Por: María Victoria Ramírez, Coordinadora Enfoque de Género y Diversidad Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia El ataque cibernético del que fue objeto nuestra Fundación, que borró todas las entradas (artículos) publicadas en nuestro portal de internet, es, en palabras de nuestro director León Valencia: “una demostración de la intolerancia y de la capacidad de hacer daño que tiene la derecha colombiana, pero también una muestra de que les duele lo que hacemos”. En respuesta a ese acto criminal, las 57 personas que hoy laboramos en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) estamos trabajando para recuperar la información y en la elaboración desde cada especialidad de una panorámica de qué es lo que se intenta callar con esta acción. La libertad de expresión es un derecho que fue consagrado en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero de cuyo concepto se habla desde la Ilustración. Consiste en garantizar que todo ser humano pueda expresar libremente sus opiniones, publicarlas o comunicarlas por cualquier medio y que, a su vez, el resto de las personas las respeten, así no las compartan. Lo contrario a la libertad de expresión es la censura. Al borrar los contenidos de nuestro portal se está atentando contra el derecho a la libre expresión, no solo de las 57 personas que conformamos la planta de Pares, sino de aquellas organizaciones y comunidades con las que trabajamos y quienes acuden a nuestros contenidos para informarse y tomar decisiones, incluso para disentir. Desde la Coordinación de Enfoque de Género y Diversidad se han publicado 53 artículos a partir del 26 de mayo de 2020. Esos contenidos han abordados temas que van desde el derecho al aborto legal tanto en Colombia como en Estados Unidos, la participación política de las mujeres, la situación de las mujeres en Afganistán luego del ascenso al poder de los talibanes, la maternidad no deseada o las nuevas masculinidades. Se han realizado entrevistas a Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres y firmante de la demanda, denominada Causa Justa, que aglutinó a más de 90 organizaciones de todo el país para apoyar la demanda que llevó a la decisión de la Corte Constitucional de ampliar el derecho al aborto en Colombia. A Karmen Felisa Ramírez Boscán, mujer wayú representante a la cámara electa por la circunscripción internacional. A través de esta entrevista se hizo visible a una mujer indígena, wayú, migrante, una mujer que ha estado en las labores del cuidado, que se ha definido como una nadie en Twitter y que logra algo sin precedentes, tener una voz en el Congreso de la República en representación de los migrantes colombianos. Así mismo, se elaboró un perfil político y artístico de la actual ministra de Cultura, Patricia Ariza y su huella en las artes de Nueva York. Ella fue honrada por la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro (LPTW – League of Professional Theatre Women) en la ciudad de Nueva York con el Premio Internacional de Teatro Gilder/Coigney, reconociendo su trabajo excepcional en el teatro en todo el mundo. También se destaca en este perfil su activismo político y feminista y su aporte al teatro de mujer como ella misma lo expresa: “en todo ese trasegar me volví feminista por la solidaridad de las mujeres. Empecé a estudiar, a entender y a hacer teatro con las mujeres. Yo soy como una mesa de tres patas que nunca está derecha: soy feminista, revolucionaria y artista”. Y añade: “Con las mujeres aprendí cómo convertir en el teatro el dolor en fuerza”. Desde esta Coordinación de Género y Diversidad se han analizado los efectos diferenciados de la pandemia del Covid-19 sobre las mujeres y se ha puesto el ojo al tema de la mutilación genital femenina en Colombia. Así mismo se ha apoyado la inclusión de la perspectiva de género en proyectos ejecutados por Pares, tales como las Escuelas de Liderazgo Juvenil en Pereira, Pueblo Rico (Risaralda) y Buenaventura. Hemos acompañado en la investigación y hecho recomendaciones al Observatorio Popular de Género de Villavicencio para la Incidencia en Política Pública de Seguridad con perspectiva de Género. Se elaboró y publicó el Protocolo de prevención y atención de las violencias basadas en género para uso interno y de acceso público. Otro de los esfuerzos de esta línea transversal de la organización es la producción de artículos (papers) trimestrales, y a la fecha se han publicado los siguientes: Las conquistas en materia de derechos de las mujeres estadounidenses, en el que se realiza un recorrido por la historia de la lucha por los derechos de las mujeres en los Estados Unidos, como un contexto a la labor de internacionalización de la institución y para la ampliación de la perspectiva de Pares y de su audiencia. Orígenes y sentido del 8 de marzo, que contiene una línea de tiempo de ocho hechos históricos que condujeron a que hoy más de 100 países conmemoren esta fecha, pero además presenta un análisis de violencias basadas en género en Colombia a la luz de las estadísticas oficiales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este ataque cibernético me hizo recordar un acontecimiento que presencié hace algunos años. En marzo de 1994, el filósofo, sociólogo y teórico literario francés Jean-François Lyotard visitó por primera vez a Colombia invitado por la Universidad Nacional y la Embajada de Francia. Era algo especial ver una multitud que acudía a ver a este filósofo, uno de los principales teóricos de la posmodernidad. Mientras se encontraba dando la conferencia, si mal no recuerdo, en el auditorio León de Greiff, un estudiante, que disentía de sus opiniones, intentó quitarle el micrófono y callarlo, a lo que Lyotard respondió calmadamente: “Si me callas, me matas”.

Por: Esteban Salazar Giraldo, Coordinador Línea Democracia y Gobernabilidad @estebanalitic Durante la última década, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho un trabajo para develar la corrupción política y electoral, la violencia política, los clanes políticos y sus estructuras clientelares. El costo de este trabajo ha sido alto: la censura, la persecución ilegal e, incluso, judicial. Algo que se materializó, nuevamente, con el ataque al portal de la Fundación, eliminando los contenidos publicados durante el último año por la Línea Democracia y Gobernabilidad. Desde esta Línea, luego de un año electoral bastante álgido, se implementó un Plan Maestro de Seguimiento Electoral con 26 departamentos priorizados y el apoyo de 100 enlaces en todo el país. Se construyeron 6 boletines bimensuales sobre la violencia política y electoral. El balance: 222 víctimas, una cada día de por medio, de las cuales 29 fueron asesinadas. Apenas en el 32% se pudo identificar como presunto responsable a una organización armada como Clan del Golfo, ELN y/o disidencias; mientras que en el 68% de los casos se desconoce el agente perpetrador. Adicionalmente, se construyeron 4 informes sobre los/as precandidatos/as, candidatos/as y congresistas cuestionados/as que resultaron elegidos/as en las elecciones al Congreso. Previo al proceso de inscripción de candidatos/as se advirtió desde Pares en medios nacionales e internacionales sobre 438 precandidaturas de las cuales 127 tenían cuestionamientos. Los partidos políticos, que se hicieron de oídos sordos, permitieron la inscripción de 105 candidatos/as cuestionados/as. Los partidos con más candidatos/as cuestionados/as fueron: Conservador, La U, Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático. 57 de estos cuestionados resultaron elegidos: 33 en Senado y 24 en Cámara de Representantes. Una disminución de 11 congresistas cuestionados en comparación con 2018, gracias a las advertencias y la labor realizada por Pares durante el cuatrienio. También se identificaron 77 congresistas elegidos asociados a los clanes políticos, el fenómeno de principal estudio de la Línea Democracia y Gobernabilidad en la última década, y de los cuales Pares ha sido víctima de hechos de persecución judicial y también presuntas amenazas por el trabajo realizado en defensa de la democracia colombiana. Y es que la democracia del país ha estado secuestrada por 54 familias que han constituido igual número de clanes políticos a nivel territorial, con un dominio electoral y burocrático sin competencia durante las últimas décadas en los 32 departamentos, así como en los espacios de representación de cargos públicos. Desde Pares se ha hecho un seguimiento a estos clanes y su relación con los autoritarismos subnacionales. Un fenómeno que incide directamente en el uso de partidos políticos como vitrinas electorales, más allá de factores ideológicos, consolidando gobiernos con baja o nula alternancia en el poder. Al no constituirse como una institución electoral e ideológica, hay partidos con una trayectoria tradicional que han servido como vehículo para estos clanes. Se trata de partidos como el Liberal, el Conservador, Cambio Radical y La U, los cuales han acogido en sus avales a los barones y baronesas electorales a cambio de impulsar una agenda centrada en las transacciones burocráticas, que luego se han convertido en graves focos de corrupción. Partidos que, como se mencionó, coinciden con la mayor cantidad de cuotas cuestionadas en los cargos de elección popular. Sin una alternancia del poder, unos partidos como vitrinas electorales y un alto riesgo de corrupción, Pares se ha convertido en pionero en denunciar cómo funcionan estos clanes, sus herencias y sus estructuras clientelares. Se trata de complejas estructuras, con un alto dinamismo en sus relaciones, que han sido mapeados en dos importantes libros: Los clanes políticos que mandan en Colombia (2020) y Herederos del Mal. Clanes, mafias y mermelada (2014). Aunado