroso, recordar que hace exactamente treinta años, en el acuerdo de tregua y paz que se firmó entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, se decían cosas parecidas. Es aterrador recordar que como consecuencia de ese acuerdo surgió la Unión Patriótica, una agrupación política que en las elecciones de 1986 y 1988 conquistó 9 representantes a la Cámara, 5 senadores, 14 diputados, 351 concejales, 23 alcaldes propios y 102 en coalición, que fueron exterminados a bala la mayoría y los otros tuvieron que partir para el exilio. Ni el Estado cumplió el acuerdo de respetar y proteger la vida de la Unión Patriótica ni las Farc cumplieron el compromiso de avanzar hacia la desmovilización y el desarme en medio de la tregua pactada. En la campaña atroz sucumbieron una multitud de líderes sociales y políticos asociados a otras fuerzas de izquierda o influidos por otras guerrillas. Empezó también la retaliación sobre las fuerzas políticas tradicionales, sobre los empresarios, sobre las élites regionales. Nos hubiéramos ahorrado más de 150.000 muertos y cinco millones de víctimas. Porque ahora sabemos, por los datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica que dirigió Gonzalo Sánchez, que el 70 % de las víctimas del conflicto armado colombiano se produjeron después de 1994 cuando murió Manuel Cepeda Vargas, el último congresista de la Unión Patriótica asesinado por la brutal alianza entre políticos, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. Por esta tragedia indiscutible, es que digo que la primera reconciliación es política. Fue la incapacidad del Estado y las guerrillas para cumplir con la apertura democrática pactada lo que nos llevó al holocausto. No valió que se cumplieran otros pactos y que una parte de las guerrillas se desmovilizaran, no valió que se aprobara una nueva Constitución pródiga en derechos. Nada valió. Las élites regionales y los paramilitares se alzaron contra las conquistas democráticas de la Constitución del 91, les parecía que los constituyentes habían ido demasiado lejos; lo propio hicieron los guerrilleros de las Farc y el Eln, a quienes les parecía que la Constitución se había quedado corta y las reformas eran pocas, y no eran suficientes para dejar las armas y regresar a la vida civil. Para unos era mucho, para otros era poco. Ahora tenemos que encontrar el punto exacto donde converge el país entero. Ahora no podemos excluir a nadie y ese es el primer reto del nuevo pacto político. No es fácil. No se alcanzará de la noche a la mañana. Pero las enseñanzas del pasado tienen que servir en esta hora crucial de la democracia colombiana. El gobierno del presidente Santos no puede sellar el acuerdo con las Farc y con el Eln sin tener a la mano una estrategia integral de persecución y sometimiento a la justicia de las bandas criminales herederas de los paramilitares. No puede permitir que sigan asesinando a miembros de la Marcha Patriótica, que es sin lugar a dudas el anticipo de las nuevas fuerzas que surgirán del acuerdo de paz. Las élites del país tienen que aceptar que las garantías para los nuevos movimientos políticos y sociales, las circunscripciones especiales, la reparación política a organizaciones como la Unión Patriótica y la asignación de curules temporales para las guerrillas desmovilizadas, darán origen a un nuevo mapa político en las regiones y en el país. La derecha pura encarnada en el expresidente Uribe no puede quedarse por fuera del pacto, tarde o temprano debe participar en la reconciliación, será la señal definitiva de que las élites regionales no volverán a meterle ilegalidad y violencia a la política. La reconciliación política no será una concesión, no será gratuita, no puede ser engañosa. Es una obligación con la democracia colombiana; significará que las élites políticas tradicionales perderán en principio algo de poder, o mejor tendrán que compartir el poder con nuevas fuerzas; tendrá que ser absolutamente sincera de lado y lado, y por ello no tolerará cartas escondidas, gatillos enfundados o trampas macabras. La complicación más grande de la “apertura democrática” estará en los 281 municipios donde la guerrilla ha hecho presencia en los últimos treinta años. Porque en una parte de estos territorios las guerrillas han construido una “institucionalidad” paralela, un Estado de facto. Allí la transición significará el encuentro enriquecedor entre las instituciones consagradas en la Constitución de 1991 y las formas de gobierno que establecieron las guerrillas. Allí se empezarán a construir instituciones democráticas y ciudadanía mediante un proyecto de concertación entre el Estado y las guerrillas desmovilizadas y desarmadas. Quizá los anunciados Consejos de Reconciliación y Convivencia sean la base de esta nueva institucionalidad. Al lado de la reconciliación política empezarán a darse, sin duda alguna, el perdón individual y el encuentro angustioso entre las víctimas y los victimarios, y esa será una tarea que demorará años, muchos años.

La Fundación Paz y Reconciliación en el informe “Lo que Hemos Ganado” en donde hace un detallado estudio sobre el estado del conflicto armado en Colombia, hace un cruce de variables económicas y sociales en 281 municipios donde la guerra hace presencia en distintos niveles de intensidad, como Roberto Payán en Nariño, Puerto Caicedo en Putumayo, Tarazá en Antioquia, Buenaventura en Valle del Cauca, Mapiripán en Meta, etc., en donde considera de gran importancia, que el gobierno nacional realice una fuerte inversión, no solo en lo que tiene que ver con infraestructura, sino también en materia de proyectos encaminados a crear escenarios para un posconflicto. Para la Fundación Paz y Reconciliación  existe una línea temporal que va desde la firma de los acuerdos hasta los siguientes 12 meses, es decir una etapa que bien se le puede denominar como “Victorias tempranas de la paz”, en donde deben existir  planes  de choque, que no se pueden llevar bajo  los parámetros de la Ley 80, sino que se deben hacer bajo régimen especial que permita llevar a cabo un conjunto de actuaciones concretas en un cortísimo período de tiempo (6-12 meses aproximadamente), en territorios claramente focalizados, con  las acciones rápidas y un alto nivel de visibilidad, de tal manera que rindan un saldo medible no sólo en el impacto directo, sino también en el nivel de confianza de la población hacia el Estado. Para conseguir estos objetivos, la Fundación Paz y Reconciliación considera necesario que en el debate del Proyecto de  Plan Nacional de Desarrollo,  que hace trámite en el Congreso de la República y que acaba de pasar a discusión de las plenarias de Cámara  y Senado, se modifiquen los artículos 104, 120 y 124, dejando claro en el primero,  que el Plan Decenal que se trace en adelante, no solo se limite a lo que tiene que ver a la implementación de un eficaz sistema de justicia, dándole amplia participación a la sociedad civil, sino que además incorpore los principios, acuerdos, estructura institucional y plan de acción de justicia transicional,,  que eventualmente se firme en la  negociación política entre el gobierno nacional y los grupos subversivos en Colombia. En lo que tiene que ver con el artículo 120, el Plan Nacional de Desarrollo propone la creación de un Sistema Integral de Prevención y Gestión de Conflictos, que tendrá como una de sus misiones y objetivos, “evitar conflictos sociales, económicos y ambientales”, cosa que desde el punto de vista de analista e investigadores de Paz y Reconciliación, es imposible de cumplir.  Para ellos, los conflictos hacen parte del diario vivir de las personas, por lo tanto se sugiere cambiar la palabra “Evitar” por “Tramitar”. El último cambio que propuso Paz y Reconciliación a los congresistas que integran las comisiones de paz de Senado y Cámara, es lo que tiene que ver con la creación de un organismo consultivo y coordinador para el posconflicto, que estará bajo la órbita del gobierno nacional en cabeza del ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad. La idea propuesta es que inicialmente su trabajo se focalice en los municipios en donde los grupos armados al margen de la ley han hecho presencia, en donde deberá existir una fuerte inversión en infraestructura, educación, salud y vivienda, sin olvidar la prioridad que se le debe dar al tema de seguridad y convivencia. La propuesta surgió luego de que León Valencia director de la Fundación Paz y Reconciliación y Ariel Àvila, subdirector académico de la misma, presentarán en días pasados ante las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, los resultados de la investigación de conflicto armado “Lo que Hemos Ganado”. Nota publicada en www.las2orillas.co

No cometer los errores del pasado Prólogo del libro,  Los Retos del Postconflicto, escrito por León Valencia y Ariel Ávila. Este libro, según me dice el editor, verá la luz en marzo. Es posible que aún no se haya firmado el acuerdo de paz con las Farc, pero seguramente estaremos muy cerca. En todo caso a lo largo del 2016 la guerrilla y el gobierno darán cinco pasos que nos llevarán a las puertas del postconflicto. Uno, firma del acuerdo de paz. Dos, concentración de las Farc en diversos lugares del país e inicio del cese bilateral definitivo de las hostilidades. Tres, refrendación de los acuerdos mediante votación ciudadana. Cuatro, conversión de los acuerdos en leyes y decretos por parte del presidente Santos y de la Comisión Especial legislativa.  