a ello, se han realizado diversos informes de alto impacto ante la opinión pública, en los que se han denunciado políticos corruptos que, a pesar de las advertencias de Pares, han resultado elegidos y posteriormente capturados y presos. Casos como el de Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile en Córdoba, ambos investigados y condenados por escándalos como Odebrecht y el Cartel de la Toga. Clanes asociados a la corrupción departamental como los Aguilar, en el que el jefe del clan, Hugo Aguilar y sus dos hijos, Mauricio y Richard, han sido investigados. Y más recientemente, el caso de Mario Castaño, exsenador del partido Liberal, al que Pares le ha hecho un seguimiento en su cuestionada trayectoria política y al que, a pesar de haber advertido al partido Liberal sobre sus cuestionamientos, se decidió avalar y posteriormente resultó elegido. Esto sin haberse podido posesionar debido a la orden de captura emitida por la Corte Suprema por los graves hechos de corrupción en los que está vinculado. Pero desde la Línea Democracia y Gobernabilidad no solo se han investigado y denunciado a los clanes y los hechos de corrupción en estos. Otras denuncias han estado relacionadas con la necesidad de reformar el sistema político y electoral. Desde 2018 Pares fue el primero en denunciar las irregularidades en el funcionamiento del sistema electoral en el marco del proceso del escrutinio y la diferencia de los votos registrados al momento de cerrar las urnas por los jurados de votación y posteriormente en las mesas escrutadoras. Este problema no se logró solucionar en 2019 ni en 2022, llevó a que se consolidara la Alianza para la Veeduría Electoral (AVE) en 2022 con organizaciones como el Instituto Anticorrupción y el Extituto de Política Abierta. Desde la AVE se hicieron advertencias sobre los riesgos en el proceso electoral del 13 de marzo de 2022 y las elecciones presidenciales, con especial énfasis en el contrato por más de 1,2 billones de pesos dentro del cual la Registraduría llevó a cabo diversos procesos electorales que tuvieron fallas en los softwares y en la implementación técnica. Un hecho que sirvió para que la Registraduría realizara ajustes que siguen siendo insuficientes para solucionar los problemas de raíz. Finalmente, desde la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares se han hecho investigaciones sobre sofisticados entramados de corrupción, asociados a la evasión de contratación pública por medio de sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado en casos como Antioquia y Montelíbano. Se ha hecho un seguimiento a los mecanismos que han promovido la opacidad en la contratación, como sucedió con el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la compra de insumos y vacunas contra el Covid-19; así como las estructuras clientelares que operan en universidades públicas, como sucedió con el exrepresentante del partido Centro Democrático Milton Angulo y la UniPacífico. En suma, se trata de un amplio y diverso trasegar investigativo y de defensa de la democracia, que ha significado una persecución por fuerzas oscuras de la política, de las mafias asociadas a los clanes e, incluso, de grupos armados ilegales sobre los cuales se han hecho diversas investigaciones y el Estado no ha brindado las garantías suficientes para investigar estos ataques, reconocer a sus responsables y prevenir esta mordaza que quieren poner a la democracia por la labor que se realiza en Pares.

Por: Isaac Morales, Coordinador Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La producción y aportes que ha hecho la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha reposado en el portal web de nuestra Fundación, dejando los resultados de nuestras investigaciones a disposición de los medios de comunicación, políticos, otras organizaciones sociales y de la sociedad civil en general, con el propósito de proveer información actualizada y verídica para la toma de decisiones y análisis en general. El ataque que recibió nuestro portal web es una forma de quitarle a nuestro público la posibilidad de informarse asertivamente y al mismo tiempo significa un respaldo a aquellos sectores que ven en nuestro trabajo una amenaza, vulnerando la transparencia y el derecho a informarse. Pares ha sido reconocida como la organización de la sociedad civil más admirada en todo el país durante 2021, lo que representa una responsabilidad mucho más grande con la sociedad colombiana, debemos seguir construyendo opinión informada e insumos que la nutran, mutilar nuestro trabajo es afectar también a nuestros públicos. Es importante entonces recordar a nuestros atacantes, y a la opinión pública en general, cuál es el trabajo que hemos hecho durante estos años, para que ponderen la importancia de nuestras investigaciones y el riesgo de silenciar nuestra labor. Desde la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares buscamos analizar y comprender los fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia en los distintos entornos urbanos del país. Para ello, el equipo de la Línea realiza labores fundamentales de seguimiento a hechos noticiosos y la lectura crítica de los datos que provee la institucionalidad policial colombiana, con el propósito de tener información actualizada y a la mano al servicio de la sociedad civil. En este ejercicio, hemos priorizado 15 centros urbanos en diferentes regiones del país que tienen cierto grado de relevancia con relación a la estabilidad en materia de seguridad, analizando los delitos de alto impacto que se den y señalando quiénes son los principales perpetradores. Asimismo, ponemos el foco en la convivencia, entendida como la relación entre pares que muchas veces se descuidad por las administraciones locales y que significa un elemento fundamental para garantizar la seguridad de las personas. Además del seguimiento constante, insumo básico para el desarrollo de informes, la Línea desarrolla proyectos y estrategias que apuntan a fortalecer las capacidades de las administraciones locales y de la sociedad civil. Durante los últimos años se han registrado varios hitos de trabajo, en 2019 la Línea acompañó el proceso de formación de candidatos y candidatas a cargos de elección popular en cinco ciudades del país: Cali, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y Bogotá; fortaleciendo a 500 candidatos en materia de seguridad y su gestión pública. Estos espacios contaron con la participación de expertos y expertas en la materia. De igual manera, la Línea acompañó técnicamente la formulación de dos Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en Villavicencio y Fusagasugá, generando un aporte en materia de incidencia con un enfoque progresista de la seguridad. Durante los últimos años también hemos producido informes de investigación y análisis con relación a la seguridad y la convivencia ciudadana en los mencionados centros urbanos priorizados, muestra de ello ha sido la presentación de varios de nuestros informes como por ejemplo el Informe “Seguridad Ciudadana y COVID-19. Mutaciones del delito en las capitales de Colombia”, en el que exploramos esas transformaciones que vivió el delito durante el confinamiento; o nuestro informe “La delincuencia organizada en aglomeraciones urbanas”, en el que se presenta la forma en la que actúan este tipo de organizaciones en cinco áreas metropolitanas del país; o nuestro informe “Vivir sin miedo, balance de violencias basadas en género”, en el que exponemos el comportamiento de los delitos sexuales en el primer semestre de 2022. Por otra parte, recientemente presentamos nuestro informe “Balance de convivencia y seguridad ciudadana, informe comparativo del primer semestre de 2021-2022”, haciendo seguimiento a las cifras de los delitos de alto impacto en Colombia; finalmente, nuestro más reciente informe “La ciberseguridad después de la pandemia: una mirada a los delitos informáticos en Colombia”, asumiendo el ciberespacio como un entorno vulnerable para la ciudadanía. También hacemos seguimiento y monitoreo a diversos hechos que afectan la convivencia y la seguridad, relacionados con el acoso en los colegios, la relación entre migración y seguridad o el comportamiento de la visión alrededor de la institucionalidad policial y lo relacionado con sus cambios y reformas, lo mismo hacemos ante los hechos de protesta y manifestaciones sociales. El hecho de mantener información estadística y de seguimiento actualizada sobre los fenómenos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana ha permitido que Pares se convierta en un actor relevante para la comprensión de situaciones diversas que deben ser analizadas y tenidas en cuenta por las administraciones públicas. Dejar en evidencia la presencia de Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO) o Grupos Armados Organizados (GAO) en las grandes ciudades representa un alto riesgo para la Fundación, sin embargo es necesario contribuir al conocimiento colectivo para generar opinión al respecto y la demanda de actuaciones por parte de las autoridades. Adicionalmente, la Línea ha liderado procesos relacionados con el diseño e implementación de estrategias de cultura ciudadana e investigación frente al fenómeno migratorio y la consecuente xenofobia que se vive particularmente en la ciudad de Bogotá, consolidando acercamientos con cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil cuyos fines misionales se orientan a la atención y acompañamiento de migrantes venezolanos provenientes de los flujos migratorios mixtos. En estos procesos Pares ha impactado cerca de 300 personas en los últimos dos años, convirtiéndonos en un referente distrital que busca generar condiciones de integración óptima de la población migrante venezolana.