Cinco, dejación de las armas por parte de las Farc. Estos pasos consumirán la atención de todos los colombianos. Pero en medio estarán siempre algunas preguntas: qué hacer después del desarme, dónde hacerlo, cómo hacerlo y cuáles son las responsabilidades del estado y la sociedad. En los capítulos que componen Los retos del postconflicto intentamos dar una respuesta a estos interrogantes en temas que son fundamentales para el país. Se trata de investigaciones y reflexiones que hemos realizado en el seno de la Fundación Paz & Reconciliación a lo largo de estos tres años. Desde cuando se hicieron públicas las negociaciones con las Farc tuvimos la convicción de que terminarían con éxito. Era, desde luego, una hipótesis arriesgada. Pero hicimos un seguimiento pormenorizado del conflicto colombiano a lo largo de 12 años, produciendo, año por año, informes y evaluaciones, y por eso conocíamos los cambios en las estrategias, en los discursos y en las formas organizativas de las guerrillas. Teníamos muchas señales de que las Farc habían comprendido la imposibilidad del triunfo militar y querían buscar el camino de la política y la democracia para hacer valer sus ideas y propuestas. Pero también teníamos señales de que el presidente Santos sabía, después del gran esfuerzo de la ofensiva que significó la política de la Seguridad Democrática, que la rendición de la guerrilla o su destrucción total sería una larga, atroz y descomunal tarea, que implicaría grandes costos para el país. La confluencia de estas dos percepciones daría por la fuerza de la realidad un resultado de negociación política y terminación del conflicto. Entonces nos aplicamos con entusiasmo a insistir en la preparación del postconflicto. Nuestro argumento es el siguiente: en el país se han firmado diversos acuerdos de paz, pero no se ha podido doblar la página de la violencia política, porque no se ha hecho postconflicto en los territorios donde ha estado la guerra y porque no se ha hecho la paz con todos los actores, es decir, se ha negociado y se ha firmado con uno o varios protagonistas de la violencia y se han dejado por fuera a otros que muy pronto han tomado las banderas, las zonas y los negocios de quienes salieron de la confrontación. No queremos que esto ocurra, no podemos permitir que esto ocurra. Ahora la guerrilla más grande, la más poderosa, la más ambiciosa, está claramente jugada por la paz. Es una oportunidad de oro para avanzar hacia el final del conflicto armado y hacia una reducción significativa de todas las violencias. Por eso nos hemos tomado el atrevimiento de hacer la lista de los municipios donde han estado las guerrillas en los últimos treinta años y donde, por consiguiente, es preciso intervenir a corto, mediano y largo plazo para construir Estado, mercados legales e instituciones que nos permitan conjurar la tentación de seguir en la confrontación. Hemos clasificado estos municipios con arreglo a sus necesidades, capacidades y posibilidades en la construcción de paz. También estudiamos la situación actual de los herederos de los paramilitares y los retos que tiene el Estado para someterlos. Así mismo hacemos una radiografía del Eln y resaltamos la importancia de comprometer a esta organización en un proceso de paz. El presidente Santos y los jefes de las Farc han estado, no sin razón, dedicados a buscar la firma del acuerdo de paz. Esa es la primera y principal tarea. Pero ahora les toca poner el ojo en otros actores armados y en lo que vendrá después de sellado el pacto de paz. También a la sociedad le corresponderá mirar el mañana. No será fácil. El poco conocimiento que tienen las guerrillas acerca del funcionamiento del Estado y, a la inversa, la escasa comprensión que tiene el gobierno de las guerrillas y sus relaciones con la población y con el territorio, será la primera gran dificultad del postconflicto. Quizás este libro contribuya a tender un puente entre los protagonistas de la paz. Esta hecho con esa intención. Está hecho para mostrarles a las Farc las realidades de los municipios donde tendrán ocasión los territorios de paz. Está hecho con la idea de indicarle al gobierno algunos aspectos de la manera como la guerrilla tramitaba conflictos y regulaba las relaciones sociales y las economías ilegales en el territorio. Los textos son, desde luego, controversiales. El tamaño del postconflicto tiene que ver con la visión que tengamos del conflicto. Nosotros no dudamos en calificarlo de conflicto político y social de larga duración que ha comprometido a la nación y a sus territorios y por eso abogamos por un proyecto de reconstrucción del país. La paz barata a la que aspiran muchos no es deseable ni posible. Lo acordado en La Habana es apenas el abrebocas de grandes transformaciones. Ese es el espíritu de este libro.