Por: Luis Eduardo Celis, Coordinador Línea Frontera, Migración y Conflictos Hace pocos días en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) recibimos una nueva agresión, al ser borrada información de nuestra página web. Es la última de una serie de hechos criminales que se han presentado de manera reiterada: programas espías en nuestra red de computadoras, robo de información y así una cadena de situaciones anómalas para no hablar de las amenazas y planes para atentar contra la vida de directivos que valientemente han perseverando en la denuncia con nombres y apellidos de muchas personas que han sido juzgadas por sus actuaciones criminales, y de muchas otras sobre las que pesan serias denuncias y que en muchos casos se ven cubiertas por la enorme impunidad que persiste en Colombia. Los que agreden a Pares, y a muchas otras instituciones y organizaciones que han sufrido del mismo patrón de borrado de información para no adentrarse en otros delitos, son quienes se sienten incómodos y contrariados con el trabajo de información, análisis y denuncias de los vínculos de muchas dinámicas de la política y la economía que se mueven por fuera del ordenamiento legal. Al sentirse bajo el escrutinio público que conmina a una acción de Estado y de sociedad, responden con su catadura criminal. Pares tiene un compromiso por analizar las violencias organizadas, los vínculos entre supuestos legales y los ilegales, para mostrarle a la sociedad y a sus líderes las formas en que se mueve la acción criminal y proponer rutas para su superación. Al borrarnos información se evidencia que persiste la acción criminal y que campea la impunidad, son hechos viejos y en su inmensa mayoría no hay investigaciones efectivas. Desde Pares vamos a persistir en nuestro trabajo, que en la Línea Frontera, Migración y Conflictos tiene el interés de aportar análisis y propuestas frente a las delicadas situaciones de derechos humanos y vulneración a las libertades ciudadanas que se dan en la compleja frontera de Colombia y Venezuela. Hace años, ante el reiterado robo y eliminación de información a entidades similares a Pares y ante la sospecha bien fundada de que había agentes estatales involucradas en esta práctica, alguien con ingenio propuso llevar en marcha y de manera masiva los computadores al Ministerio del Interior como símbolo de la inoperancia de la justicia y lo sistemático de estos hechos. Eso fue a finales de la primera década de este siglo, cuando fungía un presidente tan cuestionado como Álvaro Uribe, en cuyo gobierno se cometieron tantos hechos criminales. Solo recordar que durante su gobierno fue cerrado el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyos más altos directivos hoy siguen en prisión. Hoy hay un presidente como Gustavo Petro que se ha propuesto la reforma del sector seguridad y defensa, tarea que con seguridad es urgente y necesaria. Nos han borrado información, pero seguimos en el compromiso de sacar todas las violencias de la política y contar con instituciones estatales que sean garantes de los derechos humanos y no sospechosas de su vulneración.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Juventudes Escuelas de Liderazgo Juvenil Quisieron silenciar la voz de los jóvenes en 2021 con gases, macana y bolillo. Sin embargo, Lucas Villa es un grito ensordecedor en mi ciudad. Quisieron acallar a las mujeres que salieron a las calles a pedir dignidad y respeto, y sin embargo, Allison, desde Popayán, sobrevive en cada joven mujer con ganas de vivir y de sobreponerse. En la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), semanas atrás quisieron ponernos una mordaza digital, nos borraron la voz, pero no la palabra, nos quisieron desanimar para no seguir desenmascarando la corrupción de la clase política nacional, pero la dignidad es a prueba de hackers y con más ganas, con la misma de nuestros jóvenes seguimos en pie. Nos carearon como a los jóvenes y acá seguimos de la mano de ellos diciendo, revelando, mostrando, luchando. Nos queda la palabra, la libertad, el periodismo que no encubre y unos jóvenes que con nosotros al unísono preguntan: ¿por qué quieren silenciarnos? A continuación, un breve resumen del trabajo realizado por la Línea Juventudes de Pares a lo largo de estos años en que los jóvenes decidieron gritar en vez de callar, carear y no esconderse, y Pares respondió... **** Nos carearon y respondimos con creatividad y juego, un juego en serio. Fue necesario que el Estado respondiera con violencia a la protesta legítima de la juventud colombiana y mucho más necesario que los jóvenes se levantaran en un gran Estallido Social para que la Línea Juventudes de Pares respirase nuevamente y nos pensáramos esta bella locura en lo que andamos ahora, las Escuelas de Liderazgo Juvenil Se juega la vida. Fuimos al baúl y allí teníamos un morralito sencillo, un morral colegial que a simple vista no dice mucho, pero que contiene toda una escuela que, como el maletín del famoso gato de las caricaturas, contiene cosas provocadoras, misteriosas, mágicas. Ese maletín se convirtió en la forma de responder al reto que imponía la juventud colombiana: creatividad, frescura, sencillez y audacia; pero también al clamor expresado por ellos mismos de formarse en asuntos políticos, comunitarios, sociales y empresariales. De nada servía ponerle la agenda los líderes si no íbamos a saber cómo liderarla, cómo hacerla realidad, al menos en lo sustancial. Así fue que llegamos a los jóvenes de Pereira en octubre de 2021. Nos vimos por tres meses, 2 veces a la semana con 31 muchachos y muchachas de la Escuela de Liderazgo Juvenil “Jóvenes Liderando la Reconciliación”. 31 que empezaron siendo unos 10, provenientes de las entrañas del Paro, primeras líneas, dirigentes y logística, que sufrieron pérdidas de sus parceros, que chuparon gases, que caminaron esta ciudad de cabo a rabo, que lloraron sus muertos, que asistieron los heridos, mujeres cuidando mujeres, hombres cuidando hombres, mujeres y hombres jóvenes cuidándose, el joven de la comunidad LGBTIQ+ saludando de beso en la mejilla al chico hetero con novia y recibiendo de este, sin escrúpulo, sin homofobia, el mismo saludo con alegría y entusiasmo, jóvenes que se buscaban en sus similares, que nos miraban, nos miran, nos mirarán con desconfianza, que tantean cada cosa que los mayores les decimos, las sopesan en una balanza implacable en la que siempre perdemos. Liderando, como se llamaba internamente la Escuela de Liderazgo Juvenil de Pereira, fue una experiencia emotiva, muy profunda. Esta Escuela trabajó dos componentes. El primero, el ser, desde la resiliencia emocional, el tramitar heridas, pérdidas, transformaciones; de la mano de dos profesionales psicosociales estos muchachos adquirieron herramientas muy potentes para su liderazgo desde lo emocional. El segundo, lo político, con nuestro apoyo vieron todo el contenido temático de lo político, lo histórico, lo sociológico, lo estético, jugamos hasta más no poder con la herramienta “Se juega la vida”, cada sesión de juego nos transformaba en seres más políticos, más conscientes de la acción ciudadana. En diciembre de ese año, 2021, jugamos en 4 estaciones con 100 jóvenes de todo el departamento de Risaralda, buscando despertar en ellos la inquietud política y afianzar sus liderazgos en sus territorios. De Risaralda quedan muchos recuerdos y tres jóvenes capacitados para dinamizar la herramienta “Se Juega la vida”, con quienes esperamos contar en el futuro próximo. Y el legado de Héctor Fabio, de Lucas y de Brian Gabriel. Esta experiencia nos careó más, quedamos antojados y entonces de ultramar llegaron recursos para otra Escuela. Nos fuimos para Buenaventura, capital negra y afrocolombiana, una ciudad sabrosa, alegre, calurosa, con una gente preciosa en todos los términos, el espiritual, el político, el físico, hombres y mujeres de piel oscura, talla grande, voces susurrantes que parecen cantarte cuando te hablan, le pusieron un sabor pacífico a la herramienta. 12 jóvenes de 9 organizaciones comunitarias que trabajan día a día por su territorio, por esa Buenaventura pobre en su mayoría, con un estigma de inseguridad que la hace ser excluída, durante tres meses le mostraron a Pares sus liderazgos, pero también mostraron la belleza natural de sus playas, de su mar, el sabor inolvidable en el paladar y la saliva de su comida, el poder embriagador de su viche. Allí hicimos nuevamente la Escuela de Liderazgo Juvenil de Pares, que no enseñó nada, llegamos con el propósito de enseñar y salimos fue con múltiples aprendizajes y con los ojos atestados de mar. A los jóvenes de Buenaventura, gracias, nada ni nadie los hará callar. En el camino entre la montaña cafetera y el mar Pacífico nos desviamos un poquito y llegamos a la selva húmeda y lluviosa de límites de Risaralda con el Chocó. Siguió el careo y nosotros felices. Pueblo Rico nos acogió con su silencio, esa es la primera sensación que se siente cuando se baja del bus y uno pone sus botas en la plaza central. Un silencio que te sigue a todas partes, una calma, una niebla que hace una rayita blanca en el firmamento de este pueblo enclavado en el occidente de Risaralda y que es el primer contacto con el húmedo, bello, lluvioso y olvidado Chocó. Urakubú es un vocablo en lengua emberá, que significa fuego, se le ocurrió a Érika, esa pelirroja con fuego en su melena, alegre, tranquila, en ella es como si el tiempo se estrellara, no se perturbara ante las dificultades. Fue mi compañera por dos meses y medio y su paciencia, calma, alegría, calidez, logró sostener la Escuela. 11 jóvenes en este lejano pueblo de Risaralda se vincularon a este proceso corto de afianzamiento de liderazgos locales, necesitaban una mano amiga. Pares llegó con el maletincito gris a cuestas que ya había estado en Bogotá, Medellín, Buenaventura, Santa Marta, Pereira. Pero las realidades sobrepasaron el juego, nos encontramos con Lía, líder de la diversidad sexual en el municipio, nos habían hablado de ella como el referente transgénero más importante de Pueblo Rico, a la pelirroja y a mí nos dio curiosidad conocerla. En el segundo viaje nos recibió un muchacho de camiseta, pantaloneta y tenis, “mucho gusto, Lía Dalila”, yo en mis adentros le dije, sin que ella lo escuchará “esperaba una mujer y me recibe un chico”. Con el tiempo fuimos sabiendo su historia, sus tragedias, sus alegrías, sus sueños, en las últimas sesiones ya no era el chico del primer día, era una mujer plena y empezaba a sonreír, en ella también se encendió Urakubú, ese fuego emberá que transforma y que limpia. En Pueblo Rico conocimos Santa Cecilia, bueno conocí yo, quien escribe este texto. Allá, a hora y media, lejos y en un bullicio que se revuelve con el calor del Chocó, los muchachos afrocolombianos de la Escuela nos dieron a probar viche, nos enseñaron medicina ancestral, nos hicieron caminar por paisajes selváticos, nos pusieron a hablar con sabedores ancestrales nonagenarios y vitales, nos mostraron el país profundo que se la juega por proteger sus ríos, sus peces. No he conocido personas más felices en un río que esos muchachos negros, bonitos, grandes, tímidos… De Santa Cecilia y Pueblo Rico nos llevamos para Bogotá recetas ancestrales del viche, el fuego de Lía por la defensa de su identidad y la calma de ese grupo de muchachos que sin mucha alharaca cambian su territorio todos los días. Nos veremos todos el próximo 16 de septiembre en Pereira, donde empezó todo, en el encuentro de escuelas juveniles, prepárense porque lo que se viene es poder joven, afro, negro, gay, femenino y renovador para estos territorios.

Por: Diego Alejandro Restrepo, Coordinador Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos En días recientes fuimos objeto de un ciberataque que borró de tajo años de trabajo de investigación, denuncia y reflexiones críticas sobre nuestro vertiginoso contexto. Este hecho se suma a una serie de ataques de diversa naturaleza que han buscado silenciar nuestras voces, no solo las de quienes elaboran informes, artículos, investigaciones y videocolumnas, sino de quienes experimentan día a día la exclusión política, social, económica y cultural en los territorios más afectados por la violencia de la guerra; son estas voces las que protagonizan nuestros relatos, las que configuran nuestra interpretación del país y las que, a su vez, encarnan la idea de resistencia en contra de la violencia y la desigualdad. La Línea de Investigación en Paz, Posconflicto y Derechos Humanos configura su acción desde la sensibilidad con el contexto y la experiencia. Es así como somos hijas e hijos de la guerra y de la paz. Somos, en cierta medida, herederas de la visión clásica de una especie de violentología cuya mirada se centra en las dinámicas de los actores armados, sus impactos en la población civil y la búsqueda de contextos explicativos que permitan entender el porqué de esta violencia. También somos producto de un diálogo extraordinario en la historia del país y del mundo, que tuvo como resultado el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP. Como tanque de pensamiento (siempre me va a parecer una figura muy bélica para describir nuestra acción) buscamos entender la realidad con el propósito de transformarla, de mejorarla, con la convicción de que otros mundos son posibles. Este movimiento entre guerra y paz ha marcado nuestra historia. Tras la firma del Acuerdo, nos dimos a la tarea de realizar una veeduría rigurosa del proceso de implementación, especialmente en lo relacionado con reforma rural integral, la reforma política, el fin del conflicto y la sustitución de cultivos de uso ilícito; producto de este seguimiento, entregamos al país más de 12 informes de Cómo va la Paz, con recomendaciones para su adecuada implementación. Tempranamente evidenciamos el sabotaje de fuerzas políticas, gran parte de ellas beneficiadas por la guerra, que a través de argucias de todo tipo buscaban “hacer trizas” lo pactado en La Habana, promover a través de mentiras, discursos violentos y entrampamientos un ambiente adverso a la paz. En su momento, denunciamos con nombres propios a estos sectores. Las dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz se expresaron de manera más profunda en el momento en que regresó el uribismo a la presidencia. Con Duque, la voluntad política de cumplir la palabra del Estado se esfumó y con esto nuevos ciclos de violencias irrumpieron en el Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, Urabá, bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño, Arauca, Cesar, Meta, Guaviare y la mayor parte de la frontera colombo-venezolana. La promesa de seguridad se desvaneció con el incremento de homicidios en las zonas priorizadas para el posconflicto, desplazamientos, masacres, asesinatos de líderes y lideresas sociales y firmantes de paz. De manera paralela, la frágil confianza de las comunidades en las instituciones del Estado se vio gravemente deteriorada por la ruptura de expectativas generadas por el Acuerdo y, sumado a esto, por violaciones constantes de derechos humanos protagonizadas por miembros de la fuerza pública. De este proceso dimos cuenta a través de múltiples informes: Más sombras que luces. La seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque (2019), Radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos (2020), Seguridad en tiempos de pandemia: legados de guerra y crimen organizado (2020), Sin dios ni ley: un análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana (2020), Grupos Armados Postfarc: una nueva espiral de violencia en Colombia (2021), Violencia en contra de personas líderes y defensoras de Derechos Humanos. Una realidad que traspasa fronteras (2021), El aire huele a mal. Situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela (2021) y Plomo es lo que hay. Violencia y seguridad en tiempos de Duque (2022), entre otros. Uno de los hallazgos más impactantes de este último informe, sumado al aumento de violencias en los municipios del posconflicto, es que 450 municipios del país tienen alguna influencia de Grupos Armados Organizados, alrededor del 37% del territorio colombiano. En medio de las múltiples denuncias de abusos cometidos por la fuerza pública realizadas por organizaciones sociales, sectores políticos, iglesias y comunidades comprometidas con la paz de Colombia, construimos un especial en el que se ponía en evidencia el asesinato de alrededor de 36 niñas, niños y adolescentes en medio de bombardeos de la Fuerza Aérea, autorizados por los ministros de defensa del gobierno Duque; tres ministros que tuvieron que asistir a mociones de censura en el Congreso por violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Es esta la memoria que quisieron borrar, la documentación del horror de la violencia que nuevamente camina en Colombia y también la esperanza de quienes no se conforman con esta situación y buscan el anhelo de paz, a pesar de las adversidades. Ante el silencio, alzar la voz; ante la muerte, la lucha por la vida; nos intentaron borrar la memoria, pero somos memorias, múltiples, plurales y diversas. Somos parte de un proceso social comprometido con la paz del país, con la salida negociada al conflicto, con la ampliación de la democracia para sectores populares excluidos sistemáticamente. Como dice la canción de las almas ¡Aquí vamos de nuevo!