Por: ODEVIDA Desde OdeVida, como confluencia de múltiples organizaciones de Colombia, Perú y Venezuela, impulsamos la campaña Escazú Ya para hacer un llamado a los gobiernos de los tres países a ratificar y adherirse al Acuerdo de Escazú. Buscamos que más organizaciones se unan a nuestro llamado para que el mensaje llegue a más sectores de la sociedad en general y, especialmente, sea escuchado por los gobiernos. Suma a tu organización en este formulario para unirte al llamado por ¡Escazú Ya! https://forms.gle/Wjpawy9i35tMn7k27

Por: Katerin Erazo, Periodista En zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, el líder social Edinson Murillo, integrante del Consejo Comunitario Cuenca Cauca, de la localidad de Buenos Aires, fue asesinado con impactos de arma de fuego al igual que su escolta Yeifer Medina Chivata. Así lo informó el secretario de gobierno encargado del municipio de Santander, Carlos Alberto Herrera. Los hechos ocurrieron cuando las víctimas se estaban movilizando en motocicleta en la vía de Santander de Quilichao, donde fueron interceptados por hombres armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones. La alcaldesa del municipio, Lucy Amparo Guzmán, rechazó este acto violento, mencionando que en esa zona ya se habían presentado hechos similares: “es un golpe muy duro, en esa vía es al segundo líder social que asesinan. La situación es preocupante porque en el municipio tenemos un Puesto de Mando Unificado por la Vida, precisamente, para articular acciones en el marco de la protección de líderes sociales”, dijo la mandataria. El Gobierno Nacional anunció el pasado 08 de septiembre la instalación de los Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV), que son un nuevo mecanismo que se dispuso con el fin de proteger los derechos de la población civil y a la comunidad, especialmente a los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz. Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Línea Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los PMUV realmente depende gran parte del liderazgo que tengan los alcaldes y alcaldesas para movilizar a las diferentes instancias y ministerios del Gobierno. El pasado 03 de septiembre, la alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán, había hecho un llamado a las ONG para obtener alguna solución frente a estos hechos. Asimismo dijo que espera que la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro pudiese iniciar en dicho municipio del departamento del Cauca. En el sector donde se registraron los hechos hay una alta presencia de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en especial de la estructura Jaime Martínez, que tiene su centro de operación entre los municipios de Suárez y Buenos Aires, en el Cauca, Jamundí en el Valle y la región del Naya. Según la Defensoría del Pueblo, alrededor de 17 líderes y lideresas sociales han sido asesinados cada mes en lo que va del año, dejando un registro en los primeros ocho meses de 136 homicidios contra ellos y ellas. El 09 de septiembre, desde Caloto, Cauca, fueron presentadas dichas cifras por Carlos Camargo, defensor del pueblo, quien reiteró su rechazo contra estos hechos violentos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Sin embargo, tras los acercamientos entre el Gobierno con los distintos grupos armados y el anuncio de un posible cese al fuego, un informe de Indepaz mencionó que septiembre fue el mes con menos asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia en lo que va de año. El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a este reporte y añadió que septiembre ha sido uno de los meses con menor registro de masacres y muertes de excombatientes que firmaron la paz. La Defensoría del Pueblo le dijo a Pares que en el informe trimestral que presentarán en los próximos días se verán reflejados los nuevos datos sobre los asesinatos de líderes y lideresas sociales y así podrán dar su punto de vista sobre ello. Quedan varias incógnitas debido a que estos últimos días se han reportado asesinatos contra algunos líderes, como el de Juan Gabriel Rueda, en Antioquia. ¿realmente hubo una disminución de estos actos violentos en el mes pasado?

Por: Luis Eduardo Celis El pasado domingo 02 de octubre salió de Cuba la delegación de diálogos del ELN que había permanecido en la isla desde abril de 2018, cuando el gobierno colombiano del expresidente Santos y el ELN le solicitaron al gobierno cubano la instalación de esa mesa de diálogos y negociaciones en La Habana, luego de que el presidente Lenin Moreno dio por finalizada la participación de Ecuador como garante y solicitó a los negociadores salir del territorio ecuatoriano. En pocas palabras, llegamos a Cuba por que nos echaron, así fue. Con la salida de Cuba de la delegación del ELN, se cumple un compromiso pactado y que fue desconocido por el gobierno del expresidente Iván Duque, el compromiso de que la delegación del ELN se puede mover con el acompañamiento de los países garantes, en condiciones de plena seguridad. El lunes 03 de octubre, el presidente Gustavo Petro le dijo en la casa de Nariño al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que el Gobierno Colombiano consideraba una injusticia que Cuba fuera incluida en la lista de organizaciones patrocinadoras del terrorismo por el hecho de estar apoyando a Colombia en su esfuerzo de paz y que solicitaba su exclusión de esa lista, lo cual es lo mínimo que podía hacer ante tamaña injusticia. Cuba ha sido enormemente solidaria y comprometida con una Colombia en paz, siempre debemos tenerlo presente y expresar nuestra gratitud ante tanto trabajo, juicio y rigor con el que han trabajado por décadas. Fidel Castro dijo en la Cumbre de Países No Alineados en octubre de 1995 en Cartagena que el tiempo de las rebeliones armadas había llegado a su fin en Latinoamérica y que abogaba por los procesos de paz con las guerrillas colombianas, que Colombia podía contar con Cuba en lo que se considerara pertinente y a fe que han cumplido con este ofrecimiento de manera generosa, pagando por ello altos costos