Por: Dennis Arley Huffington y Ghina Castrillón Torres, Investigadores Territoriales Oficina Pares Pacífico Luego de casi dos años de intensa violencia en Buenaventura se respira aire y esperanza de paz. Las intenciones manifestadas por parte de los grupos delictivos Shottas y Espartanos de acogerse a la iniciativa de Paz Total propuesta por el Gobierno Nacional se comenzaron a materializar este domingo 02 de octubre con la realización de un evento deportivo simbólico denominado Buenaventura en Paz, que tuvo lugar en el Barrio Juan XXIII, uno de los focos de la violencia producida en medio de las disputas entre ambas agrupaciones. El evento lo propició la diócesis, en cabeza de Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien ha hecho las veces de mediador entre estos grupos que hacen presencia en la zona urbana de la ciudad, integrantes de ambos Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), la junta de acción comunal y diversas organizaciones sociales. Además, fue acompañado por la Alcaldía Distrital a través de la oficina gestora de paz. Imagen de convocatoria al evento deportivo Buenaventura en Paz Recordando que desde el mes de junio los dos grupos vienen haciendo pública su intención de poner un alto a los enfrentamientos y homicidios y dada la importancia de estos avances en materia de construcción de paz para la ciudad y el país, la oficina Pares Pacífico conversó con John Erick Caicedo actualmente gestor de paz del distrito de Buenaventura. En referencia al proceso, el gestor de paz comenta que desde la oficina tuvieron un rol de acompañamiento a la iniciativa, compartiendo un mensaje de apoyo a este proceso: “nosotros desde nuestro rol como administración distrital no tenemos las facultades hoy por hoy de realizar algún tipo de conversación con estos grupos delincuenciales, así es como están denominados, sin embargo, desde nuestro rol como institución se debe propender para que Buenaventura sea un territorio de paz, pues lo que hacemos es abrazar ese ejercicio que viene impulsando Monseñor Rubén Darío Jaramillo, que también ha sido llamado, convocado por estos grupos para poder establecer una especie de relación entre ellos y que la iglesia católica en este momento sirva como puente para nosotros es muy importante”. Foto tomada de la página de la Oficina Gestora de Paz (2022) Buenaventura como escenario piloto de la Paz Total Frente a los avances que ha presentado Buenaventura en relación con los acercamientos entre los dos grupos delincuenciales que hacen presencia en el territorio urbano, John Erick Caicedo resalta que desde la administración distrital se espera que el proyecto de Paz Total avance, dado que se sabe que espera acoger a varios sectores, reconociendo que en Buenaventura hacen presencia en la zona rural grupos como el ELN y disidencias de las FARC. Asimismo, destaca que el Comisionado de Paz ha manifestado la importancia de lo que hoy vive Buenaventura: “hemos escuchado, por ejemplo, anuncios por parte del mismo comisionado que quiere que Buenaventura se convierta en un espacio piloto, un territorio piloto para poder generar esas conversaciones y para nosotros desde la Alcaldía pues estamos buscando precisamente esos canales institucionales para que nos permitan poder materializar todo eso”. Ante la pregunta de si esa posibilidad de territorio piloto se debe a los avances específicos que hay en los acercamientos entre Shottas y Espartanos, que ha permitido la reducción de homicidios y levantamiento de fronteras invisibles, el gestor de paz destaca que: “Eso hace que la agenda se acelere, digamos, en esta medida, pero el proceso debe incluir no solamente los actores que están en el casco urbano, sino también lo actores que están en zona rural, si, sabemos que está el ELN, sabemos que hay disidencias de las FARC, digamos la Jaime Martínez, está el Clan del Golfo también, pero entonces esto implica que se establezcan unos procesos y unos protocolos que permitan realmente avanzar en estos procesos de paz en el territorio. Lo que ocurre en el casco urbano hace que esto se acelere mucho más, pero creemos que esta agenda se debe construir de la mano del sector social, de la mano del Gobierno Nacional, en cabeza del comisionado para la paz y nosotros como administración pues eso es lo que hemos venido buscando”. Resalta, además, que en el mes de septiembre hubo resultados positivos, fue un mes que demostró que “sí es posible vivir en un territorio de paz”, que, si bien presentó lamentablemente un homicidio, fue un logro histórico en referencia a estadísticas anteriores. También enuncia tres hitos importantes en los últimos años, y es que en el año 2020 se logró la creación de la Oficina Gestora de Paz y en el año 2021 se pudo instalar el Consejo Territorial de Paz, lo que ha permitido articular desde la administración pública con otros sectores sociales la apuesta por la construcción de la paz. Además se pudo conformar la Alianza Por la Vida y Por la Paz, que surgió en el marco de la Estrategia de Paz y de Derechos Humanos. “Creemos que esto es resultado de ese compromiso que hemos tenido desde la administración, que es resultado también de las gestiones que han venido haciendo estas otras organizaciones y que hoy está abanderando el señor monseñor. Lo que hoy nosotros creemos es que es importante que el Gobierno Nacional venga a Buenaventura, que esté acá con nosotros y que pueda respaldar de manera legítima y legal este proceso”, señaló Caicedo, gestor de paz de Buenaventura. Compromiso de la Alcaldía Distrital Dadas las tensiones de la ciudadanía con la Alcaldía Distrital por el desespero y terror de estar atrapados en medio de la violencia, lo que ha llevado a un deterioro de la imagen que tiene el alcalde y la administración, se encuentra el reto de lograr recuperar la confianza de la población para que la legitimidad crezca y se pueda tener mayor credibilidad y respaldo a estas intenciones de paz. John Erick Caicedo recuerda la importancia de reconocer los elementos históricos de este conflicto, de ahí la importancia del trabajo articulado entre las diferentes dependencias de la administración distrital para lograr resultados significativos: “Entendemos la preocupación del pueblo de Buenaventura porque son vidas que se están perdiendo, entendemos el llamado de las familias, de la comunidad en general, pero también somos conscientes de que hemos realizado nuestra tarea de la mejor manera, buscando ese contexto permanente con el Gobierno Nacional que es el que le corresponde, nosotros desde acá gestionamos todo el tema de la seguridad, pero quien toma las decisiones en materia de seguridad es el Gobierno Nacional, como ustedes se dieron cuenta, apenas el pasado 6 de septiembre se instaló el Puesto de Mando Unificado Para la Vida, es un plan de choque y lo importante de ese plan es que busca proteger la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos, proteger la vida de los firmantes de los acuerdos de paz”.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional Línea Democracia y Gobernabilidad Para el periodo legislativo 2022-2026, la declaratoria de los partidos se inclinó, en su mayoría, a ser de gobierno. De esta forma, la oposición quedó representada, en esencia, por el Centro Democrático (CD) en el Congreso de la República. A este partido se le suma la curul de “oposición” obtenida por Rodolfo Hernández, siguiendo el Estatuto de Oposición. Así, con tan solo 14 senadores, siendo 13 del CD y 1 de Rodolfo Hernández, la oposición ocupa apenas el 13% de las curules del Senado. Esto fue un duro golpe en las elecciones legislativas para un partido que lideró el Congreso en el periodo pasado (2018-2022) siendo partido de gobierno, al tener 19 senadores y contar con el apoyo de otros 35 senadores, equivalente a un 35% en el Senado. Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) Ser minoría en el Congreso se ha traducido en su pérdida de control sobre la agenda legislativa, lo cual se traslapó a poca visibilidad en el legislativo. Luego de las elecciones presidenciales, en las que en segunda vuelta Rodolfo Hernández obtuvo 10 millones y medio de votos, se esperaba que fuera quien encabezara la oposición, pero con su anuncio de renuncia al Senado, terminó de caerse esa posibilidad. A eso se suma que en el Centro Democrático no hay una cabeza clara, mientras se encuentran divididos internamente. Con ello, el papel de la oposición ha sido marginal y con un pobre desempeño legislativo. Rodolfo Hernández, el líder que no fue Después de la sorpresiva votación obtenida por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial, por la Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, le correspondió una curul de oposición en el Senado. Sin embargo, su postura nunca fue del todo opositora. Inicialmente, Hernández anunció que no le iba a hacer oposición al gobierno de Gustavo Petro, pero, al aceptar su curul, le comunicó al CNE que haría oposición. Pese a ello, no destacó en el Congreso por eso. Bajo la idea de realizar una ‘oposición reflexiva’, el papel de Hernández fue marginal. Se destacó más por realizar algunas denuncias por corrupción, pero no por liderar iniciativas legislativas. De los pocos pronunciamientos en contra de las iniciativas de gobierno, algunos tuvieron que ver con el anuncio del alza de los precios de la gasolina por la propuesta de eliminar el subsidio del fondo de estabilización de precios. De resto, en su agenda legislativa se conocen 4 denuncias por corrupción y la coautoría de un proyecto de ley. Las denuncias radicadas son: Presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para mejoramiento de una vía en el municipio de Maní, Casanare, en cabeza de Jersson Esneyder Montoya Hoyos, por un valor de $110.000 millones. Licitación revocada, después, por la Procuraduría General de la Nación. Solicitud para frenar la adjudicación del contrato del Canal del Dique, por cuenta de la solicitud realizada por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de solicitar su licencia ambiental. Denuncia de contrataciones directas por $124.000 millones por parte de la Gobernación de Arauca. Denuncia en contra de Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, su sucesor y antiguo protegido, por presuntas irregularidades en un contrato de alumbrado público, en el que habría ignorado advertencias de incumplimiento en la implementación del sistema de administración electrónica de la iluminación, para otorgar 170 días de prórroga y 13.000 millones de pesos. En respuesta, Cárdenas lo denunció por un contrato adjudicado a un único proponente para instalar 34.000 luminarias LED, por 24.000 millones de pesos. Por su parte, en su accionar legislativo solo se registra su coautoría en el proyecto de acto legislativo número 27/22 de Senado, “Por medio del cual se modifican los artículos 108, 109 y 176 de la Constitución Política de Colombia”. Este es el proyecto de reforma política propuesto por el partido Mira, en el que proponen que los partidos políticos obtengan la personería jurídica por obtener en 2% de los votos válidos en las elecciones de 2026, el 2,5% en las de 2030 y el 3% en las de 2034. Además, proponen que la financiación de partidos políticos se distribuya de manera igual entre todos y que el número de representantes por circunscripción internacional sean 2. Eso recoge el paso de Rodolfo Hernández por el Congreso, en el que, además, solo quedó con la representación de Marelén Castillo en la Cámara de Representantes, luego que Juan Manuel Cortés y Erika Sánchez, elegidos por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fueran excluidos del proceso de conformación de este movimiento en partido político. Con ese escenario, sostuvo que la razón de su anuncio de renuncia se dio por no sentirse cómodo en el Senado. El Centro Democrático, sin rumbo claro Aún sin el liderazgo de Rodolfo Hernández, el Centro Democrático no ha logrado posicionar una figura clara que lidere la oposición. El vacío que dejó Álvaro Uribe no lo ha podido llenar ninguna figura al interior del partido, llevando a diversas posiciones. En un escenario de post-uribismo, el Centro Democrático se ha desdibujado en su norte, reflejándose eso en su desempeño legislativo. Hasta el momento, en el Senado solo hay 2 proyectos de acto legislativo presentados como bancada. El primero de ellos, bajo el título de “Por medio del cual se reduce el número de miembros del Congreso de la República de Colombia, se realiza una reducción salarial y se dictan otras disposiciones”, con el número 10/22 de Senado, con el que buscan una serie de modificaciones al Congreso. Entre las modificaciones se encuentra reducir el número de senadores a 66, siendo 64 por circunscripción nacional y 2 por circunscripción especial, una por comunidades indígenas y otro por comunidades afrodescendientes. Con respecto a estas últimas establecen que sea requisito haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su comunidad. Sumado a ello, plantean reducir el número de curules por circunscripción territorial en un 20% a partir de 2026. Eso incluye una reducción del salario de congresistas, para que quede en 23 salarios mínimos. A dicho proyecto se suma el número 11/22 de Senado, “Por medio del cual se modifica el artículo 138 de la Constitución Política de Colombia”, que busca reducir las vacaciones de los congresistas en 2 meses. Así, el primer periodo de sesiones ordinarias sería del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo del 16 de enero al 20 de junio. Este proyecto contó con la particularidad de no ir con la firma de las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Con excepción de esos proyectos, se han visto más que todo esfuerzos individuales en materia legislativa. Los de mayor actividad por presentar proyectos de autoría propia o en coautoría son Paloma Valencia, Honorio Henríquez, Enrique Cabrales y José Vicente Carreño, con participación en 9 proyectos cada uno. Por su parte, los de menor actividad legislativa son Ciro Ramírez (3), Carlos Meisel Vergara (3) y Yenny Rozo (2), los cuales, básicamente, solo aparecieron en los dos proyectos radicados como bancada. Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Senado de la República Los otros proyectos de ley presentados por un grupo de más de 5 senadores del Centro Democrático son 6 proyectos, de los cuales solo 4 tienen un trasfondo relevante. De resto, existen 18 iniciativas legislativas que tienen autoría o participación de solo 1 senador del Centro Democrático, siguiendo sus propias agendas. Uno de ellos y el que tiene mayor apoyo de este grupo es el 19/22 de Senado, “Por el cual se crea el bono escolar en Colombia y se dictan otras disposiciones”, que crea el programa de Bono Escolar, que consiste en la entrega de un cheque a padres de familia para que niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad puedan acceder a instituciones educativas públicas o privadas. El bono se propone que equivalga al pago de derechos académicos y servicios complementarios como herramientas de aprendizaje, salud, comida, útiles escolares, entre otros. Este proyecto fue impulsado por Paloma Valencia con el apoyo de Miguel Uribe, Ciro Ramírez, Andrés Guerra, Honorio Henríquez, Esteban Quintero y Alirio Barrera. El otro proyecto se trata del 191/22 de Senado, “Por el cual se garantiza la pluralidad ideológica en la formación política e ideológica en las instituciones educativas del país y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto busca que la formación política e ideológica corresponda a los padres de familia, lo que implica que, si una institución educativa de cualquier nivel implementa una cátedra sobre esto, se deben tomar todas las posturas existentes y consultar a los padres sobre la participación de sus hijos en estos espacios. Este proyecto fue radicado por Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Esteban Quintero, Miguel Uribe, Andrés Guerra y José Alirio Barrera. Otro proyecto también con apoyo de 6 senadores del Centro Democrático es el 156/22 de Senado, “Por medio del cual se adoptan reglas de procedimiento para las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz”. Su objeto es modificar el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018 para que el procedimiento de acreditación de una víctima del conflicto sea presentando una prueba de su condición, con el relato de las razones para considerarse víctima, especificando época y lugar de los hechos victimizantes. El proyecto es impulsado por María Fernanda Cabal, con el apoyo de Enrique Cabrales, Honorio Henríquez, Paloma Valencia, Andrés Guerra y José Vicente Carreño. El último de estos 4 proyectos es el 21/22 de Senado, “Por medio del cual se establece el servicio público ad honorem de los miembros del Congreso de la República, se modifican los artículos 150, 180, 187 de la constitución política y se dictan otras disposiciones”. Este busca que los congresistas no reciban retribución económica por su asistencia y participación en las sesiones de plenaria y comisiones. El proyecto lo presentaron senadores del Partido Liberal, con la coautoría de Paloma Valencia, Paola Holguín, Esteban Quintero, Miguel Uribe y Enrique Cabrales. Los proyectos faltantes solo buscan regular algunos aspectos que no tienen mayor relevancia salvo contextos específicos. A eso se ha limitado la agenda legislativa del Centro Democrático, sin proponer grandes cambios o proyectos. Eso, en gran parte, siendo coherente con su posición de minoría en el Senado. Esa posición los ha dejado maniatados, ya que la oposición que ejerzan no llega a ser significativa por la minoría que son. Así, la postura que han adoptado para no quedar reducidos es la de una ‘oposición constructiva’, encabezada por Álvaro Uribe y Miguel Uribe. Con ello se han recrudecido las divisiones entre una postura más radical, encabezada por María Fernanda Cabal, y otra más moderada. Lo que sí es cierto es que el Centro Democrático está lejos de lo que es y el escenario post-uribista está dejando entrever la debilidad de este grupo político. Con un papel marginal y perdiendo visibilidad, su actividad legislativa quedó reducida a buscar proyectos que contribuyan a posicionarse en la opinión pública y no perder más protagonismo. De todas formas, aún cuentan con un respaldo importante de la ciudadanía, como dejaron en evidencia las marchas realizadas en contra de las reformas del gobierno Petro el pasado 26 de septiembre.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Durante la campaña a la presidencia, al conocer que Gustavo Petro y Francia Márquez tenían en sus planes de gobierno constituir el Ministerio de la Igualdad, me pareció la mejor noticia; porque, desde que nuestros padres de la patria eligieron como bandera política los mismos principios de la Revolución Francesa –libertad, igualdad y fraternidad–, nunca los gobernantes, al menos con respecto a la igualdad, tuvieron la menor intención de conseguirla completa. Mientras que la igualdad es –tal y como la define la Real Academia Española– “el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones”, en Colombia, en los últimos cien años de gobiernos, apenas se había logrado el voto de la mujer –que es igualdad en derechos políticos– y la creación del Sisbén –que buscaba la igualdad en salud–. Sin embargo, al saber que el presidente Petro –ya bajo la responsabilidad de administrador del gobierno– dijo que el Ministerio de la Igualdad sería para “lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer”, que sería para “reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión y para proporcionar un ingreso vital, consistente en medio salario mínimo a las madres cabeza de familia”; y cuando supe que la vicepresidenta Francia Márquez había dicho que iba a trabajar por la igualdad de las mujeres de Colombia: "queremos que las mujeres tengan autonomía económica, que las mujeres tengan empoderamiento político, que las mujeres tengan garantías de derechos. Queremos igualdad y oportunidades para la juventud”; concluí que se iba a implementar –no importa si con otro nombre– más que el Ministerio de la igualdad, el Ministerio de la Mujer. Lo cierto es que, sin descontar mi interés porque las mujeres reciban el mismo trato que