en años recientes. En el proceso de paz del Caguán entre el gobierno del expresidente Pastrana y las FARC, Cuba estuvo presente. Igualmente fueron protagónicos durante aquél gobierno en los intentos de conversaciones con el ELN, hasta el punto de ser anfitriones en enero de 2002 de una Cumbre de Paz entre el ELN, el Gobierno Colombiano y una delegación numerosa de dirigentes políticos y sociales colombianos que durante tres días deliberaron sobre la perspectiva de una Colombia en paz, con la presencia del exmandatario Fidel Castro. Castro se involucró de manera personal en este esfuerzo de paz y no fueron pocas las iniciativas que desplegó para que las negociaciones con las FARC y el ELN fueran hacia adelante, la paz de Colombia fue uno de los temas a los que se consagró de manera decidida y apasionada, como todo en él, lo cual está recogido en su libro La Paz en Colombia, publicado en 2008, en el que detalla todo el esfuerzo de Cuba y que luego vendría mucho más hasta nuestros días. Sin Cuba no hubiera sido posible el importante Acuerdo de Paz construido con las FARC en territorio cubano entre 2012 y 2016. Sin Cuba y su firme compromiso de hacer respetar el protocolo cumplido al pie de la letra el pasado domingo, no tendríamos hoy la perspectiva de un proceso de paz con el ELN. Fue por el estricto apego del gobierno cubano al cumplimiento de un compromiso de Estado (que el gobierno del expresidente Duque desconoció) que hoy tenemos nuevamente la perspectiva de un acuerdo de paz con el ELN. Nunca dudamos que Cuba no faltaría a su palabra de cumplir con la legalidad y extraditaría a la delegación de diálogo del ELN, como lo solicitó de manera insistente, arbitraria e ilegal el nefasto gobierno de Iván Duque y lo que le dio la excusa perfecta a la administración del expresidente Trump para volver a atropellar a la digna Cuba. Cuba ha sido fiel socio para una Colombia en paz, debemos apoyar en todo lo que nos sea posible a Cuba y en eso ahora vamos a tener el mejor embajador para seguir trabajando de manera conjunta por tantos temas que nos unen, el embajador José Noé Ríos, con seguridad que seguirá estrechando los lazos de hermandad que nos unen. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Nuevamente tenemos en el horizonte la instalación de una mesa de diálogos y negociaciones para construir un acuerdo de paz entre el Gobierno y el ELN. Este será el sexto proceso con este grupo insurgente, luego de que lo intentaran los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Ahora tenemos la novedad de que el ELN es la última de las organizaciones insurgentes que permanecen ejerciendo su acción política con armas. Todas las otras han concurrido a acuerdos de paz mediante diálogos y negociaciones políticas, y si bien persisten las disidencias de las FARC, se asume que la inmensa mayoría de este grupo armado concurrió al Acuerdo de Paz de 2016 y que estas disidencias tendrán su tratamiento dentro de la política de Paz Total. Así, la única negociación global pendiente es la que se debe adelantar con el ELN. En el comunicado firmado por el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en representación del Gobierno Colombiano y el ELN, en el que se anuncia la reanudación de una mesa de negociaciones luego de la primera semana de noviembre, se resalta el punto de la importancia de la participación social en este proceso, a la que se le da el carácter de “esencial”, lo cual coloca esta negociación en una dinámica en la que habrá una diversidad de voces y de actores de la sociedad trabajando por construir este acuerdo de paz. La participación social hay que asumirla como el desarrollo de un mandato constitucional que establece que la democracia colombiana es participativa y que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, como lo establece el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional. Entre ese propósito de una democracia participativa y el horizonte de una sociedad en paz, se da el anclaje para las dinámicas de participación que se requieren para llevar adelante un proceso entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Es posible, necesario y deseable que en este esfuerzo de construir un acuerdo de paz se escuchen y sean protagonistas la más amplia diversidad de organizaciones, instituciones y procesos comunitarios que puedan aportar su energía, propuestas y formulaciones para hacer viable estos diálogos y que sea mediante la deliberación que se construyan la formulación de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que le den soporte a este acuerdo. Esto es posible y las dos partes tienen el interés y compromiso de liderar este proceso. La participación tendrá como escenarios y protagonistas las regiones, los sectores sociales que se sientan convocados a presentar sus formulaciones y propuestas, los que tanto Gobierno como ELN inviten y desde un sentido de autonomía y garantías para la participación, lleguen para ser protagonistas de este esfuerzo de construcción de paz. Hay que aprovechar el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo que ya tiene en marcha los Diálogos Regionales Vinculantes, que han generado interés y expectativa desde muchos actores sociales para que este ejercicio, que concluye en una primera fase en noviembre, dialogue con el diseño de participación que hagan Gobierno y ELN, una vez la mesa empiece a funcionar. Ya en el proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el ELN se avanzó en consideraciones para el proceso de participación y allí está la valiosa experiencia de las audiencias de Tocancipá y los intercambios para establecer unos lineamientos que hagan posible una participación protagónica, diversa y con resultados concretos que den los insumos necesarios para construir un acuerdo de paz. La mesa de diálogo que se instale en noviembre tiene como prioridad tomar definiciones sobre el proceso de participación y allí se juega el ritmo y la eficacia para mostrar que sí es posible un acuerdo de diálogos y negociaciones con el más amplio y diverso protagonismo social y ciudadano.

Por: María Victoria Ramírez Lea este contenido en inglés aquí Soy una mujer negra alta como un ciprés fuerte más allá de toda definición aún desafiando lugar y tiempo y circunstancia asaltada impermeable indestructible Mírame y sé renovado I am a black woman, Mari Evans El 03 de octubre de 2022 es un día importante e histórico porque Estados Unidos se convierte en el primer acompañante del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz. De hecho, es un paso significativo que muestra el compromiso de los gobiernos actuales de Colombia y Estados Unidos para proteger los derechos de los pueblos afrodescendientes, indígenas y otras comunidades étnicas según lo establecido en el Acuerdo Final, reconociendo que las comunidades étnicas en Colombia se han visto afectadas de manera desproporcionada por el conflicto armado. La imagen del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony J. Blinken, y la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, dándose la mano para sellar el compromiso de ese país de apoyar la implementación integral del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz entre Colombia y las FARC en 2016, es una de esas cosas que no esperaba ver y que, además, ocurre a menos de dos meses de la posesión del gobierno Petro. Eso prueba que las cosas pueden cambiar si hay voluntad política. La ceremonia de firma se llevó a cabo en un lugar simbólico, el Museo Fragmentos, que impresionó profundamente al secretario Blinken, al punto que inició su discurso diciendo: “este es un lugar especial, e incluso en los pocos minutos que he estado aquí, puedo sentir eso. Es muy, muy poderoso. … Es simplemente conmovedor: estar aquí y ser testigo de las desgarradoras consecuencias de más de 50 años de conflicto que se muestran a nuestro alrededor. Desde las pinturas que reflejan la agonía de las desapariciones forzadas para las familias de las víctimas, hasta los pisos bajo nuestros pies, elaborados con armas de fuego fundidas, martilladas en baldosas con la participación de víctimas de violencia sexual” [1]. En la reunión de alto nivel, el secretario general de la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos –IEANPE–, Armando Wouriyu Valbuena, habló sobre la verdadera alegría de tener a Francia Márquez en el cargo que hoy ocupa, en un respaldo público de los pueblos indígenas a la vicepresidenta. También afirmó que en el proceso de paz, las comunidades afrodescendientes y los pueblos originarios fueron aliados para lograr el objetivo principal de hacer que los beneficios para esas comunidades se incorporaran en el Acuerdo de Paz [2]. Por su parte, el secretario Blinken reconoció que si las comunidades marginadas son objeto de políticas públicas que amplían sus oportunidades y mejoran sus condiciones de vida, toda la sociedad avanza: “trabajar por una mayor igualdad no solo fortalecerá las bases de la paz en Colombia, sino también de la democracia del país. Porque cuando cada comunidad tiene igual acceso a las oportunidades, a la justicia, al desarrollo y a la seguridad, toda la sociedad se beneficia. Eso es cierto en Colombia. También es cierto en los Estados Unidos. Con nuestra propia historia de profunda de discriminación, que todavía se siente en nuestras instituciones, políticas y en la sociedad, es por lo cual el presidente Biden ha hecho de la lucha por la equidad y la justicia racial una prioridad para nuestra administración, tanto en casa como en todo el mundo”. Según Laura Bonilla, gerente para Latinoamérica de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares): “la posición de Estados Unidos hacia Colombia y hacia las comunidades étnicas está cambiando en la medida en que cambió la posición del gobierno sobre las propias comunidades, que había estado ausente. No era más que un discurso en los gobiernos anteriores, incluso en el gobierno de Santos. Esto va a permitir avanzar mucho en el diseño de políticas de equidad. Esto ha fortalecido el liderazgo de Francia Márquez para mostrar la diversidad étnica y cultural de Colombia y que eso esté siendo bien recibido y que podamos recibir apoyo de cooperación hacia ese punto específico, es genial. Según el Instituto Kroc para la Paz y la Justicia, el punto étnico de los acuerdos es el más incumplido, entonces yo lo veo muy positivo”. El gobierno de los Estados Unidos le está dando un impulso importante al liderazgo de Francia Márquez y las comunidades étnicas que ella representa al resaltar que su perseverancia trajo a la nación hasta este momento y la seguirán llevando adelante, además se está comprometiendo en el cumplimiento del punto más rezagado de los acuerdos, lo cual es una señal inequívoca de que le interesa el cumplimiento integral de los acuerdos. “Como dijo el vicepresidente, ahora es el momento de trabajar por la paz, con decisión, sin miedo, con amor y con alegría. No puedo pensar en palabras más poderosas y apropiadas para este momento”, dijo el secretario Blinken. La vicepresidenta Francia Márquez entiende que la presencia del secretario Blinken en Colombia apoyando el Capítulo Étnico por la paz es asumir el compromiso por la Paz Total, por la paz completa. La voluntad política no es una especie de cualidad individual indiscutible e innata. No es lo mismo que valentía política o convicción. Es una construcción social deliberada, y cada avance positivo de la política pública se basa en la creación exitosa de voluntad política. La voluntad política esta vez se demuestra al darle importancia al momento político de Colombia, a los temas que el gobierno colombiano ha puesto en la agenda mundial y por ende dar apoyo financiero para lograr los objetivos comunes. Al momento de firmar el compromiso por parte de Francia Márquez y el secretario Anthony J. Blinken, pude notar dos coincidencias: ambos se veían muy emocionados y ambos firmaron con la mano izquierda. Referencias [1] U.S. Department of State, «Secretary Antony J. Blinken and Colombian Vice President Francia Marquez at a Signing Ceremony to Support the Comprehensive Implementation of the Ethnic Chapter of the 2016 Peace Accord,» 3 10 2022. [En línea]. Available: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-colombian-vice-president-francia-marquez-at-a-signing-ceremony-to-support-the-comprehensive-implementation-of-the-ethnic-chapter-of-the-2016-peace-accord/. [Último acceso: 5 10 2022]. [2] The Union Herald, «Secretary of State Blinken and Colombian VP Márquez Deliver Remarks on the 2016 Colombia Peace Deal,» 3 10 2022. [En línea]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=kw8v6lxBPXQ. [Último acceso: 5 10 2022].