los hombres y se les dé igual oportunidades en todos los campos de la actividad social, extrañé que el presidente y la vicepresidenta no incluyeran a las comunidades étnicas en el amparo de ese nuevo Ministerio, puesto que, a lo largo de la historia política nacional, estas comunidades han sido tan maltratadas como las mujeres, en términos de igualdad completa. Sin embargo, mis críticas acerca de las funciones del Ministerio de la Igualdad quedaron contenidas, luego de que el presidente Gustavo Petro, a través del Dapre, le precisara funciones a la vicepresidenta Francia Márquez –en una suerte de ministerio invisible– justamente en tareas que saldan lo excluido en los discursos sobre la misión del nuevo Ministerio: la equidad étnica. En efecto, el presidente le confió a la vicepresidenta Francia Márquez la coordinación interinstitucional e intersectorial –aquí sobrescribo el texto del decreto– para que contribuya al desarrollo, a la ejecución e implementación de políticas públicas que garanticen el goce efectivo del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; y para que garanticen la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de los grupos discriminados o marginados. Con todo, y quizás también lo mejor, es que las expectativas acerca de la inclusión de las comunidades étnicas no terminarían ahí. Con la reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, y su encuentro y firma de convenios con la vicepresidenta Francia Márquez, se garantizará el respeto a los derechos individuales –los llamados derechos de primera generación– y el respeto a los derechos colectivos de los grupos étnicos –los llamados derechos de segunda generación–. Quizás porque Rousseau en su tiempo atribuía la desigualdad a la civilización, a lo largo de la historia los gobernantes y poderosos han culpado de su existencia a la naturaleza y han educado a las sociedades para que así lo entiendan. De ahí surgiría la teoría de la denominada desigualdad adquirida, el criterio acerca de la imposibilidad de alcanzar la igualdad, y de ahí surgiría también el perverso criterio de que es inútil educar para profesarla. Hoy, en el siglo XXI, se sabe que la desigualdad –contrario a lo que pensaba el autor de El Contrato Social– es característica de la falta de civilización. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Hoy se cumplen cinco años de la masacre de El Tandil, perpetuada por la Fuerza Pública y que dejó siete victimas. Esta fue la primera masacre luego de la firma de los acuerdos de paz, que ocurrió en zona rural del territorio de Tumaco, departamento de Nariño. El 05 de octubre de 2017, más de 1.500 personas protestaban en contra de la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca en la vereda el Tandil, ubicada dentro del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, en Tumaco. Alrededor de las 10:15 a.m., se empezaron a escuchar disparos por parte de la Fuerza Pública, que abrió fuego en contra de la población civil. Entre las personas que se encontraban protestando habían cultivadores, trabajadores, finqueros y miembros de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje Asominuma. Una semana después de lo ocurrido, una misión humanitaria visitó la zona con el fin de verificar los hechos, pero al entrar al territorio fueron atacados por integrantes de la Fuerza Pública. En ese momento, el Ministerio de Defensa y el expresidente Juan Manuel Santos, aseguraron que el hecho se dio en medio de un hostigamiento de una disidencia de las FARC-EP contra la Fuerza Pública. Sin embargo, pobladores y víctimas señalaron que el ataque provino de la policía contra la población civil, desmintiendo el presunto ataque guerrillero. Esta última versión tomó mayor fuerza luego de que la Defensoría del Pueblo asegurara que los presuntos responsables harían parte de la Fuerza Pública: Javier Enrique Soto, capitán de la Policía, y Luis Fernando González, mayor del Ejército (quienes aún siguen activos), dado que estaban a cargo de un operativo de erradicación forzada de coca al que la comunidad se oponía. En agosto de 2019, fueron llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio agravado, en el que ambos se declararon inocentes. Durante la audiencia, la Procuraduría y la defensa de los oficiales solicitaron que el caso fuera tomado por la justicia militar, lo que llevó a que el caso se prolongara. Sin embargo, en julio pasado, la Corte Constitucional ordenó devolver dicho caso a la justicia ordinaria, lo que llevó a que lo tomara un juzgado en Tumaco, que adelantará la audiencia. Para conmemorar estos hechos y hacer un balance en materia de verdad y justicia, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) convocó este 05 de octubre en Pasto un foro llamado “Lecciones de un lustro de impunidad”, que tuvo como objetivo la visibilización de la impunidad existente y la ausencia de verdad y garantías de no repetición frente a estos hechos. Este espacio contó con la participación de víctimas y organizaciones acompañantes, al igual que de Zabier Hernández, investigador territorial de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y defensor de derechos humanos, y Lucía Aldana, abogada y directora ejecutiva de la Corporación Yira Castro. Durante su intervención en el foro, Zabier Hernández mencionó cuatro elementos importantes de este caso: la similitud entre la versión de las víctimas y la misión humanitaria con respecto al accionar violento de la Fuerza Pública; el papel fundamental que tienen las organizaciones comunitarias y de derechos humanos ante estos hechos; la incógnita del papel que tomarán la JEP y los comandantes de brigada de la Fuerza Pública frente a estos casos; y la importancia de la memoria, que articula la solidaridad e integración. Por su parte, Lucía Aldana mencionó el poco acompañamiento que ha tenido el Gobierno ante este hecho que lleva cinco años pidiendo justicia: “la Corte Constitucional se demoró casi un año y medio para resolver este proceso, para finalmente devolver a la jurisdicción ordinaria este expediente que nunca debió salir de ahí”. Aldana añadió que tuvieron que colocar tutelas para que hubiese un actuar por parte de la Corte y resolviera el conflicto de la jurisdicción. La Corte dio la razón a la versión de la comunidad y es por ello que hay una nueva oportunidad para que haya justicia. A pesar de que podría ser un camino lento, las víctimas y algunas organizaciones esperan que con este nuevo gobierno puedan encontrar esa justicia por la que durante cinco años han luchado. Hoy recordamos a Jaime Gunga Pai, indígena del Resguardo Gran Rosario; Diego Escobar Dorado, líder campesino de la zona; Nelson Chacuendo Calambas, indígena Nasa; Alfonso Taicus Taicus, indígena Awá; Aldemar Gil Guachetá, Janier Usperto Cortés Mairongo e Iván Darío Muñoz Echevarría, y a las otras 20 víctimas que resultaron heridas en ese hecho.

Por: Katerin Erazo, Periodista La delegación de negociación del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno Nacional anunciaron este 04 de octubre en Caracas, Venezuela, la reanudación de los diálogos de paz que iniciarían la primera semana de noviembre, tras cuatro años de estar suspendidos. El anuncio se dio al medio día con el acompañamiento de la iglesia católica, representantes de la ONU y representantes de Cuba, Venezuela y Noruega (países garantes); también estuvieron presentes Iván Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz; “Antonio García”, primer comandante del ELN, el segundo comandante alias “Pablo Beltrán”; y el senador Iván Cepeda. La agenda de negociación se retomaría con los mismos seis puntos que fueron pactados con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. El ELN exigió que estos diálogos se hicieran en sedes rotativas, es decir, en diferentes países. Cuba, Venezuela y Noruega son los países en los que se negociarán los acuerdos, dado que así había sido acordado durante el gobierno del expresidente Santos. Si llega haber algún cambio en este u otros puntos, este deberá ser acordado por ambas partes y posteriormente comunicado. Durante su declaración, Antonio García, primer comandante del ELN, destacó que el gobierno Petro se suma a los tres gobiernos consecutivos con los que esta guerrilla se ha abierto a un acuerdo: “no es por negligencia del ELN sino por los tiempos que han impuesto los gobiernos”, mencionó. Cabe recordar que durante la negociación que se realizó con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, hubo un avance en el punto 1 llamado “Participación de la sociedad en la construcción de paz”, el cual está adaptado con los Diálogos Regionales Vinculantes que está realizando el Gobierno actual. La delegación de negociación del ELN viajó el pasado domingo 02 de octubre a Venezuela, desde La Habana, con el fin de socializar con sus bases las opciones que tienen para desarrollar estas negociaciones de paz con el Gobierno. Según Luis Eduardo Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estas negociaciones “van por un buen camino”, ya que por primera vez se reflejan dos grandes coincidencias entre el nuevo Gobierno y el ELN: la importancia que ambas partes ven en un proceso de paz con amplia participación social y la necesidad de adelantar las negociaciones con un sentido de transformación social. Celis también enfatizó en que ya hay una agenda construida desde el gobierno Santos, en la que los temas de participación y transformación en los territorios y los sectores sociales fueron fundamentales, así como la experiencia del cese bilateral del fuego pactado por el Gobierno y el ELN en aquel momento. Con dicho balance y de acuerdo a las experiencias con los anteriores acuerdos, Luis Eduardo Celis añadió que el diseño de un nuevo proceso que, a su modo de ver, tiene como referente la agenda pactada, no cree que se le deba realizar cambios sustanciales, sino darle un encuadre al presente del nuevo Gobierno. Se esperan los nuevos pasos que vayan a dar el Gobierno y el ELN. Según Celis, cada uno va a trabajar en definir las estrategias y los diseños del proceso para de esta manera conformar sus equipos de negociación.

Por: Camilo Díaz Suárez y Daniela Garzón, Investigadores Nacionales Línea Democracia y Gobernabilidad El proyecto de acto legislativo que pretendía modificar el diseño institucional electoral se jugó la vida en el Congreso este 04 de octubre y perdió en la Comisión Primera del Senado. Ante el constante llamado de la necesidad de un aparato electoral despolitizado, la respuesta del Congreso fue hundir el proyecto, después de obtener 13 votos por su archivo y 7 para su continuidad. Su importancia está relacionada con los diversos problemas que ha tenido no solo la organización de las elecciones y su inspección y vigilancia, sino la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Cabe recordar que el CNE tiene dentro de sus funciones la vigilancia de las campañas electorales, la financiación de campañas, los partidos políticos y las elecciones, entre otras. A su vez, el CNE está altamente politizado, teniendo en cuenta que es escogido por el Congreso de la República, una distorsión que genera problemas de pesos y contrapesos, siendo los partidos con mayor representación en el Congreso quienes escogen la mayoría de los 9 magistrados que lo conforman. Pese a que se afirmó que era un proyecto que tenía el apoyo del gobierno de Gustavo Petro, lo cierto es que no hubo esfuerzos de este para impulsarlo. A la sesión en la que se debatió el proyecto en la Comisión Primera, no asistió ningún delegado del gobierno. Sin el impulso de este, como se preveía, no tuvo la oportunidad siquiera de llegar a plenaria. Los senadores que votaron No fueron Óscar Barreto, Jorge Benedetti Martelo, Germán Blanco, María Fernanda Cabal, Alfredo Deluque, Juan Carlos García, Rodolfo Hernández, Alejandro Chacón, David Luna, Carlos Motoa, Alejandro Vega, Berner Zambrano y Fabio Raúl Amín. Lo que sí sigue en curso es el proyecto de Reforma Política radicado por el gobierno Petro y que no incluyó, como se esperaba, una reforma al diseño institucional del aparato electoral colombiano. Frente a esto, Roy Barreras, senador del Pacto Histórico, había señalado que la reforma política radicada tenía dos brazos. Uno, el de gobierno, y otro orientado a la reforma del aparato institucional, materializado en los proyectos de origen parlamentario radicados por Humberto de la Calle y Ariel Ávila. Sin embargo, ese segundo brazo se cayó sin que le hubiera importado al Gobierno Nacional. El archivo del proyecto de Ariel Ávila y Humberto de la Calle significa otra oportunidad perdida para desarrollar una reforma al diseño institucional electoral en aras de brindar mejores garantías para los ciudadanos. Adicionalmente, mantiene el poder de los partidos políticos en la elección del CNE y deja, de nuevo, sin vigilancia real las labores de la Registraduría y del registrador. En ese orden de ideas, el acuerdo al que habían llegado los senadores Ávila y De la Calle con el Gobierno Nacional para apoyar la reforma política si el gobierno mostraba interés en impulsar su proyecto de reforma a la arquitectura institucional, fue incumplido. ¿Por qué se necesita la modificación del diseño institucional electoral? Muchas han sido las irregularidades que se han presentado en las elecciones recientes que justifican hacer una modificación a la arquitectura electoral colombiana, entre esas la más grave fue la diferencia entre los datos del pre-conteo y el escrutinio que se presentaron en las elecciones de Congreso de marzo de 2022, y que significaron cuatro curules nuevas para la coalición del Pacto Histórico. La organización electoral hoy está a cargo de dos instituciones: el CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El CNE tiene la función de inspección y vigilancia de los procesos electorales, y eso incluye efectuar los escrutinios de las elecciones, posesionar al Registrador Nacional, expedir credenciales de las elecciones, inspeccionar la financiación de las campañas políticas, reconocer y revocar las personerías jurídicas de partidos y movimientos políticos y reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación. Por su parte, las funciones de la Registraduría se dividen principalmente en la tarea de identificación y empadronamiento de las y los ciudadanos colombianos y de organizar los procesos electorales. A su vez, las funciones jurisdiccionales de lo electoral le competen a la sección quinta del Consejo de Estado y a los tribunales administrativos en todo el país, que se encargan principalmente de la legalidad sobre los actos que se expiden en el proceso electoral, lo que incluye la legalidad de los avales para presentarse a elecciones y las nulidades que pueden tener las personas a la hora de candidatizarse. Los problemas provienen principalmente de tres fuentes. La primera es la demora en los procesos en la sección quinta del Consejo de Estado, que ha llevado a que haya modificaciones en los órganos colegiados después de haber avanzado en el periodo electoral. Un ejemplo claro de ello es la recuperación de las curules de las elecciones de 2014 a favor del partido MIRA, que se dio cuando el periodo del Congreso casi finalizaba. La segunda fuente es la elección del CNE, que hoy actualmente le corresponde al Congreso de la República. En esta elección, los nueve magistrados son elegidos a través de un sistema de cifra repartidora según las curules que haya obtenido cada partido, lo que beneficia a los partidos que tienen más curules. La evidente politización del CNE ha llevado en la práctica a que no haya ningún control sobre las actuaciones de los partidos políticos, ni que se investiguen irregularidades en torno a la financiación de las campañas políticas, o que las investigaciones naufraguen, como en el caso de Odebrecht, en el que presuntamente hubo recursos de la multinacional brasilera en las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos cuando esto está prohibido en Colombia. Además de eso, el CNE no ha tenido las herramientas ni el presupuesto suficiente para ejecutar sus tareas de inspección y vigilancia de los procesos electorales, lo que ha tenido como consecuencia una excesiva concentración de poder en manos del Registrador. Esa es precisamente la tercera fuente de problemas, la falta de control que hoy existe sobre las decisiones del Registrador. Adicionalmente, la elección de los magistrados del CNE no se manifiesta mediante perfiles que parecieran ser idóneos para llevar a cabo estas funciones, sino que se centran en reencauchar el pabellón de políticos quemados de los partidos en las elecciones anteriores. Por su parte, la independencia de la que goza la Registraduría ha hecho que no deba rendirle cuentas a nadie y que las irregularidades que se han presentado en las tareas de identificación, empadronamiento y realización de las elecciones no sean investigadas y sancionadas. Parte de esas irregularidades han sido la falta de auditoría a los softwares electorales y la incapacidad de la Registraduría para comprar uno propio, como fue ordenado por el Consejo de Estado. Además, en este caso, el registrador Alexander Vega ha tomado decisiones que podrían considerarse por fuera de la ley, como llevar a cabo la inscripción de cédulas de manera virtual, la expedición de la cédula electrónica que no es gratuita, entre otras, que afectan los derechos de los ciudadanos y las garantías electorales que son necesarias para consolidar la democracia en Colombia. El proyecto de reforma institucional: ¿qué buscaba? La reforma al aparato electoral se recogió en dos proyectos acumulados y votados de forma conjunta. El primero de ellos es el 07/22 de Senado, “por medio del cual se modifica la organización electoral en Colombia para promover la independencia, autonomía y transparencia en el proceso electoral”, radicado por el senador Ariel Ávila con el apoyo de la bancada de la Alianza Verde. El segundo es el 15/22 de Senado, “Por medio del cual se modifican los artículos 116, 120, 126, 156, 197, 237, 264, 265 y 266 de la Constitución Política, se adicionan los artículos 245 A y 245 B y se dictan otras disposiciones”, radicado por Humberto de la Calle con el apoyo, también, de la Alianza Verde. Tras juntar ambos proyectos, entre los principales cambios que se buscaban estaban: - La creación del Consejo Electoral Colombiano Este proyecto buscó modificar el CNE, reemplazándolo por el Consejo Electoral Colombiano, el cual estaría compuesto por 7 miembros con periodos de 6 años y elegidos 6 de ellos por las dos terceras partes del Congreso de una lista de 10 aspirantes elegidos por medio de un concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). El séptimo miembro sería elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, también mediante un concurso de méritos, y será quien presidiría el Consejo Electoral Colombiano. Como impedimento para llegar a componer dicho órgano se contemplaba el haber sido durante los 5 años anteriores a la elección, ministro, secretario municipal o departamental, magistrado de alguna de las altas cortes, candidato a algún cargo de elección popular o directivo de alguna organización política. A su vez, se prohibía su ocupación en algún cargo de dirección partidista o ministerio, igual que no podrían ser postulados para ocupar algún cargo de elección popular. Entre las funciones más importantes que se propusieron estaban las de dirigir, organizar y administrar los procesos electorales; regular las comisiones de seguimiento de garantías electorales; llevar y organizar el registro civil; conformar y consolidar el censo electoral; regular, controlar y vigilar la actividad de los partidos y movimientos políticos; llevar a cabo los escrutinios y declarar las elecciones; reconocer las personerías jurídicas de partidos políticos; y recomendar la suspensión de elecciones por motivos de orden público. Esto en la práctica causaba una absorción de las funciones de la Registraduría en el nuevo Consejo Electoral Colombiano, lo que llevó a que en medio de la discusión hubiera una recia oposición de los funcionarios de la Registraduría, encabezados por el registrador para lo electoral, Nicolás Farfán. - Las nuevas funciones del Consejo de Estado Como reseñó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el proyecto radicado por Humberto de la Calle buscaba crear una jurisdicción electoral con sus propias cortes y tribunales. Sin embargo, para que pudiera avanzar el proyecto, en el articulado final se cayó esta idea. La oposición de parte del Consejo de Estado, más precisamente de los magistrados de la sección quinta, parece que impide pensar en la creación de una Corte Electoral, que es el modelo que viene construyéndose desde las recomendaciones de la Misión Electoral Especial y el más común en América Latina. Por ello, con el ánimo de garantizar mayor imparcialidad en la tarea de dirimir conflictos electorales, se propuso que el Consejo de Estado asumiera nuevas funciones respecto a los conflictos de materia electoral que se lleguen a dar. Así, la Sala Quinta del Consejo de Estado hubiera conocido de las controversias sobre la validez de inscripción de candidatos a cargos de elección popular; decidir sobre sanciones disciplinarias o fiscales de funcionarios elegidos popularmente cuando impliquen separación temporal o definitiva del cargo y decidir sobre la pérdida, suspensión y cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos. Pese a que el proyecto sentaba las bases para una reforma de fondo que garantizara mayor seguridad sobre el actuar de los órganos electorales, este no logró avanzar. El compromiso del gobierno nacional con una reforma a la arquitectura institucional que hoy es primordial para que los ciudadanos tengan mayores garantías electorales y confíen más en los procesos de la democracia representativa no se materializó en la Comisión Primera de Senado.