By: María Victoria Ramírez Read this content in spanish here I am a black woman tall as a cypress strong beyond all definition still defying place and time and circumstance assailed impervious indestructible Look on me and be renewed… I am a black woman, Mari Evans The image of the U.S. Secretary of State Anthony J. Blinken and the Vice President of Colombia Francia Márquez shaking hands to seal the commitment of that country to support the Comprehensive implementation of the Ethnic Chapter of the Peace Accords between Colombia and the FARC in 2016, is one of those things I did not expect to see and that, moreover, happens less than two months after the possession of the Petro government. That proves things can change if there is political will. The 3rd of October, 2022 is an important and historic day because the United States becomes the first accompanier of the Ethnic Chapter of the Peace Accords. It is indeed a significant step that shows the commitment of both current Colombian and USA’s governments to protecting the rights of Afro-descendent, indigenous peoples and the other ethnic communities as established in the Final Agreement, acknowledging ethnic communities in Colombia have disproportionally been affected by the armed conflict. The signing ceremony took place in a very special, symbolic location, Fragmentos Museum, as asserted by Secretary Blinken: “this is a special place, and even in the few minutes that I’ve been here, I can feel that. It’s very, very powerful. … It’s quite simply moving – moving to be here and to bear witness to the harrowing consequences of more than 50 years of conflict that are depicted all around us. From the paintings that reflect the agony of forced disappearances for victim’s families, to the floors beneath our feet, crafted from melted guns, hammered into tile with the participation of victims of sexual violence.” [1] In the high-level meeting Secretary General Armando Wouriyu Valbuena of the Special High-Level Instance of Ethnic People –IEANPE- spoke about the true joy to have Francia Márquez in the position she is currently today, in a public endorsement of the indigenous people to the vice president. He also stated that in the peace process the Afrodescendent and Original nations were allies in order to achieve the main goal of making benefits for those communities incorporated in the peace agreement [2]. As Secretary Blinken also recognizes that if marginalized communities are reached by the public policies and improve their lives, the whole society advances: “Working toward greater equality will not only strengthen the foundations of peace in Colombia, but also the country’s democracy. Because when every community has equal access to opportunity, to justice, to development, and security, all of society benefits. That’s true in Colombia. It’s also true in the United States, with our own deep history of discrimination, which is still felt in our institutions, policies, and society. That’s why President Biden has made the fight for equity and racial justice a priority for our administration, at home as well as around the world”. According to Laura Bonilla of Foundation Pares: “the attitude of the United States towards ethnic communities in Colombia is changing given that the Colombian government's position on the communities changed, which had been absent. It was nothing more than a speech in previous governments, even in the Santos government. This is going to allow a lot of progress to be made in the design of equity policies. This has strengthened Francia Márquez's leadership in showing Colombia's ethnic and cultural diversity. That that is being well received and that we can receive financial support towards that specific point is great. According to the Kroc Institute for Peace and Justice, the ethnic point of the agreements is the most unfulfilled”. The USA government is giving an important impetus to Francia Marquez’ leadership and the ethnic communities she represents by highlighting that their persistence brought the nation to this very moment, and they will continue to carry it forward. “As the vice president said, now is the time – now is the time – to work toward peace – “decisively, without fear, with love and with joy.” I can think of no more powerful and no more fitting words for this moment” said Secretary Blinken. Vice Presidet Francia Márquez understands that the presence of Secretary Blinken in Colombia baking up the Ethnic Chapter for peace is to take on the commitment for total peace, for complete peace. The political will is not sort of unchallengeable and innate individual quality. It is not the same as political braveness or conviction. It is a deliberate social construct, and every positive advance of public policy rests upon successful creation of political will. The political will this time is shown by giving the importance to the political moment of Colombia, to the topics that the Colombian government has put up on the global agenda and therefore giving financial support to achieve the common goals. At the moment of signing the commitment by both Francia Márquez and Secretary Anthony J. Blinken I could noticed two coincidences: They both looked very excited and happy and both signed with left hand. References [1] U.S. Department of State, «Secretary Antony J. Blinken and Colombian Vice President Francia Marquez at a Signing Ceremony to Support the Comprehensive Implementation of the Ethnic Chapter of the 2016 Peace Accord,» 3 10 2022. [On line]. Available: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-colombian-vice-president-francia-marquez-at-a-signing-ceremony-to-support-the-comprehensive-implementation-of-the-ethnic-chapter-of-the-2016-peace-accord/. [Accesed: 10 05 2022]. [2] The Union Herald, «Secretary of State Blinken and Colombian VP Márquez Deliver Remarks on the 2016 Colombia Peace Deal,» 3 10 2022. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=kw8v6lxBPXQ. [Accesed: 10 05 2022].

Por: Katerin Erazo, Periodista Comandantes del Frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aceptaron el llamado a la Paz Total que hizo el presidente Gustavo Petro. Este grupo armado manifestó su intención de acogerse al diálogo para pactar un cese al fuego multilateral y de esta manera poder lograr la paz en el país, en especial, en el departamento de Nariño, donde han estado operado. El Bloque Occidental Alfonso Cano es un grupo armado PosFarc que hace presencia en los municipios Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán y Tumaco, el cual fue creado tras la ruptura de los mandos superiores del Frente Oliver Sinisterra a finales del año 2019. El anuncio que realizaron fue por medio de un vídeo en el que uno de los comandantes dijo: “por medio de la presente, anunciamos nuestro total apoyo a la propuesta del señor presidente (…) estas palabras de manera directa y respetuosamente también queremos que lleguen al doctor Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz y a Álvaro Leyva, Canciller de Colombia”. En el comunicado mencionaron el acogimiento que tuvieron con el proceso de paz liderado por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, resaltaron que este no siguió por “buen camino”, debido a los incumplimientos del expresidente Iván Duque, los cuales desataron una nueva ola de violencia en Colombia que, según este grupo armado, hizo que retomaran las armas “como defensa para sus vidas”. Los guerrilleros añadieron que se acogerán al cese multilateral llamado por el Gobierno, el cual ven como un gran beneficio para acabar la guerra indiscriminada que se sigue viviendo. Según Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), varias incógnitas dejan estas intenciones del cese multilateral anunciado por el frente Alfonso Cano, ya que este es un “cese al fuego parcial”, pues entre los diferentes grupos armados se siguen atacando en el marco de las disputas por los territorios. En un artículo escrito por Daza llamado ¿Es posible hacer y mantener un cese al fuego unilateral?, el investigador menciona que se deben tener en cuenta las verdaderas intenciones y voluntades de estos grupos armados y asimismo conocer el rol que tendrían las Fuerzas Militares entorno a este cese al fuego. Cabe añadir que La Segunda Marquetalia no ha sido la única disidencia de las FARC que anunció su intención de acogerse al diálogo con el fin de pactar el cese al fuego multilateral. El pasado 28 de septiembre, el frente Iván Ríos manifestó su voluntad de sumarse al llamado del Gobierno Nacional. En esta misma fecha, Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, confirmó que, además de estas disidencias, por lo menos otros 10 grupos armados ilegales se sumaron a la propuesta de Paz Total de Gustavo Petro. Para Francisco Daza, los anuncios de acogimiento al cese al fuego de las disidencias se estarían dando por un beneficio percibido por parte de estos grupos, debido a que estarían esperando un reconocimiento político para tomar la misma ruta que se está tomando con el ELN. Sin embargo, aún se han registrado grupos que no han mostrado su intención de unirse a la Paz Total, ya que en el sur del departamento de Arauca, actores armados han hostigado a la comunidad recientemente. Por ello, Danilo Rueda y las mismas comunidades han pedido el cese de las operaciones armadas. Históricamente en Colombia los cese al fuego han tenido tres momentos. El primero fue durante las primeras negociaciones de paz con las guerrillas en los años 80 y 90; un segundo momento fue nuevamente con este grupo armado (FARC) durante los diálogos de La Habana en 2014; finalmente, según Germán Valencia, columnista de Pares, estamos en el tercer momento en el que se espera que todos los grupos armados aún activos, acepten el llamado de la política Paz Total que el nuevo Gobierno de Petro ha venido trabajando.

Por: León Valencia. Director de Pares. Nuestro director, León Valencia, escribió unas palabras para agradecer y celebrar lo construido, y abrir caminos para seguir incidiendo. En nuestro portal encontrarás su carta.